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El frustrado negocio del presidente de la patronal extremeña con la propietaria de una red de burdeles

Antonio Masa Godoy, presidente de la CREEX, alquiló junto a otros socios una finca en Badajoz a la brasileña Zenilde Borges, propietaria de una red de clubes de alterne en varias provincias españolas y buscada por Interpol

Con varias detenciones por trata de mujeres, Borges abrió un restaurante en la finca, en la que realizó varias obras ilegales; en abril, un juzgado decretó su desahucio a petición de los propios empresarios

Entre ellos están, además del presidente de la CREEX, su esposa, el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz y el abogado Manuel Delgado Solís, consejero de la constructora ACS, que estuvo imputado en la Gürtel

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Orden internacional de arresto sobre Zenilde Borges en la web de Interpol.

Orden internacional de arresto sobre Zenilde Borges en la web de Interpol.

Un expediente sancionador del Ayuntamiento de Badajoz por unas obras ilegales en una finca de la periferia de la capital pacense ha destapado la relación contractual que mantuvieron durante tres años Antonio Diego Masa Godoy, presidente de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) desde hace 25 años, y el tesorero de esa organización, Fernando Herrera Tabares, con una ciudadana brasileña afincada en esa región, Zenilde Borges Borges, propietaria de una red de clubes de alterne en varias provincias españolas e implicada en varios procesos judiciales por presunta trata de seres humanos.

Godoy, Herrera, la esposa del primero, Amalia Antonia Gragera Navarrete, el abogado extremeño Manuel Delgado Solís y una mercantil, Basharnal SL, firmaron en enero de 2009 con Borges un contrato de cesión con opción a compra de esa finca, que comprende un terreno de 3.196 metros cuadrados de superficie y es conocida como Venta San Gabriel, a razón de 10.000 euros mensuales de alquiler. Delgado Solís, consejero de ACS (la constructora de Florentino Pérez), llegó a estar imputado en el caso Gürtel por su relación con Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta ligada al PP (fue su abogado).

En dicha finca, que sus propietarios administran mediante una comunidad de bienes, Borges abrió no un prostíbulo, sino un restaurante llamado Asador Tapería San Gabriel, del que todavía existe  ficha en la web de ocio Lanetro. Especializada en "comidas de empresa y banquetes", la Venta San Gabriel "posee 9 salones privados con capacidad desde 6 hasta 200 comensales, todo ello climatizado y con hilo musical. Para los más pequeños dispone de parque infantil y jardín privado", señala.

Obras ilegales

Sobre ese establecimiento ha recaído un expediente sancionador del Ayuntamiento de Badajoz por la realización de una serie de obras sin la pertinente licencia municipal realizadas también, según el Consistorio, sin el consentimiento de los propietarios del terreno. Una barra de bar cubierta, una piscina de 40 metros cuadrados y varias naves, por las que el secretario general municipal, Mario Hermida, ha propuesto para Borges sendas sanciones por un importe conjunto de 54.085,63 euros, según  recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz del pasado 16 de abril.

Ese anuncio del Ayuntamiento pacense también da cuenta de cómo el entonces alcalde de Badajoz, el popular Miguel Celdrán (que dimitió el año pasado tras 18 años en el cargo), dictó orden de "clausura inmediata" del asador de Borges el 27 de diciembre de 2012, sólo unos días antes de la conclusión del contrato, que tenía una vigencia de tres años.

Pese a esa orden municipal, aparentemente el establecimiento siguió en funcionamiento: en septiembre de 2013, la Policía Local de Badajoz cursa denuncia contra la mercantil que gestionaba el restaurante, Borges y Borges SL, "por la celebración de un espectáculo público sin autorización administrativa en el establecimiento Asador Tapería San Gabriel, careciendo de licencia municipal de apertura". El anuncio municipal ya daba cuenta de la detención en 2005 "por presuntos delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores" de la propia Zenilde Borges.

"Ni idea" de sus antecedentes

Preguntado por este asunto, Fernando Herrera, tesorero de la CREEX y a la sazón presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, asegura que ni él ni sus socios tenían "ni idea" de esos antecedentes. "No tenemos absolutamente ninguna relación con esa señora", subraya a eldiario.es. El empresario, que tiene negocios inmobiliarios "de toda la vida" con Godoy, dice que el interés comercial de ese terreno era una operación urbanística que no llegó a ejecutarse, por lo que los socios se plantearon "como primera opción" una venta.

La cesión de la finca a Borges, cuya idea era una ulterior enajenación mediante la ejecución de la citada opción de compra, se llevó a cabo a través de "un representante", al que no identifica, por lo que en ese momento no fue posible saber quién era el arrendatario final. "Badajoz es una ciudad pequeña; seríamos demasiado torpes si lo hubiéramos hecho a sabiendas", dice Herrera.

Antonio Masa Godoy, que fue vicepresidente de la CEOE durante la etapa de Gerardo Díaz Ferrán, además de presidente de la patronal Cepyme entre 1998 y 2002, primer presidente de la Caja Rural de Extremadura y consejero de la aerolínea Iberia entre 2001 y 2011 (hasta su fusión con British Airways), no ha hecho comentarios.

La operación inmobiliaria con la empresaria brasileña del sexo acabó como el rosario de la aurora: el contrato, firmado el 3 de enero de 2009, llegó a su término sin que Borges ejerciera la opción de compra y la arrendataria continuó utilizando la finca sin pagar el alquiler a sus dueños, que acabaron reclamando su desahucio a los tribunales. Y ganaron: el pasado 29 de abril, la empresaria del sexo fue condenada, a instancias de Godoy y sus socios, por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Badajoz a abandonar San Gabriel, bajo amenaza de "lanzamiento" inmediato.

Órdenes de Interpol

Esta ciudadana brasileña de 47 años tiene pendiente una  orden de busca y captura internacional de Interpol a petición de las autoridades brasileñas bajo la categoría "código rojo" (es decir, de las más buscadas), al igual que su marido, el español José Reixach Sidera, por presuntos delitos relacionados, respectivamente, con el tráfico internacional de mujeres y el tráfico de seres humanos con el objetivo de prostituirlas. Ambos son unos habituales de los tribunales españoles.

Borges fue  detenida por última vez en octubre del año pasado en Mérida por un delito de tráfico de seres humanos junto a su esposo y llegó a ingresar en prisión en 2005 (salió  bajo fianza de 150.000 euros) por un caso de trata de mujeres del que finalmente fue absuelta, de nuevo junto con su marido, por el Juzgado de lo Penal de Plasencia, por falta de pruebas.

Entonces, Borges y sus socios regentaban una extensa red de clubes de alterne en Extremadura ('Imprevisto' en Navalvillar de Pela, 'Cacique 97' en Almendralejo, 'Cacique 98' en Casas de Don Antonio, 'Cacique 99' en Montijo, 'El Gallo' en Millanes y 'Playa Paraíso' en Romangordo), Sevilla, Vizcaya y Granada. Las actividades de esta brasileña como presunta explotadora de mujeres han llegado incluso hasta el Parlamento de su país.

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