La amistad como una tarea, como una obligación más que agendar y a la que prestar atención. No un lugar en el que fluir, en el que moverse de una manera cómoda. ¿Un esfuerzo más en una era en la que no tenemos tiempo para nada. A lo mejor este tema de hoy te suena porque el periodista Juanjo Villalba ha publicado hace unos días en elDiario.es un artículo llamado: La cultura de quedar para ponerse al día con amigos: por qué ya no compartimos la vida, nos la resumimos. Hablamos con él, para reflexionar acerca de las razones que llevan a que este tema sea tan compartido y tan leído.

Hablamos también con Dani, Eva y Mari Carmen. Tienen edades diferentes, viven en ciudades distintas y están en momentos vitales que nada tienen que ver. Lo que les une, lo que tienen en común, es una preocupación, una inquietud… En torno a la amistad. Al tiempo que le dedican y la presencia que tiene en su vida.

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El presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, ha pedido al Gobierno regional avanzar en las negociaciones para habilitar los conciertos sociales con entidades que prestan servicios a la Infancia y la Discapacidad para poder tenerlos listos en el corto plazo.

En una entrevista con Europa Press, Romero ha dicho al respecto del mecanismo de Concierto Social en Castilla-La Mancha que presenta “desequilibrios que habría que intentar corregir” en cuanto a la competencia entre entidades privadas y sociales, ya que las plazas salen con el IVA incluido, algo que las empresas pueden desgravarse, todo lo contrario que en el caso de organizaciones sin ánimo de lucro. “Estamos intentando que esos desajustes se reorganicen en el sistema”.

La Mesa del Tercer Sector exige corregir los “desequilibrios” en el Concierto Social

Un Concierto Social que “permite dar estabilidad” a la prestación de los servicios y que corrige otro de los desajustes existentes al liberar las aportaciones con carácter temporal y vinculadas a los años naturales. “A una persona no se le quita la discapacidad el 1 de enero”.

De momento, en Castilla-La Mancha sólo opera el concierto social en materia de mayores, “que no salió con el presupuesto y precio por plaza deseado”. “Necesitamos más financiación para atender a las personas mayores”.

Ahora, se está negociando el concierto en el ámbito de la infancia, el cual espera vea la luz los próximos años, pero según Romero “el que más urge es en el ámbito de la discapacidad”, toda vez que es el que más tipología de servicios presenta.

En estas negociaciones, reclama Romero calcular “un coste por plaza adecuado a los costes y gastos” de los servicios que se prestan.

Reactivar la Comisión de Diálogo Civil

Otra de las pretensiones de la Mesa del Tercer Sector pasa por “reactivar” la Comisión de Diálogo Civil, creada para “ser una herramienta permanente de diálogo”, que lejos de ser “un consejo asesor o consultivo” es “un espacio con todos los departamentos de la administración”.

Insiste en este punto en que las cuestiones relativas al Tercer Sector no afectan sólo a lo que atañe a la Consejería de Bienestar Social, ya que implica a más departamentos gubernamentales.

“Si no favorecemos un empleo inclusivo, habrá brechas de exclusión; la pobreza no sólo se afronta desde políticas de servicios sociales; el acceso a la vivienda también necesita respuestas en el Tercer Sector; y en materia educativa se reforman leyes cada cuatro años y siempre pedimos que se trabaje en el fomento de la cultura del Tercer Sector en todos los niveles”, ha ejemplificado.

Es por ello que abunda en la necesidad de convocar esta comisión, que sirva para “impulsar el desarrollo de normas en las que hay que seguir avanzando”.

“Hemos pedido al Gobierno que en estas reuniones estén presentes representantes de cada una de las consejerías, y tienen que ser, como dice la norma, al menos directores generales”, ha afirmado, reclamando “diseñar una hoja de ruta y un plan de trabajo” para que coja impulso este órgano.

Cuatro años de la ley

José Antonio Romero ha valorado el desarrollo de la ley del Tercer Sector, que en el mes de enero cumplirá cuatro años desde su entrada en vigor. En este sentido, admite que hay “cuestiones con avances”, como el Plan de Estabilidad para garantizar “un mínimo de mantenimiento vía subvenciones”.

En todo caso, ha puesto el acento en que el tejido asociativo está “sufriendo a nivel socioeconómico”, y se ha visto obligado a “dejar de prestar una serie de servicios para afrontar gastos extraordinarios” derivados de la crisis, que ha implicado un “incremento de coste brutal”.

Entre sus peticiones se encuentra la necesidad de que “la asignación presupuestaria se equilibre a los costes reales que tiene que asumir” una entidad para “no cargar a la ciudadanía con el coste de esos servicios”, como a su juicio ocurre “en las residencias de mayores”.

“Si el coste de los servicios sube aunque no suba la prestación, las entidades no van a poder asumir determinados servicios. Nos preocupa mucho que 2024 no sea un año favorable para determinados incrementos que consideramos necesarios. Veremos de qué manera se ajustan los presupuestos”, ha alertado.

En un cálculo aproximado, José Antonio Romero apunta que han experimentado incremento de costes en algunas áreas que incluso llegan al 28%, dependiendo del tipo de servicio que se presta. Por ello, insiste, “se necesita tener claro qué se podrá hacer el año que viene”.

Más capacidad para captar fondos europeos

Otra de las reivindicaciones de José Antonio Romero como presidente de la Mesa del Tercer Sector pasa por conseguir más protagonismo a la hora de captar fondos europeos, en un contexto en el que tras la pandemia hubieran preferido tener “más capacidad”.

Aunque sí que hay áreas donde han podido tener capacidad de captación, con programas de capacitación en Competencias Digitales que ha desarrollado la EAPN CLM o el Plan de Digitalización de la POI CLM, considera Romero que hay otras iniciativas en las que podrían haber conseguido más presupuesto.

En todo caso, recuerda que sí que participan en los Comités de Seguimiento de Fondo Social Europeo y FEDER en cuanto a la recepción de fondos estructurales, con CERMI CLM y EAPN CLM como integrantes del mismo.

La Plataforma Bienvenidos Refugiados de Ciudad Real ha organizado este próximo martes 8 de mayo el primer Encuentro para Entidades, Movimientos Sociales y Ciudadanía. Se trata de una iniciativa que quiere acercar a la gente para estar “en contacto” con el mundo social y entre las diversas organizaciones y colectivos de la capital provincial. “Vemos que muchos somos activos, y que a pesar de eso no nos enteramos de muchas de las cosas que se hacen”, explica Sergio Carretero de la Plataforma.

Las actividades “muchas veces” se solapan y coinciden, por lo que entienden que la organización de las entidades “no funciona muy bien”. “Queremos poner en común nuestra agenda, apoyarnos y buscar sinergia. La realidad es que no somos tantas personas y creemos que a veces hay algo que no está funcionando muy bien”, explica el activista, que también pertenece al Círculo Pacifista de Ciudad Real. “Hay meses en las que se juntan muchas actividades y si se coordinase mejor, podrían haber tenido mejores resultados”.

Puede parecer sencillo porque “todos conocemos gente en distintos movimientos” y han realizado ya actividades en común, como micrófonos abiertos en las que han participado asociaciones de la ciudad. “Pero ninguna ha sido para coordinarnos. Nuestra idea, ahora, es que podamos coordinarnos para un futuro”, explica Carretero. A partir de esta coordinación, quieren plantear un proyecto conjunto que sirva para cuadrar agendas y potenciar a las distintas entidades. “Queremos juntarnos y aprovechar fuerzas”.

“Muchos estamos en varios movimientos y siempre intentamos tener una visión conjunta, y esto, a veces, se nos escapa. Entendemos que a otras personas se le escapará más, por eso la idea es que nos ayudemos entre todos y dar más difusión a nuestras actividades”, señala. En principio, se trata de un encuentro a nivel local, pero asociaciones y ciudadanos de toda la provincia están invitados a sumarse.

En cuanto a la situación de los refugiados, Carretero explica que los recursos de la ciudad se están trabajando “bien”, pero que el problema no se refiere a la gestión que se hace de las ciudades de la bienvenida, sino más bien a Europa y al Gobierno de España. “Vemos que hay una vulneración de derechos gigantes y donde hay más problema”, asegura. También en este sentido, necesitan más sinergia para intentar apoyar y ayudar “en todo lo que podamos”.

En este sentido, desde la Plataforma están planificando también nuevas actividades, después de las que han organizado en conjunto con entidades como Cruz Roja o Cepaim. “Queremos realizar un encuentro de visibilización y trabajo con personas refugiadas y otras actividades. También se hacen círculos de silencio para visibilizar el tema y hemos colaborado en recogida de materiales y queremos proyectar un documental. Es en esta línea en la que estamos trabajando.

La decisión de Albert Rivera de distanciarse de Mariano Rajoy ha llevado a Ciudadanos a ejecutar un giro estratégico en su labor de oposición para que se visualice en el Congreso el poder de sus 32 votos.

Aunque desde el partido niegan cambio alguno, la decisión tomada el martes de desbloquear en la mesa del Congreso la tramitación de ciertas proposiciones de ley que llevaban meses atascadas, certifica ese deseo del líder de Ciudadanos de demostrar al PP y al propio Rajoy que su grupo es decisivo. Bien para formar una mayoría alternativa con el resto de la oposición o bien para ayudarles a que ciertas propuestas de los demás grupos no prosperen.

Los de Rivera han jugado muy bien sus cartas en la mesa del Congreso dejando por fin que sigan su tramite unas cuantas iniciativas bien seleccionadas. Entre las iniciativas desbloqueadas figuran dos que afectan a una de las leyes más emblemáticas del Gobierno de Rajoy, la ley Mordaza, cuya derogación apoyan varios grupos de la oposición.

Sin embargo, los de Rivera solo la quieren “modificar” no derogar en su totalidad, por lo que han presentado 80 enmiendas a la iniciativa del PSOE, y otras 34 a la otra proposición del PNV que prevé solo cambios en algunos de sus artículos, como la celebración de manifestaciones espontáneas sin comunicación previa, y a aspectos que afectan a la libertad de información y de expresión, entre otras cosas.

Hace ahora justo un año, en marzo de 2017, cuando se debatieron las admisiones a trámite de ambas propuestas, sólo el PP votó en contra de las dos. Ciudadanos se abstuvo en la de los socialistas y votó a favor de la de los nacionalistas vascos. Pero las sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas las llevaron a su paralización. Ahora será la Comisión de Interior la que tendrá que estudiar y debatir las enmiendas para tratar de lograr un texto único para elevar al Pleno.

Otra de las iniciativas que ha sido desbloqueada es la que exige que se derogue la prisión permanente revisable, que Ciudadanos, en un cambio de postura, ahora no va a apoyar ya que tiene su propia propuesta, una enmienda a la totalidad mucho más dura que la propuesta del PP.

A Ciudadanos le interesa que se celebre ya ese debate dado que de lo contrario entraría primero en la Cámara el proyecto que ha preparado el Gobierno y que Rajoy anunció ante los padres de Marta del Castillo y Diana Quer, para aumentar los delitos que se verían afectados por la prisión permanente.

Curiosamente, tanto la proposición de ley para modificar varios artículos de la ley Mordaza como la que pide la derogación de la prisión permanente revisables son el PNV, grupo que aún no ha dado su visto bueno a los Presupuestos Generales de Estado de 2018 que el Gobierno ha anunciado que traerá a la Cámara antes de que acabe marzo.

El PNV ha vinculado su apoyo a que deje de tener efecto la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, algo que solo ocurrirá en cuanto se celebre el debate de investidura en el Parlament y haya nuevo Govern.

Ciudadanos quiere que haya Presupuestos

Ciudadanos, aunque apriete las tuercas a Rajoy en temas de calado político, quiere que haya Presupuestos. El propio Rivera ha manifestado en diversas ocasiones que su deseo es dar estabilidad a la legislatura aunque lamenta que la 'mochila' del PP esté repleta de corrupción. Por ello ahora condicionan ese apoyo al cese a la senadora Pilar Barreiro, imputada en la trama Púnica.

Este escollo solo podría ser solventado si el juicio de la Púnica avanza y ven que la situación de Barreiro se agrava. El PP entonces se vería obligado a exigirle que dimitiera.

Además de los PGE, Rivera también continuará del lado del Gobierno en la tramitación de otras importantes iniciativas que afectan al ámbito económico, social o laboral. La llamada “agenda social”.

Una de estas iniciativas es la subida del salario mínimo interprofesional de los 800 euros en 2018 hasta alcanzar los 950 euros en 2020. La medida, de Unidos Podemos, fue aprobada por el Pleno a finales de 2016. El PP votó en contra pero Ciudadanos se abstuvo propiciando su aprobación.

El Gobierno de Rajoy, después, obvió el acuerdo y negoció con el PSOE su apoyo al techo de gasto vinculándolo a una subida del 8% del salario mínimo interprofesional, lo que supuso elevarlo tan solo a 700 euros.

El desbloqueo que ha propiciado Ciudadanos en la mesa tampoco afectará a la proposición de ley sobre créditos inmobiliarios, a la ley de Biodiversidad o a la ley de Secretos Oficiales, cuyos plazos para presentar enmiendas seguirán siendo prorrogados.

Otra iniciativa que no ha conseguido ver la luz gracias a la 'pinza PP-Ciudadanos ha sido la reforma de la Ley General de la Seguridad Social dirigida a que se deje de considerar como una misma unidad familiar a los familiares que convivan en una misma residencia de mayores a efectos de percibir una pensión no contributiva.

La propuesta, del PSOE, fue vetada por el Gobierno que de nuevo alegó que su posible aprobación supondría un incremento del gasto público.

Este mismo martes, la mesa de la Cámara con los votos de PP y Ciudadanos, avalaba también el veto presentado por el Gobierno a la proposición de ley de Unidos Podemos para crear un Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal, lo que frena en seco su tramitación parlamentaria.

Los numerosos intentos de los grupos de evitar los “vetos”

El veto a las iniciativas que presentan los grupos en la Cámara se basa en un precepto constitucional que otorga al Gobierno derecho a bloquear aquellas que considera que alteran los presupuestos en curso, sea por suponer aumento de gasto o bien una disminución de ingresos.

En este año y medio de legislatura, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha logrado vetar cerca de medio centenar de propuestas de la oposición o de parlamentos autonómicos con la excusa de que alteraba el gasto presupuestario. Y para ello ha contado con el apoyo de Ciudadanos.

Todos los intentos de los grupos de la oposición para impedir estos bloqueos han sido inútiles. En septiembre de 2017, el PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, y el Grupo Mixto se aliaron en el Congreso para intentar evitar que sus iniciativas legislativas no se quedaran varadas en la mesa con la estrategia constante del PP y de Ciudadanos de pedir sistemáticamente la ampliación del plazo para la presentación de enmiendas.

Estos grupos llegaron a enviar un escrito conjunto a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para que tomara medidas. Meses antes, el PSOE también había registrado una iniciativa para reformar el Reglamento del Congreso con el fin de evitar esas eternas ampliaciones de plazo.

En vista de que todo continuó igual, a principios de febrero de este año, los socialistas presentaron incluso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para denunciar la “tergiversación” que hace el Gobierno de su capacidad de veto sobre iniciativas legislativas que presentan la oposición.

Las quejas también han partido de Unidos Podemos desde donde también han denunciado que el PP, con la connivencia de Ciudadanos, seguía bloqueando “sistemáticamente” la acción de la oposición.

Sobre todo en lo que tiene que ver con la llamada “agenda social” que seguirá bloqueada pese a ese “giro estratégico” que los de Rivera han querido trasladar.

Afirmar, como ha hecho Odón Elorza en un reciente artículo en este mismo medio, que la presentación de una moción de censura beneficiaría a la “derecha bicéfala de PP y Cs”, es la gota que colma el vaso de toda una cadena de excusas y argumentos falseados que diferentes dirigentes del PSOE vienen utilizando estas últimas semanas para justificar su negativa. Excusas y más excusas que tratan de esconder y justificar, cada vez con menos éxito, la irresponsable decisión de haber renunciado ya a echar lo antes posible al Gobierno del PP de Moncloa. Excusas que no se sostienen por ningún lado a poco que analizamos la realidad.

La cuestión de los números es meridianamente clara, y así quedó en evidencia en el resultado de la votación de la moción de censura presentada por Unidos Podemos: el PP no cuenta con la confianza de la cámara y está en minoría. Todos los partidos, a excepción de PP y Cs (amén de los socios electorales del PP -UPN y FA- y la duda de CC), se han mostrado además favorables a la posibilidad de echar al PP del Gobierno. Los números dan y no hace falta ser doctorado en Matemáticas para verlo. Lo que falta es la voluntad política del PSOE. La referencia a que la moción de censura debería ser apoyada por los partidos nacionalistas e independentistas igualmente no es ninguna justificación válida. Primero porque estos partidos ya se han mostrado favorables a esa posibilidad, como se pudo ver recientemente en el programa El Objetivo de Ana Pastor, sin pedir nada “independentista” a cambio y por una mera cuestión de higiene democrática. Segundo porque en ningún caso esos partidos pasarían a formar parte del Gobierno del Estado. Y tercero porque tampoco el desarrollo de lo que queda de legislatura dependería de ellos más de lo que ya pudiera estar dependiendo.

La cuestión de la estabilidad del Gobierno, pues, tampoco sería un problema. No al menos un problema mayor del que ya tiene ante sí el actual Gobierno del PP y sus socios naranjas. Basta recordar que este comienzo de año el Gobierno se ha visto obligado a prorrogar los Presupuestos Generales del Estado por segundo año consecutivo. Unos Presupuestos que el año pasado pudo acabar sacando adelante gracias, precisamente, a, ¡oh sorpresa!, un pacto con el nacionalista PNV y una cesión de un diputado de Nueva Canarias que fue en las listas del PSOE y al que el PSOE no hizo nada para presionar en sentido contrario su voto.

¿Qué quiero decir con esto? Pues que el nuevo Gobierno resultante de una moción de censura sería, efectivamente, un Gobierno en minoría, pero de la misma forma que ya lo es el actual Gobierno del PP. Se trataría, en definitiva, de cambiar un Gobierno del PP que debe negociar ley a ley y PGE a PGE con el resto de la cámara para tener estabilidad, por un Gobierno de PSOE y Podemos, que en suma tendría de partida más diputados de los que tiene el Gobierno en minoría del PP (156 por 137), y que igualmente, como ya tiene que hacer el PP, debería negociar ley a ley y PGE a PGE con el resto de partidos y Grupos Parlamentarios de la cámara.

Pero con una diferencia fundamental, y esto es clave para entender la necesidad y la conveniencia de la moción: en ese nuevo escenario ya no sería el PP quien tuviera capacidad de veto gubernamental a las leyes presentadas a tramitación en el Congreso. Viendo el uso abusivo y descaradamente antisocial que el Gobierno del PP está haciendo del veto presupuestario, ¿no es eso ya en sí mismo un motivo más que determinante para justificar la moción si lo que se pretende es de verdad impulsar una agenda social?

Lo que no podemos hacer es engañar más a la ciudadanía. No podemos decir que estamos escandalizados por la corrupción y luego no hacer nada para sacar al PP del Gobierno lo antes posible. Como tampoco podemos decir que queremos usar la mayoría alternativa que existe en el Congreso para impulsar una “agenda social” y luego no hacer nada para que la capacidad de veto que el Gobierno del PP tiene para impedir esa agenda social, sea revertida.

Una ley de subida y blindaje de las pensiones, una ley de blindaje de la dependencia, una ley de renta mínima garantizada, una ley antidesahucios, una ley contra la pobreza energética o de limitación de los privilegios del oligopolio eléctrico, una ley de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, derogar las reformas laborales, impulsar subidas dignas del SMI, una reforma fiscal progresiva para que paguen más los que más tienen, un impuesto a la banca, leyes de apoyo a la autonomía financiera de las CC AA y los Ayuntamientos o cualquier otra medida social que se nos ocurra, solo serán posibles si el PP no tiene en sus manos el veto.

Insisto, no engañemos a la gente: echar al PP del Gobierno y arrebatarle su capacidad de veto es condición necesaria e indispensable para poder impulsar una verdadera agenda social. Mientras el PP siga el frente del Gobierno esa agenda social será la que el PP quiera que sea y obviamente ya sabemos todos y todas cuál es el tipo de “agenda social” que interesa al PP y sus socios de la extrema derecha naranja: la austeridad. Es decir, ninguna.

Desde Unidos Podemos hemos presentado un Proyecto de Ley dirigido a limitar la capacidad de veto presupuestario del Gobierno, pero no nos conformamos. No nos podemos resignar a que sea el PP quien la tenga en sus manos. Debemos arrebatar al PP su control sobre el BOE. Ciertamente existe una mayoría alternativa al PP que podría impulsar, desde ya, una agenda social que ayudase a poner fin a las políticas impulsadas por el PP desde 2011 (y los remanentes que todavía quedan de las impulsadas por el PSOE desde 2010), pero mientras el PP siga en el Gobierno esa mayoría no servirá de nada y no tendrá ninguna utilidad.

No comprendemos que, por ello mismo, el PSOE haya renunciado a impulsar esa agenda social y mucho menos que, pese a la evidencia de los números y las posibilidades que ellos abren, haya decidido, según sus propias palabras, “dar por muerta la legislatura”. La ciudadanía no puede dar por muerta esta legislatura. Básicamente porque cada minuto más que sigue el PP en el Gobierno es un minuto más que tiene para llevar a buen puerto sus planes de normalización y blanqueo de la corrupción (vía control y parasitación de los aparatos del Estado y la propia Justicia) y de normalización de la excepcionalidad social, la precariedad y los recortes (vía control de los PGE, del veto presupuestario y del uso arbitrario de toda la arquitectura legal derivada del artículo 135: ley de estabilidad presupuestaria, regla de gasto, techo de gasto, capacidad para presionar e intervenir sobre CCAA y Ayuntamientos, etc.). Y dos años y medio dan para mucho a este respecto. Es una urgencia democrática echarlos.

Si el PSOE no quiere impulsar una moción de censura contra Rajoy y prefiere condenar a los ciudadanos y ciudadanas a dos años y medio más de Gobierno corrupto y antisocial del PP, sus motivos tendrán y es de suponer que, en algún momento, deberá explicarlos a sus votantes. Pero sería de agradecer que dejen de poner excusas que no son reales y no traten a la ciudadanía por idiota (en su sentido literal). Ni el apoyo de los nacionalistas, ni los números, ni la estabilidad: la única razón por la que no se presenta la moción es porque Pedro Sánchez no quiere. Por más eufemismos que se pretendan utilizar al respecto, esa es la principal y fundamental razón: que Pedro Sánchez no quiere. Nada más y nada menos.

Y esto lo sabe Odón Elorza, lo sabe Óscar Puente, lo sabe Pedro Sánchez, lo sabe José Luís Ábalos, lo sabe Susana Díaz, lo sabe Albert Rivera, lo sabe M. Rajoy, lo sabemos en Unidos Podemos y pronto, ahora que el monotema catalán empieza a decaer y llega la hora de dar explicaciones, por más que intenten ocultarlo con excusas varias, lo sabrá toda la ciudadanía.

David Llorente es ahora diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha, pero sus inicios en la política fueron en la calle. Así lo relata él mismo. Y así era como estaba el 14 de noviembre de 2012, día de huelga general, en una acción que, aseguran, fue pacífica en Guadalajara convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Un grupo de cerca de cuarenta personas ocuparon sin violencia una sucursal en la capital alcarreña, para pedir la condonación de la deuda de una pensionista, María, quien también acarreaba la deuda de su hijo.

“Intentábamos detener el desahucio de una familia, pero se nos desalojó y se nos abrió un expediente sancionador”, afirma Llorente quien explica que el origen de la denuncia viene de la subdelegación de Gobierno en Guadalajara. La multa que le corresponde al ahora diputado regional es de 200 euros, acusado de alterar el orden público. “Consideramos que la sanción no es apropiada, ya que sólo estábamos ejerciendo nuestro derecho fundamental a la protesta”, argumenta el parlamentario. Además, el diputado afirma que el colectivo estaba defendiendo un derecho “constitucional”, como es el derecho a la vivienda.

Los afectados por la sanción han recurrido “hasta el final”, primero a través de un recurso de amparo, uno contencioso-administrativo hasta el juicio que estaba fechado para hoy 30 de septiembre, pero que se ha aplazado hasta una fecha desconocida. Además del diputado, se encuentran entre los sancionados dos concejales del Ayuntamiento de Guadalajara, del grupo municipal 'Ahora Guadalajara': José Morales y José María Gil. Ante esto, el diputado de Podemos ha querido destacar el recorrido de las reivindicaciones: “Seguimos trabajando por los derechos humanos, pero ahora desde las instituciones, de manera oficial”. Llorente ha agradecido las muestras de apoyo que ha recibido, como la concentración convocada por la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara trabaja, de hecho, dentro de la Plataforma Antirrepresiva, y ha calificado las denuncias como “represivas” al venir desde la Policía, no desde la entidad financiera. Mamen Sánchez, portavoz del colectivo ha señalado que no aceptarán “ninguna negociación” que no sea la de eliminar las denuncias, por lo que seguirán recurriendo las denuncias hasta llegar a una sentencia favorable. De las 35 personas que se vieron afectadas por este caso, sólo una ha logrado una sentencia favorable, mientras que el resto siguen a la espera de un juicio que ha sido aplazado.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula las ayudas ya anunciadas para comedores escolares. Las subvenciones van dirigidas a alumnos y alumnas del segundo ciclo de Educación Infantil y también de Primaria. Tal como ha señalado el Ejecutivo, estas becas se han aprobado para atender a las situaciones de “emergencia social y económica” que han detectado, pero no cuantificado, en la región, por lo menos para este curso 2015-2016.

El portavoz de Gobierno, Nacho Hernando, ha calificado la iniciativa como “novedosa” en la política española, ya que no habrá límites en las ayudas. Según ha señalado el portavoz, podrán pedirlas quienes las necesiten, ya que se destinará el dinero “necesario” según las necesidades de los niños que observe la Junta de Comunidades. Sin embargo, una vez se publiquen de forma oficial las convocatorias, los padres tendrán sólo diez días para solicitarlas desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

El modelo de solicitud se deberá descargar desde los servicios electrónicos de la Junta de Comunidades, para luego ser presentado en los centros educativos. Hernando ha querido señalar también que la medida es de carácter temporal, porque la Junta entiende que se debe atajar el problema de la alimentación infantil de “raíz” y no sólo poner medidas parches. Tal como había señalado con anterioridad el Gobierno regional, los servicios de comedor escolar se podrán ofrecer incluso durante el verano, para lo cual los distintos Ayuntamientos deberán decidir si quieren contar con el servicios y comunicarlo así a la Junta de Comunidades. “Nosotros los animamos a hacerlo”, señaló el portavoz.

Al aprobar la convocatoria de ayudas, Reyes Estévez, consejera de Educación, Cultura y Deportes, aseguró que la Junta de Comunidades entiende que los comedores son parte de un servicio “complementario en la educación”, al promover hábitos alimentarios favorables, mejora de la convivencia en los centros y también en el “aprovechamiento escolar y el rendimiento académico”. Estévez calificó esta medida como una “actuación excepcional” que también se contemplaba en los compromisos adquiridos por García-Page en el acuerdo de investidura firmado con Podemos. El Gobierno espera, a través de estas ayudas, compensar “importantes desigualdades” relacionadas con la urgencia social y la carencia económica.

Las subvenciones aprobadas se dividen en dos, unas dirigidas a la gratuidad “total” del menú de comedor, mientras que otras serán del 50% para el menú escolar. Las primeras se dirigen a los alumnos y alumnas que, según su situación de “emergencia social” requieran el servicio, lo que se determinará según una base de renta establecida por la Consejería de Bienestar Social para situaciones contempladas como receptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad. Por otro lado, las ayudas del 50% irán destinadas a familias que demuestren dificultades económicas según el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

La Diputación de Ciudad Real ha hecho pública una vez más la convocatoria de Becas a Cooperantes en Programas de Cooperación Internacional al Desarrollo correspondiente a 2015, para la que se ha asignado la cantidad de 85.000 euros.

Una de las principales condiciones para solicitar este tipo de becas, según la convocatoria hecha pública en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 29 de abril, es que aquellas personas que quieran participar en proyectos de cooperación deberán estar avalados por entidades con implantación en la provincia de Ciudad Real y previo acuerdo suscrito con la entidad responsable del mismo.

Los cooperantes, además de su condición de ser naturales o residentes en la provincia de Ciudad Real al menos durante un año, habrán de estar en posesión de la titulación adecuada a las tareas que se vayan a realizar. Aportarán, asimismo, un currículo vitae y una autorización expedida por la entidad responsable del proyecto, que deberá estar legalmente constituida e implantada en la provincia de Ciudad Real. Asimismo se requiere el conocimiento del idioma internacional del país donde se desarrolle la actividad.

Además de carecer de finalidad lucrativa, las entidades que avalen a los cooperantes tienen que estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro correspondiente y tener entre sus fines preferentes la realización de proyectos orientados al desarrollo y fomento de la solidaridad entre los pueblos, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Del mismo modo, tienen que disponer de sede o delegación estable en la provincia de Ciudad Real, entendiéndose a estos efectos como delegación, la presencia de estructura acreditada significativa de la entidad desde la que se gestionen proyectos y se desarrolle su relación con la Diputación Provincial. También deberán facilitar la estancia en el terreno, así como la información necesaria y los medios disponibles para que el cooperante pueda realizar su colaboración.

Por otro lado, los cooperantes están obligados a iniciar las prácticas en el proyecto de cooperación dentro del año de la concesión de su beca, mientras que las entidades han de comprometerse a la tutela del cooperante a lo largo del período de tiempo que se emplee en la materialización del proyecto y en garantizar al cooperante, a través de la contraparte, una estructura suficiente para llevar a cabo los objetivos propuestos en el proyecto presentado. En este sentido, estas entidades deben conocer adecuadamente la estructura de la contraparte a efectos de poder realizar el seguimiento del cooperante y del proyecto presentado.

Por su parte, los cooperantes, además de someterse a las actuaciones de supervisión de los Servicios Sociales e Igualdad de Género de la Diputación, están obligados a presentar la memoria de la actividad realizada y la cuenta justificativa acompañada de los oportunos documentos justificativos, en el plazo de tres meses desde la finalización del periodo de cooperación.

El cooperante que resulte becado tendrá cubiertos los gastos de desplazamiento al lugar donde se desarrolla el proyecto y también los del regreso, así como los gastos de manutención y alojamiento. Dispondrá, igualmente, de una póliza de seguros en caso de enfermedad o accidentes durante el período de estancia en el extranjero y gastos de repatriación, así como gastos de visado de entrada en el país de destino. La duración mínima de esta póliza será de un mes y máxima de seis.

Becas

La cuantía de la beca estará en proporción a los gastos reales efectuados, fijándose como importe máximo en 1.500 euros para costear los gastos de viaje, visado y la póliza de accidentes y enfermedad, cantidad que se sumará a una ayuda mensual que garantice la manutención y el alojamiento, que no excederá en ningún caso de los 450 euros mensuales.

La Diputación ha establecido que el abono de esta beca se haga de forma fraccionada, realizando un primer pago del 50 por ciento del importe de forma anticipada, una vez resuelta favorablemente la convocatoria, y el otro 50 por ciento, previa justificación del total de la beca concedida.

La selección de los cooperantes se llevará a cabo teniendo en cuenta una serie de criterios, como son la pertenencia a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajen en el ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo u otras de finalidad social en su caso; la acreditación documental de formación específica o aptitud en cooperación internacional, cursillos de especialización, seminarios, etc.; trayectoria social incluida en el currículo vitae que indique las labores voluntarias de carácter social o las voluntarias remuneradas en relación con programas de cooperación; y vinculación activa con organismos provinciales, nacionales o internacionales de actividades de cooperación al desarrollo.

Los interesados deberán presentar su solicitud preferentemente por vía electrónica, pudiendo darse de alta en la Plataforma de Notificaciones Telemáticas “Comparece”; o por vía tradicional en papel, es decir, mediante presentación de instancia en el registro general de la Diputación de Ciudad Real, teniendo de plazo hasta el próximo 29 de mayo.

Y acompañarán la instancia de un certificado de nacimiento o de residencia en la provincia, de la fotocopia del NIF, currículum vitae acompañado de fotocopias justificativas, acreditación de la entidad responsable del proyecto en el que se va a participar y de la descripción de la iniciativa (su finalidad, ubicación, problemática y beneficiarios) así como del trabajo que va a realizar como cooperante en el que se haga constar también la fecha, duración y coste.

Las entidades que avalen a un cooperante aportarán los estatutos de la institución e inscripción en el registro correspondiente; la memoria de la entidad indicando el número de socios; el organigrama; las dependencias con que cuenta en la provincia de Ciudad Real; los datos de la contraparte local y la descripción del proyecto (su finalidad, ubicación, problemática y beneficiarios). Las ONG incluirán, igualmente en la documentación, los estatutos de la institución e inscripción en el Registro correspondiente, si no se ha presentado en convocatorias anteriores o si ha sufrido modificación de datos.

Miguel Gómez Agüero, coordinador del informe 'Ranking de Excelencia Educativa' de Profesionales de la Ética de Educación, junto al presidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez, han presentado en Madrid un informe que evalúa 58 indicadores de las distintas educaciones de las comunidades autónomas españolas. En este informe certifican, valorando escolarización, graduación, idoneidad, abandono educativo temprano, centros de iniciativa social, gasto educativo, ratios, recursos informáticos y complementos y eficiencia en el gasto educativo, que la educación de Castilla-La Mancha es la peor de las 17 comunidades autónomas.

De hecho la educación de Castilla-La Mancha es la peor tanto en general como en numerosos aspectos concretos, y es aún peor desde el año 2011 a la actualidad. Mientras que en España la educación en general desde ese año ha mejorado, en Castilla-La Mancha en los últimos cuatro años es peor, la que mayor empeoramiento ha sufrido en estos años, seguida de la de Baleares y la de la Comunidad Valenciana. La región es la peor en tasas de graduación en todos los niveles académicos. El único factor donde la comunidad no es colista o la peor valorada es en el aumento de escolarización que se ha vivido desde 2011 fruto de la falta de empleo que hace que vuelvan a los estudios determinadas personas, un apartado donde se sitúa en media tabla.

Por el contrario, País Vasco, Navarra y Castilla y León son las regiones donde mejor es la educación en el país. Sus resultados educativos así como sus políticas en este ámbito son los mejores datos estatales. Al último puesto de Castilla-La Mancha le acompañan en los cuatro últimos puestos Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Castilla-La Mancha es también la región con peor rentabilidad de las inversiones económicas en educación. Valorando en los últimos cuatro años los resultados de escolarización, graduación, idoneidad, abandono educativo temprano y los recursos humanos y técnicos, la comunidad de Madrid es la que mejor invierte su partida en educación no universitaria mientras que Castilla-La Mancha es la que menos resultados obtiene con el dinero que destina a la formación. Los malos resultados hacen que en la comunidad cueste más dinero público la graduación de los estudiantes. En el País Vasco, comunidad que más gasta por estudiante, el gasto es de 6.572 euros, mientras que Madrid, que consigue el mejor resultado con el dinero que invierte, se gastan 4.015 euros por estudiante. Extremadura invierte un 4'56% de su PIB en educación, mientras que Madrid solo invierte un 1'61%.

El único dato “esperanzador” de Castilla-La Mancha es que es la comunidad de España donde menor peso tiene la educación privada y concertada respecto a la pública. El 17'6% de los centros de la región son de este tipo, por 82'4% de centros públicos. Algo que contrasta con el País Vasco donde la mitad de los centros son de gestión privado-concertada. No obstante, para el coordinador del informe existe una relación entre el peso de este tipo de educación y los resultados de las comunidades: Castilla-La Mancha es la que menor peso tiene en esta educación y la que peores resultados académicos tiene y todo lo contrario en el País Vasco. “La enseñanza concertada y privada refleja un mayor compromiso de la sociedad con la educación, una eficiencia en la gestión superior a la de la Administración y un nivel de aprendizaje superior que en los centros públicos”, según López Rupérez, algo que por otra parte colectivos educativos han indicado no tiene relación con los resultados educativos debiéndose estos datos a casualidad y no a que haya relación.

Para elaborar los distintos ranking se han usado datos del Ministerio de Educación que 'sacan los colores' a una educación castellano-manchega que dista mucho de la media española, una de las regiones donde más fracaso escolar hay y donde peor que se invierte el dinero.

Convertir la capital regional en ejemplo de la implicación de la sociedad para apoyar la investigación oncológica es uno de los objetivos del novedoso programa Toledo Vence el Cáncer, una iniciativa de María Martí y Mónica Monte, dos toledanas que se han marcado como prioridad convertir a la ciudad en el epicentro de esta lucha durante el año 2015. Para ello, el proyecto incluye una serie de actividades culturales, deportivas, turísticas y solidarias.

“Queremos que este año los toledanos podamos convencer al mundo de que gracias a la investigación el cáncer podrá dejar de llevarse tantas vidas”, explicó Martí durante la presentación oficial de la iniciativa en el Ayuntamiento de la ciudad, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer.

Toledo Vence el Cáncer es un proyecto que pretende que en 2015 esta ciudad se convierta en una referencia en la promoción de hábitos de vida saludables, a la vez que hace promoción turística de la ciudad y su entorno, pero con un espíritu solidario fundamental encaminado a apoyar la investigación a través de la Fundación Vencer el Cáncer.

La Vuelta al Valle es uno de los ejes en torno a los que gira la iniciativa, en representación simbólica de la vivencia de un paciente de cáncer: desde los momentos más difíciles y “cuesta arriba” a los más llevaderos. En distintos lugares del recorrido los participantes encuentran huchas en las que depositar un donativo, que se destinará a la investigación y el apoyo a los pacientes.

A esta acción se sumará un amplio programa de actividades de todo tipo que hasta diciembre se pondrán en marcha en la ciudad, con el apoyo de numerosas empresas, personas representativas e instituciones como el Ayuntamiento de Toledo, que ha decidido apoyar la iniciativa de forma transversal. De hecho, la Carrera de la Igualdad del 8 de marzo que organiza el Consistorio, mantendrá su doble objetivo: fomentar la igualdad y la solidaridad, por lo que la recaudación de las inscripciones se destinará a Toledo Vence el Cáncer.

Deportes y turismo

También desde el área de deportes se organizarán eventos como una marcha de orientación por el casco antiguo de Toledo el 28 de febrero, o la celebración del Día del Agua el 28 de diciembre, cuya recaudación se destinará a este proyecto. Todas las actividades se publicarán -además de en su página de Facebook y en la web de la Fundación- en la agenda cultural municipal, en la web del Ayuntamiento y a través de varios instrumentos turísticos locales.

De hecho, las oficinas de turismo municipales tendrán huchas para recibir donativos y folletos explicativos de Toledo Vence el Cáncer. Además, en la aplicación turística de Toledo, una app que tiene ya casi 18.000 usuarios, se incluirá la Vuelta al Valle y su descripción; y en las rutas turísticas gratuitas organizadas por el Patronato de Turismo se pedirá a los participantes que hagan una contribución al proyecto.

Se trata de buscar una implicación básica, ya que, según recalcó Esteban Varadé, director ejecutivo de la Fundación Vencer el Cáncer, las cifras muestran que esta enfermedad afecta a todos muy de cerca: “Cada año hay más de 200.000 nuevos casos y una de cada cuatro muertes será consecuencia de esta enfermedad, pero hay esperanza porque gracias a la investigación la tasa de supervivencia va aumentando y llega en algunos cosas al 90%, como el del cáncer de mama”.

Los organizadores quisieron también recalcar la importancia del respaldo de personalidades como el atleta Iván Galán o Ángeles Fernández Gómez -en nombre del diseñador Félix Ramiro- que acudieron a la presentación para mostrar su apoyo a Toledo Vence el Cáncer, proyecto con el que se comprometieron a colaborar a lo largo de 2015 en diversos eventos.

Este fin de semana las obras del nuevo hospital de Toledo en el polígono de Santa María de Benquerencia, las que llevan más de tres años paradas y que en poco tiempo se deben reanudar tras la licitación del proyecto, han amanecido con pintadas y pancartas en la valla perimetral de la construcción pidiendo la marcha de Cospedal y del consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, así como una sanidad pública y su oposición a todo el proyecto de privatización del mismo.

De hecho esas vallas son las vistas que durante el fin de semana tendrán desde los despachos que dan a la calle los altos cargos del SESCAM cuyas oficinas centrales están ubicadas justo en la acera de enfrente de las obras.

También muestran su rechazo al convenio sanitario firmado con Madrid hace escasos días, el convenio que permite que de nuevo y años después, pacientes del oeste de Guadalajara y del norte de Toledo puedan ser atendidos en los centros de la comunidad madrileña que tienen más cercanos que los propios centros de su comunidad. Un convenio que incorpora por primera vez en Castilla-La Mancha el llamado 'modelo Alzira', un modelo de movilidad de pacientes entre comunidades que según señalan los expertos “los trata como mercancías” y que de hecho ha resultado fallido en la Comunidad Valenciana.

Las pintadas coinciden con la marcha por la dignidad que ha tenido origen y destino en las obras del propia hospital. Coinciden además con la semana en la que se ha abierto el último sobre de la licitación de la privatización de los servicios no sanitarios de todo el área sanitaria perteneciente a Toledo y que fija unas cantidades económicas mayores de la media de este tipo de obras en toda España.

Unas 150 personas se han sumado al acto final de la Semana de la Dignidad en Toledo con dos manifestaciones simultáneas desde el barrio de Santa Bárbara a las obras del nuevo hospital de Toledo, una saliendo desde esas obras y la otra llegando a las mismas.

El mal tiempo y el frío no han achantado a los asistentes, pertenecientes a numerosas plataformas políticas, vecinales y diversos colectivos, para celebrar el acto central de una semana que se ha basado en demostrar las reivindicaciones de diversas personas en la sociedad castellano-manchega. La Plaza de Zocodover ha sido escenario durante toda la semana de las manifestaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de la asociación de mujeres María de Padilla o de la Asamblea por la Sanidad Pública de Toledo.

Todas estas asociaciones han recorrido los 6 kilómetros de la marcha junto a demás ciudadanos. También se han sumado sindicatos y partidos políticos cada unos ataviados con el color identificativo de su movimiento o de sus respectivas “mareas”, como ya se les ha llamado en toda España.

Esta manifestación se suma a los actos celebrados por la Semana de la Dignidad en toda España. La elección del “esqueleto” del nuevo hospital de Toledo pertenece a que para los convocantes es el claro ejemplo de la falta de servicios públicos en Toledo, de la dejadez de los políticos y de la corrupción. El lema de la marcha, como en toda España, ha sido 'Pan, trabajo, techo y dignidad'.

La corrupción ha sido también otro tema recurrente por parte de los asistentes a la marcha, que han pedido claridad en las cuentas y que los políticos trabajen y piensen en los ciudadanos, en una semana que precisamente se ha hablado mucho de la posible corrupción dentro de Castilla-La Mancha y siendo la región uno de los focos de la actualidad a nivel nacional.

Castilla-La Mancha es la tercera comunidad que más tarda en pagar a los dependientes de la región, en concreto una media de 90 días (3 meses) en realizar el pago de las prestaciones a las que están acogidos los dependientes que así lo tienen estipulados en su declaración de dependencia. La región es solo superada en el retraso de los pagos por Andalucía que paga en una media de 120 días y muy de lejos por la Comunidad Valenciana donde la dependencia vive un grave problema y los pacientes reciben sus prestaciones de media con casi 6 meses de retraso, con casos que hasta han llegado a duplicar esos periodos.

No obstante la media en España de pago a los dependientes está en torno a 50 días, algo más de un mes y medio, por lo que Castilla-La Mancha está cerca de duplicar los plazos medios que existen en España. La mayoría de comunidades ostentan unos periodos que van entre 40 y 60 días, dependiendo de los casos. Por ejemplo en la Comunidad de Madrid, Extremadura, Cantabria y Castilla y León se registran los periodos menores con 45 días de media en recibir la prestación.

Solo tres comunidades en España pagan a más de 2 meses de plazo las prestaciones a los dependientes, aparte de nuestra región las citadas Comunidad Valenciana y Andalucía.

Cada comunidad autónoma, al tener las competencias en esta materia, dispone su propio reglamento para el pago de estas cantidades en función de su situación de cada una de ellas. También cabe destacar que hay cuatro comunidades españolas (Canarias, País Vasco, Navarra y La Rioja) que no se conoce a cuánto tiempo pagan las prestaciones de los dependientes.

A octubre de este año la Junta cifraba en 2.800 la cantidad de dependientes que estaban a la espera de recibir un servicio, casi un tercio de los que había en 2011. Para ello la consejería de Sanidad y Asuntos Sociales ha alabado la premura de los servicios sociales regionales en aliviar los casos en espera, si bien también, como mantiene el presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, José Luis Gómez-Ocaña, hay numerosos casos que han sido reducidos de grado de dependencia en la región dejando de percibir ventajas, entre ellas algunos de ellos una prestación. Un caso que también ha denunciado la parlamentaria Mónica Oltra en el Parlament Valenciano como una práctica que ha llevado a cabo el gobierno 'popular' de Alberto Fabra en esa región.

Hemos asistido esta semana a la firma del nuevo acuerdo de “cooperación” sanitaria entre las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha, acuerdo este que significa clara y llanamente el cambio de estatus de los hasta ahora ciudadanos a la nueva consideración de “mercancías especulativas”.

Gracias a dicho acuerdo, o mejor dicho, a consecuencia del mismo, los ciudadanos de las poblaciones de Castilla-La Mancha limítrofes con Madrid podrán ser atendidos en hospitales de Madrid con la consideración de referencia de dichas poblaciones por la nada desdeñable cuantía económica del 95% del coste de atención (se llegue a realizar ésta o no) y el desembolso del otro 5% restante al finalizar el año a cargo de los vaciados fondos de cohesión.

Esto es la incorporación por la puerta de atrás del modelo Alzira (tristemente conocido por reducir la atención sanitaria a un negocio de lucro de particulares) a nuestra sanidad.

Pese a la propaganda interesada de supuesta mejoría en la atención sanitaria, no nos cuentan que dicho acuerdo supondrá el desvío y flujo de fondos económicos (ya de por si maltrechos y con una reducción constante) de la sanidad castellano-manchega a las arcas de la sanidad madrileña, rompiendo con la “regla de oro” de cooperación y solidaridad entre comunidades autónomas para evitar la discriminación entre ciudadanos vivan donde vivan.

Pero no queda ahí la cosa, pese a lo discriminatorio del asunto, la sanidad castellano-manchega va a estar pagando por una asistencia que no se tiene por que dar para realizar el pago de la misma, sino que basta con la prestación de cobertura de futuros.

Por eso desde la Asamblea en Defensa de la Sanidad Pública de Toledo nos oponemos frontalmente a dicho acuerdo, ya que nos negamos a que un ciudadano (y mucho menos a uno enfermo) pueda ser considerado mercancía especulativa independientemente de su lugar de residencia.

Por eso pedimos la retirada del convenio inmediatamente y que el gobierno regional exiga a la Comunidad de Madrid cumplir la ley. ¡¡Eso si seria mirar por la ciudadania!! Y no abandonarlos a su suerte.

Los ciudadanos vuelven a la calle desde el lunes y hasta el próximo sábado dentro de una “semana de lucha social”, iniciativa promovida por varias organizaciones en todo el país para denunciar “una situación límite, de emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la mayoría social y los pueblos”. En Toledo se sucederán numerosas concentraciones, movilizaciones y asambleas con este mismo objetivo y bajo el lema ‘Semana de la Lucha de la Dignidad’.

Estas jornadas de protesta comenzarán el lunes 24 con la concentración promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca - Toledo (PAH) a las 18.00 horas en la Plaza de Zocodover, en la que se pedirá que se cumpla el derecho constitucional de acceso a la vivienda. Al día siguiente, el martes 25 y en el mismo sitio, la Asociación de Mujeres María de Padilla convoca una concentración contra la violencia de género.

El miércoles día 26 las demandas se centrarán en el derecho ciudadano al medio ambiente, en un acto organizado a las 17.00 horas en la Facultad de Ciencias Jurídicas, y en el que participarán la Plataforma en Defensa del Tajo, Ecologistas en Acción y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Al día siguiente, el jueves, la Asamblea Marchas de la Dignidad de Toledo convoca a todos los ciudadanos a manifestarse contra la denominada Ley Mordaza y la reforma laboral, a las 18.00 en la Plaza de Zocodover; mientras que el viernes se celebrará una asamblea a la misma hora en el Colegio Público San Lucas en defensa de la educación pública.

El colofón de toda semana será el día 29. El sábado la Asamblea de Toledo en Defensa de la Sanidad Pública y la Asamblea de Toledo de las Marchas de la Dignidad promueven una marcha y concentración a las 12.00 horas en las obras del futuro consultorio del barrio de Santa Bárbara (Rotonda de la Avenida de Santa Bárbara con Paseo de la Rosa) que finalizará en el edificio del SESCAM, frente a las obras del nuevo hospital de Toledo. Otra marcha saldrá de la Biblioteca del Polígono y también hacia el SESCAM.

Manifiesto

Este tipo de acciones se llevarán a cabo a nivel nacional en todas las capitales de provincia de España bajo un mismo manifiesto, en el que se enumeran los numerosos problemas por los que todavía atraviesa el país. “Millones de trabajadores se encuentran sin empleo. Cientos de miles de familias han perdido su casa. Gran parte de la juventud se ve abocada a buscarse la vida en el extranjero. Siguen recortando en salud, educación y dependencia. Han engañado a nuestros mayores con la estafa bancaria de las preferentes. Estamos asistiendo al robo de derechos y al empobrecimiento generalizado de la mayoría social y todo en nombre del pago de una deuda ilegítima y odiosa que no han contraído los ciudadanos y ciudadanas”, proclama el comunicado.

“Mientras –añade- el verdadero poder, el que no se presenta a las elecciones, sigue enriqueciéndose y corrompiendo al poder político. Siguen llevándose dinero a los paraísos fiscales, usando tarjetas opacas y regalando decenas de miles de millones de dinero público, dinero que sale de nuestros impuestos, para salvar a bancos y especuladores”.

Por todo ello, realizan un llamamiento a la movilización social especialmente para la jornada del sábado 29, “por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan; seguimos exigiendo que se vayan, que se vaya el PP y también todos los gobiernos que recortan y colaboran con las políticas de la Troika”.

70 círculos y alrededor de 300 participantes acudieron a este primer encuentro para poder informar del desarrollo de los círculos en sus localidades desde la irrupción de Podemos en las elecciones del 25 de mayo. Asentar bien las bases que se proponen desde la formación estatal de Podemos, sobre todo en términos de comunicación y organización.Los miembros de los distintos círculos fueron unánimes a la hora de rechazar el llamado “pucherazo electoral” del Partido Popular en Castilla-La Mancha, destacando que consideran los criterios injustos, señalando que dejaría incluso al mismo PP fuera de los parlamentos regionales en Comunidades Autónomas como Cataluña, País Vasco o Navarra. Sin embargo, fueron precisos también a la hora de destacar que este tipo de medidas no pueden frenar el avance de alternativas al bipartidismo, tal como es el caso de Podemos.

Tras los talleres de mejora, se presentó la futura Asamblea Ciudadana que han denominado como “Sí Se Puede”. Luis Alegre y Diego Pacheco fueron los encargados de presentar el proyecto, quienes definieron el encuentro como un “nuevo hito de trascendencia global”, asegurando que permitiría un nuevo modelo de organización, donde todo el mundo podría participar, incluso sin delegaciones, y donde todos los ciudadanos tendrán la oportunidad de ser parte en la toma de decisiones importantes. Para esto, señaló Alegre, coordinador del equipo de trabajo, es importante registrarse en http://juntos.podemos.info para poder intervenir en las próximas votaciones que se planteen.

Diego Pacheco aseguró también que la importancia de tener este tipo de encuentros es que Podemos necesita de todos los participantes posibles para poder llevar a cabo sus objetivos, animando también a los asistentes a reunir la opinión de todos los ciudadanos, no sólo de aquellos que militen en la iniciativa política, para lograr una organización integral y abierta. Para esto señaló la herramienta online Plaza Podemos, donde ya se están llevando a cabo debates previos a la asamblea sobre el modelo organizativo, ético y político de Podemos.

El colectivo Stop Desahucios Albacete lleva semanas analizando la situación de la política de vivienda del Ayuntamiento y cuál es la gestión en lo que a los desahucios administrativos se refiere, especialmente a aquellos que emite directamente el Ayuntamiento en viviendas VPO.

Aseguran que en los últimos años se están tramitando muchas más órdenes de desahucios y “hemos analizado los planes del Ayuntamiento y hemos hecho unas propuesta para que se mejore la tramitación”, cuenta Enrique López, miembro del colectivo, tras salir del registro donde han presentado estas propuestas.

Aproximadamente hace un año y medio se puso en marcha el Plan Integra del Consistorio albaceteño, que es calificado por el colectivo como muy restrictivo y que sólo se pone en marcha con la última orden judicial. “Queremos que los servicios sociales intervengan antes cuando hay uno o dos meses de impago, que se vea la problemática concreta de las familias y que se intente solucionar de otra manera que no sea a través de escritos con órdenes de desahucios de los propios juzgados”, insiste Enrique López quien explica que lo que hace el Ayuntamiento con el Integra es poner unos requisitos muy estrictos: “ las familias tienen que tener muy pocos recursos, dan soluciones sólo si los afectados tienen hijos a cargo cuando hay muchas situaciones con mayores y dependientes que no se contemplan”.

Otro de los requisitos es no haber tenido una orden de desahucio en los últimos dos años y con él se quedan fuera muchas familias que llevan años tratando de no perder sus casas. Es por eso que han dado este paso esperando poder negociar con el Ayuntamiento y plantearle otras opciones “intentando conseguir que no se desahucie en el Ayuntamiento y que ninguna familia se vaya de su casa porque no tenga para pagar la renta”.

Segunda Asamblea en Las 600

El próximo 22 de julio Stop Desahucios celebrará por segunda vez su asamblea en el barrio de Las 600 para la que esperan una participación parecida que en la convocatoria anterior hasta la que se acercaron unas 80 familias.

“En la situación de varios avisos de desahucio y con hijos menores en la familia, hay 23 casos de posible desalojo pendiente del acta judicial”, cuenta Manolo García, miembro de Stop Desahucios Albacete.

Seis personas recibieron multas esta semana por la manifestación silenciosa y pacífica llevada a cabo por el colectivo durante las fiestas de la localidad, el pasado mayo. Uno de ellos, Julio Pérez, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la localidad no se encontraba en Talavera en ese día y otra de las multadas no pertenece a ningún movimiento ligado al colectivo y afirma haber estado en su casa el día en el que se produjo el ‘escrache’. Ante esto, la Plataforma ha expresado su preocupación por el “cariz represivo” que está tomando el Gobierno, contra los activistas sociales, señalando que a través del subdelegado de Gobierno, José Julián Gregorio, se está intentando intimidar a aquellas personas que tratan de reivindicar sus derechos en la ciudad.

Las multas, todas idénticas según los afectados, señalan una sanción de 301€ por ser identificados, “junto a otros responsables” de ir “marcando las pautas del comportamiento del resto de manifestantes”, tanto del recorrido como de dónde tenían que colocarse, durante el Pregón de Ferias de San Isidro, el día 14 de mayo de 2014 entre las 21:30 y 23:00 horas. De estos hechos, el Subdelegado del Gobierno en Toledo dictamina que son elementos “de juicio suficiente” para calificar los hechos con una infracción grave, según lo que dicta la Ley Orgánica 9/1983, que especifica que del buen orden de reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores. Sin embargo, las multas no muestran el DNI de los sancionados, poniendo en entredicho la identificación en el lugar.

La Plataforma señala que las actividades a las que se refieren las multas fueron completamente pacíficas y silenciosas, ya que incluso hubo miembros con esparadrapos en la boca durante la manifestación. Así señalan que este tipo de medidas corresponde a un “desesperado intento” por parte del Gobierno de convertir derechos de la ciudadanía en ilegalidades, y también a intereses personales para perpetuarse en el poder, señalando a las personas que “erosionan su imagen de manera más directa”.

La Plataforma pide al Ayuntamiento su implicación y condena de las políticas represivas del Gobierno contra ciudadanos pacíficos, para que no sigan con su “política de silencio y complicidad”. Además, han animado a la ciudadanía a que no se “pliegue a su chantaje”, y a seguir saliendo a la calle a reclamar por sus derechos, ya que consideran que la reivindicación “forma parte de la salud democrática de un país”.

Por su parte, el concejal de Izquierda Unida en Talavera, José María Domínguez, ha manifestado su “preocupación y protesta” por lo “indiscriminado, irregular e injustificado” de las sanciones, al afirmar que no consta alteración de la convivencia ciudadana durante los actos. Domínguez ha destacado el carácter irregular de las sanciones, señalando que en algunos casos los sancionados no estaban presentes en el lugar de los hechos que se le imputan.

Así, ha señalado que desde Izquierda Unida se solicitará una entrevista con el Comisario Jefe del Cuerpo de Policía Nacional en Talavera de la Reina para recabar información sobre los procedimientos utilizados en la apertura de los expedientes sancionadores y con los representantes sindicales de los sindicatos policiales para la valoración de los episodios. De igual modo exige la retirada de los expedientes sancionadores o el cese o dimisión del actual subdelegado de Gobierno, José Julián Gregorio, a quien considera principal instigador de la “campaña de hostigamiento”.

No es menor que una pequeña asamblea local logre reunir a más de 500 personas en una protesta ciudadana a lo largo de la capital de Castilla-La Mancha. Sin embargo, el nodo en Toledo de las Marchas de la Dignidad lo logró el pasado 21 de junio, si bien reconocen sus miembros que fue a base de gran esfuerzo, constancia perseverancia y sin olvidar, por supuesto, el trabajo comprometido de su compañera Belén Gutiérrez que los abandonó esta semana pasada. El golpe ha sido duro. La ausencia de la “mujer de las mil batallas” ha sido uno de los factores que han impedido ciertos avances en el trabajo de la Asamblea, pero el desánimo no es una elección.

El proyecto ‘Abraza las Cortes’ logró implantar una red de colaboración y comunicación entre las distintas asambleas de las cinco provincias. Distintas localidades, con distintos niveles de participación han logrado confluir en una coordinación regional, para poder seguir en contacto con la coordinadora estatal de las Marchas de la Dignidad, tal como pasó en la última asamblea, convocada en Mérida.

Para seguir con el trabajo después del 21 de junio, la asamblea ha decidido entregar y registrar oficialmente las quejas que no fueron recibidas en las Cortes ese día, con lo que luego podrán también hacer partícipes a otras iniciativas sociales o políticas. De hecho, han querido instar tanto al Gobierno de Castilla-La Mancha como a los partidos de la oposición, a que accedan a las mismas una vez registradas para hacer un análisis de la situación real que sufre la ciudadanía en la región, para que enfoquen así su trabajo.

Otro de los problemas, que se repite también en movimientos como Podemos y que ocurría también en el 15M es no saber dónde cae el alcance real de sus iniciativas. El peligro del ‘activismo de sofá’, y la falta de implicación en actividades como el Abrazo a las Cortes, es algo con lo que tienen que lidiar. Tal como han señalado, es peligroso el momento en el que los ciudadanos prefieren someterse antes que luchar por sus reivindicaciones.

Para el futuro, el colectivo ha decidido apoyar iniciativas como la recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular sobre la Renta Básica así como diversas acciones reivindicativas en el mes de noviembre, que se centrarán en huelgas de hambre simultáneas como principal método de denuncia. Todo por la lucha de pan, trabajo y techo para todas y todos.

Parque de la Vega, 19.00 horas. Dar comienzo a una asamblea ciudadana de Podemos, implica poner al tanto a todos los asistentes de la mecánica del círculo. Se entiende que hay participantes nuevos y que los van a haber también en la próxima reunión. Y en la siguiente. Pero la adhesión de más ciudadanos no es un peso, al contrario es uno de los fuertes con los que cuenta el colectivo para surgir adelante con sus proyectos y lograr crear una marea ciudadana que crea política desde abajo.

Quienes llevan más tiempo implicados en el movimiento tienen la palabra, y crean una dinámica en la que, finalmente, se mezclan el resto de los ciudadanos. Pero ¿Cuál es el problema de un movimiento asambleario? Tal como se supo, desde que surgió el 15M, o de mucho antes, hacer política horizontal, igualitaria y lo más democrática posible puede resultar difícil, poco eficiente e, incluso, pesado. De estos problemas Podemos Toledo es consciente, y en donde está poniendo sus esfuerzos. No es posible alcanzar un punto de inflexión, a través del cual el movimiento pueda prosperar, sin ser exitoso al tomar decisiones, al llegar a un consenso.

Cuatro grupos de trabajo son los que conforman este círculo, entre los que se cuentan información, interna, externa y redes sociales, como solidaridad y trabajo, finanzas y coordinación y apoyo provincial. El grupos solidaridad y trabajo tiene a su haber quizás una de las labores más significativas dentro del movimiento, porque están a cargo de contactar con la mayor cantidad de grupos, movimientos y colectivos sociales y ciudadanos, para alcanzar un consenso en una asamblea general, proyectada para otoño. Por parte del grupo de coordinación y apoyo provincial, la labor es, a pesar de que el círculo se mantiene en términos municipales, apoyar a los distintos círculos que están naciendo a lo largo de la provincia, como es el caso de los de Ocaña y Yepes, discutidos en la última asamblea.

El círculo es consciente de los contratiempos a los que tienen que enfrentarse a la hora de intentar confluir en un movimiento político que se plantee, siquiera, llegar al Gobierno municipal de Toledo, como es el caso del 'pucherazo' electoral, cuyo proyecto ya ha pasado su primer trámite en las Cortes regionales. ¿Coalición o no coalición? El planteamiento es claro por parte de los miembros más activos del movimiento: mientras se mantenga la dinámica puramente democrática de Podemos, no es un planteamiento que se rechace, sino todo lo contrario. Todavía queda mucho por decidir, empezando sólo por definirse definitivamente como asociación o, derechamente, como partido político. Pero todavía queda mucho verano.