La familia de la menor que se suicidó tras sufrir acoso escolar en Sevilla llevará a los tribunales la inacción del centro

La familia de la joven de 14 años que este martes se precipitó desde un balcón en la calle Rafael Laffón de Sevilla ha anunciado este viernes que tomará “todas las medidas legales necesarias” tras considerar que el colegio Irlandesas Loreto, en el que se encontraba escolarizada la menor, no actuó frente a las denuncias de acoso escolar presentadas previamente.

El suicidio de Sandra ya se encuentra en manos de la Fiscalía, después de que la Junta de Andalucía elevara el caso al comprobar que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, en el que estudiaba la joven de 14 años, no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas (con daño autoinfligido), como así estaba obligado por la normativa vigente según el organismo.

Según ha explicado el tío de la menor, Isaac Villar, en declaraciones a medios durante la concentración celebrada este viernes frente a la vivienda de la menor en protesta contra el acoso escolar, la madre había presentado dos avisos formales al centro, acompañados de informes psicológicos, sin que se recibiera “ninguna respuesta” ni se activaran protocolos adecuados para proteger a la alumna.

“No hemos tenido ninguna respuesta por parte del centro escolar y es una impotencia enorme, porque no sabemos si se hubiera hecho algo, pues no estaríamos aquí”, ha lamentado Villar. En este sentido, el tío de la víctima ha insistido en que la familia había comunicado en dos ocasiones al colegio la situación de acoso que sufría la joven, una vez al inicio del curso anterior y otra justo antes de comenzar el presente curso escolar 2025-2026.

Dos denuncias por escrito con informe psicológico

Ambas denuncias se realizaron por escrito y estuvieron acompañadas de un informe psicológico, ya que la menor estaba recibiendo ayuda profesional. Aun así, según la familia, “no se ha tomado ninguna medida por parte del centro, ni se han puesto en contacto con la familia”.

“La única medida que hay, más que medida, fue una petición que realizó mi hermana al centro, que fue que cuando iniciara el curso no coincidieran en la misma aula. Es lo que han hecho, que no coincidieran en la misma aula. Y dio igual porque seguían repitiéndose ese acoso”, ha expresado el tío de la joven.

Tal y como ha enmarcado Villar, el acoso comenzó hace aproximadamente un año y afectaba especialmente a la menor en los meses previos al verano, momento en que decidió recibir ayuda psicológica. Según este familiar, se trataba de un grupo de tres personas que hacían su vida imposible, y aunque no coincidieran en el aula por petición de la familia, el acoso continuaba en el patio y en los pasillos, así como en algunas clases que compartían.

Siempre vinculados al colegio

Durante la concentración celebrada este viernes en memoria de la fallecida y en protesta por el acoso escolar, algunos familiares de alumnos del centro denunciaron otros casos de acoso, que según ellos fueron gestionados de manera deficiente. No obstante, Villar ha asegurado que, además del caso de su sobrina, no tenían conocimiento de otros incidentes en el colegio.

“Nosotros no teníamos conocimiento”, ha reconocido el tío de Sandra, quien ha añadido que “en este colegio, tanto mi hermana como yo realizamos algunas etapas educativas”. “Es el colegio de aquí del barrio toda la vida y siempre hemos estado vinculados a él, la verdad es que no habíamos visto ni escuchado nada”, han señalado.

Por último, Villar ha indicado que la policía estuvo presente el día en que ocurrió el suceso y que ha iniciado una investigación, que se mantiene abierta. “La policía estuvo aquí el día que ocurrió todo y han iniciado una investigación y de momento estamos a la espera”, ha concluido.

La Junta defiende la eficacia de los protocolos

Entretanto, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha defendido este viernes la eficacia de los protocolos de acoso escolar. En este sentido, Castillo ha subrayado que estos procedimientos tienen “buenos resultados” y cuentan con “medidas específicas” para la detección de cada incidente, como la comunicación con las familias o con los servicios sanitarios, así como la adopción de acciones tanto dentro del centro como en el entorno familiar, al tiempo que ha defendido su utilidad frente al debate sobre la necesidad de simplificar y desburocratizar estos protocolos.

“Una de las cosas que hemos hablado mucho en estos años es acerca de la necesidad de la simplificación de la desburocratización en los centros educativos, y una de las cosas que yo siempre digo es que lo único que no tocamos son los protocolos, porque los protocolos son una garantía, una garantía para el centro, una garantía para el alumnado, una garantía para el profesorado”, ha expresado Castillo en declaraciones a los medios.

Según la consejera, su correcta aplicación permite evaluar el riesgo, intervenir de manera temprana y garantizar un seguimiento individualizado del alumnado afectado, asegurando tanto la protección de la víctima como la corrección de la conducta de los presuntos agresores.

Por otro lado, la titular de Educación ha indicado que la prevención y gestión del acoso escolar es una responsabilidad compartida entre centros educativos, familias y la sociedad en general.

Castillo ha señalado que, aunque los colegios realizan un esfuerzo constante para inculcar valores como el respeto, la empatía y la colaboración, la intervención eficaz requiere también la implicación de los padres y del entorno del alumnado, así como la colaboración de los medios de comunicación y de la comunidad para concienciar sobre los riesgos y la detección temprana de estas situaciones.

Inspección avala que el centro no activó el protocolo pese a haber indicios

Asimismo, Castillo ha reconocido que, según la información recabada por la Inspección Educativa, la familia de la menor había trasladado al centro indicios de acoso escolar, si bien el colegio no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas.

Como medida puntual, y a petición de la familia, se procedió a trasladar a las alumnas presuntamente implicadas a otras aulas, aunque la consejera ha precisado que estas acciones no sustituyen la aplicación completa de los protocolos establecidos para situaciones de riesgo.

“En todos los centros educativos, en cuanto lo detectan, abren el protocolo. Si es verdad que se han adoptado algunas medidas, como separar a los alumnos, extremar la vigilancia en los momentos de mayor interacción, pero los protocolos son garantía para el centro, el alumnado y el profesorado”, ha expresado en este sentido.

Por último, Castillo ha trasladado su pésame a la familia de la menor y a toda la comunidad educativa del colegio Irlandesas Loreto, subrayando la dificultad de afrontar la pérdida de un adolescente y la necesidad de acompañar al alumnado y al profesorado en momentos tan dolorosos.