ENTREVISTA
Un exconcejal de IU estudia denunciar a la jueza Alaya: “Le expliqué que me estaba acusando sin pruebas, como dice el fiscal”

García, en una imagen reciente

Javier Ramajo


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El pasado miércoles, la Fiscalía retiraba su acusación contra José Manuel García, que con IU fue concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Sevilla entre 2007 y 2014 en el Gobierno municipal de coalición con el PSOE. Se ha juzgado en la Audiencia Nacional un presunto amaño de contratos municipales adjudicados a la empresa Fitonovo que está a la espera de fallo. En la sentencia, tanto él como Antonio Rodrigo Torrijos, también exconcejal y exportavoz de IU como él, no aparecerán ni como absueltos porque ya no están acusados. Un “escándalo” desde el punto de vista jurídico, según sus abogados, y también para ellos desde el punto de vista “personal y político” por todo lo vivido.

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Sin ánimo de revancha pero con ganas de hablar, García, de 68 años, ha estado investigado desde noviembre de 2014 en esta causa y fue interrogado en la Audiencia Nacional el pasado 18 de octubre. Después de ocho años, la acusación a la que se ha enfrentado durante este tiempo ha quedado en nada. Torrijos ya sabe lo que es, en este caso, como absuelto tras sendos juicios, ya que es la tercera vez que le ocurre algo similar, siempre con la misma jueza instructora. García dimitió de todos sus cargos al ser imputado “para no perjudicar” a su organización, y ahora echa un poco la vista atrás, y adelante para disfrutar de sus nietos, mientras atiende a elDiario.es Andalucía en la sede local de IU.

¿Se siente usted liberado?

Claro. Es que yo nunca había estado delante de un tribunal en mi vida, ni siquiera como testigo. Verse como acusado, considerando que yo no he cometido ningún tipo de delito ni siquiera irregularidad, sabiendo que eres una persona inocente, y de pronto estar acusado de corrupción por cinco delitos muy graves que implicaban muchos años de cárcel en la acusación inicial de Alaya, que te pidan 620.000 euros de fianza, que yo no sabía de dónde podía sacar ese dinero, es algo muy grave. De ser una persona medianamente reconocida como eficaz en mi trabajo como concejal, pasé de pronto a ser públicamente un corrupto.

¿Por qué cree que acabó imputado en esta causa?

Por un lado, evidentemente, hubo una campaña de sectores económicos y financieros muy importantes para desalojar a Izquierda Unida del Gobierno municipal, porque le estábamos haciendo daño a sus enormes negocios y porque habíamos impulsado y realizado políticas de transformación en la ciudad a favor de la mayoría de la gente y de los barrios. Por ejemplo, en Sevilla, durante los ochos años del mandato municipal de Izquierda Unida, entre 2003 y 2011 en coalición con el PSOE, se construyeron más de 7.000 viviendas protegidas a un precio tasado. Ahí le quitamos mucho negocio a las grandes constructoras. Esos sectores que le digo, esos que mandan mucho pero que no se presentan a las elecciones, vieron perjudicados sus privilegios y sus enormes negocios, e iniciaron una campaña de acoso y derribo contra Izquierda Unida con un doble objetivo: echar a Izquierda Unida del Gobierno municipal y llevar al PP y a Zoido a la alcaldía de Sevilla. Para esa campaña contra Izquierda Unida utilizaron todo tipo de instrumentos e importantes recursos, mentiras y difamaciones contra los concejales y dirigentes locales de Izquierda Unida, campañas de desinformación y manipulación, etc.

En qué condiciones afronta a IU la campaña, con el candidato a la alcaldía imputado 16 días antes de las elecciones, con una campaña fortísima de algunos medios, de la órbita de la derecha política y mediática sevillana

¿Y en ese tiempo coincidieron las imputaciones?

En 2011, cuando el candidato de Izquierda Unida, el compañero Torrijos, es imputado por el caso Mercasevilla el día anterior al inicio de la campaña, imagínese usted en qué condiciones afronta Izquierda Unida la campaña, con el candidato a la alcaldía imputado 16 días antes de las elecciones, con una campaña fortísima de algunos medios, de la órbita de la derecha política y mediática sevillana contra nuestro candidato y contra IU. Cuatro años después, con Zoido gobernando la ciudad desde ese 2011, afrontamos las elecciones de 2015 conmigo imputado cinco días antes de ser proclamado candidato a la alcaldía por Izquierda Unida.

¿Cree que hubo una campaña específica contra IU?

La campaña contra Izquierda Unida fue atroz. Destrozaron a la organización, nos cortaron la cabeza a los candidatos, a los dirigentes de Izquierda Unida, y consiguieron su objetivo. Aquellas elecciones de 2015 las ganó el PSOE con Espadas, pero se impidió que IU tuviera buenos resultados y pudiera volver a formar coalición con el PSOE. La campaña consiguió su objetivo de echar a Izquierda Unida del Gobierno municipal y de llevar al PP y a Zoido a la alcaldía de Sevilla. Y lo que es peor, se desarticularon todas las políticas de progreso que habíamos hecho. Durante los cuatro años de mandato del PP con Zoido no se construyó ni una sola vivienda pública municipal. Ni una sola. Se privatizaron los servicios municipales, y todas las políticas públicas a favor de la mayoría de la gente en Sevilla fueron desarticuladas en cuatro años por el PP. En el caso Mercasevilla, por cierto, años después, una sentencia clarificadora y rotunda absolvió de cualquier culpa a Antonio Rodrigo Toriijos.

Y en lo que respecta al caso Fitonovo, ¿qué pasó con ustedes?

Hubo una investigación que dirigía la jueza Alaya sobre presuntas dádivas y entregas de dinero de la empresa Fitonovo, y al final resultó implicada mucha gente, y también nos implican a Torrijos y a mí, en mi opinión sin ninguna prueba y sin ningún indicio. Yo vengo diciendo eso desde hace ocho años, pero es que el fiscal de la Audiencia Nacional, cuando retira la acusación en el inicio de su informe de conclusiones este pasado miércoles, dice literalmente que no hay ni pruebas ni ningún indicio sobre que nosotros hayamos tenido ningún tipo de actuación delictiva, ni siquiera irregularidades administrativas. Eso que ha dicho el fiscal lo dije yo hace años. Hace ocho años le expliqué a Alaya que me estaba acusando sin pruebas como ahora ha dicho el fiscal.

¿Qué le explicó exactamente a la jueza cuando le tomó declaración como investigado en noviembre de 2014?

Yo no conozco el mundo judicial, pero me sorprendió mucho porque yo expliqué en mi declaración que la acusación se basaba fundamentalmente en la adjudicación de 11 campos de césped artificial a la empresa Fitonovo. Expliqué con claridad que la obra de los famosos 11 campos estaba en el marco del llamado Plan 8000 del Gobierno Zapatero y que su adjudicación la realizó conforme a lo regulado en la norma estatal de este plan: una mesa de contratación única del Ayuntamiento, formada exclusivamente por altos funcionarios de la corporación municipal y por tanto, ni el Instituto Municipal de Deportes (IMD) que dirigía, ni yo como concejal de Deportes, ni Antonio Torrijos, primer teniente de alcalde, habíamos tenido ninguna intervención ni directa o indirecta en dicha adjudicación y que eso era fácilmente comprobable simplemente revisando cualquiera de los expedientes de los 11 campos, donde constaba claramente quiénes formaban la mesa de contratación del Ayuntamiento. Al parecer no lo hizo, mantuvo las imputaciones, en las que nos acusaba de cinco delitos graves, que implicaban muchos años de cárcel, y nos pidió 620.000 euros de fianza a cada uno. Simplemente abriendo un papel y mirando en uno de los 11 expedientes para ver quiénes formaban la mesa de contratación, se hubiera resuelto todo y se hubiera archivado hace ocho años. La jueza no lo consideró y siguió con el relato para adelante.

La Fiscalía retiró la acusación contra nosotros de forma firme y contundente, dejando muy claro que ninguno de los dos habíamos tenido nada que ver en la adjudicación de los 11 campos sobre los que se basaba la acusación

¿Qué relato?

El relato judicial de Alaya, en un cuando menos sorprendente copia y pega, siguió avanzando hasta llegar a la Audiencia Nacional por estar imputados en el caso Fitonovo personas de varias provincias. Bien es verdad que el caso se fue desinflando en el procedimiento judicial y los cinco delitos y los 620.000 euros de Alaya, la Fiscalía de la Audiencia Nacional los redujo en una acusación de cohecho y cuatro años de cárcel. Y en relación a la fianza, 8.000 euros. El proceso judicial ha durado 2.931 días, algo más de ocho años, y ha finalizado en el juicio en la Audiencia Nacional del 24 de octubre al 1 de noviembre pasado. En las numerosas sesiones del juicio, con muchos testigos de las distintas partes, no se ha presentado ni una sola prueba ni indicios de que tanto Torrijos como yo mismo hubiésemos cometido algún tipo de delito, insisto. La Fiscalía retiró la acusación contra nosotros de forma firme y contundente, dejando muy claro que ninguno de los dos habíamos tenido nada que ver en la adjudicación de los 11 campos sobre los que se basaba la acusación y que esto se ha podido comprobar en la revisión de los expedientes de los 11 campos. Eso fue lo que yo le expliqué a Alaya hace ocho años, así como en los testimonios de los numerosos testigos que han declarado en el juicio. 

Volvamos al principio. Han pasado ocho años ya, pero ¿cómo fue aquella declaración judicial? ¿Qué le dijo la jueza? ¿Qué le dijo ella a usted? 

La declaración ante Alaya para mí fue sorprendente en sentido negativo. Yo nunca había declarado ante un juez y mucho menos como imputado. Mi abogado me dijo que lo normal de los imputados era que no declaraban en su declaración inicial puesto que no se conocía el sumario ni las acusaciones, y que era lo habitual en el 95% de los casos. Yo le dije a mi abogado que yo no tenía nada que ocultar y que, por lo tanto, por qué no iba a declarar. Me sorprendió la actitud de la jueza Alaya, primero por un detalle curioso. Yo soy una persona muy puntual. La cita era a las 10.00, yo llegué a las 9.45 y ella llegó una hora y 40 minutos más tarde. No sé si eso es normal, pero a mí me sorprendió que un funcionario público tuviera una hora y 40 minutos esperando a un ciudadano. 

Ya eso me extrañó, pero después la actitud de la jueza Alaya fue una actitud muy fría, muy distante, muy dura. La voy a calificar de dura, no la voy a calificar como quizá me gustaría calificarla. Fue un interrogatorio duro, donde yo le expliqué claramente que la supuesta prueba sobre lo que se basaba la acusación, es decir, la adjudicación de los 11 campos, no tenía ninguna base, puesto que yo no había participado ni de forma directa ni indirecta en ese tema. Y eso consta en mi declaración, aunque es verdad que consta de forma muy parcial o muy curiosa.

Tuve que decirle a mi abogado que yo no firmaba ese acta mientras no pusiera determinadas cosas importante que yo había dicho

¿A qué se refiere?

Pues otra sorpresa fue que el funcionario que recogía mi declaración no lo hacía directamente, es decir, la jueza preguntaba, yo respondía y el funcionario no recogía mi respuesta sino que esperaba a que la jueza dijera cuál era mi respuesta, lo que debía recoger de lo que yo había respondido. La verdad es que me quedé absolutamente sorprendido de eso. Después mi abogado me dijo que eso ocurre en algunos casos. Hasta tal punto que, una vez terminada mi declaración y levantada el acta, tuve que decirle a mi abogado que yo no firmaba ese acta mientras no pusiera determinadas cosas importante que yo había dicho. Y la jueza tuvo que rectificar, efectivamente, y finalmente se recogieron algunas de las cosas que yo había dicho. Otras cosas que consideraba importantes no se recogieron en mi declaración.

¿Le pudo trasladar cómo se había producido esa licitación y adjudicación por la que ha venido siendo acusado?

Sí, eso sí, pude explicarle cómo se había producido la licitación y adjudicación de los 11 campos, que era en el marco de un fondo estatal de inversión local, a través de una norma publicada, elaborada y publicada por el Gobierno central, donde se fijaban claramente cómo se tenía que producir la licitación, cuáles eran los pliegos de cláusulas administrativas, cuáles eran los criterios de adjudicación y cuál era la mesa de contratación que tenía que adjudicar esos campos. Le expliqué que, simplemente, acudiendo a la norma estatal y acudiendo a los expedientes de los 11 campos, claramente se podía ver de forma muy directa que yo no había tenido nada que ver con con esa licitación ni con esa adjudicación. Y es más, creo recordar que le dije a la jueza que se había producido un hecho muy curioso, y es que en ese mandato municipal, en 2009 y 2010, el IMD bajo mi dirección licita y adjudica otros nueve campos más de césped artificial, ninguno de ellos adjudicados a Fitonovo, sino a cuatro o cinco empresas distintas, y dejé constancia de ello. Sinceramente, salí de la declaración ante la jueza Alaya pensando que se iba a archivar el caso porque estaba claramente que no había ninguna base, ninguna prueba, ningún indicio. Mi sorpresa, y la de mi abogado, fue que continuara adelante el procedimiento y la imputación.

¿Todo se queda en un "ya no son ustedes acusados, pueden abandonar la sala", como dijo la presidenta del tribunal. ¿Ahí se queda todo? Hemos sufrido unos años muy duros. Antonio, 13 años y yo ocho. Un calvario personal, político, mediático y económico

¿Qué piensa de todo esto después de lo que ha pasado?

Pues pienso justamente eso, ¿y ahora qué? ¿Todo se queda en un “ya no son ustedes acusados, pueden abandonar la sala”, como dijo la presidenta del tribunal. ¿Ahí se queda todo? Hemos sufrido unos años muy duros. Antonio, 13 años y yo ocho. Un calvario personal, político, mediático y económico. En mi caso, ocho años en lo que pasé de ser concejal y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla al paro, por cierto, sin derecho a prestaciones, ya que mi renuncia al cargo público fue voluntaria. Pasé de la dirección de Izquierda Unida y de candidato a la Alcaldía a dar un paso al lado para no perjudicar a mi organización. Pasé de ser una persona reconocida y valorada al desprestigio social provocado por campañas indignas. Y pasé también de tener un puesto de trabajo al paro, teniendo que hacer frente a importantísimos gastos que suponen un proceso penal de ocho años. Esto no puede quedar así, y no debe quedar así. El reconocimiento y la reparación personal y social es muy importante, pero debe haber algo más. Debe haber justicia. Mi abogado, José María Núñez y su despacho, están estudiando la posibilidad de iniciar acciones penales contra Alaya, por si alguna de sus actuaciones pudiera ser constitutivas de delitos, entre otros, prevaricación. Sólo exijo lo que vengo exigiendo desde hace ocho años: Justicia.

¿Existe algún ánimo de revancha después de todo lo vivido?

Cuando la Fiscalía en Madrid retiró la acusación, Antonio Rodrigo Torrijos y yo nos quedamos en shock. Cuando pasaron unas horas estábamos en una cafetería esperando a los abogados y demás, y ambos tuvimos una conversación muy larga y estábamos, bueno... Hablamos del calvario que habíamos pasado, de qué podíamos hacer ahora, etc. y en ningún momento de esa conversación de más de tres horas salió la palabra “revancha” u “odio”. Ni siquiera molestia respecto a nadie. Lo único que sí consideramos, y yo consideré, y por eso le he dicho a mi abogado y a su despacho que inicie los estudios para posible acciones, era que esto no se podía quedar así. Es decir, un ciudadano que se supone que es honesto, que se supone que es inocente, es imputado por una jueza, pasa un calvario de ocho años, se ve en la Audiencia Nacional, y habiendo soportado durante ocho años unos gastos importantísimos, porque yo no sabía los gastos tan enormes que conlleva un procedimiento penal y los honorarios profesionales de los abogados que cobran lo que tienen que cobrar, evidentemente. Después de ese proceso, esto no se puede quedar en nada. Fundamentalmente no por por mí, sino por otras personas. Si conmigo se ha hecho esto, se puede haber hecho con otras personas, o en el futuro se pueda seguir haciendo con otras personas. Por defensa de la justicia, no ya por defensa de mi honestidad o de mi inocencia, que ya ha quedado demostrada con la retirada de los cargos en la Audiencia Nacional, sino simplemente por defensa de la dignidad de la justicia española y por defensa de que ningún otro ciudadano se pueda ver en esta situación por la actuación de ningún juez, de ninguna jueza. Por un mínimo de dignidad democrática me considero en la obligación de no irme a mi casa y esto se acabó. Nada de revancha, en absoluto. El único criterio es el de justicia.

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