El presidente ejecutivo de Gas Natural Fenosa, Francisco Reynés, ha abierto este miércoles la puerta a que la empresa vuelva a ubicar su sede en Barcelona, tras trasladarla en octubre pasado a Madrid, como muchas otras compañías catalanas, en plena escalada soberanista: “Nada está hecho para siempre”, ha dicho el ejecutivo, unas horas antes de presentar a los accionistas la nueva denominación comercial de la empresa, Naturgy.

Respecto al posible regreso a Catalunya, Reynés ha señalado que la empresa tomará la decisión “que toque en el momento oportuno y si lo considera oportuno”. “Mi padre siempre me aconsejó una cosa: que nunca utilizara las palabras 'siempre' y 'nunca' porque eso es mucho y poco tiempo”, ha señalado, preguntado por este asunto en rueda de prensa previa a la junta de accionistas.

En esa asamblea, Reynés anunciará la nueva marca de la multinacional, que destierra la palabra “gas” por primera vez en sus 175 años de historia. Reynés, que afronta su primera junta desde su nombramiento en febrero pasado, presentará mañana en Londres un nuevo plan estratégico para los próximos cinco años.

Ante la prensa, Reynés no ha querido opinar sobre el nuevo Gobierno tras la “inestabilidad política” que caracterizó 2017 (“no vamos a hacer ninguna referencia a la política”, ha dicho). Tampoco se ha querido pronunciar sobre el impacto que pueden tener en los precios de la luz algunas de las medidas ya avanzadas para el sector por la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “sin tener claros los reglamentos”. 

Sí se ha referido en varias ocasiones a la “tendencia europea” a la reducción de emisiones y a la necesidad de analizar la viabilidad de plantas de generación eléctrica (térmicas y nucleares) para adaptarlas a los requisitos medioambientales: “No somos abogados de cierres o no cierres, sino de si hay un retorno a la inversión”. “Aquellas centrales que no sean capaces de adaptarse a los mínimos requerimientos de emisión tendrán dos alternativas: invertir o cerrar. En ningún caso vamos a hacer inversiones que no permitan recuperar la inversión”, ha abundado.

En un gesto muy poco habitual que ha calificado como ejercicio de “transparencia ante los accionistas ”, el ejecutivo ha avanzado los resultados de la compañía entre enero y mayo, que arrojan un crecimiento del beneficio neto recurrente del 34% respecto a 2017, el peor ejercicio de la última década. No obstante, Reynés ha dicho que esa evolución no tiene por qué ser extrapolable al conjunto del ejercicio.

Repsol ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el cierre de la venta, por 3.816 millones de euros, de su 20,072% de Gas Natural a una sociedad del fondo CVC y Corporación Financiera Alba (firma de inversiones de la familia March) cuyo propietario último, según documentación oficial, es CVC Capital Partners VII Limited, radicado en el paraíso fiscal de Jersey, destino habitual de este tipo de firmas.

La compradora es la española Rioja Bidco Shareholdings, controlada por CVC (75%) y la familia March (25%). Esta sociedad tiene como propietaria a la firma luxemburguesa Rioja Acquisition S.a.r.l., que a su vez tiene como socio único a Rioja Luxembourg S.à r.l., cuyo dueño es la también luxemburguesa Rioja Investments S.à r.l., a su vez propiedad de Rioja Holdings S.à r.l., también luxemburguesa y constituida como las anteriores el pasado 15 de febrero. La dueña de esta última firma es la citada CVC Capital Partners VII Limited.

Tras la operación, Gas Natural ha nombrado consejeros en representación de su nuevo accionista a Javier de Jaime (máximo responsable de CVC en España), José Antonio Torre de Silva y Juan Arbide, en sustitución de los tres representantes que tenía Repsol, que han dimitido.

Con el cierre de esta venta, tras un acuerdo alcanzado el pasado 22 de febrero, se concreta la salida de Repsol del accionariado de Gas Natural, que ha puesto fin a una relación histórica con la venta de un paquete de 200,85 millones de acciones a un precio de 19 euros por título con el que logra 400 millones en plusvalías.

El cierre de la operación estaba supeditado a la obtención de la autorización de las autoridades competentes en España, México, Corea del Sur, Japón y Alemania, así como a la no oposición, expresa o tácita, del Banco Central de Irlanda en relación con la adquisición indirecta de una participación significativa en la entidad Clover Financial & Treasury Services Ltd.

Además, existía la condición de la firma por Rioja Bidco Shareholdings de un contrato entre accionistas con Criteria Caixa y GIP III Canary, aunque la sociedad renunció a ella para proseguir con las negociaciones en busca de ese nuevo pacto accionarial en la gasista.

Con el desembarco de CVC, el 35% del capital de Gas Natural Fenosa, la tercera eléctrica española, queda en manos de fondos de inversión (el otro es GIP), en un momento de cambios en la gasista, que tras el relevo en su cúpula con el nombramiento de Francisco Reyés como presidente ejecutivo trabaja en un nuevo plan estratégico, que presentará a finales de junio.

CriteriaCaixa se mantiene como el principal accionista de Gas Natural Fenosa, con una participación del 24,4%, seguido ahora de la alianza de CVC y March, por un lado, y GIP, por otro, con paquetes del 20%. La argelina Sonatrach es el cuarto máximo accionista con un 4%.

A su participación en Gas Natural, CVC suma su presencia en la dueña de la red de oleoductos, CLH, donde es el primer accionista con un 25%, Cortefiel, Deoleo o Vitalia Home. También ha sido accionista de Abertis, El Árbol o el operador R, entre otras.

Por su parte, Repsol logra una importante liquidez en vísperas de que el próximo 6 de junio, la petrolera presente un nuevo plan estratégico, en el que definirá su 'hoja de ruta' para afrontar la transición energética y su nuevo ciclo de crecimiento sostenible a 2020, en plena recuperación de los precios del petróleo. La compañía ya ha señalado que los ingresos por la venta de su participación en Gas Natural Fenosa no tendrán por destino una gran adquisición.

Gas Natural Fenosa, tercera eléctrica española, ha logrado tumbar la, a su juicio, “diabólica” cláusula del concurso eléctrico del Ayuntamiento de Madrid que premiaba a las comercializadoras que venden electricidad libre de emisiones de CO2. El concurso, el mayor de España a escala local, está valorado en 76,8 millones de euros (más IVA) y tiene una vigencia inicial de dos años a partir de 2018.

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha dado la razón a la compañía al estimar el recurso que presentó Gas Natural el pasado 2 de agosto y anular ese apartado del pliego de condiciones. La decisión afecta a los cuatro lotes del acuerdo marco referidos a diferentes contratos de electricidad para edificios públicos.

El tribunal, que el pasado 6 de septiembre acordó la suspensión del expediente de contratación, subraya en su resolución que el sistema de etiquetado de la energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que el Consistorio había incluido como criterio de adjudicación se expide “no por el suministro concreto que hará al Ayuntamiento” la adjudicataria, sino que es “consecuencia de la distribución o comercialización de electricidad de origen no renovable que nada tiene que ver con el objeto del contrato”.

“Por tanto, no puede admitirse el criterio de adjudicación referido a la etiqueta de la electricidad comercializada o distribuida el año anterior en cuanto no discrimina las emisiones de CO de la energía contratada respecto del total de las emisiones del mix comercializado por la distribuidora”, señala el tribunal administrativo.

El delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato, avanza que el Ayuntamiento recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la resolución, que en su opinión tiene una “errática argumentación” y es un “intento de obstaculizar otras licitaciones en otros lugares”.

Nuevo pliego

El Ayuntamiento entiende, además, que la resolución abre la posibilidad de mantener esa cláusula. Para ello, va a reelaborar el pliego retirando el etiquetado de la energía de los criterios de adjudicación (aquellos que puntúan cada oferta para determinar cuál es la ganadora) e incluyéndolos en otro apartado, el de especificaciones técnicas, que son las que establecen en un pliego las características técnicas mínimas de un producto o servicio. Para ello, ha prorrogado seis meses el contrato actual con Endesa.

Según Sánchez Mato, la resolución ha abierto “esa puerta”, que asegura es “preferible” porque convierte el etiquetado en “requisito imprescindible” para licitar.

El ayuntamiento cree que los precedentes (concursos adjudicados por el Defensor del Pueblo y la Junta de Castilla y León) le dan la razón y subraya que “la contratación de una energía más limpia y lo más respetuosa con el medio ambiente” es un compromiso recogido en el Plan A de calidad del aire y cambio climático de la Ciudad de Madrid, aprobado definitivamente el pasado 21 de septiembre.

De la A a la G

Como muchos otros concursos municipales, el pliego exigía que el 100% de la energía consumida tuviera garantía de origen renovable. Pero, además, otorgaba una valoración extra de hasta cinco puntos (sobre un total de 100) a los licitadores en función de la etiqueta que otorga cada año a las comercializadoras la CNMC, basado en siete categorías (de la A a la G).

El Ayuntamiento que encabeza Manuela Carmena quería premiar a las que en 2016 estuvieron por encima de la media española, que es la D. Daba cinco puntos (sobre un total de 100) a las que tuvieran una A por comprar su energía a plantas sin emisiones (de energía renovable, pero también nuclear); la B obtendría dos puntos y la C, uno.

Con este criterio, Gas Natural no habría obtenido ningún punto (tiene una E), al igual que Endesa, que tiene la F y es el adjudicatario del actual contrato, de la época de Ana Botella, que expira en diciembre. Iberdrola (B), Acciona (A) y decenas de pequeñas comercializadoras están por encima de esa media. Esos puntos podían acabar decantando el concurso, porque las comercializadoras tienen escaso margen para competir en precio, principal criterio de valoración.

Gas Natural, que ha rechazado hacer comentarios, interpretaba que esta cláusula es “una prescripción técnica diabólica” que no debía admitirse “porque ya existe otro requisito medioambiental similar, esto es, las Garantías de Origen” de que el 100% de la energía que consuma el ayuntamiento será renovable. Según Gas Natural, equivalía a una “duplicidad injustificada de exigencias técnicas ambientales”, un criterio que no comparte el tribunal administrativo.

La victoria cosechada por Gas Natural frente al consistorio madrileño ilustra el constante enfrentamiento entre los denominados ayuntamientos del cambio y las grandes eléctricas. Hace unas semanas, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, suspendió provisionalmente el concurso de suministro eléctrico al Ayuntamiento de Valencia a petición de Endesa por la inclusión en el pliego de varias cláusulas para reducir la pobreza energética.

En marzo pasado, Endesa ya logró forzar la anulación del concurso eléctrico del Ayuntamiento de Barcelona, también recurrido por Gas Natural, por la inclusión de una cláusula contra la pobreza energética similar a la de Valencia.

Gas Natural Fenosa, la tercera eléctrica española, ha recurrido el concurso eléctrico del Ayuntamiento de Madrid, el mayor de España a escala local, para exigir que se anule o se deje sin efecto una “diabólica” cláusula que premia a las comercializadoras que venden electricidad libre de emisiones de CO.

El recurso, al que ha tenido acceso eldiario.es, interpreta que esta cláusula es “una prescripción técnica diabólica que no debe de admitirse porque ya existe otro requisito medioambiental similar, esto es, las Garantías de Origen” de que el 100% de la energía que consuma el ayuntamiento será renovable. Según Gas Natural, equivale a una “duplicidad injustificada de exigencias técnicas ambientales”.

Como muchos otros concursos municipales, este contrato exige que el 100% de la energía consumida tenga garantía de origen renovable. Pero, además, el pliego otorga una valoración extra de hasta cinco puntos (sobre un total de 100) a los licitadores en función de una etiqueta que otorga cada año a las comercializadoras la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en función de las emisiones de la energía que compran para venderla a sus clientes.

Este sistema se basa en siete categorías (de la A a la G) y el Ayuntamiento que encabeza Manuela Carmena premiará a las que en 2016 estuvieron por encima de la media española, que es la D. Dará cinco puntos a las ofertas de las que tengan una A por comprar su energía a plantas sin emisiones (de energía renovable, pero también nuclear); la B obtendrá dos puntos y la C, uno.

Con este criterio, Gas Natural no obtendrá ningún punto (tiene una E), al igual que Endesa, que tiene la F y es el adjudicatario del actual contrato, de la época de Ana Botella, que expira en diciembre. Iberdrola (B), Acciona (A) y decenas de pequeñas comercializadoras están por encima de esa media. El pliego se refiere a emisiones de CO por kilovatio hora generado, pero no a los residuos radiactivos de alta actividad, a los que la CNMC también otorga un baremo de etiquetas.

Esos puntos pueden acabar decantando el concurso, porque las comercializadoras tienen escaso margen para competir en precio, principal criterio de valoración.

Gas Natural cree “adecuado” exigir que la energía consumida sea 100% renovable, pero premiar a las suministradoras que menos CO emiten, señala, “tiene como objetivo único y evidente favorecer a las empresas comercializadoras pequeñas en detrimento del resto de empresas comercializadoras que llevan más tiempo en este sector”, según su recurso.

Son “dos cláusulas ambientales análogas vinculadas directamente y de forma exclusiva a las energías renovables, es decir, se cualifica doblemente este aspecto medioambiental” del suministro “sin justificación alguna”. “Este criterio de valoración se ha introducido con el objetivo único de favorecer a unos licitadores frente a otros” y debe anularse “por no ajustarse a Derecho” e incumplir la normativa europea y española, argumenta.

Alternativa denegada

La compañía que preside Isidro Fainé pide que se anule todo el concurso o se modifique esa “diabólica” cláusula, permitiendo presentar “soluciones alternativas al etiquetado de la electricidad que cumplan de forma equivalente”.

La empresa, que en marzo pasado logró forzar junto a Endesa la anulación del concurso eléctrico del Ayuntamiento de Barcelona por la inclusión de una cláusula contra la pobreza energética, ha planteado “presentar un proyecto renovable 100% de venta de energía eléctrica producida por parque eólico en los primeros 6 meses del contrato”, pero el Ayuntamiento de Madrid lo ha rechazado.

En su respuesta al recurso, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el Consistorio subraya que “existen antecedentes de contratos con idéntico objeto” que han utilizado el etiquetado de electricidad como criterio de valoración. En concreto, cita un contrato de la junta de Castilla y León que tuvo en 2013 entre las adjudicatarias a Gas Natural; y otro del Defensor del Pueblo al que se presentó esta empresa “sin que se tenga constancia de recurso alguno” y que ha sido adjudicado recientemente a Gesternova.

El Ayuntamiento, que enmarca la inclusión de esta cláusula en su Plan A de cambio climático y en el doble objetivo de fomentar las renovables y reducir las emisiones de CO subraya en sus alegaciones que “un elevado porcentaje del 77% de las comercializadoras tiene etiquetas A, B ó C en al año 2016” y que el requisito del etiquetado de la electricidad es un criterio de valoración no “obligatorio”.

La postura del Consistorio se resume en un reciente artículo de Carlos Esteban, jefe de servicio de contratación de energía y eficiencia energética del Ayuntamiento de Madrid, que cree que la exigencia de 100% renovable “no es suficiente” porque aunque en España se produce un 40,8% de energía renovable, “solo se certifica el 25%, con lo que las compañías eléctricas no tienen problema en vender a sus clientes, e incluso regalar”, esos certificados, “dado que compran mucha más energía renovable de la que les piden”.

“Solamente cuando al menos un 40% de los todos los consumidores exijamos que nuestra energía sea renovable empezará a tener algún efecto en la producción eléctrica y en la contaminación que genera”.

76,8 millones de euros

El recurso fue presentado el 2 de agosto ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que tiene quince días hábiles para resolver. El contrato, por un plazo de dos años prorrogable hasta cuatro, está valorado en 115.842.662,18 euros, de los que dos tercios (76.855.651,13 euros) corresponden a cuatro lotes para el suministro de electricidad equivalente al consumo de unos 50.000 hogares. El resto, 38.987.011,05 euros, IVA excluido, es para el suministro de gas, al que no aplica ese criterio del etiquetado.

El delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato, dice que el recurso, que “era esperable”, es “técnicamente muy débil” y que en el consistorio están “muy tranquilos en cuanto a la solvencia técnica de los pliegos”. Según el concejal, el ayuntamiento está “facilitando que entren comercializadoras no tan habituales en otras grandes licitaciones” y “aplicando de manera estricta y entusiasta las directivas” que recomiendan dividir los concursos por lotes para incentivar la competencia en los concursos públicos.

Introducir esos criterios, concluye Sánchez Mato, “no sólo es políticamente correcto sino imprescindible si queremos ser como administraciones públicas consecuentes con nuestros planes” en materia medioambiental. Por su parte, Gas Natural no ha querido hacer comentarios.

Hay muchos museos que nacen con la idea de acoger una etapa artística concreta o a un pintor reconocido y hay otros que lo hacen con una marcada vocación social, además de la artística. Es el caso del Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC), que prendió la chispa de la cultura y la educación hace más de 20 años. Y esa chispa sigue encendida.

El MAC es un centro multidisciplinar y dinámico de cultura contemporánea que combina la actividad expositiva con un amplio programa de actividades culturales, educativas, sociales, como conferencias o talleres. Por ello, se ha convertido en un lugar de encuentro para artistas, aficionados y público general.

Uno de los pilares fundamentales de este museo es la acción social, por lo que cuenta con un departamento específico que desarrolla programas dirigidos a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. Desde 2005, este departamento trabaja mano a mano con la consultora adaptasocial para incorporar una perspectiva inclusiva en todas las iniciativas que se realizan en el museo, así como mejorar la calidad de vida de este colectivo.

El arte como instrumento de inclusión social

En el MAC el arte está vivo, se mueve más allá de sus paredes y se utiliza como herramienta de trabajo para fomentar la inclusión social. Por ello, han puesto en marcha un programa de participación social a través del arte contemporáneo, un proyecto que fomenta la participación y la inclusión social de personas –niños y adultos- con diversidad funcional- discapacidad intelectual o sensorial, trastorno del espectro autista, esquizofrenia, deterioro cognitivo leve y enfermedad mental-.

Actualmente, en su sala de exposiciones de la sede de Gas Natural Fenosa en Barcelona desarrollan una actividad educativa en torno a la exposición Arquitecturas Negras, del artista Rubén Panete, para personas con diversidad funcional. Una actividad que trabaja la inclusión social mediante el arte contemporáneo.

Acercar este tipo de arte a todos los públicos es otra de las misiones del MAC, por lo que ofrece instrumentos de participación y formación a diferentes colectivos, como talleres especiales y visitas guiadas, entre otros. El año pasado el Departamento de Acción social del MAC realizó más de 200 sesiones en las que participaron 5.000 personas.

Apoyo a creadores

El apoyo a los creadores y la incentivación de la producción artística ha sido otro de los pilares del MAC, además de su propia actividad expositiva. En 1989 nace la Mostra de Arte Gas Natural Fenosa que tras 14 ediciones -con más de 8.000 propuestas de artistas- se ha convertido en un referente nacional, así como en una plataforma para los nuevos valores del arte contemporáneo. Gas Natural Fenosa ha adquirido más de 200 obras presentadas a esta muestra, que, a día de hoy, forman parte de los fondos de su colección de arte contemporáneo.

La muerte de una mujer de 81 años en Reus (Tarragona), asfixiada en un incendio provocado por las velas con las que tenía que iluminarse después de que le cortaran la luz, ha propiciado la convocatoria de protestas ante las oficinas de Gas Natural Fenosa. Ninguna de las concentraciones ha sido multitudinaria, aunque se han producido acciones distribuidas por diferentes ciudades. En muchas de ellas ha destacado la presencia de líderes de las formaciones de Unidos Podemos, como en el caso de Madrid, con Pablo Iglesias o Alberto Garzón a la cabeza, o en Zaragoza, con el secretario de organización de la formación, Pablo Echenique, y la presencia de Iñigo Errejón.

En Madrid, Pablo Iglesias ha afirmado que “en la cuarta economía de la zona euro no se le puede cortar la luz o la calefacción a alguien por pobreza sobrevenida”. Iglesias se ha referido al concepto de patriotismo español después de las celebraciones solemnes del inicio de legislatura: “Algunos dicen que ser patriota es hacer cola con Rita Barberá para estrechar la mano a los reyes y a las infantas. Yo digo que ser patriota es poner a las victimas de la pobreza y los recortes en el centro del debate politico”, ha añadido.

La concentración de Barcelona ha congregado a medio centenar de personas, encabezadas por el secretario general de Podem Catalunya y diputado en el Parlament, Albano Dante-Fachin. Los concentrados han reclamado a las empresas eléctricas que dejen de cortar la luz y el gas a las personas vulnerables. Asimismo, han instado al Govern a que haga cumplir la ley contra la pobreza energética catalana y que imponga una sanción “ejemplar” a la compañía.

Simultáneamente, otros grupos se han concentrado en diferentes ciudades, también convocados por Unidos Podemos y organizaciones sociales locales.

Otros partidos, aunque no se han sumado a esta convocatoria, han expresado su rechazo a la gestión de la pobreza en España. El PSOE ha criticado la “inacción” del Gobierno mientras Ciudadanos pide una normativa “estatal”, aunque ha rechazado usar el suceso de Reus como “arma arrojadiza”. El Gobierno del PP ha tumbado todas las propuestas legislativas para paliar la pobreza energética en España.

Cortar la luz a una anciana es una clara violación del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La pobreza energética mata, como se ha visto de nuevo esta semana

Señores dirigentes: hay una guerra mundial contra los pobres y ustedes participan en ella

Un amigo iraquí que sufrió pérdidas provocadas por la invasión de Irak tiene un sueño recurrente cuando duerme: en torno a una mesa repleta de manjares conversan y ríen políticos, empresarios y periodistas occidentales. De repente, caídos del cielo, se desploman sobre la comida decenas de cadáveres de iraquíes, los muertos olvidados de las páginas no escritas de eso que llamamos actualidad.

Su pesadilla –reflejo de un sentimiento de abandono y de un contexto real– puede ser aplicada no solo al horror de Irak, mercantilizado y desdeñado por gobernantes y medios de comunicación, sino a otros dolores también despectivamente ignorados: los provocados en estos años de empobrecimiento, precariedad, expolio y desigualdad.

Sin ir más lejos, esta misma semana se añadía otro crimen más al techo de cadáveres que algún día se desplomarán sobre la mesa en la que almuerzan, sin conciencia y sin culpa, los dirigentes responsables de que haya familias sin suministros básicos. La víctima es una mujer de 81 años que vivía en Reus. Se llamaba Rosa y su arrendatario había interpuesto una demanda judicial de desahucio por impago. Gas Natural Fenosa le cortó la luz hace dos meses porque no podía pagarla y por eso usaba velas para iluminar su hogar. Una de esas velas se cayó mientras dormía, incendió el colchón y la anciana murió asfixiada por el humo. La eléctrica se saltó la ley al no informar a servicios sociales de que iba a efectuar el corte.

La pobreza energética afecta a más de cinco millones de personas en España, mientras las eléctricas siguen acumulando beneficios. Si les parece una cifra increíble pasen por los barrios más humildes de las ciudades, hablen con la gente, y les mostrarán los empalmes de cables que realizan para mantener a sus hijos con electricidad y algo de calor. En Barcelona, por ejemplo, un colectivo de bomberos ha denunciado que el 70% de los incendios en viviendas están causados por artilugios que la gente sin suministros usa para cocinar o calentarse, incluida la quema de periódicos o de alpargatas. Y hace solo unos días UGT ofrecía datos similares de toda Catalunya.

La privación de luz, agua o vivienda digna a las personas, en un mundo con tanta riqueza en tan pocas manos, es una violación de los derechos humanos. Pero parece que buena parte de los gobernantes y del periodismo no lo considera digno de escándalo. De hecho el PP ha tumbado todas las iniciativas sobre pobreza energética desde que Rajoy llegó a Moncloa. Incluso se negó a reconocer que existiera pobreza energética.

Gas Natural Fenosa obtuvo 1.502 millones de euros en beneficios en 2015. Su consejero delegado ganó 3,3 millones de euros el pasado año. Desde el inicio de la crisis y hasta 2015 la factura de la luz ha aumentado un 73%, con una media de 69 euros mensuales en este mes de octubre, la sexta subida del año. En el mismo periodo ha descendido la renta media de los hogares y crecido la desigualdad, la precariedad y la pobreza. Teniendo en cuenta estas cifras, ¿qué medidas van a adoptar gobernantes y eléctricas para respetar los derechos humanos y evitar que haya personas sin luz?

¿Está el Gobierno en contra del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”?

¿Vetaría el PP el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que establece como derecho para las mujeres “gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios de saneamiento, la electricidad y el abastecimiento de agua, en transporte y las comunicaciones”?

¿Es partidario el oligopolio eléctrico de seguir condenando a millones de personas a enfundarse dos pijamas a las siete de la tarde, apagar la luz y meterse en la cama porque no pueden afrontar un pago mayor de la electricidad y la calefacción?

Señores dirigentes, ¿están a favor de que haya personas mayores viviendo a la luz de las velas, arriesgándose a incendiarse con ellas? Díganlo claramente. Hay una guerra mundial contra los pobres y ustedes participan en ella.

La lucha contra la pobreza energética era uno de los ejes de la llamada Ley 25 de Podemos, que proponía “garantizar el suministro energético para familias y colectivos vulnerables, como mujeres víctimas de violencia machista, menores o discapacitados” y que decayó apenas comenzó su trámite parlamentario junto con la infructuosa legislatura posterior al 20D. Su visibilización fue el objetivo de la primera campaña de la iniciativa Vamos! Pero ha sido la muerte de una anciana de 81 años en Reus lo que ha puesto el asunto en el centro del debate y lo que ha empujado al partido de Pablo Iglesias a lanzar una ofensiva en las instituciones y en la calle que se centra en las empresas eléctricas. En este caso en Gas Natural Fenosa.

“Es gravísimo que en la cuarta economía de la zona euro mueran personas porque no pueden pagar la luz”, aseguraba el miércoles el secretario general del partido en el Congreso de los Diputados. A renglón seguido, Iglesias anunciaba que el grupo que lidera, Unidos Podemos, había registrado una petición para que comparezca en la Comisión de Industria el presidente de Gas Natural Fenosa, Isidre Fainé.

La petición tiene muchas opciones de caer en saco roto. Las comparecencias en las comisiones permanentes están regladas por el Reglamento de la Cámara baja y exigen tanto el apoyo de la Mesa de la Comisión como la del Congreso. Este mismo martes, este órgano vetaba otra comperecencia, la del expresidente José María Aznar. Además, la asistencia no es obligatoria salvo en casos muy concretos. Mucho menos si el caso se llegara a judicializar.

La intención de Unidos Podemos es preguntar a Fainé qué medidas va a tomar su empresa para garantizar que cumple la Ley 24/2015 que la Generalitat de Catalunya aprobó en agosto del año pasado precisamente para luchar contra la pobreza energética.

Desde la muerte de la mujer de Reus, el Ayuntamiento tarraconense y la eléctrica se han acusado mutuamente de no haber puesto en marcha el protocolo que establece dicha normativa para casos de “vulnerabilidad”. Gas Natural Fenosa optó en la tarde del miércoles por anunciar que suspendía todos los cortes de luz previstos en Reus. Por su parte, la Generalitat ha iniciado los trámites para sancionar a Gas Natural Fenosa por este caso.

La gestora del PSOE ha cargado contra el Gobierno por su “absoluta inacción” al haber rechazado todas las medidas legislativas propuestas en los últimos años. “Exigimos al Partido Popular que empiece a adoptar medidas urgentes para acabar con este grave problema, que no mire para otro lado y que en sus manos está el evitar nuevos dramas a los que la sociedad se va enfrentar con la llegada del invierno”, asegura el dirigente José Muñoz en una nota de prensa.

Desde Ciudadanos también piden cuentas al Gobierno central, aunque cargan además contra el Ayuntamiento y, en general, contra la sociedad. “La responsabilidad en este caso debe de ser compartida por toda la sociedad, aunque son los poderes públicos a quienes les corresponde tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir”, apunta el portavoz del partido en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa.

“El Ayuntamiento es, en primer término, el que debe contralar estos casos”, prosigue. Y apuesta por “extremar los controles por medio de reformas legislativas”. Y concluye: “Me parece que las medidas que se tomen serían mucho más efectivas si son a nivel nacional, estatal”. Carrizosa también avisa: “Ningún partido deberia utilizar una muerte así de dolorosa como arma arrojadiza en política”.

Visibilizar el conflico. Politizar el dolor

La petición de comparecencia de Pablo Iglesias venía acompañada de un anuncio. Podemos convoca concentraciones frente a las sedes de Gas Natural Fenosa en todo el Estado. “Es vergonzoso que mientras algunos presumen de recuperación económica, y los del Ibex 35 no han dejado de acumular beneficios, haya ciuadadanos que estén en riesgo de morir por no pagar la luz o la calefacción. Esperemos que Fainé dé la cara”, aseguraba Iglesias.

La movilización será en el marco de la iniciativa Vamos!, liderada por el diputado y dirigente del partido Rafael Mayoral, uno de los principales colaboradores de Iglesias.

La convocatoria entronca con la estrategia de llevar la oposición a la calle que defiende Iglesias. El secretario general de Podemos considera que el papel que su grupo puede desarrollar en el Congreso es limitado por las propias características del sistema español. Y por el riesgo de acabar institucionalizado.

El líder de Podemos ha defendido desde las elecciones de junio que el partido debe “cavar trincheras” en la sociedad civil. Que se vea el conflico. “Politizar el dolor”. Y siempre pone de ejemplo a la PAH, cuya labor puso el drama de los desahucios en primera línea de la política.

Esta estrategia la comparte con Alberto Garzón. El coordinador federal de IU, que acudirá a la concentración de Madrid frente a la sede de Gas Natural Fenosa, también es partidario de poner por delante la “praxis política”. Estar en el conflicto porque, tal y como aseguraba recientemente en una entrevista en eldiario.es, “es donde se genera la subjetividad de la gente”.

Unidos Podemos lanza una ofensiva contra Gas Natural Fenosa por la muerte de una anciana en Reus (Tarragona) en un incendio provocado por una vela con la que se iluminaba después de que la empresa le cortara la luz por impago. Pablo Iglesias ha anunciado este miércoles que han pedido la comparecencia en el Congreso del presidente de la compañía, Isidró Fainé, para que dé explicaciones. Además, han convocado concentraciones frente a las sedes de la empresa en todo el Estado para protestar por lo ocurrido en el municipio catalán.

“Es gravísimo que en la cuarta economía de la zona euro mueran personas porque no pueden pagar la luz”, ha señalado el presidente del grupo Unidos Podemos-En Comú-En Marea ante los medios en el Congreso de los Diputados. Iglesias ha explicado que su grupo ha “solicitado la comparecencia de Isidro Fainé en la Comisión de Industria. Que uno de los hombres más poderosos de nuestro país venga a la sede de la soberanía popular a dar la cara”.

Iglesias ha asegurado que su objetivo es hacer dos preguntas a Fainé. La primera, “qué medidas va a tomar su compañía para la aplicación de la normativa internacional en materia de Derechos Humanos”. Y la segunda, “qué medidad va a tomar para la aplicaciómn de la ley catalana, que obliga a una compañía energética que va a cortar la luz a informar a los servicios sociales correspondientes”.

Iglesias ha recordado que el Ayuntamiento de Reus ha señalado que la empresa no informó: “El incumplimiento de la ley podría estar detrás de la muerte de esta mujer”. Gas Natural Fenosa ha asegurado que el Ayuntamiento no informó de las condiciones de vulnerabilidad de la fallecida.

La comparecencia de Fainé en el Congreso depende del apoyo del resto de los grupos e incluso de la voluntad del empresario. Iglesias ha anunciado además que su partido, dentro de la iniciativa ¡Vamos!, ha convocado este sábado concentraciones en todas las oficinas de Gas Natural Fenosa “en todo el Estado”. “Es vergonzoso que miuentras algunos presumen de recuperación económica y los del Ibex 35 no han dejado de acumular beneficios, haya ciudadanos que estén en riesgo de morir por no pagar la luz o la calegacción”.

“Esperemos que Fainé dé la cara”, ha zanjado el líder de Podemos, quien ha criticado las puertas giratorias de los políticos con las eléctricas. Iglesias ha centrado su ataque en Felipe González: “¿De qué ha servido que Felipe Gonzalez haya estado en el Consejo de Administración de la empresa?”.

El dato es sorprendente, pero no deja de ser cierto: casi la mitad de las familias españolas no saben leer correctamente la factura de la luz. Así lo confirma un estudio elaborado el pasado mes de mayo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que el 46,6% de los encuestados aseguraron no entender su recibo eléctrico. El porcentaje se reduce en el caso de aquellos que no entendían (ni entienden) sus facturas de gas natural, aunque el dato continúa siendo bastante alarmante: el 34,8%.

Pero, ¿realmente es tan difícil de leer una factura energética? A priori puede parecer que sí, dado que el coste total se fragmenta en diferentes conceptos, pero una vez que se conoce a qué corresponde cada importe, todo resulta mucho más sencillo.

Desglose de una factura eléctrica

En relación a una factura de la luz, lo primero que debemos aclarar es que existen dos tipos de mercados de electricidad: el mercado regulado y el mercado libre. En el mercado regulado, la tarifa está regulada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, mientras que en el mercado libre el precio de la energía se negocia directamente entre el consumidor y la compañía energética.

En el mercado regulado, la tarifa de electricidad se llama Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y solo pueden acogerse  los usuarios que tengan una potencia contratada inferior a 10 kilovatios (kW) y que tengan un contrato con una comercializadora de último recurso, dos características que reúnen una gran parte de los hogares españoles. Por ese motivo, explicaremos hoy en detalle este tipo de factura, cuya estructura está definida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y detallada en el Boletín Oficial del Estado.

En la primera parte de la factura, encontramos el logotipo de la compañía energética, los datos de la factura (importe factura, periodo de consumo y fecha de cargo de la factura), el resumen de la factura (importe a pagar por la potencia contratada, la energía consumida, el impuesto sobre la electricidad y el alquiler del contador).

En la segunda parte se detalla la información del consumo eléctrico:

A continuación, encontramos los datos del contrato: nombre del titular, dirección de suministro, tipo de contrato (en este caso es PVPC), tipo de contador (en este caso, contador inteligente), los datos de contacto con la compañía para reclamaciones, averías e incidencias, etc.

Más tarde, se detalla en un gráfico el destino del importe de la factura:

A continuación, se desglosa el detalle de la factura:

Finalmente, la factura incluye unos últimos apartados con información útil sobre la posibilidad de cambiar de tarifa, la web donde consultar y comparar las ofertas de las diferentes comercializadoras de energía eléctrica, información sobre el bono social para consumidores vulnerables, y un gráfico con el origen e impacto ambiental de la electricidad consumida, según de qué fuente de generación proceda.

Pese a estar muy extendida en otras partes del mundo, en España todavía es una gran desconocida. Hablamos de la propulsión por gas natural, también denominada GNV (Gas Natural Vehicular), una alternativa de combustión más económica y sostenible que los combustibles tradicionales. No en vano, el gas natural empleado como combustible vehicular, el mismo que se usa en la calefacción o producción de agua caliente, es considerablemente más barato que los carburantes tradicionales y que otros gases, como el GLP (Gas Licuado del Petróleo, conocido comercialmente como autogás). Así, el uso del GNV supone un ahorro de más del 50% del coste de la gasolina, un 30% frente al gasóleo y un 25% respecto al gas licuado del petróleo (GLP). Las ventajas para el bolsillo del consumidor no acaban ahí, pues cada vez más ayuntamientos aplican descuentos en el impuesto municipal de circulación. En Barcelona y Madrid, sin ir más lejos, esta rebaja se sitúa en un 75%, una deducción que en el caso de la capital viene acompañada de la posibilidad de circular por el centro durante los días de contaminación y un menor coste al aparcar en la zona SER.

Pero, además de a exenciones económicas, el GNV también está asociado a importantes prerrogativas medioambientales. Valga como ejemplo el hecho de que el uso del gas natural como combustible permite mejorar la calidad del aire, reduciendo drásticamente las emisiones a la atmósfera de los principales agentes causantes del efecto invernadero: hasta un 85% de las emisiones de óxidos de nitrógeno, un 95% de partículas en suspensión, y hasta un 30% de las de CO2.

Ante esta tesitura, no es de extrañar que cada vez sean más los ciudadanos que recurren a la compra de un modelo propulsado a gas natural o que optan por transformar su actual utilitario de gasolina en uno que pueda emplear dicho combustible. Esta operación, al contrario de lo que pueda parecer, es bastante sencilla y no requiere una inversión demasiada alta (unos 2.000 euros). Se realiza en talleres especializados y consiste en la instalación de un depósito de gas en el espacio de la rueda de recambio, y unos inyectores de gas en el motor. En función del modelo en cuestión, se perderá o no espacio en el maletero.

Una vez hecha la adaptación, el vehículo se comporta exactamente igual. Las prestaciones no se ven alteradas, sino todo lo contrario: se aumenta la autonomía, puesto que se dispone de dos depósitos, el de gasolina y el de gas. Puedes consultar la red de estaciones de gas natural en el siguiente mapa:

La inversión inicial, además, se verá amortizada al poco tiempo, ya que mientras el litro de gasolina continúa superando con holgura el euro, el uso de gas natural supone un ahorro del 50%.

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Felipe González fue Isidoro en el franquismo. Y hoy en día es el esposo de Mar García Vaquero, empresaria que aparece en los papeles de Panamá por gestionar en 2004 una cuenta en Suiza por medio de una sociedad radicada en Niue y diseñada por el bufete Mossack Fonseca, según han publicado La Sexta y El Confidencial. Felipe González, también, fue el enterrador del marxismo en el PSOE a finales de los 70. Y, en los últimos tiempos, miembro del consejo de administración de Gas Natural Fenosa, consejero editorial de El País, asesor legal del opositor venezolano Leopoldo López y azote del “leninismo 3.0” de Podemos.

Felipe González fue quien encarnó el cambio en la Transición, frente a la AP de Manuel Fraga plagada de exministros franquistas; la UCD cainita del exsecretario general del Movimiento Adolfo Suárez; y el PCE de Santiago Carrillo lleno de referentes del exilio y la Guerra Civil. Y, como encarnación del cambio, Felipe González consiguió el récord de 202 diputados en 1982; el récord de tres mayorías absolutas consecutivas y cuatro legislaturas seguidas como presidente del Gobierno (1982-1996).

Por todo ello, González, Felipe a secas para los simpatizantes socialistas, se ha convertido en la principal figura del PSOE desde la restauración democrática. Cuando habla, todos escuchan; cuando escribe, todos leen; cuando se pronuncia, a todos les cuesta pensar diferente.

En el último debate de investidura, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reclamó a Pedro Sánchez que se desprendiera de la ascendencia de González, a quien relacionó con la cal viva de los GAL. Porque González, del mismo modo que para unos fue quien desarrolló el Estado autonómico y social español, para otros, su gestión tuvo menos luces que sombras: sus responsabilidades directas o indirectas en la guerra sucia contra ETA con fondos reservados incluidos durante su mandato y que llevaron a su exministro del Interior José Barrionuevo a la cárcel y la condena a Enrique Rodríguez Galindo; de las escuchas ilegales del entonces CESID –ahora CNI–; del caso Filesa –financiación irregular del PSOE–; de la ley de la patada en la puerta del dimitido José Luis Corcuera; del abrazo a la Europa de Maastricht tan cuestionada ahora; de la fuga y arresto de Luis Roldán, ex director de la Guardia Civil que mintió en su CV y fue condenado por malversación de fondos. Y, también, el caso Juan Guerra: tras anunciar González que su destino iría ligado al de su mano derecha, Alfonso Guerra, lo cierto es que lo dejó caer como vicepresidente y vicesecretario general del PSOE en 1991.

González fue el primero en vivir lo amarga que es una “dulce derrota”, según sus palabras, el 3 de marzo de 1996. Cayó ante José María Aznar, y un año después dejaba el partido en manos de Joaquín Almunia. Y, en ese momento, empezó el González autodenominado jarrón chino. “Se supone que tienen valor y nadie se atreve a tirarlos a la basura, pero en realidad estorban en todas partes”, afirmó al poco de salir de Moncloa.

Y como jarrón chino lleva exactamente 20 años; seis más que como presidente del Gobierno.

González fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía en 1998 por Manuel Chaves, imputado por el caso de los ERE; es presidente de honor de la Fundación Tomás Meabe; y fue nombrado embajador extraordinario para el bicentenario de la independencia de América por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, año en el que el Consejo Europeo le nombró presidente del Grupo de Reflexión sobre el Futuro de Europa, también llamado comité de sabios, y ha sido miembro del Club de Madrid.

Pero González no sólo se ha relacionado con dirigentes y exdirigentes políticos tras su salida de Moncloa: entre 2010 y 2015 formó parte del Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa, donde cobraba 127.000 euros al año, ha colaborado con el magnate mexicano Carlos Slim y es integrante del consejo editorial del diario El País.

Entre sus últimos trabajos, está el de la asesoría legal de Leopoldo López, el dirigente opositor venezolano que fue encarcelado por “instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir”, en una condena censurada por Amnistía Internacional y otras entidades humanitarias, además del grupo de trabajo específico sobre el caso de Naciones Unidas.

El Gobierno foral destinará este año más de medio millón de euros para subvencionar las instalaciones de energías renovables (generación eléctrica fotovoltáica e instalaciones eólicas para autoconsumo) sin vertido a la red y microrredes. La convocatoria para estas ayudas se abrirá a finales de este mes de abril, según ha anunciado el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Aierdi. El número dos del Gobierno foral ha presidido la apertura de un seminario sobre “Generación eléctrica distribuida y autoconsumo”, organizado por la Fundación Gas Natural Fenosa y que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte.

El seminario, en el que también ha intervenido el director general de la Fundación Gas Fenosa, Martí Solá, ha comenzado con un análisis detallado de la tarifa eléctrica en España para abrir un espacio al debate sobre el autoconsumo . El vicepresidente Aierdi ha adelantado que el Gobierno foral trabaja en un nuevo plan energético para Navarra con horizonte en 2025 en el que se apuesta decididamente por las energías renovables y por un nuevo modelo de consumo colectivo y de proximidad al punto de generación de energía. El vicepresidente ha advertido que, a pesar de los actuales precios bajos del petróleo, la tendencia al encarecimiento de los combustibles y la dependencia energética del país, así como el impacto ambiental de la energía de los combustibles fósiles, hacen urgente la implantación de nuevas políticas energéticas.

Eficiencia energética

Ayerdi ha subrayado que las principales actuaciones para que Navarra mejore su competividad pasan por el ahorro de energía; invertir en eficiencia energética; incentivar el uso de recursos autóctonos renovables, como la eólica o la biomasa, y promover un cambio modal en la sociedad (transporte público en detrimento del privado e impulso al transporte ferroviario de mercancías). No obstante, a este respecto, el vicepresidente ha recordado la responsabilidad del Estado en materia de regulación de la energía y ha puesto de manifiesto los problemas del actual marco. “No es de recibo que la energía eléctrica sea de la más caras de Europa, ni que actividades de autoconsumo que sí son eficientes, de referencia y están muy extendidas por Europa no lo sean aquí. Hay mucho que hacer y espero que el nuevo Gobierno estatal se aplique en la materia”, ha señalado.

Según los datos facilitados por Ayerdi, en el año 2014 se consumieron en las empresas, vehículos, hogares y otros edificios de Navarra 1.799.200 TEP (toneladas equivalentes de petróleo). Esta energía equivalente a casi 38 millones de depósitos de gasóleo de 55 litros. De media, cada navarro consumió la energía contenida en 59 depósitos de gasóleo, un depósito cada 6 días y cuarto.

Ayerdi ha recordado los esfuerzos que realiza Navarra desde la década de 1980 por fomentar la energía renovable. De hecho, en la actualidad el 24,25% de la energía primaria tiene este origen y, por tanto, autóctona y no contaminante, superando el objetivo del 20% establecido por la Unión Europea para 2020. Aún así, el 75,75% restante hay que comprarla del exterior.

La actividad económica con los mayores salarios en España es, según el INE, el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con 52.827,56 euros por trabajador y año en 2013, un 132,7% por encima de la media nacional. Pero el sector eléctrico y gasista no es ajeno a la cadena de subcontrataciones, precariedad y economía sumergida que afecta a muchas profesiones en España.

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia ha destapado múltiples irregularidades en las condiciones laborales de los comerciales de la subcontrata de una subcontrata de Gas Natural en la zona de Levante que se dedicaban a captar “puerta a puerta” clientes de electricidad y gas para la multinacional. 

Trabajo ha obligado a la compañía barcelonesa y a las dos empresas que trabajaban para ella a dar de alta de manera retroactiva a 146 comerciales empleados como falsos autónomos en el periodo comprendido entre mayo de 2013 y abril de 2015. Considera a la gasista y a su subcontrata “responsables solidarias” del impago de 277.589,65 euros en concepto de cotizaciones sociales no abonadas en ese periodo. La cifra incluye el correspondiente recargo del 20%.

La ejecución de la resolución de Trabajo está suspendida porque Gas Natural, su subcontrata, Dorset Marketing, y la subcontrata de esta y responsable última del fraude, Valcomunity SL, han recurrido el acta de liquidación de cuotas y el caso se dirimirá el año que viene en un juzgado de lo Social de Valencia.

El acta de la Inspección a la que ha tenido acceso eldiario.es refleja que “ninguno de los trabajadores se había dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ni la empresa había cursado su alta al Régimen Especial de la Seguridad Social”. De esas 146 personas, solo doce seguían en la empresa en el momento de emitirse ese acta. Algunos no llegaron a trabajar ni una semana y otros estuvieron más de un año.

El acta tuvo su origen en la denuncia previa de un grupo de trabajadores de Valcomunity a la Inspección de Trabajo, que hace un año, el 26 de febrero de 2015, se personó en las oficinas en Valencia de esta empresa, subcontratada por la barcelona Dorset Marketing SL, con la que Gas Natural tenía firmado un “acuerdo de colaboración” para externalizar la captación de clientes desde el 30 de septiembre de 2009. Según fuentes de la gasista, tras la aparición de este caso ese acuerdo ha quedado sin efecto.

Según Maite Berenguer, abogada de los trabajadores afectados, Valcomunity “se dedicaba a crear ofertas de empleo dirigidas a chavales sin experiencia laboral ni estudios y muy desesperados por encontrar trabajo”, pero no les daba de alta en la Seguridad Social y les obligaba a firmar un contrato mercantil “encubriendo la verdadera relación laboral: sin autonomía para decidir su trabajo, el empresario decidía horario, vacaciones, funciones...” 

Así lo certificó la inspección. Durante la visita, se entrevistó a cinco trabajadores que explicaron “que percibían sus honorarios por medio de cheques nominativos” y se “les pagaban únicamente comisiones mediante factura donde se cargaba el IVA, la cual elaboraba la propia empresa Valcomunity, SL y era igual para todos los comerciales”. La empresa les marcaba un “horario fijo”: entraban a las 9 de la mañana, recibían “formación” durante una hora y después visitaban clientes. “A las 15 horas debían volver al centro de trabajo para comer todos juntos con los jefes y comentar las incidencias de la jornada, y a las 16 horas volvían a visitar clientes hasta las 20 horas”.

Los trabajadores explicaron a la Inspección “que la empresa les marcaba no solo una zona y un itinerario sino que les daba unas hojas donde figuraba el nombre y domicilio del posible cliente a visitar”. Los listados de clientes “eran proporcionados por Gas Natural porque se trataba de antiguos clientes de la misma”; trabajaban en festivos (no sábados ni domingos), “porque el gerente les decía que esos días seguro que encontraban a los posibles clientes en casa ya que no estaban trabajando”; “las vacaciones anuales las marcaba la empresa teniendo en cuenta las necesidades del servicio” y “cuando estaban enfermos y no podían ir a trabajar, la empresa les exigía un justificante”.

Según el acta, el gerente, propietario y administrador único de Valcomunity SL, Vicente Cerdán Martínez, “confirmó todas y cada una” de las manifestaciones de sus empleados a la inspección y explicó “que las facturas las hacía la empresa porque los trabajadores no tenían una organización empresarial suficiente para ocuparse de dicha tarea”. Cerdán confirmó que “nunca” les abonaba gastos de locomoción ni dietas y que “solo les pagaban las comisiones que alcanzaban”, refleja el acta.

Sin un mínimo control

Gas Natural y Dorset, la empresa que a su vez tenía subcontratada la captación de clientes a Valcomunity, tenían estipulada por contrato “la prohibición de volver a subcontratar los trabajos”, cláusula que no se respetó. La inspección cree que no hubo la “mínima” diligencia por parte de la multinacional para impedirlo.

“Si Gas Natural Servicios SGD, SA hubiera ejercido una mínima labor de control sobre el grado de cumplimiento del contrato se habría percatado de que los trabajos forzosamente habían sido subcontratados”, señala el documento, que recuerda que el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores “atribuye responsabilidad solidaria por las deudas de Seguridad Social a los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras y servicios correspondientes a su propia actividad” y que conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, “si la contrata o subcontrata existen, la responsabilidad solidaria en materia salarial y de seguridad social lo será en cascada y afectará a todos los empresarios implicados en una eventual cadena contratas y subcontratas”.

No ha sido posible contactar con Vicente Martínez, el administrador de Valcomunity. En las oficinas de Dorset, con sede fiscal está en Vic (Barcelona), dicen que la empresa está “en proceso de cierre” y que el contencioso está en manos de sus abogados.

Por su parte, Gas Natural reitera los argumentos que expuso a la inspección en el proceso de alegaciones. Fuentes de la empresa dicen que esta “no tenía constancia de las subcontrataciones que esta empresa realizaba con terceros, como en el caso de Valcomunity, S.L., pese a que Dorset estaba obligado por contrato a proporcionar esta información”. “El contrato fue rescindido tras conocerse esta situación, que Gas Natural Servicios ni comparte ni apoya. La compañía vigila el correcto funcionamiento de sus contratas y rescinde y aplica sanciones cuando detecta incumplimientos”, señala en un correo electrónico. La empresa subraya que, al estar recurrido en los tribunales, “a día de hoy, no existe un pronunciamiento sobre este asunto ni por parte de los órganos jurisdiccionales sociales ni por la Administración”.

El acta sugiere que no se trata de un caso aislado: “Por parte de la Subdirección General en materia de Economía Irregular, Seguridad Social e Inmigración de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha detectado la existencia de grandes empresas (principalmente suministradoras de gas y electricidad) que subcontratan con otras el servicio de comercialización de su producto, y éstas, a su vez, contratan comerciales para que realicen la labor puerta a puerta”. “En muchas ocasiones, los supuestos comerciales no figuran en ningún régimen de Seguridad Social”.

A esta precariedad laboral se suman las ofertas “agresivas” y “poco transparentes” que, según las autoridades de Consumo de las Comunidades Autónomas, realizan las compañías eléctricas para tratar de convencer a los clientes de que abandonen la tarifa regulada de la luz (ahora conocida como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) y se pasen al mercado libre. 

“Ojalá que pudiéramos empezar a subir los salarios mañana por la mañana”, decía el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, en abril de 2014 . En su caso, la subida como consejero de Gas Natural Fenosa, tercera empresa eléctrica en España, ha llegado en 2015 y supera los dos dígitos. El año pasado, la eléctrica pagó a Rosell un total de 208.000 euros brutos, lo que supone un incremento del 64% con respecto a los 127.000 euros de 2014.

Hasta ese año, el sueldo de Rosell como consejero raso era equivalente al de, por ejemplo, el expresidente del Gobierno Felipe González, vocal de la compañía hasta mayo pasado. El incremento de 2015 se explica por el nombramiento de Rosell, ese mismo mes, como miembro de la Comisión Ejecutiva de la gasista.

Rosell es consejero de la empresa desde el 26 de junio de 2009, a propuesta de su accionista La Caixa. Desde entonces, ha recibido una retribución acumulada de 910.500 euros, según consta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El informe anual de retribuciones remitido este viernes por Gas Natural refleja que sus consejeros cobraron el año pasado 7,39 millones de euros, un 2,35% más que un año antes.

El presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, recibió 1,1 millones de euros el año pasado, la misma cantidad que el año anterior, mientras que el consejero delegado de la compañía, Rafael Villaseca, ganó un 1,5% más, al percibir 3,43 millones de euros. Por su parte, Felipe González recibió 46.000 euros en el ejercicio por su presencia en el órgano de dirección de la compañía hasta mayo.

La Junta aprueba en Barcelona los resultados de 2014, en los que ha habido un crecimiento del 1,2%; en Navarra, este año se anunció una inversión de 7 millones de euros para ampliar el suministro.

La Junta de Gas Natural ha aprobado este jueves los resultados del ejercicio y los cambios en el Consejo de Administración. La firma cuenta en la actualidad en Navarra con 136.000 puntos de suministro en 134 localidades, con una red de distribución de 2.100 kilómetros. La empresa ya anunció a finales de enero que su objetivo para este año en la Comunidad Foral era invertir 7 millones de euros para ampliar su red de suministro y así alcanzar zonas como Zulueta, Elorz, Torres de Elorz o Rada, entre otras. En la actualidad, se calcula que en torno al 90% de la ciudadanía navarra tiene acceso al gas natural.

La compañía ha celebrado en Barcelona su Junta General de Accionistas, que ha servido para, entre otras cuestiones, aprobar las cuentas correspondientes a 2014, que han estado marcadas por la adquisición de la compañía chilena CGE. Así, el resultado neto aumentó un 1,2% respecto a 2013 hasta alcanzar los 1.462 millones de euros. El presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró consideró que los resultados son “razonables”. Gabarró y el consejero delegado, Rafael Villaseca, también aprovecharon para anunciar a los accionistas que la compañía trabaja ya en la elaboración de un nuevo Plan Estratégico que presentará a finales de año.

Estas decisiones se producen en una compañía que, a comienzos de este año, ya anunció sus pretensiones para Navarra, que pasan por ampliar su red en otros 35 kilómetros y llegar a 10 nuevas localidades. La compañía también ha anunciado, a través de un comunicado, que en la actualidad cuenta con más de 124.000 clientes en el mercado minorista de gas natural y electricidad, con unas ventas de 1.960 GWh en 2014. En el mercado mayorista dispone de una cartera de 425 clientes, con unas ventas de 2.545 GWh anuales de ambas energías.

Y, por último, la firma mantiene sus cuatro parques eólicos, a través de la explotación de la empresa Derna (en la que cuenta con una participación del 50%). Con estos 130 aerogeneradores (ubicadas en las localidades de Añorbe, Artajona, Barasoain, Biurrun-Olcoz, Funes y Leoz, Peralta, Tirapu y Unzué) se cuenta con una potencia instalada de 146 MW.

Los miembros de los consejos de administración de las tres grandes eléctricas españolas, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa y Endesa, se han repartido 228,92 millones de euros desde 2008, año oficial del inicio de la crisis, hasta 2014, de acuerdo con los datos remitidos por las compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esa cifra, que incluye los pagos a los principales ejecutivos de las empresas (estos suponen, como es lógico, el grueso del total), apenas representa un 0,42% de los 53.528 millones de euros de beneficios declarados por las compañías en ese periodo (incluyendo a la antigua Unión Fenosa en 2008). De esos casi 229 millones, a los consejeros de Iberdrola y Endesa les ha correspondido en torno a dos tercios del total (un 37% en cada caso) y a los de Gas Natural Fenosa, el restante 25%.

Pese a la reforma energética del Gobierno, 2014 fue otro año de beneficios multimillonarios para las tres grandes del sector, con un resultado acumulado de 7.125,5 millones de euros, un 20,8% más que en 2013. La remuneración de sus consejos de administración aumentó el doble, un 40,3%, hasta 39,12 millones de euros.

La clave estuvo en dos acontecimientos extraordinarios en Endesa. La venta de sus activos latinoamericanos a su máximo accionista, el grupo semipúblico Enel, disparó sus beneficios hasta los 3.337 millones de euros, un 77,6% más. Y la retribución de sus consejeros se triplicó, hasta casi 17 millones de euros, como consecuencia de la indemnización de 11 millones de euros que cobró su hasta entonces consejero delegado, Andrea Brentan.

Desde 2008, Endesa ha pagado 86,4 millones de euros a los miembros de su consejo de administración. Un 35% de esa cifra, 38,4 millones en un sólo ejercicio, se abonó en 2009 en concepto de indemnizaciones a consejeros ejecutivos, tras las salidas de José Manuel Entrecanales (presidente de Acciona y fugaz presidente de la eléctrica) y el exconsejero delegado Rafael Miranda, tras la toma de control por parte de la italiana Enel. Justo antes de la crisis, Manuel Pizarro, hasta entonces presidente, abandonó la compañía con una indemnización cercana a los 20 millones de euros tras la opa de Acciona y Enel.

En el caso de Iberdrola, los consejeros de la primera eléctrica española se han embolsado, sin indemnizaciones por despido mediante, 86,825 millones de euros desde 2008. En 2014, la cifra ascendió a 14,951 millones, lo que supone un 35,4% más que en 2008. Buena parte de la retribución del año pasado fue para el presidente y consejero delegado, Ignacio Sánchez Galán, que cobró (incluyendo pagos en acciones) 9,1 millones en 2014, un 22% más que un año antes. La empresa, que este jueves anunciaba la adquisición de la estadounidense UIL Holdings Corporation por 2.647,8 millones, ganó el año pasado 2.326,5 millones de euros, un 9,5% menos que en 2013.

En cuanto a Gas Natural Fenosa, desde 2008 sus consejeros han cobrado 55,65 millones de euros, incluyendo la retribución de Unión Fenosa (adquirida por la gasista) en ese primer ejercicio. En 2014, sus vocales se repartieron 9,4 millones, un 6,5% más. El beneficio de la compañía ascendió a 1.462 millones, un 1,2% más que el año anterior, gracias, según la empresa, a las plusvalías de 252 millones generadas por la venta de Gas Natural Telecomunicaciones y sus participadas, y por la buena evolución de su negocio en el extranjero.

A salvo de la quiebra

Si se comparan los datos de 2014 con los de 2008, la retribución anual de los consejeros de las eléctricas ha subido en ese periodo un 20%, muy por encima, por ejemplo, del incremento del salario mínimo en España, que este jueves la agencia estadística europea, Eurostat, cifraba en un 8% para esos mismos años. 

En estos siete años de crisis, el sector ha visto como la demanda eléctrica se desplomaba a niveles de los 90 (aunque ha empezado a recuperarse) y se ha salvado de la quiebra gracias a las medidas adoptadas por el actual Gobierno para atajar el multimillonario déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes reconocidos) que se acumulaba desde comienzos de siglo y que los consumidores abonan a plazos (y con intereses) en sus recibos de la luz.

Para taponar ese agujero, el Gobierno ha aprobado nuevos impuestos al sector (unos 3.000 millones de euros al año), ha recortado los costes del sistema cargando buena parte del ajuste sobre las renovables (como pedían las eléctricas) y ha aplicado fuertes subidas al recibo. Mientras la factura se disparaba más de un 60% durante la crisis y el desempleo en España superaba el 25%, ha aflorado un concepto hasta ahora desconocido en el país, el de la pobreza energética, con millones de hogares en dificultades para hacer frente a los suministros básicos.

Las eléctricas, cuyos ingresos en España dependen, en buena medida, de lo que depare el BOE, han fichado en esta larga crisis a dos de los tres últimos presidentes del Gobierno (Felipe González y José María Aznar) y han tenido o tienen a sueldo a tres de los cuatro últimos ministros de Economía (Elena Salgado, Pedro Solbes y el actual, Luis de Guindos).

63% de las ventas en España

Si bien argumentan que han capeado los efectos de la reforma eléctrica de José Manuel Soria gracias a su actividad en el exterior, lo cierto es que, tras el desguace de Endesa, culminado a finales del año pasado, el mercado interior todavía supone el 63,1% de la cifra de negocios consolidada de las empresas, que en 2014 ascendió a 75.908 millones de euros.

El año pasado, el paquete de medidas de Soria tuvo un impacto de casi 1.200 millones en las cuentas de las tres grandes utilities, según las empresas. De esa cifra, a Iberdrola le correspondió el 52%, a Endesa el 36% y a Gas Natural Fenosa, el 12%.

El cineasta Jaume Balagueró (Lleida, 1968) ha estrenado en el Festival Internacional de Cine de Cartagena su último trabajo. El cortometraje Inquilinos es la última de las obras del proyecto Cinergía que ha visto la luz. A través de dichas obras, Gas Natural Fenosa pretende concienciar al gran público a través del cine.

La cinta fue estrenada en el marco de La 43ª edición del festival. Fue durante la gala de clausura donde se dio a conocer a los asistentes el tercer estreno del proyecto Cinergía. El corto del director catalán cuenta con un reparto de actores consagrados del panorama actual español encabezado por Manuela Velasco, Antonio de la Torre, con trabajos anteriores como Caníbal o Balada Triste de Trompeta y Fele Martínez, visto previamente en La Mala Educación o en Los Amantes del Círculo Polar Ártico. La actriz española, por su parte, ya trabajó junto a Balagueró en la saga REC, que ha sido una de las más exitosas del cine español.

Durante la gala se entregó el Premio Gas Natural Fenosa. En esta ocasión, el premiado fue el actor de Cartagena Daniel Albaladejo. Por otro lado, también se entregaron las Carabelas de Plata a los trabajos presentados a la sección Oficial, donde destaca el premio al Mejor Cortometraje para Metros útiles, de David Cervera. El director galardonado con el premio Submarino Peral fue Dani de la Orden, por su trabajo en Nadador.

En referencia a la cinta Inquilinos, Jaume Balagueró ha asegurado: “El corto habla de cómo debemos gestionar la energía, no abusar cuando realmente no la vamos a necesitar, no dejar las ventanas mientras tenemos la calefacción puesta, o muchísimas cosas que a veces desconocemos y de las que la gente se va a sorprender al descubrir que hay una forma más beneficiosa de utilizarla para todos”.

Precisamente esa es la función de esta iniciativa, que en palabras del director: “Lo que me gusta de Cinergía es justamente cómo una marca participa en un proyecto de cine cuyo objetivo es el entretenimiento y lo usa para concienciar”.

El argumento se basa en la historia de una pareja de jóvenes que están mudándose a un nuevo hogar y necesitan que un técnico para que les solucione el aparente problema que tiene su calefactor. Antonio de la Torre llega al piso y comprueba que las bajas temperaturas de la casa no se deben a que algún aparato s encuentre averiado. Poco a poco la historia va tomando un cariz de suspense donde se mezcla lo paranormal con ciertos toques de humor.

Los cortos de Cinergía son cuatro y han sido dirigidos por otros tres directores españoles. Rodrigo Cortés y su trabajo 1:58, Paco Plaza con Ultravioleta, y Juan Cruz con su cortometraje Domonic. Los trabajos han sido protagonizados por actores contrastados como Terele Pávez, José Coronado y Maribel Verdú entre otras colaboraciones como la de la periodista Julia Otero. Los tres primeros trabajos han sido estrenados en los principales festivales del país, y también son accesibles a través de internet.

Los cuatro cortometrajes abordan aspectos diferentes de la energía eficiente: mantenimiento de equipos, eficiencia en el hogar, eficiencia en el trabajo y movilidad sostenible.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético prepara su segundo documental de denuncia sobre el modelo eléctrico en España bajo el título

#Oligopoly3.

En su anterior entrega, #Oligopoly2, una secuela espontánea de un programa de Salvados homónimo, denunciaban los excesos de las grandes empresas del sector eléctrico, su connivencia con la política y la falta de planificación del Gobierno español en materia energética.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, un movimiento ciudadano que busca transformar de manera radical todo el sistema eléctrico hacia formas más sostenibles de producción y consumo, ya prepara su segundo documental: #Oligopoly3. Este colectivo está compuesto por ciudadanos, asociaciones ecologistas y algunos partidos políticos como PSOE o EQUO . Su segunda entrega supondrá la continuación de #Oligopoly2, realizado a cargo de la misma plataforma y que a su vez fue la secuela del programa de Jordi Évole, Salvados, que tituló #Oligopoly, en el que denunciaba los abusos de las grandes empresas eléctricas y petroleras que operan en España.

En #Oligopoly, Évole trataba de explicar y destapar los abusos de las compañías eléctricas y petroleras. #Oligopoly2 cogió el testigo de Salvados y continuó con la denuncia, pero en este caso, centrada en el sector eléctrico, dejando las petroleras a un lado. En esta segunda entrega además de poner contexto a la situación que vive España y denunciar a las cinco grandes compañías pertenecientes a la patronal UNESA, trataron de no quedarse en la parte negativa y muestran algunos ejemplos de éxito en la práctica de autoconsumo con energías verdes y renovables.

El programa de laSexta que comenzó la saga no estuvo exento de polémica y fue motivo de quejas por parte de la patronal UNESA a la que pertenecen las grandes operadoras del sector eléctrico en España (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E-On España y EDP). La patronal eléctrica reclamó un espacio dentro de la televisión a la que pertenece el programa Salvados para defenderse. Aquél primer documental consiguió una gran cuota de pantalla y motivó a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético a continuar denunciando los excesos de las grandes empresas del sector.

La secuela ciudadana hace también una llamada a la acción: propone diferentes medidas que sirvan de boicot a las grandes empresas eléctricas y aporten algo para cambiar el modelo energético actual. También hay que destacar, que la Plataforma por un Nuevo modelo Energético sacó adelante el proyecto gracias al crowdfunding (pequeñas donaciones que hace la ciudadanía a través de internet). También la red les ha permitido lograr una cierta difusión.

#Oligopoly2 aborda toda la situación del sector eléctrico. Explica el funcionamiento del sistema eléctrico, cómo las grandes empresas dominan el mercado de la electricidad y no permiten la entrada de competencia. El documental cuenta con algunos de los protagonistas que ya estuvieron en el programa de Évole. Al igual que en la primera entrega, tratan de explicar todo lo que el consumidor paga en la factura, que de nuevo subirá para el contribuyente como ya anunció Industria.

Se puede ver la opacidad comunicativa de la patronal UNESA que rehúye todas las peticiones de entrevistas y la capacidad de presión que ejerce a través del mundo político, los medios de comunicación y los despachos de abogados. En el documental denuncian la connivencia que existe entre la política y las grandes empresas eléctricas, la famosa “puerta giratoria”. Los expresidentes José María Aznar y Felipe González, o la exvicepresidenta Elena Salgado están hoy a sueldo de algunas de estas grandes compañías. Esta influencia dentro de la política ha permitido a las corporaciones eléctricas convertirse en multinacionales y crecer en otros países, sobre todo en Latinoamérica.

Mención aparte merece la explicación que contradice la visión del Gobierno sobre las ayudas a las energías renovables. Las últimas medidas, incluida la reforma eléctrica aprobada por el Ejecutivo el 12 de julio, han ido encaminadas a reducir todas las primas a la generación de electricidad a través de renovables. Mucho antes de que se alumbrara esta reforma #Oligopoly2 intentó mostrar cómo la producción por medio de tecnologías que aprovechan recursos ilimitados como el sol o el viento abaratan el precio del kilowatio/hora en el mercado mayorista, un beneficio que el Gobierno obvia en sus cálculos y explicaciones y no ha tenido en cuenta a la hora de reducir las ayudas al sector.

Entre las propuestas que se lanzan, se afirma que si todo el gasto exterior destinado a importar energía (40.000 millones de euros al año) se invirtiera en producción con renovables, el dinero se quedaría en la economía interior. En España el grado de autoabastecimiento de energía primaria (relación entre producción interior y consumo total de energía) ronda el 25% (26,1% en 2010).

El guión de #Oligopoly3 está en fase abierta al ciudadano para que haga propuestas de contenidos, tras la que se realizará la selección del tema a tratar. De nuevo utiliza el crowdfunding para financiarse. Con #Oligopoly3 la oposición a las grandes compañías eléctricas se convierte en una saga.

El grado de autoabastecimiento de energía primaria (relación entre producción interior y consumo total de energía)