En junio de 2017 los tribunales sevillanos certificaron la muerte de la pieza principal del caso Mercasevilla. La macrocausa llevada durante ocho años por Mercedes Alaya para investigar la adjudicación del suelo del mercado central de abastos de la capital andaluza terminó en absolución para diez acusados que, por el camino, terminó con su carrera política. Uno de los más explícitos al denunciar que el caso le “jodió la vida” ha sido Antonio Rodrigo Torrijos, exportavoz de Izquierda Unida en el consistorio sevillano e imputado durante casi una década antes de ser absuelto. Ahora, según ha sabido elDiario.es, la Justicia le ha reconocido una indemnización de 2.000 euros por los retrasos del proceso judicial hasta llegar a una absolución que nadie recurrió.

El exlíder de Izquierda Unida esperó a que su exoneración fuera firme para plantear una reclamación ante los tribunales. En 2017 el juzgado de lo Penal 13 de Sevilla decidió absolverle a él y a otros nueve acusados en la pieza principal del caso Mercasevilla: las supuestas irregularidades en la adjudicación de los suelos del mercado central de abastos. La Fiscalía había llegado a pedir dos años de cárcel para ellos por esta pieza, considerada el origen del caso de los ERE, pero el juzgado entendió que “no se ha probado” que, entre todos, “manipularan” la adjudicación de la venta.

Antonio Rodrigo Torrijos fue primer teniente de alcalde en Sevilla entre 2007 y 2011, durante la fase final del gobierno de coalición de su partido y el PSOE. Él dimitió de todos sus cargos en noviembre de 2013, después de ser imputado en varios casos de los que, finalmente, salió exonerado. Para entonces el cambio ya había llegado al consistorio sevillano con el PP y Juan Ignacio Zoido, que gobernó la ciudad hispalense entre 2011 y 2015. “Han sido 13 años de auténtico calvario, inédito en la historia del municipalismo porque, que yo sepa, nadie ha sido imputado cuatro veces en lo que fue, en mi opinión, una operación de cacería política”, dijo en una reciente entrevista con elDiario.es Andalucía. 

Su reclamación económica de más de 73.000 euros cogió vuelo en las fases preliminares. La Abogacía del Estado abrió la puerta a que se le indemnizara con 7.500 euros. El Consejo General del Poder Judicial reconoció en un informe que no había justificación para los años que el caso Mercasevilla había pasado en el juzgado de Alaya hasta llegar la sentencia firme y absolutoria. “No queda acreditada la complejidad del procedimiento penal que justifique el dilatado período temporal que provocó dilaciones indebidas”, dijo el órgano de gobierno de los jueces.

La solución, que todavía no es firme, es una indemnización muy inferior a la que había solicitado el exlíder de Izquierda Unida en Sevilla. La Audiencia Nacional decidió reconocerle una compensación de 2.000 euros a finales del pasado mes de mayo, una resolución recurrible ante el Supremo. La misma que el mismo tribunal reconoció para Domingo Enrique Castaño, exdirector de Vía Pública en el Ayuntamiento de Sevilla, cuando presentó su propia reclamación.

Antonio Rodrigo Torrijos explica a este periódico que la cantidad concedida es “irrisoria” pero se muestra satisfecho con el hecho de que la Audiencia Nacional haya reconocido un funcionamiento “anormal” de la Justicia en relación a la actuación de la jueza Alaya, “y eso es importante cualtitativamente hablando”. No tiene previsto seguir litigando con ello, pese a que solicitó una cantidad muy superior porque, insiste, “se ha reconocido que hubo una funcionamiento irregular” en aquel procedimiento judicial.

Una dilación “mínima” para los jueces

En su recurso, el exlíder de IU en Sevilla denunciaba que, en total, el proceso judicial se había alargado durante ocho años antes de acabar en absolución, llevándose por delante su carrera política y con gran afectación a su vida personal. En total, de esos ocho años, identificó más de dos años como dilación indebida entre la fase de instrucción, el periodo intermedio entre la investigación y el juicio y, finalmente, en el tiempo que pasó en el banquillo de los acusados propiamente dicho.

La Audiencia Nacional entiende que merece una indemnización pero hace un análisis más benevolente y recuerda, en primer lugar, que una sentencia absolutoria no convierte el proceso judicial previo en un funcionamiento anormal de la Justicia que merezca una indemnización. Y el caso Mercasevilla, dice, era “complejo”: el sumario acumuló 17.000 folios, hubo tres acusaciones populares y más de dos decenas de imputados.

Esta sentencia no aprecia dilaciones excesivas ni en la fase intermedia ni durante el juicio y apenas reconoce cuatro meses de retraso injustificado durante la fase de instrucción en el juzgado. Concretamente entre la providencia de septiembre de 2012 que suspendió una testifical hasta que casi cinco meses después se reactivó el caso uniendo al sumario un atestado de la Unidad Central Operativa. Esa tardanza en incorporarlo, reconoce la Audiencia Nacional, no estaba justificada.

Esos cuatro meses que reconoce la Audiencia Nacional es, para los jueces, una dilación indebida “mínima” que merece 2.000 euros de indemnización. A lo largo del proceso, Antonio Rodrigo Torrijos afirmó que padece una depresión a raíz de su imputación, y la Audiencia Nacional reconoce que es cierto pero niega que merezca una indemnización: “No se puede considerar que ese trastorno se ha ocasionado por un retraso injustificado de 4 meses en un procedimiento penal que tuvo una duración total de 8 años”, afirma.

Esos daños, dice la Audiencia, no son responsabilidad del juzgado y los ocho años que se estancó el proceso, sino de la “trascendencia mediática” del caso y en su “trayectoria política”. “La publicación de noticias y opiniones del proceso no permite apreciar la existencia de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, dado que no consta que el Juzgado filtrara información sujeta a secreto sumarial”, zanja la Audiencia Nacional.

Ha salido judicialmente indemne de cuatro procedimientos, el último hace apenas 15 días en el llamado caso Fitonovo, juzgado en en la Audiencia Nacional. Antonio Rodrigo Torrijos, primer teniente de alcalde en Sevilla entre 2007 y 2011 en el gobierno de coalición entre IU y PSOE que arrancó en 2003, cita a El Padrino hasta en tres ocasiones durante la conversación con elDiario.es Andalucía: “No es nada personal, son negocios”. Porque su larga trayectoria sindical y política (tiene 72 años) le permite asegurar que, en su opinión, detrás de todas esas acusaciones hubo una “cacería política”, una operación “del tea party” para desalojar a Izquierda Unida del ayuntamiento hispalense. Por eso su sensación es “ambivalente”, porque él (y su “amigo y compañero” José Manuel García) han demostrado ser inocentes pero “los malos ganaron y consiguieron su objetivo”. “Me jodió la vida, literalmente”, dice de Mercedes Alaya. Tanto la jueza instructora de dos de aquellos procedimientos (Mercasevilla y Fitonovo) como la persona que consiguió la alcaldía en 2011, Juan Ignacio Zoido, centran gran parte de una charla no exenta de ironía, centrada en las “casualidades” y el “dinero”, que tenía lugar este jueves mientras España se asomaba a una colisión entre el Tribunal Constitucional y el Congreso de los Diputados que, al menos de momento, acabó sin sobresaltos. Torrijos, en ese sentido, hace un paralelismo: “Evitaron que siguiéramos gobernando y hubo un dolor social para la ciudad y un dolor personal para nosotros, los afectados, para conseguir además un objetivo doble, igual que el que le están haciendo ahora al gobierno del PSOE y Unidos Podemos en España”.

¿Cómo se encuentra después después de haber dejado definitivamente atrás esos cuatro procesos judiciales?

Han sido 13 años de auténtico calvario, inédito en la historia del municipalismo porque, que yo sepa, nadie ha sido imputado cuatro veces en lo que fue, en mi opinión, una operación de cacería política. Y aún más inédito que de las cuatro haya salido indemne. Una vez te puedes equivocar, pero lo otro tiene otro nombre.

¿Qué nombre? 

Digamos que pudiera adjetivarse o calificarse como una persistente inquina. Vamos a dejarlo ahí. De las dos instrucciones clave de las cuatro que yo he tenido, aunque han sido todas muy duras (Sevilla Global y la Fundación de Sevilla también tenido un recorrido mediático y político muy duradero, muy escandaloso, perfectamente hiperbólicamente difundido), en Mercasevilla ni tenía que haberme sentado en el banquillo. Y no lo digo yo, lo dice una sentencia rigurosa y sólida de la magistrada Yolanda Sánchez Gucema, en comparación con una instrucción que me acusaba de nueve o diez delitos, que me puso una fianza de 33 millones de euros y que se publicitó en plena campaña electoral cuando yo me presentaba como candidato a la alcaldía por Izquierda Unida en las municipales del 2011.

Nos colocaron a José Manuel y a mí 620.000 euros de fianza, que ahora han quedado en nada porque la Fiscalía ni siquiera nos ha acusado en el juicio, pero es que en la Audencia ya se quedaron en 8.000. No es un pequeño error. Y nos jodió la vida.

De aquello resultó absuelto en 2017

Aquella instrucción acabó en una absolución mediante una sentencia tan rigurosa y tan contundente que no fue recurrida por nadie, ni por el Ministerio Fiscal siquiera, ni por las acusaciones particulares, aborda otra instrucción posteriormente, curiosamente cuando ya era público y conocido en muchos ámbitos de la ciudad que José Manuel García iba a ser el candidato de Izquierda Unida en 2015, en la que vuelve a reiterar los elementos contradictorios. Por ejemplo, nos colocaron a José Manuel y a mí 620.000 euros de fianza, que ahora han quedado en nada porque la Fiscalía ni siquiera nos ha acusado en el juicio, pero es que en la Audiencia ya se quedaron en 8.000. No es un pequeño error. Y nos jodió la vida.

Y, por otra parte, no llamó ni siquiera ni como testigos a Zoido y a Serrano, que a la sazón eran entonces alcalde y teniente de alcalde, después de que el dueño de la empresa Fitonovo le dijera a Alaya en su declaración que había tenido una reunión con ambos y que le habían pedido que hiciera un parque infantil a la Guardia Civil en Montequinto por valor de 150.000 euros que, además, la Guardia Civil, garante de la legalidad, adjudica esa obra de manera directa, transgrediendo la legalidad de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Alaya se enteró de todo y no hizo nada. Serrano lo dijo con toda naturalidad y lo reconoció diciendo aquello de 'quién no ayuda a la Benemérita'. Y fíjese qué paradoja: en Fitonovo, de los tres políticos que no llegamos en el juicio a acuerdo de conformidad porque nos negamos (José Manuel, Joaquín Peña y yo), el único condenado es Joaquín Peña, del PP.

¿A qué elementos contradictorios se refiere?

En el caso Fitonovo vuelve a tener otras intervenciones contradictorias o discutibles. Esto del parque infantil a la Guardia Civil no le sugirió a la señora Alaya ninguna irregularidad, como tampoco le sugirió a la señora Alaya que fuese irregular que la Guardia Civil adjudicara el parque infantil sin concurso, y a la misma empresa, Fitonovo. Pero la señora Alaya ahí no vio ninguna irregularidad. Sin embargo, tenía clarísimo que José Manuel García y yo éramos culpables e instigadores de nada menos la transgresión de cinco delitos gravísimos que, como en Mercasevilla en mi caso, que fueron nueve o diez, en la Audiencia se quedaron en uno.

Si el señor Zoido es juez, fue decano, jefe entre otros de la señora Alaya, fue el que pone la denuncia, la instruye Alaya, y el beneficiario es Zoido, yo si veo un escalón y después otro escalón puedo pensar que hay una escalera

En este proceso de 13 años ha intervenido el partido de la casualidad. Es un partido nuevo, que no existía, porque a mí no me cabe la menor duda de que la señora Alaya diera a conocer la instrucción del caso Mercasevilla en plena campaña electoral (aunque me citara el 20 de junio, es decir, 20 días después de las elecciones), casualmente a través de un medio de comunicación a bombo y platillo donde se informa a la opinión pública de que soy imputado y yo no había recibido ni el papel. Una casualidad, ¿no? Una casualidad también los 33 millones de fianza, o los 620.000 euros, o el que no se investigue a unos y a otros sí, etc. Todo eso puede tener un nombre, al menos, como mínimo, inquina. Y sobre todo, una valoración que desde el punto de vista judicial, siendo ya cariñoso y recuperando a Rousseau en su tesis sobre la naturaleza bondadosa del ser humano, te diría que en el mejor de los casos es una magistrada que tiene instrucciones manifiestamente mejorables. Y no lo digo yo, porque las dos instrucciones, Mercasevilla y Fitonovo, han sido, jurídicamente hablando, instrucciones fallidas. 

¿Usted sabía que Alaya y Zoido se conocían de los juzgados mucho antes de que se iniciaran esos procedimientos en los que ha estado inmerso? 

Pero eso es otra consecuencia del partido de la casualidad. Es casual que el señor Zoido haya sido decano de los jueces y, por tanto, 'jefe' de la señora Alaya. Y es casual que el señor Zoido sea también juez, y que fue el que puso la denuncia, y que fue el beneficiario título político del resultado de esa operación. Qué casualidad, ¿no? Son muchas casualidades, ¿no? Por eso yo comparto lo que dice mi amigo Salido de que aquí hubo un partido: el partido de la casualidad. Y quiero ser muy prudente, para no ser un grosero y sustentarme en la lógica, pero si el señor Zoido es juez, fue decano, fue jefe entre otros de la señora Alaya, fue el que pone la denuncia, la instruye Alaya, da el resultado que da y el beneficiario es Zoido con una mayoría absoluta de 20 concejales desconocidas en la historia de la democracia, yo puedo pensar que si veo un escalón y después veo otro escalón y después veo otro escalón, puedo pensar que hay una escalera. Pero será una actitud paranoide por mi parte. Es consecuencia de la casualidad. 

José Manuel García, del que ya ha hablado, anunció recientemente en este periódico que está estudiando la posibilidad de denunciar a la jueza Alaya. ¿Qué le parece?

Desde el punto de vista de la filosofía política y de la sociología, yo soy una persona que nunca doy las batallas por perdidas, pero también he aprendido con los años que no todas las batallas hay que darlas. Hice una reclamación patrimonial, que era la única fórmula jurídica de resarcirme de lo que consideraba una instrucción y un funcionamiento bastante irregular en el caso Mercasevilla instruido por la señora Alaya. Aquella reclamación patrimonial está en curso, tiene informes favorables del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, algo inédito. Sigue su curso y la voy a seguir reclamando porque consideré que había más que razonables indicios evidentes de irregularidad: nada parecido en el comienzo de la instrucción con lo que quedó con la sentencia, dilaciones indebidas, una dilatación y un acompasamiento en todas sus acciones casualmente a los tiempos electorales... Por todo eso consideré, después de estudiarlo rigurosamente, que se había agredido a mi honor y a mi hacienda, y que había razones para ello y se podían probar.

Si no fructifica la demanda, la beneficiaria sería la señora Mercedes Alaya. Y yo, que soy militante desde muy joven, he aprendido en la vida y en la lucha política que al contrario ni agua

Pero, ¿qué cree que puede pasar con la denuncia de García si al final la interpone?

Mi compañero y amigo José Manuel, al que aprecio muchísimo, está estudiando esa posibilidad que comenta y yo le alabo el gusto. No es que yo sepa más que José Manuel, ni mucho menos, peo creo que hay escasísimas posibilidades de que esa demanda fructifique. ¿Por qué? Porque la señora Alaya, con todas las presuntas interpretaciones contradictorias que se pueden hacer de la instrucción que ella planteó, elevó el caso Fitonovo a la Audiencia Nacional y el juez instructor asumió el relato jurídico de la señora Alaya. Y desde ese momento es muy difícil que haya, no tan solo contenido jurídico suficiente para reclamar a Alaya sino incluso que sea asumida o aceptada a trámite. La lectura política de eso es que, si no fructifica esa demanda, la beneficiaria sería la señora Mercedes Alaya. Y yo, que soy militante desde muy joven, he aprendido en la vida y en la lucha política que al contrario ni agua. Y se lo he explicado a mi amigo y compañero José Manuel. Él considera que sí y me parece estupendo. 

¿A qué se ha dedicado en estos años, al margen de lo judicial?

Yo estuve en la clandestinidad luchando con miles de compatriotas nuestros por las libertades que hoy disfrutamos como si hubiesen sido regaladas. Y en estos 13 años también he estado en la clandestinidad. En democracia he estado en la clandestinidad y me he ocultado. No he dejado de militar ni un solo día, mis compañeros podrán dar fe de ello, pero no he aparecido. He seguido influyendo en mi organización política y en el curso de los acontecimientos, y no aquí en Sevilla solo, pero no he aparecido para preservar la imagen pública de mi propia organización. Dimití, además, como José Manuel, en su momento procesal oportuno para no dañar a nuestra organización. Una paradoja curiosa: en la clandestinidad en plena democracia. 

No recuerdo a nadie que en un cargo público lo hayan procesado cuatro veces, curiosamente siempre a instancias de los mismos. Estoy satisfecho de que mi honor y mi honestidad hayan sido rubricadas por la justicia

¿Cuál es la sensación que le queda después de todo lo vivido?

Me encuentro muy bien. He tenido que superar enfermedades muy graves. En pleno juicio de Mercasevilla, y no me gusta hablar de esto por no aludir al plano personal, me estaban dando radioterapia y quimioterapia. Ha habido una afectación en mi hacienda, en mi honor, en mi vida pública, pero después de cuatro intentos de lo que yo llamo el tea party no han encontrado ni una sola mácula, ni un solo ilícito ni ningún reproche penal contra mí, y eso produce satisfacción. Vuelvo a reiterar: no recuerdo a nadie que en un cargo público lo hayan procesado cuatro veces, curiosamente siempre a instancias de los mismos. Por tanto, satisfecho de que mi honor y mi honestidad hayan sido rubricadas por la justicia. 

Pero también siento una tranquilidad muy curiosa que me está costando trabajo asumir. Es como los duelos, pero al contrario. Porque en el marco de una derrota cultural de la izquierda y de la sociedad civil, en el marco de una inexistencia, desgraciadamente, del pensamiento crítico en la sociedad civil, la gente se ha creído la campaña que se hizo contra mí. Parece ser que tengo el record Guinness de portadas de un periódico de la ciudad y, tanto la duración de los procesos judiciales como el que la pata mediática de ese tea party ha estado hiperbólicamente permanentemente dando caña, la gente ha percibido que yo era una persona abyecta, una persona oscura, una persona corrupta, un bruto, y te lo expresaban por la calle. Ahora la gente me está parando por la calle para darme la enhorabuena e incluso hay gente que me pregunta si voy a volver a la política.

El daño que yo no le deseo a la señora Alaya, que yo he pasado, queda para nosotros y para la familia, para el discurso político, para la imagen de la izquierda, para todo. Aquí el partido de la casualidad tuvo mucha fuerza

¿Ha notado mucho ese cambio entonces en la reacción de la gente?

Sí, porque los medios de comunicación, y no quiero parecer grosero, hace ya muchos años que se han convertido en instrumentos de opinión. Lo eran cuando decían que yo era una persona abyecta y corrupta, e instrumentos de opinión son ahora cuando dicen ahora que estoy inmaculado. Y eso tiene un efecto sobre la sociedad civil importante. La gente no te mira con una observancia mórbida, ni tangencial, sino que te mira de frente, te sonríe, y eso es muy importante para el equilibrio con uno mismo. Y después mi familia, mis amigos, que lo han pasado muy mal. El daño que yo no le deseo a la señora Alaya, que yo he pasado, queda para nosotros y para la familia, para la organización política, para el discurso político, para la imagen de la izquierda, para todo. Aquí el partido de la casualidad tuvo mucha fuerza. Yo no recuerdo en democracia que todo el grupo municipal de una corporación fuese imputado: Lola Silva, Pepa Medrano, José Manuel García, yo cuatro veces. Qué casualidad, ¿no? 

Usted ha salido indemne pero, en todo caso, ese daño del que me habla realmente se produjo, ¿no cree?

Por eso la sensación es agridulce, ambivalente, porque al final consiguieron el objetivo. Aquí, como la maravillosa obra de Coppola, El Padrino, “no había nada personal, eran negocios”. Todo esto se produce porque llegamos al gobierno unas personas que decidimos cumplir el programa con el que nos habíamos presentado a las elecciones. Y en Sevilla empezaron a aparecer viviendas públicas a precio tasado como hongos para abordar el déficit de acceso a la vivienda, sobre todo a la gente joven, y a precio asequible. En pleno boom inmobiliario, los pisos que entregábamos se vendían a un tercio menos que en el mercado libre, e hicimos 7.000. Nos convertimos en un competidor de los promotores inmobiliarios. Y eso se llama dinero. Hicimos el parque social de viviendas, una inédita y novedosa entonces iniciativa de alquiler que dio respuesta a los desahucios, con el 5% de los ingresos de la gente que accedía a esos pisos en alquiler por seis años, prorrogable otros seis años.

Los empresarios despotricaban diciendo que Torrijos estaba bolchevizando las relaciones laborales en Sevilla. Eso era un titular de periódico. Y eso es dinero, además de vida y salud

Tuvimos la decisión política de intervenir en el binomio capital-trabajo, un binomio asimétrico a favor del capital, y nosotros hicimos las cláusulas de contratación contra la siniestralidad laboral, de tal manera que en pleno boom, en los años 2007 y 2008, obligábamos a las empresas que contrataban con el Ayuntamiento, sobre todo a las constructoras, que en sus plantillas tenían que garantizar que hubiera convenios colectivos, representación sindical, aceptación de la jornada, derechos sociales. Nada revolucionario, porque yo soy muy de derechas. Era simplemente aplicar la Constitución, la ley. Y nos generamos amistades en ese mundo: los empresarios despotricaban diciendo que Torrijos estaba bolchevizando las relaciones laborales en Sevilla. Eso era un titular de periódico. Y eso es dinero, además de vida y salud.

Hicimos una inversión desde lo público desconocida en la historia de la democracia: cinco centros de formación para la inserción laboral, tres piscinas cubiertas, 23 campos de césped artificial... Situamos a Sevilla en el punto de mira europeo con la apuesta por la intermodalidad y la movilidad sostenible, sobre todo y fundamentalmente con la creación de 152 kilómetros de carriles bici, que fueron contestados de manera grosera como un intento de convertir a Sevilla en una especie de China. Y no lo digo yo, eso fue un titular otra vez. Hicimos los presupuestos participativos, vade retro satanás: ¿que los ciudadanos decidieran que una parte importante del presupuesto local tenía que ir aquí o allí democráticamente? Socialismo. O el bonobús solidario ¿que los desempleados podían ir gratis en los transportes públicos para buscar trabajo o para formarse? Y no era gratis, lo pagábamos vía presupuesto. No tan sólo fue lo que hicimos: impedimos un pequeño pelotazo urbanístico en Tablada, de 23.000 viviendas de lujo. Dinero, otra vez. O impedimos la central térmica de Punta del Verde que, de haberse aplicado y haberse hecho, hubiera afectado las patologías cardiorrespiratorias de un tercio de la ciudad. Dinero, otra vez.

Impulsaron esa cacería política por razones, como dice Coppola en 'El Padrino', no personales. Eran negocios, y había que sacarnos del gobierno, y lo consiguen, y por eso es ambivalente mi estado de ánimo

¿Cuál fue la mayor consecuencia de esas actuaciones durante aquellos años de coalición en Sevilla?

La mayor transferencia de rentas de capital a rentas sociales que se conocía, y eso exacerbó la animadversión de los promotores, del sector financiero, de los inmobiliarios y de los grandes empresarios. Y estos son, en mi opinión, los que impulsaron lo que ahora está tan de moda en la postmodernidad que se llama lawfare y que yo siempre llamé cacería política. Impulsaron esa cacería política por razones, como dice Coppola en El Padrino, no personales. Eran negocios, y había que sacarnos del gobierno, y lo consiguen, y por eso es ambivalente mi estado de ánimo, porque al final ganaron los malos. Evitaron que siguiéramos gobernando y hubo un dolor social para la ciudad y un dolor personal para nosotros, los afectados. Para conseguir además un objetivo doble, igual que el que le están haciendo ahora al gobierno del PSOE y Unidos Podemos en España. Y a ver qué sucede, porque ya hay un decurso de los golpes que ha pasado de sacar los tanques a la calle a otro tipo de cosas: Lula, Dilma, Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales y, modestamente, nosotros, con mucha anterioridad.

Consiguieron ese objetivo, sin querer ser grosero, gracias a una de las patas imprescindibles para que la operación llegara a buen puerto, que es el mercenarismo mediático. Aquí se escribieron ríos de tinta mintiendo, eso que llaman ahora fake news

Y Zoido llegó a la alcaldía aquel 2011...

Había un doble objetivo. Por un lado, sacarnos del gobierno, porque ellos, y con razón, sabían que si antes había gobernado aquí el PSOE, el PA, el PP, solos o en coalición, y no se habían hecho estas cosas que he comentado, detectaron que nosotros dimos el impulso social. Y entonces leña al mono hasta que aprenda inglés, y nos dieron la del tigre. Y el segundo objetivo era colocar a uno de los suyos, curiosamente el decano de los jueces, curiosamente el hombre que puso las denuncias y que, por cierto, no ha pedido perdón. Y consiguieron ese objetivo, sin querer ser grosero, gracias a una de las patas que fueron imprescindibles para que la operación llegara a buen puerto, que es el mercenarismo mediático. Aquí se escribieron ríos de tinta mintiendo. Eso que llaman ahora fake news. Noticias falsas. Hipérbole escandalosa de cosas. La foto del marisco. Ocultación consciente de las cosas que hacíamos en el gobierno. Porque aquí hacíamos obras de millones de euros y no se publicitaban, no fuera a ser que se contribuyera a extender lo que se estaba haciendo. Todo para conseguir que Zoido fuera alcalde, y lo consiguieron, con una mayoría histórica de concejales, para luego no hacer NA-DA.

Porque, ¿usted recuerda un solo hito, obra o infraestructura de los cuatro años del gobierno de Zoido en Sevilla? ¿Una sola? Irrelevante. Eso sí, acabó con las cosas que nosotros teníamos en marcha. Y después, como decía mi madre, es de bien nacidos ser agradecido: una vez en la alcaldía, Zoido concedió contratos de publicidad millonarios a uno de los medios que habían sido clave en la campaña de la cacería política. Y digo más: aquí se hizo una televisión local, que se llamaba Sevilla Televisión, que todas las noches durante meses nos daban caña, especialmente a mí, pero también a mi grupo y al gobierno de coalición. Eso costó un millón y medio de euros. Cuando consiguieron el objetivo, la cerraron. Y ese es otro escalón más para argumentar que en Sevilla se ensayó una operación de cacería política que se ha ido extendiendo en este país y que ya está en marcha, hoy y meses atrás, contra el Gobierno de coalición en España. Fuimos un laboratorio de ese tipo de operaciones.

Creo que son momentos históricos que exigen acuerdos sí o sí de las fuerzas de izquierda. Lo que está sucediendo en nuestro país, que comenzó en Sevilla como ensayo y está sucediendo en este país en este momento, es de una enorme gravedad

Por cerrar el círculo, ¿volvería usted a la política como le piden ahora por la calle?

Quedaron cosas por hacer, pero que las hagan los que vienen detrás. Yo no he dejado de militar ni un solo día en esta clandestinidad segunda que he tenido, y sigo influyendo en política, y tengo mis resortes de intervención. No es conocido porque estaba en la clandestinidad, pero quien ha puesto en marcha las redes de activistas de Izquierda Unida he sido yo. Pero creo que segundas partes no fueron buenas. Yo racionalizo, desde el punto de vista del materialismo y la dialéctica racional, las batallas se ganan y se pierden y esta la ganaron los malos. Esto puede parecer un derrotismo, pero en ningún caso, simplemente es el análisis correcto y asumo que ganaron ellos en esta pelea.

Voy a ayudar a mi fuerza política, a la izquierda. Creo que son momentos históricos que exigen acuerdos sí o sí de las fuerzas de izquierda. Lo que está sucediendo en nuestro país, que comenzó en Sevilla como ensayo y está sucediendo en este país en este momento, es de una enorme gravedad. Y no está en cuestión si una ley es más avanzada o menos avanzada, o si el salario mínimo tiene que tener un duro más o un duro menos. Lo que está en cuestión es la democracia, las libertades, aunque parezca apocalíptico, pero en este país poca gente se da cuenta de ello.

Y por eso voy a seguir trabajando para defender un discurso integrador, de síntesis, de encuentro, de concurso y de consenso de las fuerzas transformadoras. Voy a seguir haciendo política, y de hecho no lo he dejado de hacerla en este tiempo, pero no voy a volver a la política institucional. Creo que segundas partes no fueron buenas. Creo que la gente de mi organización lo va a hacer bien, y ojalá se llegue a un acuerdo político unitario de la izquierda transformadora. Yo he sido derrotado en esta pelea, pero no vencido. Puede parecer igual, pero no es idéntico, y voy a seguir dando la pelea, que no quepa la menor duda. No es una amenaza, ni una chulería, sino la constatación en una entrevista de mi compromiso ideológico y político que viene desde que tengo 18 años.

Para muchos la Justicia es un sentimiento más que un vericueto de leyes y jurisprudencia tramposa. Y como todo sentimiento, fácil de manipular por las emociones. Hay un caso paradigmático de esto que digo: el de Dolores Vázquez, condenada por el asesinato en 1999 de Rocío Wanninkhof, crimen que no cometió, pero que nadie, ni familiares de la víctima, ni policías, ni fiscales, ni jueces, ni jurado popular dudó en creer que, pese a la falta de pruebas, sí la mató, sostenida su culpabilidad por el clamor mediático y el carácter “frío y calculador” de la acusada. Parece un desvarío, pero así fue. Un año y siete meses estuvo Dolores Vázquez en la cárcel hasta que otro crimen, el de Sonia Carabantes, dio con el asesino de ambas niñas, el británico Tony King. La Justicia llegó a hacer justicia, pero el sufrimiento de Dolores Vázquez es indeleble y cabe la posibilidad de que Sonia hoy estuviera viva. ¿Quién responde y paga por los errores de la Justicia?

Esa misma pregunta se la han debido hacer en los últimos días los exconcejales de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, después de que tras ocho años de pena de banquillo por el caso de mordidas de Fitonovo, por la adjudicación de once campos de césped artificial, la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional que les juzgaba les instara a levantarse del banquillo después de que el fiscal retirase la acusación. Pese a lo sostenido por la instrucción judicial durante años, los exediles no habían participado en la licitación. Después de ocho años de calvario, de renuncia a la vida política, personal y los ahorros, ¿todo se queda en un “ya no son ustedes acusados, pueden abandonar la sala?”, se pregunta José Manuel en una entrevista con elDiario.es. El absurdo elevado al absurdo por respuesta. De esto es de lo que deberían preocuparse los apoltronados en el Poder Judicial y Constitucional, pero no.

El mismo José Manuel García considera que lo de Antonio Rodrigo Torrijos es peor. Para el exdirigente de IU de Sevilla era el cuarto proceso judicial al que se enfrentaba y del que salía absuelto o sin acusación. Trece años estuvo penando con el sambenito de corrupto el edil que contribuyó, junto al alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, a la dotación de viviendas sociales, servicios públicos y la modernización de Sevilla. Esta ciudad siempre le recordará como el edil pionero en los carriles bici que luego copiaron otras urbes.

Hijo de la primera alcaldesa de España, Amalia Torrijos (en la República, en 1933), el exdirigente de IU sufrió un varapalo cuando a 16 días de las elecciones municipales de 2011, justo al comienzo de la campaña, la jueza Mercedes Alaya (la del caso de los ERE) dicta un auto de imputación en su contra por el caso Mercasevilla. Torrijos era candidato a la Alcaldía por IU; y por el PP, el juez en excedencia Juan Ignacio Zoido, que gana por mayoría absoluta. Cuatro años después, la misma jueza también dicta auto de imputación por el caso Fitonovo contra José Manuel García, entonces candidato él a la Alcaldía por IU, en víspera a su vez de las municipales. Juan Espadas, ahora líder del PSOE andaluz, se hace con la Alcaldía en minoría, pero IU ya no tiene la fuerza y representatividad que en el periodo que cogobernó con los socialistas la capital andaluza.

Las investigaciones judiciales contra Torrijos, de las que de todas ellas ha sido absuelto, fueron un instrumento político despiadado en manos del PP en Andalucía

El caso del comunista Antonio Rodrigo Torrijos de hace una década podría entenderse como un precedente de persecución política a través de la Justicia contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con Unidas Podemos; así lo ven algunos izquierdistas. Las investigaciones judiciales contra Torrijos, de las que de todas ellas ha sido absuelto, fueron un instrumento político despiadado en manos del PP en Andalucía. Este partido aireó sin escrúpulos una fotografía manipulada, la de Torrijos y un directivo de Mercasevilla ante una mariscada en la feria del pescado de Bruselas (había otras personas en la comida cuyas imágenes fueron pixeladas) como escándalo de corrupción. Aquella foto, junto a las acusaciones judiciales, sirvieron de munición para hundir el honor y la carrera política de Torrijos de una forma vergonzosa. “¿Dónde está escrito que un comunista no pueda comerse una mariscada?”, pregunta Torrijos con toda lógica en Diario de Sevilla.

La imagen maldita de la mariscada suplantó durante mucho tiempo a la del concejal verde del carril bici, que podría ser la intención de los adversarios políticos. Las sucesivas investigaciones judiciales sin sentido, como luego ha quedado acreditado, alimentaron el monstruo de la persecución hasta dejar en la cuneta, sin futuro político y en el paro, a Torrijos. La justicia como un cúmulo de emociones fáciles de manipular, insisto. No ha sido el único caso. La instrumentalización de la justicia o investigaciones policiales como arma arrojadiza contra el adversario es un vicio oculto de la política en España. Todos los partidos han jugado a ello, pero ninguno con tanto éxito como el PP. Y no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción. Esta se persigue con mejores medios y profesionales para que un proceso no dure ocho años y dé pie a que pueda ser munición de los partidos para la destrucción de sus adversarios.

Ante casos como el de Torrijos y otros tirados a la cuneta política, el sentimiento final, que es el que cuenta, es el de que la Justicia también puede ser injusta y solo cabe, como en Matar a un ruiseñor, “llorar por el infierno puro y simple en que unas personas hunden a otras, sin detenerse a pensarlo tan solo”.

En 2007 Mercasevilla ofreció a sus trabajadores mayores de 50 la posibilidad de acogerse a una prejubilación en unas condiciones pactadas con los representantes de los trabajadores y aprobada por la Consejeria de Empleo de la Junta de Andalucía. En el anexo, página 3, punto 2, se dice lo siguiente: “Que dicho Plan de Prejubilaciones tendrá una vigencia de tres años, en concreto del 2 de Mayo de 2007 hasta el 31 de Abril de 2010, negociándose anualmente entre las partes las plazas a amortizar cada año. La Dirección de la Empresa, pondrá a disposición de los trabajadores afectados un Plan de Prejubilaciones. La adscripción al Plan de Prejubilaciones será voluntaria por parte de los trabajadores afectador”.

Y, ¿qué es una prejubilación? Según el 'Boletín sobre el envejecimiento nº33 de septiembre 2008', con el sello del Ministerio de Educación Política Social, es un término que “no existe en el ordenamiento jurídico actual como término legal. Normalmente hace referencia a la finalización del contrato laboral a una edad determinada, generalmente a partir de 55 años (aunque hay casos en los que se produce antes), sin derecho a percibir pensión contributiva alguna. En estos casos, se llega a un pacto entre la persona empleada y la empresa para establecer una indemnización para el trabajador/a que se denomina baja incentivada, y, por lo general, el empleado pasa a cobrar una prestación de desempleo o un subsidio pagado por la empresa hasta que más adelante (normalmente a los 60-61 años) pueda acceder a la prestación contributiva de la jubilación”.

El Estatuto de los Trabajadores no habla de “prejubilación”, y no puede ser de otra manera pues la prejubilación no existe en el ordenamiento jurídico, como dice el citado boletín. El Estatuto de los Trabajadores es una ley, pero sí habla de la “extinción de contrato”, en la Sección 4.ª, artículo 49, apartado 1a, “por mutuo acuerdo de las partes”. Eso coincide plenamente con nuestra situación, pues fue de forma voluntaria y aceptando las condiciones que la empresa ofrecía.

La sentencia del TSJA nº 1463/15 dijo que “en el presente caso no nos encontramos ante una defectuosa tramitación del expediente de regulación de empleo nº002 sino ante la falta de control del contenido del acuerdo alcanzado entre representación de la empresa y los trabajadores, homologado por la Junta de Andalucia, cuando el mismo podría resultar fraudulento, abusivo o irregular por pactarse indemnizaciones muy superiores a la prevista en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Procedimiento Laboral para los despidos Improcedentes.

¿De dónde saca el TSJA que nosotros nos hemos visto involucrados en un despido improcedente? Como dice el Estatuto de los Trabajadores hubo “mutuo acuerdo de las partes”, y además a través de prejubilaciones que, como ya hemos visto, no están legisladas. ¿De dónde el abuso de indemnizaciones superiores a la prevista en los estatutos? No hay nada previsto en los estatutos para las prejubilaciones. Es de suponer que a la vista de los señores/as magistrados lo pactado con la empresa suponía unas pensiones demasiado altas para unos simples trabajadores del mercado central de abastecimiento. Esos trabajadores no se merecen tanto de ahí creo yo es su forma de ver en esta sentencia, pero desde luego no aplicando la inexistente ley de prejubilación.

La sentencia también dice que “todavía se incrementa más el importe de esta indemnización al incluir no solo el complemento salarial del que habla el acuerdo, sino una cantidad para cubrir el convenio especial de la Seguridad Social”. Pues aquí sí tenemos que hablar de ley. La reforma del Real Decreto-Ley 16/22 introduce una novedad, demandada hace tiempo, como es la posibilidad de que sea la empresa, en determinados supuestos, la titular de la suscripción del convenio especial, la práctica de entregar al trabajador el importe del mismo porque sólo el podía suscribirlo.

Recibir el pago de la empresa para sufragar el convenio colectivo no fue una forma de incentivar fraudulentamente a los trabajadores sino una obligación de la empresa

También el Estatuto de los Trabajadores se pronuncia sobre este tema en el mencionado artículo 49 de la extinción de contrato. “Cuando se trate de procedimiento de despido colectivos de empresa no incursas en procedimientos concursales, que incluyan a trabajadores con 55 o más años que no tuvieran la condición de mutualistas el 1 de enero del 1967, existía la obligación de pagar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio especial respecto a los trabajadores señalados”. Este apartado no nos afecta totalmente a nosotros, porque en nuestro caso no fue un despido colectivo sino una prejubilación voluntaria, pero demuestra que recibir el pago de la empresa para sufragar el convenio colectivo no fue una forma de incentivar fraudulentamente a los trabajadores sino una obligación de la empresa en estos casos.

Entonces, ¿por qué el TSJA da ese dato como queriendo informar a la opinión publica de los abusos que se habían cometido en Mercasevilla, germen de lo que después seria el gran fraude de los ERE ilegales? Los trabajadores no tuvimos nada que ver en este asunto y se nos ha criminalizado como grandes beneficiarios de esta trama. Nada más lejos de la realidad, los trabajadores hemos sido engañados, y yo diría estafados, por Mercasevilla, que ahora nos reclama lo que en su día nos ofreció para la extinción de nuestros contratos.

Pero la reclamación no queda ahí. Cuando Mercasevilla presentó el ERE a través de prejubilaciones voluntarias, también tenía que presentar la forma de pago de dichas prejubilaciones. La forma de pagar estas prejubilaciones consistían en unos pagos de Mercasevilla al Banco Vitalicio, que era el encargado de realizar los pagos mensuales y otra parte sería la Junta de Andalucía, que aportaría el resto.

Mercasevilla aportó los siguientes pagos: 16/11/2007-125.000 euros, 26/02/2008-75.126,50 euros, 04/06/2008 -123.168.06 euros, 11/12/2008-72.000 euros, lo que hace un total de 395.294,56 euros. La Junta de Andalucía, seguramente, pagó hasta noviembre de 2009, pero de eso nadie hasta ahora tiene constancia. Lo cierto es que en esa fecha de noviembre de 2009 fue el último pago que realizó el Banco Vitalicio, que hasta esa fecha ya había pagado la cantidad de 552.057,23 euros, es decir, 156.762,67 euros más de lo que Mercasevilla había aportado. El Banco Vitalicio nunca se presentó en ninguna de las causas abierta sobre este asunto, pues cabe suponer que alguien le había pagado esa diferencia.

El porqué de toda esta explicación el siguiente: Mercasevilla está reclamando a los trabajadores la cantidad de 552.057,23 euros, que es la totalidad pagada por el Banco Vitalicio y que excede en 156.762,67 euros lo que la empresa ya pagó. Después de todo lo anterior, de reclamaciones de las cantidades que ella misma nos había ofrecido, también quiere enriquecerse de forma irregular a costa de los trabajadores, y además, avalado por la sentencia del TSJA, que es la que incluye esas cantidades sin haberse tomado la pena de sumarlas para ver que Mercasevilla pide algo que no le pertenece.

Cuentan que fue un trabajador de Mercasevilla quien avisó al PP de que se habían encontrado en uno de los ERE de la sociedad a ciertas personas que no habían trabajado nunca allí. Los populares no perdieron la ocasión y la jueza Mercedes Alaya empezó a tirar del hilo de aquellos primeros 'intrusos'. El fallo del Tribunal Supremo que inhabilita a Chaves y manda a la cárcel Griñán, y que pone fin a aquel germen, origen sin duda del caso de los ERE, tiene muchas derivadas. Entre ellas, las que padecen 40 familias de personas que firmaron con la sociedad, perteneciente al Ayuntamiento de Sevilla y la empresa estatal Mercasa, acogerse voluntariamente a un plan de prejubilación en 2007 y que ahora tienen que hacer frente al pago de miles de euros al haber sido condenados a reintegrar a la empresa buena parte de aquel acuerdo económico, según ha acordado la empresa por primera vez a principios de este mes de julio. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –TSJA– está revocando sentencias de los juzgados de lo Social que daban la razón a los extrabajadores, que lamentan que fueron “estafados” porque acordaron con la empresa una compensación para extinguir su relación laboral que, años más tarde, la propia empresa les reclama por vía judicial.

“Nos engañaron”, comenta a elDiario.es/Andalucía uno de aquellos 40 empleados que aceptaron la salida voluntaria de la empresa de los 56 que fueron incluidos en aquel ERE de 2007, que tuvo un coste de unos 9 millones de euros. “Mercasevilla nos estafó porque firmó con nosotros unas condiciones y ahora nos exigen los pagos”, insiste después de que no haya fraguado el intento de que la sociedad mixta retirara las demandas planteadas pese al apoyo de CCOO y UGT en ese sentido. La Comisión Ejecutiva de los Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla ya ha adoptado un primer acuerdo con un exempleado para que abone “en un plazo de cinco años con recargo de intereses” la cantidad “indebidamente cobrada”, confirman fuentes municipales, en ese caso de unos 12.000 euros, si bien otros tendrán que hacer frente a mayores 'hipotecas'. Otra opción que se está manejando desde Mercasevilla es abonar la “indebida” cantidad acordada “en diez años previa aportación de garantía”.

Pese a que Mercasevilla ha aprobado exigir tal devolución para “proteger el patrimonio de la sociedad Mercasevilla pero también ofrecer facilidades de reintegro”, ese “indebidamente” que utiliza el Ayuntamiento enerva a estos extrabajadores afectados. También critican que digan que ese primer exempleado, según consta en ese primer acuerdo, suscrito este mismo mes de julio, se diga que “vio extinguida su relación laboral con Mercasevilla mediante Expediente de Regulación de Empleo en el año 2007”. “Fue un plan de prejubilación pactada y voluntaria”, insisten al trascender el documento.

Absueltos de malversación

De aquellos 40 extrabajadores, han perdido la vida 13 en estos años, tres de ellos de ataques repentinos al corazón. Otros tienen importantes problemas de salud. “El caso ERE mata”, dice uno de estos exempleados. Todos ellos se acogieron en 2007 a unas prejubilaciones acordadas con la empresa. En diciembre de 2019, precisamente un mes después de la primera sentencia de los ERE, la Justicia consideró que el sujeto obligado al “pago de lo debido” desde 2007 era y es Mercasevilla y que las cantidades percibidas hasta el momento debían ser computables como rentas.

La Sala de lo Social del TSJA se pronunció así respecto a los trabajadores que cobraron la ayuda familiar, solicitada según les indicó la empresa para acogerse al ERE, pero fue la misma Sala la que, en octubre de 2014, consideró que los trabajadores solamente debían percibir una indemnización por despido improcedente, en todo caso con Mercasevilla como responsable. Antes, en marzo de 2019, nueve de estos exempleados fueron absueltos de malversación tras reclamarles la empresa los “excesos” en la indemnización acordada. Mucho antes, en 2009, cuando estalló la macrocausa, la Junta se desligó de la financiación del ERE al descubrirse la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas y subvenciones arbitrarias con cargo a fondos autonómicos, quedando sus rentas en el aire.

Aunque entre 2007 y 2008, el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020, había firmado varios documentos mostrando la “conformidad” de su departamento para el libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el posterior director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera, resolvió que estos actos fueron “meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio”.

“Derecho al reembolso”

Desde finales de 2018 hasta la actualidad, distintos juzgados de lo Social vienen resolviendo los recursos de la empresa para el pago de sus prejubilaciones, con sentencias “contradictorias” en algunos casos, pero ha sido en los últimos meses cuando los fallos han adquirido firmeza y Mercasevilla ya está exigiendo el pago de las cantidades de acuerdo a lo que está dictaminando la Justicia. Una de ellas, que condena al exmpleado al pago de más de 44.000 euros, señala, por ejemplo, que “el ejercicio por la empresa de su derecho a obtener el reembolso de la cantidad abonada al trabajador por encima de la que legalmente le correspondía dimana del pronunciamiento realizado por esta sala en la resolución anteriormente referenciada –en alusión a la sentencia de 2014 que declaró fraudulento el ERE–, al igual que el derecho de los antiguos empleados que en ese proceso fueron parte a percibir la posible diferencia existente a su favor, lo que excluye la posibilidad de ignorar los derechos que derivan de esa sentencia en base a la actuación fraudulenta de los sujetos que representaron a la empresa y a los trabajadores en el período de consultas del expediente de regulación de empleo”.

Las fuentes municipales añaden que “existen dos sentencias firmes por parte del TSJA que establecen la obligación de devolver las cantidades indebidamente cobradas por parte de otros tantos antiguos trabajadores de Mercasevilla”. Tras el primer acuerdo, se está “pendiente de cerrar un acuerdo con el segundo”, teniendo también la opción de abonar la cantidad a la que ha sido condenado “en diez años previa aportación de garantía”. Desde el Ayuntamiento se indicó a este medio hace unos meses que la decisión de reclamar las cantidades a los prejubilados “se adoptó en el mandato del PP”.

El TSJA dijo en 2014 en la citada sentencia sentencia que “arrastra” a las demás, según lamentan los prejubilados, que en el ERE de 2007 “de lo pactado se deduce que lo que se abona es la indemnización por extinción de la relación laboral, que en este caso excede exageradamente (...) el Estatuto de los Trabajadores y la prevista para un despido improcedente (...), al incluir no sólo el complemento salarial, sino una cantidad para cubrir el convenio especial de la Seguridad Social y una renta vitalicia y constante, por lo que el acuerdo alcanzado por la representación de la empresa y el comité de empresa (...) constituye un auténtico abuso de derecho y un fraude de Ley”. Según el alto tribunal andaluz, esos trabajadores sólo “tenían derecho a percibir de la empresa la indemnización por la extinción de la relación laboral a razón de 45 días de salario por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades, descontándose de la cantidad resultantes las sumas cobradas por la indemnización diferida”.

Después de que el juez del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla José Ignacio Vilaplana ordenase seguir las diligencias como procedimiento abreviado contra los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, ya condenados por cohecho en dicha entidad; el exmiembro de la ejecutiva local del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo; los exmiembros de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, Jesús María Bordallo y Francisco José González; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas; su cuñado Ismael Sierra; José Rodríguez López como asesor fiscal de Lanzas; Francisco Algarín como su testaferro y Francisco Limón, administrador de Hermes Consulting; por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y malversación con relación a la mencionada entidad pública Mercasevilla; la Fiscalía ha reclamado cárcel para todos ellos.

En concreto, y a través de un escrito avanzado por Diario de Sevilla y recogido por Europa Press, para Fernando Mellet, la Fiscalía reclama 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta; para Ponce 6 años y 6 meses de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta; para Lanzas 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta; para Ismael Sierra 5 años de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta; para José Rodríguez López 5 años de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta; para Algarin Lamela 5 años de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta; para Albarracín 6 años y 6 meses de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta; para Bordallo Rodríguez las penas de 3 años y 6 meses de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta; para Francisco González García 6 años y 6 meses de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta; para Francisco Limón, 5 años de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta y para Antonio Garrido Santoyo, las penas de 2 años de prisión y 4 años de inhabilitación absoluta.

Ello, por unos hechos que la Fiscalía, en este escrito de fecha de 17 de mayo de 2021, tipifica como un delito de prevaricación y de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos.

Cuantías

Además, y entre otros aspectos, reclama que Mellet, Ponce, Lanzas, Albarracín y Francisco González García respondan “conjunta y solidariamente en la cantidad de 4.125.000 euros”, declarando a Mercasevilla como “responsable civil subsidiaria” y solicitando que responda en esa misma cuantía de 4,125 millones de euros, junto al resto de los citados en este párrafo.

En su auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, recordémoslo, el juez Vilaplana abordaba la presunta ilicitud de las ayudas autonómicas concedidas por la Consejería de Empleo, “extramuros de cualquier legalidad”, para las primas de las pólizas de seguro de rentas colectivas suscritas con relación a las prejubilaciones acordadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por la empresa Mercasevilla, actualmente participada en exclusiva por el Ayuntamiento hispalense y la sociedad mixta Mercasevilla.

Se trata, en concreto, de una subvención de más de 5,6 millones de euros para el ERE de 2003 y una ayuda más superior a 6,9 millones de euros para el procedimiento de 2007.

Los “contactos” de Lanzas

Según el juez instructor, Fernando Mellet, entre otros aspectos, “habría abonado los servicio de Francisco José González, comercial de Vitalia, y Juan Lanzas, persona que por sus contactos con la Consejería de Empleo conseguiría la financiación pública de la Junta, con cargo a los fondos de Mercasevilla”, empresa que en aquellos tiempos dirigía.

En paralelo, “Lanzas habría facturado a través de la empresa de su cuñado Maginae Solutions una serie de servicios, justificándolos como actuaciones para la mejora de plantilla y servicios de asesoramiento, cuando realmente irían encaminados a satisfacer su comisión a resultas de los servicios prestados en relación al ERE de 2007” de Mercasevilla.

“En total, Lanzas percibiría de manera irregular, a través de la ficticia facturación de Algarín Lamela y de Maginae Solutions, 492.655 euros, de modo que toda esta operativa de facturas ficticias, emisión de cheques, cobro, reintegros y pagos se habrían llevado a cabo con el fin de obtener el cobro de estas gratificaciones y facilitar la entrada de estos fondos de procedencia ilícita en el circuito financiero”, indica el juez, señalando en paralelo el papel de Garrido Santoyo como “intruso” en el ERE de 2007 al disfrutar de dinero del mismo pese no formar parte de la plantilla de Mercasevilla.

Para ello, habría recurrido según el juez a “sus relaciones personales con los investigados, en particular con Lanzas”, quien “a través” de los miembros de Vitalia habría conseguido la “inclusión” de Garrido Santoyo “como beneficiario de la póliza” del ERE de 2007, y cobraba cuantías mediante Francisco Algarín Lamela, su “hombre de paja”.

La absolución del expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera conocida este jueves es uno más de los casos mediáticos que, desde el punto de vista penal, ha quedado en nada después de años de procedimiento judicial, al menos en sentencia de primera instancia. Pero tiene un punto en común con otros de indudable recorrido mediático: su instructora, Mercedes Alaya. La jueza, ahora en la Audiencia de Sevilla, dirigió otras macrocausas como la de los cursos de formación en 2016, la venta de los terrenos de Mercasevilla en 2017 o el presunto cohecho por parte del exdelegado provincial de Empleo de la Junta, también en el caso Mercasevilla, absuelto por el Tribunal Supremo en 2014.

Los ERE, ¿“gran plan” o “gran fraude”?

La sombra de Alaya es alargada. La jueza no tardó en retomar protagonismo, ya desde la distancia, en el caso que sin duda más recorrido judicial, y sobre todo político, le ha correspondido: los ERE. Al segundo del juicio, Alaya puso en duda la imparcialidad del TSJA en los posibles recursos a la futura sentencia diciendo que “un tercio de sus miembros ha sido elegido por el Parlamento autonómico”, una errónea “incertidumbre” ya que el alto tribunal andaluz no puede resolver tales recursos.

Durante el desarrollo del juicio de los ERE, y dentro de los argumentos de defensa que cada acusado puede utilizar, en los pasillos de la Audiencia algunos acusados comentan entre dientes que se trate de “un juicio politizado y viciado de origen” tras siete años de instrucción previa. “A ver quién se atreve a pinchar el globo porque, ¿de qué se nos está acusando?”, se preguntaba un exalto cargo de los 22 que se deben sentar en el banquillo de los acusados durante meses. Sólo la sentencia dirá si hubo “un gran plan” o “un gran fraude”, parafraseando al expresidente Griñán.

Lopera, sin beneficio propio

Pero volviendo al caso Betis, el empresario Luis Oliver, ahora absuelto, llegó a interponer una querella criminal a la jueza Alaya por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación, que finalmente fue inadmitida por el TSJA al entender que las decisiones de la jueza se hicieron “conforme a una determinada interpretación de la norma aplicable en cada caso y que en manera alguna pueden ser consideradas como arbitrarias o ilícitas”.

En 2014, Alaya procesó a Lopera y a otras siete personas, después de seis años de investigación, por un “plan preconcebido” utilizado “en perjuicio de la sociedad y en su propio beneficio”. El delito de apropiación indebida, como el de administración desleal, precisa de ánimo de lucro o distracción a terceros en cuyo beneficio se actúa, algo que “tampoco resulta acreditado” a juicio de la Audiencia, según la sentencia absolutoria para todos los acusados.

Salvando las lógicas distancias, el caso Betis y el caso de los ERE, a ojos de la instructora, estaba lleno de “cooperadores necesarios” que actuaban “en connivencia” para la comisión de un “fraude”. Así constaba textualmente en el procesamiento de Lopera y no muy lejano en la argumentación estaba la instrucción de los ERE. Otra cosa que les une, de alguna forma, es José Antonio Lacalle, presidente del tribunal del juicio que está celebrando la Audiencia. Respaldó en muchos recursos la tesis acusatoria de Alaya contra Lopera cuando resolvía los recursos desde la Sección Primera hasta que fue apartado del caso cuando el abogado de Lopera apreció que era sobrino del vicepresidente de una de las acusaciones, en concreto de la Liga de Juristas Béticos.

Mercasevilla y los “daños colaterales”

Por su parte el caso Mercasevilla, que tiene aún varias puntadas por cerrar desde el punto de vista judicial, se cerró hace unos meses con la absolución de una decena de acusados en la 'pata' con mayor trascendencia politica a nivel local, por la repercusión mediática dados sus implicados (el que fuera primer teniente de alcalde en la 'era Monteseirín', Antonio Rodrígo Torrijos -IU- y el también concejal, en este caso del PSOE, Gonzalo Crespo).

Alaya se hizo cargo durante cinco años de la investigación de la adjudicación de los suelos del mercado central de abastos que, al conocerse el fallo absolutorio, despertó las iras de los abogados de la defensa, muy explícitos a la hora de denunciar por los “daños colaterales” causados durante largo tiempo a los acusados debido a una “inquisitiva” instrucción. Este hecho también levantó las quejas de los partidos más 'castigados' por el proceso, que aludieron al “linchamiento político” sufrido por los ahora absueltos.

El único de estos macroprocesos relacionados con Mercasevilla que hasta entonces había sido juzgado tampoco se correspondió con lo dicho por la jueza Alaya durante la investigación, al menos en lo que se refiere a la acusación contra el único de los exaltos cargos de la Junta implicados en las ramas judiciales de Mercasevilla. Se trató de la instrucción del procedimiento de tribunal de jurado por delito de cohecho contra Antonio Rivas (exdelegado de Empleo la Junta), Fernando Mellet y Daniel Ponce (exresponsables de Mercasevilla), a quienes la Audiencia Provincial condenó en 2012. El TSJA confirmó la sentencia en 2013 pero en junio de 2014 el Tribunal Supremo anuló la condena al ex alto cargo de la Junta y mantuvo las de Mellet y Ponce.

Archivo de los cursos

Y el otro asunto, junto a los ERE, que salpicó de lleno a la Junta de Andalucía fue el de las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados con fondos públicos andaluces, que no llegó siquiera a juicio. Como se recordará, la jueza Núñez Bolaños, en contra del criterio mantenido por Alaya cuando inició la instrucción, no observó un ilícito penal. Poco antes, Alaya desprestigió a su sucesora para quedarse con ésta y otras macrocausas. El criterio de ambas era totalmente diferente a la hora de catalogar la gestión de los cursos y las subvenciones públicas: de una “red de clientelismo político” a, si acaso, “posibles irregularidades administrativas”.

Dijo la jueza en el auto de sobreseimiento que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “construye” sobre la base de la falta de documentación en los expedientes detectada por los interventores en sus informes especiales una “hipótesis o teoría” para la elección de los beneficiarios, dando pie a la teoría mantenida por Alaya de conceder arbitrariamente las subvenciones y crear una red de 'clientelismo político'.

La pieza política del caso Mercasevilla, el hilo a partir del cual la jueza Mercedes Alaya comenzó a montar la madeja de la macrocausa de los ERE, ha acabado en nada. Los diez procesados, absueltos. Las imputaciones por fraude, exenciones fiscales y prevaricación, al cajón. Ocho años de investigación, de acusaciones muy gruesas, de ruido mediático extremo, de la reputación de diez personas reducidas a polvo, acaban con el sonido sordo de una sentencia que cierra el caso al no haber encontrado ninguna prueba de irregularidades o amaños en la venta de los terrenos de la lonja sevillana.

El fallo es un alivio que llega muy tarde, demasiado tarde, para los acusados. Y es sobre todo un golpe muy duro para la jueza, retratada por muchos como la Juana de Arco de la lucha contra la corrupción y descrita por otros como una implacable inquisidora, impulsora de una causa general con el objetivo derribar al Gobierno del PSOE en Andalucía a través de los tribunales.

Es un revés muy serio porque desmonta la investigación originaria, la que empezó a lanzar al estrellato a la magistrada. Pero sobre todo porque no es el primero que recibe. Hace unos meses, la jueza que sustituyó a Alaya decretó el archivo de la llamada 'pieza política' de los cursos de formación, con cientos de detenidos e imputados y miles de millones de euros supuestamente saqueados (3.000 millones de euros llegó a decirse). Ni conspiración política. Ni red clientelar. Ni sistema amañado. Ni fraude masivo. Nada de nada, concluyó el fallo, muy crítico con la instructora, con el PP y hasta con la Guardia Civil por montar una causa a partir de hipótesis “inverosímiles”.

Alguien podría decir eso de que a la jueza Alaya le están creciendo los enanos, aunque para ser estrictos sería al revés: le están encogiendo los gigantes. Varias de las grandes causas que instruyó y que han acaparado titulares y llenado miles de horas de telediarios y tertulias a lo largo de la última década se han desmoronado. La pirámide de la corrupción política que con tanto trabajo ha levantado en este tiempo, y que sitúa en su cúspide nada menos que a dos ex presidentes de la Junta, empieza a parecerse cada vez más a un castillo de naipes.

Hay quien piensa que muchos de los argumentos del archivo de los cursos de formación valdrían también para desmontar la supuesta trama política en el caso de los ERE, que podría empezar a juzgarse a finales de este mismo año. Una causa, instruida por la misma jueza, que dibuja también una conspiración a gran escala cuyo kilómetro 0 se situaría en el mismo despacho presidencial del Palacio de San Telmo.

¿Es previsible que esto ocurra? No demasiado. No olvidemos que se trata de la madre de todas las batallas judiciales y políticas en Andalucía. El caballo en el que la oposición ha apostado gran parte de su capital político. Pocos jueces, dicen quienes conocen las interioridades de los tribunales, se atreverían a dar carpetazo a esta causa si tienen algún motivo de duda. Lo más probable, una patada hacia arriba. Es decir, una condena que envíe la patata caliente al Tribunal Supremo.

Más allá de las particularidades jurídicas de cada caso, lo ocurrido debería hacernos pensar. Sobre cómo funciona la justicia, la política y sus inquietantes vasos comunicantes. Sobre por qué nos gustan tanto los jueces estrella. Sobre hasta qué punto como sociedad, también desde los medios de comunicación, hemos empujado a algunos jueces a montar macrocausas donde había fraude, sí, pero seguramente no una conspiración planetaria. Sobre si todo lo ocurrido, al final, puede acabar con justos pagando por pecadores. Y todo mientras los verdaderos responsables, invisibles bajo la luz cegadora de los flashes, camuflados entre una multitud de nombres famosos, quedarían a salvo en medio del ruido.

El 'caso Mercasevilla' tiene aún varias puntadas por cerrar desde el punto de vista judicial. Si bien es cierto que se ha cerrado en primera instancia con la absolución de la decena de acusados la 'pata' con mayor trascendencia politica a nivel local, por la repercusión mediática dados sus implicados (el que fuera primer teniente de alcalde en la 'era Monteseirín', Antonio Rodrígo Torrijos -IU- y el también concejal, en este caso del PSOE, Gonzalo Crespo), varias vertientes siguen su periplo por los tribunales.

La jueza Mercedes Alaya se hizo cargo durante cinco años de la investigación de la adjudicación de los suelos del mercado central de abastos que, al conocerse el fallo absolutorio, ha despertado las iras de los abogados de la defensa, muy explícitos a la hora de denunciar por los “daños colaterales” causados durante largo tiempo a los acusados debido a una “inquisitiva” instrucción. Este hecho también ha levantado las quejas de los partidos más 'castigados' por el proceso, que han aludido al “linchamiento político” sufrido por los entonces investigados y ahora absueltos, a expensas de los sucesivos recursos de la Fiscalía y resto de acusaciones.

El único de estos macroprocesos relacionados con Mercasevilla que hasta entonces había sido juzgado tampoco se correspondió con lo dicho por la jueza Alaya durante la investigación, al menos en lo que se refiere a la acusación contra el único de los exaltos cargos de la Junta implicados en las ramas judiciales de Mercasevilla. Se trató de la instrucción del procedimiento de tribunal de jurado por delito de cohecho contra Antonio Rivas (exdelegado de Empleo la Junta), Fernando Mellet y Daniel Ponce (exresponsables de Mercasevilla), a quienes la Audiencia Provincial condenó en 2012. El TSJA confirmó la sentencia en 2013 pero en junio de 2014 el Tribunal Supremo anuló la condena al ex alto cargo de la Junta y mantuvo las de Mellet y Ponce.

El Supremo dijo entonces que no se pudo probar que Antonio Rivas ideara pedir una comisión a los empresarios del grupo hostelero La Raza para la gestión de una escuela de hostelería promovida por Mercasevilla e incentivada por la Junta de Andalucía. El caso se resolvió, con la estimación parcial del recurso de los condenados, cuando el 'melón' de los ERE llevaba ya tres años y medio abierto.

Es de recordar que de la primera pieza abierta por la gestión del mercado central, aunque no esta de la venta de los terrenos sino la del presunto cohecho a la que se ha aludido, dio origen al conocido caso de los ERE. A raíz de las prejubilaciones fraudulentas descubiertas en los dos expedientes promovidos en Mercasevilla en 2003 y 2007 y la inclusión de los denominados 'intrusos' (beneficiarios de prejubilaciones que nunca formaron parte de la plantilla de la empresa), Alaya empezó a tirar del hilo de los ERE financiados por la Junta para empresas en crisis, liderando desde enero de 2011 una investigación aún a la espera de juicios, cuya primera fecha se decidirá este mismo viernes.

Precisamente de la gestión del ERE de 2007 se deriva el procesamiento de 14 personas en la causa del presunto delito societario en la gestión de Mercasevilla, entre ellas el exdirector general de la lonja Fernando Mellet y ocho trabajadores de Mercasevilla que se acogieron a aquel ERE. En este caso, hace apenas un mes, el TSJA archivaba la causa contra el diputado del PSOE Carmelo Gómez.

En este caso, la jueza María Núñez, sustituta de Alaya en el juzgado, consideró este pasado diciembre que existen indicios de presuntos delitos de prevaricación derivado de la firma de contratos con la empresa Hermes Consulting, de malversación de caudales públicos derivado de los diversos actos de disposición de fondos de Mercasevilla realizados sin control ni causa lícita alguna y de falsificación de documento mercantil por la confección, presentación y final pago por Mercasevilla de facturas por servicios ficticios.

Otra de las causas abiertas es la de la adjudicación de la guardería de Mercasevilla. Los anteriores dirigentes de la lonja denunciaron a Mellet al entender que adjudicó en febrero de 2004 la concesión del servicio público de la guardería “sin tener competencias delegadas para ello, sin seguir procedimiento alguno y sin respeto a los principios de publicidad y concurrencia”. El juzgado, en este caso el 7, acordó la remisión de estas actuaciones al juzgado de Bolaños para su acumulación a las diligencias que se siguen por el delito societario de Mercasevilla, que ya están en la Audiencia.

Que la Justicia es lenta es una frase bastante manida. Pero a veces hay casos en los que merece la pena recordarlo. Este martes han acudido al juzgado los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y la exdirectora económica-financiera Pilar Giraldo, imputados formalmente en la causa desde el 13 de mayo de 2010. Han pasado más de tres años y medio hasta que han conocido los hechos concretos por los que se les imputa y los consecuentes delitos (malversación de caudales, apropiación indebida, fraude y exacciones ilegales, y delito societario). El abogado de Mellet, imputado en varias ramas de este caso por su gestión en el mercado de abastos, ha defendido que su cliente se haya acogido a su derecho a no prestar declaración precisamente porque “hasta hoy no conocía qué hechos se le imputaban”.

La citación de estas personas se había aplazado en varias ocasiones. Ninguno de ellos ha querido declarar ante la jueza Alaya, que investiga las supuestas y diversas irregularidades relacionadas con la empresa municipalizada de la que el Ayuntamiento de Sevilla es accionista mayoritario, con un 51 % de su capital social. Un conglomerado de sumarios diversificados en distintas piezas en el que ya se han dictado sentencias, hasta en segunda instancia ya, como la que condenó por cohecho a los citados Mellet y Ponce, y al exdelegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas. El PP ejerce de acusación particular en este caso.

Mellet, Ponce y Giraldo, según Alaya, habrían realizado “actuaciones tendentes a alterar el resultado económico” de Mercasevilla, “reduciendo las pérdidas de la sociedad” y “mejorando en apariencia la situación financiera y patrimonial” de la misma, dando lugar a “graves anomalías contables en las cuentas anuales”. Según los hechos imputados, Mercasevilla habría contabilizado como ingresos partidas que no tendrían tal consideración y no ha contabilizado como gasto otras que tendrían esta naturaleza, alterándose el resultado económico-contable y ofreciéndose una imagen patrimonial de la sociedad que no se correspondía con la realidad, lo cual afectaría a la percepción que de la situación económica de la sociedad podrían haber tenido tanto socios como terceros interesados (trabajadores, clientes, entidades financieras, proveedores,...).

Concretamente, según la jueza, en el resultado contable de Mercasevilla en el ejercicio 2008, de unos beneficios contables declarados de 258.024 euros se pasaría, después de las correcciones, a unas pérdidas de 7.885.285,42 euros. Y en cuanto al patrimonio neto, a 1 de enero de 2009, de 12.328.764 euros se pasaría a 3.022.091,56 euros. Toda esta “amalgama de hechos”, que el escrito de imputación del juzgado explica con gran detalle, “conllevaría una gestión desleal de la sociedad Mercasevilla consecuencia de las decisiones adoptadas por los órganos de dirección” en los que estarían los imputados, “lo que habría generado un falseamiento de sus resultados contables e importantes perjuicios económicamente evaluables”.

Lo único que ha manifestado Mellet al respecto es que se acogía a su derecho constitucional a no declarar por estricta recomendación de su letrado y al considerar que se le están vulnerando sus derechos fundamentales, aparte de ser inciertos los hechos que se le imputan. La Fiscalía no ha pedido medida cautelar alguna en su contra. Su abogado, José Manuel Carrión, ha defendido que “no existe ningún hecho delictivo en nada de lo que se imputa”, por lo que se trata “de un avance más en contra de la persona, fama y dignidad” de Fernando Mellet, añadiendo que si los actuales responsables del mercado, con mayoría del PP, no hubieran denunciado los hechos, Mercasevilla hubiera tenido “beneficios reales”, aseverando que “quien ha posibilitado la quiebra no ha sido Mellet, sino la paralización de actuaciones que consideramos legales” como la materialización de la venta de los terrenos a Sando o el ERE.

Alaya había acordado en su día que se realizara por parte de la Agencia Tributaria un informe económico hecho por peritos para ver “la presunta existencia de cualesquiera otros actos de falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación económica de la sociedad, de actos de distracción de fondos, o disposición fraudulenta de bienes”. Advertida del retraso por la Fiscalía el pasado diciembre, la jueza indicó posteriormente que, estando aún pendiente de presentarse dicho informe, los peritos designados debían motivar que justifiquen su no presentación.

El caso Mercasevilla arrancó cuando dos empresarios del grupo hostelero La Raza denunciaron que dos exgerentes de la sociedad, los citados y ya condenados por ello Fernando Mellet y Daniel Ponce, les pidieron una comisión de 450.000 euros como condición para adjudicar una Escuela de Hostelería, subvencionada por la Junta con 900.000 euros, que se iba a abrir en Mercasevilla durante unas conversaciones que fueron grabadas por los empresarios denunciantes de dicho soborno.

“No siempre la norma y la justicia van de la mano. Por eso existen jueces y fiscales”. Viene a cuento la frase de un exviceconsejero de la Junta que, en un plano personal y alejado de los juzgados, justificaba así lo que se podría entender como una injusticia en el más amplio sentido. Pues resulta que, años después, jueces y fiscales están a la gresca por la instrucción del caso Mercasevilla (más bien por las formas de un auto) y el archivo de una de sus ramas, en la que eran presuntos implicados los hermanos de la ministra Fátima Báñez.

No corren tiempos tranquilos para la Justicia, últimamente demasiadas veces en los papeles por causas ajenas a su verdadera voluntad, la de impartirla. Del repetido “respeto a las decisiones judiciales” en boca de los políticos aludidos, hemos pasado, además de rebajarse considerablemente el nivel de respeto, a las críticas entre los mismos operadores a través de autos o sentencias que no son del gusto de los unos o de los otros. Siempre tiene que haber lugar a la discrepancia jurídica pero no parece el mejor lugar una resolución oficial para echarse los muertos de la dilatación de un proceso o de por qué habremos llamado a declarar a los imputados si resulta que los delitos han prescrito.

Más aún cuando la “repercusión mediática”, a la que cada vez más alude Mercedes Alaya en sus notificaciones (faltaría más, hemos de recordar que se están investigando fraudes en el erario público), se hace eco de ello. El caso es que la jueza de los ERE, que también investiga el caso Mercasevilla, le echa la culpa a la Fiscalía de haber cometido un “error de cómputo” a cuenta de una tecnicidad jurídica (la condición de 'extraneus') y de haber dilatado por ello la instrucción, causando “molestias” a los empresarios imputados por tener que declarar, etc.

La cabeza visible del Ministerio Público en Sevilla, María José Segarra, no ha tardado en decirle que sus expresiones “gratuitas” y “ajenas al debate procesal”. Ya le ha debido causar malestar a Segarra el auto si ha salido al paso unas horas después de trascender el auto, siendo tan prudente como suele ser con la prensa (hasta en la manera de su última comunicación) en lo que se refiere a las cuestiones judiciales de trascendencia.

Y todo esto, pocos días después de que la jueza haya sido sometida a un desagradable pasilleo judicial, camino de su trabajo, por parte de sindicalistas concentrados para apoyar a compañeros que están siendo investigados. No es de recibo tal actitud, o muy fea se está poniendo la cosa en este Estado de Derecho, por mucha confianza que se tenga en la inocencia de algunas personas. Hay otras vías y esas no parecen las maneras más cabales. Precisamente, las oficiales por la Administración de Justicia (recursos, etc), esas también puestas ahora en duda si los que las que las acuerdan, mandan y firman se enredan en el 'yo no he sido'.

Flaco favor hacen estas polémicas y discusiones a una Justicia ya de por sí bastante desprestigiada entre recusaciones, eternos retrasos y acusaciones de falta de imparcialidad a los altos tribunales. Primero, a los propios afectados, ahora imputados, ahora con “extinguida responsabilidad penal” (¿eso son antecedentes?). Segundo, a la ciudadanía, desafectada con sus dirigentes, que ven cómo otro Poder de la sociedad democrática se les va. Y tercero, a la propia economía procesal de los procedimientos judiciales. ¿No habría que reinventar la forma en que una persona se enfrenta a la Administración de Justicia? De momento, tiremos de tópico: dejemos trabajar a la Justicia.

No hay quinta mala, ha debido pensar el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, que ha decidido asignar al Juzgado de Instrucción número 6 el caso de las supuestas facturas falsas de UGT en Andalucía. Su titular, Mercedes Alaya, ya investiga cuatro macrocausas (el caso de los ERE, los dos sumarios del caso Mercasevilla y la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis). Son diversas las veces en las que instancias políticas y judiciales, entre ellas el presidente del TSJA o la Fiscalía de Sevilla, han solicitado al juzgado celeridad en los avances de la investigación, principalmente respecto al caso de los ERE. En alguna de ellas le han prescrito delitos, según ha admitido la propia jueza, con declaraciones sucesivamente pospuestas. Ahora, Alaya tiene otra causa que, con varias ampliaciones respecto a la primera denuncia, tiene todos los visos de alargarse en el tiempo por el volumen de documentación a manejar.

En la nueva causa se investigarán facturas presuntamente maquilladas que distintos proveedores de UGT habrían emitido cargando gastos a programas de formación. El TSJA ha informado en una nota que el Decanato de Sevilla asigna a Alaya esta investigación después de la cuestión de competencia planteada por el Juzgado de Instrucción número 9, que había abierto diligencias por la denuncia de Manos Limpias. “La decisión de trasladarlo al Juzgado de Instrucción número 6 se debe a que ya existía un conocimiento de estos hechos por previa investigación judicial”, ha indicado el TSJA, contenidos entre las nuevas líneas de investigación derivadas del caso de los ERE y que tendrían en los pagos percibidos por el presunto 'conseguidor' y exmiembro de UGT, Juan Lanzas, como principal objeto.

Respecto a las investigaciones que ya lleva Mercedes Alaya y los instrumentos para llevarlas a cabo, hay que recordar que la Comisión Permanente del CGPJ acordó el pasado mes de julio reforzar su juzgado con un magistrado “al objeto de que su titular pueda dedicarse a las macrocausas que viene investigando desde hace tiempo”. Previamente, en marzo, el TSJA aceptó atribuir a Alaya las cuatro 'macrocausas' que ya instruía, tal y como ella había solicitado. En mayo, la jueza Alaya se comprometió ante el TSJA a “agilizar” las 'macrocausas' para intentar concluir incluso alguna en 2013. Durante una visita a Sevilla, el mismo mes de mayo, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, comentó que se tomarían medidas disciplinarias si Alaya “se sigue demorando” en la instrucción de los ERE.

Mercasevilla

En el caso Mercasevilla, que engloba dos sumarios, la jueza admitió la semana pasada la prescripción de delitos imputados a los hermanos de la ministra Báñez en el caso Mercasevilla, un asunto que contempla ya varias ramas y dos sumarios y que podría verse también ligado con la Operación Madeja, abierta recientemente y que llevó a un asesor socialista a prisión antes del verano, si bien pudo salir bajo fianza de 60.000 euros.

En este mismo caso, Alaya acaba de retrasar la citación de los exdirectivos de Mercasevilla en noviembre a Fernando Mellet y Daniel Ponce por delito societario. Ambos están impitados desde mayo de 2010. Hay que recordar que el retraso en su citación llevó a la Fiscalía de Sevilla a elevar un escrito al juzgado, en diciembre de 2012 y cuando la juez se encontraba aún de baja, en el que solicitaba que “a la mayor brevedad que fuera posible” se fijara un calendario de declaraciones.

La supuesta venta fraudulenta de los terrenos, la adjudicación de la guardería de la lonja, un presunto delito societario en la gestión de la sociedad y la regulación empresarial que destapó el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía convierten a esta causa en un conglomerado de sumarios diversificados en distintas piezas. En el caso Mercasevilla ya ha habido sentencias hasta en segunda instancia, como la que condena por cohecho al exdelegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas y los citados exdirigentes Fernando Mellet y Daniel Ponce.

La gestión de Lopera

El que fuera presidente del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera, está citado a declarar como imputado el próximo día 6 de noviembre. Los inspectores de Hacienda elaboraron un segundo informe pericial en el que se ratificaba que causó al equipo un perjuicio de 17 millones de euros entre los años 1999 y 2008, cantidad que hay que sumar a los 12,4 millones en que los peritos cifraron el perjuicio causado entre 1993 y 1998. Lopera ya compareció ante la juez Mercedes Alaya el día 14 de julio de 2010, después de que el primer informe pericial cifrara en 12,4 millones de euros los perjuicios causados al club a través de la gestión de empresas interpuestas vinculadas al propio Lopera, en el periodo que va de los años 1993 a 1998.

El abogado de Lopera sostenía hace unas semanas que “la realidad es que, tras cinco años y medio de instrucción judicial, no constan en la causa elementos incriminatorios contra” su cliente, ya que el informe de los peritos judiciales, “según se ha acreditado ante el Juzgado, omite datos relevantes y sostiene conclusiones improcedentes”.

El caso de los ERE

Esta causa, la más conocida entre las que instruye la jueza, suma más de un centenar de imputados, de los que más de la mitad aún no ha declarado y no tienen fecha para hacerlo. La jueza ha establecido un calendario de declaraciones principalmente para los imputados el pasado junio. Magdalena Álvarez, dentro de este grupo, ha recurrido porque cree que la imputación la está colocando en una situación de indefensión.

Entre las últimas novedades de este caso destaca que Anticorrupción haya recordado a Alaya que no puede imputar ni investigar a aforados, después de abriera la polémica entre juristas a mediados de septiembre al plantear la posible imputación de los expresidentes Chaves y Griñán. Este jueves continúan las declaraciones con el exviceconsejero de Economía José Salgueiro.

La Operación Madeja de la Guardia Civil, que ha provocado recientemente la entrada en prisión del exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo municipal socialista Domingo Enrique Castaño por un presunto delito de cohecho, es sólo la última de las piezas del puzzle que se deriva del caso Mercasevilla, algo más que la sociedad gestora del mercado central de abastos dependiente del Ayuntamiento hispalense.

Varias ramas se mantienen abiertas este presunto caso de corrupción. La supuesta venta fraudulenta de los terrenos, la adjudicación de la guardería de la lonja, un presunto delito societario en la gestión de la sociedad y la regulación empresarial que destapó el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía convierten a esta causa en un conglomerado de sumarios diversificados en distintas piezas. Aunque ha habido sentencias, hasta en segunda instancia ya, como la que condena por cohecho al exdelegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas y los exdirigentes de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce.

El reciente operativo de la UCO parte de la investigación que lidera la jueza Mercedes Alaya en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso público promovido para enajenar los suelos del mercado central de abastos de la capital hispalense. El procedimiento fue fallado en febrero de 2006 en favor de 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial de la constructora Sando y única empresa con titularidad previa que se presentó al concurso, pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga. La venta de los terrenos se cerró en los 106 millones de euros que ofrecía Sanma, frente a los 158 millones de Noga, por lo que la jueza deduce que hubo una probable connivencia entre Mercasevilla y Sanma.

Alaya es bastante clara respecto a esta cuestión en uno de sus autos: “Puede deducirse el posible concierto entre Mercasevilla y Sando para la adjudicación a esta última del concurso relativo a la opción de compra de los terrenos (…) idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por Sanma”.

Una veintena de personas está salpicada en esta investigación sumarial, entre ellos, el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos; los exgerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo. También, los empresarios de las sociedades que aspiraron al concurso, como los hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, investigados por un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas.

La Guardia Civil apuntaba a los “contactos previos” entre Sanma y Mercasevilla, a través de correos electrónicos entre los abogados de ambas partes con anterioridad a las fechas en las que se optó por la forma de la licitación pública, “hasta llegar a un acuerdo entre ambas sociedades en las cláusulas y condiciones establecidas”, incluyendo el envío de un formato de pliego de condiciones antes de la publicación del mismo.

El origen del caso, el cohecho

El caso Mercasevilla arrancó cuando dos empresarios del grupo hostelero La Raza denunciaron que dos exgerentes de la sociedad, los citados y ya condenados por ello Fernando Mellet y Daniel Ponce, les pidieron una comisión de 450.000 euros como condición para adjudicar una Escuela de Hostelería, subvencionada por la Junta con 900.000 euros, que se iba a abrir en Mercasevilla durante unas conversaciones que fueron grabadas por los empresarios denunciantes de dicho soborno.

El TSJA confirmó a mediados del pasado junio la pena por cohecho, basándose en estas grabaciones, dictada por la Audiencia de Sevilla contra Mellet, Ponce y el exdelegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas, condenados a una multa de 600.000 euros y 21 meses de inhabilitación como autores de un delito de cohecho. La funcionaria María Regla Pereira resultó absuelta ya en primera instancia.

Delito societario

La siguiente pieza que presentará novedades, ya iniciado el otoño, es la del delito societario en la gestión de Mercasevilla, denunciada por el PP. De nuevo, tanto Mellet como Ponce están imputados desde mayo de 2010, así como la exdirectora del área económica y de contabilidad del mercado Pilar Giraldo. La jueza Mercedes Alaya les ha citado a declarar los próximos 3, 4 y 8 de octubre. De 2013. Tres años y medio después.

Alaya acordó en su día que se realizara por parte de la Agencia Tributaria un informe económico hecho por peritos para ver “la presunta existencia de cualesquiera otros actos de falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación económica de la sociedad, de actos de distracción de fondos, o disposición fraudulenta de bienes”. Advertida del retraso por la Fiscalía el pasado diciembre, la jueza indicó posteriormente que, estando aún pendiente de presentarse dicho informe, los peritos designados debían motivar que justifiquen su no presentación.

La vinculación con el caso de los ERE

El caso de los ERE fraudulentos, con sus casi centenar de imputados, nace de las prejubilaciones fraudulentas descubiertas en los dos ERE promovidos en 2003 y 2007 por la lonja y la inclusión de los denominados 'intrusos', aquellos beneficiarios de prejubilaciones pese a no formar nunca parte de la plantilla del mercado central. Hay otra parte, la de algunos extrabajadores 'reales', que no cobran las rentas asociadas a su prejubilación aunque el TSJA haya sentenciado a su favor. Es la otra cara de los ERE.

La cuestión es que determinados nombres en ambas investigaciones, Mercasevilla y ERE, se entremezclan en uno y otro caso. Y en el mismo juzgado, el Instrucción número 6 de Sevilla. Mercedes Alaya sostiene en uno de sus autos que el presunto 'conseguidor' Juan Lanzas, en prisión provisional desde el pasado marzo, obtuvo medio millón de euros por su papel en los ERE de 2003 y 2007 por Mercasevilla con cargo a los fondos autonómicos.

Según la jueza, un agente comercial de Vitalia planteó en 2003 un ERE para rejuvenecer a la plantilla. Tras acordarlo con Mellet y Ponce, entonces al frente de Mercasevilla, les remitió a Lanzas para buscar la financiación en la Junta, en concreto, con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Por lo que se refiere al ERE de 2007, Mercasevilla encargó la búsqueda de financiación pública a la sociedad 'Maginae Solution', cuyo administrador único es Ismael Sierra, cuñado de Lanzas y que también paso por la cárcel.

La Policía Judicial puso de manifiesto “importantes indicios de la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de ERE con planes de prejubilación anticipada mediante pólizas de rentas colectivas cuyas primas eran financiadas en su mayor parte por la Junta”.

La guardería

A finales del pasado junio, otro juzgado de Sevilla, el número 7 de Instrucción, abrió la quinta causa contra Fernando Mellet. En esta ocasión se analizará la adjudicación de la guardería de la lonja y si Mellet cometió prevaricación y malversación de fondos público. El auto judicial precisa que “resulta verosímil” la imputación que se hace a Mellet de esos delitos, que serán juzgados finalmente por un tribunal profesional y no por un jurado popular como se preveía en un principio, informó EFE.

En este sentido, Mellet fue denunciado por los actuales titulares de Mercasevilla, con mayoría municipal del PP, por adjudicar el 17 de febrero de 2004 la concesión administrativa de la escuela infantil de Mercasevilla “sin tener competencias delegadas para ello, sin seguir procedimiento alguno y sin respeto a los principios de publicidad y concurrencia”. El adjudicatario fue Gestión Mohefa S.A., que abonó a Mercasevilla 24.000 euros.

La nueva vía

El último eslabón del caso, que ha motivado la apertura de una pieza separada declarada secreta, lo abrió una actuación de la Guardia Civil con la citada Operación Madeja. Entre otras detenciones, el mencionado Domingo Enrique Castaño fue arrestado y posteriormente encarcelado por un presunto delito de cohecho al recibir supuestamente dádivas a cambio de la adjudicación de contratos de mantenimiento a determinadas empresas, como Fitonovo o Fiverde.

Los agentes detuvieron también a la mujer de Castaño, la abogada Ana María Vaquero, al administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, Rafael González Palomo, y al exadministrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo. Tras pasar a disposición judicial, en la madrugada del viernes 12 de julio, Alaya ordenó el ingreso en prisión sin fianza de Castaño por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude, y exacciones ilegales (exigir multas o impuestos en nombre de la Administración). Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.

El exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño durante el Gobierno municipal de Monteseirín, en prisión desde el pasado 12 de julio por haber recibido supuestamente regalos a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a determinadas empresas, ha pedido a través de su abogado la excarcelación y la nulidad de todas las actuaciones abiertas en su contra.

Su abogado entiende que la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso Mercasevilla, se ha saltado las normas de reparto de asuntos judiciales y “se ha quedado” con este caso “que nada tiene que ver” con el que instruye desde hace años, a través de diversas ramas, acerca del funcionamiento del mercado central de abastos de la capital hispalense.

El letrado Juan Manuel García-Quílez se muestra “extrañado” de que Alaya decida investigar en su juzgado este caso cuando debería haber sido el Juzgado Decano de Sevilla el que repartiera el asunto, a quien correspondiese; por ello solicita la nulidad de las actuaciones basándose en este defecto formal.

Asimismo, en el motivo de fondo del recurso de apelación, interpuesto directamente ante la Audiencia Provincial, el abogado pide la libertad para Domingo Enrique Castaño, considerando que la prisión provisional debería estar “restringida” a la posibilidad de fuga o a la alteración de pruebas judiciales. “No se dan en ningún caso”, según la defensa, puesto que el exasesor “sabía desde hace tiempo que estaba siendo investigado” y, además, ya se han practicado registros en su domicilio, por lo que argumenta que no se dan ninguna de las circunstancias que le hayan llevado a la cárcel de forma preventiva.

En el recurso también se niega que haya recibido regalos o comisiones durante su etapa como asesor socialista, achacando en ese aspecto que la jueza “ignore” que Domingo Enrique Castaño haya podido “ganar dinero con el ejercicio de su profesión de abogado”. Indica al tiempo que él participaba en un “órgano de asesoramiento” pero que “no tenía capacidad para adjudicar contratos o algo parecido”, básicamente porque “legalmente no se puede”.

El abogado del imputado, que también recurre la fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros que le impuso la jueza Alaya, niega los supuestos regalos a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde, como un vehículo marca Audi, teléfonos móviles o un sobre con 30.000 euros “para el PSOE”, según dijo el administrador de una de las empresas a la jueza.