La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado al Gobierno de España que exhume los restos de Milans del Bosch, actualmente enterrados en el Alcazár de Toledo, para “cumplir” con lo que dice la Ley de Memoria Democrática.

No es la primera vez que lo reclama, pero ahora la petición dirigida a la Presidencia del Gobierno, a la que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, se produce después de que el Ejecutivo central haya anunciado su intención de desclasificar los documentos relacionados con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en los inicios de la Transición, en el que se vio involucrado el militar. Y no es la única razón ya que, recuerda la asociación, también participó en el golpe de Estado de 1936, en aquella ocasión contra el régimen democrático de la II República, provocando una guerra civil y después una dictadura. Muchas víctimas de la represión, explica el presidente de la ARMH, Emilio Silva, “siguen sin identificar y sus familias sin reparar”.

En el caso del militar, incide el colectivo memorialista, se trata de “un golpista reincidente como fue el teniente general Jaime Milans del Bosch que se encuentra enterrado en un edificio de propiedad pública con honores que no son compatibles con valores democráticos”.

Emilio Silva recuerda que “han transcurrido más de tres años de la aprobación de una ley que le dice al Estado que [los restos] no deberían estar allí”.

Un golpista reincidente como fue el teniente general Jaime Milans del Bosch se encuentra enterrado en un edificio de propiedad pública con honores que no son compatibles con valores democráticos

Emilio Silva — Presidente de la ARMH

Además, la asociación memorialista pide a Pedro Sánchez ir más allá de la desclasificación de documentos del 23F para contar “a la sociedad cuánta documentación o materiales audiovisuales han desaparecido de los archivos del Estado”. En este aspecto Silva considera que “el Estado español sigue teniendo un doble fondo que se sostiene sobre una ley de secretos oficiales escrita por el dictador Francisco Franco”, que data de 1968 y cree que “por eso se ocultan tantas cosas para proteger a las élites de la dictadura”.

A renglón seguido añade que “tras la muerte del dictador se destruyeron millones de documentos y pruebas de las violaciones de derechos humanos de la dictadura y desde entonces el Estado español nunca ha desenchufado la trituradora de papel que protege intereses que no son precisamente generales”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acaba de encontrar una fosa común de un maestro y un caminero asesinados por pistoleros fascistas en la finca La Fresneda, perteneciente al municipio de Vegas de Matute (339 habitantes, Segovia), que se encuentra a un kilómetro del pueblo cuando se accede desde la carretera de Villacastín.

Las víctimas fueron Luis García Hernández (maestro) y Julio Maroto Ortega (caminero) y esta es la segunda vez que la ARMH trataba de localizar sus restos. La hija de Luis García Hernández, que todavía vive, solicitó a la asociación que buscara y exhumara los restos de su padre. La ARMH está tratando de localizar a la familia de Julio Maroto Ortega, que tuvo ocho hijos de dos matrimonios distintos. La asociación esperaba acertar esta vez con la localización de la fosa debido a la investigación que habían realizado los familiares y vecinos de Vegas de Matute y a que estaba incluida en el mapa de fosas comunes de Castilla y León, aunque no en el registro del Ministerio.

El coordinador del proyecto, Marco González, destaca la colaboración de los vecinos de la zona y del alcalde de Vegas de Matute. “Se sabía que estaban enterrados en el paraje, pero las fincas se han desdibujado desde 1936. Hemos tenido suerte porque hemos prospectado entre el año pasado y estos días más de 2.500 metros cuadrados”, señala González en declaraciones a este medio. El año pasado encontraron tres casquillos, pero no dieron con los restos óseos hasta este miércoles. “Sin duda creemos que son ellos aunque hay que trabajar sobre los cuerpos y llevar a cabo las exhumaciones. Hoy estaremos limpiando los restos y haciendo planimetrías, fotos y documentándolo todo y mañana haremos la exhumación”, ha agregado.

Los vecinos más mayores de la zona todavía recuerdan que un día llegó una camioneta de la Falange, escucharon disparos y al día siguiente vieron los cuerpos de Luis y Julio, y decidieron enterrar sus cuerpos en una esquina de la finca más cercana. “Eso había calado en ese pueblo y quedó en el recuerdo de la gente mayor. No dudaron de qué finca era, pero esas fincas están desdibujadas y esta en concreto llevaba años sin trabajarse y está llena de encina”, ha apostillado.

García Hernández, nacido en Otero de Herreros (Segovia), tenía 42 años cuando fue asesinado. Estaba casado con Paula Izquierdo y tenía tres hijas: Valentina, María y M.ª Paz. Su profesión era la de maestro y era miembro del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (SETE). En su expediente de depuración como maestro le acusaron de tener ideas socialistas. Fue detenido ilegalmente por las fuerzas fascistas y fue asesinado el 12 de agosto de 1936.

Julio Maroto Ortega, nacido en 1876 en Guijasalvas (Segovia), tenía 60 años cuando fue asesinado. Estaba casado en primeras nupcias con Petra Díaz Lázaro, con la que tuvo seis hijas. Y en segundas con Alejandra Diaz Lázaro, con la que tuvo otras dos hijas. Era peón caminero de profesión, pero no se tienen datos de su afiliación política. Su cadáver apareció el 15 de agosto de 1936 y fue enterrado junto a Luis García Hernández.

La exhumación se llevará a cabo durante este miércoles y jueves en el paraje de La Fresneda, un paraje de Vegas de Matute, Segovia. Este jueves por la mañana está previsto que acudan al cuartel de Otero de Herreros para notificar la aparición de restos con signos de violencia. Y si la Justicia no interviene se llevarán los restos a Ponferrada para su análisis antropológicos y enviar las muestras al laboratorio.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) realizará las labores de exhumación e identificación genética con sus propios recursos porque está en contra de que el Gobierno utilice subvenciones para buscar desaparecidos y no garantice universalmente el derecho a todas las familias. En el hipotético caso de que alguno de los cuerpos no pueda ser identificado genéticamente, que el resultado del estudio sea negativo o que aparezcan otras víctimas no reclamadas se procederá a la reinhumación en el Cementerio Municipal de Vegas de Matute (Segovia)

Es frecuente que las asociaciones para la memoria histórica localicen, en las exhumaciones de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, objetos junto a los restos humanos: suelen ser botones, cinturones o las botas que llevaban puestas cuando fueron fusilados o ejecutados extrajudicialmente. También han podido encontrar objetos personales como lapiceros o medallas, o las balas que atravesaron sus cuerpos durante los asesinatos. En muchos casos, las asociaciones entregan esos objetos a las familias y, si no se localizan descendientes, se guardan junto a los restos en cada uno de los memoriales. La ARMH de Valladolid quiere depositar en el Centro de la Memoria de Salamanca los objetos que ha recopilado en los últimos veinte años por su valor “histórico, arqueológico y pericial”. Sin embargo, lleva más de dos años esperando para firmar el convenio que permita entregar esos objetos.

“Podríamos firmar un convenio en poco tiempo, pero hay riesgo de que esos objetos se deterioren. Y el Centro de la Memoria nos da largas. Hemos escrito en varias ocasiones al Ministerio”, protesta el presidente de la ARMH de Valladolid, Julio del Olmo, que reprocha al Gobierno de España que quiera “quitarse de encima este marrón” de custodiar los objetos. La ARMH de Valladolid reprocha que el Ejecutivo dé subvenciones para las exhumaciones pero no para la investigación de los hechos que se produjeron durante la guerra civil y el franquismo, lo que ahora les ha dejado fuera mientras otras entidades y fundaciones—ahora que tienen fondos— empiezan a trabajar en la excavación de fosas.

La ARMH de Valladolid tiene más de 10.000 objetos, todos contabilizados y registrados desde 2002. Solo en las últimas exhumaciones del cementerio del Carmen, Medina del Campo y algunos pueblos localizaron unos 1.300 objetos: 429 botones, 303 zapatos, 229 balas, 122 cinturones, 67 monedas, 49 lapiceros, 28 medallas, 23 gemelos, 22 carteras, 14 tabaqueras y 9 boinas. La ARMH de Valladolid fue una de las primeras asociaciones en empezar a excavar las fosas y los trabajos siempre se han realizado desde un punto de vista historiográfico e investigador, además de en busca de la memoria de los asesinados en una provincia en la que ni siquiera hubo dos frentes organizados, pero en la que se han localizado 41 fosas comunes de diferentes tamaños. “Hay que pensar en lo que va a ver una persona dentro de cien años sobre estos objetos”, reitera Del Olmo, que reclama que también se custodie la documentación e investigaciones de las asociaciones memorialistas.

“La explicación que nos han dado es que están 'a otras cosas'. Pero esto se podría firmar en 15 días y bastaría con que viniera una furgoneta y se los lleve. Ya esta´todo catalogado, con una fotografía de entonces y el objeto correspondiente”, defiende Del Olmo. El presidente de la ARMH ha asegurado que el Ministerio les respondió la primera vez, pero no después, a pesar de las reiteradas llamadas realizadas: “A veces te cogen el teléfono, a veces no y otras te dicen: 'que sí, que sí'”. El Ministerio de Cultura —del que depende el Centro de la Memoria Histórica— ha tardado un mes en contestar a este diario y ha defendido que está “en contacto” con la asociación “para estudiar la mejor forma de acoger el depósito de documentación y objetos relacionados con su actividad”. “Una vez evaluado su volumen y tipología se podrá proceder a la firma del correspondiente convenio para formalizar el acuerdo de depósito”, ha asegurado.

La ARMH también localizó objetos de valor como un abrigo tipo ulster, un chaleco y un fajín que sobrevivió porque su dueño —y otras 39 personas asesiandas en Medina de Campo— fueron tirrados al pozo de los Alfredos, sellado durante 80 años y a 30 metros de profundidad. La Escuela Superior de Artes Plásticas y Diseño Mariano Timón, en Palencia, ha restaurado algunas de esas prendas deslavazadas. También se pudieron extraer objetos más pequeños prácticamente de una pieza, como una gorra o un sombrero.

¿Qué hacer con los objetos?

Preguntadas por este diario, la mayoría de asociaciones entregan los objetos personales a los familiares. Sin embargo, la ARMH entiende “que son pruebas de los crímenes de lesa humanidad” y por lo tanto la custodia debería ser institucional. Además, a veces es complicado saber a qué descendiente entregar los objetos y muchos familiares prefieren no ser los custodios de estos objetos. “En veinte años hemos entregado cuatro objetos —una pluma estilográfica, por ejemplo— y una de las familias nos devolvió el anillo de una de las víctimas un año después”, explica.

El presidente de la asociación Memoria y Justicia de Salamanca, Julio García, asegura que en los trabajos en los que participan, suele quedarse con los objetos Aranzadi o la ARMH, aunque si los familiares estaban presentes en la excavación, los objetos les han sido entregados a ellos. “En el último que nos apareció a nosotros unas botas de Carabineros quedaron en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Nosotros si estaban presentes los familiares en la excavación se los hemos dado a ellos porque eran el único recuerdo que tenían de ellos. Si hay familiares presentes siempre quedan estos objetos a su disposición. Mismo procedimiento tiene la asociación soriana Recuerdo y Dignidad: ”Se los lleva Aranzadi, los limpian y se los entregamos a las familias“, explica el presidente, Iván Aparicio, que recuerda algunos objetos como las gafas, las gafas de sol, lapiceros de maestros o el dedal del sastre y concejal de Cultura de San Esteban de Gormaz, Juan Pablo Rica. ”Los objetos también son muy importantes para las familias“, defienden desde la plataforma.

La ARMH que preside Emilio Silva asegura que el procedimiento que aplican es la restauración de los objetos y entregarlos a la familia. La ARMH de Ponferrada también los entega a la familia, y los objetos de personas que no han sido identificadas son reinhumados con ellas. En Palencia todavía recuerdan que el sonajero recuperado en 2011 de una fosa común en el Parque de la Carcavilla (Palencia) fue entregado a la familia, como tantos enseres.

Fe de errores

Por un error, este artículo hablaba de que la ARMH de Valladolid tenía 1.000 objetos de la guerra civil, cuando en realidad se trataba de 10.000 objetos.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma Change.org para solicitar la dimisión del concejal del Partido Popular (PP) en San Clemente, Justo Moncho Leal, además de pedir al presidente regional de la formación Paco Núñez su expulsión.

La acción surge a raíz de la reciente difusión de un vídeo en el que el concejal exhibía una bandera franquista. “El PP de Paco Núñez, candidato a las elecciones autonómicas, ha respaldado al concejal, y deja en agua de borrajas el expediente que anunció”, lamenta la organización memorialista.

Justo Moncho Leal, sostiene la ARMH, ha sido calificado como “homófobo, misógino, racista y defensor de la dictadura de Franco no sólo por el vídeo que se hizo viral, sino por todas las publicaciones que aparecen en su perfil de Facebook desde 2012”.

La organización memorialista considera que “sus acciones y posturas se ajustan a lo establecido en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, que contempla la ilegalización de un partido si su actividad vulnera los principios democráticos de manera reiterada y grave”. En concreto se refiere al artículo 9 de la mencionada ley que establece que los partidos deben respetar los valores constitucionales y los derechos humanos, y condena conductas que fomenten la violencia o busquen deteriorar el régimen de libertades. Creen que es una situación que se ajusta al hecho de que el edil gritase “consignas de Falange, con la bandera franquista de fondo”.

Una persona que defiende ideas antidemocráticas de una dictadura no debería formar parte de instituciones democráticas, ya que no comparte los valores constitucionales

Creen que “las conductas del concejal, tanto en el vídeo, como en el Peno, así como en sus redes sociales, se pueden ajustar a lo que la ley describe como motivo de ilegalización de un partido, ya que promueve, justifica o exculpa actos contra la vida o integridad de personas (víctimas de la dictadura) o la persecución de individuos por su ideología, religión, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual, al exaltar los símbolos de un régimen que aniquiló los derechos humanos y sembró el Estado de muertos por sus convicciones políticas”.

En opinión de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, “una persona que defiende ideas antidemocráticas de una dictadura no debería formar parte de instituciones democráticas, ya que no comparte los valores constitucionales”.

La asociación denuncia la “normalización” de este tipo de comportamientos y argumentos, así como la “actitud” de los medios de comunicación “que separan al PP de Vox, como si el fascismo fuera exclusivo de este último, cuando hasta el presidente de honor de los populares es un exministro franquista”.

El concejal aludido dijo hace algunos días que en su vida privada puede “hacer y decir lo que quiera”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARHM) ha acusado este lunes a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de presunta prevaricación y de incumplir la Ley de Memoria Democrática por no evitar casos como el de Jaime Milans del Bosch, “golpista en 1936 y en 1981”, enterrado en el Alcázar de Toledo, junto a otro general franquista, José Moscardó, entre otros.

La citada asociación, que inició la exhumación científica de desaparecidos por la represión franquista en el año 2000, se queja en un escrito, hecho público este lunes, de que Robles “ha hecho caso omiso de la Ley de Memoria Democrática que le obliga a tomar una serie de medidas que está incumpliendo desde hace treinta y cuatro meses”.

No es la primera vez que se quejan de la posición del Ministerio de Defensa con esta cuestión. A finales del pasado año, el presidente de la asociación, Emilio Silva, criticó la “manipulación del relato” sobre la historia de este edificio en relación con la guerra civil española.

Esta asociación ha dado a conocer además el registro de una queja ante la Administración General del Estado en la que solicitan “que el Ministerio de Defensa deje de prevaricar con el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y lleve a cabo sus obligaciones que tiene con respecto a la aplicación de los valores democráticos y al respeto que merecen las víctimas de la dictadura franquista”.

La asociación recuerda que adjunta copia del registro y que el próximo mes de octubre se cumplirán tres años de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. En esa ley, añade, se prohíbe que los militares golpistas reciban honor alguno, o tratamientos especiales, por parte de las administraciones públicas.

“Pero a pesar del dictado de la ley, el Ministerio de Defensa la incumple de manera permanente y reiterada en casos como el de Jaime Milans del Bosch, golpista en 1936 y en 1981, que continúa enterrado en el Alcázar de Toledo con honores y recursos de un Estado Democrático”.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto del primer desaparecido republicano identificado genéticamente en España, “es muy grave que el mismo Gobierno que ha redactado una ley y ha promovido su aprobación parlamentaria la incumple demostrando su falta de voluntad política”.

En su opinión, si “Gobierno no cumple la ley de memoria democrática no puede confrontar con las comunidades autónomas que también la incumplen”.

La ARMH ha reclamado por derecho de acceso a la información pública documentación de las gestiones que el Ministerio de Defensa ha llevado a cabo para cumplir con la Ley de Memoria Democrática.

Y en especial aquellas dirigidas a que el cuerpo del dos veces golpista Jaime Milán del Bosch salga del Alcázar de Toledo, así como con el resto de militares franquistas que se encuentran enterrados con honores y que aseguran, “no merecen” por parte de un Gobierno democrático.

“Es incomprensible que continúen desaparecidos miles de hombres y mujeres que defendieron la democracia tratando de frenar un golpe de Estado en 1936 y que los golpistas y constructores de una sangrienta y terrible dictadura sigan enterrados con honores y recursos públicos”, concluye Silva.

La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, ya comentó durante una visita a Toledo allá por 2022 que se había iniciado el proceso de exhumación tanto de Moscardó como de Milans del Bosch, enterrados en una cripta privada dentro del Alcázar de Toledo, que hoy es un museo y una biblioteca pública. Durante esas declaraciones avisó que tardaría porque “no se puede ir tan deprisa”.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa para contrastar su opinión, sin que haya sido posible hasta el momento obtener una valoración.

El artículo 35 punto 1 de la Ley 20/2022 19 de octubre reza así: “Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”.

Lo acaban de leer ustedes y parece que está lo suficientemente claro. Pues se ve que no, veamos.

Recordamos cuando el ayuntamiento de Mota del Cuervo quitó la Cruz de los Caídos en 2008, el Obispado saltó a la palestra argumentando que la cruz no era un símbolo franquista, sino uno de Cristo. La justicia, tan lenta en casi todas las ocasiones, voló en esta; una rapidez encomiable, de parte eso sí. Y a partir de ahí llegó el daltonismo simbólico del que les hablamos hoy con una ley con un texto menos ambiguo que la de entonces.

Cristo, pero, ¿qué Cristo? ¿El Cristo de Ellacuría o Ernesto Cardenal? ¿O el de Monseñor Guerra Campos pidiendo el voto contra la vigente constitución desde el púlpito catedralicio conquense o el de “¡Viva Cristo Rey!” de los impunes pistoleros parapoliciales de nuestra modélica y pacífica Transición?

Indudablemente, representa en la historia al Cristo de la Cruzada en que la Iglesia Católica (parte consustancial física y metafísicamente del golpe del 36' y la posterior dictadura nacionalcatólica) convirtió la rebelión contra la II República Española; había que matar al infiel, y el infiel éramos nosotros. Démosle un resumido vistazo a la historia.

Desde 1938, la dictadura creó instituciones para controlar los monumentos que se erigían, cuáles, cómo, con qué parafernalia se conmemoraba, todo. En agosto de 1939 se publicó una Orden de Gobernación sobre monumentos, todo necesitaba la aprobación de este Ministerio, en concreto la Jefatura del Servicio Nacional de Propaganda, que después pasó a depender de la Vicesecretaría de Educación Popular hasta 1942, cuando se crea la Jefatura de Ceremonial y de la Sección de Organización de Actos Públicos y Plástica, dependientes de la citada Vicesecretaría.

Los Servicios Técnicos de esa Sección hacían los informes para autorizar, o no, la construcción de los nuevos monumentos. También se encargaban de que estos monumentos respondiesen a un mismo criterio histórico. Los monumentos se dedicaron en casi su totalidad a la Victoria y a los Caídos, al golpe y la guerra. Y cómo no, ahí estaba la Iglesia participando en las decisiones y sin perderse ni uno de estos tétricos saraos nacionalcatólicos. Obviamente, con rigor histórico, es delirante afirmar que son solo monumentos cristianos.

La Iglesia fue parte activa de la represión de la nueva España

Por otra parte, la Iglesia fue parte activa de la represión de la nueva España, con tesón y ahínco en las primeras dos décadas de la dictadura. Algo que se comprueba fácilmente en numerosas publicaciones desde hace décadas, esas monjas carceleras en prisiones o patronatos, esos curas denunciantes, catequistas en las clases obligatorias en las prisiones, censuradores de todas las publicaciones escolares y muchas no escolares, ese catolicismo obligatorio por ley durante dos décadas en este país. Así, nuestros pueblos, todos los pueblos, carreteras y caminos se llenaron de monumentos nacionalcatólicos a los golpistas y al golpe, y muchos a pesar de las leyes y de los más de 40 años de democracia ahí siguen.

Pretender que las víctimas conmemoradas en monumentos y los monumentos mismos, que dependían del férreo control de instituciones de la España nacionalcatólica, es solo algo cristiano y que son personas que perdieron la vida simplemente por ser católicos, es algo totalmente ahistórico también. Así mismo, decir que la Iglesia no se mete en política es un argumento históricamente ridículo, y si el argumento es ridículo imagínense su aceptación desde fuera de la organización que lo promueve. Ya en los años 2000 Tomás Ruiz publicó un artículo en 'Interview' en el que demostraba la participación de Monseñor Laplana en la conspiración para el golpe de estado. Un golpe de estado que en nuestra provincia fue civil, es decir, al no haber guarniciones militares se estructuró a través de civiles, la Iglesia y la Guardia Civil, además de la colaboración de los elementos de la Unión Militar Española que había en nuestra provincia. Nada nuevo bajo el sol de la historia en todo esto, algo que debería ser de dominio público, que esta es la simbología de una dictadura que pisoteó los derechos humanos en nuestro país durante cuarenta años.

Permítannos ilustrar esto con un caso reciente. Carretera que va desde la A-3 a Tribaldos, un monumento que por su origen y por todo lo explicado arriba entra de lleno en la definición de la ley con la que empezábamos este texto, conmemora a golpistas. Pues bien, los técnicos de la Diputación nos dicen, informalmente que aún no hemos tenido respuesta oficial a la solicitud de retirada, que ese monumento nacionalcatólico no tiene símbolos, solo la cruz. Así, por arte de birlibirloque, este monumento nacionalcatólico pasaría solo a ser católico a secas, y por lo tanto no se retiraría.

Esto es daltonismo simbólico del bueno, señores.

Lo malo es cómo esta falacia histórica cala, no solo entre sus creadores y los adoradores de la dictadura, sino también en las filas “progresistas”. Y todo ello con una falta de conocimiento histórico, ¿o no? No por muy conveniente menos peligrosa. ¿Quién quiere problemas? Una muestra más de la colonización de la propaganda de la dictadura que persiste en nuestra desdentada sociedad, que comulga con ruedas de molino y no gasta un euro en dentistas.

Y así no sólo con la Diputación, también con más de una decena de ayuntamientos, que en su inmensa mayoría no han contestado siquiera nuestras peticiones de cumplimiento de la ley vigente. ¿Tiene fuste? Ninguno, es bastante absurdo, pero, aunque sea absurdo vamos con ello, parafraseando al periodista de La Sexta.

Que Dios nos pille confesaos'.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que inició la búsqueda de desaparecidos por la represión franquista en el año 2000, ha iniciado este miércoles en el cementerio de Almadén (Ciudad Real) la recuperación del cuerpo de Eustasio Herance Martín, un republicano nacido en Puebla de Don Rodrigo el 29 de marzo de 1921.

Esustasio era jornalero y de ideas republicanas. Fue detenido por primera vez el 24 de marzo de 1939 y llevado a declarar como investigado el 5 de junio de 1941 junto a un grupo de vecinos de Puebla de Don Rodrigo a los que acusaban de colaborar con la guerrilla antifranquista de la zona.

Todo el proceso de su juicio sumarísimo y sus testificaciones fueron recogidas en la causa 4541/41 de la plaza de Almadén del Fondo de Ciudad Real. El juicio es sobreseído para todos los detenidos y en el caso de Eustasio, sobreseído finalmente por su defunción en la cárcel de Almadén. El día de su muerte, el 17 de octubre de 1942, tenía 21 años. Era soltero.

La exhumación ha sido solicitada por una sobrina y un sobrino de Eustasio que quieren trasladar sus restos a Puebla de don Rodrigo, su localidad de origen y la de su familia.

La ARMH recuerda que lleva a cabo estas actuaciones con sus propios recursos económicos, proporcionados por sus socios y socias, sin ningún tipo de subvención. No la solicitan, aclaran, porque desde hace años reclaman que “España deje de ser el único país del mundo que pretende buscar a los desaparecidos por la represión franquista convocando subvenciones y no considerándolo un derecho de todas las víctimas”. 

Este viernes a las 11.00 horas tendrá lugar por decimotercer año consecutivo el homenaje que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Cuenca organiza junto con Friends of International Brigades Ireland e International Brigades Memorial Trust en memoria de los escoceses caídos en la Batalla del Jarama, los taranconeros masacrados por la dictadura fascista y los que cayeron en los frentes con las Milicias Antifascistas y el Ejército Popular de la República Española.

El homenaje también incluye a aquellos, españoles e internacionales (alemanes, belgas, franceses) cuyas muertes se han documentado en los hospitales de Tarancón durante la Guerra de España.

La ARMH ha destacado que esta es una edición “especial” tras el fallecimiento el pasado agosto de Allan Craig junior, verdadero impulsor de la erección de este memorial tras recibir documentación de la muerte de su padre aquí.

El acto contará con la presencia de la familia Crawford, cuyo abuelo también cayó entonces, y la familia Craig, que viene a cumplir el último deseo de su padre Allan, que una parte de sus cenizas queden en el cementerio de Tarancón para siempre.

“Así rendiremos homenaje a la memoria de nuestros muertos con toda normalidad democrática y con todo orgullo por los antifascistas del pasado que se enfrentaron a Hitler y Mussolini, hombro con hombro con nosotros, sabiendo que si no se les paraba aquí, no se les pararía”, explican desde la asociación memorialista.

La localidad de Almansa acoge, a partir de este miércoles 2 de octubre, la XVI edición del evento 'Encuentros con la Memoria', que se extenderá hasta el viernes 4 de octubre, en el Teatro Principal de la localidad albaceteña. La iniciativa que organiza la Asociación Pablo Iglesias de la localidad, conmemorará en esta edición las dos décadas de las primeras exhumaciones que se realizaron no solo en Almansa, sino también en la región.

La Diputación Provincial, la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento apoyan el evento, que recordará dicho “hito” que se convirtió en el “inicio de la Recuperación de la Memoria Histórica en Castilla-La Mancha” y que también marcó “unas pautas de actuación que determinaron intervenciones posteriores en regiones vecinas”.

Las jornadas comenzarán este miércoles a las 20:00 horas, con la presentación del libro 'Cuando grita el silencio. La recuperación de la Memoria Histórica en Almansa y comarca', que contará con la intervención de Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y María José Gómez, historiadora y coautora del libro.

El jueves se celebrará, a las 20:00 horas, la mesa redonda 'Medios de comunicación y Memoria Histórica. Dos décadas visibilizando la lucha por el recuerdo', con la participación de periodistas y guionistas destacados en el ámbito de la memoria histórica, como Juan Luis Hernández, Alberto Panadero, Ángel Arjona, Joaquín Sánchez y Pablo Sánchez.

Finalmente, el viernes 4 de octubre, también a las 20:00 horas, se celebrará la mesa redonda ‘La ciencia, Memoria Histórica y derechos humanos. 20 años de las exhumaciones en el cementerio de Almansa’. En ella intervendrán reconocidos profesionales del ámbito de la arqueología y la antropología forense, entre ellos Patxuka de Miguel, Almudena García-Rubio, Manuel Polo, Valentín Martínez y Enrique R. Gil, quienes formaron parte del equipo técnico del proyecto de exhumación de las fosas en Almansa.

Compromiso de la Diputación

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, junto al vicepresidente, Fran Valera y la alcaldesa de Almansa (y diputada provincial de Igualdad), Pilar Callado, han querido destacar la relevancia de estos encuentros como un espacio para la reflexión y el recuerdo de los eventos históricos que, más allá de una ciudad y comarca, marcaron a toda la sociedad española.

Cabañero ha querido recordar que la institución que preside tiene un “profundo y visible” compromiso con la memoria democrática, y ha apuntado al apoyo a instituciones como el Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas Internacionales (Cedobi) en instalaciones de titularidad provincial. Dicho centro, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y el Instituto de Estudios Albacetenses 'Don Juan Manuel' de la Diputación, “encarna el esfuerzo continuo de la provincia por construir una democracia plenamente consciente del valor de conocer y comprender el pasado para avanzar como sociedad”.

La Diputación, a través de su Instituto de Estudios Albacetenses, viene trabajando de forma constante para que la “recuperación de la memoria histórica sea una prioridad”. A esto, ha añadido que el Cedobi “contribuye significativamente” al conocimiento científico sobre las Brigadas Internacionales y la guerra civil española, coordinando la Red Internacional de Estudios sobre la guerra civil española (INSCiWar) y conservando valiosos archivos fotográficos y recursos digitales.

La institución también colabora con la edición de libros que, desde diferentes perspectivas, “arrojan luz que siga ayudando a proteger la memoria democrática frente a todo tipo de desafíos, considerándola una parte vital del patrimonio provincial y de las raíces de los pueblos”. “En un contexto donde la intolerancia y el odio persisten, es esencial continuar promoviendo la unión, los valores democráticos, la concordia, la convivencia y la defensa de los derechos humanos”, destacó Cabañero.

En las fotos que Lorena Cantarero conserva de su bisabuelo, Pedro Cantarero García 'Rocha', siempre está acompañado de su bisabuela, Concepción Oliva. Así se guarda la memoria de la figura de uno de los alcaldes que gobernó en la localidad conquense de Tarancón entre 1937 y 1938, en los años de la Segunda República española.

Cinco fueron los hombres que ejercieron este cargo entre los años 1937 y 1939. Sin embargo, sus nombres no aparecen en el listado oficial de alcaldes de Tarancón. Ni el de Pedro, ni tampoco los de Cándido, Recaredo, Julio o Martín. El Gobierno municipal trabaja ahora en remediar esta situación.

“Tenemos una sala de alcaldes, donde están quienes gobernaron desde que empezó la dictadura. Los primeros, en unos papeles y ya en la democracia, con fotos. Mostramos las fechas en las que han estado. Pero nos faltaba reconocer a quienes lo hicieron durante la República. Los olvidados”, explica Lorena Cantarero, que ahora es concejala en el ayuntamiento que gobernó su bisabuelo.

La iniciativa, reconoce, viene de la Asociación de Memoria Histórica local que, recuerda, “lleva 20 años trabajando en recopilar toda la información y documentar la vida de varias personas de nuestro pueblo y de toda la provincia”. Fue esta asociación la que les enseñó el listado de alcaldes hasta la guerra civil. “Nos pareció estupendo poder reconocer de estas personas, entre las que se encuentra mi bisabuelo”, señala.

Lorena no conoció a su bisabuelo, que murió unos meses antes de que naciese. Fue su abuela la que mantuvo viva la memoria de 'Rocha' en su familia. Y ahora también estará en el ayuntamiento. “Siempre nos contaba historias de él, de lo que sufrieron, porque también pagó las consecuencias de haber trabajado por su pueblo siendo alcalde, aunque fue solo durante un año. Estuvo siete años en la cárcel”, resalta la concejala.

No fue el único, apunta. “Todos sufrieron las consecuencias de haber trabajado por su pueblo y es algo merecedor que el ayuntamiento ahora reconozca su vida y que los hagamos visibles en nuestra historia. Porque hasta ahora han estado invisibles y lo han estado durante muchos años”.

Los alcaldes que se recordarán

Entre los nombres que estarán dentro de poco visibles de forma oficial en el Ayuntamiento de Tarancón se encuentran Recaredo Gómez Ruiz, que fue miembro del PSOE y también un “histórico militante de la izquierda taranconera” desde la primera década del siglo XX. También, Julio Sanz Miranda, 'Factor', que fue presidente de Izquierda Republicana, así como factor de la estación de ferrocarril, y también miembro del primer comité de defensa del Frente Popular. Fue “alcalde accidental” hasta agosto de 1937.

Pedro Cantarero fue alcalde entre agosto de 1937 y 1938. Albañil, había sido también concejal de la corporación y pertenecía también al PSOE, además de a la Unión General de Trabajadores (UGT). Después de Cantarero, gobernó Cándido Moreno López, 'El Pocero', que también fue miembro de la UGT y del Partido Comunista español. También había sido concejal y presidió la Oficina de Colocación Obrera en la localidad hasta 1936. Gobernó hasta marzo de 1939.

Martín Calonge Peña fue miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas, de la UGT y del PSOE. Era estanquero, y también director del Teatro Proletario de Tarancón, según informan desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Cuenca. Gobernó entre el 8 y el 28 de marzo de 1939.

“Cuando supimos que el listado de alcaldes de Tarancón no les incluía, nos sorprendimos. Pero la sorpresa se nos pasó pronto”, explican desde la asociación. “Hay muchos a los que les parece normal que esta parte de la historia siga ausente de los espacios públicos” porque mientras los alcaldes de la Segunda República se mantienen invisibles, los de la “dictadura que violó derechos humanos estaban presentes”.

Pero ante esto, advierten de que “una sociedad democrática no puede ser ajena a sus orígenes”. Por eso, han iniciado esta campaña para que los ayuntamientos incluyan en sus listados oficiales a los alcaldes de esa época, empezando por Tarancón. “Le expresamos nuestro agradecimiento por este paso en pos del equilibrio en la historia”, resaltan. Equilibrio que, reflexionan, no está presente en la sociedad.

Desde la asociación destacan que estas personas fueron ciudadanos que “dieron lo mejor de sí en momentos tan difíciles”. “Estuvieron trabajando para que la vida del pueblo siguiera. El caso es que estos alcaldes hijos del pueblo, geográfica y socialmente, merecen estar en ese listado por derecho propio y por el respeto debido a los hechos históricos”, rematan.

“No pueden ser que se mantuvieran olvidados”

Máximo Molina, presidente de la asociación memorialista conquense, resalta que todo comenzó con un premio que les otorgaron las Juventudes Socialistas. “Entonces comenté que el bisabuelo de Lorena había sido alcalde, y que lo más probable es que estuviera en las listas oficiales”, recuerda. No estaba, y así comenzó la campaña para reconocer a los alcaldes. “Es que no puede ser que los alcaldes del franquismo sí estuvieran en las listas, pero los de esa época se mantuvieran olvidados”.

Por desgracia, lo que sigue prevaleciendo es asumir la memoria de la dictadura.

Máximo Molina — Presidente de la ARMH de Cuenca

“Por desgracia, lo que sigue prevaleciendo es asumir la memoria de la dictadura. Pero Recaredo, Julio, Pedro, Cándido y Martín han sido alcaldes y esto es un hecho y se debe reconocer”, explica. Por eso, agradece y muestra “la satisfacción” de que el ayuntamiento taranconero estuviese de acuerdo en ofrecer un espacio a estas figuras. “Es algo de justicia”.

Pero la asociación no va a parar aquí. “Vamos a seguir con la campaña en otros pueblos, donde muy seguramente todos los alcaldes de esa época falten en la inmensa mayoría de los pueblos, salvo que alguien lo haya querido de otra manera”, reflexiona Molina. Y también siguen en la búsqueda de las familias de Cándido y de Martín.

“Queremos homenajear a estas personas, que fueron las que hicieron que el pueblo funcionara dentro del caos”, remata Molina. Y valora el esfuerzo del Gobierno municipal de “dejar de asumir miedos” y poner encima de la mesa la historia como ha sido.

Desde la asociación ya han documentado los alcaldes de las localidades de Alcázar del Rey, Belinchón, Fuente de Pedro Naharro, El Hito, Villares del Saz, Fuentelespino de Haro, El Provencio, Huelves, Leganiel, La Puebla de Almenara, Saelices, Villamayor de Santiago Uclés y Villarrubio, y solicitaremos su inclusión en los listados oficiales.

En Tarancón, el ayuntamiento trabaja en un panel nuevo para recordar estos cinco nombres, que estará listo “en un par de meses” y que se inaugurará con un homenaje en un acto conmemorativo. Por parte de la ARMH, aseguran que “seguiremos la campaña documentando a estos alcaldes desaparecidos de la faz de la historia oficial franquista”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) inaugura este lunes una placa en el cementerio de Tarancón en recuerdo de ocho brigadistas internacionales fallecidos en los hospitales de la localidad conquense durante la guerra civil española.

El acto de inauguración de la placa, que reconoce a voluntarios provenientes de Francia, Bélgica, Alemania y Austria, junto a los voluntarios escoceses ya reconocidos previamente, contará con la presencia de familiares invitados al evento

La Asociación memorialista, ha destacado el peso que tuvo Tarancón durante el conflicto civil como centro hospitalario para atender a los heridos en los frentes del conflicto civil.

Asimismo, ha denunciado el olvido al que han sido sometidas muchas víctimas del conflicto y de la represión de la posguerra, también personas originarias de la propia Tarancón.

Por otra parte, la Asociación ha recordado a Allan Craig, familiar de un voluntario de las brigadas internacionales proveniente de Escocia, que localizó los restos de su padre en el año 2011, tras una intensa búsqueda. “Supo que su padre había muerto aquí en el Hospital Americano nº 2 y tuvimos que decirle que no podría encontrar sus restos”, han relatado desde la ARMH. “Y como él, los familiares de Ángel Carrasco soldado de Tomelloso, o la familia de Serapio Navarro, aparcado en el Hospital Municipal de Tarancón, Hospitalillo, tras el cierre de la Cárcel de Uclés hasta que murió”, han añadido, subrayando la diversidad de orígenes de las víctimas cuyos restos han desaparecido.

El evento, también servirá de homenaje a Craig, fallecido el pasado 2 de agosto en Fortrose, Escocia a consecuencia del Alzheimer que sufría desde hacía unos años. “Allan fue el responsable de que se erigiera el primer memorial en nuestro cementerio en octubre de 2011 y de la plantación de un olivo, símbolo de la paz, junto a él”, han recordado desde la ARMH.

Además, durante el evento se cambiará la placa de taranconeros que murieron sirviendo en el Ejército Popular de la República Española (EPR) y Milicias Antifascistas para solventar un error y añadir nuevos nombres a la placa.

“Así se cierra el memorial que comenzó Allan y que se ha convertido en un espacio de memoria único en el estado español, aunando a los brigadistas internacionales con las víctimas de la dictadura y aquellos que cayeron en los frentes con el EPR y los que murieron en nuestros hospitales, cuatro placas hombro con hombro, como hombro con hombro defendieron la República aquellos hombres y mujeres ante el fascismo europeo de Hitler, Mussolini y Franco”, han señalado desde la Asociación.

Los familiares de las personas víctimas del franquismo homenajeadas en un monolito instalado en el cementerio de Fuensalida han denunciado la vandalización del monumento dedicado a tres guerrilleros antifranquistas que fueron asesinados en 1947 y han pedido a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que interponga denuncia ante la Guardia Civil.

Este monolito, inaugurado hace casi dos años en la localidad toledana, se instaló a la entrada del camposanto en recuerdo de Mariano Álvarez Escobar -fuensalidano-, Tomás López Gutiérrez 'Rubio', de Madrid, y Andrés Iglesias Prieto 'Olivero', de Piornal (Cáceres).

Hace menos de una semana que la Asociación para la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEx) que impulsó en su momento el homenaje había denunciado la actitud del Gobierno municipal del Partido Popular en Fuensalida al trasladar el monolito desde la entrada del camposanto hasta una zona 'escondida', entre restos de obra y fuera de la vista de los usuarios del cementerio. Desde el ayuntamiento no han ofrecido su versión sobre esta decisión tomada por parte del equipo de gobierno del 'popular' José Jaime Alonso.

En su momento, este monolito se había instalado gracias a una subvención de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y en cumplimiento de la propia ley estatal en la materia. La ARMHEx ya explicaba esta misma semana que el traslado hasta la parte final del cementerio se había llevado a cabo sin contar con los familiares ni con la propia asociación y que es “una cierta forma de humillación”.

De hecho, cuando se conoció la intención del gobierno local, María Carmen Alonso -familiar de Mariano Álvarez Escobar, uno de los fusilados- inició una campaña para exigir que no se retirara el monolito. Contó con el apoyo de varias asociaciones memorialistas y llegaron a conseguir más de 27.000 firmas.

Tildaban la decisión del traslado de “revancha” y estudian emprender medidas legales contra el Ayuntamiento de Fuensalida, tal y como indica a este medio el historiador Ángel Olmedo, quien coordinó el proyecto original. “Según la ley de Memoria Democrática puede ser considera una falta grave”, precisa, al tiempo que indica que el alcalde 'popular', José Jaime Alonso, todavía no les ha respondido a las preguntas que le trasladaron por registro el pasado mes de febrero cuando ya advertían de la intención de retirar el memorial que el ayuntamiento nunca llegó a confirmar.

Se da la circunstancia, además, de que en el lugar donde estaba originariamente el memorial había cámaras de seguridad, mientras que en el nuevo lugar destinado no las hay, dado lo apartado y escondido que está, lo cual ha propiciado el atentado

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura

Ahora, unas rayas negras de pintura tapan los nombres de las víctimas un día antes de que se celebre un acto cívico coincidiendo con los dos años de instalación del monolito. Ese acto está previsto para este lunes 12 de agosto en el cementerio. Está organizado por familiares de los guerrilleros y la propia ARMHEx y cuenta con el apoyo de la Asociación por la Memoria Militar Democrática (AMMD), la Asociación Manuel Azaña, la Asociación de Familiares de Ejecutados en el Cementerio de Ocaña (AFECO), PSOE e IU de Fuensalida.

Aunque exponen que no tienen obligación de hacerlo, ya que no es una concentración ni una manifestación, el acto ha sido comunicado tanto a la Subdelegación del Gobierno en Toledo como al propio Ayuntamiento. “No podemos dejar que vuelvan al olvido los que lucharon por la libertad”. Ahora se verá empañado por el acto vandálico.

“Se da la circunstancia, además, de que en el lugar donde estaba originariamente el memorial había cámaras de seguridad, mientras que en el nuevo lugar destinado no las hay, dado lo apartado y escondido que está, lo cual ha propiciado el atentado”, denuncia la asociación memorialista en un comunicado.

Ya han presentado denuncia y piden amparo a la Secretaría de Estado

Los familiares, en nombre propio y en representación de la ARMHEx, han formulado denuncia por este atentado. Creen que puede constituir un delito de odio, tipificado en el artículo 510 del código penal y ser sancionados con pena de prisión de uno a cuatro años, así como en virtud de lo establecido en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en cuyo Artículo 62, referente a las infracciones se consideran como infracciones muy graves. “La destrucción o menoscabo de lugares declarados como Lugar de Memoria Democrática, de elementos simbólicos en memoria u homenaje de las víctimas de la dictadura franquista, así como la remoción o desaparición de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática y la lucha de la ciudadanía española”. Tales infracciones podrán ser sancionadas con multas que van desde los 10.001 euros a los 150.000 euros.

La ARMHEx solicitará amparo a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para la protección de este memorial, su restauración y restitución al lugar original, “dada la actitud del Ayuntamiento de Fuensalida que, hasta la fecha, únicamente ha realizado acciones para perjudicar u ocultar el homenaje democrático que figura en la placa destruida”.

Subraya que se trata de “una actitud cada vez más frecuente en ayuntamientos o representantes políticos que son reacios a cumplir con la Ley de Memoria Democrática, como demuestra el hecho de que en Fuensalida, a pesar de una sentencia firme, aún se mantengan nombres franquistas en su callejero”.

En un comunicado la asociación memorialista subraya que “la nula colaboración de la Alcaldía de este pueblo en la salvaguarda de los valores democráticos, contrasta con la indignación de sus vecinos y vecinas ante hechos como los que han motivado este atentado”.

Entre ripios y restos de obra, al final del cementerio de Fuensalida, es donde el Gobierno local del PP ha trasladado este mes de agosto un memorial dedicado a tres guerrilleros antifranquistas que fueron asesinados en 1947. Este monolito, inaugurado hace casi dos años en la localidad toledana, se instaló a la entrada del camposanto en recuerdo de Mariano Álvarez Escobar -fuensalidano-, Tomás López Gutiérrez 'Rubio', de Madrid, y Andrés Iglesias Prieto 'Olivero', de Piornal (Cáceres).

Tras años de lucha familiar, gracias a un proyecto impulsado por la la Asociación para la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEx) para identificar a tres 'maquis' en el municipio de Burgohondo (Ávila), se pudo instalar este memorial, tanto en Fuensalida como en Piornal, y realizar un acto de homenaje. Fue gracias a una subvención de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y en cumplimiento de la propia ley estatal en la materia.

Sin embargo, a principios de año, después de tener que proceder al cambio de nombre de una docena de calles franquistas para cumplir una sentencia judicial, el Ayuntamiento de Fuensalida tenía la presunta intención de retirar este memorial, una iniciativa que el Consistorio no desmintió, ni tampoco confirmó, a Toledodiario.es. Ahora el traslado del monolito es un hecho.

La ARMHEx considera que el traslado se ha llevado a cabo sin contar con los familiares ni con la propia asociación y que es “una cierta forma de humillación”. Cuando se conoció la intención del gobierno local, María Carmen Alonso -familiar de Mariano Álvarez- inició una campaña para exigir que no se retirara el monolito. Contó con el apoyo de varias asociaciones memorialistas y llegaron a conseguir más de 27.000 firmas.

Utilizan el término “revancha” para definir una situación para la que estudian emprender medidas legales contra el Ayuntamiento de Fuensalida, tal y como indica a este medio el historiador Ángel Olmedo, quien coordinó el proyecto original. “Según la ley de Memoria Democrática puede ser considera una falta grave”, precisa, al tiempo que indica que el alcalde 'popular', José Jaime Alonso, todavía no les ha respondido a las preguntas que le trasladaron por registro el pasado mes de febrero cuando advertían de la intención de retirar el memorial.

De momento, lo que sí van a realizar es un acto cívico de homenaje el próximo lunes, 12 de agosto, cuando se cumplen dos años de la inauguración del memorial, en el cementerio de la localidad toledana. Está organizado por familiares de los guerrilleros y la propia ARMHEx y cuenta con el apoyo de la Asociación por la Memoria Militar Democrática (AMMD), la Asociación Manuel Azaña, la Asociación de Familiares de Ejecutados en el Cementerio de Ocaña (AFECO), PSOE e IU de Fuensalida.

“No podemos dejar que vuelvan al olvido”

Aunque exponen que no tienen obligación de hacerlo, ya que no es una concentración ni una manifestación, el acto ha sido comunicado tanto a la Subdelegación del Gobierno en Toledo como al propio Ayuntamiento. “No podemos dejar que vuelvan al olvido los que lucharon por la libertad. De igual manera este proceder no se debe pasar por alto igual que sucedió en el Parlamento de Baleares rompiendo la foto de una represaliada. No podemos seguir callando ni escondiendo porque nos ampara la la razón, la ley y la justicia”, expone María Carmen Alonso.

“Entendíamos que el sitio donde se hizo, a la entrada, era un sitio digno. Como no han podido derribarlo han optado por trasladarlo a un lugar marginal”, expone por su parte Ángel Olmedo, que explica que con el acto que han convocado quieren reclamar que el memorial vuelva a instalarse en su ubicación original. A su juicio, “da la impresión” de que hay ayuntamiento “acostumbrados a que este tipo de actuaciones no tengan ninguna consecuencia”.

En este sentido, subraya que “no es un hecho aislado” ya que “hay una ofensiva general a ver quién es más anti memorialista”. “Es una cuestión de derechos humanos, no de partidos ni de ideologías”, defiende Olmedo, que recuerda que el proyecto que emprendieron tenía como objetivo “reconocer a personas desaparecidas, que estaban en una fosa clandestina, para que los familiares tengan un lugar digno donde acudir”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una denuncia por presunta prevaricación contra el Gobierno de la Junta de Castilla y León en la Fiscalía General de Estado para que esclarezca si se han producido hechos delictivos en la declaración como Bien de Interés Cultural del monumento fascista conocido como Pirámide de los Italianos.

El Gobierno de PP y Vox en la comunidad autónoma aprobó el pasado mes de febrero la protección de esa pirámide ubicada entre las provincias de Burgos y Cantabria, concebida como un santuario funerario construido entre 1938 y 1939 para inhumar los restos de los soldados italianos enviados por Mussolini durante la Guerra Civil para apoyar, en la batalla del Escudo, el golpe franquista contra la democracia.

Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, “no se puede enaltecer a quienes vinieron a España para apoyar un golpe de Estado y asesinar a quienes trataban de proteger la democracia. Los fascistas italianos que murieron ayudando a Franco no merecen ningún honor en democracia y la Junta de Castilla y León pretende tratarlos honorablemente que es una forma de enaltecer el sufrimiento de sus víctimas”. Y añade que “nadie entendería que con dinero público se erigiera o protegiera un monumento a la memoria de un grupo terrorista porque una sociedad democrática no puede festejar la destrucción de una democracia”.

Según la ARMH el expediente de la Junta de Castilla y León de declaración BIC ha sido un fraude, “En todo momento la intención de la Junta de Castilla y León no ha sido promover un auténtico expediente informativo, sino más bien estudiar y procedimentar la manera en que se hacía oficial una decisión que ya estaba previamente tomada, la conservación y divulgación de este monumento funerario en homenaje a las tropas 'Corpo Truppe Volontarie', italianas que acudieron en apoyo al golpe de estado perpetrado por el general Franco en 1936”.

Reprocha la entidad de memoria histórica la protección de la pirámide y señala que en la propia resolución BIC se reconoce que “La conocida como Pirámide de los Italianos es un santuario funerario construido entre 1938 y 1939 en el puerto del Escudo, en el término municipal del Valle de Valdebezana (Burgos), para inhumar los restos de los soldados italianos fallecidos durante la Guerra Civil en la batalla del Escudo”. Más adelante la resolución reconoce que “En julio de 1939 las obras, a falta de algunos detalles, estaban terminadas y el ministro de Exteriores de Italia se presentó en el lugar a fin de supervisar el entierro de los combatientes italianos, que hasta ese momento habían estado enterrados en diferentes cementerios de la zona.” No se menciona en el acuerdo el nombre del ministro de Exteriores de Italia, el conde Ciano, a la sazón yerno del dictador italiano Benito Mussolini.

La ARMH explica que ha podido comprobar que aquella exaltación a los combatientes pertenecientes al 'Corpo Truppe Volontarie' caídos en la batalla del Escudo que se simboliza en el monumento llamado Pirámide de los Italianos, vulneraría de manera la Ley de Memoria Democrática. En su artículo 35 denomina elementos contrarios a la memoria democrática personalizados en edificaciones y/o construcciones al conmemorar la sublevación militar, y al incurrir en este ilícito estaría también incurriendo en las conductas tipificadas como ilícitas en el artículo 39 de la misma Ley 20/2022, que establece que: “Las administraciones públicas en ningún caso podrán otorgar subvenciones que tengan por objeto la realización de una actividad o el cumplimiento de una finalidad que atente, aliente o tolere prácticas calificadas como infracciones en el título IV de esta ley”.

La asociación entiende que al ser declarada Bien de Interés Cultural, según la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León en su artículo 24 determina que: “Los poderes públicos garantizarán la conservación, protección y enriquecimiento del Patrimonio Cultural de Castilla y León de acuerdo con lo establecido en esta Ley”, lo que entienden que en la práctica se traduce en la concesión de subvenciones o especiales protecciones en beneficio de la propia instalación.

Para la ARMH estas actuaciones suponen atentar contra las víctimas del franquismo y por ello han elevado su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que ahora deberá determinar si las actuaciones del Gobierno de PP y Vox en Castilla y León vulneran la Ley de Memoria Democrática.

Este próximo sábado, 11 de mayo, tendrá lugar el homenaje anual que la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Cuenca rinde a los que murieron en el hospital militar de Uclés y a los asesinados en la Prisión Central del Monasterio de esta localidad.

Este año, este acto de homenaje va a contar con la participación de Improbus Rap de Alcorcón y coincide con la publicación del décimo fanzine, sobre el Hospital Militar de Uclés que funcionó entre 1936 y 1939.

“A diferencia de lo mucho publicado ya, nos ocupamos del contexto en el que se asentaban los hospitales, al igual que de saber que sucedió tras la evacuación de los Internacionales a Catalunya. Analizamos la situación del golpe de estado, vemos cómo se organizan los hospitales y como tras la retirada del personal internacional, la Quinta Columna se va haciendo cada vez más fuerte en muchos hospitales”.

Este fanzine también incluye un listado de los muertos en el hospital que la asociación ha podido documentar. “Por este motivo, leeremos públicamente por vez primera los nombres de los muertos en el campo de concentración en que se convirtió el hospital de la noche a la mañana, pasando los pacientes a ser soldados prisioneros y muchos médicos, practicantes y asistentes sanitarios a ser carceleros”.

Según ha ARMH, meses más tarde, en enero de 1940 abriría la Prisión Central Monasterio de Uclés, “amontonando en ella la nueva España a presos procedentes de los partidos judiciales de Huete, Tarancón, Belmonte, San Clemente y Motilla del Palancar”.

“A su cierre en enero de 1943, les había quitado la vida a 316 ciudadanos y ciudadanas leales a la II República Española”.

Tras criticar que los muchos visitantes del monasterio “reciben cero información sobre el hospital, el campo de concentración o la cárcel, y al acceder tienen una placa con todos los agustinos que murieron en la guerra civil que tenían conexión con el monasterio”, la asociación pregunta que “para cuándo unas placas en el zaguán de entrada con los 316 asesinados entre esos carcelarios muros, y los 11 muertos del campo de concentración o los 188 documentados cuya vida acabó entre hospitalarios muros”.

La estela del franquismo sigue presente en muchos municipios de España pese a los avances conseguidos con la legislación en vigor para retirar símbolos relacionados con la dictadura o poder honrar la memoria de las víctimas. Una de las últimas actuaciones se ha producido en el municipio de Fuensalida, que ha aprobado cambiar el nombre de 12 calles franquistas para dar cumplimiento a la sentencia de un juzgado toledano.

Sin embargo, la polémica se abre paso de nuevo en este pueblo debido a la presunta intención del gobierno local del PP de retirar un monolito conmemorativo que fue instalado en 2022, durante el Gobierno local del PSOE, en honor a Mariano Álvarez Escobar 'Antonio', víctima del franquismo.

Quien ha dado la voz de alarma ha sido la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEx) que afirma que, según diversas informaciones recabadas y la aportada por algunos familiares, existen indicios de este propósito. El Ayuntamiento de Fuensalida no ha desmentido a elDiarioclm.es ni tampoco ha confirmado que vaya a retirar este memorial ubicado en el cementerio, ya que ha declinado hacer declaraciones. Tampoco se pronunció el alcalde, José Jaime Alonso, a la pregunta que le fue trasladada en el último pleno municipal por parte del portavoz del PSOE, Santiago Vera, y que preguntaba por la posible eliminación de este monumento memorista.

Por el momento, el Consistorio tampoco ha dado respuesta a la solicitud de información que han remitido esta misma semana tanto la ARMHEx como una familiar de la mencionada víctima franquista. En sus escritos, piden conocer si la actual Corporación del Ayuntamiento Fuensalida tiene intención de eliminar o no el citado memorial, inaugurado en agosto de 2022 con el anterior Gobierno local del PSOE.

Su instalación parte de un proyecto impulsado por la ARMHEx, y coordinado por el historiador Ángel Olmedo, para identificar a tres 'maquis' antifranquistas en el municipio de Burgohondo (Ávila), uno de ellos Álvarez Escobar, que resultó muerto tras un operativo de la Guardia Civil en enero de 1947. “Nos hemos dirigido al Ayuntamiento para que nos diga si lo van a retirar o no. Todo indica que lo quieren tirar”, explica Olmedo, que indica que los tres guerrilleros estaban descansando en una finca en Burgohondo cuando fueron asaltados y asesinados después de que alguien les hubiese delatado.

La placa se instaló después de que no se pudieran recuperar sus restos para entregárselos a su familia, con el objetivo de que Álvarez Escobar “dejara de ser un desaparecido” y que quien lo deseara pudiera acudir para “honrar su memoria y presentar sus respetos igual que el resto de familiares con sus difuntos en nuestra cultura”, explica la asociación.

María del Carmen, una de las familiares de Álvarez Escobar y vecina de Fuensalida, considera que esta supuesta decisión del Gobierno municipal es “una especie de venganza” tras verse obligados a cambiar el nombre de una docena de calles franquistas. “Fuensalida es un pueblo complicado, es como estar otra vez en el pasado”, apunta después de la concentración que realizaron el pasado sábado en el cementerio, en la que participaron “unas 50 personas”, para mostrar su rechazo a la retirada del memorial.

Enterrados sin identificar

En este sentido, recuerda que la ARMHEx y familiares de otras víctimas, como los otros dos guerrilleros reconocidos en esta placa -Tomás López Gutiérrez 'Rubio', de Madrid, y Andrés Iglesias Prieto 'Olivero', de Piornal (Cáceres)- han estado “muchos años luchando” para poder recuperar los restos de sus seres queridos y trasladarlos a sus municipios de procedencia.

Estas tres personas, una vez ejecutadas, fueron enterradas sin identificación en una fosa clandestina en el cementerio municipal de Burgohondo. Con posterioridad, fueron exhumados y trasladados sus restos a un osario dentro del mismo cementerio, sin que exista ninguna mención o identificación del lugar y sin que los familiares recibieran ninguna información al respecto.

“Es de justicia poder recordarle. Su madre y su hermana, que ya fallecieron, se pasaron toda la vida sin saber dónde estaba su hijo”, señala María del Carmen, que recuerda que gracias a la labor que hizo el investigador Roberto Félix García, natural de Huecas y autor del blog 'Vestigios de la Guerra Civil en Toledo', pudieron conocer qué había pasado con este combatiente antifranquista.

Sin embargo, no fue hasta el año 2021 cuando la ARMHEx pudo desarrollar el proyecto 'Exhumación, estudio y posible identificación de los restos óseos hallados en el Cementerio Municipal del municipio de Burgohondo (Ávila)', que se llevó a cabo a través del Ayuntamiento de Piornal en colaboración con el Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila). Se pudo financiar gracias a una convocatoria de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por la que se concedió a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una subvención para iniciativas relacionadas con la memoria democrática.

Como no se pudieron identificar los restos, se realizó esta placa que se instaló tanto en el cementerio de Piornal como en el de Fuensalida, cuyo Ayuntamiento concedió el permiso y la autorización y colaboró en su instalación. “El memorial está ahí desde 2022 y no nos consta que haya causado polémica. Todo esto ha venido a raíz del silencio significativo del Ayuntamiento en el último pleno tras una pregunta de la oposición por estos rumores”, señala José Manuel Corbacho, presidente de la ARMHEx.

“Entendemos que este memorial está amparado por un proyecto del Estado. Cuenta con todas las autorizaciones pertinentes y se instaló con los permisos adecuados”, recalca Corbacho, que recuerda que el artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática reconoce expresamente como víctimas a las personas que participaron en la guerrilla antifranquista. Además, destaca que en el artículo 15 se establece también el derecho al reconocimiento de las personas que lucharon por la libertad y la democracia.

Posibles repercusiones legales

En este sentido, sostienen que la eventual eliminación del memorial, financiado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, podría tener eventuales repercusiones legales, como ya ha sucedido con algunas placas en otras localidades como Madrid, en base a la Ley que establece la regulación y la necesaria colaboración de las Administraciones públicas para la localización e identificación de víctimas y otras disposiciones.

“Es una cuestión de derechos humanos amparada en la actual legislación de memoria democrática, no una cuestión estrictamente política, para un justo y merecido reconocimiento a personas desaparecidas y enterradas en fosas clandestinas y a sus familiares, en la línea de lo que recogen organismos internacionales como la ONU”, agrega la ARMHEx, que asegura que luchará “denodadamente y sin descanso, todo lo necesario para lograr que este proyecto y trabajo llevado a cabo así como la legítima demanda de la parte de la familia sensibilizada con este tema no queden de nuevo en el olvido”.

Y es que, apunta Corbacho, están “convencidos” de que esta presunta decisión de retirar la placa es “una suerte de venganza o pataleta”. “Sería un poco triste que este memorial pague los platos rotos de una decisión municipal”, agrega, al tiempo que indica que han solicitado también amparo a la Secretaria de Estado de Memoria Democrática para que haga las advertencias legales oportunas al Ayuntamiento de Fuensalida si decide retirar el monolito.

En este sentido, la ARMHEx lamenta que el PP, en los gobiernos bipartitos que ha formado con Vox en algunas comunidades autónomas, esté “derogando las leyes de memoria histórica”. “Lo que habíamos avanzado en todos estos años es volver atrás”. “En Extremadura, Aragón, Cantabria o Islas Baleares, en todos los acuerdos de investidura, va esta obsesión de derogar las leyes de memoria democrática. Nosotros manifestamos nuestra preocupación, hemos hecho actividades y acciones desde diciembre y vamos a seguir luchando porque eso no se lleve a efecto”, apunta el presidente de la asociación.

Asimismo, recuerda que “hay una línea roja que es la ley estatal”. “Las comunidades autónomas no tienen competencia para dejarla sin efecto. Podrán derogar, reformar o cambiar de nombre las suyas pero de momento la ley estatal 20/2022 del 19 de octubre va a seguir en vigor... No acabamos de entender esa obsesión de las derechas con este tema porque aquí no se pone en cuestión nada más que exigir verdad, justicia y reparación a quienes no la han tenido”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha anunciado que denunciará por prevaricación al consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, Gonzalo Santonja (Vox) si se declara Bien de Interés Cultural (BIC) la 'Pirámide de los Italianos', monumento en homenaje a la participación del ejército italiano en la Guerra Civil española ubicado en Valle de Valdebezada (Burgos).

En un comunicado, la ARHMH ha recordado que la pirámide “rinde homenaje al ejército fascista de Mussolini”, al albergar restos de soldados que murieron en la contienda, y “celebra su terrible y temible papel en el golpe de Estado franquista”, con el único objetivo de “humillar a las víctimas de la dictadura franquista y festejar los crímenes del fascismo en la Europa de mediados del siglo XX”.

El mantenimiento de la Pirámide de los Italianos, que se incluye en la Ley de Memoria Democrática entre los bienes que la incumplen y por tanto deberían de desaparecer, unida a una posible protección por parte de la Junta de Castilla y León supone “blanquear el fascismo y decir, desde una institución democrática, que fue bueno para la sociedad”.

Por ese motivo, la asociación ha anunciado que reclamará a Fiscalía General del Estado la apertura de un proceso que termine con la prevaricación administrativa del consejero, Gonzalo Santonja, si se completa la declaración de BIC del monumento.

También de todos aquellos que, “conscientes de lo que dicta una ley del Estado, pretenden proteger un monumento que exalta el golpe de Estado de 1936 y las victoria de tres ejércitos fascistas en el primer episodio de la Segunda Guerra Mundial que se produjo en España con la intervención de los ejércitos de Mussolini y de Hitler apoyando a los fascistas españoles”.

El consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, anunció este lunes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que continuaban adelante con el expediente para la declaración de BIC con la resolución de las alegaciones presentadas, únicamente cinco, que a su juicio demuestran que el expediente autonómico es “solvente”.

De esas alegaciones, tres han sido favorables a la protección de la Pirámide de los Italianos, y corresponden a un senador del partido Hermanos de Italia, compartido con la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces; un particular; y al grupo de Ciudadanos en el Valle de Valdebezana.

Hay una única alegación contraria, de un particular, y según Santonja, el Ministerio de la Presidencia “no se opone” a la declaración como BIC pero reclama a la Junta de Castilla y León “aclarar” su titularidad, definir su uso posterior e incluir una mención de reinterpretación que se ajuste a la Ley de Memoria Democrática.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, “querer mantener homenajes a un ejército fascista que colaboró en el derrocamiento de un Gobierno legítimo y ayudó a instaurar una terrible dictadura no cabe en el marco de una democracia porque no se puede blanquear el fascismo y difundir ningún mensaje desde ninguna institución que le diga a la sociedad que el fascismo fue bueno para la sociedad”.

Además, ha insistido en que si el consejero toma esa decisión, “consciente de que hay dos leyes estatales que se lo impiden, supone una prevaricación administrativa de manual y debe sancionarse judicialmente con la inhabilitación del responsable”.

La ARMH ha recordado que, en cumplimiento de la legislación vigente, se debe documentar la pirámide y, posteriormente, derribarla, como monumento “que agrede a las víctimas de la dictadura y trata de humillarlas”, y como se haría ante cualuer otra víctima de hechos violentos, que “debe ser protegida por las instituciones”.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha denunciado ante la Guardia Civil un robo de material en las excavaciones de la fosa común de El Rellán, en el municipio asturiano de Grado. Según Marcos González, vicepresidente de la ARMH y responsable de esta campaña de exhumación, es la primera vez en 22 años que les ha sucedido algo parecido.

Los ladrones se han llevado los toldos que cubrían las fosas y herramientas y lo han hecho sin respetar los trabajos ya realizados. En una de las fosas ya había seis cuerpos limpios, documentados y fotografiados, que iban a comenzar a exhumar esta mañana.

La lluvia que ha caído anoche ha provocado daños en esos restos y además los atacantes han pisado sin miramientos el terreno excavado.

El personal de la Asociación trabaja ya para recuperar las labores y evitar más daños a los restos encontrados. Para ello están colocando nuevos plásticos con andamios que eviten que la lluvia, que se prevé esta mañana en la zona, inunde las fosas.

La denuncia interpuesta en la comandancia de Grado se hace extensiva tanto para el material sustraído como para valorar los daños causados en los cuerpos. Marcos González, visiblemente enfadado, aseguraba a elDiario.es que “robar toldos serigrafiados con el logotipo de ARMH no tiene nombre” y afirmaba que “incluso en fosas mucho más cercanas a carreteras, nunca nos había pasado esto. Se han llevado hasta las varillas de protección que rodeaban las dos fosas abiertas”.

Esta es la tercera campaña de excavación que se desarrolla en El Rellán. La ARMH se ha puesto en contacto con personas que en los últimos años han recibido información de que podrían tener a familiares enterrados allí. En las dos excavaciones anteriores ya se han exhumado 38 cuerpos.

Este lunes ha arrancado la tercera campaña de exhumaciones en la fosa de El Rellán, en Grado. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha localizado ya las primeras evidencias de varios cuerpos, en la reanudación de las excavaciones para seguir buscando los restos de personas asesinadas por las tropas fascistas tras la caída del frente asturiano, en septiembre de 1937.

Entre las evidencias encontradas hay una suela de un calzado que parece mostrar un cuerpo tumbado boca abajo, lo que puede indicar que haya otros debajo, según informa la ARMH. En los próximos días la asociación recibirá a personas que en los últimos años han recibido información de que podrían tener a familiares enterrados allí.

El pasado mes de diciembre el Gobierno asturiano inició la demolición de las edificaciones anexas a la fosa de La Chabola, en El Rellán, en el concejo de Grado, donde ya se ha producido la exhumación de restos de 38 personas y donde se han hallado indicios sobre la existencia de más víctimas.

El trabajo de demolición y recuperación paisajística de la zona, que cuenta con un presupuesto de 41.060 euros, implica la eliminación de unas naves en estado de ruina y permitirá continuar con las exhumaciones que está llevando a cabo en la zona.

Las investigaciones arrancaron en 2021

La ARMH intervino por primera vez en 2021 en la fosa de La Chabola, en una zanja de algo más de diez metros, donde se recuperaron restos de 15 personas y se documentaron evidencias de una más, enterrada bajo la estructura de lo que fue una granja de cerdos, lo que hizo pensar que bajo la edificación podrían encontrarse más cuerpos.

Esta hipótesis se confirmó en las excavaciones de 2022 en las que se recuperaron los restos de otras 23 víctimas y durante la intervención realizada en abril se comprobó que las inhumaciones podrían continuar bajo esas edificaciones.

En abril se recuperaron numerosos objetos personales y en la trinchera, junto a los restos humanos, se hallaron útiles de aseo como cuchillas de afeitar, peines, pequeños espejos y frascos así como objetos más personales, como gafas, una medalla de la Virgen de Covadonga, un anillo y una hebilla con iniciales, lápices, mecheros, etc.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica tomó entonces muestras de ADN a cuarenta familiares que sospechan que sus seres queridos fueron asesinados y enterrados en ese lugar.

El mapa de fosas elaborado a partir de una investigación de la Universidad de Oviedo pudo identificar al menos a 25 personas que habrían sido asesinadas en ese lugar, siete mujeres y dieciocho hombres, entre ellos un joven de trece años, aunque se calcula que en el lugar podría encontrarse más de medio centenar de personas fusiladas entre 1936 y 1938.

Al abuelo de Pedro, Juan Bellón Ruiz, lo asesinaron el 15 de junio de 1939. Tenía 35 años. Estaba afiliado a la CNT y fue voluntario en el Ejército de la República. Sus nietos han podido este sábado recoger sus restos en la ceremonia organizada por la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica y el Ayuntamiento de Manzanares. Y también podrán ser enterrados dignamente en la localidad natal de Bellón, en Membrilla. 

“La sensación que sentimos es muy agridulce”, relata Pedro a elDiarioclm.es. “Por un lado, recuperamos al abuelo. Por otro lado, se han removido muchos recuerdos, mucho dolor y mucha tristeza. Nos alegramos, claro. Pero también nos sentimos tristes”, recalca. Sólo podrán ir al acto su hermano y él, porque su madre falleció antes incluso de comenzar con el proceso de exhumación de su abuelo. 

“Ella sabía que estaba enterrado en la fosa común de Manzanares. En su momento hicieron una placa en homenaje. Mi madre sabía que estaba ahí, pero nunca nos habló mucho, porque le daba pena. Mi abuela tampoco hablaba de esto, se ponían malas. Al final ha sido casi más por la asociación que he conocido la historia de mi abuelo” recuerda Pedro. Él y su hermano viven en Valencia, pero han acudido al acto para recoger los restos y enterrar a su abuelo en Membrilla. “Con mi abuela. Para que descansen ahora por lo menos juntos, porque no tuvieron la oportunidad de hacerlo en vida”. 

Además de los restos de Juan, se han entregado también los de Pedro Gallego, Manuel García-Pozuelo, Antonio Menchén, Gabriel Núñez y Agustín Ramírez. Junto a ellos aparecieron pequeños objetos como hebillas, botones y una medalla.

Ha sido durante un acto este mediodía en Manzanares (Ciudad Real). La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha entregado los féretros con los restos de seis personas víctimas del franquismo que han sido identificadas gracias al ADN.

Se trata de Pedro Gallego Sánchez Gil, tenía 48 años cuando le asesinaron. Fue alcalde de Manzanares por el PSOE y afiliado a la UGT. Asesinado el 15 de junio de 1939. Fue exhumado de la fosa 1 del cementerio de Manzanares. También Manuel García-Pozuelo Serrano, tenía 44 años cuando le asesinaron el 20 de junio de 1939. Pertenecía a Izquierda Republicana. Fue exhumado de la fosa 1 del cementerio de Manzanares.

Además de Antonio Menchén Bartolomé que tenía 37 años cuando le asesinaron. Fue teniente de alcalde por el PSOE y secretario del Gobernador Civil de Ciudad Real por la CNT. Afiliado a UGT. Asesinado el 15 de junio de 1939. Fue exhumado de la fosa 1 del cementerio de Manzanares.

Juan Bellón Ruiz tenía 35 años. Estaba afiliado a la CNT y fue voluntario en el Ejército de la República. Asesinado el 15 de junio de 1939. Fue exhumado de la fosa 1 del cementerio de Manzanares.

Gabriel Núñez Alarcón tenía 34 años y estaba filiado a la UGT. Era voluntario en el Ejército de la República y fue asesinado el 3 de abril de 1940. Fue exhumado de la fosa 4 del cementerio de Manzanares.

Finalmente fue identificado Agustín Ramírez Crespo. Tenía 35 años cuando le asesinaron. Pertenecía a la CNT y estaba afiliado a UGT. Asesinado el 30 de julio de 1939. Fue exhumado de la fosa 1 del cementerio de Manzanares.

Al acto acudía un nutrido grupo de familiares y también el alcalde de Manzanares, Julián Nieva. “Ha habido momentos de gran emoción, especialmente cuando le han sido entregados los restos de su padre a María , de 86 años”, explica el colectivo memorialista. Le asesinaron cuando ella tenía tres años.

Ocho víctimas que no han sido reclamadas por las familias

En ese mismo acto ha procedido a inhumar individualmente los restos de las ocho víctimas que aún no han sido reclamadas por sus familias y de las que ya se ha tomado muestra de ADN por si en el futuro aparece un familiar que quiera identificar a un ser querido, según han informado desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha llevado a cabo las labores de investigación en la localidad desde hace ya años. Han aprovechado para reivindicar una vez más que se cree un organismo para atender a todas las familias de personas víctimas de la represión franquista.

Había sido el caso de Joaquina, la nieta de Juan José Camacho García-Sáez. Le mataron en julio de 1939. Tenía 34 años. Su hijo menor, el padre de Joaquina, nunca llegó a conocerle porque nació esa misma noche fatídica. Era del Partido Socialista y Capitán de Milicias. Su oficio: bodeguero. Sus restos estaban en la fosa 1 de Manzanares (Ciudad Real) y también han sido dignificados. 

“Es una sensación de alegría, pero en realidad de mucha tristeza”, explica Joaquina, la nieta de Juan José. Sobre todo, lamenta que su padre no pueda ver el acto de dignificación porque ya ha fallecido. “Esto ha sido un proceso muy largo. Ellos vinieron a buscarnos a nuestra casa para contarnos que iban a empezar con las exhumaciones”, explica Joaquina, en referencia a la ARMH.

“Casi nos dieron ganas de no mover ni un dedo”, recuerda Joaquina. Era mucho el dolor que podía removerse. Pero su padre quería. “Fue por su insistencia y al verlo mayor que decidí hacerlo”, recuerda. Ya sólo quedan los nietos, lamenta, porque de los hermanos de su padre, sus tíos, algunos han fallecido y otros viven en el extranjero.