Ana Redondo: “Este 8M es importante porque nos estamos jugando la paz y la democracia”

Ana Redondo (Valladolid, 1966) afronta el 8M con la vista puesta en las prioridades legislativas del Ministerio de Igualdad este año. La lista de pendientes pasa por la Ley de Violencia Vicaria, que el Gobierno esperaba aprobar esta semana, a las puertas del Día Internacional de las Mujeres. Sin embargo, los disensos entre ministerios han alargado un proceso que parece que está a punto de culminar con una nueva forma de incluir el delito en el Código Penal, que según asegura Redondo, será un agravante de género, solo aplicable a mujeres víctimas. “Nuestra intención es sacarla cuanto antes, pero necesitamos que sea intachable para que sea eficaz”, apunta.

La prostitución se erige como otra de las grandes banderas del departamento que dirige, que entre otras cosas busca vetar a las asociaciones no abolicionistas de las ayudas de lucha contra la trata y contra la violencia machista. “No vamos a caer en la incoherencia de subvencionar a quienes no condenan una violencia que denigra”, justifica frente a las críticas de entidades que han amenazado con llevar a los tribunales la medida. Con el mensaje del “no a la guerra” de Pedro Sánchez frente al conflicto de Irán de fondo, Redondo participará este domingo en la manifestación de Valladolid, en un 8M que, asegura, “tiene este año un valor simbólico” porque “el feminismo es pacifismo”.

Diez mujeres han sido asesinadas por violencia machista en lo que va de 2026, la cifra más alta de los últimos cinco años. ¿Qué sigue fallando? 

Es la pregunta que nos hacemos todos los días. Estamos analizando caso a caso. Por un lado, hay una falta de denuncia. Ante el mantra de la extrema derecha de las denuncias falsas, hay que decir que, al contrario, el problema es la infradenuncia. Pero, además, cuando sí se denuncia, a veces falla la coordinación del sistema. También nos encontramos en ocasiones con fórmulas de protección que no son lo suficientemente eficaces y tenemos que ser más escrupulosos en la valoración del riesgo.

Sé que los juzgados van a hacer un esfuerzo extra en calibrar la situación de esa mujer. Esto lo digo porque muchas veces el agresor es un buen vecino, un buen trabajador o un buen amigo, pero es un maltratador y un maltratador no es buen nada aunque a veces busque cómplices con esa apariencia de buen hombre. Con todo, 2025 fue el año con menos casos de la serie histórica. El sistema es mejorable, pero funciona.

A raíz de los fallos detectados en las pulseras de control a hombres acusados de maltrato, este Ministerio anunció una auditoría para evaluar posibles responsabilidades. ¿Cuál ha sido el resultado?

Aún no ha concluido. Es muy compleja porque hablamos de 30 millones de geolocalizaciones y un número elevadísimo de documentos que hay que analizar, pero sí se ha detectado algún fallo en el periodo transitorio entre empresas. Es un primer avance que nos permite mejorar el próximo contrato. El hecho de que no fuera una plataforma oficial del Ministerio fue un hándicap porque la que manejaba la anterior adjudicataria [Telefónica], que lo había sido desde que arrancó el sistema, no era compatible al 100% con los mecanismos de volcado de datos de la nueva [La UTE formada por Vodafone y Securitas Seguridad]. Ahí hubo un problema tecnológico, pero esos fallos nunca supusieron absoluciones, como se dijo. Hemos pedido la información de esas supuestas sentencias absolutorias al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía y no ha habido respuesta.

Se va a imponer una sanción económica a la empresa adjudicataria [Vodafone] por el fallo tecnológico de las pulseras del pasado noviembre

¿De quién es la responsabilidad de esos errores que se han identificado?

La responsabilidad no sé si se puede focalizar en una empresa. Fue un problema de acoplamiento tecnológico entre la saliente y entrante. Eso no se va a poder producir en el futuro porque la plataforma ya es del ministerio, que es un gran avance. Indiscutiblemente, lo que sí hemos valorado es el fallo tecnológico que se produjo en noviembre y en este sentido se va a imponer una sanción a la empresa adjudicataria actual.

Se refiere a la incidencia en el servicio que lo mantuvo inactivo y obligó a activar el protocolo de protección de víctimas. ¿Puede dar más detalles? ¿Qué tipo de sanción va a ser?

Este Ministerio ha hecho una investigación y, de hecho, el mismo 11 de noviembre nos trasladamos in situ porque saltaron todas las alarmas. El resultado de esa investigación va a ser la imposición de una sanción económica que tiene que ver con una rebaja en los pagos trimestrales o semestrales que se hacen a la adjudicataria. Aún se está valorando. Aun así, no podemos poner en tela de juicio el sistema, que funciona y salva vidas a diario. En noviembre se activaron los mecanismos, se llamó a las víctimas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estuvieron alerta. No voy a negar el fallo, pero no tuvo más consecuencias que poner en emergencia todo el sistema y reforzar la protección.

Estaba previsto que la Ley de Violencia Vicaria ya estuviera en torno a estas fechas aprobada en segunda vuelta en el Consejo de Ministros, pero por diferencias en el seno del Gobierno no ha ocurrido. ¿En qué punto está?

Hay una negociación permanente especialmente con Justicia e Infancia y Juventud. Hemos avanzado en perfeccionar el texto y nos hemos vuelto a reunir con asociaciones y expertas. Ahora mismo, fruto de algunas incorporaciones se va a volver a preguntar al CGPJ para que se pronuncie sobre la seguridad jurídica y la correcta técnica legislativa de determinadas disposiciones que no estaban en el texto inicial. Nuestra intención es sacar la ley cuanto antes, pero necesitamos que sea intachable para que sea eficaz.

Vamos a incorporar la perspectiva de género al delito de violencia vicaria en el Código Penal para que no quepa un delito abierto en el que puedan ser condenadas ellas o ellos.

Dos de los puntos polémicos eran la incorporación de un delito de violencia vicaria al Código Penal que las expertas alertaban de que podía ser usado contra las propias mujeres víctimas y la prohibición de los regímenes de visitas. ¿Los cambios tienen que ver con estos elementos?

Efectivamente, se producen cambios en el Código Penal. Lo que hacemos es incorporar la perspectiva de género al delito para que no quepa un delito abierto en el que puedan ser condenadas ellas o ellos. Va a ser un agravante de violencia vicaria con componente de género. La violencia vicaria afecta a las mujeres y es producto de la dominación machista. De esta forma, intentamos cerrar esta cuestión.

¿Eso quiere decir que solo en el caso de que las víctimas sean mujeres va a ser aplicado ese agravante?

Se tiene que interpretar en conexión con la definición del delito, que se corresponde con lo que acabo de decir. Esto es: un delito en el ámbito de la violencia machista, que afecta a las mujeres. El objetivo es hacerles daño a ellas a través de una persona interpuesta, generalmente los hijos e hijas. En este sentido, interpretado conjuntamente el Código Penal y la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, el resultado es ese.

El Ministerio va a exigir a las entidades que quieran acceder a las subvenciones de lucha contra la trata y prevención de la violencia machista que se declaren abolicionistas. Varias asociaciones han presentado alegaciones señalando que podría vulnerar varios principios. ¿Se han recabado informes jurídicos previos para tomar esta decisión?

Una reciente macroencuesta del CIS nos decía que la mayoría de la población, en torno al 70%, entiende que la prostitución es violencia hacia las mujeres y que afecta a sus derechos. No podemos subvencionar aquello que es claramente contrario a la dignidad de las mujeres desde un Ministerio como este. Es un cambio en línea con lo que venimos defendiendo, no vamos a caer en la incoherencia de subvencionar a quienes no condenan una violencia antigua y que denigra. Lo teníamos muy claro y ahora está confirmado sociológicamente por la encuesta.

Es este un debate todavía abierto en la sociedad, la política y el movimiento feminista. Puede darse el caso de entidades con amplia experiencia en la lucha contra la violencia de género que no se definan explícitamente como abolicionistas, quizá porque incluso no han tenido ese debate en su seno, y que sean excluidas.

No lo creo.

¿Cómo se va a asegurar que esto no ocurra? Hay asociaciones que no tienen experiencia en prostitución ni la mencionan en sus estatutos, pero sí hacen, por ejemplo, programas sobre violencia vicaria. ¿No teme que esta medida reduzca en última instancia los recursos disponibles para las propias víctimas?

Estoy segura de que tanto el Instituto de las Mujeres como la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género van a valorar cada uno de los proyectos. Se hará, lógicamente, en atención a las bases, pero se evaluarán en un sentido amplio, sabiendo cuál es su contenido y finalidad. Y tampoco son las únicas líneas de subvención. Aun así, todas las alegaciones presentadas se están estudiando.

Una de sus prioridades este curso político es una ley con la que, según ha afirmado, se pretende abolir la prostitución. En otras ocasiones que el Congreso ha visto un texto similar, no ha habido apoyos suficientes y el PSOE se ha quedado solo.

Hay una falta de mayoría amplia, pero espero que pueda ser debatida y finalmente aprobada. Estamos trabajando en paralelo con la Ley de Trata, que es una ley muy compleja que necesita además pasar por los filtros del Ministerio del Interior y Justicia, y la de abolición de la prostitución, que es un compromiso socialista. Más aún después del refuerzo de la encuesta del CIS. Lamentablemente, no hay consenso en torno a este tema en el Congreso, pero sí lo hay en la sociedad. El escollo es que el pacto de Estado contra la Violencia de Género avala la Ley de Trata, pero no así con la de prostitución.

Creo que es un porcentaje muy muy reducido el número de mujeres que libremente ejercen la prostitución y lo hacen generalmente por motivos económicos y de necesidad.

¿Prevé incluir en la ley multas a los clientes?

Sí. No se penaliza a las mujeres, pero sí se sancionaría a los proxenetas, las personas que se benefician de la prostitución ajena y también a los puteros.

Se refería antes al consenso social derivado de la encuesta del CIS, pero en este punto, el de las multas a los clientes, se concluye que solo una minoría de la población estaría de acuerdo con ello.

Es verdad. Muchas veces detrás del avance político viene el avance social y lo hemos visto a lo largo de los gobiernos progresistas. Recuerdo perfectamente que el mundo se iba a acabar con la prohibición del consumo de tabaco en bares y finalmente lo aplaudimos. Hay que avanzar en lo que es moral, ética y jurídicamente digno.

Hay voces, entre ellas de prostitutas o asociaciones que trabajan con ellas, que apuntan a que estas multas pueden tener efectos negativos para las propias mujeres y conllevar más clandestinidad y desprotección. ¿Han evaluado estos riesgos?

Hemos testado lo que ha ocurrido en Francia y Alemania, que tienen legislaciones diferentes. Hemos visto que en aquellos países en los que se regula crecen la prostitución y el proxenetismo. España, que ha demostrado que la igualdad es la columna vertebral de nuestra democracia, no puede ser ajeno al sufrimiento de las mujeres. La mayoría de las mujeres en situación de prostitución son mujeres tratadas, prácticamente privadas de todos sus derechos y cuya dignidad está apaleada desde el primer momento del día, que se las explota y se las reduce a trozos de carne. En este camino vamos a seguir trabajando porque es una cuestión de derechos humanos.

La afirmación de que la inmensa mayoría de prostitutas son víctimas de trata es cuestionada por algunos estudios e investigaciones. Hacer este tipo de asunciones ¿podría restar eficacia a las políticas de lucha contra la explotación sexual que sí es forzada?

Me he reunido con el sindicato de mujeres prostitutas y las he escuchado. Creo que es un porcentaje muy, muy reducido el número de mujeres que libremente ejercen la prostitución. No digo que no lo haya, pero es una minoría y lo hace generalmente por motivos económicos y de necesidad. Este gobierno gobierna para la mayoría y la mayoría de la población condena la prostitución como violencia de género y la mayoría de las mujeres en situación de prostitución son vejadas. Es algo que no podemos permitir como sociedad democrática avanzada.

Respecto a la encuesta del CIS, hay algunas investigadoras de diferentes universidades que han cuestionado estos días la “validez metodológica” de la investigación. ¿Ha podido ver estas críticas?

Yo sinceramente creo en la profesionalidad del CIS. No tengo nada que decir. El CIS es profesional y utiliza los criterios que considera. Hay que tener en cuenta que son más de 10.000 encuestas.

Después de que el Congreso rechazara la iniciativa de Vox para prohibir el burka, tanto Junts como el PP han presentado sus propuestas. Es un tema que, previsiblemente, volverá a debatirse en la cámara. ¿Cuál va a ser la posición del PSOE?

Huir de la simplificación y de la manipulación de la igualdad. Este no es un problema real en España. No deberíamos entrar en el marco conceptual de la extrema derecha, que utiliza a las mujeres para promover discursos xenófobos y racistas en contra de la democracia y en contra de la convivencia. La ultraderecha es negacionista de la igualdad, el feminismo y la violencia de género. Ahí no nos van a encontrar.

El debate debe darse de forma dialogada y sensata. El burka es una cárcel para las mujeres, pero lo que jamás haré será culparlas, señalarlas u hostigarlas. La cuestión fundamental es la libertad de las mujeres, habrá quienes decidan incorporar a su indumentaria determinados símbolos religiosos (la cruz lo es y muchas mujeres lo llevan con orgullo). Lo que tenemos que identificar es dónde termina la libertad y empieza la imposición de una cultura patriarcal machista. En todo caso, hay que ser muy respetuosos. Igual que el burka impide mirarnos a los ojos o identificarnos, otro tipo de símbolos o indumentarias pueden ser perfectamente reflejo de una libertad personal. Hace falta mucho diálogo, mucho respeto y mucha profundidad.

Para PP y Vox la educación afectivo sexual es ideológica, a pesar de que hablamos de formación en igualdad y respeto que, cuando no existe, lo que hay es una deformación afectivo sexual muy peligrosa.

El Gobierno ha centrado este 8M en la denuncia de discursos que promueven una vuelta a los estereotipos de género en redes sociales. ¿Qué hacer ante estas narrativas que a la izquierda le está costando tanto contrarrestar?

Nos encontramos con una realidad digital que es un continuo de la analógica, donde se campa sin controles y reglas. Tenemos que establecer la democracia también en este espacio, que es público y global, por lo que controlarlo con mecanismos propios de la soberanía nacional es más complicado. España ya está poniendo encima de la mesa este debate y medidas interesantes. Se ha aprobado recientemente la Carta de Derechos Digitales y estamos trabajando en una ley de protección de los menores frente a la pornografía en Internet, que es fundamental porque lamentablemente el porno está sustituyendo a la educación afectivo sexual.

Debemos incorporar también controles a la Inteligencia Artificial. No puede ser que nos encontremos a nuestras hijas e hijos desnudos en Internet porque una aplicación lo puede hacer. Por otro lado, la prohibición de que los menores de 16 año accedan a redes sociales es absolutamente necesaria. Estamos dando pasos importantes.

Se refería a la educación afectivo sexual, una asignatura pendiente que no acaba de ponerse en marcha. ¿Se ha abandonado este objetivo?

Estamos trabajando con el Ministerio de Educación en una guía de formación que permita al profesorado tener herramientas, pero hablamos de una competencia autonómica y para PP y Vox, la derecha extrema y la extrema derecha, esta educación es ideológica, a pesar de que hablamos de formación en igualdad y respeto. Me preocupa enormemente porque cuando no hay educación afectivo sexual, lo que hay es una deformación afectivo sexual muy peligrosa.

En ciudades como Madrid hay dos manifestaciones este 8M, como ha sido habitual en los últimos años. ¿A cuál irá?

Estaré en Valladolid, que es mi ciudad y donde siempre he acudido a la manifestación y que este año especialmente tiene un valor simbólico muy importante porque el feminismo es pacifismo. Nos estamos jugando la paz, la democracia y los valores esenciales sobre los que hemos construido las sociedades más desarrolladas de los últimos siglos. Con independencia de los acentos y las especifidades de cada protesta, más allá de que se compartan o no, hay algo muy superior, que es la defensa de las mujeres en la paz y la democracia.