La titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha dado por buenas las explicaciones del exdiputado del PP, Vicente Martínez Pujalte, sobre los cobros a través de su empresa Sirga XXI Consultores, por “asesorías verbales”. En la causa, iniciada por la Fiscalía Provincial de Valladolid, estaba también la socia de Martínez Pujalte, la exdiputada Ana Torme, que denunció los hechos al sentirse “engañada”.

Precisamente ha sido el Ministerio Público el que ha impulsado el archivo de las actuaciones, puesto que se retiró de la acusación al no hallar indicios de delito. En su declaración judicial, Martinez Pujalte explicó que el carácter mayoritario de su actividad eran asesorías verbales y no había dictámenes o trabajos y si se aportaban eran como análisis o apuntes para que el cliente tomase sus decisiones. Jaime Marín Cózar, socio también de Martínez Pujalte y exdirectivo de FAES, se pronunció en el mismo sentido, e incluso añadió que su trabajo como asesor consistía también en asistir a eventos.

Estas declaraciones fueron corroboradas por los responsables de las empresas que pagaron por esas asesorías verbales, como la constructora vallisoletana Collosa, que pagaba 15.000 euros por trimestre, Mind Talent o Marcenado Economistas.

“La verosimilitud de tales versiones resulta avalada examinando los contratos unidos a la causa”, dice el fiscal del caso, y se basa en que estos tenían como objeto labores de asesoría o consultoría. Así, los informes sin terminar, los esbozos sin fecha ni firma, tienen para el acusador público la explicación de los investigados, que “no es desdeñable” al considerar qye se trata de meros documentos de trabajo, apuntes o borradores facilitados al cliente “para coadyuvar en la labor asesora o para ser desarrollados por aquel”. También la modalidad de pago mensual o trimestral “abona la tesis de la asesoría oral continuada”.

Por otro lado, entiende el fiscal que los informes de la Policía y la Agencia Tributaria y los informes del registro mercantil apoyan la “falta de indicios de actividad delictiva” puesto que los pagos que aparecen en las facturas se realizaron, no se ocultaron y se declararon a Hacienda. Los pagos no eran opacos, ya que se hacían mediante transferencia en cuentas de la empresa. A su vez, las empresas que pagaban no lo hacían a través de sociedades pantalla. Tampoco cree que el fiscal que sea sospechoso que empresas consultoras contratasen con Martínez Pujalte para que las asesorase a su vez y toma por buenas las explicaciones de las primeras: se trataba de una “operativa de colaboración”.

Así, descarta la falsedad documental pero también el cohecho: “sólo se hubiera producido si los pagos efectuados por el receptor de la factura, lo fueran por servicios inexistentes -que descarta- pues en tal caso sólo se entenderían realizados en consideración a la condición de diputados los investigados, cabría la presunción de que el pago se hacía por su actividad política y a cambio de algo”, dice. Pero como no puede acreditarse que el servicio no se prestara, “tal interpretación no puede darse”.

Además, añade que tampoco ha podido acreditarse la finalidad espuria y no da importancia a que las empresas tuvieran contratación pública puesto que ya la tenían con anterioridad y el marco temporal no se corresponde con la obtención de contratos. Por último subraya que ambos políticos, Martínez Pujalte y Torme, tenían concedida la compatibilidad.

El exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte ha negado haber ingresado en un año cerca de tres millones y medio de euros como apuntó la Agencia Tributaria y ha asegurado que se trata de interpretación “equívoca” y “torticera” de Hacienda que sumó en varias ocasiones las mismas cantidades de forma errónea.

En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción 49 de Madrid que le investiga por el cobro de trabajos presuntamente inexistentes a través de la empresa Sirga XXI Asesores, de la que era socio al 50 por ciento junto con la exdiputada popular Ana Torme, Pujalte explica que la Agencia Tributaria suma, respecto al ejercicio fiscal 2015, todos los abonos que se producen en dos cuentas distintas y duplica cantidades.

Así, detalla que una de estas cuentas es la corriente de uso habitual y la otra es la que emplea para sus ahorros a plazo fijo. Tras dos vencimientos producidos el 23 y 24 de enero de 2015 de depósitos de 50.000 y 425.000 euros “se reintegró dicho capital en la cuenta corriente” y, posteriormente, el mismo importe salió de nuevo hacia la segunda cuenta una vez quedó renovado el plazo fijo por dos meses, explica el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

“Esta misma mecánica se repite en varias ocasiones durante 2015, siguiendo así el procedimiento habitual de las entidades bancarias”, añade Pujalte que especifica que la suma de las cantidades abonadas, que se corresponden siempre con el mismo importe, es lo que produce la cifra equívoca superior a 3 millones de euros.

El exdiputado popular destaca que la Agencia Tributaria siempre ha tenido acceso a todos los datos por lo que podría haber evitado este error y solicita a Hacienda que aclare esta interpretación “torticera”. Reclama, también, al Juzgado que se eviten “filtraciones a los medios de comunicación” de datos del procedimiento abierto en su contra.

La causa, que procede de los Juzgados de Valladolid, se abrió después de que su socia Torme denunciara ante la Fiscalía un entramado empresarial presuntamente dirigido por Pujalte y de que el Ministerio Público presentara denuncia en su contra.

En su denuncia, Torme detalló cómo ella cobró por labores de dirección y gestión de la empresa Sirga XXI Asesores hasta que se desvinculó de ella en 2001, mientras su socio multiplicaba esta cantidad en sus ingresos por ser quien realmente captaba los clientes y prestaba los asesoramientos ahora investigados.

Además aseguró que tras desvincularse de la empresa advirtió irregularidades, como el hecho de que muchas empresas que facturaban a Sirga fueran de personas del PP y que algunos de sus administradores estuvieran sometidos a escándalos de corrupción o fueran familiares de éstos.

Según Torme, Pujalte le propuso asociarse para poner en marcha una empresa de asesoramiento, en principio para gestionar los derechos de autor de “un grupo de músicos amigos suyos”, a los que llegó incluso a presentar.

La empresa Sirga XXI se constituyó el 22 de octubre de 2008, si bien la idea inicial no llegó a desarrollarse por motivos que Torme aseguraba desconocer. Además de la gestión de los derechos de autor, Torme señalaba que Martínez Pujalte le propuso incluir en el objeto de la sociedad la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento fiscal, económico, financiero y jurídico, y que él asumiría el papel de presidente y ella el de secretaria.

Torme señaló en la denuncia que el trabajo de captación de clientes fue asumido por el exdiputado y que entre los trabajos en dicho ejercicio aparecieron estudios para la Confederación de Empresarios de Badajoz, asesoramiento a la empresa Corporación Llorente S.L., entidad con renombre en Valladolid.

Sobre esta empresa en particular, Torme señalaba que Martínez Pujalte no le dijo que anteriormente ese trabajo lo desempeñaba otro exdiputado del PP, Federico Trillo, tal y como desvelaría la prensa y ha reconocido él mismo públicamente.

Según los datos obrantes en la denuncia, Sirga emitió factura a Corporación Llorente el 27 de noviembre de 2008 por importe de 15.000 euros, y a ella no se le informó de que se trataba de un contrato mensual, cosa que conoció después.

Otros trabajos que surgieron para Sirga XXI Consultores fueron la confección de un libro científico sobre las cajas de ahorro españolas, de cuya edición se encargó Aranzadi y cuyos directores fueron el propio Pujalte y el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Martínez Pujalte seguía captando otros clientes y subcontrató a Miguel Marín Cozar, quien luego se incorporaría como socio a Sirga XXI, y asesoró entre otros a Marcenado Economistas S.L y Mind Talent Selection S.L. En el año 2011 la labor se ampliaría a Karistia S.L. Y a

El exdiputado Vicente Martínez-Pujalte, investigado por presuntos delitos de falsedad documental y cohecho por su actividad en su consultora Sirga Siglo XXI y que presuntamente facturó a empresarios del PP por trabajos inexistentes, recibió abonos por valor de 3,5 millones de euros en sus cuentas en el año 2015, según un informe que ha remitido la Agencia Tributaria a petición del juzgado de Instrucción número 49 de Madrid que instruye la causa. Durante ese año, Martínez-Pujalte era diputado.

En la información que ha remitido Hacienda, aparece el apunte “suma de abonos en las cuentas”, que se hace constar en casos en los que existe la sospecha de blanqueo de capitales, y cuando el total supera los tres millones anuales. Esos 3,5 millones de euros registrados hace un año no aparecen en las cuentas actuales de Martínez-Pujalte. El exdiputado solo llegó a ahorrar unos 200.000 euros anuales, según figura en el informe elaborado por Hacienda.

“Son abonos porque tenía un depósito a dos meses que iba renovando, y que la agencia tributaria suma hasta los 3,5 millones”, afirma Pujalte.

Su época de bonanza económica no empieza con la consultora, constituida en 2008 y disuelta en agosto de 2015, sino a partir de 2011. Según la declaración de bienes que realizó como diputado ese año al disolverse las cortes antes de las elecciones que ganó el PP, en septiembre de 2011, Pujalte tenía 175.000 euros en sus cuentas y un plan de empleo con 179.000. La información de la Agencia Tributaria da datos algo menores al cierre de ese año: 279.000 euros.

2011 fue el año en que Sirga XXI realizó supuestos trabajos para Scardovi y Karistia, las sociedades de los entonces también diputados Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, que le pagaron cada uno 23.010 euros. La causa de estos dos últimos, que actuaban como comisionistas en operaciones públicas internacionales, se encuentra en la Audiencia Nacional.

El 2012 tampoco fue malo para Martínez-Pujalte. Terminó el año con un saldo de 289.000 euros, pero es en 2013 cuando sus ahorros se duplican y alcanzan los 540.000 euros. La racha siguió en 2014, que cerró con 701.000 euros acumulados. En 2015 la mitad del ahorro desaparece. Cierra el año con un saldo de 364.000 euros, a pesar de que Hacienda ha detectado 3,5 millones de euros que entran en sus cuentas y cuyo destino por ahora está sin explicar.

Estos enormes ingresos distan mucho de justificarse con lo que cobraba como diputado. Su sueldo anual en el Congreso era de 76.000 euros brutos: 39.394 euros de salario base, 14.650 por su puesto de portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Economía y 21.886,32 euros por dietas de manutención y alojamiento.

Tampoco puede apoyarse en las cuentas de Sirga XXI, la consultora, ya que siempre contó con un socio al 50%: la entonces senadora Ana Torme hasta el año 2011 y el exasesor de Aznar Jaime Marín Cozar después de esta fecha y a través de una sociedad. Los ingresos de Sirga XXI oscilaban entre los 100.000 y los 150.000 euros anuales, también lejos de las cifras millonarias que Hacienda ha registrado en 2015 e incluso del aumento registrado entre 2013 y 2014.

El pasado martes, Vicente Martínez-Pujalte y Ana Torme declararon ante la juez que instruye la causa. El primero no desvinculó a su exsocia de su sospechosa actividad en ningún momento. A preguntas de la fiscal y de la juez sí precisó que había creado la consultora para asesorar a Collosa (con la que firmó un contrato antes de que existiese Sirga), que había desarrollado una actividad de carácter mercantil y que nada había estado relacionado con ninguna Administración pública.

Ana Torme mantuvo que cuando entró a formar parte de Sirga lo hizo para encargarse de un proyecto de “unos músicos” amigos de Martínez-Pujalte. Antes, a través de un escrito, había desvelado a la Fiscalía de Valladolid, la primera que investigó el caso, que fue engañada por Martínez-Pujalte, De la Serna, Arístegui y el exdiputado Alejandro Ballestero. La exsenadora se vio en medio de una investigación por falsedad y cohecho de la que decía desconocer todo.

El caso arrancó en Valladolid escindido de la Trama Eólica, que ahonda en presuntas comisiones de 110 millones pagadas por las eléctricas a altos cargos de la Junta de Castilla y León y empresas afines por la concesión de parques para molinos de viento. Una de las empresas beneficiadas, la constructora vallisoletana Collosa, aparecía también como pagadora en la consultora de Federico Trillo, Estudio Labor S.L ( 354.560 euros en casi tres años) y en la de Martínez-Pujalte (75.000), todo ello por “asesorías verbales”.

La Fiscalía, que solicitó copia de los trabajos supuestamente desarrollados por Sirga XXI, no recibió todos. De los remitidos, dos eran exactos excepto por el título y otros se habían copiado de internet. Según la fiscal jefe de Valladolid, las facturas eran simuladas en la mayoría de los casos.

Una vez que el escándalo saltó, Torme, siempre según su versión, supo que algunos clientes de Sirga “eran miembros del Partido Popular” a los que ella conocía “desde hacía años”, como es el caso de Arístegui y De la Serna. “La evidencia de que mi socio me había ocultado que teníamos clientes que además eran amigos míos supuso algo más que una desagradable noticia: fue la constatación de una verdadera ocultación de datos”, aseguraba.

Pero además, subrayaba que “lo verdaderamente trascendente” es que “disimulado dentro del nombre de una sociedad limitada” tres personas de su partido (el PP), y dos “muy próximas” a ella, facturaban a su empresa sin que ella tuviese conocimiento, y apuntaba directamente a los dos ya mencionados (Arístegui y De la Serna) y Ballestero.

Torme sostenía también que la coincidencia de remuneraciones y de conceptos en las tres empresas “se convierte en algo con apariencia irregular”. También detallaba que la mayoría de las empresas para las que Sirga trabajó tenían como administradores o consejeros a personas del PP y que algunos de ellos estaban vinculados a escándalos de corrupción.

La Agencia Tributaria también ha remitido al juzgado el estado de cuentas de Ana Torme, cuyos saldos no han registrado cambios relevantes.

Corrección: una primera versión del artículo indicaba que Pujalte había recibido 3,5 millones de euros en ingresos en su cuenta corriente, según un informe de la Agencia Tributaria. La forma correcta de describir esos movimientos es abonos. Vicente Martínez-Pujalte no quiso hacer declaraciones en su momento, pero posteriormente sí dio su versión indicando que se trataba de un depósito a dos meses que iba renovando. La suma de esos abonos alcanza los 3,5 millones cifrados por la Agencia Tributaria.

El exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte ha querido desvincular la investigación contra él de la actividad política que desarrolló durante más de dos décadas. “No se ha hablado de mi gestión pública”, ha dicho tras declarar ante la jueza que investiga si cobró a través de su empresa por trabajos que no se realizaron nunca.

No ha querido atender a los medios tras su declaración, y se ha limitado a decir que ésta no ha versado sobre su actividad política, y que las preguntas se han centrado en aclarar “una relación mercantil privada”. Martínez Pujalte siempre ha defendido que sus negocios con la empresa que dirigía, Sirga XXI, eran legales y compatibles con su labor como parlamentarios.

El exdiputado del PP ha entrado a la sala poco antes de las 11 de la mañana acompañado de cinco abogados , y ha estado declarando durante algo más de dos horas en el juzgado de instrucción número 49 de Plaza Castilla.

La jueza le investiga por los supuestos cobros de su empresa por trabajos no realizados. Entre las empresas a las que facturó están las consultoras de los también ex diputados del PP Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, exdiputados del PP investigados en la Audiencia Nacional.

Según la la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Martínez Pujalte cobró al menos 60.000 euros de la trama comisionista dirigida por Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna. Se embolsó ese dinero por asesorarles en el exterior con trabajos calcados de Internet.

La causa procede de los juzgados de Valladolid, donde la Fiscalía denunció a Martínez Pujalte y a su exsocia, la exsenadora del PP Ana Torme, por falsedad y cohecho. Días después, Torme denunció ante la Fiscalía un entramado empresarial presuntamente dirigido por Pujalte y el Ministerio Público presentara denuncia en su contra por delitos de falsedad y cohecho.

Torme ha entrado a la sala tras Martínez Pujalte y ha estado declarando durante cerca de hora y media. A la salida ni ella ni su defensa han querido comentar nada sobre el interrogatorio.

El juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigados a una buena parte de la cartera de clientes del ex diputado Vicente Martínez Pujalte, imputado por falsedad y cohecho, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La mayoría de sus clientes, vinculados al Partido Popular, realizaron pagos a la consultora de Martínez Pujalte, Sirga XXI S.L, sin que se haya podido acreditar, hasta el momento, que los informes que pagaron fueron realizados.

Martínez Pujalte y su socia, la exsenadora del PP Ana Torme Pardo, declararán el próximo 23 de noviembre a las 10.30 de la mañana. Torme, que en la actualidad ocupa su plaza de funcionaria en la Consejería de Sanidad de Castilla y León, aseguró en un escrito ante la Fiscalía de Valladolid, la primera en investigar el caso, que fue engañada por su socio y que además era Pujalte quien cobraba directamente los trabajos facturados a los clientes, relacionados con el Partido Popular.

Las declaraciones seguirán el 14 de diciembre, donde también a las 10.30 están citados tres imputados. María del Mar Benito Vega, administradora única de Transport World Wide System, tendrá que explicar por qué su empresa pagó entre los años 2012 y 2014, 82.395 euros por trabajos que no han podido acreditarse. En esta sociedad estaba también como administrador José Gonzalo Gil de Acosta, relacionado con el 'Caso Unión' que investiga el pago de comisiones en Arrecife (Las Palmas) por modificaciones de planes urbanísticos.

El 14 de diciembre declarará también Alejandro Ballesteros de Diego, diputado del PP por Toledo en el momento de los hechos y administrador de Mind Talent Selection. Esta firma tampoco ha podido aportar informes o asesorías que avalen el pago de 6.380 euros a Sirga XXI S.L. Según ha podido saber eldiario.es de fuentes conocedoras del caso, Ballesteros está intentando evitar declarar en el juzgado y para ello ha pedido que se descarte su cita por prescripción del delito, pero el juez lo ha desestimado. Ballesteros ha recurrido la decisión.

En el juzgado también tendrá que dar explicaciones el dirigente del PP Miguel Jaime Marín Cózar,  director de Economía y Políticas Públicas de FAES, cercano al expresidente del Gobierno José María Aznar,. Jaime Marín Cózar fue asesor en el departamento de Economía de Presidencia del Gobierno entre 2001 y 2004 y asistente jurídico del PP en el Congreso entre 2005 y 2008, cuando Pujalte formaba parte del grupo parlamentario popular. La relación de ambos trascendió al hemiciclo, tal y como evidencia el sumario. 

El 23 de julio de 2013 Martínez-Pujalte vendió el 50% de sus acciones a la mercantil Análisis Económico Integral SLNE por 1.503 euros. Esta sociedad está participada en un 99 % por Marín Cozar. Además, desde 2009 a 2010 este fue trabajador “por cuenta propia” de Sirga XXI.

El 11 de enero también está citado en calidad de investigado, la nueva figura legal que sustituye a la del imputado, el propietario de la constructora Collosa, Alejandro Llorente Muñoz, tendrá que explicar qué clase de asesoría recibió de Martínez Pujalte. Antes de que se hubiese constituido la consultora, firmó con Sirga el  (1 de octubre de 2008) un contrato de arrendamientos de servicios profesionales que incluían “la prospección y selección de mercados, asesoramiento e implementación de estrategias de acceso, consultoría y asesoría en planificación estratégica global”. Los honorarios acordados fueron de 15.000 euros que se pagaron de forma trimestral, y todo ello por un “asesoramiento verbal”. Lo extraño es que Corporación Llorente ya tenía contratados los servicios de otras asesorías, una para el Consejo y varias sobre informes comerciales.

Mientras Corporación Llorente (Collosa) pagaba a Pujalte por escuchar sus consejos, realizó numerosos trabajos para la Junta de Castilla y León con sus sociedades. Sólo para consejerías y organismos dependientes del Gobierno regioal, entre 2006 y 2013, Grupo Collosa facturó 438,5 millones. Su participación en distintas UTES (unión temporal de empresas) le permitió facturar 134,4 millones de euros al Ejecutivo regional.

Los socios de Collosa fueron supuestamente beneficiados por la 'Trama Eólica', según se desprende de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción. El caso engloba a políticos y empresarios de Castilla y León que recibieron comisiones de 110 millones de las eléctricas a cambio de que se les autorizasen parques con molinos de viento en la región.

Además de las declaraciones, el juez ordenó hace unas semanas que se investiguen las empresas de Javier Algarra. Con una de ellas, Lagun Media S.L. pagó a Sirga XXI más de 44.000 euros entre 2012 y 2014. Poco después de la orden judicial, Algarra, presentador de 'El gato al agua' en Intereconomía, fue relevado.

El exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte está cercado por la Fiscalía Anticorrupción. El juzgado madrileño que se hizo cargo de su caso tras la inhibición de un juez de Valladolid, donde arrancó la investigación, ha remitido las facturas de las consultoras Karistia S.L y Scardovi S.L, propiedad de Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna respectivamente, a la Audiencia Nacional, que investiga a los dos últimos, y las ha remitido a su vez a la Fiscalía Anticorrupción, como ha adelantado la Cadena Ser.

La remisión de estas facturas era una solicitud incluida en el informe de la Fiscalía de Valladolid, la primera que investigó a Martínez Pujalte después de que en la documentación de la llamada “trama eólica” apareciesen pagos de 5.000 euros trimestrales de una constructora vallisoletana beneficiada por la adjudicación de parques eólicos, Collosa, al diputado murciano.

Martínez Pujalte cobró a sus compañeros De Arístegui y Gómez de la Serna, ambos investigados en otra supuesta trama de comisiones ilegales, por el “asesoramiento en prospectiva económica de mercados internacionales”. Los albaranes muestran cómo Martínez Pujalte, también diputado en esa época (abril, mayo y junio de 2011), facturó a su sociedad de asesoría Sirga XXI Consultores trabajos que supuestamente realizó para las dos empresas de sus compañeros. Para hacerlo utilizó los mismos conceptos en ambos casos, y también el mismo precio, 4.500 euros por trimestre. Así, la consultora del diputado murciano obtuvo de sus compañeros un total de 46.020 euros en 2011 (23.010 de cada una de las mercantiles).

Las tres firmas se dedicaban a la consultoría estratégica  y fueron creadas en 2008. Pero además Gómez de la Serna, administrador de Karistia, y Gustavo de Arístegui, administrador de Scardovi, habían creado la marca Voltar Larssen para cobrar comisiones millonarias por conseguir contratos en el exterior para empresas. Al menos así lo considera la Audiencia Nacional, que les investiga desde enero.

La simulación de trabajos es manifiesta ya que tal y como comprobó la Fiscalía de Valladolid uno de esos informes titulado La influencia de las compañías aéreas low cost sobre el turismo en la Comunidad Valenciana, es exactamente el mismo que el que presenta para justificar su asesoría a otra consultora también vinculada al PP, Marcenado Economistas, en el que sólo cambia la comunidad autónoma a la que se refiere.

El hecho de que el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata haya remitido esta documentación a la Fiscalía Anticorrupción, avanza la sospecha de la existencia de una trama para el cobro de comisiones, porque Anticorrupción no se ocuparía de un delito aislado de estafa.

Martínez Pujalte subcontrató a Miguel Marín Cozar (director de Economía y Políticas Públicas de FAES, cercano al expresidente José María Aznar, de quien fue asesor en el departamento de Economía de Presidencia del Gobierno (2001-2004). Entre sus clientes figura además Marcenado Economistas (uno de los dos socios era Ricardo Romero de Tejada Picatoste, secretario general del PP de Madrid entre 1996 y 2004 y alcalde de Majadahonda entre 1989 y 2001) y Mind Selection, cuyo administrador es el exdiputado Alejandro Ballestero, también del PP,  pero que antes gestionaba Ana María Córdoba,“ también del PP e imputada en el caso Poniente (El Ejido)”.

Todo eso lo destapó la exsocia de Martínez Pujalte, Ana Torme en un escrito ante la Fiscalía en Valladolid que también sospechaba de ella y que permanece investigada en el juzgado de Madrid que se hizo cargo del caso.

Sobre Marcenado Economistas, Torme apuntó entonces que el administrador es Juan Antonio Mora, “que también lo es de  Ecogesma SL y consejero de Paeco Gestión” y que aparece en el caso Unión (Operación Jamble). “La primera, vinculada a la destrucción de documentos Gürtel y la segunda, a una trama de adjudicaciones irregulares por ayuntamientos”. También citaba a la empresa Transport Systems SA, cuyo administrador, José Gonzalo Gil de Acosta aparece en el conocido como caso Unión, una supuesta red de comisiones ilegales en Arrecife (Las Palmas) procedentes de la supuesta manipulación de planes urbanísticos.

Todas estas empresas serán rastreadas ahora por Anticorrupción para confirmar o descartar la existencia de una trama de corrupción política que, según apuntan fuentes conocedoras de la investigación, actuaría de manera similar a Gürtel o Púnica.

El exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte cobró al menos 60.000 euros de la trama comisionista dirigida por Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna. Se embolsó ese dinero por asesorarles en el exterior con trabajos calcados de Internet, según han descubierto los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tal y como avanza la Cadena Ser.

La UDEF de la Policía Nacional ha analizado los documentos remitidos por Martínez Pujalte a la organización, y destaca que el exdiputado popular solía descargarse sus artículos del Instituto de Fomento de Murcia, de la página web de la Universidad Politécnica de Valencia, del Instituto Español de Comercio Exterior, o del Real Instituto Elcano, así como de páginas web del Gobierno de los Estados Unidos o de algunos medios de comunicación.

Según ha informado la Cadena Ser, la mayor parte de los informes de Martínez Pujalte que forman parte del sumario, versaban sobre la situación socio-económica de Argelia y diversos nichos de mercado en este país.

Argelia fue clave para la supuesta organización criminal de Arístegui y Gómez de la Serna. De hecho, la UDEF descubrió presuntos sobornos de una empresa de los expolíticos del PP a familiares de funcionarios argelinos para adjudicar dos contratos públicos a Elecnor.

Por su parte, la Cadena SER se ha puesto en contacto con Pujalte, quien no ha querido hacer declaraciones. Se ha limitado a negar que que copiase un trabajo de fin de carrera, tal y como sostienen los agentes de la UDEF, o que cobrara por plagiar informes de internet para la supuesta organización criminal.

La justicia ya investiga a Vicente Martínez Pujalte por delitos de falsedad y cohecho. La Fiscalía le denunció en Valladolid por hechos semejantes, ya que supuestamente cobró de una constructora a cambio de informes sobre trabajos inexistentes.

Vicente Martínez Pujalte cobró de las consultoras Scardovi S.L y Karistia S.L, pertenecientes a los entonces diputados Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, por el “asesoramiento en prospectiva económica de mercados internacionales emergentes”.

Así lo atestiguan las facturas a las que ha tenido acceso eldiario.es y que muestran cómo el también diputado en esa época (abril, mayo y junio de 2011) facturó a su sociedad de asesoría Sirga XXI Consultores trabajos que supuestamente realizó para las dos empresas de sus compañeros. Martínez Pujalte utilizó los mismos conceptos para ambas, y también el mismo precio, 4.500 euros por trimestre. Así, la consultora del diputado murciano obtuvo de sus compañeros un total de 46.020 euros en 2011 (23.010 de cada una de las mercantiles).

Tanto Scardovi como Karistia se dedicaban a la consultoría estratégica y, como Sirga XXI, se crearon en 2008. Es más, Gómez de la Serna, administrador de Scardovi SL y Gustavo de Arístegui, administrador de Karistia SL, habían creado la marca Voltar Larssen para cobrar comisiones millonarias por conseguir contratos en el exterior para empresas. Al menos así lo considera la Audiencia Nacional, que les investiga desde enero.

¿Qué pudo aportar Martínez Pujalte a dos consultores consumados como ellos? Según los documentos que ha facilitado a la Fiscalía de Valladolid, más bien poco. En una misma carpeta mete trabajos para Scardovi, Karistia y Lagun Media (esta última es la productora de un presentador de 13TV) pero no hay fechas, ni firma, ni se sabe qué corresponde a cada sociedad.

Además, uno de estos trabajos, La influencia de las compañías aéreas low cost sobre el turismo en la Comunidad Valenciana, es exactamente el mismo que el que presenta para justificar su asesoría a otra consultora también vinculada al PP, Marcenado Economistas, en el que sólo cambia la comunidad autónoma a la que se refiere.

Su asesoría satisfizo a sus amigos, que en 2012 y 2013 siguieron pagando. La cantidad total que Gómez de la Serna pagó a su compañero de escaño ascendió a 41.070 euros, mientras que Gustavo de Arístegui aceptó facturas que suman 26.460 euros.

Pero Martínez Pujalte no cobraba directamente sino que, tal y como denunció su socia hasta 2011, la también diputada Ana Torme, las compañías pagaban estas cantidades a Sirga Siglo XXI y después Martínez Pujalte facturaba por el 85% de ese importe, y todo ello, siempre según la versión de Torme, sin que ella supiera de sus manejos.

Según ha podido saber eldiario.es, la información que Martínez Pujalte tuvo que enviar por requerimiento judicial llegó desordenada y, parte de ella, en carpetas con el logo del Congreso de los Diputados. Para la Fiscalía, las facturas tienen una “patente falta de autenticidad” y no considera acreditados los pagos, por lo que le atribuye los delitos de falsedad documental y cohecho, pero será la Audiencia Nacional, que ya investiga a De Arístegui y Gómez de la Serna, la que también se haga cargo o no de los negocios de estos con el político murciano.

El exdiputado Vicente Martínez Pujalte, investigado por presuntos delitos de falsedad documental y cohecho por su actividad en su consultora Sirga Siglo XXI, se contrató a sí mismo en su mercantil para facturar a su favor, y no al de la sociedad, los contratos que conseguía y que la Fiscalía de Valladolid considera fruto de “trabajos simulados”. Tanto Martínez Pujalte como la que era su socia hasta 2011, la entonces senadora Ana Torme, percibían un sueldo fijo de Sirga. Sin embargo, el contrato de 15.000 euros que Martínez Pujalte cerró con la constructora Corporación Llorente (supuesta beneficiada en la conocida como trama eólica) antes de constituir la sociedad mercantil, los cobró íntegramente él.

Fue esa la razón por la que en una Junta de Accionistas de noviembre de 2008 de Sirga se acordó que Martínez Pujalte prestase además, “servicios profesionales por cuenta propia” y que las cantidades serían variables en función de la complejidad del trabajo y lo que pagase cada cliente, si bien no podría cobrar más del 85% de cada factura. Este es uno de los motivos que esgrime Ana Torme, también investigada en este caso, para justificar que desconocía los manejos de quien fue su “socio y amigo”.

Torme desgrana su paso por la consultora Sirga en un escrito que presentó en junio de 2015 a la Fiscalía de Valladolid, y en el que denuncia que fue engañada por Martínez Pujalte, Javier Gómez de la Serna, Gustavo de Arístegui y Alejandro Ballestero. En él dudaba de la veracidad de las facturas que estos habían emitido. A lo largo de 14 páginas explica que tuvo una relación de amistad con Martínez Pujalte y que aceptó montar una sociedad con él que desde luego no estaba pensada para ser una consultora.

Una firma para gestionar derechos de autor de músicos

Según explica Torme en el escrito en el que se presenta como “denunciante/perjudicada”, la idea con la que nace Sirga era “la representación y gestión de los derechos de autor de un grupo de músicos amigos suyos” a los que llegó a conocer. Pero además, Martínez Pujalte le propuso incluir la prestación de servicios de consultoría, asesoramiento fiscal y planificación estratégica. Mientras él asumió el papel de presidente, Torme fue la secretaria responsable de “tareas burocráticas y de gestión”.

Tanto es así, que “el trabajo de captación de clientes fue asumido íntegramente por Vicente [Martínez Pujalte]”. “Mi capacidad en ese ámbito era muy limitada, si no nula”, se exculpa la exsenadora.

Torme se desentiende de los trabajos iniciales, el primero para la Confederación de Empresarios de Badajoz, porque asegura que no se reunió con nadie ni conoció a sus representantes. El siguiente fue el que hizo que la trama apareciera en los medios de comunicación: la asesoría a la constructora de Valladolid Corporación Llorente (Grupo Collosa), que aparece en la trama eólica por haber obtenido licencias para parques y que también contrató años antes los servicios de Estudios Labor, de Federico Trillo, otro de los cargos populares investigados. “Martínez Pujalte me comunicó en noviembre de 2008 que un nuevo consejero delegado le había fichado como asesor y que facturaría con la sociedad mercantil los servicios de consultoría y asesoramiento que iba a realizar personal y exclusivamente él y a cobrar para sí mismo”.

Torme sostiene en la denuncia que conocía la empresa porque ella es de Valladolid, pero que no tuvo nunca relación de ningún tipo con ella ni con sus responsables. “Desde luego [Martínez Pujalte] no me dijo que ese trabajo lo desempeñaba anteriormente otro ex diputado del PP, Federico Trillo, tal y como desvelaría la prensa [tras salir a la luz el escándalo de la trama eólica] y ha reconocido él mismo públicamente”, relata.

Pero además, según la exsocia de Martínez Pujalte, nunca supo que el contrato había empezado antes de constituirse la sociedad. Mientras su socio seguía haciendo trabajos por su cuenta ella continuaba “con el proyecto de la música”. Pero Torme sí que participó en uno de los pocos encargos que vieron la luz y sin facturas dudosas, un libro de la editorial Aranzadi, Pasado, presente y futuro de las Cajas de Ahorro, en el que elaboraron capítulos el ministro de Economía, Luis de Guindos, el exministro de Administraciones Públicas y portavoz económico del PSOE Jordi Sevilla o el propio Martínez Pujalte, entre otros.

Mientras Torme coordinaba el libro, su “compañero de escaño, amigo y socio”, siguió captando clientes. La exsenadora que es licenciada en Geografía e Historia “difícilmente podría participar”. Para algunos trabajos, Martínez Pujalte subcontrató a Miguel Marín Cozar (director de Economía y Políticas Públicas de FAES, cercano al expresidente José María Aznar, de quien fue asesor en el departamento de Economía de Presidencia del Gobierno (2001-2004), y siguió asesorando a Corporación Llorente.

A la constructora se sumaron Marcenado Economistas (uno de los dos socios era Ricardo Romero de Tejada Picatoste, secretario general del PP de Madrid entre 1996 y 2004 y alcalde de Majadahonda entre 1989 y 2001) y Mind Selection. En 2001 se amplió esa labor profesional “realizada personalmente por él”, y es cuando aparecen Scardovi, la empresa de Pedro Gómez de la Serna, y Karistia, la de Gustavo de Arístegui.

En su relato de los hechos, Ana Torme da a conocer sus retribuciones, la mitad o la tercera parte de las que cobraba Martínez Pujalte, que era “quien realmente captaba los clientes, hacía los trabajos, y llevaba el peso de la empresa”, por ello facturaba como profesional a Sirga.  Es decir, que se contrataba a sí mismo, además de percibir el sueldo como director de la firma.

En 2011, Torme abandonó el proyecto y no volvió a saber nada de la mercantil hasta que saltó el escándalo de la trama eólica y los pagos de una de las constructoras beneficiadas a Sirga. Tras dar explicaciones a la prensa y a compañeros de partido, acabó por pedirle a su exsocio que aclarase que no había participado en la asesoría al Grupo Collosa.

“Sin embargo esto no se produjo. Mi exsocio seguía dando a entender que era la empresa y no él la que obtenía a los clientes y hacía los trabajos, no sólo no aclarando estos hechos, sino alimentando la posible interpretación de que yo había participado tanto en los encargos de Corporación Llorente como de los beneficios”, apunta a la Fiscalía.

Conocidos y cargos del PP entre los clientes

Tome recurrió entonces a un abogado y a Internet, donde descubrió que algunos clientes de Sirga “eran miembros del Partido Popular” a los que ella conocía “desde hacía años”, como es el caso de Gustavo de Arístegui y Gómez de la Serna. “La evidencia de que mi socio me había ocultado que teníamos clientes que además eran amigos míos supuso algo más que una desagradable noticia: fue la constatación de una verdadera ocultación de datos”, asegura.

Pero además, subraya que “lo verdaderamente trascendente” es que “disimulado dentro del nombre de una sociedad limitada” tres personas de su partido (el PP), y dos “muy próximas” a ella, facturaban a su empresa sin que ella tuviese conocimiento, y apunta directamente a los dos ya mencionados (De Aristegui y Gómez de la Serna) y al exdiputado Alejandro Ballestero. Torme sostiene también que la coincidencia de remuneraciones y de conceptos en las tres empresas “se convierte en algo con apariencia irregular”.

Además apunta otros datos interesantes, como el hecho de que muchas de las mercantiles que trabajaron con Sirga se constituyeron en las mismas fechas, que “no pocos de los administradores” a los que pagaba Sirga o de los que recibía pagos “tienen a sus administradores, consejeros o familiares vinculados a los mismos en otras mercantiles, sometidos a escándalos de corrupción referidos a políticos del Partido Popular”.

Cita a Mind Selection, cuyo administrador es el exdiputado Alejandro Ballestero pero que anteriormente gestionó Ana María Córdoba,“ también del PP e imputada en el caso Poniente (El Ejido). Sobre Marcenado Economistas, Torme recuerda que el administrador es Juan Antonio Mora, ”que también lo es de  Ecogesma SL y consejero de Paeco Gestión“ y que aparece en el caso Unión (Operación Jamble). ”La primera vinculada a la destrucción de documentos Gürtel y la segunda a una trama de adjudicaciones irregulares por ayuntamientos“. También cita a la empresa Transport Systems SA, cuyo administrador, José Gonzalo Gil de Acosta aparece en el caso Unión.

Torme presentó el escrito a Fiscalía “ante la certeza de que había sido engañada” y después de que Vicente Martínez Pujalte, lejos de exonerarla “presumiese de un ánimo espurio en sus intenciones” cada vez que compareció ante la prensa. “No soy quien para juzgar ni para acusar. Solamente debo relatar los hechos y otros deben decidir sobre ellos”, dice Torme, quien además asume “el dolor de señalar” a quienes han sido cercanos a ella y hasta “el mal trago” de someterse al escrutinio de terceras personas e incluso de la opinión pública“.

A pesar de sus argumentos y del extenso escrito, nueve meses después, Ana Torme está imputada. Igual que la mayoría de los que hicieron negocios con Sirga.

El exdiputado nacional y exportavoz de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte, la que fue su socia, la exdiputada Ana Torme, y el socio que sustituyó a esta, Jaime Marín Cózar ( director de Economía y Políticas Públicas de FAES, cercano al expresidente José María Aznar, presidente de honor del PP, de quien fue asesor en el departamento de Economía de Presidencia del Gobierno (2001-2004) y asesor jurídico del PP en el Congreso entre 2005 y 2008), están formalmente investigados por delitos de cohecho impropio y falsedad documental continuados por su actividad en su sociedad Sirga XXI Consultores SL.

Según ha podido saber eldiario.es, la Fiscalía de Valladolid, que se hizo cargo de esta pieza escindida de la trama eólica, ha formulado denuncia contra ellos porque considera que la actividad de Sirga S.XXI era “simulada en su integridad”, es decir, que cobró por unos trabajos que nunca llegaron a realizarse.

Martínez Pujalte y Torme no son los únicos investigados. También tendrán que dar explicaciones quienes realizaron pagos que, aparentemente, no fueron más que 'mordidas'. Los empresarios que, según la Fiscalía, actuaron como cooperadores necesarios, y para los que no descarta algún otro tipo penal.

La investigación ha destapado una relación de facturaciones a sociedades de personas vinculadas al Partido Popular que Martínez Pujalte ha intentado justificar, sin éxito, con fotocopias de trabajos sin fechar e incluso con informes idénticos para distintas sociedades, pero es que en algunos casos, los trabajos no han podido aportarse.

Pero el caso no se quedará en Valladolid. La juez de Instrucción número 5 se ha inhibido porque considera que en la provincia castellano y leonesa no se ha llevado a cabo ninguna actividad delictiva, ya que Sirga se constituyó en Madrid, e incluso el único contrato que podría ser vinculante (el de la constructora vallisoletana Collosa), se firmó en Madrid.

La Sociedad Sirga XXI Consultores SL se creó el 22 de octubre de 2008 en Madrid. Los socios, al 50%, eran Vicente Antonio Martínez-Pujalte López y Ana Torme Pardo, diputada por Valladolid desde 1996 hasta 2011 y senadora desde 2011 a 2015. Ambos eran administradores solidarios. El objeto social era la “prestación de servicios de asesoramiento fiscal, contable, económico, financiero, jurídico, mercantil, laboral y de servicios de consultoría”.

La consultora de los dos entonces diputados arrancó con fuerza: antes de constituirse tenía su primer contrato. La constructora vallisoletana Corporación Llorente Muñoz firmó con Sirga el día 1 de octubre de 2008 un contrato de arrendamientos de servicios profesionales que incluían “la prospección y selección de mercados, asesoramiento e implementación de estrategias de acceso, consultoría y asesoría en planificación estratégica global”. Los honorarios acordados eran 15.000 euros que se pagaron de forma trimestral, y todo ello por un “asesoramiento verbal”. Lo extraño es que Corporación Llorente ya tenía contratados los servicios de otras asesorías, una para el Consejo y varias para consultoría comercial.

Mientras Corporación Llorente (Collosa) pagaba a Pujalte por escucharle, realizó numerosos trabajos para la Junta de Castilla y León con sus sociedades. Sólo para consejerías y organismos dependientes, entre 2006 y 2013, Grupo Collosa facturó 438,5 millones. También en UTES (unión temporal de empresas) facturó 134,4 millones de euros.

Otra relación comercial que ha llamado la atención en la investigación es la que tiene con Marcenado Economistas, que es una consultora. Es decir, que una consultora requiere los servicios de otra. Pero hay detalles que pueden dar pistas. El administrador de Marcenado es Juan Antonio Mora Barreno, si bien el 50.10% de las participaciones sociales las ostentaba Ricardo Romero de Tejada Picatoste, secretario general del PP de Madrid entre 1996 y 2004 y alcalde de Majadahonda entre 1989 y 2001.

El por qué efectuaron ingresos periódicos a Sirga entre 2009 y 2014 es una incógnita aún por despejar. Para justificar las facturas se han aportado trabajos redactados sin firma, sin destinatario y con fecha de julio de 2008 (cuando Sirga aún no existía y además sin que haya pagos en esa fecha) diciembre de 2010 y diciembre de 2012. El total asciende a 189.840 euros (17.400 en 2009, 42480 en 2001, 48285 en 2012, 49.005 en 2013 y 32670 en 2014). Por si eso fuera poco, no se ha aportado ningún contrato entre las dos partes.

Otra empresa vinculada al PP, y cuyo responsable está también investigado es Mind Talent Selection. Su administrador es Alejandro Ballestero de Diego, diputado del Partido Popular en el momento en que empezó a pagar a Sirga sin que exista un contrato o trabajo que demuestre que hubo una prestación de servicios. Lo único que hay son facturas (6.380 euros en 2009). Lo mismo ocurre con la empresa Trasport System World Wide, que pagó 91.575 euros (18975 euros en 2012, 36.300 en 2013, y otros 36.300 en 2014) sin que haya un sólo documento que explique por qué.

El caso de la empresa farmacéutica Laboratorios Doctor Esteve tampoco se acredita contrato o trabajo alguno, pero pagó 60.500 euros en el año 2014. Esta compañía ha recibido numerosas subvenciones entre 2008 y 2014 por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, del Departamento de Cultura y del Ministerio de Economía y Competitividad.

Más investigados como cooperadores necesarios: Atento Inversiones, que tan sólo aporta un trabajo fechado en 2010, la Confederación Empresarial de Madrid, que basa su relación en la fotocopia de un libro, el Consejo Económico y Social de Extremadura, con 20 estudios incompletos sin fechar ni firmar a excepción de uno, la Confederación Regional Empresarial de Extremadura, que recibió numerosas subvenciones y que también aporta fotocopias de dudosa veracidad, Eyee Estudios Empresariales, que aporta como toda prueba una invitación a un curso organizado por Ernst&Young, y las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres, que llegan a aportar un trabajo de antes de que existiese Sirga. Las dos entidades fueron subvencionadas por los gobiernos estatales y autonómicos.

Ana Torme Pardo abandonó Sirga XXI, el 15 de noviembre de 2011. Tal y como se refleja en un acuerdo de Junta General, vendió sus participaciones sociales a Vicente Martínez-Pujalte, por importe de 5.250 euros. A partir de esa fecha, Martínez Pujalte pasó a ser administrador único de la sociedad. El 23 de julio de 2013 Martínez-Pujalte vendió el 50% de sus acciones a la mercantil Análisis Económico Integral SLNE por importe de 1.503 euros. Esta mercantil está participada en un 99% por Jaime Miguel Marín Cozar.

Desde la fecha de compra de las acciones sociales a Sirga XXI Consultores SL por Análisis Económico Integral, los administradores eran Martínez-Pujalte y Marín Cozar. Sirga XXI Consultores cesó en su actividad y se disolvió en agosto de 2015, apenas cuatro meses después de que estallase el escándalo de la trama eólica y se conociese la vinculación con la constructora Grupo Collosa, de la que cobró por “asesoramientos verbales”.

Pero la disolución no libra a Martínez-Pujalte y a sus socios de dar explicaciones sobre los ingresos que recibió, y hasta el momento, estas no han convencido a la Fiscalía de Valladolid. Un juzgado madrileño decidirá a partir de ahora.

Colp de porta a les intencions de l’exdiputat del PP, Vicente Martínez-Pujalte, de reincorporar-se a la Cambra de Comerç de València. L’ens ha anunciat aquest dimarts l’acomiadament del polític popular després de la seua sol·licitud de tornar a la institució, que va deixar el 1996 per dedicar-se a la política. Ha estat 19 anys en excedència a la Cambra.

L’acomiadament, segons la Cambra, s’ha pres per causes objectives. La indemnització està subjecta a allò que preveu l’article 53 de l’Estatut dels Treballadors; serà de 20 dies per any treballat amb un màxim d’un any. En total, l’exdiputat cobrarà 70.000 euros.

Pujalte havia demanat tornar al seu lloc de treball després d’abandonar la vida política i de no haver estat inclòs en les llistes electorals del PP per als comicis celebrats aquest diumenge. El polític havia anunciat el final de la seua carrera política després de veure’s involucrat en un escàndol d’assessories polítiques a constructores. Hauria rebut 75.000 euros d’una empresa que havia estat adjudicatària de l’Administració pública. La investigació oberta sobre aquest afer al Congrés va ser paralitzada pel PP.

Encara que el PP va tancar la investigació, Pujalte va posar punt final a la seua trajectòria política. Durant el seu comiat, va demanar “perdó” per si de cas havia ofés algun company. Pujalte ha estat parlamentari popular durant sis legislatures

Portazo a las intenciones del exdiputado del PP, Vicente Martínez-Pujalte, de reincorporarse a la Cámara de Comercio de Valencia. El ente ha anunciado este martes el despido del político popular después de su solicitud volver a la institución que dejó en 1996 para dedicarse a la política. Había estado 19 años en excedencia en la Cámara.

El despido, según la Cámara, se ha tomado por causas objetivas. Su indemnización está sujeta a lo previsto en el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores y será de 20 días por año trabajado con un máximo de un año. En total, el exdiputado cobrará 70.000 euros.

Pujalte había pedido volver a su puesto de trabajo después de abandonar la vida política y no ser incluido en las listas electorales del PP para los comicios celebrados este domingo. El político había anunciado el final de su carrera política tras verse involucrado en un escándalo de asesorías políticas a constructoras. Habría recibido 75.000 euros de una empresa que había sido adjudicataria de la Administración pública. La investigación abierta sobre el asunto en el Congreso fue paralizada por parte del PP.

Aunque el PP cerró al investigación, Pujalte puso punto y final a su trayectoria política. En su despedida, pidió “perdón” por si había ofendido a algún compañero. Pujalte ha sido parlamentario popular durante seis legislaturas.

Vicente Martínez-Pujalte ha finiquitado su despacho de asesoría, Sirga XXI Consultores, en un momento dulce para la firma. El ejercicio 2014, previo a que trascendiera que el diputado y portavoz de Economía del PP en el Congreso utilizó esa sociedad para facturar, alrededor de 2009, un total de 75.000 euros a una constructora por trabajos de asesoría “verbal”, fue el mejor para Sirga desde su creación, en 2008. Tanto en ventas como en beneficio.

Según las cuentas disponibles en el Registro Mercantil, Sirga XXI cerró 2014 con 213.773,65 euros de facturación (un 76,6% más que en 2013) y un beneficio de 23.991,46 euros, frente a las pérdidas de 432,81 euros de un año antes. Supera así las cifras de 2009, su primer y mejor ejercicio hasta ahora, cuando facturó 150.365 y declaró unas ganancias de 14.616 euros.

El beneficio de 2014, que fue íntegramente destinado a reservas y a compensar pérdidas de ejercicios anteriores, se vio penalizado por un fuerte incremento de la partida de “otros gastos de explotación”. Estos se dispararon un 54%, hasta 175.140,41 euros, después de que Sirga contratara servicios por importe de 158.998,1 euros a sus dos administradores, Pujalte y Miguel Marín Cózar, exasesor de José María Aznar y actual directivo de la Fundación de Estudios y Análisis Sociales (FAES), el 'think tank' del PP.

De esa cantidad, la mayor parte, 104.795,52 euros, fue para Pujalte y los restantes 54.202,58 euros, para Análisis Económico Integral, S.L.N.E., de la que Marín es administrador único. Sirga destinó al pago de impuesto sobre beneficios 8.954,28 euros, frente a los 1.112,27 euros de un año antes.

El pasado mes de agosto, a unos meses de las próximas elecciones generales, Pujalte y Marín inscribieron la disolución voluntaria de la sociedad, unos meses después de que, en abril, el diario El País revelase los pagos realizados a Pujalte por Collosa, empresa vallisoletana implicada en una trama de presuntas adjudicaciones irregulares de parques eólicos en Castilla y León que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

Preguntado en agosto por las razones de la liquidación de Sirga (“¿Le iba mal el negocio?”), Pujalte no quiso hacer comentarios. “Este asunto corresponde a mi actividad privada, tengo la compatibilidad [al Congreso de los Diputados] hecha y todo declarado a Hacienda”, dijo el diputado, que en abril subrayó que su vínculo con Collosa era “legal”, aunque no fuera “ético”.

“Asesoramiento coach”

Pujalte realizó trabajos de asesoría “verbal” a Collosa que el principal ejecutivo de la firma en esas fechas, Mario Armero, ha definido como de “asesoramiento coach”. Se limitaba a tomarse un café con Armero, según este último, para exponerle su visión de la economía a cambio de una “iguala” de 5.000 euros mensuales. Sustituyó como asesor de la empresa a otro político popular, el ex ministro, actual embajador en Londres y por aquellos años diputado del PP, Federico Trillo.

Tras el escándalo de los cobros de Pujalte y Trillo, el Congreso rechazó en junio investigar al portavoz económico del PP en la Cámara Baja por considerar, como el parlamentario murciano, que su actividad era “legal”. Lo hizo en la Comisión del Estatuto del Diputado de la Cámara Baja, que rechazó en junio pasado esa pretensión en una reunión a puerta cerrada y gracias a los votos en solitario del PP.

Con sede en la calle Marqués de Cubas, a unos metros del Congreso de los Diputados, y participada por otra diputada del PP, Ana Torme, Sirga también fue utilizada por Pujalte para cobrar otros 22.710 euros de la Cámara de Comercio de Badajoz por tres informes de asesoría realizados entre julio de 2009 y diciembre de 2010.

El más caro de esos tres informes (costó 10.000 euros, sin incluir impuestos) fue uno sobre “El comercio exterior y la internacionalización de la economía en Extremadura” elaborado por Marín por encargo de Pujalte. Constaba, según el actual directivo de FAES, de “75 slides de PowerPoint” (a razón de 133 euros por página). Los informes no aparecen, según la Cámara.

Se acabó el 'coaching' de Vicente Martínez-Pujalte a través de Sirga XXI Consultores, su despacho de asesoría. El diputado y portavoz de Economía del PP en el Congreso ha aprovechado el verano para finiquitar la firma que utilizó para facturar, alrededor de 2009, un total de 75.000 euros a una constructora por unos trabajos de asesoría “verbal” de los que la Agencia Tributaria no ha encontrado constancia documental.

Pujalte y el otro administrador solidario de la firma, Miguel Marín Cózar, exasesor de José María Aznar y actual directivo de la Fundación de Estudios y Análisis Sociales (FAES), el 'think tank' del PP, han inscrito este agosto en el Registro Mercantil de Madrid la disolución voluntaria de la sociedad.

Lo han hecho unos meses después de que, el pasado abril, el diario El País revelase los pagos realizados a Pujalte por Collosa, empresa vallisoletana implicada en una trama de presuntas adjudicaciones irregulares de parques eólicos en Castilla y León que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

Preguntado por las razones de la liquidación de Sirga, Pujalte, que en abril subrayó que esos cobros eran legales, aunque no fueran éticos, no ha querido hacer comentarios. “Este asunto corresponde a mi actividad privada, tengo la compatibilidad [al Congreso de los Diputados] hecha y todo declarado a Hacienda”, señala el diputado, en una breve conversación telefónica.

Pujalte realizó trabajos de asesoría “verbal” a Collosa que el principal ejecutivo de la firma en esas fechas, Mario Armero, ha definido como de “asesoramiento coach”. Se limitaba a tomarse un café con Armero, según este último, para exponerle su visión de la economía a cambio de una “iguala” de 5.000 euros mensuales. Sustituyó como asesor de la empresa a otro político popular, el ex ministro, actual embajador en Londres y por aquellos años diputado del PP, Federico Trillo.

Tras el escándalo de los cobros de Pujalte y Trillo, el Congreso rechazó en junio investigar al portavoz económico del PP en la Cámara Baja por considerar, como el parlamentario murciano, que su actividad era “legal”. Lo hizo en la Comisión del Estatuto del Diputado de la Cámara Baja, que rechazó en junio pasado esa pretensión en una reunión a puerta cerrada y gracias a los votos en solitario del PP.

Informes que no aparecen

Constituida en octubre de 2008 y también participada por otra diputada del PP, Ana Torme, Sirga obtuvo en 2013 (último ejercicio disponible) unos ingresos de 123.099 euros y pagó en concepto de impuestos 1.112 euros. La firma también fue utilizada por Pujalte para cobrar otros 22.710 euros de la Cámara de Comercio de Badajoz por tres informes de asesoría realizados entre julio de 2009 y diciembre de 2010, tal y como publicó este diario.

El más caro de esos tres informes (costó 10.000 euros, sin incluir impuestos) fue uno sobre “El comercio exterior y la internacionalización de la economía en Extremadura” elaborado por el propio Miguel Marín por encargo de Pujalte. Constaba, según indicó en junio pasado el actual directivo de FAES, de “75 slides de PowerPoint” (a razón de 133 euros por página).

La cámara, una corporación de derecho público que está sujeta a la Ley de Transparencia, dice no encontrar ahora ninguno de esos tres trabajos, que Pujalte también se ha negado a facilitar porque, según explicó en junio, pertenecen a la entidad que se los encargó: “Llama a Deloitte y pídele los informes que ha hecho a Telefónica, a ver qué te dicen”, argumentó entonces.

La Cámara de Comercio de Badajoz encargó a la firma de consultoría del diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte, Sirga XXI, tres informes por los que la entidad abonó un total de 22.710 euros entre julio de 2009 y diciembre de 2010, según reconoce el organismo a eldiario.es. Sin embargo, a día de hoy los informes, solicitados por este diario, están desaparecidos. La Cámara no los encuentra.

El último informe data de diciembre de 2010, cuando, como adelantó este diario a principios de mayo, Sirga XXI cobró 4.500 euros de la Cámara pacense. Ese pago tuvo lugar cuatro años antes de que Pujalte, diputado por el PP desde 1994, doctor en Económicas por la Universitat de Valencia y funcionario en excedencia de otra Cámara de Comercio la de Valencia (según reza literalmente en su biografía publicada en el Congreso), participase en la redacción de la norma que regula a estas entidades como ponente de la Ley de Cámaras de Comercio aprobada por el Congreso en marzo de 2014.

La firma de Pujalte facturó, según la Cámara, un total de 5.310 euros (las cifras no coinciden porque incluyen impuestos, según el organismo) por ese informe, que consistió en un “Estudio Fiscal de Extremadura a efectos de la internacionalización de la empresa extremeña”. eldiario.es ha solicitado el informe a la Cámara de Comercio, que está sujeta a la Ley de Transparencia como corporación de derecho público. Pero el documento no aparece.

Otro tanto sucede con el primer informe elaborado para la cámara por la firma de Pujalte, que data de julio de 2009. Consistió en la elaboración de un estudio titulado “Plan Estratégico del Comercio Minorista de Extremadura”, por el que Sirga XXI cobró 5.800 euros.

El segundo informe elaborado por Sirga XXI para la cámara, del que tampoco hay rastro en el organismo, es de diciembre de 2009. Llevaba el título de “El comercio exterior y la internacionalización de la economía en Extremadura” y fue el más caro: 11.600 euros.

“No recuerdo si eran cinco, siete o diecisiete”

Preguntado por este asunto, Vicente Martínez-Pujalte dice que no recuerda “si eran cinco, siete o diecisiete” los estudios que elaboró para la Cámara de Comercio, que “se presentaron públicamente” [“Más transparencia, imposible”]. El político del PP declina proporcionar esos estudios, ya que “son propiedad de la cámara”. “Llama a Deloitte y pídele los informes que le ha hecho a Telefónica, a ver qué te dicen”, argumenta el diputado, que señala que “los ingresos brutos de facturación de Sirga ya se han publicado y están en el Registro Mercantil”. “Soy un profesional con mi actividad compatibilizada y declarada a Hacienda”, dice.

Fuentes de la Cámara de Badajoz aseguran que actualmente estos documentos no tienen ninguna validez, ya que han quedado “desfasados” por el paso de tiempo, y que la ley sólo les obligaba a conservarlos durante un plazo cuatro años. También aseguran que sólo existía una copia en papel y no en formato electrónico.

La actividad de Sirga, cuya sede está a escasos metros del Congreso de los Diputados (calle Marqués de Cubas, 25) y de la que actualmente son administradores Pujalte, el actual directivo de FAES Miguel Marín y otra diputada del PP, Ana Torme, ha sido objeto de polémica tras conocerse este año que Pujalte cobró 75.000 euros entre 2008 y 2009 a través de esta firma a la constructora Collosa por unos servicios que no declaró al Congreso, de los que no existe constancia documental y que el entonces primer ejecutivo de esa compañía, Mario Armero, ha definido como de “asesoramiento coach”.

La cámara pacense está presidida por Fernando Herrera Tabares, también tesorero de la patronal extremeña, CREEX, y su director general es Antonio Masa Gragera, hijo de Antonio Diego Masa Godoy, que preside la CREEX desde hace más de 25 años. Herrera y Masa senior, junto a la esposa del segundo y un consejero de la constructora ACS fugazmente imputado en la Gürtel, Manuel Delgado, alquilaron durante tres años una finca en Badajoz a una ciudadana brasileña afincada en esa región, Zenilde Borges Borges, propietaria de una red de clubes de alterne en varias provincias españolas, en busca y captura por la Interpol e implicada en varios procesos judiciales por presunta trata de seres humanos.

133 euros por cada página de PowerPoint, el famoso formato de presentaciones de Microsoft. Esa es la tarifa que cobraba por sus informes a finales de 2009, en plena crisis, Sirga XXI, la consultora del diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte, a tenor de lo que facturó por uno de los tres estudios que elaboró para la Cámara de Comercio de Badajoz entre julio de 2009 y diciembre de 2010. Con impuestos, la cifra sube a 154,6 euros por diapositiva.

El informe, que llevaba el título de “El comercio exterior y la internacionalización de la economía en Extremadura”, fue el más caro de los tres que elaboró la consultora de Pujalte para la entidad. Costó a la Cámara, una corporación de derecho público, 11.600 euros (10.000 netos).

El estudio, del que el organismo dice no tener a día de hoy ninguna copia, es el único del que ha quedado constancia en las hemerotecas. Fue presentado en enero de 2010 en la sede de la cámara pacense por Miguel Marín Cózar, exasesor de José María Aznar en el departamento de Economía de la Presidencia del Gobierno con José María Aznar (2001-2004), ex asesor jurídico del PP en el Congreso entre 2005 y 2008 y actual director de Economía y Políticas Públicas de FAES, la fundación del PP.

En el extracto de cuentas de la Cámara de diciembre de 2009, al que ha tenido acceso eldiario.es, figura un pago de sólo 10.000 euros a Sirga XXI. La diferencia se explica debido a que esta última cifra es antes de impuestos, según el organismo.

Preguntado por este asunto, Marín dice que el informe “tenía y tiene 75 slides de PowerPoint”, y explica que colaboró en su redacción porque en esos momentos estaba trabajando por libre y el diputado popular se lo ofreció.

Pujalte, “entre comillas, me subcontrata”. “Me dijo que la Cámara se lo había encargado y me preguntó si le podía echar una mano. Fui a presentarlo, lo facturé y lo tributé”, rememora. Preguntado por si tiene disponible el documento, dice que estaría “encantado” de remitirlo pero lo deja en manos de Pujalte, que es quien se lo encargó. El diputado del PP se niega a hacerlo porque dice que el documento pertenece a la Cámara de Comercio. Esta dice que no lo encuentra.

Marín aseguraba recientemente al diario Estrella Digital que su “incorporación a la firma Sirga XXI no se produce hasta julio de 2013”, cuatro años después de elaborar el informe para la Cámara de Badajoz, del que fue “redactor”, según informó en su momento 'La Crónica de Badajoz'. Ambas circunstancias, redactar entonces el informe y no ser parte de Sirga XXI, son “perfectamente compatibles”, dice. “Entro a formar parte del capital de Sirga XXI en julio de 2013, como accionista, con el 50%”, explica.

En ese acto de presentación del estudio en enero de 2010, el hoy directivo de FAES situaba al sector de las energías renovables y “especialmente la solar”, como uno de los que Extremadura “debe liderar y que tiene grandes posibilidades”. Paradójicamente, FAES abogó en 2011 por una moratoria a las primas a las renovables para contener el déficit de tarifa eléctrico que el Gobierno de Mariano Rajoy implantó unos meses después, nada más llegar al poder.

El diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte cobró de una Cámara de Comercio pocos años antes de ser ponente en la tramitación de la ley que regula estas corporaciones. El parlamentario conservador utilizó la sociedad Sirga XXI Consultores para realizar informes que le encargó la Cámara de Comercio de Badajoz. Por esta tarea de consultoría, el dirigente del PP se embolsó 4.500 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es. El diputado, además, es funcionario de la Cámara de Comercio de Valencia, aunque está en excedencia desde 1994.

La legislación prevé la dedicación absoluta de los diputados a la actividad parlamentaria. En teoría, el mandato es incompatible “con el desempeño, puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos”, según se recoge en la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Sin embargo, incluye unas excepciones que hacen que, en la práctica, más de la mitad del Parlamento desempeñe funciones extra. Uno de ellos es Martínez-Pujalte, que ha usado esta puerta de atrás a través de su compañía para actuar como asesor o consultor de sociedades que contratan con el sector público o que se encuentran en el 'limbo' de lo público y lo privado.

Uno de los encargos de Sirga XXI fue la realización de informes de consultoría por parte de la Cámara de Comercio de Badajoz. El reglamento enfatiza que los parlamentarios no pueden desempeñar labores que estén vinculadas con la Administración Pública. En el caso de las Cámaras de Comercio es una situación especial porque se trata de corporaciones de derecho público a las que se “les encomienda el ejercicio de competencias de carácter público-administrativo”. Según su propia definición, “no forman parte en sentido estricto de las Administraciones Públicas, aunque participan de su naturaleza”.

Es el poder legislativo el que les dio esa “personalidad jurídica” que queda difusa entre lo público y lo privado. Además de sus funciones público-administrativas, las cámaras administran recursos públicos y están sometidas al control público.

En el año 2010, Sirga XXI cobró 4.500 euros de la Cámara de Comercio de Badajoz por informes de consultoría que elaboró el entonces diputado de la oposición Martínez-Pujalte. Cuatro años más tarde fue uno de los ponentes de la ley que regula estas entidades, es decir, que participó en la redacción final del texto.

Fuentes del Grupo Parlamentario Popular aseguran que Martínez-Pujalte no vulneró las incompatibilidades que fijan las cámaras porque se trata de un trabajo desempeñado para una corporación privada varios años antes de que participara en la regulación que afecta a estas organizaciones. El parlamentario conservador especifica en su declaración de actividades que Sirga XXI no tiene “relación laboral alguna con administraciones públicas, empresas públicas o contratistas de administraciones”.

Técnicamente es así, pero fuentes de la oposición reprochan que se utilice una sociedad para hacer informes para una institución de “carácter semipúblico”. “No hay un régimen de abstención de los diputados similar al de los altos cargos porque podrían alterarse las mayorías”, explican otras fuentes, que apuntan a la falta de ética de esta conducta, así como la aproximación al “conflicto de intereses”.

El Gobierno contrató a la empresa de Montoro

El asesoramiento verbal que Martínez-Pujalte y Federico Trillo dieron por más de 300.000 euros a una de las empresas adjudicatarias de los parques eólicos en Castilla y León –unas concesiones que están siendo investigadas tras un informe de Hacienda que apunta al reparto de comisiones– ha reavivado el debate sobre las incompatibilidades de los parlamentarios. El PSOE y la Izquierda Plural han solicitado a la Comisión del Estatuto del Diputado que revise la autorización que tiene Martínez-Pujalte para desempeñar su labor como economista a través de Sirga XXI Consultores.

También la empresa fundada por Cristóbal Montoro en 2006, Equipo Económico, ha sido objeto de polémica por la relación con la aprobación de la Ley de Cámaras de Comercio. La Fiscalía Anticorrupción investiga al despacho que fundó el ministro por un posible delito de vulneración de la Ley de Contratos del Estado por un contrato que el Consejo Superior de la Cámara de Comercio le adjudicó a dedo en 2012 por unos 90.000 euros para analizar precisamente el impacto de la nueva normativa que estudiaba el Gobierno.

El PSOE, que acusó a Montoro de hacer “un intercambio de lo público y lo privado un tanto obsceno”, pidió al Gobierno que hiciera públicos todos los informes consultivos empleados para la Ley de Cámaras de Comercio. “No vaya a ser que nos encontremos con que el informe elaborado por el despacho de Montoro y lo que al final salió (como ley) sea muy parecido”, afirmó en marzo el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando.

La empresa a la que Federico Trillo facturó 354.000 euros por su asesoramiento en tres años se vio beneficiada por decisiones de la consejería en la que su hermano era alto cargo. El Grupo Collosa obtuvo la titularidad para al menos dos parques eólicos en el tiempo en el que Pablo Trillo-Figueroa ocupaba la Secretaría General de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, que era el departamento encargado de resolver esas adjudicaciones.

El hermano del exministro ha pasado por varios puestos de responsabilidad en el Gobierno de Juan Vicente Herrera, que ahora se ve salpicado por el escándalo de las concesiones de explotación de parques eólicos. Pablo Trillo-Figueroa, que en la actualidad es delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, está imputado por un presunto delito de malversación relacionado con la compra y venta de unos terrenos por parte de varias sociedades públicas. Junto a él hay una veintena de altos cargos imputados por ese caso, investigado a instancias de la Fiscalía.

En la investigación de las licencias de los parques eólicos, Hacienda apunta a la “existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de compañías eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de esas concesiones, según el informe al que tuvo acceso El País.

Una de las empresas sobre la que Hacienda sospecha es el Grupo Collosa, al que Trillo facturó 354.000 euros desde febrero de 2006. Mientras el entonces diputado asesoraba a la corporación y su hermano era secretario general de la Consejería de Economía, ese departamento concedió a Collosa la titularidad de al menos dos de los parques eólicos de la comunidad.

Uno de los acuerdos para la explotación del parque eólico de Valdihuelo se llevó a cabo en 2005 entre una de las filiales de Collosa (Inverduero) y Endesa. La autorización para la explotación del parque eólico se resolvió el 30 de agosto de 2006, cuando Trillo llevaba asesorando a Collosa medio año. La empresa local puso 15.000 euros y dos años y 26 días después Endesa recompró las acciones por 2,485 millones, según informa El País.

El inspector de Hacienda apunta a esa colaboración de empresas locales con eléctricas para las autorizaciones de los parques. “Los hechos descritos parecen indicar que para que pudiera avanzar la tramitación administrativa y para que fuese otorgada la autorización de los parques eólicos fue preciso llevar a cabo una aparente asociación teledirigida con alguno de los grandes grupos económicos de la comunidad”, resume el inspector que firma el escrito.

Según ese documento, las empresas locales con las que se llegaba a acuerdos eran “propiedad de personas que habían desempeñado puestos de relevancia en sociedades participadas por organismos públicos integrados en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León (caso de Alberto Esgueva Gutiérrez), bien habían desempeñado cargos de relevancia o bien tenían importantes relaciones económicas con las distintas consejerías de la Junta (caso del Grupo Collosa y del Grupo Parqueolid)”.

El PSOE dice que Trillo mintió sobre su labor en Collosa

El inspector de Hacienda sospecha que “todas estas actuaciones de aparentes opciones de compra, compras y ventas de valores culminan con traspasos de ingentes cantidades de millones a grupos económicos de Castilla y León, y de la secuencia temporal del proceso administrativo y de los hechos descritos se puede inferir, presumiblemente, cierta correlación entre ambos”.

El otro parque que la Consejería de Economía dio al Grupo Collosa mientras los hermanos Trillo estaban en cada una de las partes fue el de La Mallada, que se quedó en manos de su filial Ider. Esa tramitación –que concluyó el 10 de marzo de 2006, justo un mes después de que Collosa contratara los servicios de Trillo– comenzó en 1998.

El PSOE ha acusado a Trillo de haber mentido en sus explicaciones sobre la relación con Collosa. “Cuando habló de su contrato de 9.000 euros por tomar un café con la empresa Collosa, dijo que no tenía nada que ver con la obra pública, ni con la instalación de los parques eólicos que ya se habían producido –ha relatado la diputada socialista Soraya Rodríguez–. Y mintió. Mintió porque en septiembre de 2005 su hermano, Pablo Trillo-Figueroa, fue nombrado secretario general de la Consejería de Economía de Castilla y León, consejería que gestiona las licencias y que está en el centro de la trama. Unos meses más tarde, en febrero de 2006, se firma el contrato de asesoramiento de Trillo con la empresa Collosa”.

Mario Armero, consejero delegado de la Corporación Llorente (Collosa) entre 2008 y 2010, era el primer ejecutivo del grupo de construcción y servicios vallisoletano durante la etapa en la que la empresa abonó, tal y como ha revelado El País, 75.000 euros al diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte, unos pagos de los que, como en los abonados con anterioridad al actual embajador de España en Londres, Federico Trillo (entonces, Armero no estaba en la empresa) la Agencia Tributaria no ha encontrado ningún informe justificativo.

En conversación telefónica con eldiario.es, Armero dice que él fue el “receptor principal” de los servicios que prestaba Pujalte, que consistían en “asesoramiento coach”. “Esto estaba declarado legalmente como absolutamente compatible por Pujalte, que lo tiene clarísimo; hubo un contrato firmado por Llorente y se facturaba por IVA, se hacían las declaraciones de pagos... Y yo, ya que teníamos un asesor y le pagábamos una iguala [5.000 euros al mes], constantemente le pedía, decía, 'vamos a sentarnos'”. “Si hay un contrato, ¿qué es lo que hago yo? Sacar provecho”.

En esas reuniones, Pujalte le exponía “su visión de hacia dónde iba la economía, qué iba a ocurrir con la financiación público-privada... Estábamos con el negocio del gas, hablábamos de si iba a tener sentido, si va a haber sitio para los privados”. Después, la crisis económica se recrudeció y el asesoramiento “ya giró, como la situación era cada vez más dura, me asesoraba en cuanto a refinanciaciones. La crisis nos pegó durísimo”.

El asesoramiento fue “muy bien”

Tras haber contratado a Trillo, “ellos, los Llorente, querían tener un nuevo asesor, querían más asesores. Piensas, qué hago, ¿PwC? No es lo que se adapta más al enfoque familiar. El presidente [Alejandro Llorente] y yo pensamos en alguien cuando, finales de 2008, la economía empezaba a a dar muestras negativas. Alguien con conocimientos económicos. Pensamos en Pujalte y nos declaró que a efecto de compatibilidades no tenía ningún problema. De esto sabe él, no yo. Dijimos: ¿puedes asesorarnos desde el punto de vista estratégico?”

Armero insiste en que el contrato lo firmaron Llorente y Martínez-Pujalte, aunque el asesoramiento, que “fue bien”, lo recibía él, como primer ejecutivo de la empresa. Pujalte “no era amigo mío, casi ni le conocía, pero tenía un buen conocimiento económico, buen conocimiento de la realidad española, hay algunos asesores que están en grandes edificios en la Castellana que no saben, sí de macro, pero no de la realidad”.

Armero, que subraya que las adjudicaciones de parques eólicos a la empresa (origen de la investigación de Hacienda) son anteriores a su etapa en el grupo Llorente, quiere dejar “una cosa meridianamente clara: en ningún momento, y lo digo y lo diré donde sea, ni le pedimos, ni nos ofreció, ni venía a cuento ninguna gestión de obra pública. En el Ministerio de Fomento gobernaba el PSOE, ¿voy a recurrir a Martínez Pujalte?”. Pero el PP sí estaba en otras regiones: “En Castilla y León no hace falta Pujalte, la empresa hace ofertas competitivas y pierde, o no. No se trataba de esto”.

“En el área privada”

El ejecutivo dice que todo ese asesoramiento se prestó “en el área privada, no era nada público [para adjudicaciones de las Administraciones]. He tenido relaciones con la Administración toda mi vida; no voy a hacer una tontería”. Cuando se trataba de pujar por grandes contratos licitados por Adif o Fomento, “era yo el que tenía que ir a presentar la oferta y defender la empresa”, dice.

Preguntado por si este tipo de contratos de empresas con políticos en activo son habituales, Armero, que ha pasado buena parte de su trayectoria profesional en la multinacional estadounidense General Electric (fue su máximo responsable en España desde 2001 hasta 2008, cuando fichó por el grupo Llorente), dice que “no hay nada prohibido en la ley”. Pero asegura que para él fue la primera vez: “Yo no lo había hecho nunca porque estaba en otro entorno, en una multinacional acudes a JP Morgan [un gran banco de negocios]. En el entorno de una empresa familiar, una persona que puede prestar servicios y tiene relevancia pública puede aportar... pero no para presentar informes, para eso está Price” [una consultora internacional].

Las reuniones con Pujalte se producían “en mi oficina, sin ningún problema”. A veces se citaban en hoteles junto al Congreso de los Diputados: “Íbamos al hotel Villarreal, al Palace, con total transparencia”. Armero, que actualmente es vicepresidente ejecutivo de la patronal de los fabricantes de coches, Anfac, justifica la inexistencia de informes que apoyen esos trabajos en que “el perfil de una empresa familiar, como Llorente, no es de informes, es de asesoramiento coach”.

La información de que Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte cobraron 429.000 euros de una constructora especializada en obra pública no va a tener consecuencias. Ni el Gobierno ni el grupo parlamentario se plantean apartarlos de sus puestos. Fuentes diplomáticas confirman a eldiario.es que Trillo seguirá al frente de la embajada en Londres y que su situación no tiene por qué cambiar mientras no haya una imputación o detalles más concretos. Tampoco desde el grupo parlamentario que dirige Rafael Hernando está previsto pedir a Martínez Pujalte que deje su escaño. “Es todo legal y está declarado”, mantienen en Exteriores y en el PP del Congreso.

Dentro de la investigación por una trama de comisiones en torno a las eólicas, El País ha desvelado que ambos conservadores cobraron 429.000 euros del grupo constructor Callosa, una de las empresas beneficiadas, por labores de asesoría de la que no hay constancia por escrito. El actual embajador en Londres ganó 354.000 euros en tres años, mientras que el diputado se embolsó 75.000 en la mitad de tiempo.

Fuentes diplomáticas confirman a eldiario.es que desde Exteriores no está previsto variar la situación de Trillo mientras no haya más información o se produzca “una imputación o acusación formal”. En el departamento que dirige José Manuel García-Margallo mantienen que no hay motivo para apartarlo de su cargo por la información publicada hasta ahora.

En el grupo parlamentario tampoco se plantean que la noticia afecte de ninguna manera al escaño en el que se sienta Martínez Pujalte. El afectado mantiene que su actividad está declarada en el Congreso y autorizada para compatibilizarla con su tarea pública. En una entrevista concedida a la Cadena Ser hace unas horas, el diputado ha insistido en que se le pagaba por “estudiar documentos” y “asesorar en conversaciones”. El conflicto ético de compaginar la tarea pública y privada se deja de lado. De hecho, el diputado ha evitado contestar a la pregunta de si le parece ético. “Es legal”, ha sido su respuesta.