El juez que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez por delitos de tráfico de influencias y cohecho ha tomado declaración como testigo este jueves al que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías. En el interrogatorio, que se ha prolongado durante más de una hora, Zarrías ha explicado que contrató a Leire Díez después de que ella le pidiera apoyo económico porque estaba culminando una investigación en la que pretendía demostrar la participación del comisario José Manuel Villarejo en el inicio del procedimiento de los ERE, en el que estuvo procesado y acabó absuelto por el Tribunal Constitucional. 

En una declaración ante los medios tras su declaración, el propio Zarrías ha explicado que mantuvo en nómina a Leire Díez con ese objetivo entre los meses de junio y septiembre de 2024, cuando le entregó las conclusiones de ese trabajo en un pendrive. Le pagó, en total, 16.000 euros. Sin embargo, en ese trabajo, que Zarrías ha puesto a disposición del juzgado, no había “nada” que probara que el comisario hubiera intervenido en el asunto de los ERE. Ante el juez, Zarrías ha reconocido que la supuesta investigación no cumplió con sus expectativas porque contenía únicamente información pública, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas.

Zarrías también ha explicado que conoció a Leire Díez en otoño de 2021. Según su versión, ella le contactó porque estaba investigando el caso de los ERE y le reclamó información sobre la causa judicial que él le facilitó. Según ha afirmado, ella se presentó como periodista y como militante del PSOE, aunque en ningún caso mencionó si actuaba por orden de la cúpula del partido. 

El juez Arturo Zamarriego citó a Zarrías para interrogarle sobre su “relación personal” con Leire Díez, a la que tuvo contratada a través de una empresa llamada Zaño Sociedad Consultora. El Partido Popular solicitó realizar registrar la sede de su consultora y citar a Zarrías como imputado pero el juez, apoyado en la Fiscalía, decidió que compareciera únicamente como testigo. 

La Fiscalía atribuye a Leire Díez el “liderazgo” de un “plan delictivo” con el objetivo de desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de diversas investigaciones abiertas en causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE; y a la Fiscalía Anticorrupción, que ejerce la acusación pública en varios de esos casos. La investigación trata de determinar si actuaba por orden de la cúpula del PSOE o por iniciativa propia.

Las acusaciones señalan que Leire Díez estuvo a sueldo de la consultora en el periodo en el que ella supuestamente recopilaba información contra la UCO. Su tesis es que la empresa de Zarrías podría haber participado “activa y decisivamente” en la financiación de estas supuestas actuaciones. El Boletín Oficial del Registro Mercantil registró el pasado abril la disolución de la consultora. 

El juez de Madrid que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez ha acordado citar como testigo al histórico socialista Gaspar Zarrías el próximo 16 de abril, según un auto al que ha tenido acceso elDiario.es. El magistrado acuerda su comparecencia para interrogarle sobre su “relación personal” con Leire Díez, a la que tuvo contratada a través de una empresa llamada Zaño Sociedad Consultora. El Partido Popular solicitó su declaración como imputado pero el juez, apoyado en la Fiscalía, decide citarlo únicamente como testigo. 

En la misma resolución, el juez Arturo Zamarriego rechaza la citación como testigo del teniente coronel Antonio Balas, jefe del grupo de la UCO que investiga el caso Cerdán, entre otros muchos de relevancia. Leire Díez se convirtió en protagonista de la actualidad tras la publicación de un audio en el que aparece ofreciendo a un empresario influir en la posición de la Fiscalía si, a cambio, él le ofrecía información comprometedora sobre este mando de la Guardia Civil. 

Vox había reclamado la citación de Balas como testigo, pero el juez argumenta que su declaración no es “útil” porque “aunque la presente causa versa, indiciariamente, sobre la búsqueda de información sobre su actuación profesional y sobre la UCO ”no consta que el mismo presenciara reuniones con tal fin ni que tenga conocimiento directo de las mismas“. 

En otra resolución, el juez acuerda medidas para profundizar en el perfil económico de los investigados en esta causa, en la que se indaga si Leire Díez y el empresario con el que colabora, Javier Pérez Dolset, maniobraron contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil para, según el juez, malbaratar investigaciones judiciales. Así, el magistrado ordena recabar su vida laboral y las declaraciones de IRPF entre los ejercicios 2021 a 2026.

El exvicepresidente y exconsejero de Presidencia andaluz Gaspar Zarrías ha valorado con “gran satisfacción” que se haya “impuesto la verdad” desde el Tribunal Constitucional (TC) en relación al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por el que, según ha lamentado, fue condenado “siendo inocente” y tras un “gran montaje” que, en su opinión, elaboró el PP. “Nos limitamos a cumplir con la ley que había aprobado el Parlamento de Andalucía”, y lo que hubo fue “un gran montaje por parte del Partido Popular para poner en marcha la cacería política más infame que se conoce en la España democrática”, ha añadido el exvicepresidente de la Junta.

El exdirigente socialista andaluz se ha pronunciado así, en unas declaraciones difundidas desde el PSOE-A, al hilo de la decisión del Pleno del TC, adoptada por siete votos a favor por cuatro en contra, de exonerar parte de la prevaricación por la que se le condenó a nueve años de inhabilitación.

Tras conocerse esa decisión del pleno del tribunal de garantías, Gaspar Zarrías ha dicho sentir “una gran satisfacción”, y ha comentado que “se ha impuesto la verdad”, la de que “no había una trama para hacer algo incorrecto o ilegal”. Ha concluido lamentando que a ex altos cargos de la administración socialista se les condenó en este caso “siendo inocentes, violando nuestros derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a la legalidad penal”.

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido amparar parcialmente al exconsejero y ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, en el caso de los ERE. Los siete magistrados progresistas han aprobado devolver su caso a la Audiencia de Sevilla para que los jueces reconsideren a la baja su condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación, al entender que se ha vulnerado su derecho a la legalidad penal. Una decisión similar a la que han recibido otros altos cargos andaluces encausados como el expresidente Manuel Chaves o la exministra Magdalena Álvarez.

El tribunal de garantías examina esta semana los últimos recursos pendientes de antiguos dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía contra las condenas por los ERE. Pocos minutos después, el pleno también ha anunciado un amparo idéntico para Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos condenado también a nueve años de inhabilitación.

La sentencia, como ha sucedido en el caso de la mayor parte de condenados por prevaricación, entiende que se ha vulnerado su derecho a la legalidad penal: que no era previsible que actos como elaborar y aprobar anteproyectos de presupuestos fueran considerados un delito de prevaricación al ser actividad legislativa.

El resultado en cuanto a Zarrías y Lozano es el mismo: su condena de nueve años de inhabilitación queda anulada y su caso vuelve a la Audiencia Provincial de Sevilla. Será el tribunal andaluz el que decida si debe mantener algún tipo de condena contra ellos pero retirando de la nómina de acusaciones gran cantidad de los actos que se les atribuían, como la aprobación de proyectos de presupuestos.

Se trata de un amparo similar al que recibió ayer el expresidente Manuel Chaves, también condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación. El otro expresidente de la Junta juzgado y condenado en este caso, José Antonio Griñán, también vio cómo ayer el pleno anulaba su condena de seis años de prisión por malversación de caudales públicos.

Todas las sentencias del caso que han estimado total o parcialmente los recursos han contado con el voto en contra de los cuatro magistrados conservadores del pleno: Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y Ricardo Enríquez.

Un gallego diría que han sido “cosas de las meigas”. Pero Rocío Monasterio lo despachó asegurando que eran “cosas de la tecnología”. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid fue pillada el pasado uno de febrero votando por ella y por un compañero de bancada, José Luis Bartolomé, que no estaba presente en el hemiciclo porque había renunciado a su escaño días atrás y aún no había sido relevado por el siguiente de la lista (el segundo siguiente, en este caso, ya que el primero, renunció). Pero a la dirigente de Vox no le pareció nada “grave” apretar el botón del ausente en la votación de la enmienda a la totalidad a la Ley de Economía Circular presentada por Más Madrid, a pesar de saber que el reglamento de cualquier parlamento o asamblea regional prohíbe tal cosa.

Su comportamiento le ha costado que la Mesa de la Cámara regional haya decidido este viernes abrirle un expediente informativo y sancionador que podría acabar con la suspensión temporal de la diputada durante quince días o un mes, con la consiguiente la pérdida de ingresos a su grupo parlamentario. El proceso deberá resolverse en un plazo máximo de 18 días, entre el periodo de alegaciones y el de prueba y será instruido - si acepta el encargo- por la diputada del PP Mercedes Zarzalejo, presidenta de la Comisión de Economía y Empleo de la Asamblea. 

En la anterior reunión de este órgano, celebrada el día 9, el presidente del Pleno, Enrique Ossorio, aplazó la decisión, anunció que había ordenado investigar los hechos y que en base al informe que presentaran los técnicos el órgano competente adoptaría una resolución. Al final, será la propia Mesa la que decidirá la suerte de la portavoz de Vox, al haberse descartado derivar el asunto a la comisión de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado.

Pero poco hay que investigar porque existe una grabación del momento en la que se ve nítidamente a Monasterio apretando los botones del escaño de al lado, el del ausente Bartolomé, entre risas. En su defensa la dirigente de Vox dijo que había intentado “darle a todos los botones para que se apagase” el panel. “Por mucho que yo le daba, eso no se apagaba”, añadió, mientras restaba “gravedad” al asunto.

Sus explicaciones no convencieron a ninguno de los portavoces de los demás grupos, que le lanzaron severas críticas, entre las que no faltó la de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que comparó su comportamiento con el de un conductor que circula a 140 kilómetros por hora por donde solo se puede ir a 80. “Usted comprenderá que tendrá que ser multada”, avisó. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, cree que Monasterio debe ser suspendida como diputada durante 30 días, como mínimo.

¿Qué dicen los reglamentos al respecto?

En todos los parlamentos regionales hay normas que rigen el funcionamiento de las cámaras y que establecen los derechos y deberes de los políticos que salen electos y recogen sus actas. Ninguno contempla específicamente el posible fraude de la suplantación del voto electrónico por parte de un parlamentario, un comportamiento que entraría dentro de las denominadas “conductas sancionables”.

En el de la Asamblea de Madrid, el artículo 33, que es el que se le ha aplicado a Monastario, señala en su punto tercero como conducta sancionable “atentar contra la dignidad de la Asamblea de Madrid o contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando, en este último supuesto, desorden con su conducta, de obra o de palabra, en los términos previstos en el artículo 138 de este Reglamento”. A su vez, el artículo 34.1b) dispone que, en este supuesto, podrá imponerse como sanción ‘la suspensión de alguno de los derechos de los diputados reconocidos en los artículos 15 a 21 de este Reglamento por un tiempo de 15 a 30 días“.   

En el Congreso el artículo 79.2 de su Reglamento determina que “el voto de los Diputados es personal e indelegable”. Y en el punto 3 establece excepciones y señala que “se computarán como presentes en la votación los miembros de la Cámara que, pese a estar ausentes, hayan sido expresamente autorizados por la Mesa para participar en la misma”. En el Senado también se especifica en su artículo 92.5 que el voto es “personal e indelegable”. Las dos Cámaras, no obstante, también han autorizado el voto telemático cuando se den ciertas circunstancias: “En caso de embarazo, maternidad, paternidad, enfermedad o en situaciones excepcionales de especial gravedad en que, por impedir el desempeño de la función parlamentaria y atendidas las especiales circunstancias se considere suficientemente justificado”, como puede ser el fallecimiento de un familiar cercano.

La multiplicación de votos en el Senado

Volviendo la vista atrás, el caso del voto irregular de Monasterio no es el único que ha saltado a la luz en estos años de democracia, protagonizados por otros diputados nacionales o autonómicos y también por senadores de distintos partidos políticos. Hay dos, al menos, que no se olvidan y han quedado grabados a fuego en las hemerotecas.

El más chocante y llamativo fue el que protagonizaron el 10 de mayo de 1991 los entonces senadores andaluces del PSOE Joaquín Galán y Gaspar Zarrías, que ostentó después la vicepresidencia de la Junta de Andalucía durante el mandato de Manuel Chaves.

La Camara Alta debatía aquel día las enmiendas a la ley del IRPF y, al llegar la hora de la votación, Galán ejerció su voto con una mano y con el pie apretó el botón de su compañero de bancada, ausente del hemiciclo. Zarrías no se quedó corto y votó con las dos manos, con una por él y, con la otra, por otro compañero de grupo, también ausente. El ejercicio de malabarismo corporal quedó inmortalizado en unas fotos que publicó el desaparecido diario El Sol. Pero el resultado de las votaciones dejó estupefacta a toda la Cámara, presidida en aquel momento por el también socialista Juan José Laborda: 156 senadores presentes, y sin embargo, 177 votos emitidos, es decir, 19 más de la cuenta. Después se supo que también en la bancada del PP había habido senadores con las 'manos largas'.

El caso quedó 'en casa'. Los dos senadores socialistas fueron sancionados por la dirección de su grupo al haber pruebas gráficas, mientras los del PP salieron indemnes. La Mesa del Senado también dejó pasar el lamentable y bochornoso episodio sin consecuencias para ninguno de los protagonistas de aquel fraude. Laborda incluso quitó gravedad al asunto argumentando que el Senado “no era ni un cuartel militar ni un colegio” y dando como 'normal' que los ausentes hubieran pedido a otros compañeros que votaran por ellos. No obstante, ante las evidentes irregularidades detectadas se tuvo que repetir la votación... pero una semana después.

El caso de Iturgaiz en el Parlamento Vasco

El 20 de noviembre de 2003, durante una sesión del pleno del Parlamento Vasco, el entonces dirigente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, también fue pillado 'in fraganti' activando en tres ocasiones la tarjeta electrónica del escaño de su compañero ausente, Jaime Mayor Oreja, para que se contabilizaran sus votos en blanco. Su gesto fue captado por las cámaras y le costó la expulsión del hemiciclo.

Aquel día el dirigente del PP se disculpó y reconoció “haber cometido una torpeza, por estar enredando inconscientemente en los botones del escaño de Mayor Oreja” mientras el PP vasco alegaba que el parlamentario “habría activado el sistema con el codo por error”. Esta explicación fue el blanco de las mofas del desaparecido programa de Euskal Telebista “Vaya Semanita”.

También ironizó el por entonces presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa: “Antes a esto se le llamaba falange y ahora parece ser que, no sé por qué vergüenza, se le quiere llamar codo. Esto es falange y es con esto con lo que el parlamentario está activando el sistema de votación”, dijo, en tono guasón. La Mesa consideró que hubo “una usurpación de personalidad al utilizar el sistema de voto del parlamentario Mayor Oreja, contraviniendo el principio de indelegabilidad del voto” e Iturgaiz finalmente fue sancionado con un mes de derechos y deberes como parlamentario, resolución que se aprobó por mayoría absoluta de la Cámara

El dirigente del PP presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero tuvo que esperar tres años a la sentencia que llegó en 2006 y denegó la solicitud de Iturgaiz. Los magistrados justificaron que si bien era cierto que el diputado autonómico “no votó en sentido stricto sensu” porque no pulsó los botones de 'sí', 'no' o 'abstención', al activar la presencia de Mayor Oreja sí alteró el número de parlamentarios que fijan el umbral de la mayoría.

“Lo que en ningún caso resulta dudoso es que en ambas hipótesis el parlamentario, al pulsar el botón que no le corresponde, está suplantando la personalidad de otro parlamentario y con ello infringiendo el deber de respeto de los procesos y mecanismos de votación”, llegó a declarar el Alto Tribunal.   

El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y ‘número dos’ del presidente Manuel Chaves entre 1994 y 2009 se ha mojado y ha defendio este miércoles la legalidad de las ayudas que se juzgan por el caso de los ERE. Gaspar Zarrías ha declarado que desconocía el procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis por parte de la Consejería de Empleo pero que su existencia era algo “público y notorio” y que se trataba de ayudas excepcionalesque disponían detrás de “regulación y normativa”.

Zarrías se ha ratificado “en términos generales” respecto a lo declarado ante el Tribunal Supremo en abril de 2015, salvo “alguna imprecisión”, así como en lo manifestado ante la comisión de investigación del Parlamento en el verano de 2012. En líneas generales, el también ex senador del PSOE ha desgranado a preguntas del fiscal las distintas normas y sus rangos aprobadas durante su larga etapa como consejero, y ha señalado que las competencias en la materia que se investiga correspondía a la Consejería de Empleo, sin poder precisar dónde debía de acudir un extrabajador de una empresa si quisiera pedir una ayuda, pero que su existencia era algo “público y notorio”, aludiendo al ser insistido por el fiscal a “las organizaciones sindicales” o a su presencia “en los programas electorales”.

Asimismo ha dicho desconocer si la Consejería de Empleo tenía una normativa similar a la Orden Ministerial de 1995 pero apuntando que sí “había una regulación y una normativa” en Andalucía para estas cuestiones, aludiendo en concreto a la Ley de Hacienda Pública que regulaba las subvenciones, a las leyes de presupuestos o a decretos de la Junta, así como a la existencia de dos órdenes ministeriales de 1994 y de 1995 para ayudas previas a la jubilación y a trabajadores afectados por procesos de reconversión y reestructuración de empresas. El sistema estatal de ayudas viene coleando ya en el juicio y es una cuestión que ha sido abordada incluso por los peritos del Estado, con una visión diferente a la mencionada por Zarrías.

Cuestionado en concreto por el fiscal sobre si existía alguna normativa especifica para las ayudas sociolaborales ha respondido que no podía concretarle pero que en Andalucía “regulaban las subvenciones”, equiparando las ayudas con las subvenciones al decir que, a su juicio, son conceptos “sinónimos” y que la normativa estatal se podía aplicar de forma “supletoria”.

El exconsejero ha repasado las “crisis sociales y empresariales” desde finales de los 90 en Andalucía, derivados de despidos masivos como el de Santana Motor en la provincia de Jaén, de la que es originario Zarrías. Ha recordado con “certeza” que el objetivo de los planes de empleo y de las ayudas a extrabajadores y empresa que se fueron desarrollando respondían al objetivo de la Junta de establecer mecanismos “para mantener la actividad industrial”, conociendo que “había líneas de apoyo y ayudas” que se usaban “si se había fracasado en el intento de salvar a la empresa” en cuestión. “No recuerdo que se hablara de las ayudas sino de cómo éramos capaces de mantener los puestos de trabajo”, ha comentado, recordando en esa línea los diversos acuerdos de concertación social con sindicatos y patronal, “acuerdos políticos aprobados por el Parlamento”, ha remarcado.

“Nunca tuve conocimiento de ningún reparo”

En cuanto a cómo se articulaban las ayudas en aquella época, Zarrías ha señalado en varios pasajes que lo desconocía y que lo ha podido “aprender” desde que iniciaron las actuaciones judiciales, apuntando que la posibilidad de que aquellas ayudas fueran incompatibles con las normas del mercado común “está aún en litigio”. “Nunca tuve conocimiento de ningún reparo a las ayudas”, ha dicho, ya que no era objeto del Consejo de Gobierno ni de la comisión general de viceconsejeros que presidió hasta en 750 ocasiones, según ha concretado. Respecto a que en 2000 se pudo adoptar un sistema distinto del que se venía utilizando, ha dicho que no le constó y que “todo gasto se fiscalizaba” en la administración andaluza.

“No conocía la nomenclatura de los programas de Empleo”, ha dicho al ser preguntado por los conceptos presupuestarios por parte de la Consejería de Empleo, con altas y bajas en uno u otro programa concreto, o el traspaso de fondos a IFA-IDEA. “ No era a lo que yo me dedicaba”, ha insistido, indicando que ningún expediente de modificación presupuestaria se elevaba al Consejo de Gobierno si no tenía “todos los informes favorables” de manera previa. Dos hojas con un resumen de la modificación se contenía en las carpetas de cada consejero pero su aprobación “no tenía discusión”. La primera modificación al respecto, y que ha hecho extensivo, “nunca eran objeto de debate” en las reuniones de más alto nivel en la Junta, tampoco en los llamados ‘consejillos’. “Era un trámite. Le mentiría si le dijera que me leía todos los asuntos, sólo los de más enjundia”, recordando que el viceconsejero de Hacienda podía hacer una exposición muy somera del asunto.

En esa misma línea, Zarrías ha dicho que tampoco se debatían en el seno de dichas reuniones las memorias del interventor sobre el control financiero permanente, sin que tampoco tuviera conocimiento de la aprobación del convenio marco de 2011 entre Empleo e IFA puesto que “en ninguna comisión de viceconsejeros se vio ningún convenio y menos entre dos entes de la misma Consejería”. Ha hecho constar también que las modificaciones presupuestarias que se juzgan “nunca eran objeto de debate” en el seno del Consejo de Gobierno de la Junta porque se trataba de cuestiones enmarcadas en un “trámite ordinario”.

Respecto a las transferencias de financiación ha comentado que se trataba de un mecanismo presupuestario que usaban las consejerías con sus entes instrumentales, en el caso concreto de Presidencia respecto a RTVA.

La sala de recursos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha aceptado un recurso de queja planteado por el exconsejero de la Junta Gaspar Zarrías y obliga al instructor del caso de los ERE a emitir el “preceptivo informe” donde argumente los motivos por los que no ha respondido al recurso de apleación presentado por su abogados tras su imputación en la causa.

En una providencia, esta nueva sala aparece en la escena del caso ERE dando la razón al exconsejero en cuanto a que el instructor, Alberto Jorge Barreiro, debe explicar su negativa a tramitar el recurso del exconsejero contra la decisión del instructor de no archivar la causa antes de que solicitara el suplicatorio contra él. Zarrías sobre lo que insiste es en poder presentar recurso contra la Exposición Razonada que desestimó su petición de sobreseimiento presentada el 22 de junio.

Esta sala le da diez días de plazo al instructor para que informe sobre su negativa a tramitar el recurso de alegación de Zarrías y, posteriormente, se dará traslado a la Fiscalía para que fije su posición. En su escrito Zarrías recordaba que presentó un recurso contra la decisión de Barreiro de no archivar la causa antes de que solicitara el suplicatorio contra él. Para la defensa del exconsejero, en el ordenamiento penal toda resolución judicial que exponga indicios incriminatorios contra una persona debe ser motivada, revestir forma de auto y por tanto ser recurrible ante una instancia superior, porque así lo manda el derecho a la tutela judicial efectiva.

Manuel Chaves y Gaspar Zarrías han hecho público este viernes un comunicado en el que aseguran “respetar” la exposición del magistrado instructor del Tribunal Supremo pero, pero a la vez, “quieren dejar patente su profunda y total discrepancia con su contenido”.

Ambos exdirigentes andaluces reiteran “con total rotundidad su inocencia y se muestran convencidos de que las investigaciones judiciales concluirán al final que sus actuaciones se llevaron a cabo siempre dentro de la legalidad”. Chaves y Zarrías se ratifican en sus declaraciones ante el Supremo “en el sentido de que nunca firmaron o autorizaron ninguna resolución ilegal y que jamás conocieron ninguna actuación que supusiera menoscabo de fondos públicos de la Junta de Andalucía”.

Chaves y Zarrías señalan que ayer comunicaron a la dirección de su partido la renuncia a su escaño, y quieren transmitir “su profundo sentimiento de orgullo porque las medidas socio-laborales de apoyo a empresas y a trabajadores sirvieron para ayudar a Andalucía y a los andaluces y permitieron que en los tiempos más duros de la crisis, más de 6.000 trabajadores y sus familias hayan podido sobrevivir”.

Ambos esperan “que la investigación transcurra con rapidez y se reafirman en su absoluta seguridad de que la resolución definitiva acreditará que no cometieron ninguna ilegalidad y que su gestión fue siempre conforme a derecho”.

Por otra parte, la defensa de Gaspar Zarrías ha presentado a las 9 de la mañana de este viernes en la secretaría del Tribunal Supremo un escrito en el que anuncia la presentación inminente de un recurso contra el pronunciamiento del instructor. Por ello, solicita a la Sala de Admisión del Alto Tribunal que suspenda la tramitación del suplicatorio hasta que la Sala de Recursos resuelva dicha impugnación.

El juez instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha ordenado a la Guardia Civil indagar en el papel de los exconsejeros de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y Mar Moreno en la trama objeto de la causa. Para adoptar esta decisión, Barreiro parte de la información que le ha remitido la instructora de la pieza en Andalucía, la jueza Mercedes Alaya.

El Grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil debe informar de qué resoluciones dictaron como consejeros de Presidencia ambos políticos del PSOE en relación con los hechos investigados, así como otras actuaciones que pudieran haber llevado a cabo “con repercursión en el menoscabo patrimonial del erario público”.

El juez pide a la Guardia Civil que aclare, en el caso de Moreno, su participación “en la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de Andalucía, asíc omo a personas físicas, en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2012”. Y añade: “debiendo centrarse, fundamentalmente, en el periodo de tiempo en que desempeñó el cargo de consejera de Presidencia en el Gobierno de Andalucía”.

Zarrías y Moreno son dos de los cinco exaltos cargos de la Junta a los que investiga el Tribunal Supremo por el caso de los ERE debido a su condición de aforados. Los otros tres son los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el antiguo consejero de Empleo José Antonio Vieira.

El secretario federal de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha asegurado este martes que “sería un error convertir la Conferencia Política en la Pasarela Cibeles” de precandidatos a las primarias. Desde su punto de vista, el próximo fin de semana, los socialistas deben “redefinir un proyecto de futuro” pero hasta diciembre “no entraremos en qué personas pueden ponerle cara a ese proyecto”, ha dicho Zarrías.

En ese sentido, y con relación a las declaraciones de Patxi López a la Cadena Ser sobre que no se pondrá “de perfil” si encuentra respaldo suficiente para saltar a la escena nacional y liderar el PSOE, Zarrías ha asegurado que López “ha demostrado que nunca se pone de perfil” pero que el debate sobre los precandidatos “no es lo que toca”.

Será en el tramo final de este año o en las primeras semanas del próximo cuando se reúna el comité federal y fije el calendario de primarias con vista a las elecciones generales, autonómicas y las municipales, dado que el sistema de primarias abiertas se extenderá a los municipios más importantes de cada circunscripción.

Zarrías ha destacado como “una revolución” en el sistema político español que un partido opte por las primarias abiertas a “militantes, simpatizantes y cualquier ciudadano que comulgue” con el ideario socialista. El requisito para participar, para los no militantes, será pagar un cantidad simbólica y rubricar un “documento genérico que plasme los ideales” socialistas.

También ha calificado la Conferencia Política como un “hito interno” del que debe salir una alternativa política que propicie una salida de la crisis “de una forma distinta a la que propone la derecha”. Además ha destacado que Susana Díaz tendrá “un papel importante” en este evento porque “dirige la institución más importante que gobiernan los socialistas en España”.

En su comparecencia, ha vuelto a criticar la reforma local, que estará aprobada antes de que termine el año, y ha apuntado que será una de las primeras normativas a derogar en cuanto el Partido Popular “pierda la mayoría absoluta”. También ha propuesto que, cuando se produzca una reforma constitucional, se definan y blinden las competencias de la administración local para que no se vean alteradas con cambios legislativos como el que actualmente está en marcha.

El abogado Carlos Leal quedó anoche en libertad bajo fianza de 150.000 euros. El socio director del bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís, imputado de ocho delitos por su participación en el caso de los ERE, abonó en efectivo la cantidad que le ha permitido quedar libre después de unas 15 horas de interrogatorio entre el jueves y el viernes.

La jueza Alaya dictó el auto de libertad pasadas las 2 de la mañana.

El abogado, que según indicaron fuentes del caso se ha mostrado bastante colaborador, ha detallado este viernes la comida a la que había aludido el día anterior en la Casa Rosa, con la presencia del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, el 'conseguidor' Juan Lanzas y dos miembros de la familia Ruiz-Mateos, para abordar la reubicación a los trabajadores afectados en el ERE de la empresa Primayor. Según explicó, también estuvieron los entonces consejeros de Innovación y Agricultura, Francisco Vallejo y Martín Soler, respectivamente.

La Fiscalía Anticorrupción y el PP habían pedido para Leal prisión eludible bajo fianza de 225.000 euros, mientras que la Junta solicitó en la 'vistilla' final la obligación del imputado de comparecer periódicamente en el juzgado y la retirada del DNI y el pasaporte.

Mientras Alaya redactaba el auto definitivo que ponía fin a dos días completos de declaración, el abogado de Carlos Leal, un familiar y un allegado suyo, a unos metros de la sala, comentaban la posibilidad de hacer frente a la fianza. Horas antes habían llegado a la sede judicial con una previsión para afrontar el pago con una cantidad similar a la impuesta finalmente por la juez, según confirmaron posteriormente fuentes de la defensa.

Finalmente Leal, que ya se mostraba visiblemente satisfecho tras la 'vistilla', pudo afrontar el abono de una fianza bastante inferior a la impuesta a imputados como el dueño de Uniter o al exdirector de Vitalia, 600.000 euros en ambos casos, por similares delitos.

La responsabilidad civil impuesta por la jueza al abogado asciende a más de 34 millones de euros. Fuentes de la defensa añadieron también que Leal no ha tocado ni un solo euros procedente del erario público, tal y como el imputado indicó en su declaración.

Con esta declaración, Alaya podría haber dado por cerrada esta fase de la instrucción centrada en las mediadoras de los ERE y en los supuestos beneficiarios que habrían intervenido para la inclusión de 'intrusos' en diversos expedientes y convertido en “negocio” el sistema de ayudas.

El imputado ha admitido que las ayudas millonarias concedidas por la Junta con posterioridad a la comida en la Casa Rosa a las empresas de Nueva Rumasa (Dhul y Proasego), donde se iban a integrar los exempleados de la antigua Cárnicas Molina, fueron consecuencia de tal encuentro, según fuentes del caso.

En este sentido, Leal ha comentado que el exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, le confesó días después que estaba molesto porque estaba recibiendo presiones por parte de Zarrías para que agilizara los pagos en relación a este ERE, después de que el presidente de la asociación de trabajadores de Primayor advirtiera de que iba a pedir al exconsejero que intermediara.

Esta versión tiene bastante relación con lo declarado meses atrás por el que fuera chófer de Guerrero, quien dijo, según trascendió tras el levantamiento del sumario, que Zarrías llamó en varias ocasiones a Guerrero para incluir a 'intrusos' en varias prejubilaciones. Alaya, pues, contaría ya con dos testimonios que implicarían a Zarrías en las negociaciones relativas a los ERE.

El abogado Carlos Leal ha reconocido, por otra parte, que acudió a Guerrero para confirmar el adelanto de 600.000 euros del ERE de la Faja Pirítica de Huelva tras habérselo pedido verbalmente los sindicatos. Además, apuntó que los sindicatos mantenían una relación privilegiada con la Junta.

Sin embargo, a pesar de comentar este hecho en concreto relativo al ERE de la Faja, Leal también ha señalado que su papel se limitaba al momento inicial de los ERE, cuando empresas y trabajadores negociaban condiciones. También ha relatado que desconocía que las ayudas sociolaborales llegaban a pocas personas, algo que sí era de conocimiento de los sindicatos.

Los cargos de la Junta, a partir del 25 de julio

A partir de ahora, en concreto desde el día 25 de julio, iniciará la toma de declaración a la veintena de personas de la Junta de Andalucía imputadas el pasado martes, relacionadas con el presunto uso indebido de las transferencias de financiaciación de las ayudas sociolaborales en el seno de la Administración.

El caso de los ERE fraudulentos ha dejado 11 imputados enviados a prisión desde que se iniciara la investigación hace ya más de dos años, si bien son cinco los que permanecen en la cárcel. El último auto de prisión lo emitió Alaya la noche del 18 de junio, eludible bajo fianza de 600.000 euros, para José González Mata, responsable de la mediadora Uniter, por la presunta comisión de ocho delitos.

Entre los encarcelados por la jueza en el marco del caso de los ERE destaca el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante nueve años (1999-2008), Francisco Javier Guerrero, que ha sido el único que ha salido y entrado dos veces de prisión, en ambas ocasiones delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y uno de falsedad en documento mercantil.

La investigación del caso se había centrado estos meses en los intermediarios de los ERE y en el “verdadero negocio” en que se había convertido el sistema de ayudas, como dice la juez instructora en uno de sus autos. Las mediadoras “corrompían” a cargos públicos y los sindicatos buscaban “nuevas empresas en situación de crisis para incrementar” dicho sistema

La jueza Alaya sigue apuntando alto. Tras haber imputado el martes a una veintena de cargos y ex cargos de la Junta, continúa indagando sobre la participación de altos dirigentes de la Administración en el caso de los ERE. Este jueves, durante la declaración del imputado Carlos Leal, ha preguntado al abogado por la participación del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías en las negociaciones para solucionar problemas de empresas en la provincia de Jaén, en concreto por la recolocación de trabajadores afectados por el ERE de Primayor, antiguas Cárnicas Molina, en agosto de 2007.

Según el relato del imputado, se llegaron a celebrar a finales de aquel año varias comidas en la Casa Rosa, sede entonces de la Presidencia de la Junta, entre Gaspar Zarrías, Juan Lanzas, José María Ruiz-Mateos, uno de sus hijos y otro consejero (que no ha sabido concretar), para reubicar a los 145 trabajadores de dicha empresa, según indicaron fuentes del caso.

El abogado ha dicho que, a través del supuesto conseguidor de los ERE Juan Lanzas, empleado suyo en aquellos momentos, se acudía a Zarrías para conseguir subvenciones cuando se trataba de empresas de Jaén y solucionar problemas. En este caso, los encuentros tenían la intención de que dos empresas de Ruiz-Mateos, Grupo Dhul y Proasego, se implantaran en Andalucía y reabsorvieran a los exempleados de Primayor.

Grupo Dhul y Proasego firmaron, posteriormente, en septiembre de 2008, un convenio con Junta y Ayuntamiento de Jaén por el que se comprometían a implantar dos fábricas de platos fabricados y aerogeneradores en el parque empresarial 'Nuevo Jaén' para crear 400 puestos de trabajo.

Dhul recibió de la Junta sendas ayudas en octubre de 2008 y febrero de 2009 por valor de 6,4 millones y 2,2 millones, respectivamente, dentro de las alternativas industriales al cierre de Primayor promovidas por la Junta. Según las fuentes, Proasego también percibió 9 millones en subvenciones.

El imputado, que ha admitido no saber si se llegaron a pagar las citadas subvenciones, ha aludido ante Alaya a las “tropelías” de Lanzas, actuando como 'conseguidor' y añadiendo que se acudía a Zarrías para solventar “otras cuestiones”.

En este sentido, el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, dijo en un reciente debate parlamentario que la Junta concedió, tras la orden de abril de 2011 para modificar el proceso de concesión de ayudas a empresas en crisis, una ayuda a Primayor en la que aparecian dos 'intrusos' por la mediación de Juan Lanzas, en concreto un amigo de Lanzas (Luis García Reyes) y su sucesor en UGT Jaén, esposo de una militante activa de la localidad de Torredonjimeno.