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La carrera electoral de la alcaldesa de Telde retrasa el caso Faycán

La acusación atribuye a Maria del Carmen Castellano (PP) el cobro de sobornos y la posible desviación de fondos del Ayuntamiento para pagos propios del partido

El presidente de la Audiencia Provincial anuncia que la vista oral del juicio no se celebrará antes de las elecciones de mayo de 2015

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María del Carmen Castellano, alcaldesa de Telde

María del Carmen Castellano, alcaldesa de Telde.

El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, ha anunciado que la vista oral del juicio del denominado caso Faycán, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Telde que implica a cerca de treinta imputados entre políticos, funcionarios del Ayuntamiento y empresarios, no se celebrará antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015.

En declaraciones al periódico Canarias 7, Moya ha señalado que esta decisión “de sentido común” está relacionada con la carrera electoral de María del Carmen Castellano (PP), actual alcaldesa de Telde y principal imputada del caso.

“Si el procedimiento ha tardado ocho años en llegar a juicio, nada  malo va a suceder porque se demore unos meses”, ha manifestado el también presidente de la sección sexta de la Audiencia, la que debe juzgar el caso, al citado rotativo. Moya se muestra partidario de aplicar este criterio a todos los casos en los que estén implicados políticos que tengan previsto concurrir a las próximas elecciones. 

El caso Faycán, según los hechos que se describen en el auto del magistrado del Juzgado de Instrucción 3 de Telde por el que se decretó la formación del procedimiento abreviado, es una "auténtica trama sólidamente asentada en el Ayuntamiento de Telde”, con numerosos cargos políticos de distinto signo y funcionarios implicados, que recibían comisiones de diversas empresas privadas para acceder a contratos públicos o para cobrar deudas pendientes.

La acusación atribuye a Castellano el cobro de sobornos y la posible desviación de fondos del Ayuntamiento para pagos propios del partido (malversación de fondos públicos), por lo que pide para la actual alcaldesa cinco años de cárcel y catorce de inhabilitación.

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