María del Carmen Castellano, expresidenta del Partido Popular (PP) en Telde, ha asegurado este jueves que nunca tuvo conocimiento de que la reforma de la sede del partido en el municipio, situada en la zona de Arnao, se había financiado de forma irregular, con cargo a un programa de empleo del Ayuntamiento financiado con fondos europeos. El desvío de fondos se materializó mediante facturas falsas cargadas a las arcas públicas a través de la Concejalía de Desarrollo Local, que entonces regía Castellano.

La también exalcaldesa de Telde se ha negado, por consejo de su abogada, a contestar a las preguntas del fiscal en la undécima sesión del juicio del caso Faycán, la última antes de la lectura de los informes finales, y sólo ha respondido a las cuestiones formuladas por su letrada, Rosa María Díaz Bertrana.

Castellano ha explicado que accedió a la presidencia del PP de Telde en marzo de 2006, tras la detención de María Antonia Torres, y que ordenó los primeros pagos del comité local del partido en junio de ese mismo año. Unos meses antes, en diciembre de 2005, el Ayuntamiento de Telde había reconocido una serie de facturas emitidas por la ferretería Felipe y Nicolás Ojeda, una empresa de la trama, por supuestos pedidos para proveer de material fungible a la Concejalía de Desarrollo Local. Las escuchas interceptadas en la investigación evidenciaron que esos pedidos nunca llegaron a ser servidos porque en realidad estaban destinados a financiar la sede del partido.

La exalcaldesa ha limitado su participación en los hechos a una visita al local junto a otros miembros del comité local del PP para valorar su ubicación y ha señalado a Francisco Gordillo, el asesor de María Antonia Torres, como el muñidor de la financiación irregular de la sede, en sintonía con lo manifestado por uno de los acusados arrepentidos del caso Faycán, José Luis Sánchez, que ejerció como personal de confianza de Castellano entre 2003 y 2005. “Sánchez nunca me habló de ello, nunca lo hubiera consentido”, ha respondido tajante sobre su posible implicación en el desvío de fondos.

El nombre de Castellano aparece en una de las grabaciones reproducidas ante el plenario en varias sesiones. Se trata de una llamada telefónica en la que Gordillo insiste a Sánchez en la necesidad de que mantuviera informada a su entonces jefa de todas los movimientos vinculados a la reforma de la sede. La exalcaldesa ha restado importancia a esa conversación y a un mensaje de texto que obra en el sumario en el que elige, de entre tres opciones, el color del piso de la sede. “Me preguntaron cuál me gustaba más y respondí. Nada más”.

Castellano ha precisado que su firma no era imprescindible para aprobar los pedidos, que las solicitudes partían de los responsables de cada proyecto (el coordinador del curso o el director de la escuela taller), pasaban por la responsable de compras y contaban, no en todos los casos, con su visto bueno. Su abogada ha interesado que se mostraran en la sala varias facturas rubricadas por su clienta para comprobar que coincidían con albaranes de entrega. La expresidenta del PP de Telde ha asegurado que nunca habló con el responsable de la ferretería Felipe y Nicolás Ojeda hasta que estalló el caso Faycán y que fue después de leer el sumario cuando se reunió con él. El empresario le solicitó entonces devolver las facturas cuestionadas por las Fiscalía, pero Castellano se negó porque “el caso estaba ya judicializado”.

También ha negado cualquier responsabilidad en la pieza referida a las obras de la iglesia de Lomo Magullo y ha limitado su actuación en este expediente a la firma de la adjudicación a Preconte en calidad de concejala accidental de Obras Públicas, con una propuesta de resolución favorable de la jefa de Negociado y de la secretaria.

Con respecto al incremento patrimonial detectado por la Agencia Tributaria al investigar sus cuentas, cifrado en algo más de 57.000 euros, la exalcaldesa se ha escudado en que Hacienda no analizó los ingresos de su marido, a pesar de que está casada en régimen de bienes gananciales y de que en todas las cuentas corrientes ambos figuran como cotitulares.

Vivienda de Gordillo

Los otros dos acusados que declararon este jueves ante el tribunal presidido por el magistrado Salvador Alba son Emilio Hernández y José Luis Mena, arquitecto técnico y jefe de servicio, respectivamente, del área de Urbanismo en la época enjuiciada. Ambos están acusados de falsedad documental. El primero elaboró el informe técnico que avalaba la concesión del reconocimiento final de obra y la licencia de primera ocupación para la vivienda de Francisco Gordillo. El segundo firmó el informe propuesta para otorgar la cédula de habitabilidad al mismo inmueble una semana antes de aquel informe, a pesar de que la tramitación administrativa exige que sea a la inversa.

El fiscal Luis del Río sometió a ambos procesados a un interrogatorio en el que trató de poner de manifiesto que habían permitido que se le otorgaran los permisos al asesor de María Antonia Torres a pesar de que había instalado una pérgola que no se ajustaba al proyecto.

Emilio Hernández ha explicado que cursó una visita a la vivienda, construida por Preconte, una de las empresas de la trama, en julio de 2005 y comprobó que se ajustaba a los parámetros urbanísticos. Sin embargo, un mes después, “estando de vacaciones”, se percató de que Gordillo había instalado una pérgola en la cubierta. “Me encabroné y llamé a la promotora para decirle que tenían que proceder a su desinstalación. Estuvieron 12 o 13 días con la batalla de la pérgola y al final la quitaron. Cuando vuelvo a acercarme a la zona y veo que no está, procedo a culminar el expediente”.

El arquitecto ha asegurado que en aquel momento había una pérgola desmontable y que el cerramiento ilegal, la habitación, aparece en 2008, después de que se hubiera otorgado el reconocimiento final de obra. “La pérgola es un elemento auxiliar, no hay edificabilidad, ocupación, no infringe los parámetros urbanísticos”, ha apuntado Hernández, quien, no obstante, pidió a la promotora que lo quitase “por el cabreo”. “Que un particular lo haga en su vivienda, lo puedo entender, pero que lo haga una promotora… Me pareció una tomadura de pelo”.

Hernández negó haber recibido presiones de Mena para sacar adelante los permisos, a pesar de las evidencias de las conversaciones reproducidas en la sala, y trató de justificar el hecho de que se concediera la cédula de habitabilidad antes que el reconocimiento final de obra en la tramitación paralela de ambos expedientes y en la comunicación a los administrativos, una vez cursada la visita al edificio, de que el informe que se disponía a redactar iba a ser favorable.

José Luis Mena, por su parte, manifestó que había firmado la cédula de habitabilidad tras recibir “una orden verbal” del concejal de Ordenación Territorial, Guillermo Reyes (Ciuca), y que esa es la razón por la que aparece el nombre del edil y no el suyo en el documento.

El exjefe de Urbanismo explicó que en el año 2001 el Ayuntamiento firmó un convenio para trasladar las disposiciones del decreto 169/2001 del Gobierno de Canarias, por el que se delegaba en las corporaciones locales la concesión de las cédulas de habitabilidad. El objetivo era “acercar la administración al ciudadano, hacerla más eficaz y agilizar los trámites”.

Mena se ha parapetado en ese decreto para explicar la razón por la que la cédula de habitabilidad se concedió antes que el reconocimiento final de obra y la licencia de primera ocupación, en contra de lo dispuesto en la normativa de aplicación. “Se tramitaban de manera conjunta, simultánea, para agilizar (…) En este caso concreto, me imagino que (Emilio Hernández) visitó la obra y como la relación con los servicios de administración era diaria, fueron los propios administrativos los que configuraron la cédula. Yo sólo firmé”, aseveró.

Ya hay fecha para el juicio del caso Faycán, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio grancanario de Telde que implica a cerca de treinta imputados entre políticos, funcionarios del Ayuntamiento y empresarios. La vista oral comenzará el 9 de octubre de 2017 y se prolongará seis meses, hasta abril de 2018, en un total de 42 sesiones.

Según informa en su edición de este viernes el diario Canarias 7, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas notificó este jueves a las partes los señalamientos. El juicio se celebrará, por lo tanto, más de una década después de que se iniciara el procedimiento. En medio, en septiembre de 2014, el presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, anunció que el juicio se retrasaría para no interferir en la campaña electoral de las municipales de 2015, en las que una de las principales procesadas, la exalcaldesa María del Carmen Castellano, se presentaba como candidata en las listas del PP al Ayuntamiento de Telde.

La Fiscalía pide para Castellano cinco años de cárcel y 14 de inhabilitación por los delitos de malversación, fraude, prevaricación y falsedad documental. En la causa también están imputados, entre otros, el exalcalde Francisco Valido y el exinterventor de la Ciudad de los Faycanes Enrique Orts, para quienes el Ministerio Público solicita, respectivamente, seis y siete años de prisión.

La Fiscalía acusa a políticos, exconcejales y técnicos municipales de haber participado en “un sistema de obtención ilícito de fondos” prevaliéndose de sus cargos públicos, con la colaboración de varios empresarios que pagaban sobornos.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público subraya que ese entramado tenía como finalidad aparente “financiar al Partido Popular de Telde”, si bien eso “solo era un pretexto”, porque el objetivo real era obtener beneficios para el patrimonio personal de una serie de acusados que dirigían la concesión de contratos de obras y servicios en el Ayuntamiento durante el mandato del PP y Ciuca entre 2003 y 2007.

La acusación sitúa en el centro de esa trama a la concejal de Contratación, María Antonia Torres (PP), que se suicidó durante la instrucción; a su esposo, el ex interventor municipal, Enrique Orts; al entonces alcalde, Francisco Agustín Valido (PP); y a su concejal de Hacienda, Carmelo Julián Oliva Betancourth.

Su sistema de conseguir fondos consistía en exigir comisiones ilícitas, que en algunos casos llegaban al 20% a las empresas que pretendían conseguir algún contrato con el Consistorio o que simplemente pedían cobrar sus deudas atrasadas.

En octubre se celebrarán cuatro sesiones (los días 9, 10, 23 y 24); en noviembre, seis (16, 17, 20, 21, 23 y 24); en diciembre, cuatro (11, 12, 14 y 15); en enero, ocho (15, 16, 18, 19, 22, 23, 25 y 26); en febrero, seis (5, 6, 8, 9, 26 y 27); en marzo, diez (1, 2, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22 y 23), y en abril, cuatro (2, 3, 5 y 6).

La exalcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano (PP) está llamada a declarar el próximo mes de marzo por el caso ICO-La Mareta. Concretamente, la Justicia investiga si hubo delito de prevaricación; malversación; falsedad documental y desobediencia a la autoridad, después de que autorizara el pago de 13,2 millones con cargo a una línea de crédito ICO con los que se pagó un solar al empresario Ambrosio Jiménez. Está citada junto al exconcejal de Urbanismo, Francisco López; el exjefe de esta área, José Luis Mena, que cumple condena en la cárcel debido a un delito de falsedad documental; el exinterventor del Consistorio y un nuevo imputado, el que fuera coordinador de Hacienda.

Las diligencias fueron abiertas por dos denuncias diferentes, pero ICO y La Mareta ya forman parte del mismo caso. Según el concejal de Más por Telde, Juan Francisco Artiles, que se persona como acusación popular, la denuncia que presentó en 2013 ante la Fiscalía hacía referencia a que el Ayuntamiento había recurrido de forma irregular a este crédito y añade que además se figuraban otros pagos como más de 8 millones de euros a Aguas de Telde.

El caso La Mareta, por su parte, tiene su origen en la denuncia del empresario Julián Gómez del Castillo, a quien el Ayuntamiento le quitó la concesión de unos terrenos para vendérselos a Ambrosio Jiménez en el año 2005.

Juan Francisco Artiles explica que, como el caso La Mareta ya estaba abierto, la Fiscalía ha cogido la parte de su denuncia que hace referencia a este tema y se ha reavivado el caso. Además, indica que su intención era personarse como acusación particular, sin embargo, para que se admitiera la denuncia, finalmente tuvo que hacerlo como acusación popular, por los daños que estos presuntos delitos han causado entre los vecinos de Telde.

El concejal aclara que, debido a ese crédito ICO, se ha producido un plan de ajuste y una subida de impuestos en la comarca, por lo que “todos los vecinos lo están padeciendo las consecuencias”, insiste.

Además, según recuerda el edil, el Consistorio ha recortado los contratos de servicios y ha despedido a trabajadores. Telde tampoco puede invertir debido a que los interventores no lo permiten hasta que no se hayan saldado las cuentas.

“Al menos la instrucción marcha”, aclara Artiles, para añadir que entre los próximos 10 y 11 de marzo tendrán lugar estas declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde. Para el concejal, “si no es por nuestra insistencia, este caso pudo haber caído en el olvido”. Y es que para el portavoz de Más por Telde, “la actuación de la Fiscalía no ha sido eficaz”, puesto que pasaron dos años desde su denuncia sin consecuencias al respecto, razón por la que decidió personarse.

El concejal cree que es “sorprendente” que “el partido que ha propiciado esto”, achaque al actual Gobierno de Telde que haya servicios que no funcionan, como la guardería municipal. En este sentido, insiste en que tal y como están las cuentas el consistorio no puede invertir.

Artiles puntualiza que no quería llegar a estos extremos y que, aunque le han acusado de querer “judicializar la política”, apunta que “prefiere judicializar que bendecir la corrupción”. Asimismo, afirma que ya realizó advertencias antes de llegar a esta vía y recuerda que el Tribunal de Cuentas lo recogió en un informe, que “hoy está dormido”.

La presidenta del Partido Popular (PP) de Telde, María del Carmen Castellano, ha comunicado la tarde de este miércoles al Comité Ejecutivo Local que renuncia a su cargo por motivos “estrictamente personales” y como resultado de un largo periodo de reflexión.

Según informa Telde Actualidad, Castellano trasladó al Comité que “ha sido una labor a tiempo completo, una ardua tarea y es el momento de retomar aspectos e mi vida privada y laboral a los que no he podido atender en las mejores condiciones en los últimos años”.

Sin embargo, la exalcaldesa de Telde asegura no renunciar a la política ni a sus obligaciones como concejal en la oposición y afirma que seguirá participando activamente en la vida política del municipio desde otra perspectiva diferente a la desarrollada en la fecha, señala el digital tíldense.

Entre otros argumentos, Castellano ha apostado por una renovación en el partido, que a su juicio debe contar con nuevos rostros, proyectos y objetivos. La presidenta del PP en Gran Canaria, Australia Navarro, estuvo presente en el encuentro celebrado este miércoles, donde agradeció el esfuerzo realizado por Castellano y valoró su profesionalidad y su trabajo.

El actual concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde y portavoz de Más por Telde en la corporación, Juan Francisco Artiles, ha decidido personarse como acusación particular en una de las causas en las que se encuentra imputada María del Carmen Castellano (PP). En concreto, en la que investiga si la exalcaldesa incurrió en los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y desobediencia a la autoridad al autorizar el pago de una indemnización de 13,2 millones de euros al empresario Ambrosio Jiménez con cargo a una línea de crédito ICO (Instituto de Crédito Oficial) reservada al plan para saldar las deudas con los proveedores del Consistorio.

En este caso que instruye la magistrada Virgina Peña, titular del Juzgado número 2 de Telde, también se encuentran imputados Enrique Orts, exinterventor del Ayuntamiento; Francisco López, concejal de Urbanismo en la época de los hechos denunciados (2012); Ángel Sutil, secretario municipal; el empresario Ambrosio Jiménez, y José Luis Mena, ex jefe de Urbanismo y de Recursos Humanos  en el Consistorio. Este último cumple actualmente una pena de tres años y seis meses de prisión por un delito de falsedad documental en el caso Los Alisios y se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo ratifique la condena de seis años y diez meses de cárcel por cohecho y falsedad en el caso Grupo Europa.

Juan Francisco Artiles, que fue el denunciante del caso ante la Fiscalía, ha decidido dar el paso de personarse como acusación particular, una decisión que llevaba meditando desde el inicio del proceso, para “defender los intereses de los ciudadanos” de Telde.

El actual concejal de Urbanismo ha explicado a este periódico que, aunque en el sumario de esta causa tan sólo aparece el pago de la indemnización a Ambrosio Jiménez,  la denuncia inicial, interpuesta en diciembre de 2013 (posteriormente hubo tres ampliaciones), incluía “pagos ilegales” por un valor total de 24 millones de euros con cargo al crédito ICO de 2012. Entre esas facturas figuraba, además de la de 13,2 millones a Jiménez, un pago de 8,6 millones a Aguas de Telde, una empresa participada al 50% por el Ayuntamiento, y otros de menor cuantía correspondientes a dos expropiaciones de Royal Urbis.

El demoledor informe del Tribunal de Cuentas de 2013 concluyó que esas facturas no debieron pagarse con cargo al crédito ICO, que estaba reservado a obras, suministros o servicios y prohibía el pago de intereses.  

El abono de 13,2 millones a Promociones Horneras, la empresa de Ambrosio Jiménez, supuso el pago de mayor cuantía realizado en España mediante ess instrumento. Una sentencia de 2011 obligaba al Ayuntamiento a indemnizar al empresario por una operación urbanística ilegal realizada en 2005. Entonces, la corporación gobernada por el PP y Ciuca vendió una parcela de 6.500 metros cuadrados en La Mareta a Jiménez tras haberle quitado una concesión para la construcción de un hotel y un centro comercial a otro empresario, Julián del Castillo, a quien la Justicia acabó dando la razón.

En su primera declaración ante la juez, María del Carmen Castellano descargó toda la responsabilidad en el interventor municipal, que era, en su opinión, el competente para decidir si se podía abonar la indemnización a Jiménez con cargo al crédito ICO del plan de proveedores. Por su parte, José Luis Mena reconoció que avaló con un informe el pago sin haberse leído al completo el Real Decreto 4/2012 (de doce artículos) del Gobierno central que impedía realizarlo.

Artiles, que también ha comparecido en esta causa penal como testigo, espera que se tengan en cuenta las facturas no incorporadas hasta la fecha al sumario, así como los pagos realizados con cargo al créidto ICO de 2013, también denunciados a la Fiscalía, y que se amplíen las responsabilidades a otros miembros de la anterior corporación. Para el portavoz de Más por Telde, la magistrada Virginia Peña está haciendo “una gran labor” en este proceso.

El acuerdo alcanzado en los juzgados de Telde para zanjar con una indemnización de 247.000 euros el conflicto con dos de los propietarios de la parcela del barrio de La Pardilla donde se levanta una tienda de la multinacional Decathlon no paraliza el procedimiento penal abierto contra María del Carmen Castellano (PP). La exalcaldesa de este municipio fue denunciada por la Fiscalía Provincial de Las Palmas por un presunto delito de desobediencia al no haber ejecutado en los términos estipulados la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló el convenio urbanístico que permitió la construcción del establecimiento.

Según ha informado a este periódico un portavoz del Ministerio Público, la infracción por la que el 27 de octubre de 2014 la fiscal Blanca Iris Hernández solicitaba la apertura del procedimiento penal y la imputación de Castellano “no tiene por qué haber desaparecido” con la decisión adoptada por el gobierno local el pasado mes de enero de acudir a la mediación judicial para solventar el problema.

“Cuando alegue, se valorarán sus actuaciones” para hacer cumplir la sentencia, ha precisado la Fiscalía, que ha añadido que aún no se ha fijado fecha para la declaración de la exalcaldesa, que ya han ofrecido su testimonio en el Juzgado de Instrucción número 3 de Telde varios testigos y que aún deben comparecer “algunos más” antes de que Castellano sea citada.

Las mismas fuentes afirman que el juzgado ha rechazado un intento de personación como acusación particular, sin que hayan trascendido nombres, al considerar que, por la naturaleza del delito de desobediencia, “no hay una persona perjudicada como tal”. La Fiscalía matiza, no obstante, que esto no es obstáculo para que se puedan personar en la causa como acusación popular. En cualquier caso, “el procedimiento continúa” abierto a la espera de los nuevos señalamientos.

María del Carmen Castellano fue sancionada en enero de 2013 con una multa de 1.000 euros por los reiterados incumplimientos de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC de octubre de 2009 que anulaba el convenio firmado cinco años antes entre el Ayuntamiento de Telde, entonces gobernado por el PP y Ciuca, y las empresas Promociones Horneras, propiedad de Ambrosio Jiménez, y Cicar. El Ayuntamiento dejó fuera del convenio a pequeños propietarios, lo que dio origen al pleito resuelto recientemente a través de la mediación judicial.

Nada más acceder Castellano a la Alcaldía, en junio de 2011, el Ayuntamiento recibió una providencia de la magistrada María Olimpia del Rosario, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, en la que le otorgaba un plazo de diez días para cumplir una de las exigencias de la sentencia: la apertura de un expediente para declarar la lesividad del desarrollo urbanístico de la parcela. Tres meses más tarde, el requerimiento fue notificado de forma personal a la regidora popular.

A partir de ese momento, se sucederían los autos y las providencias del juzgado instando a cumplir la sentencia. En veinte meses no hubo ni una sola respuesta. La primera llegó en febrero de 2013. Era el recurso contra la multa de 1.000 euros a la alcaldesa.

En su denuncia, la Fiscalía puso de manifiesto que el juzgado había explicado a Castellano “hasta la saciedad” de qué modo debía ejecutar la resolución judicial de 2009, con la reposición de los terrenos a los pequeños propietarios o con una indemnización por el valor de los mismos.

No sería hasta noviembre del año pasado, ya con la denuncia de la Fiscalía en manos del Juzgado decano de Telde, cuando el Ayuntamiento decidió incoar el expediente de lesividad del desarrollo urbanístico. En enero el Consistorio acudió a la mediación judicial y dos meses más tarde, el 3 de marzo, los servicios jurídicos emitieron un informe en el que rechazaban la declaración de lesividad del desarrollo urbanístico admitiendo los recursos de Promociones Horneras, Decathlon y Cicar, que defendían que habían transcurrido más de cuatro años desde la fecha en la que se dictó la sentencia. Los letrados del Ayuntamiento entendían que la resolución judicial obligaba a incoar el expediente, pero no a declarar la lesividad.

Según anunció la pasada semana el nuevo grupo de gobierno, el Ayuntamiento deberá ahora desarrollar un proyecto de compensación para legalizar todas las actuaciones desarrolladas en esa parcela. Un proyecto con el que espera recuperar el 10% del aprovechamiento del suelo que tenía que pagar el promotor todos los años.

La presidenta del PP de Telde (Gran Canaria), María del Carmen Castellano, ha comunicado al partido que no tiene intención de abandonar el cargo porque considera que “no es tiempo de dimisiones”, pero sí ha abogado por hacer autocrítica y examinar las razones de la derrota del día 24.

El PP, que hasta ahora gobernaba Telde, perdió en las elecciones locales de mayo dos terceras partes de sus votos en la ciudad, al bajar del 26,3 al 8,7 % de apoyo popular, y retrocedió de ocho a tres concejales, con lo que tiene casi imposible retener la Alcaldía.

El PP de Telde, que este miércoles reunió a su comité local para analizar los resultados electorales obtenidos en el municipio, ha informado de que la presidenta del partido y alcaldesa en funciones, María del Carmen Castellano “abrió las puertas” de la formación “para colaborar, por el bien del municipio y sus habitantes”, con el resto de fuerzas políticas “sin exclusión”.

Castellano ha reconocido “los malos resultados obtenidos” y ha asumido “toda la responsabilidad sobre los mismos”, si bien ha estimado que el comité electoral eligió “la mejor candidatura que se ha presentado nunca al Ayuntamiento de Telde”.

Aunque, a su juicio, “todo es mejorable y se debe hacer un análisis más profundo de los resultados, la campaña electoral y el trabajo desarrollado durante estos cuatro años al frente de la corporación”, Castellano “cree que no es el momento de dimisiones”.

Así, ha afirmado que “si pensase que con su dimisión se mejoraría la situación actual de los populares de Telde, no dudaría ni un solo momento en hacerlo”.

Castellano ha advertido al PP en Telde de que “estamos otra vez en campaña electoral porque se acercan las elecciones generales y hay que hacer un esfuerzo titánico para dar la vuelta a los resultados electorales” en el municipio “y conseguir la confianza de muchos más ciudadanos, por el bien del país y de la comunidad autónoma”.

La presidenta del PP en Telde estima que “hay que cambiar muchas cosas para que, a corto plazo, se pueda recuperar la confianza mayoritaria de los ciudadanos” y ha pedido a la formación que permanezca “más cohesionada que nunca”, al tiempo que se ha mostrado favorable a “reestructurar la organización, dotándola de energía y dinamismo, y a mejorar la comunicación con los ciudadanos”.

El Partido Popular de María del Carmen Castellano se desploma en Telde. La formación conservadora, que ha gobernado en los últimos cuatro años junto a Ciuca y CC primero y en minoría con los nacionalistas después, pierde cinco concejales (de 8 a 3) y se convierte en la quinta fuerza de este municipio grancanario.

Con el 100% escrutado, Nueva Canarias vuelve a ser la formación más votada en la Ciudad de los Faycanes, aunque con un concejal menos (de 9 a 8). En un Consistorio más plural que el actual, PSOE y Más por Telde obtienen cuatro ediles cada uno, doblando, por lo tanto, su representación con respecto a los comicios de 2011.

Unidos por Gran Canaria (Ciuca) y CC se mantiene con cuatro y dos, respectivamente. Irrumpen Se Puede Ganar, la marca de Podemos en Telde, con dos concejales, y el CCD, el partido de Juan Martel, con uno.

Por lo tanto, Nueva Canarias deberá pactar con al menos otras dos formaciones para gobernar.

La participación ha sido del 61,96%, ligeramente superior a la de los anteriores comicios (61,34%).

La grabación de una conversación entre la alcaldesa del municipio grancanario de Telde, María del Carmen Castellano (Partido Popular), y el ex director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento revela que el jefe accidental de la Policía Local, Antonio Mederos, influyó en la confección de las bases de la convocatoria para cubrir la plaza de inspector del cuerpo, puesto al que opta junto a otros tres candidatos, según la lista provisional de admitidos aprobada por la Concejalía de Personal y publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas.

El encuentro entre la regidora y Joan Perdomo tiene lugar en mayo de 2014, días antes de la convocatoria de una mesa general de negociación con los sindicatos, y demuestra que Castellano ha estado al corriente y ha avalado la intervención de Mederos en las bases de un concurso que diferentes fuerzas políticas y representantes sindicales del municipio consideran un traje a la medida del jefe accidental, a quien el próximo mes se le agota la comisión de servicios otorgada en noviembre de 2013.

A continuación, reproducimos los pasajes más sustanciales de la grabación a la que ha tenido acceso Canarias Ahora:

Castellano: "Tú les dices (a los sindicatos) que todas (las ofertas de empleo público) van a salir, pero que ahora estas (las de Policía Local) están más adelantadas y que son las primeras que salen".

Perdomo: “Entonces yo llevo esto a la comisión y la mesa general no la convoco hasta que hable con ella (con la concejala de personal, Herminia Demetrio)”.

C: "Exacto, hasta que hables con ella (...) nos sentamos los tres y lo vemos".

P: “Yo hablé con Antonio Mederos por una cosa aquí y me dijo que sí. Yo le decía esta parte, fíjate aquí, que yo le decía que es la parte en la que me podían decir algo”.

El director de Recursos Humanos le explica a Castellano que las bases para la plaza de inspector otorgan 0,60 puntos por cada curso realizado de más de 65 horas, pero tan sólo 0.03 y 0,02 a aquellos con una duración de entre 31 y 65 horas y menos de 31, respectivamente.

P: “Yo le dije: Te van a decir que estas diferencias son completamente...”

C: "Que lo cambie".

P “Y yo le dije: Antonio, ¿es posible que sea un error, que sean 0,20, 0,30 y 0,60? Y me dijo que sí. Le digo: vale, yo lo entrego así, si no me dicen nada, perfecto. Si me dicen algo, entonces fue un error. Para que lo tengas en cuenta”.

C: “Vale, vale, vale”. C: “Vale, vale, vale”.

En otro momento de la conversación, Castellano insiste en la necesidad de acelerar la convocatoria: “De momento vamos a adelantar la de la Policía, que ya está preparado todo, y lo otro lo vas convocando. La Policía está complicado porque están a dos velas, entre la gente que se ha ido en comisión de servicio y los otros... ” “De momento vamos a adelantar la de la Policía, que ya está preparado todo, y lo otro lo vas convocando. La Policía está complicado porque están a dos velas, entre la gente que se ha ido en comisión de servicio y los otros... ”

En esa etapa del proceso abierto por el grupo de gobierno de la Ciudad de los Faycanes, algunos sindicatos supeditaban su apoyo a la convocatoria de plazas a la Policía Local al proceso de funcionarización del personal laboral indefinido del Ayuntamiento.

P: “Los sindicatos, ninguno entra por el aro. Dicen, en su caso, para quién va a ser la plaza...”

C: “Para quien la gane”.

P: “Ellos dicen que lo de la Policía para quien va a ser, para Antonio Mederos, y el otro para los suboficiales, que ya lo tienen hecho a dedito”.

C: “De eso nada, porque yo no me caso con nadie. Ya me casé una vez y no me pienso casar más”.

La alcaldesa da también instrucciones al director de Recursos Humanos sobre el mensaje que debe transmitir a los representantes de los trabajadores: “Yo intento evitar problemas. Se les dice que es una propuesta que hemos hecho de personal, que la hemos trabajado, que se ha comparado con otros ayuntamientos...Porque es así, ¿no? Son bases estándar”. “Yo intento evitar problemas. Se les dice que es una propuesta que hemos hecho de personal, que la hemos trabajado, que se ha comparado con otros ayuntamientos...Porque es así, ¿no? Son bases estándar”.

Rechazada la suspensión cautelar

El polémico concurso para la provisión de la plaza de inspector de la Policía Local de Telde tiene frentes abiertos en la vía administrativa y en la judicial .

Recientemente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria rechazó la paralización cautelar de la convocatoria, una de las medidas solicitadas por el partido de la oposición Más por Telde, recurrente en este procedimiento.

El concurso, tramitado por la vía de urgencia, había despertado suspicacias desde el momento en el que el gobierno municipal decidió modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para permitir que pudieran optar al cargo funcionarios de otras administraciones y no solo del Ayuntamiento de Telde por el sistema de promoción interna. Y es que, a pesar de que ha ocupado durante dos etapas distintas la jefatura de la Policía Local de Telde, siempre en comisión de servicios, Antonio Mederos tiene plaza en propiedad en Santa María de Guía.

La sección sindical de Asipal en el Ayuntamiento elevó un escrito a la alcaldesa el pasado 13 de abril en el que advertía de la “posible ilegalidad” en la que incurriría en caso de decidir prorrogar la comisión de servicios más allá de mayo, cuando se acaba el periodo de 18 meses que fija la legislación para estos casos.

Esta central ha pedido también que tomen el mando de las próximas juntas de seguridad los cuatro subinspectores de carrera que integran la plantilla hasta que se resuelva un concurso al que, alertan, Mederos no podrá concurrir por “haber participado activamente en la confección y realización de las bases”.

Los otros tres aspirantes a la plaza de inspector son Miguel Álvarez, José Juan Expósito y Félix Ramos. Por su parte, José Luis Ramos ha sido excluido del proceso por no haber presentado algunos documentos requeridos.

Las mujeres fueron desalojadas del Teatro Municipal y recibieron a la finalización el compromiso de la alcaldesa para recibirlas este viernes en el Consistorio

Dos mujeres desahuciadas increparon a la alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano (PP), durante un acto celebrado la noche de este jueves con motivo del Día Internacional de la Mujer, según se puede observar en un vídeo colgado en Youtube por el digital Teldeactualidad.

Castellano recibió este jueves en el Teatro Municipal los reproches de dos vecinas de Telde que han sido desahuciadas. Begoña Pérez, madre de tres hijos, le reclamaba entre gritos si iba a hacer algo por las mujeres en esta situación. Esta vecina de La Herradura está pendiente de desalojo y teme terminar en la calle con sus hijos. Ithaisa Pérez fue desahuciada hace meses de su vivienda en el barrio de El Caracol, según el digital teldense.

Las dos mujeres fueron desalojadas del recinto por la Policía Local y recibieron a la finalización el compromiso de la alcaldesa para recibirlas este viernes en el Consistorio.

La juez de Instrucción número 2 de Telde (Gran Canaria), Virginia Peña, ha aplazado al 13 de enero la declaración de la alcaldesa de la ciudad, María del Carmen Castellano (PP), como imputada en el llamado caso La Mareta.

Asimismo, la magistrada ha emplazado también a declarar el mismo día al exjefe de Urbanismo, el funcionario José Luis Mena, quien ya ha sido condenado a más de 10 años de cárcel por los casos Europa y Alisios, y también se encuentra imputado en este procedimiento.

El Juzgado de Instrucción número 2 ha citado además como imputados en estas diligencias al exconcejal de Urbanismo Francisco López; al secretario del Consistorio, Ángel Sutil, y al empresario Ambrosio Jiménez por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental, y desobediencia a la autoridad.

La juez cita a Castellano y a Mena para que expliquen el pago de 13,24 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Telde al empresario Ambrosio Jiménez con cargo a los fondos del crédito ICO del Plan de Proveedores aprobado por el Gobierno central para ayudar a los municipios a saldar sus deudas con empresas y autónomos.

La alcaldesa de Telde ha asegurado a los periodistas que ella había acudido esta tarde al Juzgado con ganas de declarar, pero que no han podido hacerlo porque no conocían el sumario del caso, el cual les ha sido entregado este lunes por la magistrada instructora.

La alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano (PP), deberá comparecer este lunes en calidad de imputada ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, Virginia Peña, por el denominado caso La Mareta, que investiga varios delitos (prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y desobediencia a la autoridad) relacionados con el pago por parte del Ayuntamiento de 13,24 millones de euros a una empresa de Ambrosio Jiménez. Este dinero fue abonado con cargo a un crédito ICO que estaba destinado al plan para saldar las deudas con los proveedores.

También está llamado a declarar este lunes (a partir de las 16.30 horas) el el exjefe de Urbanismo del Consistorio teldense, José Luis Mena, condenado a diez años de prisión por los casos Grupo Europa y Los Alisios. En la causa también se encuentran imputados Francisco López, que ocupaba el puesto de máxima responsabilidad en la concejalía de Urbanismo en esa época -2012-,;el secretario municipal, Ángel Sutil, y el empresario Ambrosio Jiménez.

Como testigos están citados el interventor Enrique Orts, que se jubilará en 2015, y Francisco Artiles, concejal de Más por Telde y denunciante del caso.

El informe de 2013 del Tribunal de Cuentas detallaba que el Ayuntamiento de Telde pagó con cargo al fondo para proveedores una indemnización de 13,24 millones de euros concedida por sentencia judicial a Promociones Horneras, propiedad del empresario Ambrosio Jiménez, lo que representa la mayor factura abonada en toda España con cargo a ese plan.

Este órgano consideraba que la indemnización a Jiménez no debió pagarse mediante este instrumento. El crédito ICO sólo permitía abonar obras, suministros o servicios y prohibía pagar intereses.

La resolución judicial que dio origen a la indemnización obligaba al Ayuntamiento de Telde a recuperar una parcela 6.500 metros cuadrados de La Mareta que vendió en 2005 (con el grupo de gobierno PP-Ciuca) a Jiménez tras haberle quitado la concesión para construir un centro comercial y un hotal a otro empresario, Julián Gómez del Castillo, que denunció el caso en los juzgados.

Recientemente, otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado como no ejecutado dicho fallo -a pesar de que el Consitorio recuperó el solar- por un defecto formal.

No habrá convocatoria de plazas para la Policía Local de Telde si el Ayuntamiento no acredita que ha cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria durante los ejercicios 2013 y 2014. Esta es la advertencia que ha lanzado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la alcaldesa de este municipio grancanario, María del Carmen Castellano (PP), a través de una comunicación en la que exige al Consistorio varios informes que corroboren que las cuentas municipales están saneadas para poder continuar con la oferta de empleo público anunciada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado 14 de noviembre.

La Junta de Gobierno local aprobó en septiembre una modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para poder sacar a concurso una plaza de inspector, otra de subinspector y cinco de oficial.  El 29 de octubre remitió el acuerdo adoptado a la Subdirección General de Relaciones Financieras con Entidades Locales del Ministerio, un trámite preceptivo recogido en la Ley de Bases de Régimen Local.

Según la comunicación de Hacienda a la que ha tenido acceso este periódico, fechada el 13 de noviembre, el Ayuntamiento de Telde deberá presentar un informe de Intervención sobre la estimación del ahorro neto, “que deberá ser positivo”, así como del nivel de endeudamiento de la Corporación, que en ningún caso podrá ser superior al 75% de los ingresos ordinarios liquidados en 2013. La deuda reconocida por el Ayuntamiento tras el cierre de ese ejercicio era de 130 millones de euros.  

Además de este informe, el Ministerio exige otros dos sobre la evaluación del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en 2013 y en 2014, incluyendo en este las modificaciones y la repercusión de la cobertura de las plazas de Policía Local.

Por último, José Joaquín Serrano, subdirector general de Relaciones Financieras con Entidades Locales, reclama al Ayuntamiento un acuerdo del pleno que solicite la reposición de las plazas vacantes y que ponga de manifiesto que, con esta medida, se da cumplimiento al principio de estabilidad presupuestaria.

Una plaza vacante desde hace una década

La convocatoria para la provisión de plazas en la Policía Local de Telde ha estado desde el principio salpicada por la polémica y ha acabado en los tribunales tras la interposición de tres recursos contencioso-administrativos, uno de ellos por parte del grupo de la oposición Más Por Telde.

El concurso, tramitado por la vía de urgencia, vino precedido por una modificación de la RPT municipal que permitía que la plaza de inspector, vacante desde hace más de una década, pudiera ser cubierta por funcionarios de otras administraciones y no solo del Ayuntamiento de Telde por el sistema de promoción interna.

Con este cambio, se abría la posibilidad a que se pudiera presentar a la convocatoria Antonio Mederos, jefe accidental en la comisaría local desde noviembre de 2013, en una comisión de servicios que le permitirá ocupar el cargo hasta mayo de 2015, fecha en la que se celebrarán las elecciones municipales.

Mederos tiene plaza en propiedad en el municipio de Santa María de Guía, aunque ya ha ejercido en dos etapas como jefe de la Policía Local de Telde, de la que salió en junio de 2007 tras protagonizar un enconado enfrentamiento con varios mandos policiales del municipio que, años después y ante los rumores que situaban de nuevo a Mederos en la jefatura, escribieron una carta a la alcaldesa en la que advertían de las consecuencias negativas que su llegada acarrearía a ka Policía Local dadas sus cualidades humanas y profesionales, “sobradamente conocidas por todos los firmantes y que ya en su momento fueron acertadamente calificadas como nefastas”.

Un sector crítico del cuerpo de seguridad municipal, el sindicato Sitca y la formación Más Por Telde, entre otros, consideran que el concurso ha sido confeccionado como un “traje a medida” para otorgar plaza fija a Antonio Mederos. La polémica oferta de empleo público y la modificación de la RPT  también provocaron un cisma en la sección sindical de CCOO, una división que acabó con la renuncia de un miembro de la Junta de Personal y dos del Comité de Empresa y con la constitución de un nuevo comité.

María del Carmen Castellano (Las Palmas de Gran Canaria, 1967) lee actualmente Dispara, yo ya estoy muerto(Julia Navarro, 2013), un libro que arranca con la frase “hay momentos en la vida en los que la única manera de salvarse uno mismo es muriendo o matando”.

Llegó a la política por casualidad: “me fueron a buscar de parte de don Alejandro Castro, que en aquellos momentos era consejero del cabildo”, pero “nunca pensé estar en cargos políticos”. Promete que siempre estará del lado del Partido Popular, que decidirá si se presenta o no a las próximas elecciones. Ya ha conseguido su mayor ambición política: presidir el consistorio teldense.

Deuda

La abogada de profesión llegó como regidora al Ayuntamiento de Telde el 11 de junio de 2011 y tenía que haberse encontrado con “un superávit de 795.000 euros”, según ha dicho, aunque más tarde comprobaría que el gobierno saliente estaba “a un paso de la quiebra técnica, (con) un déficit de casi 5.000.000 de euros”.

Por ello, presume de haber pagado en dos años casi 30 de los 44 millones de euros contraídos en el mandato anterior. “Seguimos siendo uno de los municipios mas endeudados de España, pero estamos cumpliendo con todos los pagos”, asegura.

Caso Faycán

A pesar de que la Fiscalía ha pedido para ella 5 años de cárcel por el caso Faycán, María del Carmen Castellano no pierde el sueño ni se ve en prisión, manifestando que “yo sé que no hay absolutamente ninguna prueba, porque yo no he cometido ningún delito”, y añadiendo que “yo no he engañado a nadie”, en relación al conocimiento de su imputación cuando se presentó como candidata a la alcaldía.

Lleva esperando casi una década por una resolución judicial, lo que hace que se sienta “frustrada”, aunque admite que “es un peso al que yo me he acostumbrado a vivir con él, no solo en lo político, también en lo personal”. El “daño es irreparable”, pero lo único que no le permite dormir es el estado de salud de sus padres.

La Casa de la Condesa

“Es difícil que nosotros podamos pagar facturas a una empresa que dice que nos está asegurando y controlando que no entren a robar, y que día a día veamos que la Casa de la Condesa siga sufriendo robos”. La alcaldesa ha resuelto “defender los intereses de la ciudad de Telde y no los de ningún particular; aquí hay una empresa que ha incumplido con lo que nosotros tenemos y vamos a seguir adelante con todos los trámites que tengamos que seguir”, anuncia con respecto a Seguridad Integral Canaria, propiedad de Miguel Ángel Ramírez.

Su objetivo es convertir el edificio, antes de que finalice 2014, en un centro que agrupe las actividades culturales y de ocio de Jinámar, con un servicio de vigilancia.

Gestel

“Los trabajadores pedían que cambiáramos el orden de prelación de pagos y yo no lo puedo hacer, porque la ley tiene establecido primero los préstamos, después la Seguridad Social, después las nóminas”. A pesar de la huelga indefinida que desarrolla parte de los más de 30 empleados de Gestel, Castellano explica que hace todo lo que está a su alcance.

Considera a la empresa “un proveedor del ayuntamiento” y augura que “ahora vamos a tener una estabilidad”, habiendo eliminado la Universidad Popular y asumiendo sus funciones la Concejalía de Educación, con el objetivo de generar facturas que puedan ser pagadas y buscar así una solvencia económica para la entidad.

La regidora municipal se felicita de haber reducido el tiempo de cobro de los proveedores de 1.089 días a 3, 4 y 5 meses.

En lo personal

A María del Carmen Castellano le gusta caminar por la playa, leer y cocinar. Su comida favorita es el arroz al horno. Es madre, acude al gimnasio y tiene un gato llamado Huecco, “como el cantante”. En cuanto a la música, escucha a Merche y Alejandro Sanz.

María del Carmen Castellano, alcaldesa de Telde, ha destituido a José Luis Mena como director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, según han confirmado a este periódico fuentes del Consistorio, que no han querido dar explicaciones acerca de las causas que han motivado la decisión, adoptada este martes en la Junta de Gobierno local.

Mena ocupaba el cargo desde el mes de junio de 2013, momento en el que se produjo una reestructuración del grupo de gobierno que llevó a Pablo Rodríguez (CC) a la concejalía de Urbanismo, en sustitución de Francisco López (PP). Hasta ese momento el funcionario había ocupado la jefatura de servicio de Urbanismo, área a la que volverá para ocupar, de momento, su plaza como técnico.

Sin embargo, el destino de Mena parece estar, de nuevo, en la Jefatura de Urbanismo, aunque esta vez con plaza fija, de prosperar la propuesta de concurso que tramita el Ayuntamiento por la vía de urgencia. Una propuesta que, según los sindicatos, es un traje a la medida del funcionario, que actualmente está acusado y con petición de ocho años de cárcel y catorce de inhabilitación para empleo público por recibir sobornos y falsificar documentos precisamente cuando ocupaba ese puesto, durante el periodo 2003-2007, en el marco del caso Grupo Europa.

Algunas fuentes políticas de la Corporación aseguraban este martes que esa propuesta está condenada al fracaso y que en gran medida la destitución de Mena tiene que ver con una ruptura de relaciones del funcionario con el grupo de gobierno.

De policía local a factótum del urbanismo

José Luis Mena entró en el Ayuntamiento de Telde como policía local y fue escalando posiciones a partir de haber obtenido la carrera de Derecho con la que ya optó, vía oposiciones, a una plaza de técnico de Administración General. Esa plaza está adscrita al área de Urbanismo, a cuya jefatura accedió por la vía de la libre designación (decisión política) siendo alcalde Aureliano Francisco Santiago Castellano. Cuando el PP accedió a la alcaldía en compañía de Ciuca en 2003 desempeñó un papel determinante en varios casos de presunta corrupción.

Con el urbanismo en manos de Guillermo Reyes (Ciuca) se le retiró del puesto para que lo ocupara una trabajadora interina del Ayuntamiento, María Jesús Santana, hija de un veterano de la UCD que fue concejal entre 1979 y 1983. Pero pronto Reyes se cansó de la inacción del departamento y volvió a recuperar a José Luis Mena para dirigir juntos el urbanismo de la ciudad.

Mena ha sido detenido en dos ocasiones en otras tantas operaciones de corrupción de la Policía en Telde, y en estos días se sienta en el banquillo de los acusados presuntamente por haber cobrado sobornos de la de la cooperativa Grupo Europa para facilitar que esa compañía accediera a suelo municipal para la construcción de viviendas sociales mediante un concurso amañado.

El fiscal anticorrupción pide para este funcionario al que Coalición Canaria y el PP quieren consolidar al frente del urbanismo de Telde ocho años de prisión por los delitos de cohecho y falsedad, además de 90.000 euros de multa.

Además, está imputado en una investigación penal por presuntamente haber falsificado documentos del servicio de urbanismo que dirigía para implicar en un caso de tráfico de influencias al concejal que lo nombró jefe de esa oficina, Ildefonso Jiménez, que resultó por ello condenado en primera instancia en el marco del llamado caso Alisios.

Con la incorporación de los concejales del Centro Canario Nacionalista (CCN), Juan Martel y Mario Torres y de los dos ediles no adscritos, Gloria Cabrera y Héctor Suárez.

El PP y CC en el Ayuntamiento de Telde han sellado una alianza con el CCN y los dos concejales tránsfugas de NC para conformar una nueva mayoría en el Consistorio tras la ruptura del pacto con Ciuca el pasado mes.

La alcaldesa, María del Carmen Castellano (PP), ya dispone de los 14 votos mínimos necesarios para aprobar en el pleno aquellos asuntos que plantee el grupo de gobierno.

Será gracias a la incorporación de los concejales del Centro Canario Nacionalista (CCN), Juan Martel y Mario Torres, y de los dos ediles no adscritos, Gloria Cabrera y Héctor Suárez, que se presentaron a los comicios de 2011 en las listas de Nueva Canarias.

Martel y Torres serán los encargados de gestionar el área de Obras Públicas, Parques y Jardines y Servicios, y Suárez asumirá Servicios y Tráfico.

Maniobra a la desesperada del concejal del PP Fran López, alentado por Guillermo Reyes (Ciuca), para blindar al funcionario más veces detenido de la historia de Canarias

Mientras el pueblo de Telde siga manteniendo a ciertos mangantes al frente de su Ayuntamiento se merecerá lo que le ocurra. Después de haber ocupado, tras Marbella, el dudoso privilegio de ser el municipio de España en el que más concejales fueron detenidos de una sola redada, hasta el punto de estar en un tris de ser intervenido por el Estado, Telde no ha levantado aún cabeza de aquellos oscuros cuatro años de gobierno del Partido Popular con AFV-Ciuca (2003-2007). Y todo hace presagiar que va a tardar aún tiempo en recuperar el pulso porque algunos de los personajes que saquearon (o presenciaron el saqueo en primera fila) siguen aún ahí.

No han aprendido la lección, por lo que se ve. O seguramente sí, pero ya se sabe que algunos consideran redimidos sus pecados y sus delitos con el voto de los ciudadanos y un pacto de gobierno a tiempo. Uno de los personajes imprescindibles en esta historia es José Luis Mena Santana, un hombre hecho a sí mismo que aprendió muy pronto a manejarse entre presuntos corruptos hasta convertirse por derecho propio en uno de ellos. No fue Guillermo Reyes el primero que confió en él como jefe de los Servicios de Urbanismo, pero sí fue el primero en el que confió Mena cuando descubrió el percal. A él se le atribuye una elocuente frase pronunciada ante varios testigos que encierra todas las claves: “Estos maman, pero por lo menos dejan que los demás mamen también”. Ahora atraviesa malos momentos sentado en el banquillo de los acusados y viéndole las orejas al lobo. Por eso ahora salen en su auxilio sus dos compadres, Guillermo Reyes y Fran López.

Por si eran pocos, Fran López

La ambición de Mena quedó retratada al poco de abrirse las investigaciones policiales por el caso Faycan. No tenía límites. Ni los tiene a día de hoy. Rompió cualquier regla de la discreción y la prudencia del que se sabe investigado hasta el punto de resultar de inmediato implicado en varias causas que le acarrearon las correspondientes detenciones por el descaro con el que se condujo. Con el que condujo, por cierto, algunos coches de alta gama que llamaban mucho la atención sobre su tren de vida y que tuvieron que ver con la identidad y las representaciones automovilísticas de algunas de las empresas a las que benefició con sus decisiones arbitrarias. Fue tan torpe que concentró en él todas las consecuencias del corrupto urbanismo que se practicaba entonces en Telde, pero una vez casi todos creyeron que había pasado el peligro, ha logrado convertirse en polo de atracción de los que volvieron a verlo en 2011 como un personaje necesario para sus fines. Por eso Guillermo Reyes volvía a nombrarlo máxima autoridad del urbanismo aprovechando que su socio, el PP, había puesto al frente de esa área a un concejal bueno de boca, Fran López. Enseguida hicieron migas los tres, y juntos han llegado hasta ahora a pesar de las vicisitudes sufridas por la destitución de Fran López de Urbanismo por una clamorosa desconfianza de la alcaldesa, María del Carmen Castellano, una de las acusadas de la trama de Faycan repuesta en la alcaldía por obra y gracia del PP, del electorado teldense y su pacto con Coalición Canaria, que todo hay que decirlo.

Una bomba andante

Si las acusaciones y sospechas que aparecen en diversos casos de corrupción investigados judicialmente en Telde se confirman, José Luis Mena era la sal de todas las salsas, lo que automáticamente lo convertiría en uno de los que más saben de lo que se coció allí en los años negros de la alcaldía de Paco Valido y en los dos primeros de María del Carmen Castellano. Esa sapiencia puede ser una de las razones por las que desde un sector del PP, con el apoyo entusiasta de Guillermo Reyes (Ciuca), se intenta ahora compensarle por los servicios prestados otorgándole con el descaro propio de los descarados la plaza de jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde con carácter vitalicio. Lo tenían fácil porque la propuesta de reforma parcial de la relación de puestos de trabajo (sólo se pretende sacar a concurso dos de las nueve jefaturas vacantes) sólo podía salir de la Concejalía de Personal, en manos de López y del mismísimo Mena desde que ambos fueron defenestrados en Urbanismo tras la llegada a ese departamento del nacionalista Pablo Rodríguez. Las bases de la convocatoria son tan burdas que hasta han soliviantado a la mitad del PP, que encabezado por la concejala Sonsoles Martín, se ha conjurado para tumbar la propuesta en compañía de Coalición Canaria y toda la oposición en peso. Para cortar el paso a cualquier atrevido que pretendiera concursar, empezaron por una primera exigencia que excluye a todos los jefes de servicio de urbanismo que hasta ahora han sido y son: sólo pueden concursar técnicos de la administración general que, además, tengan experiencia en haber ocupado esa plaza. Ninguna de las bases ha sido consultada con el servicio al que va destinado el jefe que se busca, de modo que pudiera pronunciarse previamente sobre el perfil requerido. Eso ha provocado que desde esa concejalía hayan protestado formalmente, primero por la ausencia de consulta, y segundo por la inoportunidad de promover ahora una sustitución del actual jefe del servicio en plena tramitación del nuevo Plan General. Nadie descarta en estos momentos que pueda haber un recurso (o varios) promovidos por funcionarios del Ayuntamiento ante la jurisdicción contencioso-administrativa para paralizar este disparate. Hay precedentes en el consistorio: UGT paralizó el nombramiento de un letrado para los servicios jurídicos por este procedimiento legal. Y va para tres años.

Sacarlo con dignidad de Grupo Europa

Las gestiones para otorgar a José Luis Mena la jefatura del Urbanismo de Telde no son de estos días. Provienen de finales de 2013, justo después de que él y su superior político, Fran López, fueran irradiados de esa área por constituir un peligro público. Pretendían haberlo dejado todo encaminado antes de que se iniciara el juicio por el caso Grupo Europa, en cuyo banquillo de los acusados sienta sus reales el funcionario que se pretende ascender, pero se les han venido encima los plazos. Ya era escandaloso hacerlo antes, pero intentarlo ahora, con la prensa reproduciendo cada día su foto en la sala de vistas y las ratificaciones del denunciante de la trama, resulta una temeridad. Saben que Mena corre el riesgo de ser condenado a prisión (el fiscal le pide ocho años) y a inhabilitación (le piden catorce), pero la mayor satisfacción que pueden darle (y el mayor cachetón a la justicia, al denunciante y a la prensa) es hacerlo jefe del servicio cuando acaben los juicios y aunque reciba una condena ejemplar en sus carnes: no será firme, y entre esa sentencia y la que dicte el Supremo tras los correspondientes recursos, podrá volver a despacharse a gusto desde ese privilegiado e influyente puesto de la administración local. Le dará igual qué partido o partidos gobiernen a partir de 2015, allí estaría Mena riéndose de ellos en la cara. ¿Y la alcaldesa? No, no hemos olvidado el papelón de la alcaldesa María del Carmen Castellano. Defenestrada por su partido, la regidora teldense se pasa todo el día apagando fuegos mientras se prepara para su actuación estelar en el juicio de Faycan, que se espera este aciago año de 2014. Ha salvado su ruptura con Ciuca con la elíptica incorporación al grupo de gobierno del CCN, reforzado con los dos concejales de Nueva Canarias que buscan acomodo de cara a 2015 sin especiales posibilidades, al menos por la parte nacionalista. En un escenario de inestabilidad política e institucional, que a veces le salpica incluso al terreno de lo personal, a Castellano le puede importar muy poco quién se quede al frente del urbanismo con tal de salir lo más airosa posible de estos meses que le quedan en el convento. Y el que venga detrás, que arree. Los teldenses parecen estar resignados.