Ángel Sanchis, Rosendo Naseiro y Luis Bárcenas. Tres hombres que han coincidido y se han dado el relevo en el núcleo de las finanzas de Alianza Popular y el Partido Popular desde 1981 hasta 2009. Los tres han sido fontaneros contables, y los tres se han visto salpicados por casos de corrupción. Es más: Bárcenas y Sanchis han sido condenados este jueves por la Audiencia Nacional por la primera época del caso Gürtel: el primero, a 33 años; el segundo, uno.

Correligionarios, que han seguido compartiendo negocios, han sido protagonistas de otro sonado caso, el caso Naseiro, que estalló al poco de acceder a José María Aznar a la presidencia del PP, en 1990: se desveló que Sanchis y Naseiro, entonces tesorero del PP, idearon una trama de financiación. Sin embargo, las conversaciones telefónicas que lo destaparon fueron anuladas por el Supremo porque fueron grabadas en el curso de una investigación por narcotráfico entorno a Rafael Palop, hermano de Salvador Palop, concejal de Valencia implicado en la trama (fallecido en 2008 por un cáncer).

En aquellos días, Bárcenas también salió en las conversaciones de forma colateral (transcritas en losgenoveses.net). Unas conversaciones que daban a entender cierta complicidad de Manuel Fraga, fundador de AP y expresidente fundador del PP, así como del entonces máximo dirigente del partido, Aznar, además del vicesecretario de acción electoral y número cuatro del partido, Arturo Moreno, y del concejal de Benidorm en aquella época Eduardo Zaplana (quien anunció a Palop que se iba a Sevilla: “A ver si hago unas cosas con la Expo”).

En las conversaciones también se mencionaba al secretario de Estudios de la Ejecutiva, Gonzalo Aragonés y el diputado Miguel Ángel Cortés (miembro del clan de Valladolid de Aznar, llegó a secretario de Estado de Cultura y, posteriormente, de Cooperación). Pero todo quedó enterrado. Eso sí, Sanchis y Naseiro dejaron la primera línea política, al igual Moreno, cuyo lugar en la dirección del PP pasó a ocuparlo Mariano Rajoy. El autor de la investigación interna, que absolvía a Fraga y Aznar, fue el entonces portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y en el Senado, Alberto Ruiz-Gallardón, hoy imputado por el Caso Isabel II.

Sanchis, Bárcenas y Naseiro no dejaron de reencontrarse. Sanchis, que llegó a Alianza Popular en 1981 de la mano de Carlos Robles Piquer, cuñado de Fraga y coordinador general del AP, para llevar las cuentas del partido y recaudar fondos, metió en la organización a Bárcenas, con quien tenía una relación personal.

Sanchis llegó a ser elegido diputado en 1986 y en 1989, la primera encabezó la lista por Valencia y en la segunda fue como número 8 por Madrid. Pero el caso Naseiro acabó con su carrera política, aunque no con la económica. El estallido pilló a Sanchis en Argentina, no en vano hacía 12 años (desde 1978) que poseía unos terrenos allí.

Naseiro llegó a AP más tarde, en 1986. Nacido en Villalba, como Fraga, tenía el cometido de poner orden en las cuentas populares, con grandes desfases, y con la misión de elaborar un plan de reducción de gastos. Al principio fue mal visto por el anterior responsable económico, Sanchis, pero los intereses pecuniarios de ambos solventaron los recelos, tal y como descubieron las invalidadas grabaciones telefónicas.

Años después, en 2002, Bárcenas y Naseiro volvieron a hacer negocios. Bárcenas pidió un crédito de 325.000 euros para dárselos a Naseiro para comprar obras de arte -la afición por la pintura de Naseiro le ha llevado a tener obras en El Prado: 40 naturalezas muertas pertenecientes a una colección suya fueron adquiridas por 26 millones de euros gracias a la figura del pago por dación de impuestos-.

A los pocos días, Bárcenas reintegró el importe en el banco: ambos afirmaron que al final ese dinero nunca cambió de manos, si bien Naseiro le dio 5.000 euros a Bárcenas por las molestias. La policía, a la que le extraña pedir 350.000 euros a un banco para devolverlos un mes después, duda de esta versión y sospecha que fue una maniobra para blanquear capitales de la trama Gürtel. “Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas [6 millones de euros] por adjudicaciones de obras de la época de [Francisco Álvarez] Cascos”, decía el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, en una de las grabaciones.

El exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge, que comandaba el partido cuando aterrizaron Sanchis y Bárcenas, desveló en eldiario.es las prácticas que se realizaban en aquella época para financiar el partido con dinero B de “eléctricas, bancos y empresas de la industria pesada” y cómo el Tribunal de Cuentas les pedía que falsificaran facturas para cuadrar las cuentas de las campañas.

Tres años después de que llegara Naseiro a la sede aliancista, en 1989, se descubrió un intento de soborno que le salpicó. El empresario Gustavo Durán, conocido como broker en aquella época por conseguir acuerdos entre empresas, políticos y administraciones, ofreció dinero para desbancar al socialista Joaquín Leguina de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Primero a Juan Figueroa, hombre próximo a Nicolás Piñeiro, diputado regional del Partido Regionalista Independiente de Madrid (PRIM), quien grabó la oferta de 100 millones de pesetas, y luego a Miguel Ángel Olmos, de Izquierda Unida, quien también grabó la conversación asesorado por la abogada Cristina Almeida.

Durán era conocido en AP desde 1984, cuando colaboraba con Sanchis para recaudar dinero y con diversas constructoras para conseguir contratos de la Xunta, en manos de AP, según el libro De Fraga a Fraga, de Carlos Dávila y Luis Herrero. Y en su conversación con Figueroa afirmaba actuar en nombre de la dirección del partido: “Me río de Rosendo ( ... ). Fraga, a la hora de hacer un asunto de los que yo hago, Fraga no se moja. ( ... ) Yo no me fío de Fraga en cuanto a lo que yo necesito. ( ... ) Rosendo sabe que estoy haciendo esto, y yo a ti no te lo oculto, que lo estoy haciendo por kilos ( ... )”. Durán afirmaba haberse reunido para hablar de estos asuntos con Naseiro, Federico Trillo (el hombre que ha dirigido la política judicial del partido de los últimos 30 años) y Sancho Rof (exministro de UCD que pasó a la historia por su descripción en 1981 del síndrome de la colza: “[El síndrome] es menos grave que la gripe. Lo causa un bichito del que conocemos el nombre y el primer apellido. Nos falta el segundo. Es tan pequeño que, si se cae de la mesa, se mata”).

El informe interno dirigido por el notario Félix Pastor Ridruejo, absolvió de toda responsabilidad, como suele ser habitual en estos casos, a los colegas de partido.

Naseiro salió indemne del caso. Hasta el punto de que cuando Fraga se marcha a Galicia y se convierte en presidente de la Xunta, Aznar lo confirma como tesorero en el congreso de Sevilla de la refundación, con un escalafón asimilado al de vicesecretario general y bajo la dependencia directa del presidente del partido. Pero dura poco.

Fue detenido con el concejal Palop acusado de un delito de cohecho (soborno a funcionario público, peaje para conseguir favores inmobiliarios y concesiones de obras públicas) en 1990. También estaban implicados un arquitecto y tres constructores, detenidos en Valencia y Alicante. La orden la dictó el Juzgado número 2 de Valencia, Luis Manglano. Los otros cuatro detenidos fueron Luis Latorre, arquitecto municipal de Cullera (Valencia); Carlos Bonet, delegado de la constructora Huarte; Luis Janini, delegado de Dragados y Construcciones, y José Balaguer, promotor de Cullera y gerente de una firma de mantenimiento de semáforos en Valencia, ETRA. En aquel caso también declaró como testigo el entonces concejal José Luis Olivas, más tarde presidente interino de la Generalitat valenciana y, posteriormente, de Bancaja, Banco de Valencia y vicepresidente de Bankia durante su proceso de quiebra y nacionalización.

En aquel 1990, Naseiro era el estratega y máximo responsable económico del PP, y Salvador Palop, el enlace y ejecutor de las dádivas reclamadas para la financiación del partido, que oscilaban entre el 2% y el 5%. En estas operaciones desempeñaban un papel decisivo sociedades de intermediación como Futuro Financiero, de miembros de la Ejecutiva del PP como Arturo Moreno, y el concejal Salvador Palop y el diputado Miguel Ángel Cortés.

Cortés era citado por Moreno en una de sus conversaciones con Palop como un miembro del “grupo” que el ex vicesecretario general pretendía promocionar para controlar mayores parcelas de poder en el PP:

“Tenemos que copar la tesorería, ¿eh? Tenemos que coparla de verdad”, decía Palop. “Sí”, contestaba Moreno. Y proseguía: “Al menos se queda muy contento, porque Aznar lo dice; oye, pues Arturo y sus amigos me están ayudando mucho y todo esto, ¿me entiendes? Me ponía por las nubes y tal, o sea, que ahora mismo tenemos muy buena relación con este tío, vamos a aprovecharla, macho”. Palop contestó: “Cuando puedas se lo comentas a José María lo que estamos consiguiendo”.

En las conversaciones aparecía principalmente Palop, quien negociaba las comisiones con Naseiro y Sanchis. Las empresas desconocían qué parte iba al partido y cuál a los intermediarios. El sistema era el que explicó Versrtynge en eldiario.es, que consistía en inflar las adjudicaciones para que las adjudicatarias pagar una retrocomisión al intermediario por el importe de la diferencia entre el precio real y el adjudicado. El fiscal acusó de conspiración para el cohecho a Sanchis, Palop y Naseiro, para cada uno de los cuales pidió tres meses de cárcel y 500.000 pesetas de multa (3.000 euros). Asimismo, solicitó una multa conjunta de 30 millones para los tres (180.000 euros), y nueve años de inhabilitación y cuatro de suspensión en sus cargos públicos para los dos primeros, así como cuatro de inhabilitación para Naseiro.

Las diligencias pusieron de manifiesto que en la negociación de comisiones para la financiación del Partido Popular se mencionaban más de 40 operaciones diferentes, y en las 10 de las que había detalles las comisiones alcanzaban los 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros). El 15 de julio de 1992 fueron absueltos.

Pero este jueves, la Audiencia Nacional ha dictado su sentencia por la mayor trama de corrupción de la historia del PP: condena al cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, a 51 años de cárcel, mientras que al extesorero del PP Luis Bárcenas le impone una condena de 33 años, y el PP es considerado en el fallo responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de 245.000 euros de la corrupción de Gürtel.

La sentencia es todo un catálogo de la corrupción. Los 29 condenados lo son por esta ristra de delitos: asociación ilícita, fraude a la administración públia, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

Bárcenas, Sanchis y Naseiro. Tres décadas de relación personal. Tres décadas de contabilidad bajo sospecha del PP, primer partido condenado “a título lucrativo” por corrupción.

El extesorero del PP Ángel Sanchís ha explicado este jueves que durante un tiempo se dedicó a organizar cenas que tenían como objetivo buscar financiación para el partido, y bajo las órdenes de Manuel Fraga. “Yo organizaba cenas con amigos y recaudaba dinero para Fraga (...) Él se iba, y allí me quedaba yo pasando la gorra”, ha relatado.

En su comparecencia en la comisión que investiga la financiación del PP ha explicado que en sus orígenes, Alianza Popular apenas tenía fondos. “No teníamos un duro, estábamos en la indigencia, yo pagaba la luz muchos meses”, ha añadido. A preguntas del portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha asegurado que los donantes no eran siempre empresarios: “Eran donaciones generales, no solo de empresarios, había mucha gente”.

“Entonces teníamos muy poco poder, quienes recibían dinero era quienes estaban en el poder, el PSOE y otros”, ha añadido. Cuando conseguía las donaciones privadas en las cenas a las que acudía con Fraga, luego tenía que compensar a los donantes, aunque inicialmente no ha explicado cómo: “Eran favores que yo pedía, luego me pasaba años devolviendo esos favores”.

A preguntas de Mikel Legarda, del PNV, ha aclarado que no eran favores del partido, sino que había quien, en su etapa al frente de un banco, le pedía facilidades para obtener un crédito a cambio de haber donado dinero al PP.

Sanchís se ha referido también a otro método de financiación que también ha reconocido Rosendo Naseiro durante su comparecencia: el envío masivo de cartas pidiendo dinero. Se enviaron “cientos de miles de cartas” a través de una agencia de publicidad pidiendo donativos, y obtuvieron una buena respuesta. Ha reconocido que con ese dinero rebasaron el límite electoral, “como todos los partidos”.

Durante su comparencia, ha reiterado varias veces que se arrepiente de su paso por la política. Sanchís fue juzgado por el caso Naseiro, y ha asegurado que esa circunstancia le permitió dejar sus cargos en el PP y el Congreso: “Para mí fue una liberación, gracias al caso Naseiro dejé de estar en política”.

Así, ha afeado al PP que nunca le hayan dado las gracias por colaborar en el nacimiento y financiación del partido. “Me dejé millones, me dejé 10 años de mi vida y nadie me ha agradecido nada”, ha dicho dirigiéndose a la bancada del PP.

La caja B “me suena a chino”

Al igual que su predecesor en la comisión, Sanchís se ha negado a hablar de los detalles del caso Naseiro. A pesar de la insistencia del portavoz de Compromís, Joan Baldoví, se ha negado a hablar de las conversaciones que le implicaron en el caso de financiación ilegal porque fue absuelto y esas grabaciones “fueron manipuladas”.

Como Naseiro, ha dicho desconocer que existió una contabilidad paralela: “todo eso me suena a chino”. “Bárcenas jamás me dijo que hubiera una contabilidad paralela, y mire si tenía amistad con él, jamás me contó eso, me quedé sorprendido cuando aparecieron esos temas”, ha añadido.

Durante la intervención de Joan Tardá, ha asegurado que ningún empresario intentó “corromperle”, y que tampoco conoce a nadie que se dejara corromper durante su época en el PP.

Durante su comparecencia, Sanchís ha asegurado que los políticos “que venían de la dictadura eran mejor que los actuales” y que él no les vio “ninguna deshonestidad”. Cuando Tardá le ha preguntado si tras el Franquismo “hemos ido a peor”, ha respondido que prefería no contestar a esa pregunta. En el intercambio con Tardá ha elogiado la figura de Fraga ante las crítica del portavoz catalán: “demostró ser un gran demócrata, un gran español y un gran patriota”.

A preguntas de la portavoz de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, y de Unidos Podemos, Carolina Bescansa, ha justificado sus negocios con Luis Bárcenas. Ha negado que le ayudase a vaciar las cuentas, como le acusa la Fiscalía, y ha reiterado que nunca dudó del origen de los tres millones de euros que Bárcenas le prestó para un negocio en Argentina. Ha añadido que aconsejó a Bárcenas que dimitiese de senador cuando estalló el escándalo de los sobresueldos, pero que no lo hizo por indicación de Mariano Rajoy.

Desde el PP, su portavoz Francisco Molinero ha confiado en la “inocencia” de Sanchís y ha lamentado que la comisión ya haya “condenado” al PP. Además, le ha agradecido sus palabras sobre Manuel Fraga.

Luis Bárcenas ha intentado este martes justificar parte del origen de sus fondos en Suiza. Es la primera vez desde que estalló el caso Gürtel que detalla fuentes concretas de ingresos, con cantidades que incluyen hasta céntimos. Pero sus revelaciones no han convencido a la fiscal. Concepción Sabadell le ha afeado que no haya aportado esa información hasta ahora y le ha pedido detalles de cada negocio. El extesorero del PP ha terminado por admitir que no conserva documentos de muchas de esas operaciones.

El segundo día de la declaración de Bárcenas ha estado centrado en el origen de los fondos que acumuló en Suiza. De la condena de 42 años y medio que la Fiscalía pide para él, más de la mitad vienen de delitos contra la Hacienda Pública. De ahí que una jornada entera se haya dedicado a este asunto, y que el extesorero del PP haya decidido detallar, por primera vez, de dónde procede parte de su fortuna.

Si ha tardado tanto, ha respondido a la fiscal, es porque comenzó a reunir esta información poco antes de ser detenido. Su ingreso en prisión frenó este trabajo, que retomó tras su puesta en libertad en enero de 2015. Dos años ha estado revisando los datos de sus cuentas, “con una tabla de doble entrada en la que estaba intentando cuadrar las cantidades”, un trabajo que no termino hasta “el domingo pasado”.

Así, provisto de unas tablas de Excel impresas, ha explicado que cerca de un millón vino de negocios con Francisco Yáñez, de una operación relacionada con un aserradero de madera en Costa Rica. Un cantidad similar la percibió del grupo Grupo Centenary, una empresa dedicada al comercio de materias primas en Argentina. En ese país también ganó 200.000 euros procedentes de la venta de una finca de soja y más 600.000 por la venta de otros terreno agrícolas.

Pero no ha aportado contratos. Ante las dudas de Sabadell, se ha defendido diciendo que él no hacía las operaciones de compraventa, sino que era el intermediario. Por lo tanto afirma que no tiene los documentos y que el dinero se lo ingresaba en sus cuentas los particulares que se ocupaban de esos negocios. Hay contratos que estaban en manos de Yáñez, ha dicho, pero este no los puede aportar porque ya ha fallecido. En otros casos se trataba de contratos verbales.

Ha tenido que detenerse a explicar de dónde salieron tres millones de euros que mantuvo en sus cuentas a su nombre, y que luego puso a nombre de una sociedad panameña que creó gracias a la ayuda de un bufete suizo. Asegura que proceden de “inversores uruguayos” que le dejaron ese dinero para que lo manejara en bolsa. Tuvo que devolvérselo en 2008, afirma, cuando a estos le entró miedo a seguir jugando en los mercados por “el momento de crisis global” que se vivía.

Esta devolución de dinero ha generado muchas dudas en la fiscal, que le ha interrogado al detalle sobre este asunto. Al final, Bárcenas ha admitido que ese dinero salió de sus cuentas en Suiza a las de Tesedul, una sociedad controlada por él mismo. Aun así, ha argumentado que ese dinero no era suyo, sino de los inversores.

“No hay vaciamiento de las cuentas”

“Yo no he obtenido nada, absolutamente nada”, ha dicho, para luego negar, como sostiene la Fiscalía, que llevase a cabo una operación para vaciar sus cuentas en Suiza cuando empezó la investigación de Gürtel. “No hay vaciamiento, hay una operación real”, ha dicho en otra ocasión sobre un préstamo de tres millones de euros que hizo a Ángel Sanchis, su predecesor en la tesorería del PP.

El Ministerio Público cree que cuando Bárcenas se enteró de que le estaban investigando, comenzó a sacar dinero de sus cuentas en Suiza “con el fin de dificultar su descubrimiento por, entre otros, la Hacienda Pública española; de ocultar su origen y titularidad; de evitar una posible incautación judicial y de poder aflorarlos bajo una aparente cobertura lícita”.

Otra parte de su dinero en el país helvético viene de un trato con el senador del PP Luis Fraga. A él le prestó dinero en los años 90 para que comprase una casa y este le devolvió 174.000 dos décadas después. Pero no hay contrato que lo demuestre. A ambos les unía una relación de amistad, eran como “hermanos”, y por eso no firmaron ningún papel, ha dicho Bárcenas.

Sus negocios con otros miembros del PP incluyen la compraventa de obras de arte con Rosendo Naseiro, otro extesorero del partido y un experto en bodegones del Siglo de Oro, como explicó el lunes. Bárcenas dice que ganó 1,8 millones de euros con los cuadros hasta que Naseiro dejó de llamarle para hacer negocios. “Desde que empezó este caso, la relación con él es inexistente”, ha explicado.

En su escrito de acusación, la Fiscalía señala que la compraventa de obras de arte no existió. Tanto Bárcenas como su mujer enmascararon bajo esas operaciones las ganancias que obtenían por otras vías, porque de esta forma pagaban muchos menos impuestos.

Bárcenas afirma que también ganó dinero con las acciones de Endesa cuando esta empresa se vio envuelta en una guerra de opas. A la fiscal le ha dicho que obtuvo 730.000 euros que ingresó en bancos suizos, aunque asegura que llegó a ganar hasta siete millones operando con los títulos de la eléctrica.

En total, el detalle de sus negocios privados suma unos 8,5 millones de euros que el extesorero guardó en sus cuentas en Suiza, donde el secreto bancario le permitía ocultarlos a las autoridades españolas. Dos millones a través de transferencias y el resto en efectivo, según su explicación. La investigación, sin embargo, apunta a que llegó a tener 48 millones de euros, y la Fiscalía le pide 88,8 millones de multa.

El juez Pablo Ruz ha impuesto una fianza civil de ocho millones de euros al extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchis. El magistrado considera que Sanchís ha ayudado a Luis Bárcenas a esconder su fortuna en paraísos fiscales. La cantidad impuesta pretende asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de una eventual condena por la presunta participación en un delito de blanqueo de capitales por el que está imputado.

El magistrado considera que pudo contactar “con los gestores de las cuentas suizas de Bárcenas con la finalidad de cooperar en la ocultación de sus fondos, de procedencia indiciariamente ilícita”, a través de una cuenta que la sociedad Brixco tenía en una sucursal del HSBC en Nueva York a la que se transfirieron tres millones de euros que Bárcenas tenía en Suiza.

Ruz considera que, a partir de entonces, las sociedades a nombre de Sanchis realizaron operaciones para invertir esos fondos “ocultando tanto su verdadero origen como su real propietario e incluso para repatriar una parte de los mismos a España dotándolos de una apariencia formalmente lícita”, ingresándose en una cuenta de Bárcenas en Bankia justificados como pagos por prestación de servicios a las sociedades Conosur Land y La Moraleja, de la que es dueña la familia Sanchis.

Además, Ruz señala que sigue investigando el destino de las transferencias relaizadas por Bárcenas desde sus cuentas suizas que figuran en las comisiones rogatorias como inversiones en esa sociedad, La Moraleja S.A.

Sanchis, “muy contento”

Sanchis tendrá que hacer frente a la fianza civil en el plazo de diez días con el capital de la cuenta TQM del banco HSBC de Nueva York y con las acciones de La Moraleja S.A, de la que se sospecha que Bárcenas también es propietario. Para depositar la fianza a través de las participaciones de esta sociedad, Sanchis tendrá que presentar ante el juez los documentos que acreditan la titularidad de las acciones así como el consentimiento de todos los accionistas.

El que fue tesorero de Alianza Popular entre 1982 y 1987, se ha mostrado “muy contento” con la decisión del instructor del caso Gürtel, que él mismo había solicitado para que que sus cuentas no siguieran embargadas. Sanchis ha celebrado el desbloqueo de sus cuentas ya que dice que esto le permitirá seguir operando con sus negocios, según ha informado Efe.

El extesorero del Alianza Popular y amigo de Luis Bárcenas, Ángel Sanchis, ha defendido al PP de las acusaciones de financiación ilegal asegurando que “todo aquello que ha hecho el PP, lo han hecho también los demás”. Sanchis ha reconocido que “sean verdaderas o no, hay muchas cosas en torno a Bárcenas que nunca se podrán demostrar” por lo que “habrá una gran frustración nacional cuando el caso Bárcenas se quede en mucho menos o nada”.

En una entrevista concedida este lunes al programa Al Rojo Vivo, Sanchis ha afirmado que, según su impresión, “Bárcenas siempre tuvo el sueldo más alto del partido desde tiempo inmemorial”. A este respecto, y en referencia a las últimas informaciones publicadas por El Mundo que ponen en tela de juicio la comparecencia de Rajoy en el Congreso, donde dijo que Bárcenas ya no trabajaba para el partido cuando él llegó a la presidencia del Gobierno, Sanchis ha destacado que tal vez el presidente se equivocó al no reconocer que, pese a que no trabajaba, continuaba cobrando, pero eso no quiere decir, a su juicio, que mintiese.

Además, Sanchis ha asegurado que en sus inicios políticos “con 8 diputados no teníamos donde caernos muertos”, por lo que “los empresarios daban dinero a cambio de nada”. “Yo hacía cenas en mi casa a medio millón (de pesetas) el cubierto, así nos financiábamos”, ha reconocido.

Así, Sanchis, un hombre de la vieja guardia y de la confianza del difunto presidente de honor del PP, Manuel Fraga, ha destacado que “si estuviera vivo, los corría a gorrazos a todos”. “Cuando me reúno con los viejos, lloramos a lágrima viva, lloramos y bendecimos que don Manuel esté muerto”, ha afirmado.

Por otro lado, Sanchis ha señalado que no aconsejó nada a Bárcenas porque cuando viajó a Suiza “dijo que lo tenía declarado y en regla”. No obstante, respecto al préstamo de 3 millones de euros que Bárcenas le concedió para una de sus empresas, una cifra que considera “nada”, ha dicho que “si llego a saber que tenía ese dinero en Suiza le hubiera pedido más”. Al ser preguntado sobre si Bárcenas le había dicho que tenía munición contra el partido, Sanchis ha declinado reponder: “Yo no miento y por tanto no voy a contestar”.

Respecto a su imputación en el caso Bárcenas por blanqueo de capitales, ha denunciado que su declaración ante el juez Ruz se ha perdido: “La cinta se estropeó”. Así, ha afirmado que su versión no se ha hecho pública, contra lo que es su deseo.

Sanchis afirma que sus dos viajes a Suiza en 2009 tuvieron como único objetivo preparar un préstamo de seis millones de euros de Bárcenas a una empresa uruguaya

“Me llamo Sanchis, sin acento, porque viene de Sánchez”. Esto es lo único que el extesorero del PP ha dicho a los periodistas tras su declaración como imputado ante el juez Pablo Ruz para aclarar si ayudó a Luis Bárcenas a mover el dinero que tenía oculto en entidades suizas.

Sanchis ha señalado que los dos viajes que hizo a Suiza el 20 de febrero y 10 de marzo de 2009 tuvieron como único objetivo preparar el préstamo de seis millones de euros que Bárcenas hizo a la sociedad Brixco S.A en Estados Unidos. Ese viaje se produjo pocos días después de que el magistrado Baltasar Garzón, entonces instructor del caso Gürtel, detuviese a Francisco Correa y a los principales imputados de la trama de corrupción vinculada al PP.

El extesorero del PP ha negado siempre tener ninguna relación con Brixco S.A y asegura que su papel fue el de mero intermediario en la operación.

Ruz sostiene en el auto con el que le imputó que contactó con los bancos suizos en los que Bárcenas llegó a ocultar 38 millones de euros por indicación de este para transferir los citados seis millones a la cuenta de Brixco S.A. en el HSBC Bank USA en Estados Unidos. Se trata de una empresa uruguaya que gestiona las exportaciones de limones que produce la finca La Moraleja (Argentina), propiedad de Sanchis, que niega tener otra relación con ella más allá de la comercial. Su versión es la misma que ofreció fechas atrás a eldiario.es, según la cual Brixco necesitaba dinero y su compañero de partido se lo prestó.

“Bárcenas se enteró de que iba a Suiza y me pidió que me pasase por el banco”, aseguró Sanchis a eldiario.es

La imputación de Ángel Sanchisimputación de Ángel Sanchis (extesorero de Alianza Popular e implicado en el llamado 'caso Naseiro') por haber ayudado a Luis Bárcenas a ocultar la fortuna que tenía en bancos suizos, se suma a la de Álvaro Lapuerta, de 85 años de edad, que ya declaró en la Audiencia Nacional el pasado viernes 22. Las relaciones entre los tesoreros es larga. Y sus negocios, extensos.

Bárcenas comparte negocios en Argentina con Sanchis, tesorero del PP hasta 1988 y quien en 1990 dimitió como diputado tras verse implicado en el caso Naseiro, el primer gran sumario de financiación ilegal de ese partido y que finalmente archivó el Supremo al considerar que las escuchas telefónicas se habían realizado de modo ilegal. Sanchis, Naseiro y Bárcenas personifican tres décadas de relación y de cuentas 'populares' bajo sospecha.

Los papeles de Suiza remitidos al juez del caso Gürtel, los mismos que constatan que Bárcenas llegó a acumular en una de sus cuentas suiza 22 millones de euros, desvelan la relación del exsenador del PP con Sanchis. En las fichas de obtención de datos sobre el cliente, Bárcenas incluyó entre las empresas en las que participaba la argentina La Moraleja SA, dedicada al negocio agrario. Esa empresa está presidida por Sanchis. Y exporta a través de Brixco SA, justamente la sociedad a la que Bárcenas transfirió , al menos, un millón de euros a una cuenta del HSBC en Nueva York en marzo de 2009, meses antes de vaciar esa cuenta suiza y traspasar los fondos a otros dos depósitos también localizados en Suiza.

Préstamo oficial

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) prestó 18 millones de dólares a La Moraleja S.A., la explotación agrícola en Argentina propiedad de los extesoreros del PP Ángel Sanchis y Luis Bárcenas. El ICO es un organismo público que depende del Ministerio de Economía. Según sus estatutos, se dedica a promover “las actividades económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional”. Obviamente, esa nación es España. Sin embargo, un año después de llegar José María Aznar a la Moncloa, el ICO aprobó un inusual crédito de 18 millones de dólares para una empresa radicada en Argentina, que todo el empleo lo genera en Argentina, que paga impuestos en Argentina y cuya única relación con España es que sus accionistas son españoles y extesoreros del Partido Popular.

La empresa a la que el ICO concedió este extraño y generoso crédito de 18 millones de dólares, el 23 de julio de 1997, se llama La Moraleja Sociedad Anónima. Uno de los propietarios es Ángel Sanchis. Fue tesorero de AP (hasta 1988) y diputado del PP hasta 1990, cuando tuvo que dimitir por un famoso escándalo de financiación ilegal del partido, el caso Naseiro.

La Moraleja SA gestiona un enorme latifundio de 300 kilómetros cuadrados que produce mil toneladas diarias de cítricos. La empresa no quiso devolver el dinero y el crédito acabó en los juzgados argentinos.

Ángel Sanchis: “Ese dinero de Bárcenas en Suiza no es mío”

“Ese dinero no es mío”, aseguró el extesorero del PP Ángel Sanchis a eldiario.es sobre los 22 millones que pasaron por la cuenta corriente de Luis Bárcenas en Suiza. La redacción de eldiario.es se ha puesto en contacto con Sanchis, que ha dado su versión de los hechos sobre tres de los datos que le relacionan con la fortuna que Bárcenas escondía en Suiza.

No obstante, Sanchis, que llevó a Bárcenas a trabajar con él al PP cuando se ocupaba de las cuentas del partido, comunicó al Dresdner Bank de Ginebra que la intención de Luis Bárcenas era invertir en una empresa de limones en Argentina y en bienes inmobiliarios, según refleja el informe de la UDEF entregado en la Audiencia Nacional.

El primer dato que liga a Bárcenas con la inmensa finca argentina de La Moraleja es su propia ficha bancaria. Cuando Bárcenas abrió esa cuenta corriente en Suiza, le comunicó al banco las empresas en las que participaba y entre ellas citó la explotación agrícola de Sanchis: La Moraleja SA.

Según Sanchis, ni Bárcenas ni su mujer ni ninguna de sus empresas tienen acciones en La Moraleja. “Probablemente Luis dijo eso para intentar darse más importancia delante del banco suizo”, elucubra Sanchis para intentar explicar este primer punto.

Denuncias de Greenpeace

Ángel Sanchis, según Greenpeace, ofreció una gratificación a la organización ecologista a cambio de que avalara la destrucción de un bosque autóctono en el latifundio de La Moraleja, el negocio en el que también participó Luis Bárcenas. Ángel Sanchis afirmó que “es rotundamente falso que ofreciera ninguna gratificación” y anunció que se querellará contra la ONG.

El extesorero del PP intentaba, según personas presentes en la reunión, obtener el apoyo de la organización ecologista para su proyecto de explotación forestal en la finca La Moraleja, una empresa en Argentina donde luego sería director general su amigo y sucesor en la tesorería popular, Luis Bárcenas, según aparece en la documentación de su banco en Suiza. Sanchis buscaba que Greenpeace diera con su aprobación pública un barniz de sostenibilidad al proyecto. Estuvo dispuesto a pagar por ello, según Greenpeace.

Pero ahí no acaban las denuncias de la ONG, que acusa a Ángel Sanchis de saltarse la ley para deforestar su explotación de La Moraleja.

El 28 de noviembre de 2007 Argentina aprobó la Ley de Bosques que paralizaba la deforestación de bosques y encomendaba a las autoridades de cada provincia a regular esa práctica: “Durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la presente ley y la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, no se podrá realizar desmontes”, aclaraba el artículo octavo de ese texto.

Greenpeace denuncia que en el mismo momento en que se discutía y tramitaba la ley, y a pesar de que la moratoria ya se había establecido, en provincias como la de Salta los empresarios locales vivieron una “fiebre del oro” autorizada por sus gobernadores que, a toda prisa, según los ecologistas, abrieron el grifo del desmonte.

El PP ya tiene imputados por blanqueo de capitales a los que fueron sus tres tesoreros hasta que estalló el escándalo de la trama Gürtel. El juez Pablo Ruz dio ayer un paso más y en un auto conocido hoy acusa a Angel Sanchis (extesorero de Alianza Popular e implicado en el llamado 'caso Naseir') de haber ayudado a Luis Bárcenas a ocultar la fortuna que tenía en bancos suizos. Junto a ambos está igualmente imputado Álvaro Lapuerta, de 85 años de edad, que ya declaró en la Audiencia Nacional el pasado viernes 22.

Sanchis ha sido citado a declarar como imputado el próximo día 10 de abril.

El magistrado dice en su auto que Sanchis contactó con los bancos en los que Bárcenas llegó a ocultar hasta 38 millones de euros para transferir sus fondos a una cuenta de la sociedad Brixco S.A. en el HSBC Bank USA en Estados Unidos, que el juez ha acordado bloquear junto a todos sus activos financieros. De acuerdo con la documentación remitida por las autoridades estadounidenses, el saldo de Brixco en el citado banco dismunutó en 100.000 dólares la semana pasada. Brixco es una empresa uruguaya que gestiona las exportaciones de limones que produce la finca La Moraleja (Argentina), propiedad de Sanchis, que niega tener otra relación con ella más allá de la comercial. El extesorero reconoció fechas atrás a eldiario.es que puso en contacto a Bárcenas con Brixco porque la compañía necesitaba dinero y su compañero de partido se lo prestó.

Sanchis visitó el banco en el que Bárcenas ocultaba su dinero en Suiza el 20 de febrero de 2009, pocos días después de que el magistrado Baltasar Garzón, entonces instructor del ‘caso Gürtel’, detuviese a Francisco Correa y a los principales imputado de la trama de corrupción vinculada al PP. Según su versión, Bárcenas se enteró de su viaje a Suiza y le pidió que pasase por el banco para ver cómo estaban sus inversiones

Ruz ha decidido también bloquear los bienes de que dispone en la misma entidad la sociedad Rumagol S.A, y la de Hilgart Investments LTD en la oficina de Bancaja en Miami. Ésta cuenta tiene como beneficiario económico a Francisco Correa y se habría nutrido en gran parte de fondos procedentes de comisiones procedentes presuntamente de la adjudicación irregular de contratos públicos. Para ocultar el origen real del dinero se fraccionaron sus ingresos en distintas transferencias emitidas por distintas personas.

Sobre Rumagol, el instructor ha acordado ampliar la comisión rogatoria dirigida a las autoridades de Estados Unidos para que le facilite información detallada sobre Rumagol S.A., entre ella la identidad de sus titulares, apoderados y beneficiario último; préstamos e hipotecas; cajas de seguridad; bonos del Tesoro; tarjetas de crédito o débito; compras de cheques bancarios y cualquier otra información existente sobre acuerdos u órdenes dadas relacionadas con los activos de la empresa.

Según la ONG, el extesorero del PP destruyó bosque natural protegido en connivencia con un gobernador provincial argentino

Mapas: la superficie deforestada por el extesorero del PP en Argentina

El 28 de noviembre de 2007 Argentina aprobó la Ley de Bosques que paralizaba la deforestación de bosques y encomendaba a las autoridades de cada provincia a regular esa práctica: “Durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la presente ley y la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, no se podrá realizar desmontes”, aclaraba el artículo octavo de ese texto.

Greenpeace denuncia que en el mismo momento en que se discutía y tramitaba la ley, y a pesar de que la moratoria ya se había establecido, en provincias como la de Salta los empresarios locales vivieron una “fiebre del oro” autorizada por sus gobernadores que, a toda prisa, según los ecologistas, abrieron el grifo del desmonte.

El 6 de diciembre de 2007, el gobernador de Salta autorizó que la explotación de La Moraleja, propiedad del extesorero del PP Ángel Sanchís y donde también tiene intereses su sucesor en el partido, Luis Bárcenas, eliminara 5.900 hectáreas de bosque natural para instalar una plantación forestal de maderas nobles a las que sacar partido económico.

Según la ONG, la autorización violaba esa moratoria establecida por el artículo octavo de la ley arriba descrita tan solo unas semanas después de su aprobación. De hecho, Greenpeace Argentina denunció ese mismo mes de diciembre tanto el caso concreto como que la provincia de Salta había aumentado la autorización de deforestación de bosque natural de 7.612 hectáreas en 2006 a 425.958 hectáreas en 2007.

Una vez que se produjo la ordenación territorial en la provincia de Salta, buena parte del terreno de la finca de La Moraleja se declaró como protegido. Casi toda la deforestación emprendida por Sanchís caía dentro de esa protección y, aunque Greenpeace no es capaz de determinar si eso ocurrió antes o después de la ley local, “en todo caso se había producido con una autorización irregular y fuera de plazo”, dice la ONG.

Los mapas satélite a los que ha tenido acceso eldiario.es, interpretados por Greenpeace Argentina, muestran la superficie en septiembre de 2008 de La Moraleja, cuando aún no había comenzado la deforestación.

En la misma imagen satélite tomada cuatro años después, se aprecia que la superficie deforestada es mucho mayor, y que la mayoría de ella está dentro del espacio protegido.

Esta acusación se produce después de que Greenpeace denunciara en eldiario.es que Ángel Sanchis había intentado comprar su apoyo público para esta misma operación de desmonte y replantación industrial en La Moraleja. El extesorero del PP anunció que se querellaría contra la ONG por imputarle un intento de soborno.

La pasada semana contábamos en este mismo blog la visita de

Ángel Sanchís (tesorero del PP en el periodo 1980-1987)

a las oficinas de Greenpeace España con el objetivo de convencernos de las bondades ambientales de su proyecto de transformación de una parte de la finca de La Moraleja (departamento de Anta, provincia de Salta, Argentina) en plantaciones de árboles de “maderas nobles”.

Lo cierto es que ese mismo año, en noviembre de 2004, los propietarios de La Moraleja consiguieron un permiso de desmonte para uso agrícola por 1.995 hectáreas, algo que no deja de ser una gota en el agua en el mar de la deforestación que asolaba la provincia de Salta (PDF) durante la pasada década. Pero en los siguientes años, y hasta bien entrado el año 2007, la presión social en Argentina demandó del Congreso una ley que pusiera fin a las alarmantes tasas de deforestación que sufrían las provincias del Norte. Fruto de esta presión, el 28 de noviembre de 2007, el Congreso Argentino aprobó la conocida como Ley de Bosques (Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos).

Dicha Ley, y esto es importante por lo que ocurriría después, establecía en su Artículo 6º que “En un plazo máximo de un año a partir de la sanción de la presente ley, a través de un proceso participativo, cada jurisdicción deberá realizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos existentes en su territorio...”; y en el Artículo 8º que “Durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la presente ley y la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, no se podrá realizar desmontes”; y en su Artículo 9º que sólo los sectores del Ordenación Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la categoría III (verde) “pueden trasformarse parcialmente o en su totalidad dentro de los criterios de la ley.”

Al mismo tiempo que se discutía y tramitaba dicha Ley, y aunque existía una moratoria a nuevas deforestaciones, en Salta y provincias vecinas se producía una “fiebre del oro” en busca de permisos para desmontar el bosque nativo. Así, el 6 de diciembre de 2007 se realizó la audiencia pública para un desmonte de 5.900 hectáreas en La Moraleja con fines forestales. Para esta aprobación contó con el apoyo del entonces Gobernador de la Provincia de Salta, Juan Carlos Romero, un personaje vinculado con la represión durante la dictadura argentina. El proyecto forestal del Sr. Sanchís empezaba a tomar cuerpo.

Dicha autorización, dada por el Gobernador de Salta, violaba el artículo 8 de la Ley de Bosques. Y Greenpeace Argentina denunció ese mismo mes de diciembre la situación en Salta a través de un informe (PDF), en el que exponía como durante el año 2006 la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta había autorizado desmontes por un total de 77.612 hectáreas de bosque nativo. En 2007, las autorizaciones suponían el desmonte de 425.958 hectáreas.

La Ley de Bosques nacional establecía un periodo de un año para que las provincias realizaran el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. La provincia de Salta aprobará este ordenamiento en diciembre de 2008, aunque sin la cartografía donde se debían delimitar las áreas que corresponden a las categorías de la ley. La cartografía será publicada oficialmente el 30 de junio de 2009.

Volviendo a La Moraleja y su permiso (ilegal), comparando las imágenes del satélite Landsat entre septiembre de 2008 y septiembre de 2012, queda claro que el desmonte ocurre en este periodo.

La cartografía del Ordenamiento Territorial de Salta clasificó una buena parte de la finca de La Moraleja en Categoría I (rojo):“sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica”.

Pese a este limitación, los propietarios de La Moraleja deforestaron (también ilegalmente) en torno a 1.800 hectáreas en zona catalogadas como de Categoría I (Roja). Estos hechos quedarán reflejados en posteriores informes del Defensor del Pueblo de La Nación (REDAF) en 2009 (PDF) y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de La Nación (PDF). Cuando en el año 2012 el gobierno argentino evalúa los desmontes entre los años 2006 y 2011 en las regiones forestales con mayor impacto, la Selva Tucumano Boliviana de Salta entre ellas, los desmontes en La Moraleja en zonas de Categoría I saltan a la vista (Informe de la Red Agroforestal Chaco Argentina, PDF). El informe concluía que posteriormente a 2008 fueron desmontadas 19.454 hectáreas, de bosques nativos con alto valor de conservación (Categoría I, rojo), principalmente en el departamento de Anta, donde se sitúa la finca de La Moraleja.

Visto lo visto, no nos queda más remedio que darle la razón al Sr. Sanchís: no se necesitaba a Greenpeace para desmontar el bosque nativo. Para este viaje sólo basta con saberse mover entre las esferas del poder político-económico e incumplir la ley. Así de fácil.

La justicia española está investigando la conexión argentina del caso Bárcenas y la principal relación pasa por dos empresas: por La Moraleja SA, un latifundio en el estado de Salta propiedad del extesorero del PP Ángel Sanchís –y según algunas fuentes, también de Luis Bárcenas– y por BrixCo, una exportadora que lleva la comercialización internacional en exclusiva de la producción de jugo de limón de La Moraleja.

El 20 de febrero de 2009, poco después de que el juez Garzón detuviese a los primeros implicados de la trama Gürtel, Ángel Sanchís en persona visitó el banco suizo en nombre de Luis Bárcenas anunciando que “su cliente” quería “diversificar” inversiones. Y unas semanas después, los probables testaferros de Luis Bárcenas –los responsables de la Fundación Sinequanon, en Panamá– ordenaron tres transferencias, cada una por valor de un millón de euros, a una cuenta corriente de BrixCo en el banco HSBC en Estados Unidos.

Según aseguró Ángel Sanchís a eldiario.es hace una semana, el dinero pasó desde la cuenta de Suiza hasta la de BrixCo tras su intermediación en un préstamo. “BrixCo necesitaba capital y Luis Bárcenas se lo prestó”, dijo Sanchís. Sin embargo, la empresa BrixCo niega ahora tal explicación. Según ha publicado la revista argentina Perfil, el presidente de BrixCo ha desmentido que tal préstamo exista y dice no conocer de nada a Luis Bárcenas.

La información en la revista Perfil la firma el periodista Facundo Barrios, que ha podido hablar por teléfono con Santiago Martínez Autin, presidente de BrixCo. La conversación telefónica fue la siguiente:

—¿Reconoce que BrixCo recibió dinero de Bárcenas?

—No tengo comentarios. De todas maneras, hay transferencias de muchos clientes.

—Sanchís dijo que Bárcenas dio un crédito a BrixCo.

—Eso es absolutamente falso. Nosotros no tomamos ningún crédito de esa persona.

—¿Conoce a Bárcenas?

—Ni de cerca. No lo conozco ni lo vi en mi vida.

—Pero hay tres giros bancarios de Bárcenas a BrixCo.

—La transferencia no figura a mi nombre sino de BrixCo.

—¿Usted preside BrixCo?

—En este momento, sí. Pero no en ese entonces. Gracias, me tengo que ir...

Según aclara Perfil, es falso que Martínez Autin no fuese presidente de Brixco en 2009. En su currículum en Linkedin, Martínez Autin se presenta como presidente de BrixCo desde el año 2005.

El 10 de abril de 2004, Ángel Sanchís visitó la sede de Greenpeace en Madrid. El extesorero del PP intentaba, según personas presentes en la reunión, obtener el apoyo de la organización ecologista para su proyecto de explotación forestal en la finca La Moraleja, una empresa en Argentina donde luego sería director general su amigo y sucesor en la tesorería popular, Luis Bárcenas, según aparece en la documentación de su banco en Suiza. Sanchis buscaba que Greenpeace diera con su aprobación pública un barniz de sostenibilidad al proyecto. Estuvo dispuesto a pagar por ello, según Greenpeace.

“En su visita, el Sr. Sanchís nos contó que disponía en esta región de Argentina de una finca de 30.000 hectáreas con grandes posibilidades”, explica en eldiario.es Miguel Ángel Soto, responsable de Bosques de Greenpeace España y presente en la reunión. En aquel encuentro, al que Sanchís acudió acompañado de otra persona, el extesorero del PP explicó que La Moraleja tenía pista de aterrizaje, que en sus proximidades pasaba la línea de ferrocarril, que se estaba construyendo un gasoducto expresamente para dar energía a su finca, que tenían cultivo de soja transgénica... “Mientras escuchábamos todo aquello nos preguntábamos ¿qué quería exactamente Ángel Sanchís de Greenpeace?”, dicen en la ONG.

La intención de Sanchís, según los presentes en la reunión, era que los ecologistas dieran su visto bueno a una explotación en concreto en La Moraleja que implicaba deforestar parte de un bosque autóctono de 12.000 hectáreas para convertirlo en un cultivo intensivo de árboles madereros de los que obtener rentabilidad económica. Sanchis intentó justificar el apoyo de Greenpeace con la promesa de contención de emisiones de dióxido de carbono y de “certificar estas nuevas plantaciones de árboles bajo sistemas de certificación forestal responsable”, según Miguel Ángel Soto.

Greenpeace se negó a dar apoyo a un proyecto que identificó claramente como contrario a sus principios. “Le dijimos que no íbamos a estar con un proyecto que incluyera el desmonte o la deforestación de bosque nativo”, explica Soto. En aquellos momentos, Greenpeace Argentina presionaba al Gobierno de Buenos Aires para proteger bosques precisamente de explotaciones como La Moraleja Sociedad Anónima. Fue entonces cuando, según Greenpeace, “el Sr. Sanchís disparó un último cartucho ofreciéndonos una gratificación, un donativo... a cambio de nuestro aval”, según Greenpeace. “Sonó a lo que sonó”, dice Soto.

Ante esta situación, “le dijimos obviamente que no. Le explicamos que Greenpeace no acepta donativos de empresas o personas relacionadas directamente con nuestras campañas”, asegura Soto. “De hecho, yo creo Sanchís no sabía dónde estaba, porque Greenpeace no suele dar su aval público para proyectos empresariales. No es nuestra línea de trabajo”, afirma Soto. Hasta ahí llegó la reunión.

¿Por qué la ONG no denunció públicamene entonces el supuesto comportamiento de Sanchis? “Nosotros no sabíamos quién era, nunca hizo referencia a sus relaciones políticas o personales, para nosotros parecía un empresario que no sabía muy bien dónde estaba. Lo que realmente nos preocupó fue que quisiera deforestar bosque en Argentina y alertamos a nuestros compañeros allí”, dice Soto. “Lo de la gratificación nos lo tomamos entonces como algo anecdótico. Es ahora, cuando sale a la luz quién es este señor y cuál ha sido su modus operandi durante años, cuando le damos el valor que tiene”.

Greenpeace consiera que este episodio demuestra “que la corrupción política no sólo es mala para la economía del planeta, lo es también para sus recursos naturales”. Con todo, Miguel Ángel Soto asegura que “ha sido la única vez que me ha ocurrido algo así” y que no he escuchado “nunca a ningún compañero decir que haya tenido propuestas como la que nos hizo Sanchís”.

Sanchís: “Es rotundamente falso y me querellaré”

eldiario.es se ha puesto en contacto con Ángel Sanchís para conocer su versión. “Es rotundamente falso que yo ofreciera una gratificación a cambio de nada a Greenpeace”, afirma “muy indignado”. Según explica el extesorero del PP, “es verdad que estuve en Greenpeace para obtener información, pero lo del dinero es absolutamente falso”. Sanchís, que según confirman ambas partes pidió la reunión como empresario y nunca se presentó como un exalto cargo político, aclara que “yo no necesito a Greenpeace para nada, no necesito su permiso ni su aval para nada”.

Cultivos intensivos de “maderas preciosas”

Han pasado nueve años y hoy La Moraleja es una inmensa explotación agrícola de 300 kilómetros de largo con al menos 5.900 hectáreas de bosque natural deforestado, según un informe del Defensor del Pueblo de Argentina, en una región, la de Salta, donde “el desarrollo agrícola” come terreno “incluso a zonas internacionalmente reconocidas como de alta biodiversidad”, dice esta institución. “Producimos maderas preciosas en cultivos intensivos, con plantas clonadas de las mejores especies adaptadas a nuestro microclima”, dice en su web La Moraleja. “En los próximos años completaremos el proyecto original de diez millones de árboles e instalaremos la industria para procesar la totalidad de nuestra madera”, anuncian. Al pie de su web hay dos logos: el de All Lemon, que certifica la calidad de los limones de exportación argentinos, y el de Maderas Nobles, una empresa de asesoría e instalación de cultivos forestales. No está el de Greenpeace.

En estos días donde los periódicos parecen monografías sobre corrupción política y negocios sucios, me ha venido a la memoria la visita que recibí el 10 de abril de 2004. Se trataba de Ángel Sanchís Perales, ex-tesorero del Partido Popular, que quería contarnos sus proyectos agroforestales en la finca de La Moraleja (provincia de Salta, Argentina).

El Sr. Sanchís nos contó que su finca, de 30.000 Ha, tenía grandes posibilidades: pista de aterrizaje, ferrocarril en sus proximidades y un gaseoducto en construcción para dar energía a su finca exclusivamente. Muy bien, pero ¿qué quería exactamente Ángel Sanchís de Greenpeace?

La Moraleja, según nos contó su dueño, tenía 12.000 hectáreas en producción (soja transgénica, extracto de limón) y el resto era monte “no productivo” que Sanchís quería poner “a producir” realizando plantaciones de maderas “nobles”: teka, caoba, cerezo, roble, etc. Para ello había que deforestar el bosque nativo, pero Ángel Sanchís nos explicaba que iba a ser bueno para el medio ambiente. Había calculado la cantidad de dióxido de carbono que habría de fijar esta plantación y la comparaba con las emisiones de gases de efecto invernadero que producía no recuerdo que ciudad. También, se comprometía a certificar estas nuevas plantaciones de árboles bajo sistemas de certificación forestal responsable.

Y con estas premisas, pensaba el Sr. Sanchís que Greenpeace podría estar de acuerdo. Le preguntamos si el bosque nativo no fijaba también dióxido de carbono y si no habría que tener en cuenta también la biodiversidad del bosque. Pero, según dijo el Sr. Sanchís, el bosque nativo de Salta no era productivo.

Sanchís supo pronto que Greenpeace no iba a avalar el proyecto, pero dado que el argumento de “incrementar los sumideros de carbono” no había funcionado, Sanchís disparó un último y sorprendente cartucho ofreciéndonos una gratificación en caso de colaboración. Impresionados, le explicamos educadamente cuáles eran las (únicas) vías de financiación de Greenpeace y le reiteramos nuestra vocación en defensa de los bosques. No tuvimos más contacto con él.

El final de esta historia es triste. A pesar de la aprobación de Ley de Bosques (que, entre otras cosas, establecía una moratoria a nuevas deforestaciones), los dueños de La Moraleja consiguieron su propósito. Dos semanas después de que el Congreso de Argentina aprobara la Ley, los representantes de La Moraleja solicitaron la autorización para deforestar 5.900 hectáreas.

Había poderosas razones para moverse con rapidez, ya que la Ley de Bosques catalogaría posteriormente el bosque nativo de La Moraleja (el mismo al que el Sr. Sanchís se refería como “no productivo”) dentro de la Categoría I, la de mayor protección.

En 2009, el Defensor del Pueblo de la Nación elaboró un informe sobre la deforestación en Salta que criticaba el daño irreversible de los desmontes autorizados por las autoridades provinciales. En dicho informe, las autoridades de esta provincia argentina reconocieron que no existía un ordenamiento territorial o ambiental en la provincia previo a las autorizaciones de los desmontes, como exigía la ley. Algo que jugó a favor de los propietarios de la finca La Moraleja.

Cuando leemos en la prensa que Ángel Sanchís recibió un crédito del ICO o que los fondos que Luis Bárcenas tenía en Suiza podrían haber sido derivados a estas actividades agro-forestales en Argentina, en Greenpeace comprobamos, una vez más, que la corrupción política no sólo es mala para la economía del planeta, lo es también para sus recursos naturales.

“Ese dinero no es mío”, asegura el extesorero del PP Ángel Sanchís sobre los 22 millones que pasaron por la cuenta corriente de Luis Bárcenas en Suiza. La redacción de eldiario.es se ha puesto en contacto con Sanchís, que ha dado su versión de los hechos sobre tres de los datos que le relacionan con la fortuna que Bárcenas escondía en Suiza.

El primer dato que liga a Bárcenas con la inmensa finca argentina de La Moraleja es su propia ficha bancaria. Cuando Bárcenas abrió esa cuenta corriente en Suiza, le comunicó al banco las empresas en las que participaba y entre ellas citó la explotación agrícola de Sanchís: La Moraleja SA.

Según Sanchís, ni Bárcenas ni su mujer ni ninguna de sus empresas tienen acciones en La Moraleja. “Probablemente Luis dijo eso para intentar darse más importancia delante del banco suizo”, elucubra Sanchís para intentar explicar este primer punto.

El segundo dato que conecta a ambos extesoreros con la cuenta de los 22 millones es que Sanchís, el 20 de febrero de 2009, visitó personalmente el banco suizo y revisó las inversiones de Bárcenas. Fue pocos días después de que Baltasar Garzón detuviese a Francisco Correa y a los principales imputados del caso Gurtel.

La visita aparece reflejada en un memorando interno del banco donde Bárcenas presenta a Sanchís como a una persona “de su absoluta confianza” que va a “consultar cuestiones relativas a la cuenta” y que después ordena “diversificar su patrimonio”. Sanchís no niega esa visita, pero da otra versión de los hechos: “Bárcenas se enteró de que iba a Suiza y me pidió que me pasase por su banco para ver cómo estaban sus inversiones, pero yo no llevaba ningún poder ni nada parecido porque la cuenta no es mía”, asegura.

El tercer dato que relaciona el dinero de Bárcenas en Suiza con los negocios de Sanchís pasa por Brixco SA, una empresa uruguaya que gestiona las exportaciones de limones que produce La Moraleja SA. Poca semanas después de la visita de Sanchís a Suiza, el 26 de marzo, la fundación panameña Sinequanon –una posible organización pantalla de Bárcenas– transfirió un millón de dólares desde la cuenta suiza hasta otra cuenta de Brixco SA en Estados Unidos. Sanchís reconoce la relación comercial con esta compañía –con la que tiene un acuerdo de exclusividad para vender el jugo de limón que produce la finca de La Moraleja–, pero niega tener ni una sola acción de Brixco SA.

Sin embargo, Sanchís admite que puso en contacto a Bárcenas con Brixco SA para esta operación. La empresa buscaba capital y Bárcenas se lo prestó. “Se trata de un préstamo que se hizo en varios pagos, algo menos de tres millones de euros”, dice.

Sanchís también ha negado a eldiario.es que tenga relación alguna con la versión difundida en un primer momento por el abogado de Luis Bárcenas, Alfonso Trallero, pocas horas después de conocerse que se había encontrado el rastro de 22 millones de euros a los que Bárcenas tenía acceso en Suiza. Según aseguró Trallero el pasado jueves en Las Mañanas de Cuatro, los 22 millones no solo pertenecían a Bárcenas, sino también a varios socios, “unos empresarios sudamericanos”. “El dinero llegó a Suiza en 1988”, aseguró en aquel momento el abogado. Más tarde, el entorno de Bárcenas difundió una versión distinta sobre el origen del dinero y aseguró que procedía de negocios inmobiliarios y de compraventa de arte.

“El crédito del ICO está pagado”

Ángel Sanchís ha negado también que los 18 millones de dólares que el ICO prestó a La Moraleja SA en 1997 no estuvieran pagados. Según la versión de Sanchís, la devolución del préstamo se complicó por el corralito argentino. “No podía sacar el dinero del país para devolver el préstamo, así que planteé al ICO pagar en pesos”. Tras dos procesos judiciales –en Argentina y en España–, Sanchís renegoció el préstamo, ya bajo el Gobierno del PSOE. “El ICO refinanció el crédito, perdonando los intereses de demora por el tiempo en el que no pudimos pagar por el corralito y por los meses que estuvimos pleiteando”.

Durante los dos años en los que Hernández Mancha lideró Alianza Popular, Luis Bárcenas estuvo trabajando unos meses en Argentina, con Ángel Sanchís, según confirma a eldiario.es. “Conozco a Luis desde que tenía tres años”, asegura Sanchís, que era ya amigo de su padre. También admite que Bárcenas ha trabajado para él durante los últimos meses “en funciones de asesoría”.

Sanchís dice no haber recibido ninguna comunicación judicial de la Audiencia Nacional, donde se investiga el caso Gürtel, pero que se ha puesto en contacto con su abogado. Asegura “ser millonario desde mucho antes de entrar en política”, pero llevar una vida “poco ostentosa”. “Vivo como cientos de personas de la clase media o media alta, en un chalet adosado”.

También se ha pronunciado sobre los famosos sobres del partido. “En mis años no había sobre alguno, eso seguro, el partido era pobre como una rata y en algunas ocasiones tuve que poner dinero yo para pagar las nóminas”.

Ángel Sanchis, Rosendo Naseiro y Luis Bárcenas. Tres hombres que han coincidido y se han dado el relevo en el núcleo de las finanzas de Alianza Popular y el Partido Popular desde 1981 hasta 2009. Los tres han sido fontaneros contables, y los tres se han visto salpicados por casos de corrupción.

El último en estallar, el del extesorero y exsenador Bárcenas, ha sacado a la luz, por medio de la investigación de Gürtel en la Audiencia Nacional, una cuenta en Suiza que llegó a tener 22 millones de euros y los sobresueldos en dinero negro que supuestamente se repartía la cúpular popular. En septiembre de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había archivado una causa contra Bárcenas en relación con Gürtel: los delitos fiscales que se atribuían al extesorero habían prescrito y consideraba que no se había cometido cohecho por no ser funcionario público.

Correligionarios, con los que ha seguido teniendo negocios, han sido protagonistas de otro sonado caso, el caso Naseiro, que estalló al poco de acceder a José María Aznar a la presidencia del PP, en 1990: se desveló que Sanchis y Naseiro, entonces tesorero del PP, idearon una trama de financiación. Sin embargo, las conversaciones telefónicas que lo destaparon fueron anuladas por el Supremo porque fueron grabadas en el curso de una investigación por narcotráfico entorno a Rafael Palop, hermano de Salvador Palop, concejal de Valencia implicado en la trama (fallecido en 2008 por un cáncer).

En aquellos días, Bárcenas también salió en las conversaciones de forma colateral (transcritas en losgenoveses.net). Unas conversaciones que daban a entender cierta complicidad de Manuel Fraga, fundador de AP y expresidente fundador del PP, así como del entonces máximo dirigente del partido, Aznar, además del vicesecretario de acción electoral y número cuatro del partido, Arturo Moreno, y del concejal de Benidorm en aquella época Eduardo Zaplana (quien anunció a Palop que se iba a Sevilla: “A ver si hago unas cosas con la Expo”).

En las conversaciones también se mencionaba al secretario de Estudios de la Ejecutiva, Gonzalo Aragonés y el diputado Miguel Ángel Cortés (miembro del clan de Valladolid de Aznar, llegó a secretario de Estado de Cultura y, posteriormente, de Cooperación). Pero todo quedó enterrado. Eso sí, Sanchis y Naseiro dejaron la primera línea política, al igual Moreno, cuyo lugar en la dirección del PP pasó a ocuparlo Mariano Rajoy. El autor de la investigación interna, que absolvía a Fraga y Aznar, fue el entonces portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y en el Senado, Alberto Ruiz-Gallardón.

Sanchis, Bárcenas y Naseiro no dejaron de reencontrarse. Sanchis, que llegó a Alianza Popular en 1981 de la mano de Carlos Robles Piquer, cuñado de Fraga y coordinador general del AP, para llevar las cuentas del partido y recaudar fondos, metió en la organización a Bárcenas, con quien tenía una relación personal.

Sanchis llegó a ser elegido diputado en 1986 y en 1989, la primera encabezó la lista por Valencia y en la segunda fue como número 8 por Madrid. Pero el caso Naseiro acabó con su carrera política, aunque no con la económica. El estallido pilló a Sanchis en Argentina, no en vano hacía 12 años (desde 1978) que poseía unos terrenos allí.

Naseiro llegó a AP más tarde, en 1986. Nacido en Villalba, como Fraga, tenía el cometido de poner orden en las cuentas populares, con grandes desfases, y con la misión de elaborar un plan de reducción de gastos. Al principio fue mal visto por el anterior responsable económico, Sanchis, pero los intereses pecuniarios de ambos solventaron los recelos, tal y como descubieron las invalidadas grabaciones telefónicas.

Años después, en 2002, Bárcenas y Naseiro volvieron a hacer negocios. Bárcenas pidió un crédito de 325.000 euros para dárselos a Naseiro para comprar obras de arte -la afición por la pintura de Naseiro le ha llevado a tener obras en El Prado: 40 naturalezas muertas pertenecientes a una colección suya fueron adquiridas por 26 millones de euros gracias a la figura del pago por dación de impuestos-.

A los pocos días, Bárcenas reintegró el importe en el banco: ambos afirmaron que al final ese dinero nunca cambió de manos, si bien Naseiro le dio 5.000 euros a Bárcenas por las molestias. La policía, a la que le extraña pedir 350.000 euros a un banco para devolverlos un mes después, duda de esta versión y sospecha que fue una maniobra para blanquear capitales de la trama Gürtel. “Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas [6 millones de euros] por adjudicaciones de obras de la época de [Francisco Álvarez] Cascos”, decía el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, en una de las grabaciones.

El exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge, que comandaba el partido cuando aterrizaron Sanchis y Bárcenas, desveló en eldiario.es las prácticas que se realizaban en aquella época para financiar el partido con dinero B de “eléctricas, bancos y empresas de la industria pesada” y cómo el Tribunal de Cuentas les pedía que falsificaran facturas para cuadrar las cuentas de las campañas.

Tres años después de que llegara Naseiro a la sede aliancista, en 1989, se descubrió un intento de soborno que le salpicó. El empresario Gustavo Durán, conocido como broker en aquella época por conseguir acuerdos entre empresas, políticos y administraciones, ofreció dinero para desbancar al socialista Joaquín Leguina de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Primero a Juan Figueroa, hombre próximo a Nicolás Piñeiro, diputado regional del Partido Regionalista Independiente de Madrid (PRIM), quien grabó la oferta de 100 millones de pesetas, y luego a Miguel Ángel Olmos, de Izquierda Unida, quien también grabó la conversación asesorado por la abogada Cristina Almeida.

Durán era conocido en AP desde 1984, cuando colaboraba con Sanchis para recaudar dinero y con diversas constructoras para conseguir contratos de la Xunta, en manos de AP, según el libro De Fraga a Fraga, de Carlos Dávila y Luis Herrero. Y en su conversación con Figueroa afirmaba actuar en nombre de la dirección del partido: “Me río de Rosendo ( ... ). Fraga, a la hora de hacer un asunto de los que yo hago, Fraga no se moja. ( ... ) Yo no me fío de Fraga en cuanto a lo que yo necesito. ( ... ) Rosendo sabe que estoy haciendo esto, y yo a ti no te lo oculto, que lo estoy haciendo por kilos ( ... )”. Durán afirmaba haberse reunido para hablar de estos asuntos con Naseiro, Federico Trillo (el hombre que ha dirigido la política judicial del partido de los últimos 30 años) y Sancho Rof (exministro de UCD que pasó a la historia por su descripción en 1981 del síndrome de la colza: “[El síndrome] es menos grave que la gripe. Lo causa un bichito del que conocemos el nombre y el primer apellido. Nos falta el segundo. Es tan pequeño que, si se cae de la mesa, se mata”).

El informe interno dirigido por el notario Félix Pastor Ridruejo, absolvió de toda responsabilidad, como suele ser habitual en estos casos, a los colegas de partido.

Naseiro salió indemne del caso. Hasta el punto de que cuando Fraga se marcha a Galicia y se convierte en presidente de la Xunta, Aznar lo confirma como tesorero en el congreso de Sevilla de la refundación, con un escalafón asimilado al de vicesecretario general y bajo la dependencia directa del presidente del partido. Pero dura poco.

Fue detenido con el concejal Palop acusado de un delito de cohecho (soborno a funcionario público, peaje para conseguir favores inmobiliarios y concesiones de obras públicas) en 1990. También estaban implicados un arquitecto y tres constructores, detenidos en Valencia y Alicante. La orden la dictó el Juzgado número 2 de Valencia, Luis Manglano. Los otros cuatro detenidos fueron Luis Latorre, arquitecto municipal de Cullera (Valencia); Carlos Bonet, delegado de la constructora Huarte; Luis Janini, delegado de Dragados y Construcciones, y José Balaguer, promotor de Cullera y gerente de una firma de mantenimiento de semáforos en Valencia, ETRA. En aquel caso también declaró como testigo el entonces concejal José Luis Olivas, más tarde presidente interino de la Generalitat valenciana y, posteriormente, de Bancaja, Banco de Valencia y vicepresidente de Bankia durante su proceso de quiebra y nacionalización.

En aquel 1990, Naseiro era el estratega y máximo responsable económico del PP, y Salvador Palop, el enlace y ejecutor de las dádivas reclamadas para la financiación del partido, que oscilaban entre el 2% y el 5%. En estas operaciones desempeñaban un papel decisivo sociedades de intermediación como Futuro Financiero, de miembros de la Ejecutiva del PP como Arturo Moreno, y el concejal Salvador Palop y el diputado Miguel Ángel Cortés.

Cortés era citado por Moreno en una de sus conversaciones con Palop como un miembro del “grupo” que el ex vicesecretario general pretendía promocionar para controlar mayores parcelas de poder en el PP:

“Tenemos que copar la tesorería, ¿eh? Tenemos que coparla de verdad”, decía Palop. “Sí”, contestaba Moreno. Y proseguía: “Al menos se queda muy contento, porque Aznar lo dice; oye, pues Arturo y sus amigos me están ayudando mucho y todo esto, ¿me entiendes? Me ponía por las nubes y tal, o sea, que ahora mismo tenemos muy buena relación con este tío, vamos a aprovecharla, macho”. Palop contestó: “Cuando puedas se lo comentas a José María lo que estamos consiguiendo”.

En las conversaciones aparecía principalmente Palop, quien negociaba las comisiones con Naseiro y Sanchis. Las empresas desconocían qué parte iba al partido y cuál a los intermediarios. El sistema era el que explicó Versrtynge en eldiario.es, que consistía en inflar las adjudicaciones para que las adjudicatarias pagar una retrocomisión al intermediario por el importe de la diferencia entre el precio real y el adjudicado. El fiscal acusó de conspiración para el cohecho a Sanchis, Palop y Naseiro, para cada uno de los cuales pidió tres meses de cárcel y 500.000 pesetas de multa (3.000 euros). Asimismo, solicitó una multa conjunta de 30 millones para los tres (180.000 euros), y nueve años de inhabilitación y cuatro de suspensión en sus cargos públicos para los dos primeros, así como cuatro de inhabilitación para Naseiro.

Las diligencias pusieron de manifiesto que en la negociación de comisiones para la financiación del Partido Popular se mencionaban más de 40 operaciones diferentes, y en las 10 de las que había detalles las comisiones alcanzaban los 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros). El 15 de julio de 1992 fueron absueltos.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es un organismo público que depende del Ministerio de Economía. Según sus estatutos, se dedica a promover “las actividades económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional”. Obviamente, esa nación es España. Sin embargo, un año después de llegar José María Aznar a la Moncloa, el ICO aprobó un inusual crédito de 18 millones de dólares para una empresa radicada en Argentina, que todo el empleo lo genera en Argentina, que paga impuestos en Argentina y cuya única relación con España es que sus accionistas son españoles y extesoreros del Partido Popular.

La empresa a la que el ICO concedió este extraño y generoso crédito de 18 millones de dólares, el 23 de julio de 1997, se llama La Moraleja Sociedad Anónima. Uno de los propietarios es Angel Sanchís. Fue tesorero de AP (hasta 1988) y diputado del PP hasta 1990, cuando tuvo que dimitir por un famoso escándalo de financiación ilegal del partido, el caso Naseiro.

Como publicó eldiario.es el pasado viernes, entre los socios de La Moraleja S.A. también figura otro extesorero del PP hoy imputado: Luis Bárcenas. Así lo declaró él mismo ante el banco suizo donde llegó a esconder 22 millones de euros. Se desconoce qué porcentaje mantiene Bárcenas en esta gigantesca empresa agrícola –un enorme latifundio de 300 kilómetros cuadrados que emplea a casi 2.000 personas y produce mil toneladas de cítricos al día–, pero la relación entre ambos extesoreros y la cuenta en Suiza no acaba aquí.

El 20 de febrero de 2009, pocos días después de que el juez Garzón detuviese a los principales imputados de la trama Gürtel, Angel Sanchís se presentó en nombre de Luis Bárcenas en el banco de Suiza. Según un documento interno del banco que ahora investiga la Audiencia Nacional, Bárcenas les anunció la visita de Sanchís: “una persona de su absoluta confianza” que va a consultar “cuestiones relativas a la cuenta”. “Durante la reunión –prosigue el banco– esta persona nos anunció que su cliente tenía la intención de liquidar la totalidad de su cuenta” y que “daría instrucciones para transferir los fondos” para “diversificar su patrimonio”.

Pocos días después, el 26 de marzo de 2009, la “diversificación” empezó y la Fundación Sinequanon –supuestos testaferros de Bárcenas en Pánama– ordenó una transferencia de un millón de dólares a una cuenta en Estados Unidos del banco HSBC. La cuenta es de la empresa Brixco SA, que se ocupa precisamente de gestionar las exportaciones de limones que produce La Moraleja SA.

Los 18 millones de dólares que el ICO prestó a la empresa argentina de Sanchís y Bárcenas acabaron en los tribunales. La Moraleja SA no quiso pagar el crédito e incluso ofreció devolver el dinero en pesos, como publicó en 2002 la revista Interviú. El préstamo era bastante ventajoso: el ICO –entonces presidido por Fernando Becker– aprobó un periodo de tres años de carencia, en los que la empresa no tuvo que devolver ni un solo euro. La deuda aumentó después hasta los 23,5 millones de dólares con los intereses y el ICO acabó ejecutando los avales y demandando en los tribunales argentinos a La Moraleja SA.

Transferencia de la Fundación Sinequanon a Brixco SA by eldiario

Documentación banco Dredsner sobre los negocios de Bárcenas y Sanchís by eldiario.es

Luis Bárcenas comparte negocios en Argentina con uno de sus precedesores en el partido, Ángel Sanchís, tesorero del PP hasta 1988 y quien en 1990 dimitió como diputado tras verse implicado en el caso Naseiro, el primer gran sumario de financiación ilegal de ese partido y que finalmente archivó el Supremo al considerar que las escuchas telefónicas se habían realizado de modo ilegal.

Los papeles de Suiza remitidos al juez del caso Gürtel, los mismos que constatan que Bárcenas llegó a acumular en una de sus cuentas suiza 22 millones de euros, desvelan la relación del exsenador del PP con Sanchís. En las fichas de obtención de datos sobre el cliente, Bárcenas incluyó entre las empresas en las que participaba la argentina La Moraleja SA, dedicada al negocio agrario. Esa empresa está presidida por Sanchís. Y exporta a través de Brixco SA, justamente la sociedad a la que Bárcenas transfirió , al menos, un millón de euros a una cuenta del HSBC en Nueva York en marzo de 2009, meses antes de vaciar esa cuenta suiza y traspasar los fondos a otros dos depósitos también localizados en Suiza.

En la documentación remitida al magistrado Pablo Ruz hay una nota interna que relata un episodio sobre Sanchís. Fechada el 20 de febrero de 2009, dice lo siguiente: “Nos anuncia [Bárcenas] la visita para hoy de uno de sus amigos, el señor Ángel Sanchis Perales que es una persona de toda su confianza y que le representa con una carta debidamente firmada por él, para consultar la posición actual y plantear algunas preguntas sobre su cuenta”.

En esa visita al banco suizo Dredsner , Sanchís ya anunció que “el cliente” había decidido “liquidar una parte de su cartera de valores” y que daría las órdenes correspondiente de transferencia. Es decir, ya el 20 de febrero, tres semanas después del estallido del caso Gürtel, Bárcenas tenía claro que cerraría esa cuenta, abierta a nombre de la fundación panameña Sinequanon. El propietario formal de esa fundación es una sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de Bermudas.

Bárcenas aseguró con reiteración al banco que el dinero no guardaba ninguna relación con el PP. Hasta ahora, el sumario no permite extraer conclusioens sobre la presencia de dos extesoreros del PP en un mismo negocio. Ni de que ambos tuvieran relación con la multimillonaria cuenta suiza.

Documentación banco Dredsner sobre los negocios de Bárcenas y Sanchís

Transferencia de la Fundación Sinequanon a Brixco SA