Tira y afloja en la limpieza de los colegios: el Ayuntamiento de Sevilla desaloja a los sindicalistas y reanuda el diálogo

Las últimas horas en el Ayuntamiento de Sevilla han estado marcadas por un clima de crispación a causa de la privatización de la limpieza de los colegios. Los sindicalistas encerrados en el consistorio en la noche del miércoles fueron desalojados por las fuerzas de seguridad al borde de la madrugada, mientras que el comité de empresa anunciaba la intención del alcalde José Luis Sanz de reanudar la mesa de negociación.

El regidor llamó al presidente del comité de empresa, según ha podido confirmar este medio, con la finalidad de establecer un calendario de reuniones para buscar un acuerdo entre las partes. “Es un paso adelante”, publicó CCOO en sus redes sociales, “pero la solución debe llegar para la plantilla, así que seguimos con nuestra hoja de ruta: este sueño se puede conseguir”, resumían. Pese a los ánimos, cabe recordar que el gobierno municipal aprobó el pliego de condiciones del contrato por la vía de urgencia este mismo miércoles.

La externalización de la limpieza en los colegios públicos parece, por tanto, casi irremediable, tras la convocatoria de una Junta de Gobierno local “extraordinaria y urgente”. El paso que queda en el aire es sacar la licitación y que, finalmente, sea adjudicado, privatizándose totalmente el servicio. Tal y como rezaba la orden del día, se procedió a “aprobar gasto, pliego de condiciones y anexos del contrato de servicio de limpieza de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, dependientes del Ayuntamiento”.

“Desmantelamiento”

En ese lapso de tiempo los sindicatos presionarán para que se dé un paso atrás. Por parte de CSIF, se dio el encierro de forma unilateral debido a que “se vulneraban los derechos fundamentales de información a la plantilla”, comunicaron a través de sus redes sociales. Si bien acusaban al Ayuntamiento de tomar la decisión de desalojarlos en la noche, las fuentes municipales consultadas por este medio insisten en que no se dio tal orden, en todo caso, la policía que guarda el edificio histórico procedió a cumplir con su función de guarda y custodia.

En este debate, el portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, expresó su apoyo al encierro y anunció su participación en la protesta. Con ello, calificó la decisión del Gobierno municipal como “especialmente grave” y advirtió de posibles irregularidades administrativas, incluyendo informes contrarios de la Intervención municipal o que la medida supere el techo de gasto, lo que obligaría a revisar el acuerdo adoptado.

Desde la alcaldía se justifica esta decisión con la puesta en marcha del denominado Plan Colegios Limpios, que luego saldrá a licitación. Además, el plan contempla “un mínimo de 387 trabajadores durante el periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde, además de personal especialista, encargados y directores de contrato”. Este plan se anunció a mediados de enero, levantando ampollas en todo el sector. Las negociaciones, que se interrumpieron el 6 de febrero al levantarse del encuentro el comité de empresa, se retomarán en las próximas semanas tras un calendario de movilizaciones que ha dejado estampas como las acampadas en Puerta de Jerez.

387 trabajadores

El Ayuntamiento ha explicado que el servicio municipal de limpieza cuenta actualmente con 474 empleados distribuidos en 250 edificios, de los cuales 108 son centros educativos. Según el Gobierno local, esto supone una media de 1,9 empleados por edificio, “insuficiente” para cubrir las necesidades específicas de los colegios, donde actualmente solo se realiza limpieza en jornada de tarde.

El nuevo plan –que se aplicará del 1 de septiembre al 30 de junio y continuará en periodos no lectivos como verano, Semana Santa y Navidad–, contempla garantizar la limpieza diaria en todos los turnos, incluyendo mañana y tarde, y establece supervisión mediante directores y encargados de cada lote, así como informes de calidad disponibles bajo demanda. Una serie de medidas que, según el alcalde, “no supone la pérdida de empleo de ningún trabajador”.

En cualquier caso, los sindicatos se oponen a este despliegue porque, según sus cálculos, afectará a más de 300 trabajadores interinos –temporales que cubren vacantes en la plantilla–, mientras que los empleados con plaza fija serán reubicados en otros edificios municipales. Advierten que la externalización podría costar 25 millones de euros adicionales a las arcas municipales. “Gastar más para privatizar un servicio que lleva prestándose 40 años desde lo público no es apostar por lo público”, han sostenido.