Lluís Prenafeta, el que fuera el hombre fuerte de Jordi Pujol para desplegar la Generalitat recuperada tras el franquismo, ha fallecido este martes a los 86 años. El todopoderoso secretario general de la Presidencia durante una década (1980-1990) deja un legado de construcción del mito del pujolismo, pero también de corrupción.

Mano derecha de Pujol durante años, Prenafeta fue clave en los primeros años de los 23 en los que Pujol estuvo al frente del Govern. La Generalitat era una administración por construir, no tenía hospitales, escuelas o cuerpo policial en su poder, y Prenafeta fue uno de los hombres que desplegó el autogobierno catalán.

También contribuyó a dos facetas clave del mandato de Pujol: fue uno de los cerebros detrás del nacimiento de TV3, una televisión nacida en 1983 y que lejos de contribuir a una visión folklórica de la autonomía, normalizó la presencia del catalán en los medios. Asimismo, fue uno de los hombres en la sombra que ensalzó la figura de Pujol y proyectarle más poder del que en realidad tenía mediante una intensa agenda internacional y reuniones con mandatarios extranjeros.

Como otros hombres fuertes del pujolismo, Prenafeta no escapó de la corrupción tras salir de la Generalitat. En la pasada década, admitió confesó su participación en la trama corrupta Pretoria: recibió un año y once meses de prisión, que no cumplió, por dos delitos de tráfico de influencias y otro de blanqueo de capitales. A Prenafeta se le impuso una multa de 5,8 millones de euros.

La trama de la que formó parte Prenafeta invertía en terrenos municipales, esperaba a que un cambio de uso dictado por el ayuntamiento de Santa Coloma los revalorizara y, finalmente, venderlos a un precio superior. A cambio, se pagaron comisiones ilegales. Para ocultar las ganancias, además, los condenados tejieron un complejo entramado de empresas opacas en paraísos fiscales, como Suiza.

Durante su paso por la comisión Pujol del Parlament en 2015, Prenafeta defendió al expresidente catalán Jordi Pujol y negó haberse enriquecido con la política, pese a reconocer que regularizó dinero desde el extranjero.

“He sido amigo de Pujol, lo soy y lo seré”, dijo Prenafeta, solo pocos meses después de que la credibilidad del expresident saltara por los aires por la confesión de que había mantenido dinero sin regularizar durante años. Entonces Pujol mantenía unos pocos escuderos, al contrario que diez años después, cuando su figura va camino de una rehabilitación política completa pese a estar pendiente de juicio por corrupción.

En 2015, en cambio, muchos antiguos prohombres de Convergència estaban incómodos con su figura. No así Prenafeta, fiel hasta el final a su antiguo jefe. Ante los parlamentarios, Prenafeta se negó a hacer una “valoración moral” sobre el hecho de que la familia Pujol tuviera una fortuna oculta en Andorra. Por el contrario, reiteró el “gran respeto y admiración” que le merece la figura del expresidente de la Generalitat.

El exsecretario general de Presidencia admitió que cobró comisiones legales de Almstom y Siemens en el extranjero por las labores de intermediación que llevó a cabo para esas sociedades, pero insistió en que ya regularizó todo el dinero que tenía fuera de España.

La Audiencia Nacional ha condenado a los principales acusados del caso 'Pretoria', la trama de corrupción urbanística urdida por exaltos cargos socialistas y convergentes. Las penas más duras se las han llevado el exdiputado del PSC Luis Andrés García, 'Luigi', que ha sido condenado a siete años y un mes de cárcel por tres delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y falsedad documental. El exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz ha sido condenado a 5 años y ocho meses de cárcel por dos delitos de prevaricación y cohecho. Deberán pagar multas de 14,1 y 3,4 millones, respectivamente.

Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, antiguos estrechos colaboradores de Jordi Pujol, han recibido penas menores tras confesar su participación en la trama corrupta: un año y once meses de prisión, que no cumplirán, por dos delitos de tráfico de influencias y otro de blanqueo de capitales. Tanto a Prenafeta, fontanero de Pujol desde la secretaría de la presidencia de la Generalitat durante la década de los ochenta, como a Alavedra, conseller de Economía entre el 1990 y el 1997, se les ha impuesto multas elevadas: 5,8 millones para el primero y 3,2 para el segundo.

Los hechos probados de la sentencia acogen las principales tesis de la Fiscalía Anticorrupción. Entre los años 2002 y 2009, destaca la sentencia, los condenados participaron en operaciones urbanísticas en Santa Coloma, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona que en lugar de favorecer el interés público “buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos para promotores e inversores particulares”. Las plusvalías para los constructores llegaron a superar los 4 millones de euros.

La trama, dirigida por Luigi, se centraba en invertir en terrenos municipales, esperar a que un cambio de uso dictado por el ayuntamiento los revalorizara y, finalmente, venderlos a un precio superior. A cambio, se pagaron comisiones ilegales. Para ocultar las ganancias, además, los condenados tejieron un complejo entramado de empresas opacas en paraísos fiscales, como Suiza.

Los tres magistrados de la Audiencia Nacional destacan que 'Luigi', tanto antes como después de su paso por el Parlament como diputado del PSC, “mantuvo fluidas relaciones personales y profesionales con diversos cargos públicos”, que le permitieron actuar como “conseguidor”, “facilitador” o “intermediario” de Pretoria en favor de los promotores condenados. Después, se concertó con Muñoz y otros cargos socialistas para llevar a cabo las operaciones. A cambio, recibió “cuantiosos rendimientos y comisiones” que ocultó a través de sociedades interpuestas.

Por su lado, continúa el fallo, Prenafeta y Alavedra, “sabedores de los contactos e influencias” de 'Luigi', se concertaron con el exdiputado del PSC para desarrollar las operaciones urbanísticas. Esto les permitió “recibir ilícitas comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial”, y que fueron pagadas por los empresarios que lograron obtener “cuantiosos beneficios derivados de las adjudicaciones y operaciones inmobiliarias especulativas” auspiciadas por los políticos.

En conjunto, Alavedra ocultó a Hacienda entre 1997 y 2008 un total de 6,08 millones de euros, de los que 450.000 corresponden a comisiones por el caso Pretoria. La sentencia destaca que el exconseller de Pujol defraudó 4,8 millones de euros “de origen desconocido”, mientras que hay otros 830.000 euros relacionados con labores de “asesoramiento e intermediación” con empresas y ayuntamientos. Para ocultar el dinero, Alavedra creó un “entramado societario y financiero” de sociedades en paraísos fiscales –Islas Caimán y Leichtenstein– y cuentas en Andorra a través de las que canalizaba los fondos.

Pretoria también fue la herramienta para descubrir los 14 millones de euros que Prenafeta ocultaba en el extranjero entre los años 2000 y 2007, de los cuales sólo 450.000 correspondían a comisiones en esta trama corrupta. Un total de 4,63 millones, destaca la sentencia, son pagos recibidos por “labores de intermediación” prestadas por Prenafeta a la empresa Siemens “dentro del ámbito privado”, mientras que 8,61 millones procedían de pagos realizados por la multinacional ALSTOM a través de la empresa domiciliada en las Islas Vírgenes Británica MARVEN DEVELOPMENT LTD por labores de asesoramiento en el ámbito privado“. Hay otro millón de euros de origen desconocido.

Las comisiones más cuantiosas de Pretoria se las llevó Luigi. La Audiencia Nacional las cifra en un mínimo de cuatro millones de euros. El resto de condenados son las esposas de Prenafeta y Alavedra y un amigo americano de los matrimonios –seis meses de cárcel– por colaborar con ellos en ocultar dinero al fisco; los constructores Josep Singlà y Manuel Carrillo –un año y cinco meses de cárcel, respectivamente–; el exconcejal de Santa Coloma Manuel Dobarco –ocho años y medio de inhabilitación–; y Manuel Valera, hombre de confianza de 'Luigi', –dos años y tres meses de cárcel–. Todos han visto reducidas sus penas por las dilaciones que ha sufrido la causa, que arrancó hace nueve años.

Lluís Prenafeta, l'antiga mà dreta de l'expresident Pujol i qui ha reconegut haver cobrat comissions il·legals per mitjançar en operacions immobiliàries, mantenia contacte amb Artur Mas per intercedir en empresaris que volien reunir-se amb ell per “facilitar coses”. Així ho ha acreditat aquest dimarts la fiscal del cas Pretòria, que aquests dies es jutja a l'Audiència Nacional, gràcies a unes escoltes telefòniques practicades a qui fos l'home fort del pujolisme.

Durant la confessió de Prenafeta, la fiscal Ana Cuenca ha reproduït diverses gravacions telefòniques que apunten a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, com el facilitador de qui Prenafeta feia ús davant els problemes que empresaris del seu entorn tenien amb contractes públics i llicències.

A la primera trucada, entre Prenafeta i l'empresari L.C., el primer es compromet a tractar l'assumpte amb Artur Mas arran d'un problema amb una promoció urbanística a l'Ajuntament de Cerdanyola. “Si jo vaig parlar amb el senyor Artur Mas va ser exclusivament per a fer-li un favor a C.”, ha assegurat Prenafeta. L'empresari va ser qui va comprar els terrenys de Badalona, una operació per la qual Prenafeta va cobrar una comissió que es va repartir amb l'exconseller d'Economia de Pujol, Macià Alavedra i l'exdiputat del PSC, Luis Andrés García Luigi.

La segona conversa gravada és ja directament la mantinguda entre Prenafeta i Artur Mas. En aquesta, ocorreguda el 2009, el col·laborador de Pujol trasllada al llavors cap de l'oposició que un empresari “controvertit” de Terrassa del qual no vol dir el nom per telèfon, voldria dinar amb ell per “facilitar coses”. Prenafeta demana que a aquesta reunió assisteixi també Germà Gordó i, per la part empresarial, assegura que assistirà, a més de l'empresari controvertit, el seu número dos, Isaac Lahuerta.

En la mateixa gravació s'escolta com Artur Mas accedeix sense problemes a mantenir aquesta reunió que, segons la confessió posterior de Prenafeta, acaba tenint lloc al restaurant d'un hotel amb els participants assenyalats. Encara que el nom de l'empresari no s'ha pronunciat en cap moment, la descripció encaixaria amb el president de CIRSA, Manuel Lao, qui ja es va relacionar amb Artur Mas en la investigació del cas de les ITV i que no té relació aparent amb el cas Pretòria.

És per aquesta raó que s'interpreta que les dues converses aportades per la fiscalia podrien no estar directament vinculades, en tenir participants diferents. No obstant això, sí que acredita l'estreta vinculació entre els negocis de Prenafeta i les reunions amb empresaris o intercessions realitzades per Artur Mas i Germà Gordó.

Aquest dimarts ha estat la primera vegada que aquestes converses entre Prenafeta i l'actual president del PDECat han sortit a la llum, i ho han fet en el moment que el l'home fort de Pujol reconeixia haver cobrat comissions “del 3 i el 4%” en diferents operacions urbanístiques. A més, Prenafeta ha reconegut l'evasió de 14,9 milions d'euros en diferents comptes de Suïssa o Andorra. Aquesta confessió, similar a la que ja va fer el seu soci al març passat, s'emmarca en el pacte amb la Fiscalia per rebaixar les seves penes.

Prenafeta, tot i reconèixer les acusacions de tràfic d'influències, ha deixat fora d'aquestes la participació de Mas i Gordó, assegurant que en el menjar mantingut es va parlar de diferents assumptes com el futbol o la crisi econòmica, però en cap cas de la intervenció política sobre negocis privats. Malgrat això, l'actuació confessa de l'exsecretari de Presidència de Pujol esquitxa de forma col·lateral la imatge d'Artur Mas, a qui Prenafeta acudeix com aconseguidor en els seus negocis.

Des de l'oficina de l'expresident president Mas es recorda que el president del PDECat no està imputat en la causa ni té cap ombra de sospita sobre la seva actuació posterior. A més, s'emmarca la reunió referida a l'agenda normal d'un cap de l'oposició, que té trobades amb tota mena d'entitats. Consideren a més que la conversa que ha sortit a la llum en cap cas demostra una relació amb Prenafeta, molt menys de tipus empresarial, i recorden que L.C. va ser desimputat per aquest cas el 2012.

Lluís Prenafeta, la antigua mano derecha del ex president Pujol y quién ha reconocido haber cobrado comisiones ilegales por intermediar en operaciones inmobiliarias, mantenía contacto con Artur Mas para interceder por empresarios que querían reunirse con él para “facilitar cosas”. Así lo ha acreditado este martes la fiscal del caso Pretoria, que estos días se juzga en la Audiencia Nacional, gracias a unas escuchas telefónicas practicadas a quien fuera el hombre fuerte del pujolismo.

Durante la confesión de Prenafeta, la fiscal Ana Cuenca ha reproducido varias grabaciones telefónicas que apuntan al expresident de la Generalitat, Artur Mas, como el facilitador de quien Prenafeta echaba mano ante los problemas que empresarios de su entorno tenían con contratos públicos y licencias.

En la primera llamada, entre Prenafeta y el empresario L.C., el primero se compromete a tratar el asunto con Artur Mas a raíz de un problema con una promoción urbanística en el Ayuntamiento de Cerdanyola. “Si yo hablé con el señor Artur Mas fue exclusivamente para hacerle un favor”, ha asegurado Prenafeta. El empresario fue quien compró los terrenos de Badalona, una operación por la que Prenafeta cobró una comisión que se repartió con el ex conseller de Economía de Pujol, Macià Alavedra y el ex diputado del PSC, Luis Andrés García Luigi.

La segunda conversación grabada es ya directamente la mantenida entre Prenafeta y Artur Mas. En ella, ocurrida en 2009, el colaborador de Pujol traslada al entonces jefe de la oposición que un empresario “controvertido” de Terrassa del cual no quiere decir el nombre por teléfono, quisiera almorzar con él para “facilitar cosas”. Prenafeta pide que a esa reunión asista también Germà Gordó y, por la parte empresarial, asegura que asistirá, además del empresario controvertido, su número dos, Isaac Lahuerta.

En la misma grabación se escucha como Artur Mas accede sin problemas a mantener esa reunión que, según la confesión posterior de Prenafeta, acaba teniendo lugar en el restaurante de un hotel con los participantes señalados. Aunque el nombre del empresario no se ha pronunciado en ningún momento, la descripción encajaría con el presidente de CIRSA, Manuel Lao, quien ya se relacionó con Artur Mas en la investigación del caso de las ITV y que no tiene relación aparente con el caso Pretoria.

Es por esta razón que se interpreta que ambas conversaciones aportadas por la fiscalía podrían no estar directamente vinculadas, al tener participantes diferentes. Sin embargo, sí acredita la estrecha vinculación entre los negocios de Prenafeta y las reuniones con empresarios o intercesiones realizadas por Artur Mas y Germà Gordó.

Este martes ha sido la primera vez que estas conversaciones entre Prenafeta y el actual presidente del PDECat han salido a la luz, y lo han hecho en el momento que el el hombre fuerte de Pujol reconocía haber cobrado comisiones “del 3 y el 4%” en diferentes operaciones urbanísticas. Además, Prenafeta ha reconocido la evasión de 14,9 millones de euros en diferentes cuentas de Suiza o Andorra. Esta confesión, similar a la que ya hiciera su socio en marzo pasado, se enmarca en el pacto con la Fiscalía para rebajar sus penas.

Prenafeta, pese a reconocer las acusaciones de tráfico de influencias, ha dejado fuera de estas la participación de Mas y Gordó, asegurando que en la comida mantenida se habló de diferentes asuntos como el fútbol o la crisis económica, pero en ningún caso de la intervención política sobre negocios privados. Pese a esto, la actuación confesa del ex secretari de Presidència de Pujol salpica de forma colateral la imagen de Artur Mas, al que Prenafeta acude como conseguidor en sus negocios.

Desde la oficina del ex president Mas se recuerda que el presidente del PDECat no está imputado en la causa ni tiene ninguna sombra de sospecha sobre su actuación posterior. Además, se enmarca la reunión referida en la agenda normal de un jefe de la oposición, que tiene encuentros con todo tipo de entidades. Consideran además que la conversación que ha salido a la luz en ningún caso demuestra una relación con Prenafeta, mucho menos de tipo empresarial, y recuerdan que L.C. fue desimputado por este caso en 2012.

Lluís Prenafeta ha reconocido este martes, en el juicio por el caso Pretòria que se celebra en la Audiencia Nacional, haber cobrado comisiones “del 3 y el 4%” en diferentes operaciones urbanísticas por haber intermediado. Según ha declarado, estas cifras se repartían entre él, el ex consejero Convergente Macià Alavedra y el ex diputado socialista Luis García. Además del cobro de estas comisiones ilegales, Prenafeta ha reconocido haber defraudó 14,9 millones de euros a Hacienda.

Quien fuera mano derecha del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha llegado a un pacto con la Fiscalía mediante el que ha reconocido que percibió comisiones por valor de 5,83 millones en total, gracias a operaciones inmobiliarias llevadas a caba por la trama en Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. “Reconozco los hechos y los acepto tal como están”, ha asegurado ante el juez sobre el escrito de la Fiscalía, Ana Cuenca.

Según la tesis de la Fiscalía, Prenafeta, el exconseller de Economía con Pujol Macià Alavedra y el exdiputado Luís García, usaban su influencia política para conseguir diferentes adjudicaciones urbanísticas, en las que después intervenían como intermediarios ante los empresarios.

Para sostener esta idea la Fiscalía ha mostrado la grabación de dos conversaciones en las que se prueba que Prenafeta consiguió que Artur Mas se reuniera “con un señor controvertido”, a petición del empresario Lluís Casamitjana. En la conversación, mantenida entre Prenafeta y Mas, el primero le dice al segundo que “hay un señor que quisiera desayuno contigo porque quiere facilitar cosas. Es controvertido, de Terrassa y dice que quiere… ¿me explico?”. Además, Prenafeta le pide que acuda con Germà Gordó. Según la grabación, Mas aceptó.

Respecto a las cantidades defraudadas, Prenafeta ha reconocido haber evadido 14,9 millones de euros, que hubiera movido a nombre de empresas por países como Suiza o Andorra.

La Fiscalía pedía para el ex hombre fuerte de Pujol un total de 6 años y 10 meses de prisión, además del pago de una multa de 13,7 millones de euros por dos delitos de tráfico de influencias y uno de blanqueo. Es la misma condena que solicitaba para otro ex alto cargo de Convergencia Macià Alavedra, a quien, sin embargo, anunció que le rebajaría la petición. Por ello, se prevé que la Fiscalía actúe igual en el caso de Prenafeta.

Els dos casos de corrupció que van colpejar la societat catalana el 2009 es començaran a resoldre aquesta primavera. El cas Pretòria, de presumpta corrupció urbanística que afecta exdirigents pujolistes de la vella Convergència i el PSC, es comença a jutjar aquest dilluns a l'Audiència Nacional. S'alternarà al llarg de tres mesos amb el cas Palau, el judici del qual ha començat a l'Audiència de Barcelona amb les confessions sobre el finançament il·legal de Convergència.

Dels onze encausats de Pretòria, destaquen, entre les files socialistes, l'exdiputat Luis Andrés García, Luigi; considerat per la Fiscalia com el cervell de la trama i que s'enfronta a vuit anys de presó; i l'exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz. Però a la banqueta també s'asseuran dos prohoms del pujolisme i de l'anomenat 'sector negocis' convergent: Macià Alavedra, conseller d'Economia entre el 1990 i el 1997; i Lluís Prenafeta, el lampista de Pujol des de la secretaria de la presidència de la Generalitat durant la dècada dels vuitanta. La Fiscalia sol·licita per a Prenafeta, Muñoz i Alavedra sis anys i deu mesos de presó.

El cas va esclatar el 27 d'octubre de 2009. Segons la Fiscalia i la instrucció del jutge Pablo Ruz, la trama, dirigida per Luigi, se centrava en invertir en terrenys dels municipis barcelonins de Santa Coloma, Badalona i Sant Andreu de Llavaneres, esperar que un canvi d'ús dictat per l'ajuntament els revaloritzés i, finalment, vendre'ls a un preu superior.

A canvi, s'haurien pagat comissions il·legals. Per ocultar els guanys, a més, s'hauria teixit un complex entramat d'empreses opaques en paradisos fiscals, com Suïssa, Andorra o les Illes Caiman. Segons el jutge, Luigi es va embutxacar més de cinc milions d'euros amb les operacions; Alavedra, 6; i Prenafeta, 15, quantitats que van regularitzar un cop es va iniciar la investigació. La Fiscalia acusa els exalts càrrecs de CiU i el PSC de la comissió de delictes de tràfic d'influències, suborn i blanqueig.

L'epicentre del cas es troba a Santa Coloma de Gramenet i en la suposada manipulació de l'operació urbanística Pallaresa a favor de l'empresa Proinosa. Hi van participar, entre altres, Luigi, Muñoz i l'exregidor d'Urbanisme de Santa Coloma, Manuel Dobarco, un altre dels onze acusats. El 2001 es van licitar els terrenys per 11,2 milions, i després de posteriors modificacions urbanístiques per revaloritzar els terrenys es van vendre per prop de 28 milions el 2005.

De Santa Coloma també forma part del cas el concurs de del contracte de neteja d'edificis, dependències municipals i centres públics docents del municipi, que Muñoz hauria manipulat a favor de l'empresa Limasa, l'acusat Manuel Carrillo.

Badalona i Llavaneres

Les ramificacions menors de la trama se situen a Badalona i Sant Andreu de Llavaneres repetint l'esquema de Santa Coloma amb menors quantitats. Segons la Fiscalia, a Llavaneres, Luigi es va valer d'Alavedra i Prenafeta per influir en la requalificació d'uns terrenys i va usar les empreses del segon per repartir les comissions. Els terrenys es van comprar el 2004 per 5,5 milions i després de les requalificacions pactades per la trama es van vendre un any després per 9,4 milions.

A Badalona, Luigi, Prenafeta i Alavedra haurien intervingut per revaloritzar uns terrenys de prop del Port a canvi de comissions de les empreses interessades en els mateixos. La trama va adquirir la finca per 12,5 milions el 2004 i en un any i mig la va vendre per cas 29 milions a les empreses realment interessades en els terrenys. La Fiscalia conclou que els acusats van intervenir en totes aquestes operacions urbanístiques per aconseguir “quantiosos i il·lícits beneficis mancats de tota justificació i lògica comercial”.

El judici està previst que tingui 26 sessions que es repartiran fins al setembre. Les xifres ajuden a entendre el volum de la macrocausa: el sumari té 30 volums i més de 11.400 folis. Els onze acusats està previst que declarin els dos primers dies, el 13 i 14 de març, i després ho faran 135 testimonis, entre empresaris, polítics i funcionaris. Entre tots ells destaca el testimoni que pugui oferir l'exinterventora de Santa Coloma que va ajudar a destapar la trama, Maite Carol, i el dels exalcaldes de Badalona Maite Arqué i Xavier García Albiol.

Los dos casos de corrupción que golpearon la sociedad catalana en 2009 se empezarán a resolver esta primavera. El caso Pretoria, de presunta corrupción urbanística que afecta a exdirigentes pujolistas de la vieja Convergència y al PSC, se empieza a juzgar este lunes en la Audiencia Nacional. Se alternará a lo largo de tres meses con el caso Palau, cuyo juicio ha empezado en la Audiencia de Barcelona con las confesiones sobre la financiación ilegal de Convergència. 

De los once encausados de Pretoria, destacan, entre las filas socialistas, el exdiputado Luis Andrés García, Luigi; considerado por la Fiscalía como el cerebro de la trama y que se enfrenta a ocho años de prisión; y el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz. Pero en el banquillo también se sentarán dos prohombres del pujolismo y del llamado 'sector negocios' convergente: Macià Alavedra, conseller de Economía entre el 1990 y el 1997, y Lluís Prenafeta, el fontanero de Pujol desde la secretaría de la presidencia de la Generalitat durante la década de los ochenta. La Fiscalía solicita para Prenafeta, Muñoz y Alavedra seis años y diez meses de cárcel.

El caso estalló el 27 de octubre de 2009. Según la Fiscalía y la instrucción del juez Pablo Ruz, la trama, dirigida por Luigi, se centraba en invertir en terrenos de los municipios barceloneses de Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres, esperar a que un cambio de uso dictado por el ayuntamiento los revalorizara y, finalmente, venderlos a un precio superior.

A cambio, se habrían pagado comisiones ilegales. Para ocultar las ganancias, además, habría tejido un complejo entramado de empresas opacas en paraísos fiscales, como Suiza. Según el juez, Luigi se embolsó más de cinco millones de euros con las operaciones; Alavedra, seis; y Prenafeta, 15, cantidades que regularizaron una vez se inició la investigación. La Fiscalía acusa a los exaltos cargos de CiU y el PSC de la comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.

El epicentro del caso se encuentra en Santa Coloma de Gramenet y en la supuesta manipulación de la operación urbanística Pallaresa a favor de la empresa Proinosa. En ella participaron, entre otros, Luigi, Muñoz y el exconcejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco, otro de los once acusados. En 2001 se licitaron los terrenos por 11,2 millones, y tras posteriores modificaciones urbanísticas para revalorizar los terrenos se vendieron por cerca de 28 millones en 2005.

De Santa Coloma también forma parte del caso el concurso de del contrato de limpieza de edificios, dependencias municipales y centros públicos docentes del municipio, que Muñoz habría manipulado a favor de la empresa Limasa, del acusado Manuel Carrillo.

Badalona y Llavaneres

Las ramificaciones menores de la trama se ubican en Badalona y Sant Andreu de Llavaneres repitiéndose el esquema de Santa Coloma con menores cantidades. Según la Fiscalía, en Llavaneres, Luigi se valió de Alavedra y Prenafeta para influir en la recalificación de unos terrenos y usó las empresas del segundo para repartir las comisiones. Los terrenos se compraron en 2004 pir 5,5 millones y tras las recalificaciones pactadas por la trama se vendieron un año después por 9,4 millones.

En Badalona, Luigi, Prenafeta y Alavedra habrían intervenido para revalorizar unos terrenos de cerca del Puerto a cambio de comisiones de las empresas interesadas en los mismos. La trama adquirió la finca por 12,5 millones en 2004 y en un año y medio la vendió por casi 29 millones.  La Fiscalía concluye que los acusados intervinieron en todas estas operaciones urbanísticas para conseguir “cuantiosos e ilícitos beneficios carentes de toda justificación y lógica comercial”.

El juicio está previsto que tenga 26 sesiones que se repartirán hasta septiembre. Las cifras ayudan a entender el volumen de la macrocausa: el sumario tiene 30 volúmenes y más de 11.400 folios. Los once acusados está previsto que declaren los dos primeros días, el 13 y 14 de marzo, y después lo harán 135 testigos, entre empresarios, políticos y funcionarios. Entre todos ellos destaca el testimonio que pueda ofrecer el exinterventora de Santa Coloma que ayudó a destapar la trama, Maite Carol, y el de los exalcaldes de Badalona Maite Arqué y Xavier García Albiol.

Si se miran con perspectiva histórica, los 23 años de gobiernos de Jordi Pujol son un rosario de escándalos de corrupción protagonizados por sus consejeros y hombres de confianza, en el ejercicio del cargo o después de dejar la política, que hasta ahora se habían cerrado sin muchas consecuencias: sólo dos consejeros del pujolismo optaron por dimitir, Josep Maria Cullell y su sucesor Jaume Roma, y tan sólo uno fue condenado a prisión, el difunto Jordi Planasdemunt, en la década de los noventa por la estafa de la sociedad de gestión de patrimonios BFP, sin tener en cuenta los 42 días de prisión preventiva que Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, los más insignes representantes del sector negocios de Convergencia, se pasaron en los centros penitenciarios de Soto del Real y Brians cuando fueron detenidos por el caso Pretoria.

Casi doce años después de abandonar el palacio de la Generalitat por la puerta grande, sin haber sufrido ninguna derrota electoral, Jordi Pujol está imputado por haber ocultado la fortuna familiar en paraísos fiscales, lo mismo que han hecho dos de sus hombres de máxima confianza: Macià Alavedra, que fue sucesivamente consejero de Gobernación, de Industria y de Economía; y Lluís Prenafeta, secretario de Presidencia, por los que la Fiscalía Anticorrupción acaba de pedir 6 años y 10 meses de prisión por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias a raíz del caso Pretoria.

Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta son, precisamente, las figuras políticas más relevantes de los gobiernos del pujolismo y, en su caída, que se ha producido tiempo después de abandonar el primer plano de la política, han arrastrado familiares y ensuciado para siempre sus biografías personales y la imagen de una larga etapa de la política catalana: el pujolismo, visto en otros tiempos como un apacible “oasis catalán”, a ojos de la opinión pública se identifica ahora con corrupción.

Convergentes al descubierto

Convergentes al descubierto

El juez Pablo Ruz, instructor del caso Pretoria y también del caso del primogénito del presidente Pujol, está dejando muchos protagonistas del pujolismo con el culo al aire. En un informe de la Agencia Tributaria, incorporado al sumario de Pretoria, se señala que Lluís Prenafeta tenía una cuenta en una oficina de la banca Rothschild de la ciudad de Lugano (Suiza) desde la que efectuó pagos a tres históricos políticos catalanes: Joan Hortalà, actual presidente de la Bolsa de Barcelona y exconsejero de Industria de la Generalitat (1984-1987) -en aquel entonces era dirigente de ERC, pero luego formó parte de la ejecutiva de Convergència-; Francesc Sanuy, exconsejero de Comercio y Turismo (1980-1985) y Francesc Martí Jusmet, delegado del gobierno socialista de Felipe González en Cataluña (1982-1993) que, al dejar la política, se dedicó a los negocios en compañía de Jordi Pujol Ferrusola.

Según el informe de la Agencia Tributaria filtrado hace unos días por el diario La Vanguardia, Joan Hortalà recibió dinero de Prenafeta en una cuenta a su nombre y al de su esposa, Maria Àngels Vallvé, presidenta de la sociedad de bolsa GVC y hermana del exconsejero y exeurodiputado convergente Joan Vallvé, abierta en una oficina de la Unión de Bancos Suizos (UBS) de Ginebra.

El exconseller Francesc Sanuy, que fue quien colocó Artur Mas en la Generalitat cuando sólo tenía 25 años porque era amigo de su padre, supuestamente recibió el pago de Prenafeta en una cuenta de la antigua Banca Reig de Andorra (actual Andbank), al igual que Francesc Martí Jusmet, al que también le ingresaron en una cuenta de esta misma entidad andorrana. Ni Hortalà, ni Sanuy ni Martí Jusmet están imputados y ni siquiera han sido citados a declarar durante la instrucción del sumario.

“¿Quién no tiene una cuenta en Suiza?”

“¿Quién no tiene una cuenta en Suiza?”Tener cuentas en paraísos fiscales parece un hecho más habitual de lo que se podía imaginar en el entorno pujolista: Prenafeta, Alavedra, Hortalà, Sanuy o la familia del expresidente Jordi Pujol han aparecido en las páginas de la prensa por este motivo, incluso el padre del presidente Artur Mas abrió una en Liechtenstein, que regularizó antes de morir. “¿Quién no tiene una cuenta en Suiza?”, se preguntaba el exjuez corrupto Lluís Pascual Estevill en su biografía autorizada Seréis como dioses (Espasa, 2001), escrita por el periodista Oriol Malló.

Pascual Estevill quitaba importancia a que se le descubriera una cuenta en Suiza porque sabía que no era el único que escondía dinero en paraísos fiscales. El exjuez extorsionaba empresarios, que pagaban grandes sumas para evitar la cárcel, con la colaboración del abogado Juan Piqué Vidal, que fue el defensor de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana. Ambos se pasaron una temporada en la cárcel, pero ahora disfrutan de una jubilación dorada.

Curiosamente, Estevill fue impecable con el exconseller Jordi Planasdemunt, amigo íntimo de Macià Alavedra, pero después se entendió de maravilla cuando este último llegó a la Consejería de Economía de la Generalidad. Alavedra reconoció en un tribunal que en 1993 se había reunido en una cena en su domicilio particular con Pascual Estevill, Piqué Vidal y José María Amusátegui, entonces presidente del Banco Central Hispano Americano, precisamente cuando varios ejecutivos de compañías vinculadas a este banco se encontraban en situación de prisión provisional por orden del mismo Pascual Estevill.

Alavedra intermedió ante el juez. Un año después, Pascual Estevill entraba en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el gobierno de los jueces, a propuesta de CiU. Acabó dimitiendo cuando estalló el escándalo de los sobornos judiciales.

De Pascual Estevill a Mercè Pigem

De Pascual Estevill a Mercè PigemPascual Estevill no ha sido el único miembro del gobierno de los jueces nombrado a propuesta de CiU que ha sido relacionado con dinero en el extranjero y con los imputados del caso Pretoria: el pasado noviembre, dimitió la convergente Mercè Pigem cuando trascendió que la habían pillado en el paso fronterizo de la Farga de Moles con 9.500 euros en efectivo encima, lo que no constituye ninguna ilegalidad, porque no supera el tope de 10.000 euros, pero da mala imagen.

Pigem se vio obligada a renunciar por llevar demasiado dinero al salir de Andorra y ningún dirigente convergente se atrevió a interceder por ella. Su antecesor en el cargo, el convergente Ramon Camp, siempre mantuvo el contacto, incluso cuando era miembro de la cúpula judicial, con Luis Andrés García, Luigi, ex diputado socialista, considerado por los investigadores como el cerebro de la trama de Pretoria, tal como consta en la agenda que le confiscó la Guardia Civil.

La sociovergencia más turbia

La sociovergencia más turbiaEl caso Pretoria pone en evidencia una peculiar sociovergencia en una trama de turbios negocios urbanísticos -entre los principales imputados hay dos exconvergentes, Alavedra y Prenafeta, y también exsocialistas como Luigi García o el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz- y la existencia de un montón de cuentas en el extranjero en las que escondían las ganancias.

Según las pesquisas ordenadas por el juez Pablo Ruz, Prenafeta ocultó a Hacienda entre los años 2000 y 2009 cerca de 15 millones de euros, sólo una pequeña parte de los cuales procedía de operaciones urbanísticas en Badalona y Sant Andreu de Llavaneres investigadas en el caso Pretoria. Según las investigaciones, el grueso de ese dinero provenía de grandes corporaciones como Siemens, 8,6 millones de euros, o Alstom, 4,6 millones, que ingresó en los años 2000 y 2001 en la cuenta que el exsecretario de Presidencia de la Generalidad tenía en Suiza. Supuestamente, era el pago por una intermediación en una operación de construcción de centrales eléctricas.

Inversiones de la alta sociedad catalana

Inversiones de la alta sociedad catalanaLos ingresos detectados de Macià Alavedra en el extranjero desde el año 2000 ascienden a cerca de 6 millones de euros. Otra gran corporación, en este caso Gas Natural, le pagó cerca de 2,7 millones en 2007 por la intermediación en la construcción de una central en Angola. Antes de su detención en 2009 por orden del entonces juez Baltasar Garzón, el primer instructor del caso Pretoria, Alavedra era un influyente hombre de negocios como lo demuestra el hecho que presidia Webline Invest, una sociedad de inversión en el consejo de administración de la cual estaban, personalmente o a través de otras corporaciones, empresarios como José Manuel Lara (Planeta), Javier Ferrero (Nutrexpa), Albert Costafreda (excopropietari de Panrico), Rafael Español (expresidente de la Seda), José Luis Díaz Varela (Indukern), Antoni Vila Casas... y Fèlix Millet, el expoliador del Palau de la Música, que figuraba en representación de Agrupació Mútua. Webline Invest en estos momentos está extinguida.

Salpicados por múltiples escándalos

Salpicados por múltiples escándalosAntes de su detención, tanto Alavedra como Prenafeta habían sido salpicados por múltiples escándalos, pero, hasta ese momento, parecían imbatibles. Alavedra ya fue uno de los protagonistas de las triquiñuelas de la Comisión de Ayuda para la Reconversión industrial de Cataluña (CARIC), un organismo de la Generalidad antecesor del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), que avaló créditos a empresarios del entorno convergente que no se recuperaron nunca. Una parte de los cuales, supuestamente se desvió a terceros, incluso a una eventual “financiación política”, tal como apuntaba la instrucción judicial.

Sin embargo, en 1992, el entonces fiscal general del Estado, Eligio Hernández, desestimó emprender acciones legales a pesar de reconocer que olía un cierto “aroma de corrupción”.

Lluís Prenafeta dimitió como secretario general de Presidencia el 31 de marzo de 1990 después de que su nombre apareciera relacionado con varias tramas corruptas. Poco antes, la Fiscalía de Barcelona había iniciado una investigación por presuntas incompatibilidades entre su actividad pública y la empresarial. El sindicato CGT y un grupo de abogados le acusaron de aprovecharse de ser el brazo derecho de Jordi Pujol en la Generalitat por intereses personales en la concesión de servicios y equipamientos. El juez archivó el caso, pero, ¿quién era ese juez?: Lluís Pascual Estevill.

Años después, en 1996, Prenafeta era imputado por el supuesto desvío fraudulento de 30.000 millones de pesetas de la constructora Huarte, pero las diligencias también se archivaron. La suerte se le acabó en 2009 cuando Baltasar Garzón metió la nariz en las tramas de Pretoria.

Fuentes convergentes aseguran que no temen el posible desgaste político por el caso Pretoria porque estalló hace más de cinco años, momento en que se suspendió de militancia a Prenafeta y Alavedra y nunca más han vuelto a hacer acto de presencia en los actos públicos del partido. En cambio, en Convergència temen las consecuencias del caso Pujol por lo que respecta al expresidente y a Oriol Pujol Ferrusola, que comenzó esta legislatura como secretario general de CDC y presidente del grupo parlamentario de CiU en la Cámara catalana. Por cierto, a la pregunta de si el expresidente Pujol y hijo Oriol continuaban como militantes del partido a pesar de estar imputados, estas fuentes no sabían qué responder.

El único miembro de la familia que se ha dado de baja de Convergència ha sido Mireia Pujol, pero como queja por el trato que la dirección encabezada por Artur Mas ha dispensado a su padre.

Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra parecían invulnerables, eran el símbolo de una manera de hacer política, pero han caído, y lo han hecho desde lo más alto.

El president de la Generalitat, Artur Mas, ha optat per un Govern de signe continuista per fer front amb la minsa majoria amb què CiU compte al Parlament de Catalunya -50 diputats de 135 - més el suport de la segona força, Esquerra Republicana -que eleva el suport a l'Executiu català a al repte de convocar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya per a 2014.

Però només en aparença. En aquesta pretesa continuïtat, s'ha reforçat als sectors més sobiranistes que, a més inclouen personatges claus en alguns dels principals casos de corrupció que afecten Convergència Democràtica de Catalunya.

Com assenyalava fa uns dies el mestre Moncho González Cabezas, Mas no s'ha limitat a mantenir els mateixos noms. Ha atorgat pràcticament tot el poder executiu en mans del denominat pinyol.

Constitueix el nucli dur de dirigents sobiranistes de la generació de Mas, liderat en l'ombra per Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, i públicament pel seu germà Oriol, que, a més és el secretari general del partit i president del grup parlamentari.

A més d'Oriol Pujol, tres són els homes que han sortit reforçats en el Govern de la Generalitat sortit de les eleccions del passat 25 de novembre: el nou conseller de Presidència, Francesc Homs, que ha passat de ser portaveu de l'Executiu català a convertir-se en número dos del gabinet de Mas. El nomenament d'Homs, a més, rebaixa de manera considerable el paper d'Unió al Gabinet, perquè passa per davant de la vicepresidenta de l'Executiu, la demòcrata-cristiana Joana Ortega.

Però n’hi ha més: Felip Puig, que tot i una més que discutible gestió en la cartera d'Interior, manté la seva condició de conseller, encara que passa a la cartera d'Empresa, i, sobretot, Germà Gordó, que deixa de ser secretari general del Govern i es converteix en titular de Justícia, de manera que tindrà un paper fonamental en l'eventual consulta sobiranista.

De tots ells, Homs és l'únic que no es troba immers en un procediment judicial per corrupció vinculat a les seves activitats a l'Administració catalana o el suposat finançament il·legal de Convergència Democràtica de Catalunya -la seu de CDC està embargada per fer front a una eventual responsabilitat civil de 3,3 milions d'euros per ordre del titular del jutjat d'instrucció número 30 de Barcelona, ​​Josep Maria Pijuan, encarregat de la instrucció de l'espoli del Palau de la Música de Catalunya a mans de l'expresident de l'entitat, Fèlix Millet , i del seu director general, Jordi Montull.

Puig, Oriol Pujol i Germà Gordó si apareixen relacionats amb casos d'aquesta naturalesa. La major sorpresa ha estat la irrupció de Germà Gordó com a conseller de Justícia, potser per la seva excepcional discreció. De fet, Gordó és més conegut per les seves vinculacions familiars que per la seva pròpia trajectòria professional, tot i que compta amb un voluminós currículum.

Nascut a la Pobla de Segur el 1963, Gordó és advocat i va ser fundador de les JNC, les joventuts de Convergència, el 1980, i encara és president de l'Associació Barcelona 2020. El llistat de títols acadèmics de Gordó és interminable: diplomat en Estudis Europeus per la Universitat de Ciències Socials de Grenoble, en Funció Gerencial a les Administracions Públiques per ESADE, escola de negocis a la que té dos títols més, a més d'un màster de l'IESE .

És funcionari de carrera de la Generalitat, tot i que des de 2010 té una excedència especial pels càrrecs de confiança que ha desenvolupat a la Generalitat de Pujol i, especialment, perquè en els últims 10 anys ha exercit com a gerent de Convergència amb atribucions sobre les finances del partit, cosa que el posa en el punt de mira del jutge Pijuan, encara que la seva condició de conseller i el fet que, per primera vegada, és diputat al Parlament, retardarà la seva compareixença davant el magistrat, perquè, en el moment que el citi, haurà d'inhibir a favor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Però si és especialment conegut és per ser fill de Francesc Gordo -ell va afegir més tard l'accent el la o-, company de viatge de primera hora de Jordi Pujol pare i, durant anys principal imputat en el cas Casinos, el primer cas de finançament il·legal de partits que seria arxivat després de gairebé 10 anys d'instrucció arran de la sentència del cas Filesa, que establia que, abans del 1995 no existia en l'ordenament jurídic espanyol el delicte en qüestió.

A l’igual que Oriol Pujol, apareix estretament vinculat a la suposada trama de concessió irregular d'estacions d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). A diferència del fill de l'expresident, que apareix en el sumari arran de les referències que fan d'ell els principals imputats, en el cas de Gordó, els investigadors han acreditat comunicacions entre l'actual conseller de Justícia i els implicats.

El pinyol ha tingut sempre un padrí: el que va ser secretari de Presidència de la Generalitat entre 1980 i 1990, Lluís Prenafeta, una persona molt propera a la dona de l'expresident Pujol. Prenafeta i Ferrusola sempre han considerat una injustícia que els nois Pujol-Ferrusola no poguessin dedicar-se als negocis privats a causa del càrrec del seu pare. De fet, Prenafeta va donar a Jordi Pujol Ferrusola una de les seves primeres oportunitats laborals a l'empresa de la seva família, Tipel. Igual que a Artrur Mas.

La influència de Prenafeta, que està en llibertat sota fiança de 200.000 euros acusat de delictes d'associació il · lícita, blanqueig de capitals, suborn, tràfic d'influències, defraudació a la Hisenda Pública, frau en subvencions, frau i ecacciones il · legals, falsedat en document oficial i encobriment per la seva implicació en el cas Pretòria, queda de manifest en dues de les escoltes que va intervenir la Guàrdia Civil a l'antiga mà dreta de Pujol.

A la primera conversa, el 3 de juny de 2009, que hi ha al foli 915 del tom 3 del cas Pretòria, Prenafeta parla-de manera que revela que està sotmès a una punxada telefònic-amb l'avui president de la Generalitat, Artur Mas , de la necessitat que el llavors candidat de CiU es reuneixi amb un misteriós empresari de Terrassa “controvertit”, però que pot ajudar a CDC. En la conversa, el subconscient traeix a Prenafeta i es refereix al llavors gerent de CDC com Francesc Gordo, encara que Mas li corregeix immediatament: Germà Gordó.

Una setmana més tard, en una conversa intervinguda entre Prenafeta i Gordó, el segon informa el primer que mentre parlava amb Mas, ell ja havia quedat amb Lao-aparentment el patró de l'imperi del joc radicat a Terrassa, Manuel Lao-i que en principi, podran accedir al que demanen els Lao.

Membre del Pinyol, però menys vinculat a Prenafeta és Puig. Però Felip Puig era conseller d'Obres Públiques en l'últim Govern de Jordi Pujol, quan es van produir les concessions a la constructora Ferrovial que suposadament remunerar a CDC la seva elecció en forma de comissions il·legals abonades al partit a través del Palau de la Música que presidia Fèlix Millet.

Tant el jutge Pijuan com els agents de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (UDEF) coincideixen a considerar que les donacions de Ferrovial al Palau de la Música responen a aquestes concessions. L'acte del jutge Pijuan al que estableix la fiança de 3,3 milions per a CDC cita les següents adjudicacions:

Totes aquestes adjudicacions depenien en últim extrem de Felip Puig, en qualitat de conseller d'Obres Públiques. A més, durant l'any 2005, quan el llavors president de la Generalitat era Pasqual Maragall i va retreure a Artur Mas en un debat parlamentari que CiU cobrava el 3% de les adjudicacions públiques sense cap prova, en la comissió d'investigació que es va forçar per salvar l'excés verbal del president socialista, Puig va ser el més perjudicat.

No va ser creïble i va mentir respecte al paper que havia jugat el seu cosí, Josep Maria Penin en la suposada recollida de maletins per al partit quan exercia com a conductor per el mort Pere Esteve quan era secretari general de CDC.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha optado por un Gobierno de signo continuista. Para ello, cuenta con una exigua mayoría de CiU en el Parlament de Catalunya –50 diputados de 135– y con el apoyo de la segunda fuerza, Esquerra Republicana, a cambio convocar un referéndum de autodeterminación en Catalunya para 2014.

Pero sólo en apariencia. En esa pretendida continuidad, se ha reforzado a los sectores más soberanistas que, además, incluyen a personajes claves en algunos de los principales casos de corrupción que afectan a Convergència Democràtica de Catalunya.

Como señalaba hace unos días el maestro Moncho González Cabezas, Mas no se ha limitado a mantener los mismos nombres. Ha otorgado prácticamente todo el poder ejecutivo al denominado pinyol (hueso de aceituna, en catalán).

Constituye el núcleo duro de dirigentes soberanistas de la generación de Mas, liderado en la sombra por Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, y públicamente por su hermano Oriol, que, además, es el secretario general del partido y presidente del Grupo Parlamentario.

Además de Oriol Pujol, tres son los hombres que han salido reforzados en el Gobierno de la Generalitat salido de las elecciones del pasado 25 de noviembre: el nuevo consejero de Presidencia, Francesc Homs, que ha pasado de ser portavoz del Ejecutivo catalán a convertirse en número dos del gabinete. El nombramiento de Homs, además, rebaja de forma considerable el papel de Unió, porque pasa por delante de la vicepresidenta, la democristiana Joana Ortega.

Pero hay más. Felip Puig, que a pesar de una más que discutible gestión en la cartera de Interior, mantiene su condición de conseller, aunque pasa a Empresa, y, sobre todo, Germà Gordó, que deja de ser secretario general del Govern y se convierte en titular de Justicia, de manera que tendrá un papel fundamental en la eventual consulta soberanista.

De todos ellos, Homs es el único que no se encuentra relacionado con ningún procedimiento judicial por corrupción vinculado a sus actividades en la Administración catalana o a la supuesta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya: la sede de CDC está embargada para hacer frente a una eventual responsabilidad civil de 3,3 millones de euros por orden del titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, encargado de la instrucción del expolio del Palau de la Música de Catalunya a manos del ex presidente de la entidad, Fèlix Millet, y de su director general, Jordi Montull.

Sumarios judiciales

Puig, Oriol Pujol y Germà Gordó sí aparecen relacionados con casos de esa naturaleza. La mayor sorpresa ha sido la irrupción de Germà Gordó como consejero de Justicia, quizás por su excepcional discreción. De hecho, Gordó es más conocido por sus vinculaciones familiares que por su propia trayectoria profesional, a pesar de que cuenta con un abultado currículum.

Nacido en la Pobla de Segur en 1963, Gordó es abogado y fue fundador de las JNC, las juventudes de Convergència, en 1980, y aún es presidente de la Asociación Barcelona 2020. El listado de títulos académicos de Gordó es interminable: diplomado en Estudios Europeos por la Universidad de Ciencias Sociales de Grenoble; en Función Gerencial en las Administraciones Públicas por ESADE, escuela de negocios en la que tiene dos títulos más, además de un máster del IESE.

Es funcionario de carrera de la Generalitat, aunque desde 2010 tiene una excedencia especial por los cargos de confianza que ha venido desarrollando en la Generalitat de Pujol y, especialmente, porque en los últimos 10 años ha ejercido como gerente de Convergència con atribuciones sobre las finanzas del partido, algo que le pone en el punto de mira del juez Pijuan, aunque su condición de consejero y el hecho de que, por primera vez, es diputado en el Parlament, retrasará su comparecencia ante el magistrado, porque, en el momento que le cite, tendrá que inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Pero si es especialmente conocido es por ser hijo de Francesc Gordo –él añadió más tarde el acento en la o- compañero de viaje de primera hora de Jordi Pujol padre y, durante años principal imputado en el caso Casinos, el primer caso de financiación ilegal de partidos, que fue archivado tras casi 10 años de instrucción a raíz de la sentencia del caso Filesa, que establecía que antes de 1995 no existía en el ordenamiento jurídico español el delito en cuestión.

Al igual que Oriol Pujol, aparece estrechamente vinculado a la supuesta trama de concesión irregular de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos. A diferencia del hijo del ex president, que aparece en el sumario a raíz de las referencias que hacen a él los principales imputados, en el caso de Gordó, los investigadores han acreditado comunicaciones entre el actual consejero de Justicia y los implicados.

El pinyol ha tenido siempre un padrino: el que fue secretario de Presidencia de la Generalitat entre 1980 y 1990, Lluís Prenafeta, una persona muy próxima a la esposa del ex presidente Pujol, Marta Ferrusola. Prenafeta y Ferrusola siempre han considerado una injusticia que los chicos Pujol-Ferrusola no pudieran dedicarse a los negocios privados a causa del cargo de su padre. De hecho, Prenafeta dio a Jordi Pujol Ferrusola una de sus primeras oportunidades laborales en la empresa de su familia, Tipel. Igual que a Artrur Mas.

La influencia de Prenafeta, que está en libertad bajo fianza de 200.000 euros acusado de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, defraudación a la Hacienda Pública, fraude en subvenciones, fraude y exacciones ilegales, falsedad en documento oficial y encubrimiento por su implicación en el caso Pretoria, queda de manifiesto en dos de las escuchas de la Guardia Civil.

En la primera conversación, el 3 de junio de 2009, que aparece en el folio 915 del tomo 3 del caso Pretoria, Prenafeta habla –de manera que revela que está sometido a un pinchazo telefónico- con el hoy presidente de la Generalitat, Artur Mas, de la necesidad de que el entonces candidato de CiU se reúna con un misterioso empresario de Terrassa “controvertido”, pero que puede ayudar a CDC. En la conversación, el subconsciente traiciona a Prenafeta y se refiere al entonces gerente de CDC como Francesc Gordo, aunque Mas le corrige inmediatamente: Germà Gordó.

Una semana más tarde, en una conversación intervenida entre Prenafeta y Gordó, el segundo informa al primero de que mientras hablaba con Mas, él ya había quedado con Lao –aparentemente el patrón del imperio del juego radicado en Terrassa, Manuel Lao- y que en principio, podrán acceder a lo que piden los Lao.

Veteranía política

Miembro del Pinyol, pero menos vinculado a Prenafeta, es Puig. Pero Felip Puig era consejero de Obras Públicas en el último Govern de Jordi Pujol, cuando se produjeron las concesiones a la constructora Ferrovial que supuestamente remuneró a CDC su elección en forma de comisiones ilegales abonadas al partido a través del Palau de la Música que presidía Fèlix Millet.

Tanto el juez Pijuan como los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) coinciden en considerar que las donaciones de Ferrovial al Palau de la Música responden a esas concesiones. El auto del juez Pijuan en el que establece la fianza de 3,3 millones para CDC cita las siguientes adjudicaciones:

Todas esas adjudicaciones dependían en último extremo de Felip Puig, en su calidad de consejero de Obras Públicas. Además, durante el año 2005, cuando el entonces presidente de la Generalitat era Pasqual Maragall y afeó a Artur Mas en un debate parlamentario que CiU cobraba el 3% de las adjudicaciones públicas, sin prueba alguna, en la comisión de investigación que se forzó para salvar el exceso verbal del presidente socialista Puig fue el peor parado.

No fue creíble respecto al papel que había jugado su primo Josep Maria Penín en la supuesta recogida de maletines para el partido cuando ejercía como conductor para el fallecido Pere Esteve cuando era secretario general de CDC.