La Diputació de València ha aprobado este martes, en Junta de Gobierno, una nueva convocatoria del plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, el cuarto IFS desde que se inició la legislatura. En esta ocasión, los 266 municipios valencianos dispondrán de 35 millones de euros para mejorar espacios y servicios públicos en actuaciones que deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2019, y que podrán financiar obras ya realizadas desde el 1 de enero de este año.

Con este nuevo IFS, que se prolongará hasta el final de la legislatura, la Diputació ha invertido 140 millones de euros en las comarcas valencianas en estas obras sostenibles, en el marco de un plan que ha sido valorado con un 9,1 sobre 10 por los alcaldes y alcaldesas, en la encuesta recientemente publicada por la corporación.

En palabras del presidente, Jorge Rodríguez, “desde el primer momento tuvimos claro que el superávit de la gestión debía reinvertirse en las personas antes de terminar en los bancos para amortizar una deuda que no hemos dejado de reducir, hasta convertirnos en una de las administraciones más saneadas de España”.

La vicepresidenta, Maria Josep Amigó, ha reforzado esta idea al asegurar que “tres años después del cambio político, esta corporación ha consolidado una nueva forma de gobernar, basada en la justicia en el reparto de los recursos, la colaboración con la Generalitat, la gestión eficaz que fomenta la autonomía municipal y el fin del clientelismo”.

Rodríguez ha destacado los resultados del estudio del IVIE sobre el primer IFS, que con 1.581 proyectos ejecutados en toda la provincia “tuvo un impacto económico de 148 millones de euros, más del doble de los 70 millones invertidos, y sirvió para crear o mantener 1.200 puestos de trabajo a tiempo completo y año”. El presidente ha insistido además en la importancia de estas inversiones sostenibles a la hora de “cuadrar el círculo de la financiación local, dotando a los ayuntamientos de recursos suficientes para ejercer esa autonomía que hemos querido conceder a los alcaldes y alcaldesas”.

La vicepresidenta coincide en que estos planes “sirven para paliar el déficit de financiación de nuestros pueblos y ciudades, que ha imposibilitado en muchos casos la prestación de servicios básicos de calidad”. Amigó ha reivindicado esa justicia social por la que trabaja la Diputació y en esa línea de trabajo ha incluido el plan de Servicios y Obras Municipales (SOM), “que permite igualmente que el destino de las inversiones lo decidan los municipios, con los mismos criterios objetivos de reparto que el IFS”.

Todos los municipios

El diputado de Cooperación, Emili Altur, ha comenzado su exposición del nuevo IFS destacando que los 266 municipios de la provincia recibirán fondos de este programa, que destina 33 millones de euros a los 261 municipios de menos de 50.000 habitantes y 2 millones de euros a los cuatro municipios de más de 50.000 y los pueblos de València capital, lo que antes se conocía como pedanías.

Entre los criterios de reparto de estas ayudas, Altur ha explicado que “el 34% se concede por el valor marginal, o lo que es lo mismo la mera existencia como municipio, el 30% en función de la población, el 10% según la superficie y otro tanto en función del número de parados registrado, y otros parámetros como el coste de los servicios, la existencia de núcleos históricos o la adhesión al Pacto de Alcaldías, que mide la implicación de cada municipio con el medio ambiente”.

En cuanto al tipo de actuaciones que contempla este IFS, el diputado de Cooperación ha señalado que “los ayuntamientos tienen prácticamente libertad absoluta para decidir en qué obras se invierte el dinero”. Este catálogo de obras y servicios incluye desde la mejora de redes de abastecimiento de agua y alcantarillado hasta la renovación de instalaciones deportivas, pasando por recogida y tratamiento de residuos, energía, iluminación pública, gestión del conocimiento, promoción turística, comercio, parques y jardines, ordenación del tráfico, equipamientos culturales, carreteras y caminos, protección del patrimonio e intervención en colegios de Infantil y Primaria.

También en el pleno de este martes se ha aprobado el listado de proyectos del plan de Servicios y Obras Municipales (SOM) para 2018 y 2019, que los ayuntamientos podrán ejecutar antes de finalizar el próximo año. Este SOM bianual dejará algo más de 70 millones de euros en los municipios valencianos, que seguirán mejorando sus espacios públicos y los servicios que prestan a sus vecinas y vecinos con los fondos provinciales. Antes, en la Junta de Gobirno, salió adelante también el Plan de Apoyo Económico a las Mancomunidades (PMAN), con una dotación cercana a los 500.000 euros.

Tras la puesta en marcha de los proyectos destinados a acabar con la infrafinanciación de las pequeñas poblaciones, es el turno de mancomunidades y grandes ciudades. La Diputación de Valencia ha presentado este lunes el Plan de apoyo económico a las Mancomunidades (PMAN) y el de Servicios y Obras Municipales para municipios de más de 50.000 habitantes (SOM+), una inyección de 2,5 millones de euros que se aprobará este martes en sesión plenaria.

De acuerdo con este nuevo SOM para grandes municipios, Gandia percibirá una partida de 390.000 euros, Torrent recibirá 421.000 euros, Paterna se beneficiará de 354.000 euros y Sagunt de 336.000 euros. Estas partidas se destinarán a inversiones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia recibe un importe de 500.000 euros, que serán destinados a las diferentes pedanías y que, en palabras de Altur, “han sido desatendidas en el pasado”.

Asegurar los servicios de las mancomunidades

Además, se ha querido incidir en su sensibilidad hacia las comarcas de la provinciaa, con una asignación adicional a las mancomunidades.

El diputado de Comarcalización, Voro Femenía, ha recordado que en el pasado no existía un área dedicada a las mancomunidades, “una entidad supramunicipal con una fuerte influencia en las comarcas”. “Las ayudas van dirigidas a su gasto corriente, en una apuesta firme de la Diputación para reforzar el territorio de la provincia”, ha añadido.

De esta forma, el Plan de Mancomunidades pretende hacer frente a la despoblación y consolidar los cascos urbanos de las zonas rurales, así como “asegurar el acceso de toda la población al conjunto de servicios mínimos y mejorar sus condiciones de vida”.

Algunos de los proyectos aprobados consistirán en la mejora y adecuación de zonas urbanas, el asfaltado de calles, la adquisición de mobiliario urbano, la rehabilitación de las instalaciones deportivas y la renovación del alumbrado eléctrico y la red de abastecimiento de agua potable, entre otras actuaciones.

Criterios objetivos

“Estos planes son ejemplos de nuestra manera de gobernar la Diputación siguiendo criterios objetivos, como lo demuestra el hecho de pasar de 23 millones en 2014 de ayudas regladas para inversiones, con el PP, a los 84 del 2017”, ha resumido la vicepresidenta Maria Josep Amigó. Al igual que en partidas anteriores, se mantienen los criterios objetivos de asignación de las ayudas según la cantidad de habitantes y la superficie del término municipal.

En este sentido, la vicepresidenta ha incidido en la autonomía de los alcaldes a la hora de decidir el uso que hacen de los recursos, y en el cambio del modelo de asignar las ayudas. “Con el gobierno del PP, se repartieron un total de 34,4 millones de euros en ayudas discrecionales a los municipios, es decir, a dedo. A lo largo de esta legislatura, esta cifra se verá reducida en el presupuesto de 2018 a 2 millones, que se destinarán a cuestiones de urgencia o excepcionales”, ha manifestado.

Por otro lado, Amigó ha destacado las inversiones regladas en los municipios, “necesarias para acabar con el clientelismo y los favoritismos”, que la Corporación provincial ha triplicado desde 2014 –con un total de 23,6 millones de euros–. Este año, a través del SOM, el Plan de Infraestructuras Financieramente Sostenibles, el Plan de Caminos y el Fondo de Cooperación, todos ellos planes con criterios públicos y objetivos, se han repartido 83,9 millones de euros.

En una línea muy similar se ha expresado el diputado del área de Cooperación Municipal, Emili Altur, quien ha señalado el impacto de ciudades como Gandia y Torrent en la configuración de la provincia. Por eso, según ha afirmado, “en esta legislatura hemos querido que las grandes ciudades no se queden sin ayudas, además de los pueblos más pequeños de Valencia”.

La Diputación de València ha modificado el Plan Provincial de Obras y Servicios (PPOS), tanto en la estructura de su modelo como en su denominación para pasar a denominarse Servicios y Obras Municipales (SOM). Este año se contará con una dotación de 34 millones de euros, considerándose por el gobierno de la institución provincial como “la mayor inyección económica para todos los pueblos de las comarcas valencianas”.

El nuevo plan se presenta con varios cambios: la simplificación del procedimiento, nuevos criterios de adjudicación como la tasa de de paro y la promoción de la sostenibilidad, y una mayor agilidad en los trámites.

El presidente de la corporación, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, y el diputado de Cooperación Municipal, Emili Altur, han presentado el plan que destinará 33 millones de euros para los ayuntamientos y un millón de euros para las mancomunidades. Además, se aportará un millón de euros adicional destinado al pago de los honorarios de la redacción proyectes.

“El nuevo plan refleja el trabajo muy hecho por la Diputación, en su máxima para dotar de recursos a los municipios y reconocer su mayoría de edad”, ha iniciado su intervención el presidente de la corporación. Además del cambio de nombre, Rodríguez ha añadido que el nuevo SOM atiende a criterios sociales como la tasa de paro y la promoción de la sostenibilidad con el Pacto de Alcaldías.

Por su parte, Amigó ha recalcado que “queremos compensar la infrafinanciación de los valencianos, que muchas veces se ven en situaciones complicadas”, ha señalado. Para esto, la Diputación “hace un esfuerzo muy grande para mantener la autonomía financiera de nuestros pueblos, porque quienes mejor que nuestros alcaldes para conocer necesidades de su municipio”.

Entre los cambios se destaca la supresión del requisito de un acuerdo plenario en el ayuntamiento o mancomunidad, medida que evitará aproximadamente un mes de demora a la hora de justificar las ayudas. Así mismo, la Diputación mantiene un único plazo para justificar la ejecución de las ayudas, lo cual evitará las prórrogas en las adjudicaciones. “Años atrás teníamos prórrogas de 7 y 8 años, y esto no se puede asumir. Una prórroga tiene que ser suficiente para adecuarse a la realidad del momento”, ha señalado Altur.

El presidente de la Diputación ha explicado que se han ampliado los plazos para impulsar la participación ciudadana, “reivindicaciones que nos hacían tanto los ayuntamientos como los ciudadanos”, ha señalado. Las instituciones públicas tendrán hasta el 16 de junio para presentar los proyectos.

La Diputació de València ha modificat el Pla Provincial d'Obres i Serveis (PPOS), tant en l'estructura del seu model com en la seua denominació per passar a anomenar-se Serveis i Obres Municipals (SOM). Enguany es comptarà amb una dotació de 34 milions d'euros, considerant-se pel govern de la institució provincial com “la major injecció econòmica per a tots els pobles de les comarques valencianes”.

El nou pla es presenta amb diversos canvis: la simplificació del procediment, nous criteris d'adjudicació com la taxa de d’atur i la promoció de la sostenibilitat, i una major agilitat en els tràmits.

El president de la corporació, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, i el diputat de Cooperació Municipal, Emili Altur, han presentat el pla que destinarà 33 milions d'euros per als ajuntaments i un milió d'euros per a les mancomunitats. A més, s'aportarà un milió d'euros addicional destinat al pagament dels honoraris de la redacció projectes.

“El nou pla reflecteix el treball ben fet per la Diputació, en la seua màxima per dotar de recursos als municipis i reconèixer la seua majoria d'edat”, ha iniciat la seua intervenció el president de la corporació. A més del canvi de nom, Rodríguez ha afegit que el nou SOM atén a criteris socials com la taxa d'atur i la promoció de la sostenibilitat amb el Pacte d'Alcaldies.

Per la seua banda, Amigó ha recalcat que “volem compensar el infrafinançament dels valencians, que moltes vegades es veuen en situacions complicades”, ha assenyalat. Per a açò, la Diputació “fa un esforç molt gran per a mantenir l'autonomia financera dels nostres pobles, perquè qui millor que els nostres alcaldes per a conèixer necessitats del seu municipi”.

Entre els canvis es destaca la supressió del requisit d'un acord plenari en l'ajuntament o mancomunitat, mesura que evitarà aproximadament un mes de demora a l'hora de justificar les ajudes. Així mateix, la Diputació manté un únic termini per a justificar l'execució de les ajudes, la qual cosa evitarà les pròrrogues en les adjudicacions. “Anys arrere teníem pròrrogues de 7 i 8 anys, i açò no es pot assumir. Una pròrroga ha de ser suficient per a adequar-se a la realitat del moment”, ha assenyalat Altur.

El president de la Diputació ha explicat que s'han ampliat els terminis per a impulsar la participació ciutadana, “reivindicacions que ens feien tant els ajuntaments com els ciutadans”, ha assenyalat. Les institucions públiques tindran fins al 16 de juny per a presentar els projectes.

El vicepresidente tercero de la Diputación de Valencia, Emili Altur (Compromís), cree que las posibles dudas sobre la supuesta contratación encubierta de asesores políticos en Imelsa han quedado “absolutamente resueltas” tras su declaración este miércoles ante los agentes de la UCO de la Guardia Civil.

Altur había sido citado en la Comandancia de Valencia para prestar declaración en calidad de investigado por la supuesta contratación, por parte de la empresa pública Imelsa, de personal que realmente trabajó para los grupos políticos.

Tras declarar durante alrededor de una hora, el diputado provincial de Compromís ha explicado a los periodistas que los agentes le han preguntado “de todo un poco”, aunque especialmente sobre el asunto de los asesores.

No ha sido objeto del interrogatorio, según ha explicado, el posible amaño de contratos en el seno de la Diputación, que dio origen a las primeras pesquisas del conocido como caso Imelsa.

La citación de varios de los diputados y asesores que la pasada legislatura estuvieron en la oposición como investigados trata de dilucidar si el personal supuestamente contratado de forma irregular trabajó para Imelsa o para los partidos políticos, lo cual podría ser constitutivo de un delito de malversación.

En opinión de Altur, con su declaración han quedado “absolutamente resueltas” las posibles dudas sobre la legalidad de esos contratos. “Hemos aportado contratos de trabajo y correos electrónicos que acreditan que esas personas están trabajando, en este caso conmigo”, ha agregado.

No ha sido remitido al juez

Al igual que sucedió ayer tras las declaraciones de la vicepresidenta cuarta de la Diputación y denunciante del caso Imelsa, Rosa Pérez Garijo (EU), o el exvicepresidente José Manuel Orengo (PSPV), Emili Altur tampoco ha sido remitido al juez para que declare.

“Me han hecho preguntas bastante normales y tranquilizadoras, porque no hay nada que ocultar, los agentes querían comprender determinados mecanismos de la empresa pública y la Diputación”, ha agregado Altur, quien ha afirmado que abandonaba el cuartel “en la misma calidad en la que he entrado, en ninguna, porque simplemente querían cotejar información”.

Ha reconocido que su citación como investigado le sorprendió: “tanto Rosa Pérez, que fue la denunciante, como yo, presidente de la comisión de investigación (de Imelsa) nos quedamos perplejos, pero ahora estoy tremendamente tranquilo y cómodo”.

Pérez Garijo y Orengo

La impresión de Altur tras declarar coincide con la expresada ayer por la vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valencia y denunciante del conocido como caso Imelsa, Rosa Pérez Garijo (de Esquerra Unida), quien consideró que tras su entrevista con los agentes de la UCO “no hay duda alguna” respecto a su actuación como consejera de Imelsa.

Preguntada si creía que con su declaración se despejaron las posibles dudas sobre la contratación de los asesores, respondió: “Respecto a mi actuación, no hay duda alguna”.

En este mismo sentido se pronunció el exvicepresidente socialista de la corporación provincial José Manuel Orengo, quien afirmó tener la “completa seguridad de que -este proceso- acabará bien para mí y el conjunto de miembros de la oposición”.

Durante el anterior mandato de la Diputación, los miembros del consejo de administración de Imelsa, del que formaban parte Pérez Garijo y Altur, entre otros, habrían firmado un documento certificando que los asesores cuyo contrato se había cuestionado trabajaban para ellos, unos certificados que la UCO solicitó a la Diputación y que obran en poder de los investigadores.

De esta forma, las gestiones de la Guardia Civil habrían dado un paso más al investigar la contratación encubierta de personal en Imelsa, además de supuestas comisiones ilegales en contratos de la Diputación y el Ayuntamiento y el posible blanqueo de 50.000 euros en el seno del PP de Valencia.

Este jueves se conocía que la Guardia Civil ha citado a declarar en condición de investigados en el contexto del caso Imelsa a diferentes representantes de PSPV, Compromís y Esquerra Unida en la Diputación de Valencia, entre ellos José Manuel Orengo, Raúl Pardos, Emili Altur o Rosa Pérez Garijo, la diputada de EU que denunció las irregularidades en la empresa pública de la institución provincial.

Según informa Europa Press, estas citaciones están relacionadas con presuntas actividades de tráfico influencias en relación a los cargos que ocupaban en el consejo de administración de Imelsa. De igual modo, el secretario de la sección sindical de UGT en la sociedad pública también tendrá que acudir a declarar ante la Guardia Civil pese a que no formaba parte del consejo de administración.

Así, han sido citados para tomarles declaración en sede judicial, aunque no necesariamente tendrían que pasar después a disposición judicial según informan fuentes de la investigación, que han apuntado que la Guardia Civil decide investigarles a raíz del material y la documentación analizada.

A raíz de las citaciones, PSPV y Compromís han decidido apartar temporalmente a sus cargos investigados por la Guardia Civil a la espera de que se aclaren las eventuales imputaciones judiciales. En este sentido, la ejecutiva valencianista ha aceptado este mismo jueves las renuncias de Emili Altur i Emili Mira, implicados en la investigación policial.

La Comisión Ejecutiva de Compromís ha aceptado la propuesta presentada por el diputado provincial, Emili Altur, de apartarse de forma cautelar de todos sus cargos institucionales hasta que se esclarezcan su situación como investigado. Esta suspensión cautelar será revisada después de que el juez se pronuncio sobre su investigación.

Altur ha sido llamado a declarar el próximo miércoles después de haber recibido una llamada telefónica por parte de la Guardia Civil, a través de la cuál se le ha informado qué tiene que acudir acompañado de un abogado.

En cuanto a Emili Mira, el dirigente de Compromís todavía no ha recibido ninguna notificación por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), ni de ninguno otro organismo, para declarar en calidad de investigado. A pesar de ello, y debido a las informaciones publicadas que informan de su investigación por este caso, Emili Mira ha decidido apartarse cautelarmente de sus cargos como Secretario de Organización en Compromís e Iniciativa del Poble Valencià, así como a miembro de la comisión negociadora en Madrid, hasta que todo quede clarificado.

Mira toma esta decisión para no interferir en el funcionamiento orgánico de la formación política. Esta medida también ha sido aceptada por la Comisión Ejecutiva.

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha expresado su “sorpresa e indignación” y la del resto de su equipo de gobierno -conformado por PSPV, Compromís y EU-, ante las citaciones en calidad de investigados por parte de la UCO de la Guardia Civil en el marco del caso Imelsa.

Al tiempo, ha manifestado su “plena confianza” en su equipo, aunque ha señalado que atenderá a “lo que digan los partidos políticos correspondientes sobre el futuro de sus representantes” en la corporación provincial. El PSPV y Compromís han anunciado que apartarán a sus cargos investigados en el caso Imelsa.

En esta línea, ha apuntado que tanto el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, como la vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mònica Oltra, “han mostrado su voluntad de que pongan sus cargos a disposición del partido”.

En todo caso, Rodríguez -que ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa junto a la vicepresidenta de la Diputación, Maria Josep Amigó; y dos diputados citados como investigados, Rosa Pérez Garijo (EU) y Emili Altur (Compromís)- ha precisado que si se decide a suspensión “sería una separación temporal” de las responsabilidades en la Diputación “mientras se aclaran las cosas”, siempre que los partidos lo pidan.

“Hay que dar la cara cuando uno esta tranquilo, confía en el equipo que lo acompaña en un viaje, que es mi caso; hay que salir a dar la cara desde la serenidad y tranquilidad”.

“Perplejidad y asombro”

Altur ha anunciado que va a poner su cargo a disposición de Compromís, al tiempo que expresaba su “perplejidad y asombro” por la decisión de la Guardia Civil de investigarle en el contexto del caso Imelsa, al tiempo que aseguraba estar “boquiabierto” por su citación mientras hay diputados del PP “con cargo ejecutivo” en la pasada legislatura que ocupaban responsabilidades de gobierno que no han sido citados a declarar.

Rosa Pérez, por su parte, ha descartado abandonar sus competencias en la corporación provincial, así como ha expresado su “indignación, rabia e impotencia” por la citación después de estar cuatro años “luchando” contra la trama judicial, denunciándolo judicialmente.

PSPV-PSOE y Compromís han anunciado que todos sus cargos investigados por el caso Imelsa dejarán provisionalmente sus responsabilidades institucionales y políticas a la espera de que se aclaren las eventuales imputaciones que el juez, la Fiscalía o la Guardia Civil presenten contra ellos.

Tanto Ximo Puig, presidente de la Generalitat y secetario general del PSPV, como Mónica Oltra, vicepresidenta y líder de Compromís, han anunciado que sus partidos irán más lejos si las acusaciones se concretan y guardan relación con prácticas corruptas y no con irregularidades administrativas. En ese caso, ambos partidos irían más lejos: forzarían la dimisión definitiva de los imputados de todos sus cargos y la entrega de sus actas, el abandono de sus cargos como diputado provincial, alcalde o concejal.

Tres vicepresidentes de la Diputación; Toni Gaspar, del PSPV; Emili Altur, de Compromís; y Rosa Pérez, de EU, el secretario de política institucional del PSPV, José Manuel Orengo; el exdiputado y alcalde de Gestalgar, Raúl Pardos, también del PSPV, o Emili Mira, secretario de organización de Iniciativa, el partido de Oltra, han sido llamados a declarar en calidad de investigados por la Guardia Civil.

Según fuentes de PSPV y Compromís, sus cargos salpicados por el asunto ya han comunicado la renuncia voluntaria a sus responsabilidades. Por su parte, Pérez, de EU, que denunció en su día ante la Fiscalía el caso Imelsa, no ha ocultado su indignación: “Se trata de una maniobra incomprensible. No tiene sentido que mientras falte gente imputada por pasar a declarar se me cite”. No piensa abandonar sus cargos.

La Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado ha abierto diligencias por supuestas irregularidades en la contratación de personal, el plan de la Diputación para suministrar bombillas LED a los municipios y adjudicaciones hechas, principalmente, a través de Imelsa, la empresa de la corporación provincial que está en el epicentro de la Operación Taula.

Contundencia contra la corrupción

Puig, en las Corts Valencianes, ha insistido en que su partido y su gobierno serán “contundentes” contra la corrupción. La líder del PP, Isabel Bonig, ha aprovechado la ocasión, pese a que su cúpula en Valencia está imputado por blanqueo de capitales, para atacar a las fuerzas de izquierda: “Quién esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.

Antonio Montiel, líder de Podemos, soporte parlamentario del gobierno PSPV-Compromís de la Generalitat, ha calificado de correcta la reacción de ambos partidos. Y ha aprovechado para criticar la opacidad de las diputaciones, “instituciones decimonónicas” con mucho dinero para invertir y repartir.

Alexís Mari, portavoz parlamentario de Ciudadanos, asegura que su partido será “implacable contra la corrupción venga del partido que venga”. “Volvemos a la sospecha, pero giramos la cara hacia la izquierda”, ha añadido Marí.

Després de les detencions inicials de càrrecs del PP, entre els quals hi havia l’expresident de la Diputació de València, Alfonso Rus, i la desfilada per dependències judicials i pel jutjat de desenes de regidors i assessors del PP a l’Ajuntament de València, la investigació de la trama de corrupció organitzada al voltant de l’empresa pública provincial Imelsa esguita els representants dels partits d’esquerra en el seu consell d’administració.

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha citat a declarar com a investigats (antiga condició d’imputats en la llei) els qui van ser vicepresidents d’Imelsa, l’actual vicepresident segon de la Diputació i alcalde de Faura, el socialista Toni Gaspar; el vicepresident tercer, Emili Altur, de Compromís, i la vicepresidenta quarta, Rosa Pérez Garijo, que va ser precisament qui va presentar la denúncia davant de la Fiscalia Anticorrupció que ha portat a desmuntar la trama de corrupció gràcies a les gravacions del que va ser gerent d’Imelsa, Marcos Benavent.

També declararan com a imputats l’exdiputat provincial socialista, Raúl Pardos, i Emili Mira, de Compromís, així com també José Manuel Orengo, número tres del PSPV-PSOE com a secretari de Política Iinstitucional en l’executiva que presideix Ximo Puig. Orengo va deixar fa només uns quants dies el seu lloc com a cap de gabinet del president de la Diputació de València, el socialista Jorge Rodríguez, que encapçala un equip de coalició amb Compromís, amb el suport d’Esquerra Unida i de València en Comú.

Encara que la Guàrdia Civil no ha concretat la naturalesa de les imputacions, fonts de diversos partits apunten que tindrien relació amb adjudicacions i contractacions, per mitjà de plans d’ocupació i d’altres, fetes des d’Imelsa.

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta Maria Josep Amigó, y el diputado de Cooperación Municipal, Emili Altur, han presentado este jueves el balance del Plan de Inversiones Sostenibles que se ha llevado a cabo con el remanente existente en la Diputación tras la toma de posesión del nuevo gobierno.

“Teníamos que decidir entre dos posibilidades, que esos millones fueran para amortizar deuda en los bancos o que fuera para las personas, y decidimos distribuirlo con un criterio objetivo”, ha manifestado Jorge Rodríguez, al tiempo que ha agradecido que “el esfuerzo realizado desde el Área de Cooperación Municipal y por los alcaldes, muchos de ellos recién llegados a sus alcaldías, que han tenido que ejecutar en tiempo record la inversión”.

El presidente Rodríguez ha puesto de manifiesto que uno de los criterios de partida era el poblacional y el otro el de la autonomía local, ya que “los ayuntamientos son mayores de edad y los alcaldes son los que tienen más capacidad saber cuáles son las prioridades en las que invertir en sus municipios”, así que “el reto era la lucha contra el tiempo” ha añadido el presidente.

Tanto Rodríguez como Amigó han hecho hincapié en que este plan no ha estado destinado a realizar obras sino para mejorar la calidad de vida de las personas y generar empleo.

Maria Josep Amigó ha dicho que “la importancia de este proyecto era rescatar personas y el objetivo de la Diputación es dejar de ser noticia por las cosas malas y serlo por el trabajo que hacemos con los ayuntamientos”.

Amigó ha destacado que el remanente que encontró la nueva Diputación era debido a la mala gestión del Partido Popular que debía haber invertido en los municipios y si hubiera hecho lo que se debe no habría sobrado dinero.

Balance del Plan Sostenible en cifras

Los datos presentados por el diputado Altur reflejan que la inversión total ha sido de 69.082.103 euros distribuidos en 266 entidades locales en las que se han realizado 1.700 actuaciones y se han creado más de 2.400 puestos de trabajo.

El balance presenta que las actuaciones más necesarias y, por tanto, en las que los alcaldes han considerado aplicar el presupuesto tras adherirse al Programa Provincial, han sido la reurbanización de calles , a lo que se ha destinado 17.346.193,49 –en la totalidad de municipios adheridos-, equipamiento deportivo (8.719.504,61 euros), pavimentación y asfaltado de calles ( 6.424.157,06 euros) y otros equipamientos (5.892.071,78 ), agua y saneamiento (5.732.997,85 euros), zonas verdes (5.466.495,33 ), equipamiento cultural (3.419.097,00 ), mejora de carreteras y caminos (2.958.062,68 euros), alumbrado (2.792.911,40 euros), redacción de proyectos y direcciones de obra (2.366.231,05 euros), equipamiento administrativo- institucional (2.344.010,63), equipamiento social (2.267.717,98), equipamiento educativo (1.773.056,91) e informática y modernización (1.579.596,18), lo que totaliza una inversión global en los pueblos valencianos de 69.082.103, 95 de euros.

El eurodiputado de Compromís y miembro del Bloc, Jordi Sebastià, ha impulsado, junto a otros compañeros de la formación, el manifiesto 'Amb tu, #MésCompromís', en el que reclaman “caminar hacia un Compromís confluente donde ninguna persona se vuelva a sentir desilusionada y apartada como ha pasado durante las últimas semanas” y reclaman un Congreso Constituyente, así como más democracia participativa.

El propio Sebastià presentaba este lunes a través de su perfil de Facebook el manifiesto recordando que “los últimos días han sido muy agitados y nuestra organización ha puesto en evidencia sus debilidades y carencias. No estamos haciendo bien las cosas porque las personas, que somos Compromís, no podemos decidir directamente cosas importantes como lo era la forma de concurrir a las elecciones generales”.

Por ello, continuaba, han decidido impulsar un manifiesto con una idea clara: “Más Compromís, queremos el Compromís de las personas, hay que avanzar hacia una organización unitaria donde todos y todas contemos lo mismo y donde la democracia sea radical. Eso es lo que la sociedad valenciana espera de nosotros y lo que queremos”.

En el manifiesto se aboga por una coalición “más fuerte, más unida, más plural y más democrática” en la que las bases sean las protagonistas del presente y del futuro, y asegura que tras los buenos resultados cosechados en las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo “Compromís ha dejado de ser un movimiento exclusivo de las cúpulas de unos determinados partidos o de la coalición para pasar a ser el movimiento y la ilusión de miles de valencianos”.

Participación activa y primarias reales y abiertas

“Queremos un Compromís con la participación activa de la ciudadanía, con primarias reales y abiertas a toda la ciudadanía en todas las elecciones a las que nos presentemos, con referéndums para decidir, sin excepciones, sin excusas”, agrega el texto. Así, los firmantes recalcan que “sin la militancia el futuro de Compromís no tiene futuro.

Además, manifiestan su “descontento” sobre “cómo se han hecho muchas cosas hasta ahora, especialmente en la configuración de la coalición para el 20-D” e insisten: “Ese debe ser el nuestro pasado, nuestro presente y futuro ha de cambiar radicalmente”.

Así, defienden una formación en la que la palabra y el diálogo sean el camino, en la que “nadie imponga nada a nadie”, “donde las minorías tengan presencia y representación y donde la mayoría sea respetada, sin chantajes”.

“Compromís ya no se hace en ningún despacho, no es de ninguna Ejecutiva, Compromís se ha de configurar como la gran herramienta real de ilusión colectiva que mueva a los valencianos y construya el País Valencià de todos”, agrega.

Entre los firmantes figuran, además de Sebastià, los diputados en las Corts Mònica Álvaro, Jordi Juan, Teresa García y Víctor García, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Consol Castillo, el alcalde de Sagunto y vicepresidente de la FVMP, Quico Fernández, el músico y portavoz de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, o el diputado de Compromís en la Diputación de Valencia Emili Altur.

Emili Altur, portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia, ha anunciado que renuncia a la presidencia de la Comisión de Investigación sobre el caso Imelsa después de la sesión celebrada este martes en la que el PP ha “vetado” la comparecencia del presidente de la corporación provincial, Alfonso Rus, y del diputado de Hacienda, Máximo Caturla, hasta después de las eleciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo.

Altur ha recordado que la comparecencia “era obligada después que su partido le suspendiera de militancia, dando por buenos los indicios sobre su implicación”, al tiempo que añadía que la presencia de los técnicos “es poner el punto de mira en un lugar equivocado”, ya que consideran que aquí “se habla de corrupción y de financiación ilegal. Lo sabe todo el mundo”.

El diputado provincial de Compromís, que este miércoles presentará su dimisión por registro de entrada, ha expresado su decepción con el PP, que inicialmente aceptó las comparecencias de Rus y Caturla, “han convertido la comisión en una pantomima y Compromís no colaborará en su juego. Están burlándose de la ciudadanía cuando ya sabemos qué ha pasado”.

Apoyo de Morera

Altur ha explicado que cuenta con todo el apoyo de su partido, “el máximo responsable de esta situación es el president de la Generalitat y del PP, Alberto Fabra, que anunció la suspensión de militancia de Rus, pero no ha hecho nada para impedir que se presente como cabeza de lista del PP en Xàtiva o que pase al grupo de no adscritos en la Diputación y el Ayuntamiento, ha sido incapaz de dar el paso de forma decidido”.

El portavoz de Compromís en la institución provincial ha lamentado que el PP intenta lavar su imagen pública “haciendo un gesto de cara a la galería sin ningún tipo de repercusión jurídica ni política”, al tiempo que añadía que a los valencianos “les gustaría saber si Alberto Fabra era sabedor de todo esto antes de que esplotara la trama y la documentación y grabaciones que se han publicado en los últimos días los últimos días”.

Decisión “lógica y necesaria”

El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha calificado la decisión de Altur de necesaria y lógica, “si el PP quiere impedir que Rus dé explicacionnes antes de las elecciones está estafando a la ciudadanía, una vez más. Que no cuente con nosotros”, ya que el presidente “no defiende el interés público. Desde hace tiempo conoce las denuncias y sólo ha actuado cuando han salido las conversaciones”.