La batalla del PP por vetar los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante (UA) se remonta a 1996, cuando el entonces president Eduardo Zaplana entregó la formación de los galenos a la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, el gran proyecto del PP para contrarrestar a la UA. Este lunes, casi tres décadas después, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha dictado una sentencia que empieza a poner fin a la batalla por la Facultad de Medicina de la UA. El fallo de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal autonómico no se ahorra recados a la Abogacía de la Generalitat, controlada por el actual president Carlos Mazón, a cuenta de su decisión de retirar su personación en el marco del recurso de la UMH de Elche contra el decreto de 2022 del anterior Consell del Pacte del Botànic, presidido por el socialista Ximo Puig, que autorizaba los estudios de Medicina en la UA. Mazón seguía así la senda de su mentor político, recientemente condenado a más de una década de cárcel por corrupción, en la guerra contra el grado de Medicina en Alicante. Y la última fase de la contienda supone un severo varapalo para los populares.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Miguel Ángel Narváez Bermejo, llega a afirmar que el informe de los servicios jurídicos de la Generalitat que justificaba su allanamiento (el término jurídico que alude a la retirada de una parte en un procedimiento contencioso) tiene “escasa razón”. Así, el TSJ-CV “no comparte ni los razonamientos ni las conclusiones de tal dictamen”. El propio informe de la Abogacía de la Generalitat reconocía que “carece de elementos de juicio suficientes” y estaba armado con “simples conjeturas”, recuerda la sentencia.

La UMH de Elche recurrió el decreto del Pacte del Botànic alegando una serie de supuestos vicios de nulidad, tales como la ausencia de un informe preceptivo y vinculante sobre la necesidad y viabilidad del título; del análisis del impacto económico de la autorización de la implantación de los estudios; la “insuficiente e incorrecta” acreditación de la disponibilidad de centros e instituciones sanitarias para la formación práctica de los alumnos y de la motivación de la “necesidad y/o procedencia” de la implantación de un nuevo grado de Medicina en la UA, entre otros argumentos jurídicos. 

Una larga lista de alegaciones que la sentencia, que no es firme, desmonta de plano. Y es que el Consell de Ximo Puig y la UA contaban con “todos” los informes preceptivos favorables para ofrecer el grado de Medicina en Alicante. Empezando por el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), con la “constancia inequívoca” de que la propuesta de título cumplía con la normativa.

El fallo repasa los convenios suscritos por la UA con la Conselleria de Sanitat y con centros sanitarios de la provincia de Alicante. Sin embargo, el informe de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) de 2019 es el que analiza en mayor profundidad el trasfondo de la batalla entre los Gobiernos del PP y la UA a cuenta de los estudios de Medicina: el beneficio indisimulado para las universidades privadas al limitar el grado a la UHM de Elche.

La AVAP reseñaba en su informe —profusamente reproducido en la sentencia— que la oferta prevista del grado de Medicina en la UA era inferior a la de la UMH de Elche. El mapa de los estudios de Medicina resulta especialmente llamativo: en la provincia de València hay cuatro facultades de Medicina (tres privadas y solo una pública), con una oferta total de 560 plazas por curso, según los datos de la AVAP de 2019. En la Universitat de València, la lista de espera superaba los 3.000 estudiantes. En la provincia de Murcia, limítrofe con Alicante, una de las facultades es pública (con 200 plazas) y otra privada (90 plazas).

Más de 1.000 estudiantes sin plaza en la pública

La UA ofrece 75 plazas por curso mientras que la UHM de Elche mantiene su oferta de 130 plazas. La ratio de estudiantes de Medicina de nuevo ingreso en universidad pública por población es de una plaza por cada 8.200 habitantes. Y en la provincia de Alicante la ratio se dispara a una plaza por cada 14.200 habitantes, lo cual “al menos en parte” justificaría, según la AVAP, la implantación del título en la UA. Además, en Alicante, con un único título en la UMH de Elche, la lista de espera de solicitantes de una plaza en Medicina que se quedaban sin posibilidad de acceso era superior al millar de estudiantes.

Además, el territorio valenciano contaba con una de las ratios de médicos especialistas por cada 100.000 habitantes más baja de toda España (con 5,27 frente a la nacional de 5,66). Tras la pandemia de la Covid-19, “existen sobradas razones de oportunidad y necesidad social que reiteran en los últimos años la necesidad de dotar de más profesionales al sistema público sanitario y, por ende, requieren de la ampliación de la oferta de plazas en los estudios de grado de Medicina”, afirmaba el informe de la AVAP. 

Por otro lado, la Conferencia General de Política Universitaria, en su reunión del 22 de diciembre de 2021, también destacó la “existencia de una fuerte demanda social” para aumentar la oferta de plazas del grado de Medicina, “conforme a una adecuada distribución autonómica y estatal”.

La AVAP presentó en 2019 un informe favorable al título de Medicina en la UA, al concluir que la oferta de plazas en relación con la demanda del entorno socioeconómico era “adecuada”, así como el personal docente previsto. La relación entre la demanda y el número de plazas ofertadas en las universidades públicas valencianas en idénticas titulaciones y similares era “proporcionada” y la tasa de graduación prevista era “correcta”. Finalmente, los recursos de la UA para favorecer la empleabilidad de los futuros egresados eran “adecuados”. Por otro lado, la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud dictó en 2022 su informe definitivo favorable.

“Todos” los informes favorables a la UA

En definitiva, “todos” los informes “aluden a la suficiencia de recursos y a la ausencia de incremento de gasto que suponga la autorización de la nueva titulación de Medicina”. No aumentan los costes para la UA: “la mayoría del profesorado ya presta sus servicios en otras facultades de la Universidad como la de Ciencias de la Salud”, recuerda la sentencia.

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ-CV concluye que la nueva Facultad de Medicina de la UA, defendida en este procedimiento por el letrado José María Baño, “cumplía” con todos los requisitos “imprescindibles” de calidad, profesorado, infraestructuras, planes de docencia, recursos económicos, medios y hospitales donde llevar a cabo las prácticas de los estudiantes.

Para “cerrar el círculo de todas las razones y argumentaciones favorables” a la validez del decreto, remacha la sentencia, “como botón de muestra del éxito de la nueva titulación”, los magistrados del TSJ-CV aluden a la “elevada demanda” de los estudios de Medicina en la UA “como segunda titulación más solicitada de la Comunidad Valenciana” que, además, “no ha supuesto un descenso” en la matriculación en la UHM de Elche, al “ocuparse todas sus plazas ofertadas y no quedar libres o vacantes sin cubrir”, siendo la nota de corte de ambas facultades “altísima”.

En Orihuela, tu pueblo y el mío. Quién lo diría. Ha sido penoso el espectáculo de su Consistorio haciendo contorsionismos para acomodar la muerte de Miguel Hernández a los márgenes que ofrecen unos supuestos cálculos electorales. Y la Generalitat valenciana no le ha ido a la zaga. Aunque ha hecho el intento de desmarcarse, tampoco ha honrado la memoria del poeta. No se puede pedir reparación si se oculta que fue perseguido por defender a la Segunda República y condenado por tribunales militares sin ningún rigor jurídico.

En Valencia, como en otros lugares en los que se ha impuesto la lógica fascista, se ha optado por una ignominiosa Ley de Concordia, en la que no se condena a la dictadura franquista y se sustituye el mapa de fosas por una vaga alusión a las personas “desaparecidas”. Expresiones eufemísticas con las que se pretende borrar a las víctimas, eliminar sus huellas y despersonalizarlas. Un marco que acalla conciencias y que solo puede tranquilizar a los victimarios.

Hoy no hay ninguna duda de que los crímenes cometidos por el franquismo son crímenes de lesa humanidad que, por su propia naturaleza, son imprescriptibles, y eso afecta también a las sentencias judiciales, que no son otra cosa que normas particulares. La ley de memoria vigente en España se sitúa ya en esta línea, de manera que no deberíamos depender de la sensibilidad de según qué cargos públicos para anular esos juicios y sus consecuencias (pseudo)jurídicas. 

Parece que el derecho a la memoria y el deber de recordar no acaba de cuajar en este país. Hay una resistencia sólida y rocosa de la que Vox solo es un síntoma. Miedo congénito, indiferencia o relativismo que ha propiciado la apología del olvido, la amnesia social, las equidistancias, los encubrimientos y las diversas formas de “revisionismo” y “negacionismo” mediante las que se han justificado y negado el sinfín de atrocidades que hemos sufrido.

Reconstruir los hechos a partir de interpretaciones forzadas o medias verdades es, además, una forma de revictimización orientada a romper los lazos de las víctimas con su propia comunidad, debilitar la empatía que la gente pudiera sentir por ellas, desvirtuar su reclamo y desactivar su impacto social. Uno podría pensar que pretender algo semejante con la figura de Miguel Hernández es de una torpeza inaudita, pero se trata de demostrar que, si puede hacerse con alguien de fama mundial, de quien toda una nación se siente orgullosa, puede hacerse con miles de personas anónimas mucho más impunemente.

Hace unos meses, el Tribunal Supremo rechazó el “derecho al olvido” de Antonio Luis Baena Tocón, el secretario judicial que firmó la pena de muerte de Miguel Hernández, al concluir que debía primar el derecho a la libertad de información, expresión e investigación histórica. No existe el derecho al olvido por la sencilla razón de que es incompatible con el derecho a la verdad y el de la verdad es un derecho colectivo que toda una comunidad puede reclamar y que no prescribe nunca porque, entre otras cosas, es el que garantiza que nos identifiquemos con lo que somos. Parece mentira que quienes están más obsesionados con el ardor patriótico sean también nuestros más ardientes vende-patrias. 

Lo que las sociedades eligen recordar y olvidar, y el modo en que lo hacen, condiciona tanto sus opciones de futuro como la construcción de su identidad. Y no se trata de reivindicar más dosis de memoria sino de recordar “bien”; respondiendo a la injusticia objetiva y al sufrimiento subjetivo, incorporando la mirada de la víctima y de quienes tuvieron vínculos con ella. Tan importante es la verdad oficial como los elementos emocionales y evaluativos del relato. “Es hora de contar los pormenores de esta conmoción nacional antes de que lleguen los historiadores”, decía García Márquez en 'Los funerales de la Mamá Grande'. Es lógico que haya una desconfianza justificada en la historiografía construida al margen de las víctimas porque recordar exige poner voz donde había silencio y hacer hablar al dolor.

Sumar registró el pasado jueves una PNL en el Congreso en la que se pide una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de Miguel Hernández y su familia, así como la anulación de los juicios, las sentencias y los sumarios arbitrarios e ilegítimos que le condenaron a muerte y conmutaron después su pena por la de 30 años de prisión. O sea, se pedía el simple cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática.

A Miguel Hernández se le dejó morir de tuberculosis, en la cárcel de Alicante, el 28 de marzo de 1942. La falta de asistencia médica no es solo una forma evidente de omisión de socorro, sino que, en este caso, además, constituye, como mínimo, un delito de homicidio con dolo eventual (suponiendo que no hubiera una intención expresa de matar, que ya es mucho suponer). En la red infernal X, donde se propician noticias falsas y falsos debates, una legión digital afeaba al Ministerio de Cultura que hablara del asesinato del poeta a manos del franquismo. Legión de cráneos privilegiados. Así nos va.

El 1996, amb el popular Eduardo Zaplana al capdavant de la Generalitat Valenciana, la Universitat d’Alacant (UA) va perdre la carrera de Medicina, els estudis de la qual van passar a impartir-se únicament en la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx. El curs passat, 27 anys després i després de rebre el suport del Govern del Botànic, Alacant va recuperar el grau de Medicina, de manera que 86 alumnes van poder cursar els seus estudis en el campus alacantí.

La UMH va iniciar llavors un procés judicial davant el Tribunal Superior de Justícia (TSJCV) contra l’autorització a la UA perquè poguera impartir el grau de Medicina, una causa en què estava personada la Generalitat Valenciana, governada encara pel PSPV, Compromís i Unides Podem, que donava suport a la recuperació d’aquests estudis per part de la universitat alacantina. El criteri del Consell, amb el PP al capdavant de la Generalitat, ha variat i ha decidit retirar-se del procés judicial, deixant sola la Universitat d’Alacant i aplanant de facto el camí del recurs de la Miguel Hernández, que està previst que es resolga el mes vinent de setembre.

Aqusta decisió ha provocat una controvèrsia important, amb crítiques des de diversos sectors, com la mateixa rectora de la Universitat d’Alacant o els partits de l’oposició (PSPV i Compromís). El president Carlos Mazón va justificar llavors la decisió de retirar-se del procés judicial aprovada pel ple del Consell en la “neutralitat” i perquè les dues universitats puguen “sumar” capacitats.

El cap del Consell es posiciona en favor d’un “gran campus sanitari provincial” per a posar fi a la rivalitat entre les dues entitats i potenciar Alacant com un clúster en formació universitària i demana “altura de mires” per a la creació d’un campus sanitari entre la Universitat d’Alacant i la Miguel Hernández en compte de “lluitar” per Medicina.

“En compte de lluitar entre Alacant i Elx, juguem a sumar, a coordinar i a l’economia d’escala que mereixen els nostres pacients per a tindre la millor formació. Jo el que oferisc damunt la taula és un treball conjunt d’un campus provincial en què ningú perda la seua essència i en què, sobretot, els alumnes i els pacients que seran atesos per aquests alumnes tinguen el personal més ben format amb les millors eines. Des del prisma de la confrontació, crec que no s’avança, i nosaltres estem per avançar”, explicava Mazón. Aquesta proposta té el suport del sindicat mèdic Cesmcv.

Decisió “absolutament insòlita” del Consell

Les crítiques a la decisió del Govern de Mazón de retirar-se del procés van començar per la mateixa rectora de la Universitat d’Alacant, Amparo Navarro, que lamentava aquest posicionament que va qualificar d’“absolutament insòlit”. Des del PSPV, l’expresident Ximo Puig censurava la decisió del Consell de Carlos Mazón, que qualificava de kafkiana en un article d’opinió publicat en el diari Información, mentre que l’actual secretària general dels socialistes valencians, Diana Morant, acusava el popular d’“atacar l’autonomia” de la Universitat d’Alacant amb Medicina mentre “plora” per la falta de metges, alhora que defensava com a “perfectament compatible” que s’impartisca el grau de Medicina en la UA i en la UMH. Així mateix, recordava que va ser un altre popular, Eduardo Zaplana, qui “va suprimir” aquests estudis a Alacant.

Per part seua, el portaveu de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, reclamava de Mazón que no genere “inestabilitat” en el sistema universitari valencià: “El que hi ha és un nou atac a la universitat pública per a afavorir un clúster sanitari on colar per la porta de darrere les facultats privades”.

“No entrem a valorar la posició de la UA i la UMH en la demanda, però el Consell de Mazón, lluny de mostrar una posició de neutralitat, retirant-se es posa de part, actua en contra dels actes propis, torpedina una titulació que s’ha impartit amb normalitat el curs passat generant inestabilitat en el sistema universitari valencià i coartant greument la possibilitat d’oferir solucions a la dramàtica manca de professionals sanitaris del sistema públic valencià de salut”, denunciava Baldoví.

En 1996, con el popular Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana, la Universidad de Alicante (UA) perdió la carrera de Medicina, cuyos estudios pasaron a impartirse únicamente en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. El curso pasado, 27 años después y tras recibir el apoyo del Gobierno del Botànic, Alicante recuperó el grado de Medicina, de forma que 86 alumnos pudieron cursar sus estudios en el campus alicantino. 

La UMH inició entonces un proceso judicial ante el Tribunal Superior de Justica (TSJCV) contra la autorización a la UA para que pudiese impartir el grado de Medicina, una causa en la que estaba personada la Generalitat Valenciana, gobernada todavía por PSPV, Compromís y Unides Podem, que respaldaba la recuperación de estos estudios por parte de la universidad alicantina. El criterio del Consell, con el PP al frente de la Generalitat, ha variado y ha decidido retirarse del proceso judicial, dejando sola a la Universidad de Alicante y allanando 'de facto' el camino del recurso de la Miguel Hernández, que se está previsto que se resuelva el próximo mes de septiembre.

Esta decisión ha provocado una controversia importante, con críticas desde diversos sectores, como la propia rectora de la Universidad de Alicante o los partidos de la oposición (PSPV y Compromís). El president Carlos Mazón justificó entonces la decisión de retirarse del proceso judicial aprobada por el pleno del Consell en la “neutralidad” y para que las dos universidades puedan “sumar” capacidades.

El jefe del Consell se posiciona en favor de un “gran campus sanitario provincial” para acabar con la rivalidad entre las dos entidades y potenciar Alicante como un 'clúster' en formación universitaria y pide “altura de miras” para la creación de un campus sanitario entre la Universidad de Alicante y la Miguel Hernández en lugar de “luchar” por Medicina.

“En vez de luchar entre Alicante y Elche, juguemos a sumar, a coordinar y a la economía de escala que merecen nuestros pacientes para tener la mejor formación. Yo lo que ofrezco encima de la mesa es un trabajo conjunto de un campus provincial en el que nadie pierda su esencia y en el que, sobre todo, los alumnos y los pacientes que serán atendidos por estos alumnos tengan al personal mejor formado con las mejores herramientas. Desde el prisma de la confrontación creo que no se avanza, y nosotros estamos por avanzar”, explicaba Mazón. Esta propuesta cuenta con el respaldo del Sindicato Médico CESMCV.

Decisión “absolutamente insólita” del Consell

Las críticas a la decisión del Gobierno de Mazón de retirarse del proceso comenzaron por la propia rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, quien lamentaba este posicionamiento que calificó de “absolutamente insólito”. Desde el PSPV, el expresident Ximo Puig censuraba la decisión del Consell de Carlos Mazón que calificaba de kafkiana en un artículo de opinión publicado en el diario Información, mientras que la actual secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, acusaba al popular de “atacar la autonomía” de la Universidad de Alicante con Medicina mientras “llora” por la falta de médicos, al tiempo que defendía como “perfectamente compatible” que se imparta el grado de Medicina en la UA y en la UMH. Así mismo, recordaba que fue otro popular, Eduardo Zaplana, quien “suprimió” estos estudios en Alicante.

Por su parte, el portavoz de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, reclamaba de Mazón que no genere “inestabilidad” en el sistema universitario valenciano: “Lo que hay es un nuevo ataque a la universidad pública para favorecer un clúster sanitario donde colar por la puerta de atrás las facultades privadas”.

“No entramos en valorar la posición de la UA y la UMH en la demanda, pero el Consell de Mazón, lejos de mostrar una posición de neutralidad, retirándose se pone de parte, actúa en contra de los actos propios, torpedea una titulación que se ha impartido con normalidad el pasado curso generando inestabilidad en el sistema universitario valenciano y coartando gravemente la posibilidad de ofrecer soluciones a la dramática carencia de profesionales sanitarios del sistema público valenciano de salud”, denunciaba Baldoví.

El mundo de la cultura de Logroño se reúne en El Espolón este viernes para dar la bienvenida al esqueje de higuera de la casa de Miguel Hernández en el acto '¡Hola Higuera!'. Un encuentro en el que un grupo formado por algunos de los agentes culturales más relevantes de la región se unirán para homenajear el legado del poeta, representado en el esqueje de higuera que el pasado mes de abril la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Orihuela entregaron a los heladeros Fernando Sáenz y Angelines González de la logroñesa heladería dellaSera “por la sensibilidad y excelencia en su trabajo, representado por el helado sombra de higuera”.

En el acto, que comenzará a las 19.30 horas en el punto de lectura La Rosaleda de El Espolón, se recitarán poemas del autor de la mano de la escritora María Jose Marrodán, el actor Ricardo Romanos, la poeta Sonia San Román, el periodista Jonás Sainz, el poeta y editor Enrique Cabezón, la escritora Evelyn Pérez, el fotógrafo Jesús Rocandio, el guionista y escritor Bernardo Sánchez y el tenor internacional Miguel Olano.

El actor Carles Domingo, acompañado de la música Amaya Hernáez y el acordeonista y profesor Raúl Jiménez representarán un fragmento de la obra “Era una casa”. El pintor y muralista Carlos Corres, dibujará en directo sobre un lienzo un retrato alegórico de Miguel Hernández y la higuera, y el músico Iñigo Ruiz acompañado de su guitarra, interpretará una pieza propia creada a partir de la obra del poeta universal.

Al acto acudirá el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz Martínez, que abrirá la jornada y explicará el trabajo de recuperación y reproducción de la centenaria higuera que desde la propia Universidad están desarrollando para mantener viva la memoria del escritor.

Una jornada en la que la obra y los valores del poeta oriolano, inundarán la tarde de la céntrica plaza, en un acto abierto al público y que contará con un aforo de cien sillas. 

La Acadèmia Valenciana de la Llengua ha presentado los resultados de la ‘Encuesta sobre el uso y el conocimiento del valenciano y las actitudes lingüísticas en El Baix Vinalopó’, que se ha realizado en los municipios de Elche, Crevillent i Santa Pola. Con este trabajo, la AVL pretende conocer la situación del valenciano en una comarca de alta minorización de la lengua propia de los valencianos, pero con un peso demográfico y económico muy significativo y determinando en la Comunidad Valenciana. En la presentación de la encuesta han participado la presidenta de la institución, Verònica Cantó; Tudi Torró, presidenta de la Sección de Fomento de la AVL; Lluís Català, autor del estudio y profesor de la Universidad de Alicante, y M. Asunción Amorós, vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Las principales conclusiones de la encuesta constatan un nivel de conocimiento bajo, similar al que aparece para la región de Alicante en la encuesta publicada por la Generalitat Valenciana a finales de 2022, pero con un porcentaje de población que es capaz de hablar bien o perfectamente próximo al 50% (en todo el sur era del 36%). Así mismo, el estudio indica un uso “muy escueto” del valenciano, aunque un poco más elevado en las relaciones de proximidad. En relación con las actitudes lingüísticas, destaca la positividad hacia el valenciano. Aun así, esta actitud no es tan positiva como la que muestran la mayoría de los encuestados hacia el castellano.

Insuficiente competencia escrita

El estudio evidencia que el conocimiento del valenciano está muy lejos de ser universal en El Baix Vinalopó. Destaca que la competencia oral está lejos de los niveles superiores, que se asocian con una confianza suficiente del hablante que promueve el uso. De hecho, la media del 5,5 (en una escala de 0 a 10) está muy poco por encima del límite de suficiencia. Y la competencia escrita media es inferior a la suficiencia (4,5). Con todo, la media de 6,8 en la capacidad de entender el valenciano abre muchas opciones a usos pasivos, por disponibilidad lingüística de la población.

En cuanto a las vías de adquisición del valenciano, el más habitual es haberlo aprendido solo por vía formal en la escuela (22,7%) o, conjuntamente, en casa de pequeño y por vía formal (19,1%).

Familias castellanizadas

“Los datos más preocupantes de la encuesta son las que hacen referencia al uso, especialmente entre los jóvenes”, advierte Lluís Català. Así, en cuanto a la base social sobre la cual se sustenta la lengua, en El Baix Vinalopó declaran el valenciano como lengua inicial el 15,5% de la población, además del 12,6% que se declara bilingüe inicial. En este apartado de usos, el estudio descubre notables diferencias en las tres poblaciones en las que se ha llevado a cabo el trabajo de campo. “Crevillent nos ha sorprendido con un uso relativamente elevado, el uso en Santa Pola y Elche es muy bajo. En el caso de la villa portuaria, se esperaban cifras algo más altas”, indica Català.

El único espacio donde el valenciano tiene un uso exclusivo en una proporción destacable es en casa. No obstante, se observa que el valenciano mengua generación tras generación, puesto que se ha pasado del 14,7% al 3,6%. “Las familias se están castellanizando. Solo las de actitudes muy militantes resisten, y a pesar de la presión de los padres castellanohablantes en lugares como escuelas, institutos y espacios de ocio, progenitores que hablan a los hijos en valenciano acaban recibiendo una respuesta en castellano de sus descendentes. Además, los hijos de las parejas mixtas mayoritariamente se expresan en castellano. También es preocupante que solo el 5% de los encuestados de Elche y Santa Pola hablen con sus hijos en valenciano”, explica el coordinador del estudio. Aun así, Català matiza que esta bajada se ha producido a favor de usos bilingües, más que a favor del castellano como lengua exclusiva, “circunstancia que agraviaría todavía más la situación de minorización”.

En relación con los usos lingüísticos fuera del hogar, la presencia del valenciano también es significativa, pero con usos mucho más bilingüizados, con las amistades, el vecindario y las actividades festivas. En otros ámbitos, como el comercio de proximidad, los compañeros de trabajo o la mensajería instantánea, el valenciano tiene una posición “marginal”, y las grandes superficies comerciales resultan ser un espacio prácticamente ajeno al uso del valenciano.

El estudio constata que el espacio con un consumo en valenciano más destacado es la televisión, pero más del 85% nunca ve televisión en valenciano. En el resto de consumos culturales y de medios de comunicación, la presencia del valenciano es todavía más testimonial: alrededor del 95% no consume productos culturales en valenciano.

Tanto valenciano como castellano

En relación con las actitudes lingüísticas, se ha detectado una relativa diversidad, pero dominan ligeramente actitudes dentro del espectro de respuestas negativas. La opinión general es que no se está claramente en contra de la lengua, pero se considera que su aprendizaje y uso no tiene que ser obligatorio, especialmente porque el castellano es una lengua con mucha más presencia y que conoce todo el mundo. Así, un 13,3% de los encuestados asegura que se ha sentido incómodo o discriminado por no tener la opción de hablar en valenciano, en oposición al 9,5% de la población que alguna vez se ha sentido incómodo o discriminado por no saber hablar valenciano. “Por lo tanto, emocionalmente, afecta más hablar la lengua que no saber hablarla”, se indica en las conclusiones de la encuesta.

Entre los castellanohablantes, domina muy acusadamente la desmotivación por hablar en valenciano, a pesar de que no es tan marcada en los ámbitos más próximos. Hay más proporción de residentes en El Baix Vinalopó que se sienten competentes para defenderse en situaciones cotidianas de uso con el valenciano oral que los que no se sienten capaces de afrontar estas situaciones. Una amplia mayoría no tiene intención de mejorar sus prestaciones en valenciano, y la mayor parte de los que sí lo harían no se lo habían planteado.

Por otro lado, más del 60% considera que en un futuro se tendría que hablar tanto valenciano como castellano en los municipios de El Baix Vinalopó. Aun así, los que se decantan por una de las dos lenguas lo hacen casi siempre por el castellano.

Prácticamente, todo el mundo en El Baix Vinalopó se siente cómodo o muy cómodo cuando oye hablar castellano, y una mayoría más ajustada (58%) se sienten cómodos o muy cómodos cuando oyen hablar en valenciano. Los incómodos con la lengua propia del País Valenciano son más del 20%. Por otro lado, la incomodidad es mayoritaria con las lenguas extranjeras, especialmente con el árabe (más del 80% incómodos o muy incómodos). “Los resultados son una mezcla entre actitudes y prejuicios, por un lado, y el nivel de competencia lingüística que se tenga”, apuntan las conclusiones.

Recomendaciones de política lingüística

Los resultados de la ‘Encuesta sobre el conocimiento y el uso del valenciano y las actitudes lingüísticas en El Baix Vinalopó’ sugieren diferentes líneas de continuidad e innovación para las políticas de promoción del valenciano que se concretan en tres objetivos: incrementar los niveles de conocimiento del valenciano, tanto en el ámbito de la enseñanza como fuera del espacio escolar; crear espacios de uso del valenciano y difundir discursos favorables al valenciano.

“Este estudio no tiene que ser una simple encuesta al uso sobre las diversas competencias lingüísticas de los habitantes de El Baix Vinalopó. Lo que realmente interesa son las actitudes lingüísticas, a fin de establecer futuras estrategias de actuación por parte de la AVL”, subraya Tudi Torró, al tiempo que pide la implicación del resto de entidades cívicas y sociales de las comarcas del sur y la de las instituciones que tienen competencia autonómica, provincial, comarcal o municipal en materia de política lingüística.

En el mismo sentido, se expresa la presidenta de la AVL, Verònica Cantó: “El futuro de nuestra lengua es el futuro de los valencianos y las valencianas, lo que nos identifica como pueblo. La riqueza cultural y lingüística que poseemos no la podemos dejar perder liándonos en batallas y conflictos estériles. Los diagnósticos como este ayudan a definir las líneas políticas que hay que adoptar para incrementar los niveles de conocimiento y uso del valenciano, tanto en la docencia como en cualquier otro ámbito”, reivindica Cantó, recordando que entre las competencias y obligaciones de la institución se encuentra la elaboración y la difusión de informes.

InvestGroup ha sido la empresa encargada del trabajo de campo, que se realizó presencialmente, del 25 de septiembre al 17 de noviembre del 2022, a 1.500 personas mayores de 18 años y residentes en El Baix Vinalopó.

La Justicia no reconoce el derecho al olvido de un álferez jurídico que participó en el proceso de condena a muerte del poeta Miguel Hernández por parte del régimen franquista. La Audiencia Nacional ha decidido rechazar la reclamación de uno de sus descendientes para que casi una veintena de enlaces de internet dejaran de estar asociados a la figura de su padre, que fue secretario judicial del Juzgado Militar de Prensa que condenó a muerte al poeta comunista, que finalmente falleció de tuberculosis en la prisión de Alicante en 1942.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) había rechazado ya las pretensiones del descendiente de Antonio Luis Baena Tocón, que entre otras cosas entendía que las informaciones difundidas incurrían en incorrecciones sobre la figura de su padre y el papel en el proceso, además de su derecho a que ocho décadas más tarde su nombre dejara de aparecer en los buscadores asociado a la condena a muerte del poeta por parte del régimen franquista, posteriormente conmutada por 30 años de presidio.

Ahora la Audiencia Nacional ha avalado esos argumentos y ha rechazado la pretensión del derecho al olvido del descendiente de Baena Tocón. “Las informaciones que nos ocupan revisten un interés público incuestionable al versar sobre la intervención del padre del recurrente, como secretario judicial del Juzgado Especial de Prensa que instruyó el procedimiento del poeta”, explican en primer lugar los jueces. Son informaciones sobre una de las figuras literarias más relevantes de la España del siglo pasado que tienen según la Audiencia “una indudable relevancia pública habida cuenta la repercusión e interés de dicho procedimiento”.

Tampoco es relevante que en el momento de participar en ese proceso no tuviera ninguna oposición y no pueda ser considerado un funcionario público del régimen franquista porque, explica la Audiencia Nacional, “lo relevante es que, por ser licenciado en Derecho, ejerció como secretario judicial del Juzgado Especial de Prensa que instruyó el sumario del encartado y por esa razón y a los efectos ahora examinados de ponderar la relevancia del ejercicio del derecho de información y expresión, cabe entender que ejerció funciones públicas y en un asunto de indudable relevancia pública”.

Para los jueces tampoco es determinante que los hechos tuvieran lugar hace ocho décadas. “El transcurso del tiempo no ha hecho decaer el interés que el asunto suscita, siendo prueba de ello su repercusión en los medios de comunicación en las fechas de interposición de la reclamación ante la AEPD en mayo de 2019”, dice la sentencia.

Finalmente, los jueces analizan “el derecho de los internautas a informarse” sobre este suceso histórico y la importancia del derecho a la libertad de expresión, concluyen que “dichos enlaces estarían amparados por la libertad de información y de expresión sin que proceda su supresión”. La decisión todavía puede ser recurrida ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

El passat dissabte, l’Aula Magna de la Universitat Miguel Hernández d’Elx es va vestir de literatura. La Fundació Sambori ha atorgat en aquest escenari els guardons del XXé Premi Sambori de Literatura en Valencià i el XVé Concurs Sambori Universitari de Narrativa Curta, que ha comptat amb més de 500 assistents de tot el País Valencià.

Enguany, els dos certàmens del Premi Sambori han aconseguit una participació que acarona els 88.722 estudiants procedents de 700 centres i la implicació de 3.988 docents de tots els nivells d’ensenyament, des del primer cicle d’infantil fins a la universitat, a més de les escoles oficials d’idiomes i els centres de formació professional. Amb aquestes xifres tan sucoses, el Premi Sambori assaboreix dolçament l’èxit: l’actual edició és la més participativa i compromesa amb la creació de literatura en valencià en els 20 anys d’existència del concurs i, ara com ara, és el major premi de literatura de tota Europa. La participació de centres educatius de pobles històricament castellanoparlants ha sigut molt significativa.

El Premi Sambori “és l’elogi de la Paraula. Atresora la imaginació d’alumnes de totes les edats. Els encoratja a escriure els seus mons i compartir-los. Les seues obres ens fan viatjar. Ens endinsen en l’univers màgic dels contes. Vet ací on la delicada tasca de recrear la bellesa dels somnis pren forma de lletres”.

Així ho ha fet constar el vicepresident de la Fundació Sambori, Àngel Martí, durant el seu parlament: “Per a Joan Fuster 'la lectura és un moviment del pensar' i quina millor lectura que la que ens ofereixen les vostres històries plenes d’imaginació i de paraules màgiques? Per a nosaltres, vosaltres sou el premi”.

A més, Àngel Martí ha remarcat la importància de l’escriptura per a transformar la societat: “Estimem els vostres contes perquè sabem que sense literatura en la nostra llengua, no tenim futur. Vosaltres sou el futur i per això sou vosaltres qui heu d’escriure línia per línia com voleu que siga la societat. Hem de posar nom a les coses importants, hem de donar valor a paraules com solidaritat, sostenibilitat, pau, justícia, acolliment… Així, creem el futur. Creem llengua. Creem literatura. Gràcies als valors que impregnen els llibres i que els mestres i les mestres ensenyen a l’aula, creem un món més just”.

El portaveu de la Fundació Sambori ha agraït el suport de tota la comunitat educativa i ha reivindicat: “el valencià és la clau per assolir el plurilingüisme i calen més iniciatives per a continuar en la normalització del valencià, com per exemple, aprovar la capacitació lingüística en la nova llei de la funció pública abans d'acabar aquest any”.

De forma semblant, el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno, ha expressat la seua satisfacció en l’acte de culminació dels Premis Sambori 2018: “podem dir que el Sambori i les Trobades són espais de convivència i també de reflexió. A l’igual que Joan Fuster, desperten consciències. L’escriptor suecà a qui hem dedicat enguany les festes pel valencià, sabia que 'explicar' era una invitació a 'transformar'. Des d’Escola Valenciana som conscients que la transformació de la societat comença en l’escola”.

La presidenta de la Fundació Sambori, Laura Font, i el vicepresident Àngel Martí han atorgat el Premi Vicent Marçà a l’Associació Cívica per la Normalització del Valencià de l’Alacantí per “la seua trajectòria, participació i implicació incondicional”. Amb aquest reconeixement, l’organització ha fet valdre els 30 anys de dedicació a la defensa de l’ensenyament en valencià d’aquesta entitat referent al sud del País Valencià. El president de La Cívica, Abraham Esteve, ha recollit el guardó.

La portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Mireia Mollà, “ha invitado” a la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) a retirar las placas de Eduardo Zaplana en los edificios de sus campus tras la detención del expresidente de la Generalitat por diferentes delitos.

Zaplana ha sido detenido esta semana en una investigación por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación y ante esta situación, Compromís solicita a la Universidad que “tome las medidas oportunas dado la implicación en este caso de corrupción del expresidente valenciano que no debe manchar una institución educativa como la Miguel Hernéndez, la que no debería conmemorar ni un minuto más a la persona que inauguró sus instalaciones, desligarse definitivamente del nombre del expresidente y retirar cualquier tipo de reconocimiento”, ha señalado la portavoz.

Esta misma semana, la coalición valenciana y Esquerra Unida habían pedido al Ayuntamiento de Benidorm, del que fue alcalde Eduardo Zaplana, que retirase las menciones, placas y calles que abundan en la localidad con su nombre. También reclamarán a la corporación que revoquen la Medalla Corporativa que la ciudad le otorgó en 2012.

Els tentacles del director del màster regalat a Cristina Cifuentes a la Comunitat Valenciana van arribar a l’extint Govern de Francisco Camps, van passar per la Universitat de València i emboliquen la Universitat Miguel Hernández d’Elx, on treballa la seua parella i deixebla, la catedràtica Rosario Tur. Segons la documentació en poder d’eldiario.es, Enrique Álvarez Conde i la PDI funcionària Tur han controlat els últims anys la contractació de professors associats i personal docent de reforç en l’àrea de Dret Constitucional de la universitat pública elxana.

Així doncs, en els tribunals que s’han constituït per contractar professors associats o personal de reforç a temps complet, han estat presents tant Tur com Álvarez Conde. De fet, és cridanera la presència del director de l’Institut de Dret Públic de la Universitat Rey Juan Carlos en tots els processos de selecció, a pesar que a la Comunitat Valenciana hi ha tres universitats públiques més amb departaments de Constitucional potents.

Per exemple, el 13 de juny de 2016 es va convocar un tribunal per seleccionar d’un ajudant a temps complet per a recerca en el departament de Dret Constitucional de l’UMH. En el tribunal va estar Rosario Tur com a vocal primera i Enrique Álvarez Conde com a vocal segon. Els altres tres membres del tribunal pertanyien a la universitat elxana, però d’altres departaments.

El 17 de febrer de 2014, es va convocar un altre tribunal, en aquest cas per seleccionar un professor associat a temps parcial. Aquella vegada, la secretària va ser Rosario Tur i el vocal primer, Enrique Álvarez Conde.

El mateix Álvarez Conde va formar també part del tribunal que va jutjar la tesi doctoral de Rosario Tur en el departament de Constitucional de la Universitat Miguel Hernández. El director del màster de Cifuentes va ser vocal d’aquesta avaluació, de la qual s’havia d’haver abstingut per tal com hi tenia amistat manifesta –en aquest cas relació sentimental–. Per aquest motiu la Universitat Miguel Hernández estudia la possibilitat de retirar la càtedra a Tur.

Per a la configuració del tribunal de selecció de personal per a l’àrea de Constitucional és necessària i imprescindible la participació de Tur, ja que és l’única professora PDI funcionària en el departament. A més, és imprescindible també la presència d’un professor extern expert en la matèria. En el cas d’aquesta àrea, sempre és Álvarez Conde. Per la seua banda, els altres tres professors no són de la matèria de Constitucional, per la qual cosa el pes dels dos únics experts per a controlar personal és fonamental.

A més, segons fonts consultades per eldiario.es, el control de Tur i Álvarez Conde no és només per la presència i el vot en el tribunal. El director del màster de Cifuentes recomanava a altres catedràtics d’altres universitats que no enviaren els seus deixebles a participar en els processos de la Miguel Hernández perquè és “el seu territori”.

El departament de Dret Constitucional de la Universitat Miguel Hernández és molt menut, només té tres professores, però no per això va ser un impediment perquè el mateix expresident de la Generalitat Francisco Camps escollira traure’s el doctorat en aquesta universitat. Rosario Tur va ser la secretària del tribunal que va avaluar el seu treball, acusat de plagi, tot i que la denúncia no va ser acceptada per la mateixa universitat després d’obrir una investigació.

Com va contar aquest diari, el Govern de Camps i les institucions de la Generalitat van tenir també una gran relació amb Álvarez Conde. El conseller Juan Cotino va pagar 30.000 euros per un seminari i el Consell Jurídic Consultiu li va encarregar la seua obra magna de 5.000 pàgines Comentarios a la Constitución Europea, publicada el 2004.

Álvarez Conde també ha estat un habitual en la Universitat de València, on va obtenir la càtedra en Dret Constitucional el 1987. Conferències, ponències i seminaris. També va arribar a assessorar en alguna llei valenciana, inclosa la de participació impulsada per Rafael Blasco, l’exconseller de Solidaritat a la presó pel saqueig de les ajudes a la cooperació valenciana.

El escándalo por el máster de Cifuentes salpica la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Su rector Jesús Tadeo no ha tenido más remedio que reconocer las irregularidades que supuestamente existen en torno a la concesión de la cátedra de Derecho Constitucional a Rosario Tur, pareja sentimental de Enrique Álvarez Conde, director del máster de la Universidad Rey Juan Carlos que mantiene en la cuerda floja a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Después de que eldiario.es avanzara la polémica conexión entre ambos docentes y de que El Confidencial informara sobre cómo Conde incumplió la ley del Régimen Jurídico del Sector Público al no abstenerse de participar en el tribunal que concedió la cátedra a Tur, el diario Información concreta este jueves que la UMH podría anular la oposición de esta profesora de Derecho si se confirman estas irregularidades.

Y es que según el rector de la universidad pública alicantina, Álvarez Conde, conocedor de dicha incompatibilidad, habría firmado un documento negando la misma cuando el reglamento de la UMH, como el de cualquier otra universidad especifica que no se puede participar en un tribunal de estas características –él lo hizo como vocal- si existe “un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable (...) con cualquiera de los interesados” o incluso si su relación es “una amistad íntima”.

Es por ello que la UMH no descarta, en caso de que el director del máster de Cifuentes haya faltado a la verdad, anular la oposición y suspender la plaza por la que accedió Rosario Tur a la cátedra a través de una promoción interna en julio de 2017.

El nombre de Tur ha aparecido relacionado con el máster de derecho autonómico al ser una de las docentes que calificó como sobresaliente a Cristina Cifuentes por una las asignaturas que se impartieron antes de que se matriculara la política del PP.

Anteriormente, Rosario Tur también calificó la tesis doctoral defendida por Francisco Camps en la UMH donde fue la fedataria de un proceso también cuestionado. Un profesor de la Universidad de Navarra, Jorge Urdánoz, denunció que Camps lo había plagiado a él y a la propia Tur, la cual prefirió no hacer nada. La institución académica de Elche decidió más tarde archivar el expediente administrativo que abrió tras cotejar el trabajo de Camps por un programa informático que no detectó plagio. Ahora, la UMH se enfrente a un nuevo expediente para comprobar si Álvarez Conde se tendría que haber abstenido de participar en el tribunal que concedió la cátedra a Tur.

El servicio de Abogacía de la Universidad Miguel Hernández de Elche no ve indicios de plagio en la tesis doctoral del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. El documento que analiza sistemas electorales obtuvo matrícula 'cum laude' había permanecido en secreto a petición del propio Camps hasta que el año pasado se hizo pública, requerida por la conselleria de Transparencia.

Fue entonces cuando un profesor de Filosofia de Derecho de la Universidad de Navarra, Jorge Urdánoz, elaboró un informe en el que acusaba de plagio al expresiente con una recopilación de los fragmentos supuestamente plagiados y pedía a la Universidad que abriera una investigación. Según Urdánoz, Camps plagió entre otros autores al director de su tesis, Vicente Garrido y a instituciones como al Tribunal Constitucional y al Parlamento Europeo, así como diversos fragmentos del Boletín Oficial del Estado.

La abogacía de la Universidad tras estudiar este informe ha dictaminado que “carece manifiestamente de fundamento” ya que sus acusaciones “no tienen apoyo jurídico ni indicio probatorio alguno”. Además, tras las alegaciones de Camps y del tribunal que evaluó su trabajo, la resolución rectoral indica que “los informes rendidos ponen de manifiesto la inexistencia de plagio y la inconsistencia de la denuncia”.

Además, en la resolución del rector consta que “la documentación aportada por el denunciante y la tesis doctoral han sido sometidas al programa informático TURNITIN-EPHORUS” -que sirve para detectar plagios- revelándose que “no existen coincidencias con la obra de autores citados en la tesis doctoral” y que las citas del Boletín Oficial del Estado y de las Sentencias del Tribunal Constitucional no son obras de autor protegidas intelectualmente.

La propuesta de archivo de la instructora incluye las conclusiones de algunos catedráticos de Derecho Constitucional consultados durante la tramitación del expediente, alguno de los cuales considera “no solo que la denuncia se halle objetivamente carente de fundamento”, sino que se está ante una denuncia “maliciosa, como se desprende de la omisión de pasajes o frases donde aparece la fuente citada”.

El expresident de la Generalitat Francisco Camps se querellará por injurias y calumnias contra Jorge Urdánoz, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pública de Navarra, que ha lanzado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.org para pedir la revisión de la tesis doctoral del exjefe del Consell, al que acusa de plagiar a diversos autores -entre ellos, Vicente Garrido, el director de la tesis- en su trabajo.

Así, Camps defiende que el estudio -titulado 'Propuestas para la reforma del sistema electoral'- recoge 780 citas y hay citados 79 artículos, “entre los cuales, por cierto, hay alguno del Sr. Urdánoz”, que apunta fue diputado autonómico del Partido Socialista en Navarra. Así, añade que lo que Urdánoz cita como plagios en su informe, “no son tales, sino que en cada texto que ha remarcado se incluye a pie de página la cita correspondiente”, al tiempo que califica de “absurdo” decir que se copia al BOE o a textos del propio autor.

Además, justifica su petición de que no se autorizara la consulta de la tesis porque su intención era publicarla pero que “cualquier persona que quiera leer la tesis doctoral la tiene a su disposición en la Universidad Católica Miguel Hernández y está publicada por la Universidad Católica San Vicente Mártir y a la venta, con el que el acceso a la misma es universal”.

Consulta de Compromís a la Miguel Hernández

La diputada de Compromís, Marian Campello, presidenta de la comisión de Educación en las Corts Valencianes, considera que es necesario que la Universidad Miguel Hernández de Elche “se pronuncie sobre el posible plagio”. Por ello, la formación valencianista dirigirá un escrito a la Miguel Hernández para solicitar información al respecto, “para esclarecer si el 'cum laude' de Camps fue a precio de copia y pega”.

De ser cierto el plagio, asegura Campello que “es una vergüenza y habría que quitarle a Camps el título de doctor”. Así mismo, apunta que la Universidad “tiene que ser muy rigurosa con situaciones como ésta”. “Esperamos que la Miguel Hernández sea muy valiente para aclarar una situación como ésta que puede afectar a su prestigio como institución universitario”.

La tesi secreta de Francisco Camps pot veure la llum en breu. El treball de l’expresident de la Generalitat –Propuestas para la reforma del sistema electoral, 697 pàgines sobre dret constitucional que van ser distingides amb un excel·lent cum laude– està tancada amb pany i clau des que es va llegir en la Universitat Miguel Hernández fa més de quatre anys, el febrer del 2012. La raó? La negativa de l’exalt càrrec del PP perquè es divulgara.

Camps va demanar expressament a la universitat amb seu a Elx que es vetara l’accés a la seua tesi. Oficialment, per respectar la propietat intel·lectual. La Miguel Hernández, en compliment de la legislació de l’època, va acceptar els desitjos de l’expresident valencià, que va llegir la seua investigació dues setmanes després de ser absolt pel cas dels vestits que el relacionava amb la trama Gürtel.

Des de llavors, les seues Propuestas para la reforma del sistema electoral són inaccessibles, almenys per al gran públic. Una situació que no és insòlita, però sí inusual. Segons diversos experts universitaris, ningú vol restar abast a un treball normalment llarg i exigent, que sol estar obert a consulta i debat entre els especialistes, si no és que té alguna cosa que es vol amagar, normalment, la poca consistència del treball o el plagi d’altres esforços semblants.

L’entorn de Camps nega aqueixes hipòtesis, segons El País. Prompte s’eixirà de dubtes. D’entrada, la Miguel Hernández ja deixa accedir a la tesi en les seues instal·lacions. Ho fa atenent una petició del mateix Camps, que el març ho va autoritzar per escrit. A més, la universitat estudia permetre la consulta del document en la base de dades de les tesis doctorals de les universitats espanyoles, el Teseo.

El Consell de Transparència en força la publicació

El canvi de posició de la universitat és forçat per dos fets. Primerament, la publicació de la investigació de Camps en un llibre. Amb aqueix fet, s’entén que la protecció de la propietat intel·lectual que argumentava l’expresident decau. En segon lloc, la resolució del Consell de Transparència de la Generalitat, l’organisme encarregat de garantir l’accés dels ciutadans a la informació pública.

Aquest Consell ha instat la universitat a facilitar el treball a Jorge Urdanoz, un professor de Filosofia del Dret de la Universitat Pública de Navarra que fa temps que batalla per llegir la tesi de Camps. Després d’haver fracassat per unes quantes vies, Urdanoz va recórrer al Consell de Transparència. El president d’aquest organisme, Ricardo García Macho, ha assegurat aquest divendres que no hi ha cap raó per a mantenir en secret el treball de l’exdirigent del PP.

Per això, el Consell insta la Miguel Hernández a lliurar la tesi a Urdanoz. La universitat, llevat que hi haja un dictamen contrari dels seus serveis jurídics, ho farà així. I, segons Manuel Jordán, vicerector d’Innovació i Investigació, podria anar més lluny. “Aquesta universitat treballa amb màxima transparència i ara, a parer meu, ja no hi ha motius perquè la comunitat universitària no puga accedir a aquest treball”.

Camps és membre del Consell Jurídic Consultiu (CJC), el consell d’Estat valencià, on cobra 57.000 euros l’any i gaudeix de secretària i cotxe. El president del CJC, Vicente Garrido, va ser nomenat per Camps el 2003. Professor titular de la Universitat de València, va ser el director de la tesi de Camps.

La tesis secreta de Francisco Camps puede ver la luz en breve. El trabajo del expresidente de la Generalitat -Propuestas para la reforma del sistema electoral, 697 páginas sobre derecho constitucional que fueron distinguidas con un sobresaliente cum laude- está bajo llave desde su lectura en la Universidad Miguel Hernández hace más de cuatro años, en febrero de 2012. ¿La razón? La negativa del exalto cargo del PP a que se divulgara.

Camps pidió expresamente a la universidad con sede en Elche que se vetara el acceso a su tesis. Oficialmente, para respetar la propiedad intelectual. La Miguel Hernández, en cumplimiento de la legislación de la época, aceptó los deseos del expresidente valenciano, que leyó su investigación dos semanas después de ser absuelto por el caso de los trajes que la relacionaba con la trama Gürtel.

Desde entonces, sus Propuestas para la reforma del sistema electoral son inaccesibles, al menos para el gran público. Una situación que no es insólita pero si inusual. Según varios expertos universitarios, nadie quiere restar alcance a un trabajo normalmente largo y exigente, que suele estar abierto a consulta y debate entre los especialistas, a menos que tenga algo que ocultar, normalmente, la poca consistencia del trabajo o el plagio de otros esfuerzos similares.

El entorno de Camps niega esas hipotesis, según El País. Pronto se saldrá de dudas. De entrada, la Miguel Hernández ya deja acceder a la tesis en sus instalaciones. Lo hace atendiendo a una petición del propio Camps, que en marzo autorizó por escrito a ello. Además, la universidad estudia permitir la consulta del documento en la base de datos de las tesis doctorales de las universidades españolas, el Teseo.

El Consell de Transparencia fuerza la publicación

El cambio de posición de la universidad viene forzado por dos hechos. Primero, la publicación de la investigación de Camps en un libro. Con ese hecho, se entiende que la protección de la propiedad intelectual que argumentaba el expresidente decae. En segundo lugar, la resolución del Consell de Transparencia de la Generalitat, el organismo encargado de garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública.

Ese consejo ha instado a la universidad a facilitar el trabajo a Jorge Urdanoz, un profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pública de Navarra que lleva tiempo batallando para leer la tesis de Camps. Tras fracasar por varias vías, Urdanoz recurrió al Consell de Transparencia. El presidente de este organismo, Ricardo García Macho, ha asegurado este viernes que no hay razón alguna para mantener en secreto el trabajo del exdirigente del PP.

Por ello, el Consell insta a la Miguel Hernández a entregar la tesis a Urdanoz. La universidad, salvo dictámen contrario de sus servicios jurídicos, así lo hará. Y, según Manuel Jordán, vicerrector de Innovación e Investigación, podría ir más lejos. “Esta universidad trabaja con máxima transparencia y ahora, en mi opinión, ya no hay motivos para que la comunidad universitaria no pueda acceder a ese trabajo”.

Con gran sentido de la oportunidad, Camps, poco después de la comparecencia de García Macho en el parlamento valenciano, ha hecho entrega en las Corts de un ejemplar de su trabajo. Se lo ha entregado a un diputado autonómico del PP, Luis Santamaria, sin previo aviso, al menos público. Respecto a la petición de transparencia de Urdanoz, las ha achacado a su militancia socialista. El profesor, que nunca estuvo afiliado, fue diputado autonómico del Partido Socialista Navarro (PSN) pero abandonó el parlamento foral de Navarra por diferencias con el partido en el que fue elegido.

Camps es miembro del Consell Jurídic Consultiu (CJC), el consejo de estado valenciano, donde cobra 57.000 euros al año y disfruta de secretaria y coche. El presidente del CJC, Vicente Garrido, fue nombrado por Camps en 2003. Profesor titular de la Universidad de Valencia, fue el director de la tesis de Camps.

Pese a los regalos que recibieron durante los gobiernos del PP, las universidades privadas nunca han podido alcanzar en calidad a las públicas en la Comunidad Valenciana. Ni la falta de financiación histórica, ni los recortes ni los mimos dados a las privadas han mermado el rendimiento de las centros de enseñanza superior financiados desde el sector público. O, al menos, así lo indica el U-ranking elaborado conjuntamente por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación BBVA. 

Como el año pasado, la Universidad Católica de Valencia se encuentra entre las que peores notas sacan de España. La universidad que tiene como profesor al expresidente de la Generalitat Valenciana e imputado en el fraude de la Fórmula-1, Francisco Camps, obtiene una nota de 0,7. Con la misma calificación que obtuvo el año pasado, se sitúa la número nueve en el listado, es decir, en el penúltimo lugar de la clasificación cuando la última posición es el 10. En la misma ubicación del pódium por debajo están la UNED, la Universitat de Vic y la Universitat Oberta de Catalunya. La peor, según el U-ranking, es la Universidad San Jorge. 

Los resultados de la Universidad Católica de Valencia contrastan con los obtenidos por las públicas. Dos de ellas, la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València, consiguen la segunda mejor nota empatadas con la Universitat Politècnica de Catalunya. Aunque la Universitat de València escala desde la quinta a la segunda posición, la Universidad Miguel Hernández de Elche -en el cuarto lugar por arriba-, la Universitat d'Alacant y la Jaume I de Castellón -ambas en la mitad de la tabla- obtienen el mismo resultado que en 2015. 

Este listado que mide la calidad de la docencia, la investigación y la innovación y el desarrollo tecnológico -y que está corregido en función del tamaño del centro-, tiene una gran ausencia: la Universidad Cardenal Herrera-CEU. Según esta investigación, no se ha incluido al centro privado debido a que sus datos tienen más de seis años de antigüedad. El centro obtuvo el año pasado un 0,8 de nota, la tercera peor nota de la clasificación. 

Símbolo de la burbuja del PP

La Universidad Católica de Valencia se convirtió bajo el mandato de Camps al frente de la Generalitat Valenciana en el símbolo del modelo educativo que impulsó el PP. Regada con recursos públicos -se le cedieron terrenos para que edificara sus centros en Xàtiva, Torrent, Paterna o Alzira-, se le autorizó su Facultad de Medicina sin que esta cumpliera con los requisitos impuestos por el Consejo de Coordinación Universitario. Promocionada por el sector cristiano del PP, entre sus patrones se encuentra el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos, investigado por un presunto cohecho continuado y marido de la exedil María José Alcón, protagonista de la trama Imesla. 

Esta universidad fue la primera que los conservadores quisieron impulsar para ampliar los centros de enseñanza privada en la Comunidad Valenciana. El Consell del PP quiso construir dos universidades privadas más en Alicante, con la criticas de rectores y colegios profesionales de que se estaba hinchando una burbuja universitaria privada. Con la llegada de la izquierda al poder el plan ha sido abortado.