El 63% de catalanes vive en municipios que incumplen la normativa y dificultan el padrón

Más de la mitad habitantes de Catalunya, un 62,8%, viven en municipios que incumplen la normativa y ponen algún tipo de trabas para tramitar el padrón. Así lo muestra un sondeo realizado por ECAS a más de medio centenar de entidades que se dedican a acompañar a personas con problemas para acceder al este derecho recogido en la ley española.

El resultado de la encuesta apunta a que 40 municipios, el 66% de los que estas asociaciones tienen presencia, dificultan de alguna manera la incorporación en el censo de parte de su ciudadanía. El problema es “estructural”, tal como alertan las entidades, y no entiende ni de zonas geográficas ni de partidos políticos.

De hecho, la mayoría de municipios que dificultan este trámite (34,4%) están gobernados por el PSC, seguidos por Junts (26,2%). Pero los partidos situados más a la izquierda y que se han posicionado activamente en contra de las trabas al padrón tampoco están libres de culpa. En esta lista se encuentra también a ERC (18%), los Comuns (4,9%) y la CUP (3,28%).

Esta heterogeneidad en los colores políticos demuestra que los impedimentos al padrón “no tienen detrás una razón sólo ideológica”, tal como apunta Helena Costas, miembro de Ksnet, entidad que ha realizado el sondeo. Es más, todas las formaciones mencionadas, a excepción de Junts, firmaron el pasado diciembre el Pacto Nacional por el padrón. A pesar de eso, el sondeo alerta que el 30% de los encuestados asegura haber notado un empeoramiento en la situación después de las elecciones de 2023.

En la lista de municipios que se saltan la norma figuran las 10 ciudades más pobladas de Catalunya. “No se trata de casos aislados ni de una problemática de ciudades pequeñas”, apunta Carlos Macías, presidente de ECAS, que añade que los datos dibujan “un modelo de administración que no respeta la legalidad ni la calidad democrática”.

En este sentido, las entidades recuerdan que el padrón “no crea ni otorga derechos, simplemente es una herramienta administrativa” que está recogida en una ley orgánica idéntica para todos los municipios. “No es una prestación, un privilegio ni una política social, es una obligación de los municipios para tener claro quién vive allí y poder gobernar en consecuencia”, ha añadido Kautar Loukani, portavoz del área de padrón de ECAS.

A pesar de que la normativa es clara y establece que cualquier persona que viva en un municipio debe ser empadronada, la encuesta ha encontrado una gran variedad de casuísticas. En casi la mitad de los casos no se empadrona a todo el mundo que lo solicita, aunque cumpla con las condiciones.

Por ejemplo, en un 11,3% de los municipios se exige un tiempo mínimo de residencia para acceder al padrón, cosa que la ley no contempla. Y en un tercio se supera el máximo de tres meses para resolver el trámite y no se salda con silencio positivo. Otra de las cuestiones que alertan las entidades es que en muchos casos las verificaciones técnicas las realiza la policía municipal, cosa que “genera miedo” en aquellas personas con hijos a cargo, en situación administrativa irregular o en infraviviendas.

Además, lamentan que se suele demandar una prueba de residencia que “difícil de conseguir”. Cabe recordar que la ley especifica que no es necesario contar con un contrato de alquiler o de propiedad, aunque en diversos municipios es condición sine qua non.

Esto deja en un limbo a aquellas personas que están ocupando o también a las que realquilan habitaciones, una situación en la que están cerca de 400.000 personas sólo en el Área Metropolitana de Barcelona. Esto lleva a que el 30% de casos no se empadronen de ninguna manera; el 19% lo hagan en otros pisos que no son en los que residen habitualmente y el 23% optan por la medida del padrón sin domicilio fijo.

Se trata de una modalidad reconocida en la ley que dicta que una persona puede registrarse en lugares que no figuren como vivienda; es decir, en barracas, campamentos, sedes de entidades o equipamientos municipales. Pero esta es una posibilidad reconocida por muy pocos ayuntamientos. De hecho, el informe muestra que ninguno de los consistorios sobre los que hay datos realiza este trámite de manera ágil y que casi la mitad de ellos directamente no contemplan esta opción.

“Muchos municipios añaden condiciones a la normativa estatal, cosa que, si se traduce en dificultar el empadronamiento, es ilegal”, alerta Costas, que sostiene que estas trabas vienen a añadir más vulnerabilidad a las personas “más necesitadas”. En esta línea, apuntan a que la situación afecta más a aquellas personas que ya están en una exclusión residencial severa y lleva a problemas a la hora de acceder a servicios públicos como la escolarización de menores o la atención por parte de Servicios Sociales.

“Cuando alguien no se empadrona, desaparece del radar de la administración. Pero esa persona sigue existiendo”, apunta Loukani. Los colectivos más afectados por la vulneración del derecho al padrón son las personas migradas (77,4), seguida de aquellas que están en situación administrativa irregular (68,8%), los que ocupan o realquilan (64,5%) y las personas sin hogar (45,2%).

Uno de los datos más alarmantes para ECAS es que casi la mitad de entidades encuestadas asegura que el trato de los usuarios que se encuentran en estas casuísticas es diferente dependiendo de si van solos o acompañados por algún referente o voluntario. “Esto demuestra, no sólo que saben que lo que hacen no es legal, sino que un trámite que debería ser sencillo y asequible se convierte en una discriminación que resta autonomía a la ciudadanía”, apunta Loukani.

“No pedimos que se cambie la ley, sino que se aplique la que ya tenemos. En un momento en que aumentan los discursos de odio, es esencial exigir a nuestras administraciones que velen por la democracia y por la total garantía de los derechos”, zanja Carlos Macías, director general de ECAS.