El pasado 26 de marzo, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia inauguró una de las exposiciones más sorprendentes de 2026: por primera vez en España, el reconocido escultor surcoreano Park Eun Sun presenta su colección “Genoma y estructura escultórica”.

Una obra compuesta por ocho piezas monumentales distribuidas por el interior y exterior del icónico recinto valenciano. La entrada es gratuita y la muestra se mantendrá abierta hasta el 12 de octubre de 2026.

Una experiencia artística al aire libre

La exposición combina mármol, granito y acero para crear columnas segmentadas y estructuras bicolores que exploran la tensión entre destrucción y reconstrucción. Las fracturas visibles en las esculturas representan la “herida” de la piedra, un recurso simbólico que refleja la fusión de influencias orientales y occidentales en la obra del artista, afincado en Italia.

Tres de las piezas emergen directamente de los lagos del recinto, interactuando con la arquitectura futurista de Santiago Calatrava. Destacan la ‘Colonna Infinita – Accrescimento’, de 11 metros de altura, junto al Puente de Monteolivete, y la ‘Colonna Infinita – Diffusione’, con columnas segmentadas, compartimentos iluminados y esferas huecas de mármol policromo, ónix y acero inoxidable.

Según estudios sobre arte público y percepción del espacio, la integración de esculturas en entornos urbanos mejora la experiencia del visitante y su conexión emocional con el lugar, aumentando la satisfacción y el interés por la cultura local. La Ciudad de las Artes y las Ciencias se convierte así en un lienzo dinámico que permite recorrer, contemplar y vivir el arte en múltiples dimensiones.

Valencia, un referente del arte contemporáneo

La exposición de Park Eun Sun no solo aporta valor artístico, sino que consolida a Valencia como un destino clave de arte público y contemporáneo. Obras anteriores del escultor han sido expuestas en ciudades como Florencia, Seúl y Berlín, y su llegada al recinto valenciano ofrece una oportunidad única para disfrutar del diálogo entre la escultura monumental y la arquitectura moderna.

Un informe reciente sobre turismo cultural en Europa indica que la presencia de arte público interactivo en espacios urbanos incrementa la afluencia de visitantes y potencia la identidad cultural de la ciudad, un efecto que la Ciudad de las Artes y las Ciencias reproduce a la perfección con esta exposición.

Recorrer la Ciudad de las Artes y las Ciencias se convierte, así, en un viaje inmersivo: desde los reflejos del agua en las esculturas hasta los juegos de luz y perspectiva, la exposición permite experimentar el arte de manera activa. La combinación de formas, materiales y contexto arquitectónico convierte esta muestra en un evento destacado del calendario cultural de Valencia, ideal para viajeros y locales interesados en la vanguardia artística.

La empresa pública Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) calcula que la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos, causó un “brusco desplome” de la venta de entradas —entre el 40% y el 50%— en sus tres recintos a finales de su último ejericio cerrado. Sin embargo, la venta de entradas en 2024 aumentó (especialmente en el Hemisfèric, con una “espectacular subida”) respecto al 2023, según indican las cuentas anuales de CACSA. El Oceanogràfic sufrió una caída de unos 120.000 visitantes a consecuencia del “efecto negativo” de la dana.

La catástrofe del 29 de octubre, según la empresa pública, “tuvo un impacto económico durante los meses de noviembre y diciembre para CACSA, tanto en los negocios principales que gestiona directamente: Museu, Hemisfèric y el aparcamiento del Umbracle, como en el canon percibido por la actividad principal del Oceanografic”. A pesar de todo, las cuentas anuales anotan unos ingresos por venta de entradas de 9,4 millones, un 10,92% más que en 2023.

Las cuentas de CACSA calculan una reducción de los ingresos de 2,9 millones de euros, una caída de aproximadamente un 10%. La dana afectó a todas las líneas de negocio de la firma pública, especialmente a los ingresos por eventos, que cayeron en 1,7 millones de euros respecto a 2023 (una reducción del 35,36%, tras la anulación de una decena de eventos programados) y por aparcamiento, con una “importante disminución” de 84.178 euros (6,71%).

Cinco de los actos se anularon por tratarse de empresas afectadas “directamente” por la dana y el resto fueron aplazados al 2025. Además, se dejaron de alquilar varios espacios, al acoger el Museu de les Ciències a la Plataforma de Voluntariat para las zonas afectadas por la catástrofe y ocuparse zonas para aparcamiento de autobuses, reparto de material o almacenaje de productos.

El trencadís del Palau de les Arts

En el Palau de les Arts se llevó a cabo la inspección del revestimiento cerámico de la fachada, tras el desprendimiento del trencadís y la reparación de las deficiencias detectadas. Así, se sustituyeron las teselas de trencadís y las piezas de cantonera fisuradas, así como algunas porciones de los sellados elásticos.

“Los resultados de adherencia del revestimiento tomados en la fachada (más de 2.000 puntos) han sido satisfactorios, encontrándose en su totalidad dentro de las tolerancias fijadas”, indica el informe de gestión.

En el Àgora, CACSA ejecutó en 2024 los compromisos adquiridos con la Fundación La Caixa (cuyo derecho de superficie se circunscribe al perímetro interior del edificio diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava) en materia de mantenimiento, conservación y limpieza de la envolvente del edificio.

Por otro lado, en 2024 finalizaron los servicios de alquiler de elementos a pedales y eléctricos y acuáticos debido al “impacto visual negativo en la imagen” de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

CACSA mantiene una deuda a corto plazo con la Generalitat, su socio único, de 159,3 millones de euros.

L’empresa pública Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) calcula que la dana del 29 d’octubre de 2024, que va deixar 230 morts, va causar un “brusc enfonsament” de la venda d’entrades –entre el 40% i el 50%– en els seus tres recintes al final del seu últim exercici tancat. No obstant això, la venda d’entrades el 2024 va augmentar (especialment en L’Hemisfèric, amb una “espectacular pujada”) respecte del 2023, segons indiquen els comptes anuals de Cacsa. L’Oceanogràfic va experimentar una caiguda d’uns 120.000 visitants a conseqüència de l’“efecte negatiu” de la dana.

La catàstrofe del 29 d’octubre, segons l’empresa pública, “va tindre un impacte econòmic durant els mesos de novembre i desembre per a Cacsa, tant en els negocis principals que gestiona directament: el Museu, L’Hemisfèric i l’aparcament de L’Umbracle, com en el cànon percebut per l’activitat principal de L’Oceanogràfic”. Malgrat tot, els comptes anuals anoten uns ingressos per venda d’entrades de 9,4 milions, un 10,92% més que en 2023.

Els comptes de Cacsa calculen una reducció dels ingressos de 2,9 milions d’euros, una caiguda aproximadament d’un 10%. La dana va afectar totes les línies de negoci de la firma pública, especialment els ingressos per esdeveniments, que van caure en 1,7 milions d’euros respecte del 2023 (una reducció del 35,36%, després de l’anul·lació d’una desena d’esdeveniments programats) i per aparcament, amb una “disminució important” de 84.178 euros (6,71%).

Cinc dels actes es van anul·lar per tractar-se d’empreses afectades “directament” per la dana i la resta es van ajornar al 2025. A més, es van deixar de llogar diversos espais, pel fet d’acollir el Museu de les Ciències a la Plataforma de Voluntariat per a les zones afectades per la catàstrofe i ocupar-se zones per a aparcament d’autobusos, repartiment de material o emmagatzematge de productes.

El trencadís del Palau de les Arts

En el Palau de les Arts es va dur a terme la inspecció del revestiment ceràmic de la façana, arran del despreniment del trencadís i la reparació de les deficiències detectades. Així doncs, es van substituir les tessel·les de trencadís i les peces de cantonera clavillades, així com algunes porcions dels segellaments elàstics.

“Els resultats d’adherència del revestiment agafats en la façana (més de 2.000 punts) han sigut satisfactoris, ja que s’han trobat íntegrament dins de les toleràncies fixades”, indica l’informe de gestió.

En l’Àgora, Cacsa va executar el 2024 els compromisos adquirits amb la Fundació La Caixa (el dret de superfície de la qual se circumscriu al perímetre interior de l’edifici dissenyat per l’arquitecte Santiago Calatrava) en matèria de manteniment, conservació i neteja de l’envolupant de l’edifici.

D’altra banda, el 2024 van finalitzar els serveis de lloguer d’elements de pedals i elèctrics i aquàtics a causa de l’“impacte visual negatiu en la imatge” de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Cacsa manté un deute a curt termini amb la Generalitat, el seu soci únic, de 159,3 milions d’euros.

Menno Sieswerda, un holandés afincado en Ibiza, se gastó 350 euros en dos entradas para el festival Diversity, programado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València el pasado mes de julio y anulado poco antes de su celebración. “Me hacía mucha ilusión ir a este festival y para mi hijo era su primer concierto”, relata en una conversación telefónica con este diario.

“No podemos garantizar la realización del festival bajo las condiciones necesarias para el buen desarrollo del mismo”. Con este mensaje apenas diez días ante de la celebración, la organización del festival anunció a los fans de artistas como Iggy Pop, Christina Aguilera o Karol G que su gozo se quedaba en un pozo.

Los abonos para las tres jornadas de conciertos costaban desde 170 euros el más básico hasta 1.200 euros el 'premium'. Este último incluía acceso a una zona restringida frente al escenario principal, acceso a una terraza 'premium' con visión privilegiada desde una tarima elevada, a la terraza L´Umbracle, y a otro espacio con mobiliario, barras y aseos, una cena degustación gourmet y bebidas incluidas según oferta.

El festival, cuyo director era el promotor Jesús Lumbreras, ha dejado una ristra de fans enfadados. Uno de ellos, Menno Sieswerda, ha puesto en marcha una demanda colectiva en las redes sociales. Ya se han sumado centenares de personas que adquirieron sus entradas y que no han podido recuperar el dinero. “Para mí tiene mucho aspecto de una estafa”, afirma Sieswerda.

“El promotor sólo ha enviado una comunicación a los asistentes al festival, prometiendo instrucciones sobre cómo recuperar el dinero de las entradas, pero desde entonces ha desaparecido”, asegura.

Los letrados Juan Carlos Navarro y Pedro Zarcero se han puesto al frente de la demanda para emprender acciones civiles contra las plataformas de venta de entradas y la promotora organizadora del festival, Merci Entertainment España SL. Su objetivo, según reza un escrito dirigido a los afectados, es “la recuperación del dinero perdido y que recaiga todo el peso de la ley sobre las mismas ya que han hecho caso omiso a las reclamaciones ya presentadas”.

En una primera fase pretenden acumular toda la documentación, especialmente los justificantes de pago, para tratar de alcanzar una solución extrajudicial mediante el envío de una reclamación formal. En caso de que no prospere, acudirán a la vía judicial “con la finalidad de proteger sus derechos como consumidores y usuarios y que se depuren las consiguientes responsabilidades”.

Centenares de afectados

El artífice de la demanda ha creado grupos de Facebook e Instagram con el usuario @Demandadiversity22 (además del correo electrónico demandadiversity22@gmail.com) “para encontrar a gente afectada”. “Lo que pasa”, dice Menno Sieswerda, “es que muchas veces la gente se cansa de pedir el dinero, por 80 euros nadie va a proceder pero todos juntos es otro número”. El hombre ya ha localizado a centenares de afectados. “Pero es poco en comparación con todos los afectados, que son miles y miles de personas”, lamenta.

El holandés conoce Valencia desde la década de 1980. “Me encanta, la primera vez que fui era para actuar en un festival, tengo esa conexión con la música y con Valencia”, cuenta. Además del chasco de perderse los directos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias con su hijo, tuvo que cambiar los vuelos de avión. “Eso también me costó dinero”, recuerda.

Como en un recorrido por un escenario distópico, los restos de la Valencia megalómana aún se pueden ver descansando en un solar. Apenas un muro de chapa separa el centro de investigación Príncipe Felipe, el último edificio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, de un campo de matojos en el que se encuentran una serie de planchas de acero de 20 metros de largo. Las 160 planchas, que pesan cerca de 1.400 kilos, son las lamas diseñadas para cubrir el edifico denominado Ágora, de Santiago Calatrava, que llevan diez años oxidándose en el descampado pese a su coste millonario.

Al Ejecutivo autonómico le ha costado casi dos legislaturas darle uso estable al edificio, que por su morfología resulta complejo de ocupar. En 2017 el Consell de Ximo Puig inició las conversaciones con la Fundación la Caixa para dotar de contenido un esqueleto ambiguo que ahora aspira a ser un referente en la actividad cultural. El Ágora, que desde este junio alberga el nuevo CaixaForum, ha sido sede de los Open de Tenis durante cinco convocatorias, de la Valencia Fashion Week, de varias fiestas de fin de año, del Campus Party y de un mitin del PP para las elecciones europeas, con Mariano Rajoy como protagonista, antes de suscribir el convenio con la Fundación la Caixa para su uso cultural.

Ahora que la infraestructura está cedida para los próximos 50 años, tras una reforma que se inició en 2020, el Gobierno valenciano estudia cómo deshacerse de la sombra del edificio, que pese a haber costado 11,4 millones de euros, no tiene más valor que el del propio material. Los responsables de la Ciudad de las Artes y las Ciencias quieren llevar al consejo de administración del ente una propuesta de subasta de las planchas, que constan como patrimonio del sector público instrumental en cada balance.

El proceso, apuntan, será bastante complejo y por el momento están en fase de estudio. Las lamas se encuentran entre los activos de la empresa, hay que darlas de baja del inventario y sacarlas a un procedimiento de subasta pública. La propuesta debe contemplar un rango de precios de mercado del kilo de acero, con el que los gestores saben que habrá pérdida económica, pero las lamas ya fueron pagadas y tienen cierto valor. Es el equivalente exagerado de vender los ladrillos que han sobrado de una obra pública.

La instalación de las planchas resulta inviable por su coste de montaje y de mantenimiento. En CACSA estiman que colocarlas en la cubierta, el proyecto inicial del arquitecto, costaría otros 12 millones de euros, prácticamente lo mismo que las lamas en sí. Además, apuntan, la obra implicaría paralizar la actividad del CaixaForum y no contemplan interrumpir uno de los proyectos estrella del Gobierno del Pacto del Botánico.

Junto a las lamas, la cara B del Ágora se encuentra en los almacenes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Allí están los motores y otros materiales que debían componer la cubierta móvil del edificio, en la que se insertarían las piezas metálicas, como si fuera un párpado con pestañas que se abre y cierra. Las planchas metálicas ocupan un solar de unos 20.000 metros cuadrados que la dirección de la CACSA estudia destinar a otros usos

El edificio proyectado en la época de la euforia del PP arrastra un historial de sombra y sobrecostes. Ya en 2011 el diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco denunció el mal estado de las planchas de acero y presentó una batería de preguntas parlamentarias para instar al Ejecutivo de Francisco Camps a aclarar su uso. En 2009, la Sindicatura de Cuentas advirtió en un informe que el edificio, entonces sin terminar, ya superaba en un 86% sus costes iniciales. El proyecto del Ágora de Santiago Calatrava, la “catedral” como lo llamó Rita Barberá, terminó costando cerca de 100 millones de euros tras las modificaciones del proyecto.

La Generalitat y La Caixa han cerrado el acuerdo por el que el Àgora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias albergará un enorme contenedor cultural -el Caixaforum- a partir de 2019 o 2020. El gobierno valenciano se compromete a acondicionar el edificio y cederlo a la fundación del banco catalán. Éste invertirá 18 millones en la creación del recinto y otros cinco cada año en la actividad ordinaria.

“Será, probablemente, el mejor Caixaforum de España”, ha dicho Ximo Puig, que se ha reunido este viernes con el presidente de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé. Las obras del espacio cultural comenzarán una vez se acaben las obras del Àgora, ya que la fastuosa obra de Santiago Calatrava -80 metros de altura, levantado sobre una superfície de 5.000 metros cuadrados- está inacabada y sin uso.

En paralelo, la Generalitat negocia la rescisión del contrato con Avanqua, la empresa, que también gestiona L'Oceonogràfic, que tiene la concesión del espacio. Puig prevé que la negociación actualmente en marcha -renuncia a la explotación del espacio a cambio de una rebaja del cánon que ahora paga la empresa- se cierre pronto. Una vez haya acuerdo y l'Àgora esté rematada, La Caixa comenzará las obras de acondicionamiento, que durarán un par de años.

En resumen, el Caixaforum no funcionará hasta el segundo semestre de 2019 o 2020. Según algunos bocetos, el banco construirá un cubo dentro de L' Àgora y un jardín interior. La cesión del edificio público a una entidad privada será por varias décadas, aunque el asunto, según Puig, no está cerrado.

“Locomotora cultural” y refuerzo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias

El CaixaForum, según Puig, será la “la locomotora cultural de la Comunitat Valenciana”. “Se van a producir exposiciones y todo tipo de acciones de carácter cultural que van a situar a la ciudad de València en el centro de los grandes debates que existen en el mundo. Para el presidente, la iniciativa permitirá ”reforzar la imagen“ de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, una obra fastuosa que, para algunos, está muy ligada al despilfarro y los sobrecostes.

El President de la Generalitat, Ximo Puig, se ha reunido este lunes con el director general de Cacsa, Enrique Vidal, quien le ha informado que las obras para terminar el edificio del Àgora, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se van a poner en marcha en abril.

Con este proyecto, según un comunicado de la Generalitat, se da por fin salida a un edificio inacabado, sin uso y con un alto coste de mantenimiento, y se cumple así la promesa del Gobierno valenciano de acabar las obras del Àgora, que se va a convertir en la sede en València del Caixa Fórum.

El acuerdo al que se ha llegado para el retomar el cierre definitivo del edificio, establece que el proyecto tendrá un coste de 4,6 millones de euros, tal y como ha explicado el President, un cifra que contrasta con los más de 20 millones previstos en el proyecto inicial y que suponían una inversión “inasumible” para la Generalitat.

Está previsto, siempre según la Generalitat, que estas obras empiecen el próximo día 4 de abril y que estén terminadas en un plazo de un año. Además, de forma paralela, se pondrán en marcha las obras internas correspondientes a la construcción del propio Caixa Fórum.

En este sentido, el jefe del Consell ha asegurado que la instalación del Caixa Fórum en València supone “un revulsivo fundamental para la cultura y para la propia Ciudad de las Artes y las Ciencias”.

“Se trata de pasar de una política de grandes contenedores, a una política de contenidos al servicio del interés general de los ciudadanos”, ha destacado Puig, quien también ha recordado que acabar este edifico “de una manera razonable en términos económicos”, era uno de sus principales compromisos.

Por su parte, el director general de Cacsa, ha destacado que este proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con el arquitecto Santiago Calatrava, que ha sido el encargado de la redacción el nuevo proyecto para cerrar las obras, después de que el consejo de administración de Cacsa considerara “inasumible” finalizar el proyecto en los términos previstos inicialmente y con un coste de más de 20 millones de euros.

El plan actual prevé cerrar el Àgora, restaurar todos los desperfectos, así como repasar el trencadís ante los posibles deterioros que pueda haber a causa de las obras.

En cuanto a la instalación de Caixa Fórum en el Àgora, Vidal lo considera “un hito” para el conjunto de la Comunitat Valenciana, y ha asegurado que con esta iniciativa se crea “una simbiosis perfecta” que encaja perfectamente con la actividad social y cultural que desarrolla la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias ha sido elegido como el quinto mejor museo de España, según los premios Travellers' Choice de TripAdvisor. Sobre él, algunos viajeros comentan que es “visita obligada en Valencia”, “espectacular” o una “fantástica experiencia”.

El Museo del Prado de Madrid ha sido premiado como el mejor museo de España, el tercero de Europa y el séptimo del mundo, según los premios Travellers' Choice de TripAdvisor, que indica que las comunidades con mayor presencia en esta nueva edición son Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco.

En esta nueva edición de los premios para museos de la web de viajes, el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, destaca como el mejor museo del mundo y el Museo del Patrimonio Nacional y Palacio de Invierno en San Petersburgo, como el mejor de Europa según los usuarios.

España se encuentra entre los primeros puestos a nivel internacional. Se han premiado un total de diez museos españoles, de los cuales dos de ellos han sido reconocidos con galardones a nivel europeo y uno en el 'Top 10' mundial.

El Museo del Prado ha sido reconocido entre los diez primeros del mundo, mientras que el Museo Thyssen-Bornemisza, mantiene un año más la segunda posición a nivel nacional.

El ranking nacional lo completan: el Museo Guggenheim en Bilbao, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, el Museo Sorolla en Madrid, el Museu Nacional d'Art de Catalunya - MNAC, el Teatro-Museo Dalí en Figueres, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y el Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga.

En Europa el primer lugar, teniendo en cuenta la cantidad y calidad de los comentarios realizados en TripAdvisor, es el Museo del Patrimonio Nacional y Palacio de Invierno en San Petersburgo, seguido del Musée d'Orsay en París, el Museo Nacional del Prado en Madrid, el Museo Británico de Londres y el Museo de la Acrópolis de Atenas.

A nivel mundial las primeras posiciones son ocupadas por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el Instituto de Arte de Chicago, el Museo del Patrimonio Nacional y Palacio de Invierno de San Petersburgo, el Musée d'Orsay de París y el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México.

Las actuaciones gratuitas de 'Un lago de conciertos' organizada por la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el campus en Valencia de Berklee College of Music, regresarán este viernes a las 19 horas en el escenario situado en el lago del Museo Príncipe Felipe.

En esta ocasión, será el turno de la banda de flamenco 'The Soul of the Roots' liderada por el profesor de Berklee en Valencia y percusionista Sergio Martínez. Esta formación integra voz, guitarra, baile y ritmo, elementos esenciales de esta antigua forma de arte, con la incorporación del piano flamenco, que dará un enfoque contemporáneo al espectáculo, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

De nuevo, todos los viernes de los meses de septiembre y octubre, 'Un lago de conciertos' llevará al lago Sur del Museo de 19 a 21 horas, las actuaciones de libre acceso a cargo de los estudiantes del campus en Valencia de Berklee con la interpretación de composiciones de diferentes estilos musicales: jazz, pop, rock, electrónico y hip-hop.

El humor regresa a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Como en veranos anteriores, a partir del próximo jueves 7 de julio los monólogos colonizarán la terraza del Museo de las Ciencias durante la noche.

Eugeni Alemany, embajador de la campaña  #PaellaEmoji, será el encargado de abrir el presente ciclo. Con su espectáculo 'T'ho dic sense acritud', a partir de las 22:00 amenizará la velada.  

Desde el 7 julio hasta el 8 de septiembre reconocidos artistas actuarán en directo sobre el escenario ubicado en el lago. Las actuaciones tendrán lugar los jueves de julio y septiembre a las 22:00 horas y en agosto a las 23:00 horas, con un precio de 8 a 12 euros.

El 14 de julio será el turno de María Juan que ofrecerá su espectáculo 'Mare meua...', seguida la semana siguiente por el mentalista Toni Pons con 'Tu otro yo'. La siguiente cita será el 28 de julio con 'Posa'm un barrejat' donde el actor Pau Blanco realizará un resumen de los mejores momentos de los 15 años de Purna Teatre.

Asimismo regresan las Noches de l'Hemisfèric, los martes y los jueves con una sesión especial en la que un planetarista guía a los espectadores a través del cielo nocturno en verano. El público puede identificar las principales constelaciones, explorar planetas como Júpiter, algunas lunas como Ío o Titán e incluso adentrarse en fascinantes nebulosas. Además, los martes, a partir del 19 de julio, al terminar el planetario en vivo, se disfrutará de un cóctel en el exclusivo espacio del anillo perimetral 'Carl Sagan'.

Las empresas de la Generalitat -desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias hasta la Ciudad de la Luz pasando, por ejemplo, por el Aeropuerto de Castellón- han sido un ejemplo de “corrupción, opacidad y mala gestión”. El “marasmo” reinante durante los “20 años del PP” implica que la Generalitat desconocía sus plantillas, que las compañías elegían y remuneraban a su personal al margen del Consell e incluso acometían ampliaciones de capital sin conocimiento de la propiedad.

Ese “caos” ha sido general en 28 empresas que suman unos 6.300 empleados y tienen un pasivo (deuda)  de 4.800 millones, 1.300 de ellos con la Generalitat. Ese es el retrato del sector público hecho este martes en las Corts Valencianes por Ángeles Cuenca. La secretaría autonómica de la Conselleria de Hacienda ha anunciado varias medidas para revertir la situación. Reunir información sobre las plantillas y salarios, imponer máxima transparencia, controlar su funcionamiento o impulsar la paridad en los consejos de administración son algunas de ellas. 

“Queremos acabar con la oscuridad de la era del PP”, ha dicho Cuenca. Los dos partidos en el Consell -PSPV-PSOE y Compromís- y su apoyo parlamentario, Podemos, han aplaudido, con matices, su intervención. “Queda claro que el sector público empresarial ha sido un chiringuito montado por el PP para colocar a sus amigos y evitar el control público”, ha dicho José Muñoz. El diputado socialista ya denunció las comilonas y viajes del ahora diputado popular, Gerardo Camps, con cargo a ese entramado. 

El PP ha achacado a Cuenca su desconocimiento del tema y su versión catastrofista y sesgada . Ciudadanos, “compartiendo el diagnóstico” del alto cargo de Hacienda, ha echado en falta propuestas. “Esta comparecencia se hizo a petición suya para hablar del futuro del sector público empresarial y de eso no hemos oído nada”.

1.000 millones de presupuesto anual

Las empresas de la Generalitat consumen anualmente mil millones de euros. Esa cifra aumenta a 1.400 si se incluyen las fundaciones (la de Palau de les Arts, por ejemplo) o consorcios como el hospital general de Castellón.

La mayor deuda (pasivo, para ser más exactos) corresponde al Instituto Valenciano de Finanzas, el brazo financiero de la Generalitat: 889 millones de euros. Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) tiene uno de 540 y Epsar, una empresa de gestión discutida, 722.

El que fuera director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) de Valencia entre 2003 y 2005, José Manuel Aguilar, quien ha comenzado a declarar pasadas las 16 horas como acusado en el juicio del caso Nóos, ha desvinculado al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps de las negociaciones de cara a la contratación del Instituto Nóos para la organización de los denominados Valencia Summit.

“Este señor jamás, nunca, se puso en contacto conmigo absolutamente para nada. No tengo el placer de conocerle en lo personal”, ha recalcado el exalto cargo, quien ha aseverado que únicamente ha coincidido con él en actos protocolarios.

Aguilar, al igual que ya lo hiciera ante el tribunal el también exdirector gerente de Cacsa Jorge Vela -quien le sustituyó en el cargo-, ha defendido la legalidad de la tramitación de los Summit y ha aseverado que si no hubo expediente administrativo se debe a que se trataba de un contrato de patrocinio y no requería, por tanto, la convocatoria de un concurso público.

Asimismo, sobre los fondos que fueron abonados al Instituto presidido entonces por Iñaki Urdangarin -hasta 3,6 millones de euros-, el inculpado, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel, ha manifestado que hubo un control del gasto, “en este contrato y en todos”. “El procedimiento interno no permitía que se recibiese una factura si no se cumplían todos los mecanismos de control”, ha especificado.

El exresponsable de Cacsa se ha desvinculado además de las decisiones en torno al precio de la contratación, como la concesión a Nóos de un canon de un millón de euros, al aseverar que de este asunto se encargó la asesoría jurídica de la empresa dependiente de la Generalitat Valenciana.

En concreto, el Instituto Nóos organizó el primer congreso Valencia Summit en 2004 con un presupuesto total, incluido el canon de 1.044.000 euros, de 1.351.638 euros; en la segunda edición, el presupuesto final se elevó a 1.791.477 euros, mientras que el último, en 2006, se redujo hasta los 1.472.483 euros.

Torres expuso el proyecto

Aguilar ha explicado que fue el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, quien presentó el proyecto a Cacsa, en 2004, durante una reunión en la que también estuvo presente el exsecretario autonómico de Eventos Luis Lobón, también encausado. Según ha recordado, fue Torres quien expuso la iniciativa, que partió de Nóos. “Yo no le di ninguna idea”, ha incidido. El acusado ha manifestado asimismo que Torres no mencionó a Urdangarin.

Asimismo, ha precisado que el encuentro se produjo en julio de ese año, mientras que el convenio con el Instituto se rubricó en septiembre. “Ya teníamos experiencia previa como patrocinadores de terceros”, ha apostillado.

Respecto al hecho de que la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau -que también realizaba aportaciones económicas-, ha señalado que la relación con ésta “era fluida”. “Era un matrimonio perfecto porque los dos estábamos interesados en lo mismo”, ha abundado.

La declaración de Aguilar, quien al igual que los exaltos cargos valencianos que le han precedido ante el tribunal se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones populares, ha finalizado a las 17.30 horas.

La exdirectora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias Elisa Maldonado, quien declara como acusada en el juicio del caso Nóos, ha manifestado, en contra de lo que declaró en fase de instrucción, que los convenios firmados con el Instituto Nóos para celebrar los denominados Valencia Summit en 2004, 2005 y 2006 no requerían estar avalados por informes técnicos y jurídicos puesto que no se sometían a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

“En absoluto eran necesarios puesto que los convenios se firmaron en el ámbito privado”, ha remarcado Maldonado a preguntas de la fiscal anticorrupción Ana Lamas. La entidad presidida entonces por Iñaki Urdangarin cobró un total de 3,6 millones de euros públicos por la organización de los anteriores eventos.

En su declaración, Maldonado ha negado que el informe que elaboró en 2005 presuntamente para encubrir la ilegalidad del convenio rubricado para la primera edición del Summit, llevada a cabo en 2004, fuese para “vestir el santo” y dar apariencia de licitud a la primera contratación. “¿No era para vestir el santo, como dijo en declaración policial?”, le ha espetado Lamas, a lo que la inculpada le ha respondido: “Yo no dije eso”.

La Fiscalía sostiene, sin embargo, que fue después de que la Sindicatura de Cuentas de Valencia apuntara a la falta de justificación de la primera contratación a favor de Nóos cuando el entonces director general de Cacsa, Jorge Vela, exigió a Maldonado que redactara un informe para justificar la firma del primer convenio y que lo datara en el año 2004.

Manipulación del informe técnico

Pese a que Maldonado reconoció ante el juez José Castro que, efectivamente, manipuló el informe técnico del Summit “por orden” de Vela, la acusada ha señalado ante el tribunal que no se trataba de un informe dirigido a justificar la necesidad del convenio sino que lo que el exdirector gerente le pidió fue la elaboración de un documento que explicara “los resultados del Valencia Summit de 2004 y las posibilidades del de 2005”.

“No se trata de informes que se elaboren porque sí, sino que valoran una decisión estratégica de la empresa [en alusión a Cacsa] y recaban información acerca de los objetivos y resultados de una accion de patrocinio a efectos de informar a terceros, como podía ser el Tribunal de Cuentas”, ha incidido.

En concreto, Maldonado fue directora de gestión de Cacsa desde 2003 hasta 2008 y sus funciones consistían en gestionar los recursos de la empresa y las distintas líneas de negocio. Durante ese tiempo coincidió con el también exdirector gerente José Manuel Aguilar de 2003 a 2005, así como con Vela, quien permaneció en el cargo hasta 2009.

El exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) Jorge Vela ha asegurado este miércoles que el el acuerdo con el Instituto Nóos para la organización de los foros Valencia Summit “era un convenio más” de los muchos que realizó la entidad y no tenía que someterse a la ley de contratos públicos.

En su declaración como acusado en el juicio del caso Nóos por su intervención en la financiación de los foros Valencia Summit, que reportaron unos 3 millones de euros a la asociación creada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres, Vela ha señalado que Cacsa estaba eximida de cumplir las reglas de contratación pública en el “patrocinio” de esos foros.

“Cacsa es de la administración pero no es administración”, ha manifestado el ex alto cargo en respuesta a preguntas de la letrada defensora de Elisa Maldonado, exdirectora de gestión de Cacsa, a quien ha indicado también que no cuestionó el precio de los foros (900.000 euros más IVA) ni la legalidad de la fórmula porque no era preceptivo y nadie le advirtió de que hubiera ningún inconveniente.

Vela, que comenzó ayer su declaración respondiendo a las preguntas de la Fiscalía en un tono que este miércoles la presidenta del tribunal, Samantha Romero, le ha pedido que “modere”, se negó a contestar al letrado de la acusación popular del grupo municipal socialista de Valencia, igual que hoy ha eludido hacerlo a la acusación particular de la Abogacía de la Comunidad Valenciana.

El exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) Jorge Vela no cuestionó el precio de organización de los foros Valencia Summit por parte del Instituto Nóos porque le “venía dado” y se trataba de “un patrocinio” exento de cumplir la normativa de contratación pública.

Vela, el primero de los antiguos altos cargos públicos valencianos acusados en el juicio de Nóos que declara ante el tribunal de la Audiencia de Palma, ha insistido en que no encargó informes económicos sobre el “canon” solicitado por la entidad de Iñaki Urdangarin porque no era preceptivo.

El acusado, que se enfrenta a peticiones de pena de entre 6 y 11 años de prisión, ha respondido a las preguntas de la Fiscalía pero se ha negado ha atender las cuestiones que deseaba plantearle la acusación popular ejercida por el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia.

Ha basado su argumentación en que, según su opinión y la de los gestores de la administración autonómica valenciana cuando se celebraron los Valencia Summit (2004, 2005 y 2006), los foros eran un evento del Instituto Nóos que Cacsa y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau se limitaban a patrocinar porque se ajustaban a sus fines, y no un servicio prestado a la Generalitat.

“Estábamos patrocinando un evento de un tercero, que era el Instituto Nóos”, ha incidido el exdirector de Cacsa, que se incorporó a ese cargo en 2005, cuando ya se había firmado el convenio de colaboración para los foros, por lo que su intervención fue autorizar dos renovaciones anuales del evento sin dudar de su utilidad ni de que se tuviera que pagar por ellas en torno a 1 millón de euros por edición.

La Audiencia de Palma mantiene en el banquillo a las 18 personas acusadas cuando comenzó la vista del caso Nóos el pasado 11 de enero al rechazar todas las cuestiones previas planteadas por las defensas, excepto una sobre el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau que no le libra del juicio.

Además de las cuestiones planteadas contra la legitimidad de la acusación popular de Manos Limpias para mantener a la infanta Cristina en el banquillo pese a no acusarla la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, el tribunal de la sección primera de la Audiencia balear desestima las peticiones de sobreseimiento respecto al resto de acusados que lo pretendían.

Así, mantiene acusados en el juicio a Luis Lobón, Jorge Vela, Elisa Maldonado y José Manuel Aguilar, imputados por presuntos delitos cometidos en la llamada “rama valenciana” de la supuesta trama de corrupción tejida por el Instituto Nóos y empresas anexas en contratos con administraciones públicas valencianas.

Sus defensas argumentaron que correspondía instruir y juzgar sus actos a los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana porque los presuntos delitos se cometieron en esa región y afectaron a instituciones y entidades valencianas, y nada tenían que ver con los investigados en Baleares y Madrid.

El tribunal desestima este razonamiento al sostener que la ley y la jurisprudencia priman la “regla de enjuiciamiento conjunto” en casos donde haya intervinientes comunes y hechos conectados entre sí.

También rechaza los argumentos, de diferente índole, planteados en favor de su exoneración por la defensa del asesor fiscal Salvador Trinxet y los expuestos por la representación de Miguel Tejeiro, Ana Maria Tejeiro y su esposo, el exsocio de Iñaki Urdangarin Diego Torres.

En cuanto a Alfonso Grau, admite la cuestión previa y anula la acusación sostenida por la representación de Manos Limpias al considerar que adolece de defectos que la hacen inválida.

No obstante, como el exvicealcalde de Valencia también está encausado a instancias de la acusación popular ejercida por el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, el tribunal señala que Manos Limpias podrá adherirse en el juicio a sus planteamientos.

El auto dictado hoy por unanimidad por las magistradas Samantha Romero, Eleonor Moyá y Rocío Martín no es recurrible, aunque las partes pueden formular protesta cuando el próximo 9 de febrero se reinicie el juicio y recurrir al Tribunal Supremo con los mismos argumentos de las cuestiones previas cuando se dicte sentencia.

La portavoz adjunta del PSPV, Ana Barceló, ha exigido al PP “explicaciones inmediatas” tras revelar el informe de la Sindicatura de Comptes que el Consell de Alberto Fabra pagó a una consultora cerca de 10.500 euros por un informe de externalización de Cacsa que no se pudo completar dado que la propia empresa pública no facilitó toda la documentación necesaria. “Sabíamos que Cacsa le regalaba dinero al PP y ahora sabemos que también a otras empresas”, ha dicho.

“Es inaudito en política que sean las empresas privadas contratadas las que fiscalicen a la administración pública, cuando debería de suceder todo lo contrario”, ha señalado al respecto Barceló, quien ha incidido en que “hasta ahora sabíamos ya de sobra que Cacsa regaló durante años dinero al PP al permitirle rebajas sustanciales de pagos, pero ahora sabemos también que regalaba dinero a otras empresas de forma irregular sin saber cuáles fueron los motivos”.

De hecho, tras la entrega a todos los grupos parlamentarios del Informe de la Cuenta General correspondiente a 2014, la dirigente socialista ha puesto de manifiesto cómo la dirección de Cacsa solicitó un informe por valor de 42.000 euros a una consultora privada que, sin embargo, no pudo completarse por causas atribuibles a la propia empresa pública pero que, sin embargo, fue abonado en su totalidad incluyéndose los 10.500 euros que costaban los servicios que no habían podido completarse.

Esta situación ha sido calificada como “totalmente irregular” por la portavoz adjunta del PSPV, quien ha agradecido “el enorme esfuerzo realizado por la Sindicatura de Comptes” y ha aplaudido su decisión de llevar esta irregularidad ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas.

“Se ha acabado la impunidad para las irregularidades de los Consells del PP”, ha asegurado antes de incidir en que además hay que añadir en que “tras el primer informe por valor de 42.000 euros Cacsa solicitó un segundo informe en el que pretendieron que se incluyeran los trabajos por los que ya habían pagado previamente”.

De hecho, desde el PSPV han puesto de manifiesto cómo en el segundo informe requerido a la consultora, “además de pretender incluir trabajos que supuestamente ya habían quedado recogidos en el primero, se solicitaron nuevos servicios que finalmente no fueron incluidos en el contrato y que, sin embargo, no provocaron una rebaja del precio estipulado”.

“Cacsa pagó la misma cantidad por unos servicios que suponían prácticamente la mitad de lo que en un principio se había presupuestado” y “no se buscaron otras ofertas que pudiesen rebajar el precio inicial”, ha censurado Barceló. Para la socialista, “cada vez es más evidente que el PP no es que no gestiona bien la economía, sino que el problema es que sabe gestionar demasiado bien la de su propio bolsillo y la de sus amigos en perjuicio siempre del dinero público de todos los ciudadanos”.

Ante ello, ha recalcado la necesidad de “apostar por la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad de la que durante muchos años ha gozado el PP”. “Frente al oscurantismo, los pufos y las irregularidades del PPCV ahora hay un nuevo Consell que acabará con el amiguismo y el despilfarro que durante años estuvo presente en la Generalitat y que ha acabado hundiendo económicamente a esta Comunitat”.

Financiación

Por otro lado, la dirigente socialista también ha resaltado las graves deficiencias de financiación destacadas por la Sindicatura de Comptes y ha incidido en que “ahora más que nunca se pone en valor el enorme esfuerzo del president Ximo Puig por hacer frente junto a los sindicatos, las organizaciones empresariales, universidades y sociedad civil a un sistema de financiación que nos perjudica enormemente tal y como ha quedado en evidencia”.

Barceló ha incidido en que “una vez más se pone de manifiesto la marginación y discriminación que sufrimos los valencianos por parte del gobierno central, que se ha negado a modificar un sistema de reparto que es profundamente injusto y nos asigna muchos menos recursos por habitante que al resto del Estado”.

Ha considerado “sorprendente” que el PP “siga intentando vender el FLA y otros mecanismos como el Plan de Pago a Proveedores como una solución positiva cuando hasta los informes de la sindicatura revelan que no hacen más que perjudicarnos, agravar la situación y aumentar nuestra deuda” y ha calificado de “inaceptable” que desde el gobierno de Mariano Rajoy “nos insten a celebrar el FLA que recibimos como si fuese positivo, cuando no es más que un préstamo que tendremos que devolver en lugar de darnos lo que nos corresponde”.

“No queremos mecanismos ni provisionales ni alternativos que aumenten nuestra deuda, puesto que el FLA no es más que el dinero que nos corresponde, pero que a nosotros en lugar de dárnoslo, nos exigen devolverlo”, ha sentenciado Barceló.

La Sindicatura de Comptes va a notificar a la fiscalía del Tribunal de Cuentas la posible existencia de pagos realizados por la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) sobre los servicios de consultoría para la externalización del complejo “sin haber recibido en su totalidad la prestación correspondiente”.

Así figura en el informe de la Sindicatura de Comptes de 2014 sobre la empresa pública Cacsa, en el que la entidad fiscalizadora ha detectado “una anomalía” o “salvedad importante” referida al contrato de servicios de consultoría para la definición de las condiciones de externalización del complejo.

El síndic major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, ha explicado que, gracias a un protocolo suscrito recientemente con la fiscalía del Tribunal de Cuentas, van a trasladar a este órgano las “irregularidades” detectadas en ese contrato, con el fin de que se investiguen o se hagan las gestiones para su subsanación.

Según el informe, en junio de 2014 se dieron por concluidos los trabajos objeto de ese contrato, suscrito en noviembre de 2012, así como los servicios de apoyo durante la licitación y redacción del contrato, y se determinó el pago del importe pendiente, por valor de 10.500 euros, IVA excluido.

Pese a que el contrato indicaba que CACSA debía determinar que la prestación del servicio se había hecho con conformidad, y que el pago de los 10.500 euros se haría tras la firma del acta de conformidad, dicha acta no consta en el expediente.

Además, el documento de conclusión de los trabajos señala que los servicios de apoyo a Cacsa durante la licitación y redacción del contrato de externalización “no han sido prestados por retrasos debidos a requerimientos de Cacsa que no han podido ser asumidos por el contratista”.

Contrato “indebidamente calificado”

Adicionalmente, señala la Sindicatura, el 2 de julio de 2014 Cacsa formalizó con la misma empresa un contrato “indebidamente calificado de servicios complementarios”, por el 50 % del contrato anterior, para definir las condiciones de externalización adaptadas a las indicaciones de la dirección general de Patrimonio.

En ese contrato se excluyen expresamente los servicios de apoyo durante la licitación y en la redacción del contrato de externalización, que formaban parte de las necesidades planteadas por Cacsa en el proceso negociador, sin que esa reducción de las actuaciones objeto de contrato hayan supuesto una reducción del precio.

La Sindicatura expone que el 26 de febrero de 2015 se satisface el pago del importe del contrato, por 21.000 euros más IVA, unos hechos en los que la institución aprecia indicios de responsabilidad contable.

Valor desprendimiento del 'trencadís' del Palau

El informe permite además conocer el valor neto contable del deterioro del revestimiento de la cubierta del Palau de Les Arts Reina Sofía debido a los desprendimientos del 'trencadís' en diciembre de 2013, que asciende a 2.742.707 euros, y del que se ha hecho cargo la dirección facultativa y la UTE constructora.

Además, la Sindicatura detalla el coste neto de los edificios que componen el complejo de la Ciudad de las Artes, que asciende a un total de 1.067,5 millones de euros, entre los que destacan los 447 millones del Palau de Les Arts, los 186,7 millones del Oceaongràfic, los 141 del Museo de las Ciecias y los 116 del Ágora.

También se explica que Cacsa tiene un fondo de maniobra negativo de 325 millones de euros, y que, al igual que en ejercicios anteriores, Cacsa no ha obtenido los ingresos suficientes para cubrir sus gastos e inversiones.

Asimismo, se considera que ha habido una “falta de diligencia” en el ejercicio de las acciones legales pertinentes para dar un “adecuado y efectivo” cumplimiento al contrato de Cacsa con la operadora del Oceanogràfic, Parques Reunidos.

Según el Síndic, Cacsa “era conocedora del deterioro de las instalaciones y de los incumplimientos contractuales por parte del operador desde prácticamente el inicio de la vigencia del contrato”, suscrito en 2002, pero hasta febrero de 2015 no contestó a la demanda interpuesta por Parques Reunidos en julio de 2014 que exigía una serie de créditos.

El informe desvela que por primera vez se ha evaluado el deterioro del inmovilizado del Oceanogràfic, pese a que había evidencias desde 2004, y se ha cifrado en 5,6 millones de euros.

La Comisión Ejecutiva de CACSA ha decidido iniciar las acciones legales necesarias para aclarar lo sucedido en la firma del contrato de uso de las instalaciones del Ágora por un precio que no se ajustó a ninguna tarifa vigente.

El Partido Popular celebró un mitin en el Ágora el 21 de mayo de 2014 en el marco de la campaña electoral de las pasadas elecciones al Parlamento Europeo en el que se realizó una aplicación irregular de las tarifas por el uso de las instalaciones.

Según ha anunciado el secretario autonómico de Turismo y presidente del Consejo de Administración de CACSA, Francesc Colomer la medida adoptada “se toma tras conocer los informes técnicos de los que disponemos y que no se corresponden con la versión que ha dado el Partido Popular”.

“Sería un error”, ha continuado Colomer “que pudiéramos admitir con normalidad el uso partidista de unas instalaciones públicas que son de todos y que deben responder al interés general. No puede haber un trato de favor ni es correcto además sobre la base de minorar arbitrariamente las tarifas”.

El secretario autonómico de Turismo y presidente del Consejo de Administración de Cacsa, ha destacado que es necesario trabajar desde la igualdad de oportunidades y ha hecho hincapié en que es “inaceptable que se haya podido producir una subvención encubierta, un privilegio, un regalo a un partido político por parte de una entidad pública”

El acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva faculta al director general de CACSA a proceder para que se ordenen las acciones legales pertinentes con el objetivo de aclarar los hechos y que se abra la vía para recuperar la pérdida injustificada de ingresos por parte de CACSA.

El director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa), Enrique Vidal, ha encargado a los servicios jurídicos de la empresa pública un informe sobre las posibles responsabilidades que se pueden derivar por la firma de un contrato de uso de las instalaciones por un precio que no se ajustó a ninguna tarifa vigente.

Esta solicitud se realiza tras conocer el caso del mitin del Partido Popular celebrado en el L'Àgora el 21 de mayo de 2014 en el marco de la campaña electoral de las pasadas elecciones al Parlamento Europeo. Así, según informó Radio Valencia, el Consell de Alberto Fabra sólo cobró 5.000 euros al PP cuando el alquiler de este espacio, según las tarifas aprobadas por el consejo de administración de Cacsa, ascendía a 25.000 euros.

Esta situación, según el director general de Cacsa, “puede haber supuesto un quebranto económico para la empresa pública y por tanto hay que establecer las responsabilidades de este posible perjuicio que ha sido asumido y pagado por todos los valencianos”.

Vidal ha mostrado su preocupación “por si la tarifa no correctamente aplicada al PP en aquel mitin tiene una consecuencia jurídica vinculada a la Ley Electoral, ya que cualquier donación efectuada a un partido político durante la campaña electoral está sujeta a un estricto control legal”.

La dirección de Cacsa esperará al informe jurídico solicitado para posicionarse sobre este hecho así como para la exigencia de las responsabilidades por el posible quebranto generado por la aplicación irregular de las tarifas.