Un total de 16.758 unidades familiares distintas han sido beneficiarias de Renta Garantizada en 2024, según el balance de esta prestación que ha elaborado el Gobierno de Navarra. La media mensual de unidades perceptoras ha sido de 12.868, un 21% menos que en 2023, cuando hubo 16.384 unidades perceptoras, mientras que en 2022 fueron 17.259 y en 2021 un total de 18.366. 

En 2023 cambió la normativa y, desde entonces, las ayudas a personas con pensiones no contributivas de jubilación ya no se benefician de deducciones anticipadas, sino que pasaron a percibir el importe a través de la Renta Garantizada. Así, desde 2023 se han incrementado las unidades perceptoras mayores de 65 años, pasando de las 347 en 2022, a 926 en 2023 y en 2024 alcanzan las 1.047, lo que supone un incremento neto de 700 unidades perceptoras mayores de 65 años que anteriormente no eran atendidas por la prestación. 

16.758 unidades familiares y 36.249 personas beneficiarias 

A través de las 16.758 unidades familiares, con una media mensual de 12.868, la prestación da cobertura a un total de 36.249 personas (el 5,34% de la población navarra). El 53,76 % de las personas beneficiarias son mujeres y el 46,24% hombres. Este porcentaje prácticamente no ha variado en los últimos 5 años. Se observa la misma tendencia en cuanto a los grupos de edad, siendo menores el 38,28 % de las personas atendidas (es decir, 13.964 menores) alcanzando valores absolutos muy parecidos a los del año 2019. 

Analizando las personas demandantes, se aprecia un mayor porcentaje de mujeres solicitantes de la prestación en nombre de la unidad familiar (el 58%). En los últimos cinco años, aproximadamente 6 de cada 10 solicitantes de la prestación son mujeres. En cuanto a las edades de las personas solicitantes, es destacable el % de incremento de las unidades perceptoras de la franja 25-34 años y también las de más de 65 años. Este grupo, como ya ocurrió en el año 2023, ha incrementado su peso porcentual principalmente por la incorporación de las personas perceptoras de pensiones no contributivas de jubilación a la renta garantizada.

Por otra parte, el 79,37% de las unidades familiares tienen entre 1 y 3 miembros. Es destacable el leve descenso en el peso de las unidades familiares son de carácter unipersonal, siendo el más bajo de los dos últimos años. El 28,3% de las familias cuenta con un solo progenitor, siendo en su gran mayoría monomarentales (4.735, que representan el 45.8 % de las unidades familiares cuya solicitante es mujer). 

Las personas solicitantes con nacionalidad española siguen siendo mayoritarias (el 51.4% del total de solicitantes), si bien se aprecia ya una clara tendencia a la igualdad entre las personas titulares. Si en lugar de la nacionalidad se tiene en cuenta el país de nacimiento, las personas autóctonas representan el 36,7%, porcentaje que también disminuye progresivamente desde el año 2014.

Por áreas de Servicios Sociales, en Pamplona / Iruña se ha concentrado la mayor parte de unidades familiares (el 40 %). Le sigue la Comarca de Pamplona con el 21,8%, a continuación, la zona de Tudela con el 16,2%, el área de la de Estella-Lizarra (10,9%), la de Tafalla (6%) y finalizan las dos áreas de la zona norte, la Noroeste con el 3,6% y la Noreste con el 1,6%. Esta distribución se mantiene estable desde el año 2016.

En cuanto a Zonas Básicas y Unidades de Barrio, destacan por encima del 5%, la Unidad de Barrio de la Rochapea (7,1% del total), el SSB de Tudela (6,1%) y el de Berriozar (5,5%). El resto de zonas básicas se mantienen por debajo del 5%. Destaca el descenso progresivo del porcentaje de la unidad de barrio de Milagrosa, bajando del 5% por primera vez desde el año 2012 en la serie histórica presentada. 

661 euros de media al mes

La media mensual de la prestación en el momento de la concesión ha sido de 661,81 euros al mes por unidad familiar. En 2024 en términos de ejecución presupuestaria se ha realizado un gasto de 111.386.514,01 euros, lo que supone un incremento respecto al año 2023 de un 7%. Este incremento se explica, por un lado, por la actualización de la prestación con 6,38% según la tasa de variación del coste salarial ordinario, tal y como está recogido en Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada.

Además, la concurrencia de expedientes de Rentra Garantizada con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), ha generado la compensación de cuantías de Renta Garantizada una vez concedido el IMV. Esta compensación se ha llevado a cabo en un proceso de modificación de la cuantía reconocida de renta garantizada, aminorando la misma en la cantidad reconocida de IMV y por los periodos concurrentes.

10.531 contratos laborales a personas perceptoras

4.669 personas en edad laboral, pertenecientes a 4.235 unidades perceptoras de la prestación han sido contratadas a lo largo de 2024, con un total de 10.531 contratos (es decir, una media de 2.26 contratos por persona). Representan el 22% de las personas en edad laboral en 2024. Si se compara las personas contratadas con aquellas que están disponibles para el empleo, representan el 40.17% del total. 

El estudio refleja que, de las personas en edad laboral en 2024 (20.870 en total), 9.249 no estaban en condiciones de acceder al trabajo en el momento de la percepción, cifra muy similar a la del año anterior. Las razones más comunes por las que no se encuentran disponibles tienen que ver con las circunstancias personales: situación administrativa irregular, dificultades relacionadas con la salud, falta de red de apoyo para la conciliación familiar. 

En relación a los contratos laborales, por primera vez, se observa, una mayor contratación entre las mujeres que entre los hombres. En cuanto al origen de las personas contratadas el 62,8% es de origen migrante, frente al 37.2% de personas autóctonas. Este porcentaje se repite tanto en mujeres como en hombres. Por el contrario, si nos fijamos en la nacionalidad, el dato se invierte, alcanzando el 54,5% las personas de nacionalidad española, lo que indica un nivel alto de arraigo de las personas de origen migrante que acceden al empleo siendo perceptoras. Estos datos se consolidan respecto a años anteriores.

Cabe recordar que la Ley Foral de Renta Garantiza contempla un mecanismo denominado estímulos al empleo que permite que durante un tiempo se compatibilice el cobro (aminorado) de la Renta Garantizada y el cobro de un salario, suponiendo un incentivo económico que anima a incorporarse a un trabajo. Así, estos mecanismos se han aplicado en 7.558 expedientes. 

30.894 procedimientos de control y seguimiento

Durante 2024 han aumentado los procedimientos de control y seguimiento. En concreto, se han realizado 30.894 procedimientos de control y seguimiento de los requisitos y condiciones, un 10,6% más que en 2023 (casi 3.000 más), y como consecuencia se han realizado 3.953 extinciones de la prestación, 21.853 modificaciones de los importes, 3.637 suspensiones (tiempo sin recibir la prestación) y se han impuesto 79 sanciones. 

Cabe destacar que en los últimos años ha habido un notable incremento de los procedimientos de control y seguimiento, pasando de 12.241 en 2018 a más de 30.000 actuales 

La Renta Garantizada es una prestación propia de Navarra, complementaria a otras prestaciones. En 2024 las unidades perceptoras de RG que compatibilizan algún periodo del ejercicio con IMV fueron 3.433, mientras que 1.063 lo compatibilizaron con pensiones no contributivas. El IMV es una prestación implementada por el Estado que se financia vía convenio económico y es compatible con otras prestaciones o ingresos, y en Navarra con la RG. Cabe recordar que cada prestación tiene diferentes requisitos de adjudicación, especialmente en la configuración de la unidad de convivencia, en las diferencias temporales del cómputo de rentas o en la situación administrativa. Así, hay personas que reciben sólo el IMV, hay personas que reciben sólo la Renta Garantizada y hay quien compatibiliza ambas. 

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha anunciado en el pleno celebrado este jueves en el Parlamento de Navarra, el primero del 2025, que en próximas fechas presentará un proyecto de reforma de la ley de Renta Garantizada para mejorar la empleabilidad de las personas que se benefician de esta prestación. Para ello ha pedido “contar con los consensos suficientes permitan avanzar hacia una herramienta más efectiva y más eficiente”.

En respuesta a una interpelación formulada por el PSN en el Pleno parlamentario de este jueves, Maeztu ha explicado que en las próximas semanas establecerá un calendario de reuniones con todos los grupos parlamentarios para presentar con detalle el contenido de la modificación que van a plantear. “Estableceremos los primeros contactos con los grupos que sustentan el Gobierno para, teniendo en cuenta lo recogido sobre esta cuestión en el acuerdo programático, plantear la reforma que defendemos. Después nos reuniremos con nuestro socio presupuestario y, finalmente, también presentaremos esta propuesta al resto de los grupos políticos de esta Cámara”, ha dicho.

La propuesta del Gobierno, ha señalado Maeztu, “busca acompañar mejor a las personas perceptoras, acompasar mejor su acceso al empleo cuando sea posible y acomodarse también mejor a la convivencia con el ingreso mínimo vital”. “Nuestra propuesta es fruto de las demandas de los profesionales, de los estudios que hemos hecho, de la experiencia acumulada que tenemos y está orientada, en todo caso, a esa necesaria autonomía y a ese objetivo que compartimos todos de mejorar la inclusión social de las personas”, ha manifestado. Se pretende, además, “reducir burocracia y papeleo y dejar que los profesionales tengan mayor tiempo para acompañar a las personas”.

La consejera también ha hecho referencia al informe que la Cámara de Comptos dio a conocer ayer miércoles, “sobre el que ya he solicitado la comparecencia para dar todas las explicaciones”. “El Gobierno siempre tiene en cuenta y valora cualquier informe de fiscalización que realice la Cámara de Comptos y que tiene en consideración sus recomendaciones”, ha dicho, si bien ha añadido: “No podemos hacer una lectura catastrofista, como ya estamos viendo que la están haciendo algunos grupos de esta Cámara, porque hay mucho trabajo que se hace y muchas cosas que funcionan bien”.

Por todo ello, Maeztu ha esperado “contar con el apoyo suficiente” para sacar esta reforma adelante y “con el mayor consenso político de todos los grupos políticos”. Tras subrayar que “plantear una modificación no es reconocer que no funcionan las cosas” sino que “es querer avanzar, es querer mejorar”, ha esperado poder “ser capaces de superar posturas meramente políticas, posiciones inmovilistas y pensar en el bien común”.

UPN sin embargo ha criticado con dureza la gestión de la Renta Garantizada por parte del Gobierno foral. “Puede adornar como quiera, si quiere le puede poner un lazo, pero la realidad es muy tozuda”, ha solemnizado la parlamentaria regionalista Raquel Garbayo. “Ha tenido que venir la Cámara de Comptos a darles un tirón de orejas y decirles lo que desde UPN venimos diciéndoles desde hace muchísimos años, y es que este modelo de renta garantizada no funciona. No solo que no funciona, sino que su gestión ha sido nefasta, tiene una alarmante falta de control de las prestaciones por parte de su departamento”, ha añadido.

La Generalitat de Catalunya se ha comprometido a “explorar las vías legales” para elaborar una amnistía para las familias vulnerables que han recibido prestaciones indebidas durante los últimos años. Así lo ha comunicado la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez, que ha comparecido en el Parlament una semana después de1 que se conociera que 9.500 familias habían recibido ayudas que no les pertocaban.

Según cálculos más actualizados, el número de posibles cobros indebidos se ha elevado a 12.503 personas, de los cuales ya se han confirmado 2.829 casos, a los que ya se ha reclamado el retorno. De media, se pide la devolución de 7.757 euros.

Pero este martes, Martínez Bravo se ha comprometido a estudiar mecanismos que permitan que algunos casos se libren de retornar el dinero. La consellera ha especificado que sólo serán amnistiadas aquellas familias que en el momento de recibir la notificación sigan siendo vulnerables y que acrediten que no han actuado de mala fe para recibir las prestaciones.

Y es que los pagos indebidos se han dado por dos casuísticas, según el Govern. Hay casos de personas que comunicaron en su momento un cambio en su situación personal y económica, pero como la administración “tardó unos meses en realizar el cambio”, estos hogares han cobrado dinero que no les correspondía, tal como explicó el secretario general del Departament, Raúl Moreno. Por otro lado, también se han detectado casos de usuarios que no han notificado el cambio de estado.

La consellera ha querido recordar que esta problemática es “sobrevenida” y ha asegurado que “desde el primer día” su equipo ha trabajado para resolverla y parar el envío de nuevas cartas que informan a posibles beneficiarios de prestaciones indebidas. Igualmente, el Govern trabaja en mejoras en el sistema de gestión para evitar que estos problemas se repitan en el futuro.

Los cambios que estudia el Departament se basan en reforzar los equipos e impulsar el cruce de datos de las diversas administraciones implicadas en las ayudas, ya que actualmente el cobro se basa en declaraciones responsables de los mismos usuarios.

Durante su comparecencia, Martínez Bravo ha detallado que en los últimos cuatro años, la Dirección General de Prestaciones Sociales han estado activas cerca de 160.000 ayudas de Renta Garantizada de Ciudadanía

Un total de 9.500 familias han recibido o recibirán una carta de la Generalitat antes de que acabe el año en la que se les comunica que deben retornar dinero recibido de prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). La cantidad que reclama el Govern es, de media, de 7.500 euros, lo cual suma un total de más de 71 millones, tal como ha avanzado Catalunya Ràdio y ha confirmado elDiario.es.

El secretario general del Departament de Derechos Sociales, Raúl Moreno, explica que la situación se debe, principalmente, a dos errores. Hay casos de personas que han comunicado un cambio en su situación personal y económica, pero como la administración “ha tardado unos meses en realizar el cambio”, estos hogares han cobrado dinero que no les correspondía. Por otro lado, también se han detectado casos de usuarios que no han notificado el cambio de estado.

La consellera, Mònica Martínez Bravo, ya ha solicitado comparecer la próxima semana ante el Parlament para tratar esta situación. El Departament asegura que es una “problemática sobrevenida” que el nuevo Govern se ha encontrado y asegura que tiene origen en “el diseño de algunas prestaciones y en las limitaciones de recursos para gestionarlas”.

“Nuestra responsabilidad es solucionarlo”, ha asegurado Moreno, que añade que la Generalitat no desea “generar más problemas a familias en situación de vulnerabilidad”. Con todo, el Govern está trabajando en cambios técnicos y legislativos que permitirán a la administración tener “sistemas para detectar automáticamente estos cambios” y evitar estas situaciones.

Esta situación no es nueva de 2024, tal como asegura la Sindicatura de Greuges (el defensor del pueblo catalán), pero durante este año “la cuestión se ha acelerado”. Por ello, esta institución ha abierto una actuación de oficio. De momento, aseguran, no tienen respuesta del Departament.

“Sin minusvalorar casos de mala fe por parte de algunos receptores, la sensación es que la mayoría de pagos indebidos que se reclaman se generan por una actuación deficiente de la administración”, tal como apuntan desde la Sindicatura, que afea a la Generalitat que no “procesa adecuadamente” la información y que tiene un “retraso considerable” en los procesos de revisión de los expendientes.

Según la Sindicatura, el retorno de estas cantidades puede ser “muy difícil” para las personas afectadas. La administración, que cuenta tener una resolución a finales de año, está ponderando los posicionamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre situaciones equivalentes y estudiando soluciones para “no vulnerar derechos a personas especialmente vulnerables que se encuentran atrapadas en un problema que no han provocado ellos”.

Mónica Martínez Bravo (Barcelona, 1982), la nueva consellera de Derechos Sociales y Inclusión de la Generalitat, ha sido uno de los fichajes estrella del president Salvador Illa. Hija de un barrio humilde de la capital catalana, se licenció en Economía en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), se doctoró en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Estados Unidos –especializada en desigualdades sociales–, y fue galardonada como la mejor economista de España menor de 40 años. 

Tras asesorar el Gobierno central con el despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV), en 2023 dio el salto a la Administración como secretaria general de Inclusión, y ahora aterriza en la conselleria con el objetivo, entre otros, de completar el traspaso de esta prestación a manos de la Generalitat y de conseguir que llegue a toda la población en situación de pobreza. En su primera entrevista en el cargo, defiende el replanteamiento del Plan Piloto para una Renta Básica Universal (RBU), una mayor eficiencia de los servicios sociales para evitar su deterioro y llama a redoblar esfuerzos para acoger a los menores extranjeros que llegan a las costas canarias.  

¿Puede decir cuándo veremos en Catalunya una ventanilla única para la solicitudes del IMV y de la prestación catalana, la Renta Garantizada de Ciudadanía? 

Estamos muy ilusionados con la gestión del IMV desde Catalunya, que permitirá hacerlo de forma más cercana y pulir algunas de sus limitaciones, como es la integración con servicios sociales para que la tramitación sea más ágil. Es una oportunidad inmensa para sacar el mejor partido de ambas prestaciones y que donde no llegue una, pueda llegar la otra. Y también para que el ciudadano pueda solicitarla con el menor número de trámites. Pero es cierto que es complejo, con lo cual es más importante hacerlo bien que hacerlo rápido y mal. En el País Vasco estuvieron más de dos años hasta que se hizo efectivo el traspaso. Nosotros queremos acortarlo. 

¿El compromiso es por lo tanto fusionar ambas prestaciones para que los ciudadanos vulnerables no tengan que hacer dos solicitudes como ahora? 

El objetivo es una única solicitud y una única resolución. Que al ciudadano le llegue una única carta donde diga qué corresponde al Ingreso Mínimo y qué a la Renta Garantizada. Dado que el primero tiene una legislación estatal, lo inteligente es adaptar la segunda para que cubra sus limitaciones. Por ejemplo, el IMV considera unidad de convivencia todas personas empadronadas en un hogar. Pero puede pasar que en esa casa haya un tío que tiene un trabajo estable y por ello quedan fuera de la prestación. La idea es diseñar la Renta Garantizada para conseguir que se rechacen el mínimo de casos. 

Uno de los principales problemas de ambas prestaciones es que no llegan a todos los potenciales beneficiarios. Según la entidad ECAS, el 60% de la población en pobreza severa no recibía ninguna de las dos. ¿Cómo es posible cuando ya llevamos varios años desde su puesta en marcha? 

No se trata de una sola problemática. Es cierto que hay gente a la que le falta información, o que existen dificultades en la solicitud por ser un trámite complejo. Pero también el diseño de la prestación hace que no sea atractiva para muchos, a pesar de que se trata de dinero. A veces las cantidades se dan en base a ingresos de hace un año y esos datos están disponibles con retraso, con lo que se crea un decalaje. Cuanto más lejos estás del umbral, más probable es que pidas la prestación y te sometas a los trámites, pero hay familias que están al límite, que quizás les tocarían 100 euros al mes, y que lo ven tan complejo que prefieren centrar su tiempo en buscar trabajo. Ahí tenemos que redoblar esfuerzos. 

¿Qué van a hacer exactamente desde la conselleria para resolverlo? 

En cuanto al IMV, hay que reivindicar que siga ganando agilidad y que el análisis de los ingresos de los ciudadanos se aproxime a la fecha de solicitud.

¿Esto lo puede hacer la Generalitat? 

Exige pasar por el Congreso de los Diputados y buscar los apoyos necesarios. Pero hay que hacerlo. El Ingreso Mínimo es uno de los mayores impulsos del Estado del Bienestar de las últimas décadas, pero debemos ser valientes y mejorarlo. 

¿Desde la Generalitat pedirán entonces que se reforme la ley para que sea más ágil la tramitación?

El Ministerio [de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones] ya es consciente de ello. La prestación está en constante evaluación. Poner más información, acompañamiento y ayudas a la solicitud contribuye pero no es suficiente para solucionar el problema. 

Dar prestaciones sociales de forma ágil es fundamental para el futuro del Estado del Bienestar

Una familia de cuatro miembros recibe ahora una prestación de 1.300 euros al mes. Cáritas denunció que esto en Barcelona cubre el 35% de los gastos básicos para vivir. ¿Prevén aumentar las mensualidades?

Sé que hay demandas en este y otros sectores. Pero creo que antes de correr a aumentarla, la cuestión es lograr que se despliegue y llegue a todos los que deberían recibirla. Un modelo que me gusta es el que abre la vía a complementos al margen de la prestación básica, como es el de la infancia, que tiene un umbral más laxo y puede llegar al 40% de la población con menos recursos. ¿En un futuro podría haber complementos para asumir otros gastos o el creciente coste de la vida? Es interesante explorarlo.

Las quejas por el exceso de trámites que deben hacer las familias vulnerables va más allá de esta prestación: va desde las becas comedor al bono social eléctrico (que no alcanza al 80% de quienes pueden recibirlo) pasando por las ayudas al alquiler. ¿Qué hará para acabar con estos viacrucis administrativos?

Lo intentaremos con todas nuestras fuerzas, porque son trámites extremadamente complicados. Tenemos que poner los datos a trabajar. Hacen falta estructuras digitales pensadas para tener un estado del bienestar que funcione en base a automatismos, para hacer la vida más fácil al ciudadano. Que las distintas administraciones tengan interoperabilidad de datos no es un capricho, es una necesidad para acabar con la pobreza y la desigualdad. 

En cuanto al bono social, el modelo portugués, por ejemplo, pasa por que la Administración facilite directamente la lista de las personas que tienen derecho al bono. ¿No cree que sería más ágil? 

Desconozco los detalles de su implementación. A veces requiere cambiar leyes, como la de Protección de Datos, aunque esta es europea. Si los portugueses han podido hacerlo, ¿por qué nosotros no? Hay que ser ambiciosos. Dar prestaciones de forma ágil es fundamental para el futuro del Estado del Bienestar.

Esta semana han relevado al director de la Oficina del Plan Piloto para la Renta Básica Universal (RBU). El PSC nunca ha sido partidario de esta iniciativa, pero el pacto de investidura con ERC contempla llevarlo a cabo. ¿Lo mantendrán tal cómo lo diseñaron sus antecesores?

De entrada, quiero decir que cumpliremos íntegramente todos los acuerdos, este incluido. Mantendremos la Oficina y haremos el plan piloto. Pero es cierto que su diseño tenía limitaciones, como por ejemplo que los beneficiarios podían pasar a acumular pagos indebidos y que la Seguridad Social les contactase y se los reclamase al cabo de un año. No estaba bien resuelto. Ahora estamos en fase de análisis y escucha para poder hacerlo bien. 

El Ayuntamiento de Barcelona hizo un plan piloto en la zona del Besòs, el B-Mincome, con transferencias a familias vulnerables, y no tuvieron problemas como el que cita. 

No sé cómo se hizo ni si incluyó a personas con prestaciones que tuviesen incompatibilidad. La alternativa es hacer un piloto ligeramente diferente y sin los colectivos que tienen esas incompatibilidades, como se ha hecho en Finlandia. Si destinamos un dinero a esta evaluación, debemos asegurarnos de que sea sólida y no crear problemas a los ciudadanos. 

En todo caso, lo que se propuso abarcaba a 10.000 catalanes, de los que 5.000 iban a recibir esa prestación de 800 euros al año por persona durante un curso. Ese piloto ascendía a 40 millones al año, pero el PSC lo tumbó durante la negociación de presupuestos de 2023, al considerar que era un gasto excesivo. ¿Su intención es hacer algo parecido a ese plan? ¿O de menor alcance? 

El coste global da para una reflexión. 40 millones al año más otros costes no contemplados lo hacen extremadamente caro. Es el más caro que se ha hecho en la historia de la humanidad. Habría que buscar vías para hacer evaluaciones más efectivas, que siguiesen informando para el debate de la Renta Básica Universal, pero con un coste más comedido y acorde a la evidencia científica. Aun así, insisto en que no renunciaremos a hacer un buen piloto. 

El coste global del plan piloto de la Renta Básica Universal da para una reflexión. 40 millones al año más otros costes no contemplados lo hacen extremadamente caro. Es el más caro que se ha hecho en la historia de la humanidad

Una de las prioridades que ha señalado es la de reducir el número de menores tutelados de 0 a 6 años que viven en residencias y no en familias de acogida. Es un objetivo que se han fijado antes muchos otros consellers, pero sin demasiados avances. ¿Qué medidas concretas prevé para lograrlo?

Haremos un plan de choque para estas familias. Lo primero es hablar con esas familias de acogida, y también con las que lo han intentado y han desistido, para entender qué ha ocurrido. A veces los trámites son largos, a veces se les piden demasiados pasos burocráticos, se sienten más observadas que acompañadas… No hay ayudas ni prestaciones pensadas para ellas y se puede valorar, pero creo que muchas veces lo que necesitan es sentirse valoradas. Con todo, si al final vemos que es un tema de falta de recursos económicos, los movilizaremos. 

Ha llegado al cargo en plena polémica sobre el reparto de menores migrantes que llegan en situación irregular a Canarias y la reforma de la Ley de Extranjería. Como responsable de Infancia en Catalunya, ¿cómo cree que debería ser su proceso de acogida? 

Debería haber reglas claras y objetivas de reparto acordadas por todas las comunidades autónomas, para que las contingencias no nos obliguen a sentarnos y a debatir y a que sea una cuestión voluntaria. Si cada vez abrimos una negociación no acabaremos nunca. Debemos ponernos de acuerdo y que se agilice el proceso igual como hacemos con los colectivos en asilo hasta cierto punto. 

Sus antecesores en el cargo, de ERC, alegaban que en las negociaciones del reparto no se tenía en cuenta la singularidad de Catalunya, que pese a estar lejos de casos como Canarias o Ceuta y Melilla, hace un esfuerzo de acogida superior al resto. ¿Usted lo comparte?

Catalunya siempre ha sido una región que ha mostrado gran solidaridad y voluntad de acogida en su historia. En el pasado más reciente, con estos menores, ha sido de las comunidades autónomas con más voluntad y las cifras así lo reflejan. Ahora bien, dada la situación dramática que hay en Canarias, todas debemos redoblar nuestros compromisos. Y no lo digo solo desde la vertiente humanitaria. En general la migración es uno de los principales activos que tenemos como sociedad. En Catalunya tenemos un programa pionero de acompañamiento a los extutelados [hasta los 23 años] para ayudarles en la transición a la vida independiente, y muchos de ellos están yendo a la universidad. Qué menos que invertir en esos jóvenes para que sean motor de crecimiento y contribuyan a nivel social. 

La migración es uno de los principales activos que tenemos como sociedad. Qué menos que invertir en estos jóvenes para que sean motor de crecimiento y contribuyan a nivel social.

¿Qué le parece que Junts rechace un pacto en este sentido hasta que no se traspasen las competencias en inmigración? 

Hay medidas que no pueden esperar a que tengamos nuestra configuración ideal de reparto de competencias o de financiación. A día de hoy tenemos una crisis humanitaria, esa es la realidad, con niños y niñas en extrema vulnerabilidad, sin referentes familiares y que necesitan ayuda urgente. Cualquier persona que visite esos centros, o hable con cualquiera de estos chicos y chicas, o se imagine remotamente por lo que atraviesan, ve que es central. Por eso me sorprenden los planteamientos de no querer acoger hasta tener una configuración ideal. 

El delegado del Gobierno en Catalunya ha advertido en los últimos meses a Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, por no empadronar a personas en situación irregular. Pero lo cierto es que hay otros municipios, algunos gobernados por socialistas, que tampoco lo hacen. ¿Va a perseguir esas prácticas?

No se si perseguir es la palabra. La Generalitat tiene un rol de coordinar las políticas que pasan en el territorio y velar para que se aplique la legislación vigente. Sobre Ripoll, lo dijo el president Salvador Illa en el Parlament: la Generalitat estará al lado de todos los habitantes y vigilante para que se cumplan sus derechos y sus deberes. Nuestra vocación es que eso sea para todo el territorio. 

Hace unos meses la Generalitat pactó un aumento del 5% de las tarifas de la cartera de servicios sociales. Ahora que se abre la negociación de los presupuestos de 2025, ¿prevé un nuevo aumento?

Estamos pendientes del escenario presupuestario. Nuestro compromiso es seguir con el diálogo social y con la negociación. Lo que sí creo es que este sector necesita que ayudemos a dignificarlo, especialmente a sus trabajadores y trabajadoras, que son sobre todo mujeres. Sus condiciones laborales no son muy favorables y somos conscientes del reto que supone. 

Ha anunciado 6.000 nuevas plazas de residencias para personas mayores y discapacitados. ¿Supondrá esto un cambio significativo en las listas de espera? 

Será una bocanada de aire para el sector. Pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad y la obligación de poner luces largas y abordar el reto del envejecimiento de la población, impulsando un nuevo modelo de desinstitucionalización y de apoyo a las familias en sus hogares. Hay que dar cuenta del gasto o de la inversión que necesitaremos para dar buena calidad a esos servicios públicos y que no se deterioren, porque entonces si no el servicio será de mayor calidad para el que pueda pagárselo y deficiente para el resto de la población. 

A pesar de ello, y de la pandemia, los sindicatos denuncian que el modelo catalán sigue favoreciendo lo privado y sin mejoras laborales. ¿Qué les dice a los trabajadores?

Les diría que llevamos mes y medio en el gobierno, que hemos anunciado un incremento del 5% en las tarifas en 2024 y que, sabiendo que no es suficiente, será un primer paso. Aun así, en algunos lugares tenemos dificultades para encontrar personal para cubrir vacantes, lo que sobrecarga a las trabajadoras. Debemos trabajar lo más rápido posible para asegurarnos de que el mercado laboral está bien dimensionado para este gran reto. Además, en este sector hay otras herramientas a explorar, como las mejoras tecnológicas o la compatibilidad de servicios en distintas áreas. El abordaje debe ser integral y más dinero no será la única solución. 

El balance de 2023 de la Renta Garantizada recoge un descenso de las familias que perciben esta renta mínima en Navarra refleja un aumento del número de personas que dejan de cobrarla por haber encontrado un empleo y se mantiene estable, en un 27%, el número de perceptores que la compatibilizan con contratos laborales. Así lo han trasladado este viernes la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Carmen Maeztu, y la directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Inés Jimenez, que han presentado el estudio en rueda de prensa.

Maeztu ha destacado que la renta garantizada es una herramienta que hace “más sólido” el sistema de bienestar y que “ayuda a combatir la pobreza y a proteger a las personas y especialmente a la infancia en momentos de vulnerabilidad”. Ha señalado que “además de proporcionar una cobertura económica, trata de ofrecer itinerarios de acompañamiento y herramientas encaminadas a la inclusión social de las personas”.

“Ayudar y evitar que las personas enfrenten situaciones de pobreza no solo es de justicia social. Para una sociedad tener pobreza es también enormemente caro. Tiene un coste económico y social muy alto”, ha destacado Maeztu, para añadir que “tener más gente en la pobreza repercute en los servicios de salud, en salud mental, en justicia, en seguridad ciudadana, en educación...”.

“La inversión que hacemos en estas prestaciones, además, de éticamente incuestionable, es rentable desde el punto de vista económico, y en términos de coste efectividad. Navarra es la segunda comunidad por debajo del País Vasco con menor tasa de pobreza de toda España”, ha explicado.

La consejera ha incidido en que “los datos que presentamos son tozudos” y ha insistido en que “hay dinamismo, las personas no se cronifican en el cobro de la renta, es una prestación de carácter temporal, hay control y seguridad”.

Según ha expuesto, “el sistema, como todo sistema, es mejorable y de hecho estamos tratando de adaptar los ámbitos en los que vemos que hay margen de mejora”. “Pero el sistema funciona, está ayudando a muchas personas, a muchas familias”, ha dicho Maeztu.

16.384 unidades familiares beneficiarias

En 2023 han sido beneficiarias de Renta Garantizada 16.384 unidades familiares distintas, no obstante, la media mensual de unidades perceptoras en nómina ha sido de 12.618; han disminuido un 4,7% respecto a 2022, lo que sitúa el número medio muy aproximado a los valores de 2018. En concreto, las unidades perceptoras de la Renta Garantizada han descendido en 1.982 familias en los últimos dos años: en 2023 hubo 16.384 unidades perceptoras, mientras que en 2022 fueron 17.259 y en 2021, 18.366. El descenso, supone un 5% respecto a 2022, y un 11% desde 2021.

En 2023 cambió la normativa y, desde entonces, las personas con pensiones no contributivas de jubilación ya no se benefician de deducciones anticipadas, sino que han pasado a percibir el importe de la deducción a través de la renta garantizada. Esto se ha traducido en que han accedido a la prestación 542 unidades perceptoras por lo que, sin el acceso de estas personas, la tendencia a la baja todavía sería más significativa, han indicado.

A través de las 16.384 unidades familiares, la prestación da cobertura a un total de 35.471 personas (el 5,28% de la población navarra), un 6,97% menos de personas que en 2022. El 53,77% de las beneficiarias son mujeres y el 46,23% hombres. En cuanto a los grupos de edad, el descenso afecta más a personas adultas (un 9% menos) que a menores de edad un (2% menos), lo que aumenta el peso o la representatividad de las personas menores de 18 años. Así, el 38,28% de las personas atendidas por esta prestación son menores (es decir, 13.579 menores).

Según la distribución por sexo, se aprecia un mayor porcentaje de mujeres que solicitan la prestación en nombre de la unidad familiar (el 57,8%). En los últimos cinco años, aproximadamente 6 de cada 10 solicitantes de la prestación son mujeres.

Por otra parte, el 81,71% de las unidades familiares tienen entre 1 y 3 miembros, siendo relevante que el 49,38% de todas las unidades familiares son de carácter unipersonal. El 28,5% de las familias cuentan con un solo progenitor, siendo en su gran mayoría monomarentales (4.413, que representan el 46,6% de las unidades familiares cuya solicitante es mujer).

Las personas solicitantes con nacionalidad española siguen siendo mayoritarias (el 53,4% del total de solicitantes), si bien “se aprecia ya una clara tendencia al descenso interanual desde 2016 de la representatividad de este colectivo”. Si en lugar de la nacionalidad se tiene en cuenta el país de nacimiento, las personas autóctonas representan el 37,33%, porcentaje que también disminuye progresivamente desde el año 2014.

Por áreas de Servicios Sociales, en Pamplona se ha concentrado la mayor parte de unidades familiares (el 40,8%). Le sigue la Comarca de Pamplona con el 21,2%; a continuación, la zona de Tudela con el 16%; el área de la de Estella (10,7%); la de Tafalla (6%); y finalizan las dos áreas de la zona norte, la Noroeste con el 3,7% y la Noreste con el 1,6%. Esta distribución se mantiene estable desde el año 2016.

En cuanto a Zonas Básicas y Unidades de Barrio, destacan por encima del 5%, la Unidad de Barrio de la Rochapea (7,6% del total) y la de la Milagrosa-Azpilagaña (5%), el SSB de Tudela (5,7%) y el de Berriozar (5,3%). “Datos que también permanecen estables desde 2016”, según el Ejecutivo.

La media mensual de la prestación en el momento de la concesión ha sido de 647,96 euros/mes por unidad familiar.

A pesar de la disminución de las unidades familiares perceptoras en 2023 se ha destinado un total de 103.942.216,36 euros lo que supone un incremento del 7,15% respecto a 2022. El incremento de gasto se debe principalmente a la actualización de la prestación con 8,8% del IPC tal y como está recogido en Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada.

En 2023 ha aumentado el número de personas que han abandonado el cobro de renta garantizada por encontrar un empleo siendo 1.683 las personas que se han dado de baja de la prestación por haber accedido a un trabajo. En 2021 fueron 1.404 y en 2019, 1.293.

Un total de 5.523 personas en edad laboral (de 4.525 unidades perceptoras distintas) que han percibido la Renta Garantizada han sido contratadas a lo largo de 2023, con un total de 13.771 contratos (es decir una media de 2.49 contratos por persona). Las 5.523 personas que han accedido a contratos laborales representan el 27% de las personas en edad laboral en 2023. Este porcentaje es muy similar al del año 2022, cuando fue 28%, “pero es muy significativo ya que en 2023 ha disminuido un 3% el número de personas perceptoras en edad laboral (20.621, un 58%, frente a las 23.110 personas edad laboral de 2022, un 61%)”. Es decir, ha precisado el Gobierno, se mantienen los niveles de contratación a pesar de que el porcentaje de personas perceptoras en edad laboral ha descendido, ya que hay más menores de 18 años y más mayores de 65 años. En cuanto al origen de las personas contratadas, el 65% de las que han accedido al empleo tienen origen migrante.

El informe también recoge que, de las 20.621 personas beneficiarias de renta en edad laboral en 2023, 9.265 no estaban disponibles para trabajar en el momento de la percepción. Las razones más comunes tienen que ver con las circunstancias personales: situación administrativa irregular, dificultades relacionadas con la salud (problemas de salud mental, discapacidad, consumos) o por falta de red de apoyo para la conciliación familiar, etc.

El 20 d'octubre passat, la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa (EAPN) presentava el seu informe anual sobre l'evolució de la pobresa a les Balears i a Espanya. Gràcies al sistema de prestacions i a l'escut social desplegat aquests darrers anys, el risc de pobresa es redueix d'un 40% a una mica menys del 20% de les ciutadanes i ciutadans de les Illes Balears, però 250.000 balears vivint sota el llindar de pobresa continuen sent massa ciutadans.

Al llarg dels anys s’han anat desenvolupant diferents prestacions econòmiques encaminades a garantir les necessitats més bàsiques dels ciutadans i ciutadanes del nostre territori: rendes mínimes d’inserció, rendes socials garantides, ingressos mínims vitals, etc. Prestacions, totes elles, de caràcter reactiu, condicionades i d’abast limitat que pretenen lluitar de manera directa contra l’exclusió social, la desigualtat i la pobresa d’una part de la nostra població.

L’aspiració legítima de disposar d’una Renda Bàsica Universal (RBU) per a tota la població d’un territori, és a dir, un ingrés pagat per l’Estat a tots i cadascun dels seus ciutadans i ciutadanes, podria semblar una evolució d’aquestes prestacions però no ho és en absolut.

La RBU significa desenvolupar un nou dret de ciutadania sostingut en tres principis bàsics: la individualitat, la no-condicionalitat i la universalitat. Un dret que requereix d’un canvi cultural i socioeconòmic molt profund per poder fer-lo efectiu i que ens portarà a preguntar-nos sobre la justícia, la necessitat i la sostenibilitat d’una renda d’aquest tipus.

La RBU ens faria més lliures perquè augmentaria el nostre poder de decisió com a ciutadans autònoms. Una renda individual a tot ciutadà major de 18 anys, que cobrís les necessitats bàsiques per sobre del llindar de pobresa del territori, ens permetria tenir un major marge per poder desenvolupar-nos i viure la vida que desitgem.

També ens faria més iguals perquè acabaria amb l’estigma social de les rendes per a pobres. La RBU no seria per a rics ni per a pobres, seria per a tothom. La no-condicionalitat de la prestació econòmica i la seva compatibilitat amb la suma de qualsevol tipus d’ingressos faria que la RBU actués com a sòl i mai com a sostre.

Finalment, la RBU Ens faria més solidaris perquè redistribuiria millor la riquesa. La globalització està canviant el nostre món ràpidament i molts dels instruments que servien per equilibrar la societat estan fallant. Arriba l’hora d’introduir nous instruments que serveixin per recuperar l’equilibri social.

La RBU ajudaria a redistribuir la riquesa de manera més equitativa en un món on el salari ja no serà el principal instrument de redistribució de renda. No és una renda per a pobres però ataca la pobresa d’arrel perquè estableix un ingrés per sobre del llindar de pobresa del territori per a tothom. Finalment, la RBU no demana res a canvi perquè es basa en la confiança que cada persona és prou madura per desenvolupar el projecte vital que desitja i, per tant, cada persona és lliure de decidir com vol contribuir a la societat.

El Gobierno de Navarra ha incluido en el anteproyecto de presupuestos que ha aprobado en su sesión de gobierno este pasado miércoles una previsión de subida de la renta garantizada para el 2023, tal y como había anunciado la consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo foral, Elma Saiz. Con esta subida, todavía pendiente de determinar, el gobierno busca minimizar la pérdida de poder adquisitivo de las casi 13.000 familias que reciben esta prestación básica por la subida de los precios de la energía y la inflación. Esta subida se suma a las ya anunciadas de un 4% en el salario de los funcionarios, que tendrá un coste de 60 millones de euros, y del 12% para la financiación de los ayuntamientos, a los que se destinarán 303 millones.

Tal y como se detalla en el artículo 29 de la ley foral de la Renta Garantizada, las cuantías se actualizarán anualmente con un porcentaje de subida que “como mínimo” el valor mayor entre el incremento medio anual del IPC en Navarra en el año anterior y el de los salarios medios. Desde el Departamento de Derechos Sociales estiman que el incremento será el equivalente al del IPC anual, cuyo aumento ha sido mayor al de los salarios. En los cálculos macroeconómicos que el Departamento de Economía y Hacienda envió a la Airef -órgano fiscal independiente- previo paso para fijar el techo de gasto, se fijó una inflación del 8,9% para el 2022.

En el anteproyecto de presupuestos que en los próximos días será enviado al Parlamento foral para comenzar con su tramitación, se recoge una subida del 16% en el gasto del Departamento de Derechos Sociales, que aumenta hasta los 615 millones de euros. Una parte importante del gasto irá destinado a las prestaciones básicas que Navarra ofrece, como son la Renta Garantizada, el complemento a las pensiones más bajas y a las de viudedad. Los técnicos han hecho una estimación de gasto de 88 millones de euros para la Renta Garantizada y de 50 millones para el Ingreso Mínimo Vital.

12.600 unidades familiares reciben la Renta Garantizada en la comunidad foral. De ellas, unas 6.000 son beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, cuyas cuantías son algo inferiores. Por ello, el Gobierno de María Chivite y el Ejecutivo central acordaron el traspaso de su gestión para que Navarra asumiera el pago de las prestaciones para luego “hacer los ajustes” en la cuantía que paga al Gobierno central por los servicios que presta en virtud del Convenio Económico.

Retraso en el traspaso de la gestión del IMV

Este traspaso, previsto para el mes de octubre, ha sufrido un ligero retraso fruto de la “dificultad” de la transferencia, apuntan desde el Departamento de Derechos Sociales a este periódico. Euskadi lo tiene ya desde hace meses y tramita a la vez el IMV y su renta propia, la RGI. Estas mismas fuentes aseguran que antes de que finalice el año estarán completos todos los trabajos, que ya se han iniciado.

Por el momento, todas las nuevas solicitudes que la Seguridad Social reciba en Navarra para el Ingreso Mínimo Vital ya serán transferidas a la comunidad foral. Al mismo tiempo se está trabajando en proceso de migración de datos entre ambas administraciones para que “antes de que acabe el año” sea Navarra la que pague las prestaciones del IMV.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha garantizado que no habrá ni subidas ni bajadas de impuestos en los presupuestos de 2023. Así lo ha asegurado en una entrevista en 'Els Matins' de TV3, donde ha apuntado que “la voluntad y decisión” es que no haya cambios impositivos porque el ejecutivo prioriza “mantener el sistema actual” en este momento de incertidumbre económica.

Igualmente, Aragonès ha insistido en que no se suprimirá el impuesto de sucesiones, tal y como reclama Junts, porque considera que Catalunya tiene un “modelo fiscal correcto”. Aún así, sí que prevé cambios en las prestaciones a personas vulnerables, debido al aumento de la inflación.

En esta línea, ha asegurado que se modificarán algunos baremos de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), cosa que comportará que más personas puedan ser beneficiarias de esta ayuda.

Para aprobar estos presupuestos, Aragonès ha asegurado que su intención es volver a apoyarse en los comunes y la CUP como socios prioritarios. Así, ha descartado al PSC al decir que ambos partidos tienen “modelos de país diferentes”.

Un total de 22.075 ciudadanos de Euskadi han respaldado con su firma una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la creación de una Renta Básica Incondicional (RBI) en Euskadi, una propuesta que a partir de ahora iniciará su tramitación en la Cámara autonómica, en la que los grupos deberán pronunciarse respecto a la iniciativa. Las más de 22.000 firmas de apoyo a esta renta incondicional, que han sido registradas este martes en el Parlamento Vasco por los promotores de la iniciativa, duplican el mínimo de 10.000 apoyos exigido para tramitar una ILP en la Cámara vasca, según recoge Europa Press.

Se propone una cuantía de la renta que alcanzaría los 900 euros mensuales para las mayores de 18 años y los menores independizados. Para las personas de entre 14 y 17 años, se concedería un 50% del total, 450 euros, mientras que la cuantía bajaría hasta los 270 euros, el 30% del total, para los menores de 14 años. Para acceder a esta renta, se requeriría contar con tres meses de residencia en Euskadi, pero no entrarían a valorarse aspectos como los convivientes, el patrimonio o los ingresos de la persona receptora.

La plataforma ciudadana que promueve la propuesta, que inició la recogida de firmas el pasado mes de septiembre, ha mostrado su satisfacción por los apoyos recibidos y, a través de un comunicado, ha destacado que se ha logrado “un salto adelante” para la creación de una prestación de este tipo. Este colectivo, que cuenta con el respaldo de ochenta organizaciones, ha destacado que los apoyos recibidos demuestran que la RBI es una herramienta “acogida favorablemente por una mayoría de la ciudadanía vasca”. Además, han afirmado que esta prestación es “una herramienta de política social y económica” que permitiría “avanzar hacia una sociedad mejor”.

En todo caso, la plataforma ha reconocido que a partir de ahora, la ILP depende de la postura que adopten los partidos representados en el Parlamento Vasco. “Son ellos quienes, con sus argumentos y con su voto, pueden permitir que esta ILP siga hasta el final el proceso de su tramitación como ley”, ha manifestado. Los impulsores de la ILP sobre la Renta Básica Incondicional han lamentado que durante el periodo de recogida de firmas, los pronunciamientos de partidos y sindicatos sobre la ILP y sobre la propia RBI “han brillado por su ausencia”.

A su juicio, es momento de que acabe este “silencio”, y de que los agentes sociales se pronuncien “sobre su adhesión o no a una herramienta político/económica que requiere el consenso de la mayoría”. En consecuencia, los promotora de la ILP y las organizaciones adheridas a la iniciativa iniciarán una nueva campaña para intentar que partidos, sindicatos y otras organizaciones sociales “definan públicamente si su postura es favorable o contraria a la ILP”. La plataforma ha afirmado que esta clarificación publica es necesaria por “un elemental ejercicio de transparencia política para con toda la ciudadanía vasca”.

En Euskadi ya existe también la renta de garantía de ingresos (RGI), una suerte de salario social para personas sin recursos o con nómicas o pensiones bajas. Existe como tal desde 2008 y ahora se complementa con el Ingreso Mínimo Vital estatal. Como adelantó este periódico, en los presupuestos de 2022 se prevé una revalorización de las cuantías del 3% y se destaca que es más que el 1,8% del ejercicio anterior. De este modo, la prestación básica para una persona salta de 706,22 euros a 727,40 euros mensuales, para un pensionista que viva solo de 810,28 a 834,58 y la prestación más alta (familia monoparental con tres miembros o más) ascendería de 1.035,86 a 1.066,93. Hace unos años se suprimió la indexación de estas ayudas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cuando el Gobierno de España empezó a subirlo de manera clara.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que la gestión que en estos tres años ha hecho el Consell del Botànic de la renta garantizada de ciudadanía ha logrado cifras récords de 51.247 personas destinatarias, un 61% más que las que había en 2013, uno de los peores años de la crisis.

Oltra ha recordado que el próximo 23 de abril entra en vigor la nueva renta valenciana de inclusión, que mejorará el acceso a la prestación y la amplía la cuantía, y es el momento de hacer balance la ayuda garantizada de ciudadanía, que en estos tres años ha tenido una aplicación “mucho más eficiente” de la que hizo el antiguo gobierno, que fue el que la creó.

En este sentido, ha explicado que en el año 2013, cuando la crisis económica “golpeaba más fuerte a las personas”, los destinatarios de la renta garantizada eran 31.886; una cifra que llegó a los 40.469 en 2014 y que en 2015 con la llegada del Consell del Botànic, en menos de 6 meses de gestión se llegó a los 42.247 destinatarios. Esta cifra ha seguido creciendo en los años siguientes, y así en 2016 se llegó a las 50.198 personas destinatarias y durante el año pasado la cifra creció hasta las 51.274.

Los datos de la gestión de estos últimos 3 años demuestran, según el Consell del Botànic, afirman que se está cumpliendo con su compromiso de “revertir el abandono de la renta por parte del antiguo gobierno” y evidencian una “marcada mejora” tanto en la gestión como en la implementación de la ley.

Otro dato que refleja la mejora de la gestión, tal y como afirma la vicepresidenta del Consell, es el crecimiento constante en los tres años del Consell del Botánic de las prestaciones concedidas y que en términos generales ha supuesto un 43,4% más respecto a 2015, puesto que el pasado año se concedieron un total de 27.252, frente a las 23.174 de 2016 y las 18.997 de 2015.

Para Oltra, este aumento en el número de prestaciones concedidas se debe a que el ritmo de gestión de las renovaciones de las ayudas es “mucho más ágil que antes”, lo que permite que muchas personas puedan cobrar “2 o 3 prestaciones al año”, favoreciendo así “una mayor continuidad de la prestación, proporcionando estabilidad a las personas”.

Al respecto, ha destacado los 131.559.889,53 euros que la Conselleria ha pagado en prestaciones durante los últimos tres años, y también ha puesto en valor que la línea tuvo a lo largo del ejercicio 2017, 4 incrementos presupuestarios hasta alcanzar los 57,9 millones de euros, una cantidad que contrasta con el presupuesto que se destinaba a esta prestación en 2014 donde la renta tenía un presupuesto de 22,7 millones de euros.

Mejoras en tres años

Oltra ha reivindicado la labor que se ha hecho en estos tres años para terminar con los retrasos que se acumulaba en el pago de esta prestación, y al respecto ha indicado que nada más llegar al Govern, concretamente en julio y en noviembre del 2015, la Conselleria aprobó sendas modificaciones presupuestarias que ascendían a un total de 2,4 millones de euros.

Entre los esfuerzo hechos, también ha resaltado la creación de nuevos puestos de funcionariales en las territoriales para intentar atender y reducir “el insostenible número de solicitudes no atendidas, de manera que en pocos meses, se logró reducir hasta los 15.545 la lista de espera.

Asimismo, ha recordado la decisión de considerar la renta como un derecho subjetivo, y la consiguiente declaración de esta partida presupuestaria como crédito ampliable, además de la aprobación de un decreto ley para agilizar trámites.

El decreto, además de agilizar los trámites administrativos, también considera a las direcciones territoriales dependientes de la Conselleria centros de atención directa,y que el plan familiar de inserción que deben elaborar los servicios sociales municipales no sea determinante para la concesión de estas ayudas, en aquellos casos en que los ayuntamientos se demoren más de dos meses en la redacción del plan.

Igualmente, mediante el decreto, los puestos de trabajo adscritos a la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía en las direcciones territoriales pasaron a tener la consideración de puestos de atención directa o cobertura prioritaria susceptibles de sustitución en el caso de que se produzca una baja o una vacante.

La renta garantizada de ciudadanía (RGC), aprobada por unanimidad en el Parlament el pasado mes de julio, avanza por ahora lentamente. El alud de solicitudes para cobrar la prestación –de al menos 564 euros al mes– ha congestionado el trámite de los expedientes, según admiten en la Generalitat, mientras que la falta de Govern debido a la aplicación del artículo 155 ha impedido que se desarrollen las medidas de carácter más político asociadas a la renta, como la comisión de Govern que deben integrar las entidades sociales para evaluar su progreso. 

“No vamos a la velocidad que nos gustaría”, reconoce el secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Josep Ginesta. Desde que se puso en marcha la prestación el pasado 15 de septiembre, la Generalitat ha registrado alrededor de 32.000 solicitudes para cobrarla, de las cuales ha resuelto solo 3.000. Es decir, menos de un 10%. De estas, 600 han sido favorables y ya están cobrando la renta. 

Además de estos, están ingresando también la prestación las cerca de 27.000 personas que ya recibían la predecesora Renta Mínima de Inserción (RMI) de 426 euros, para las cuales la renovación era automática. La nueva renta, que surge de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de varias entidades sociales, va destinada a las personas que ingresen menos de 564 euros al mes, aunque prevé que en 2020 esta cantidad se amplíe hasta los 660 euros mensuales. La Generalitat calcula que esta ayuda llegará a cerca de 68.000 hogares catalanes. 

Las entidades piden agilidad

La cifra reducida de expedientes tramitados no choca sin embargo con los plazos previstos por la ley, que estipula que la Generalitat tiene hasta cinco meses de plazo para pronunciarse sobre las primeras solicitudes. Pero las entidades sociales lamentan la tardanza. “Estamos hablando de personas en una situación de alta vulnerabilidad, no podemos esperar a que pasen meses, habría que agilizarlo”, denuncia la secretaria de Asuntos Sociales de CCOO, Carmen Martínez Ruzafa. 

Desde la Generalitat llaman a no generar “alarmismo” y recuerdan que, aunque se tarde más de lo previsto en adjudicar la prestación, el beneficiario la cobrará con carácter retroactivo, es decir, desde el día en que inició la solicitud. “La mayoría se incorporarán a la nómina de febrero”, adelanta Ginesta.

El secretario general explica la saturación “puntual” en los trámites por un “alud” de peticiones de cita previa (se han contabilizado más de 70.000 desde septiembre) que en un 80% no cumplen con los requisitos. Esto debería reducirse con el tiempo, expone. Asimismo, reconoce también cierta “distorsión administrativa” por el hecho de que pese a que los trámites se realizan en la conselleria, las solicitudes se registran en el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), un organismo autónomo.

El 155 frena el desarrollo de la ley

Ningún beneficiario potencial de la renta se habrá quedado sin cobrarla por la aplicación del artículo 155. Eso lo tienen claro en el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, que niegan que la ministra Fátima Báñez haya dado orden alguna de frenar el pago de estas ayudas. Sí que reconocen, sin embargo, que la ausencia de Govern, derivada de este mismo artículo, ha impedido que se desarrolle la parte de la ley que tiene que ver con la iniciativa política. 

Ginesta pone como ejemplo la creación de la comisión de Govern prevista por la ley, que debe evaluar la implementación de la renta. “Esto requiere impulso político”, constata el secretario general. La norma establece que la comisión debe estar formada a partes iguales por representantes de la Administración y de las entidades sociales, y tiene que reunirse trimestralmente para fiscalizar la renta. 

Pese a la ausencia de esta comisión, las entidades sociales han registrado una petición para reunirse con la conselleria para pedir información sobre el estado actual de la renta, según detalla Diosdado Toledano, de la comisión promotora de la RGC. “Cualquier atraso no es bueno”, expresa Toledano, aunque se muestra “prudente” en sus valoraciones mientras la Generalitat esté dentro del plazo. 

En la Comunitat Valenciana ya son 50.204 personas a las que llegan las prestaciones de Renta Garantizada de Ciudadanía, según los datos de 2016, es decir, 8.070 destinatarios más que en 2015, que supone un incremento del 19,2%. La directora general de Inclusión Social, Inma Carda, ha explicado que se trata de un “notable impulso” que ha supuesto entre otras mejoras, “una importante la disminución de la lista de espera y agilizar la gestión del pago de las ayudas”.

Carda ha subrayado que en 2016 se gestionaron y emitieron 28.023 resoluciones, por primera vez se superaron las 20.000 prestaciones concedidas (hay 20.007 titulares: 13.097 son mujeres y 6.910 hombres) pero se complementa con otros 30.197 beneficiarios, llegando así a los 50.204 destinatarios de la Renta; en 2015 se registraron 42.134 destinatarios.

Inma Carda ha presentado el informe de gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía del año 2016 en la reunión de la comisión de seguimiento, que está formada por representantes de la Conselleria de Igualdad, del Servef, FVMP, patronal, sindicatos, de dos ayuntamientos, Cáritas Diocesana y Cruz Roja.

En su intervención, la directora general de Inclusión Social ha expuesto la “caótica y grave situación de emergencia social heredada del anterior gobierno” y el empeño “del Govern del Botànic en adoptar medidas urgentes para resolver la situación de incumplimiento por parte de la administración del abono de las rentas pendientes de pago y la resolución de expedientes pendientes de tramitar”.

Según se desprende del informe de gestión presentado, la prestación media de la renta es de 377,11 euros que se distribuyó de acuerdo con el número de miembros y sus ingresos medios mensuales. Respecto al importe de las prestaciones concedidas hasta el 31 de diciembre de 2016, ascendió a 44.561.306,23 euros, de los cuales un total de 19.237.662,53 euros correspondieron a la provincia de Alicante, 4.110.705,09 a Castellón y 21.212.938,61 euros a la de Valencia.

Además, a principios de 2016 existían un total de 84 convenios con entidades colaboradoras (ayuntamientos y mancomunidades) y, posteriormente, se amplió a 86 las entidades colaboradoras, 38 de Alicante, 6 de Castellón y 42 de Valencia y de las que forman parte 171 municipios de la Comunitat Valenciana.

De los 44,5 millones destinados a la renta el pasado año, 20,5 millones corresponden a expedientes gestionados por las entidades colaboradoras y, el resto de 24 millones de euros, corresponden a expedientes gestionados en las direcciones territoriales de la Conselleria de Igualdad.

Escribía meses atrás que la Renta Garantizada de Ciudadanía es imprescindible. Y citando a Josep Manel Busqueta, la ubicaba en una lógica de resistencia en nuestra geografía rota por la crisis. Pero ya entonces alertaba de la necesidad de construir mecanismos de redistribución de la renta y de la justicia social que tengan la capacidad de revertir la miseria. Miseria de las de siempre, y riqueza del IBEX 35 que aumenta beneficios a ritmo meteórico.

Y por fin tenemos acuerdo. Celebrado con fuegos artificiales. Y nos alegramos. Y queremos felicitar a la Comisión promotora por su esfuerzo y paciencia. De hecho, desde el primer momento en que la Comisión Promotora de la ILP se puso a trabajar, hemos estado ahí y les hemos apoyado. Y no será distinto a partir de ahora. Apoyaremos la Renda Garantizada de Ciudadanía.

A pesar de ello, es de responsabilidad política explicar la otra cara de un pacto aireado a los cuatro vientos con foto incluida. Y la primera evidencia, que no por obvia podemos evitar de mencionar, el actual acuerdo de RGC ni es el mejor de los acuerdos posibles, ni supondrá un cambio sustancial en la situación de pobreza de tantas y tantas familias. Y no es una crítica desde la atalaya sino una lectura de la RGC desde la tenacidad – genética desde la izquierda anticapitalista – de querer hacer política que resuelva las causas de la desigualdad y que no se centre en los síntomas.

Luces y sombras

Si vamos al acuerdo y a la futura Renta Garantizada de Ciudadanía en Catalunya, en primer lugar, será de base familiar. Sólo se podrá cobrar en los casos en que no hayan ingresos procedentes del mercado laboral – excepto en aquellas familias mono(p/m)arentales con hijos a cargo -. La matriz familiar puede parecer un tema técnico, pero refuerza la desigualdad de género en el seno de la familia, en el sentido que no supone un mecanismo de empoderamiento de las muchísimas mujeres porque no tiene en cuenta la construcción patriarcal de la mayoría de familias. Seguramente muchos más hombres que mujeres serán los cobradores de la RGC y las mujeres administrarán la prestación. De gestionar el sueldo del breadwinner al de la prestación de la RGC. Nada nuevo en el horizonte.

En segundo lugar, será de condición subjetiva – no condicionada – i constará de dos tramos, el segundo vinculado a la inserción laboral y de obligado cumplimiento. Se entiende este segundo tramo como prestación complementaria -150€ - pero se computa como parte de la prestación total. O sea, si no se cumple el plan de inserción con éxito – partiendo de un esquema ficticio de un mercado laboral con capacidad de ofrecer trabajo de calidad – se retirarán los 150€. Pero en el caso en que se siga el plan de inserción y se rechace una sola oferta de trabajo considerada adecuada se pierde la totalidad de la prestación – aun cuando sea a tiempo parcial y suponga menos ingresos que la propia RGC -. Conociendo cómo funciona el mercado laboral, y la diversidad de las ofertas de trabajo que me vienen a la mente bajo el adjetivo de adecuadas, parece más que nada una manera de recordar a las personas que si no tienen trabajo es por qué no quieren.

En tercer lugar, no será universal –sólo será para aquellas familias sin ingresos – i funcionará con el IRSC – Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya – como referente para el importe de la prestación. Este indicador se creó en el año 2006 pero permanece congelado desde el año 2010 en 664€ - ¿es que alguien cree que dicha cantidad es suficiente, tal y como está el coste de la vida, como renta de suficiencia? -. De 664€ (al mes) para una sola persona, que se estira hasta un importe de 1.208€ (a partir del año 2020) para aquellas familias con 5 miembros o más. Y aunque esta prestación es superior a la ya moribunda Renda Mínima de Inserción, es de sentido común que la supervivencia de una familia con 5 miembros con 1.200€ al mes es complicada. Y esto se vincula con una de las incógnitas del acuerdo de la semana pasada, y es que no está explicitada la complementariedad y la compactación con las otras prestaciones de la Generalitat. Esperaremos.

En cuarto lugar, se deberá acreditar, para aquellas familias migradas, una permanencia mínima, continuada y efectiva de 24 meses de residencia legal en Catalunya. El acuerdo dice, literalmente, que en caso de que se haya producido un “efecto llamada” – que se debería constatar con un incremento mínimo del 10% de nuevas solicitudes de RGC de recientes censados en Catalunya – se podrá ampliar el requisito de la residencia previa hasta un total de 36 meses. Este punto es escandaloso por qué restringe, literalmente, el derecho de las personas de otros orígenes según la vigente ley de extranjería, profundamente racista y clasista. Si buena parte de las personas más pobres de nuestro país son de orígenes diversos, se deberían realizar políticas públicas que asuman que cuando se trata de pobreza, el origen y la clase se cruzan, pero en ningún caso se pueden restringir los pocos mecanismos existentes en la lucha contra la pobreza.

Cuando la centralidad política es liberal

Ya lo ven, la RGC es mejor que la actual RMI, seguramente supondrá un respiro para las familias más asfixiadas por la pobreza, pero no supondrá ningún cambio sustancial en la cartografía de las desigualdades.

El tablero de juego es mucho más complejo. La centralidad política se ubica en un frame ideológico liberal, que parte de la base que la pobreza o es endémica y es necesario alimentar-la con caridad – ya sea mediante prestaciones públicas o servicios de toda índole que cubran las necesidades básicas -, o que está relacionada con la capacidad individual de hacerse a uno mismo – y se traduce, en el ámbito de las políticas de ocupación, en iniciativas fomentadas en la ocupabilidad -. Y toda aquella estrategia o propuesta que se salga del marco del liberalismo económico, es ridiculizada y pocas veces considerada.

Y en este mismo frame liberal es donde se reduce toda la actuación de una prestación como la RGC – en la lógica de que la pobreza es endémica y que los ciudadanos se hacen a sí mismos -. En un contexto como el actual, aparte de mecanismos de redistribución fiscal, se hace imprescindible aumentar de manera sustancial el salario mínimo y, teniendo en cuenta que vamos hacia un escenario donde no van a haber suficientes puestos de trabajo para todas, se deben implementar políticas para avanzar hacia el reparto del trabajo mediante la reducción de la jornada laboral – u otras – que también permitan una mejora en la calidad de vida.

Para la CUP-CC la RGC es una renta de mínimos, pero es una medida que, si quiere tener algún tipo de impacto, tiene que ir acompañada de otros cambios. Políticas valientes, orientadas a la reproducción de la vida poniendo puertas al capital.

Políticas orientadas a la igualdad, la dignidad i el derecho a una vida digna de ser vivida, como objetivo político – aunque no de votos -. Para la CUP-CC la propuesta, en materia de renta, que mejor responde a estos valores es la Renta Básica Universal, unipersonal y sin necesidad de estar vinculada a la inserción laboral.

Nuestra lucha por el mundo que llevamos en nuestros corazones no cabe en los adoquines donde debajo se escondía la playa. Pasa por hacer, paso a paso y a distancia corta, todo aquello que podamos para mejorar las condiciones materiales de las personas ahora y aquí, pero sin olvidar la mirada larga, aquella que decididamente quiere construir contando con todas las personas que viven en nuestro pequeño país. Y siempre, desde la profunda convicción que la miseria mata sueños y vidas, y que ni es una fatalidad, ni es ajena a la gestión política. Se puede hacer distinto, y se puede hacer desde el camino que nos lleve a la igualdad.

Josep Manel Busqueta escribe en L’Hora dels Voltors que para salir de la crisis hace falta conjugar tres verbos: criticar, resistir y construir.

Criticar es rápido. Catalunya, cuarto trimestre del 2016, tasa de paro juvenil: 32,28%. Último informe del Síndic de Greuges sobre malnutrición infantil de agosto del 2016: 50.000 casos de malnutrición y 750 casos de desnutrición. Tasa de riesgo de pobreza en el trabajo del año 2015: 11,2%. Beneficio del Ibex 35 del año 2016: 30.000M€ (incremento del 68% en relación al 2015). Dibujo aterrador.

Herencia de los recortes que han acompañado las políticas de austeridad, consecuencias de una economía ahogada por deudas ajenas, cifras de un modelo de sociedad donde el mercado es el dueño de las vidas de la gente. Y la pobreza como rostro de una sociedad rota por la crisis. Y un marco autonómico que no permite subvertir límites de déficit que marca una Troika vestida de negro, más preocupada por los beneficios de las corporaciones que por la miseria. ¿Y no quieres caldo? Pues dos tazas: aprobación del CETA y todavía menos soberanía popular y más margen a favor del capital financiero.

Resistir se complica más. Pero hay esperanza(s). La ILP de la Renta Garantizada de Ciudadanía impulsada por 121.000 personas es una pista en este sentido y apuesta por la transferencia redistributiva a favor de los sectores más empobrecidos. Pero de la propuesta inicial de la Comisión Promotora a la que se está negociando actualmente en el Parlament hay un abismo.

De la idea inicial de una renda incondicional para todas las personas regularizadas que estén bajo el umbral de la pobreza, de matriz individual y de aplicación inmediata; a un modelo de dos tramos vinculados a la inserción laboral que penaliza si no se encuentra trabajo en una sociedad con paro estructural, con un período de transitoriedad de unos tres años mínimo, de matriz familiar y con un sistema de proporcionalidad según personas a cargo. Y a pesar de la diferencia con la propuesta inicial, la tenacidad de una Comisión Promotora que trabaja incansablemente para conseguir algún resultado que pueda llamarse Renda Ciudadana Garantizada bajo un esquema de precariedad y exclusión cronificada.

Y en discusión con el gobierno dos obstáculos complejos para un acuerdo con la Comisión Promotora: la complementariedad con las rentas del trabajo y la transitoriedad en la aplicación. En clave de complementariedad, la tesis del gobierno es que si la Renta es complementaria a las rentas del trabajo que están por debajo del umbral de la pobreza, el erario público asumirá parte del sueldo que debería ir a cargo de las empresas contribuyendo a la perpetuación de la precariedad laboral. Por otro lado, si no es complementaria, es un mecanismo de defensa del trabajo digno y de mejora de las condiciones laborales.

Un callejón sin salida. Para la Comisión Promotora una Renta Garantizada de Ciudadanía sin complementariedad supone que la gente deberá recorrer a la economía informal para poder cobrar la Renta –664 € al mes– y sobrevivir a la vez. CCOO presentaba un estudio el setiembre pasado donde alertaba del fenómeno de trabajar para continuar siendo pobre y ponía rostro al 11,2% de la tasa de pobreza en el trabajo: en Catalunya hay 343.500 personas que cobran un salario anual que no supera los 9.667€ –cifra que excluye el ejército de invisibles.

Y la complementariedad es, sin duda, una forma escondida de subvencionar el trabajo precario. Pero las tasas de paro, un mercado laboral altamente precarizado y el infinito ejército de reserva de parte de nuestro pequeño país –mujeres y jóvenes a la cabeza– hacen que la ecuación no se pueda valorar de manera aislada.

Asumir la complementariedad de la renta es una propuesta de mínimos. Pero la situación es límite y la pobreza, tal como exponía uno de los últimos estudios de la revista médica The Lancet, es factor de morbilidad y mortalidad prematura en todo el mundo.

En clave de transitoriedad la tesis del gobierno es económica: el gobierno no puede (quiere) asumir la implementación de la Renda Ciudadana Garantizada con tan poco tiempo y comprometer presupuestos futuros. Pero la pobreza no puede esperar en una economía endeudada, asediada por el crecimiento ilimitado y dinamitada por la cultura de la codicia, priorice a las personas.

La Renta Garantizada de Ciudadanía no soluciona la desigualdad, pero supone un paliativo a las condiciones materiales de existencia de la gente en Catalunya. Y para plantar batalla a la desigualdad hace falta ir bastante más allá de la complementariedad y ubicarnos en un debate de modelo. Empecemos a conjugar el verbo construir.

Renda Básica de las Iguales. Socialización de la riqueza producida colectivamente y secuestrada a manos de unas pocas. La vieja proclama de techo, pan y trabajo de los zapatistas que vuelve en forma de marchas de la dignidad. Y la dignidad es el motor de la resistencia y debe ser un elemento fundamental del proyecto político a construir: la República de las iguales.

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para crear una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) llegó al Parlament en 2014 y se mantiene encallada en la Cámara. Los presupuestos de 2017 se están convirtiendo en una herramienta para dar un desenlace definitivo a la ayuda, mientras siguen las negociaciones entre el grupo impulsor de la ILP y el Govern sobre las condiciones para acceder a la RGC.

Además de las distintas enmiendas que cada partido ha presentado en solitario para impulsar la RGC, los grupos están negociando una enmienda transaccional impulsada por Catalunya Sí Que es Pot. La medida propone crear un fondo estructural con carácter finalista para la RGC con una aportación inicial de 400 millones de euros, que activaría la renta desde este 2017.

Este fondo se nutre de los recursos que ya disponen los distintos departamentos de la Generalitat para hacer frente a prestaciones económicas y ayudas para la cohesión social. Según el texto de la enmienda, los 208 millones para la Renta Mínima de Inserción que contempla el proyecto de presupuestos para 2017 “pasarían automáticamente” al fondo estructural de la RGC si se aprueba.

Para que la iniciativa prosperase, haría falta una acuerdo de todos los grupos de la oposición –Ciutadans, PSC, Catalunya Sí Que es Pot, PP y CUP– que dejase en minoría a JxSí. Fuentes parlamentarias han indicado que hay disposición en todas las formaciones para negociar la enmienda, pero que están a la expectativa del desenlace de las conversaciones entre el Govern y el grupo promotor de la ILP de la renta garantizada.

La última oferta del departamento de Asuntos Sociales incluía un periodo de transitoriedad de la ayuda. En 2017, los beneficiarios serían las personas con ingresos inferiores al 80% del índice de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC), unos 660 euros, pero en 2020 el porcentaje llegaría al 100%. En este período de transición los menores de 18 años recibirían 100 euros. No obstante, se vetaba el acceso a la RGC para las personas con contratos temporales.

Con todo, según fuentes conocedoras de la negociación entre el Ejecutivo y la comisión promotora de la ILP, el Govern podría acceder a hacer compatible la RGC con los contratos de trabajo a tiempo parcial. En este caso, la RGC serviría como un complemento a los salarios más bajos hasta alcanzar los 660 euros. Las negociaciones entre Govern y comisión tendrían que terminar este viernes.

El número de prestaciones de Renta Garantizada de Ciudadanía ha superado por primera vez las 20.000, según ha explicado el secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, quien ha destacado que, desde que se aprobó la ley, nunca se había alcanzado esta cifra, y ha añadido que esto ha supuesto que se hayan alcanzado los 50.000 destinatarios de esta ayuda.

En un comunicado, Ibáñez ha realizado un balance de la Renta Garantizada de Ciudadanía de 2016 y ha destacado el “notable impulso” por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a esta ayuda y que ha supuesto, entre otras mejoras, “una importante disminución de la lista de espera y el pago de la totalidad de las prestaciones en el ejercicio 2016”.

El secretario autonómico de Igualdad ha recordado que, al llegar a la conselleria, se encontraron con 13.527 expedientes pendientes de tramitar, a los que unos meses después se sumaron 5.697 que estaban pendientes de contabilizar, lo que elevó la cifra a 19.224 solicitudes, “una evidencia de la situación de extraordinaria necesidad y que requería de medidas urgentes que desarrollamos durante el pasado año”, ha explicado.

Estas medidas, según ha subrayado, han permitido lograr que en 2016 existan 50.042 destinatarios de la Renta, de los que 19.947 son titulares y 25.868 son beneficiarios; frente a los 42.134 destinatarios, 16.381 titulares y 19.719 beneficiarios, que existían en el mismo mes de 2015.

Estas cifras, ha precisado Ibáñez, suponen un incremento de gestión en el año 2016 respecto al 2015 de un total de 4.048 prestaciones más concedidas, que implican 7.793 destinatarios más, de los cuales 3.566 son titulares y 4.227 beneficiarios.

Al respecto, Ibáñez ha querido agradecer al funcionariado “el esfuerzo y la labor que ha realizado a lo largo del pasado año para poder incluir dentro del sistema de renta a más de 20.000 expedientes que suponen 50.000 personas destinatarias”.

Medidas adoptadas

Ante la “caótica y grave situación” en la resolución de las prestaciones de Renta, ha aclarado Ibáñez, “el Govern del Botànic adoptó medidas importantes ante la situación de emergencia social y para resolver la situación de incumplimiento por parte de la administración del abono de las rentas pendientes de pago y la resolución de expedientes pendientes de tramitar, como el incremento del presupuesto destinado a Renta Garantizada en 2016 respecto al 2015”.

Sin embargo, a su juicio, mejor que el incremento en el presupuesto fue la decisión de considerar la partida de la renta garantizad crédito ampliable “para no tener que hacer modificaciones presupuestarias para poder seguir pagando esta ayuda en función en función de las necesidades”.

Así, esta iniciativa ha permitido en 2016 realizar dos incrementos presupuestarios destinados a Renta Garantizada “con el fin de ponernos al día en la gestión de los expedientes y agilizar el pago de las ayudas, y que en términos económicos ha supuesto pasar de los 32,12 millones de 2015 a los 44.695.106 euros de 2016”.

Además, ha continuado Ibáñez, el Consell para “hacer frente a la urgente y extraordinaria necesidad de poner al día la gestión de los expedientes y agilizar el pago de las ayudas por el tapón heredado del anterior Gobierno, aprobó el pasado mes de julio un decreto ley para agilizar el proceso de tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía”.

El decreto ley establece, entre otras medidas, que el plan familiar de inserción que deben elaborar los servicios sociales municipales no sea determinante para la concesión de estas ayudas, en aquellos casos en que los ayuntamientos se demoren más de dos meses en la redacción del plan.

Asimismo, contempla que las direcciones territoriales dependientes de la conselleria sean consideradas centros de atención directa, y que los puestos de trabajo adscritos a la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía tengan la consideración de puestos de atención directa o cobertura prioritaria susceptibles de sustitución en el caso de que se produzca una baja o una vacante.

También el pasado año, ha incidido el secretario autonómico, se acometió una mejora y actualización de la aplicación informática de la Renta, “con la implementación de un conjunto de cambios que han posibilitado un incremento en la productividad y de la calidad del trabajo realizado por las direcciones territoriales”, y también se ha logrado optimizar la información estadística, “incorporando herramientas para un conocimiento más lógico y veraz de los datos de las prestaciones”, ha matizado.

Nueva Ley de Renta valenciana de Inclusión

Paralelamente, Alberto Ibáñez ha aludido a la nueva ley de Renta Valenciana de Inclusión, cuyo borrador de anteproyecto fue presentado por la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y cuya prestación sustituirá a la renta garantizada de ciudadanía, “para dignificar la vida de las personas y les permita insertarse”.

La nueva ley permitirál, según ha explicado Ibáñez, que esta ayuda tenga “carácter indefinido, cuando la situación de la persona que la solicite se mantenga en el tiempo” y, al mismo tiempo, ampliará los requisitos para poder demandarla.

Entre las mejorías que aportará la nueva normativa, Ibáñez ha destacado la flexibilización de los requisitos, por lo que “llegará a más personas”. De hecho, ha señalado, será necesario solo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, y se exigirá únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma. Por otro lado, se amplia la edad para poder solicitarla a los 18 años a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era solo para personas de entre 25 y 65 años.

Cabe recordar también que el importe de esta será de 531 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera, y en este último caso, si el solicitante renuncia voluntariamente a realizarlo mantendrá la ayuda, pero se reducirá hasta los 266 euros.

Aumento del presupuesto para 2017

Por otro lado, el secretario autonómico de Igualdad ha destacado que la conselleria ha incrementado el presupuesto para la Renta garantizada para este año 2017 hasta alcanzar los 52,1 millones de euros, presupuesto que, según ha manifestado, irá directamente a los ayuntamientos con el objetivo de recuperar los servicios sociales municipales, “como una verdadera atención de proximidad”, a través de la contratación de nuevo personal que permita la constitución de equipos base multidisciplinares.

Ultimátum de los grupos parlamentarios para que Junts pel Sí se sume al acuerdo que determina en 664 euros la cuantía mensual de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). En un acto este miércoles ante la Cámara catalana, todos los grupos con representación parlamentaria han pedido a la formación independentista que detalle su planteamiento presupuestario sobre la prestación. Junts pel Sí dará a conocer su propuesta este viernes.

En noviembre de 2013, el grupo promotor de la iniciativa legislativa popular que reclama esta renta de ciudadanía entregó más de 120.000 firmas en el Instituto de Estadística de Catalunya (IDESCAT) para que todos los catalanes reciban una cantidad mínima mensual que los permita una vida mínimamente digna. Tres años después de que estas firmas llegaran al Parlament aún no se ha aprobado la Ley que regulará la RGC.

Los impulsores de la iniciativa exigen que se apruebe antes de que acabe el año porque sino no podría entrar en vigor hasta el 2018. Diosdado Toledano, portavoz del grupo promotor de la iniciativa, ha afirmado que aún confía en que JxSí “haga un movimiento” este viernes, en la próxima reunión de la ponencia parlamentaria que debate esta ley.

Chakir el Homrani, portavoz de JxSí en esta comisión, ha afirmado, en declaraciones a Catalunya Plural, que “ya dijimos que este viernes presentaríamos una propuesta y así lo haremos”. El Homrani no ha querido adelantar el contenido de esta propuesta pero ha asegurado que se basa en añadir una segunda partida en la base económica de la Renta Garantizada de Ciudadanía y en ampliar el periodo de transitoriedad hasta que no se alcance la cuantía máxima prevista.

En el trabajo de la ponencia, JxSí ha aceptado que la Renta Garantizada de Ciudadanía se quede en 498 euros y que se pueda añadir un segundo tramo, que recibe el nombre de “renta complementaria”, vinculado al compromiso de los beneficiarios de incorporarse a los circuitos de búsqueda de trabajo o de formación profesional. Por su parte, Toledano ha afirmado que toda cantidad que esté por debajo de los 664 euros es “miseria”.

Los 664 euros mensuales resultan de dividir en 12 meses la que determina el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya. Este indicador evalúa en 569 euros mensuales, con catorce pagas anuales, los ingresos mínimos que necesita una persona para vivir dignamente en Catalunya. El Estatuto de Autonomía de Cataluña incluía una petición al Govern para que garantizara este compromiso, que nunca se ha cumplido hasta ahora.

Presión social a JxSí

Representantes de todos los grupos de la oposición del Parlament han participado en el acto de esta mañana, junto con portavoces de entidades sociales que apoyan la ILP de la Renta Garantizada de Ciudadanía, como la PAH, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya, CCOO, UGT o personalidades como la activista por la paz, Arcadi Oliveres. ERC apoyó la recogida de firmas de esta ILP pero no ha estado presente en el acto de hoy.

Los impulsores de la ILP y los partidos que han consensuado los 664 euros de la Renta Garantizada de Ciudadanía son conscientes de que los nuevos presupuestos de la Generalidad deben incluir una partida que la haga posible. No están dispuestos a aceptar una propuesta que reduzca esa cantidad pero sí a una aplicación progresiva. Así, su propuesta es que se empiece a pagar a partir del 1 de mayo, para dar tiempo a la administración catalana a organizar adecuadamente su gestión, y que el primer año sólo haga frente al 90% del gasto previsto. Sería a partir del 1 de mayo de 2018 que el Govern debería asumir su pago íntegro.

Para presionar a JxSí, los organizadores del acto han anunciado la convocatoria de una manifestación el próximo 19 de noviembre en defensa de unos presupuestos sociales y un ayuno en la plaza de Sant Jaume que coincidiría con las fechas en que el Govern tiene previsto presentar las cuentas. El Homrani ha considerado que la ley podría aprobarse este 2016 y incluirse los presupuestos correspondientes “siempre y cuando llegamos a un acuerdo económico antes”.

Todos los grupos con representación en el Parlament excepto Junts pel Sí han llegado a un principio de acuerdo sobre las cantidades que recibirán las personas que tienen derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). El consenso de todos los grupos, excepto el que sostiene al Govern, es que el primer beneficiario de un grupo familiar o de convivencia con derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía reciba mensualmente 664 euros de la administración de la Generalitat. La cantidad que recibiría una segunda persona de una unidad familiar o de convivencia sería un 50% de esta prestación.

La Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular que ha llevado esta propuesta al Parlamento cedió en este punto, ya que reclamaba que esta prestación fuera un 70% de la del primer perceptor. El resto de miembros de la unidad recibirían un 30% mientras que los menores de edad tendrían derecho a cien euros mensuales. Esta ayuda a los menores no existía en la ILP que se llevó al Parlament pero se ha introducido a raíz de las reivindicaciones que las entidades que trabajan en el ámbito de la infancia han hecho llegar a la ponencia que debate la RGC.

La voluntad del grupo promotor de la ILP y de los partidos que apoyan el texto que está redactando la ponencia es que esté listo en las próximas semanas para que pueda pasar el trámite de la Comisión y se apruebe antes del debate de los presupuestos de la Generalitat. Diosdado Toledano, portavoz del equipo promotor, teme que JxSí intente retrasar esta tramitación para que no se pueda aprobar la Ley antes del debate de los presupuestos y se imposibilite así que entre en vigor el próximo año.

La pretensión de los impulsores de la ILP es que el 1 de mayo ya empiecen a hacerse efectivas las prestaciones previstas en la ley que regulará la Renta Garantizada de Ciudadanía. Los grupos que la apoyan han pactado que a partir de mayo se pague el 90% de las cantidades previstas y que sea a partir del 1 de enero de 2018 cuando se paguen en su integridad.

Los promotores de la ILP calculan que los presupuestos de la Generalitat deberán habilitar una partida de unos 2.000 millones de euros para esta renta ciudadana y recuerdan que parte de este dinero saldría de ayudas hoy existentes y que desaparecerían con la RGC y que habrá que buscarlos en el conjunto de departamentos del Govern y no sólo en el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

Pese a que todavía quedan unos pocos artículos de la proposición de ley por discutir, Diosdado Toledano considera que se pueden aprobar rápidamente porque no presentan una conflictividad especial. Para exigir que no haya nuevas dilaciones, el grupo promotor de la ILP prevé convocar un ayuno de tres días en la plaza de Sant Jaume, ante el Palau de la Generalitat, a finales de noviembre, antes del inicio del debate de los presupuestos de la Generalitat.

La ponencia se ha reunido de nuevo este martes y tiene previsto volver a hacerlo el próximo viernes 28 de octubre. El portavoz de JxSí, Chakir el Homrani, asegura que el Govern está estudiado qué cantidad puede asignar a la RGC pero no la ha planteado aún en las reuniones de la ponencia. Confía hacerlo la semana próxima, aunque advierte que “habrá que ver de qué manera se puede hacer frente a su coste”, refiriéndose a la propuesta consensuada por el resto de grupos. Toledano le ha advertido que no interprete la voluntad del grupo promotor de llegar a un acuerdo unánime como un signo de debilidad y que el Govern está obligado a aplicar lo que apruebe el Parlamento.

Por su parte, Mireia Vehí, portavoz de la CUP en esta ponencia, desvincula el acuerdo consensuado del debate sobre los presupuestos de la Generalitat: “Los presupuestos están al margen. Junts pel Sí puede incluir fácilmente la partida correspondiente a la Renta Garantizada. Y si, en los próximos días, no hace una propuesta definitiva daremos por buena la propuesta aprobada por el resto de grupos”.

El equipo promotor de la ILP ha convocado una rueda de prensa el próximo miércoles 2 de noviembre, a las puertas del Parlament, para presionar a JxSí y al Govern para que anuncien cual es su propuesta económica definitiva. La iniciativa legislativa popular para reclamar una Renta Garantizada de Ciudadanía reunió más de 120.000 firmas que fueron entregadas al Parlament hace dos años.

El dinero mensual de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que deberían recibir sus beneficiarios se mantiene como el único y casi insalvable obstáculo para que el Parlament culmine su aprobación. La proposición de ley está siendo estudiada en fase de ponencia en la Cámara catalana desde hace meses. El Parlament ha optado por aparcar hasta después de las vacaciones el debate sobre la cantidad concreta que conllevará el derecho a recibir la RGC. Casi un año después de las elecciones del 27-S todavía no hay consenso parlamentario para aprobar la RGC, pese a que estuvo a punto de cerrarse en la pasada legislatura.

Los ponentes de los grupos parlamentarios que participan en la ponencia se pusieron de acuerdo para debatir primero el modelo de Renta Garantizada antes de entrar en la discusión sobre las cantidades económicas a que da derecho, conscientes de que esto llevaría muy probablemente a un callejón sin salida.

En las discusiones de la ponencia están presentes representantes del grupo promotor de la Iniciativa Legislativa Popular que llevó la RGC al Parlament. El 25 de octubre de 2013, este grupo presentó al Instituto de Estadística de Catalunya los pliegos con las 121.191 firmas que apoyaban la iniciativa. La propuesta se basa en el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Catalunya que establece que las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos ingresos para llevar una vida digna.

Estos mínimos serían, según los impulsores de la ILP, los equivalentes a repartir en 12 meses el nivel del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC). Este índice está fijado en 7.967,73 euros anuales, lo que equivale a los 664 euros mensuales que reclama la ILP para los beneficiarios de la RGC.

Diferencias sobre la cuantía

Junts pel Sí mantiene la posición más conservadora en cuanto a la cantidad correspondiente a la RGC. En sus enmiendas la fija en 426,84 euros. Catalunya Sí que es Pot y la CUP están de acuerdo con la cantidad propuesta en la ILP mientras que PSC, PP y Ciutadans apuestan por cantidades intermedias.

La ponencia ha aceptado la propuesta de JxSí de desglosar esta renta en dos tramos, una Renta Mínima Garantizada, no sujeta a contraprestaciones de ningún tipo, y una Renta de Inserción, vinculada al seguimiento de un Plan de inserción laboral. Esta Renta de Inserción, sin embargo, sólo se cobraría uno de cada cuatro años. Así, durante tres años el beneficiario recibiría 426,84 euros mensuales y en el cuarto, 576,84.

Los meses de trabajo de la ponencia que estudia esta proposición de ley se han centrado en perfilar el modelo de la Renta Garantizada de Ciudadanía y aspectos como su posible doble tramo, las condiciones que deben cumplir los beneficiarios o a partir de qué edad se tiene derecho y a qué edad es sustituida o no por la pensión de jubilación. Estos debates también han sido lentos.

Después de la última sesión de la ponencia antes de las vacaciones del mes de agosto sólo se han cerrado las discusiones relacionadas con los 8 primeros artículos de una proposición de ley –que tiene 22– además de las disposiciones adicionales.

Los diferentes portavoces de los grupos que intervienen en este debate reconocen su lentitud pero confían en que se pueda cerrar antes de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para el año 2017. Sólo el portavoz socialista, Raúl Moreno, reconoce abiertamente que ve casi imposible que la Renta Garantizada de Ciudadanía pueda entrar en vigor antes del 1 de enero de 2018.

Noemí de la Calle, ponente de Ciutadans, manifiesta que estaría dispuesta a encerrarse todo un fin de semana para concluir el debate de todo el articulado de la Ley mientras que Chakir el Homrani, de JxSí; Marta Ribas, de CSQP; y Mireia Vehí, de la CUP, no descartan que se pueda aprobar a tiempo para entrar en los presupuestos de la Generalitat del próximo año. Para ello sería necesario un acuerdo sobre el coste de la Renta Garantizada que se prevé complicado.

Diosdado Toledano, del comité promotor de la ILP, calcula que podría costar unos 2.100 millones de euros al erario público. Este comité tiene la potestad de retirar la Proposición de Ley si ve que queda muy alejada de sus pretensiones. “¿Qué haremos si se llega a una propuesta de gasto de 1.500 millones de euros?”, se pregunta el propio Toledano. La respuesta queda en el aire en función tanto de la cantidad mensual que se asigne finalmente a cada beneficiario como el proceso de aplicación gradual que se pueda aprobar hasta alcanzar la cantidad de los 664 euros a la que se aspira.

Debate para después de vacaciones

Las sesiones de trabajo de la ponencia a la vuelta de vacaciones serán determinantes para saber si la ilusión de las más de 120.000 personas que firmaron esta ILP hace tres años se convierte en una realidad palpable o termina aparcada definitivamente.

“Podemos hacer una buena ley consensuada pero veo el peligro de que Junts pel Sí se haga atrás cuando deba definir las cantidades”, advierte Ribas. “Al final todo el mundo tendrá que moverse”, replica El Homrani. Mientras, la CUP se sumará a lo que decidan los impulsores de la ILP aunque considera que la Renta Garantizada de Ciudadanía que se debate “se nos queda pequeña”, según Vehí.

La CUP sería partidaria de una Renta Básica donde “la gente no tenga que acreditar permanentemente que es pobre para que le den 664 euros, que es poquísimo”. Y es que los problemas para aprobar una Renta Garantizada de Ciudadanía de 664 euros al mes permiten entender que ningún colectivo quiera poner en marcha una iniciativa legislativa popular por una Renta Básica de carácter universal.