Julià Àlvaro ha presentado su dimisión como figura pública del ecologismo político integrado en Compromís. Así lo ha comunicado por correo electrónico a la dirección de Verds-Equo.

La secuencia comenzó con su destitución como secretario autonómico, tras meses de estira y afloja con la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, un cese en el que fue sustituido de inmediato por otro miembro de su partido, Fran Quesada. Continuó con la votación de los afiliados asistentes a la asamblea de la formación, que ratificó el relevo y en la que él y sus partidarios se negaron a participar, y con su dimisión el pasado día 13 como coportavoz de la coalición Compromís, cargo en el que fue sustituido por el concejal de Valencia Giuseppe Grezzi. Este martes ha desembocado en su dimisión también como portavoz de Verds-Equo del País Valenciano.

Àlvaro, que desde la conformación del gobierno surgido del Pacte del Botànic ha ido acentuando sus discrepancias con la consellera Cebrián, también ha perdido el apoyo mayoritario de Verds-Equo. Algo que refleja en su escrito de dimisión al señalar: “No comparto, ni de lejos, la forma con la que, primero algunos compañeros y compañeras al margen de los órganos de dirección de nuestra formación y, a continuación, los mencionados órganos de dirección han gestionado toda la crisis que ha traído al reciente relevo en la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático y sus consecuencias”.

El dimisionario portavoz recuerda que ya no estuvo de acuerdo con la actuación ante anteriores sustituciones en la consellería. “Unos cambios”, señala, “que yo entendía que debilitaban gravemente el cumplimiento de nuestros compromisos con la ecología política y con los miles de personas que confiaban en nosotros para llevarlas a cabo; unos cambios que siempre nos vinieron impuestos y que, ante nuestra aquiescencia, dejan a nuestro partido en un papel subalterno de otras formaciones que, ni de lejos, tienen las políticas verdes y de sostenibilidad como eje de su gestión”.

“Entonces seguí como portavoz porque pensaba que había margen para resituar nuestros objetivos políticos estratégicos, dentro del Gobierno del Botánico, y hacia el futuro, concluye. ”Ahora no veo que esto se pueda hacer y, por lo tanto, no me considero la persona adecuada para ejercer la representación de nuestro partido, de sus decisiones y de sus políticas“.

L'exsecretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Álvaro, deixa el càrrec de coportaveu de Compromís i és substituït pel regidor de Mobilitat en l'Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi. Destituït fa dues setmanes del seu càrrec en la conselleria d'Elena Cebrián, Álvaro seguirà sent portaveu de VerdsEquo, però no compartirà veu amb els altres tres pilars de Compromís.

La comissió executiva de VerdsEquo del País Valencià ha reafirmat la seua aposta pel canvi de model impulsat pel Consell del Botànic, “cap a un model de desenvolupament sostenible, on projectes com el megacentre comercial i d'oci Puerto Mediterráneo de Paterna no tenen cabuda, per ser un projecte insostenible i depredador amb el territori, que perjudica el comerç local i posa en risc el paratge de la Mola, un dels pocs pulmons verds que queden en l'àrea metropolitana de València”.

Dissabte passat, l'Assemblea General de VerdsEquo del País Valencià va aprovar la resolució política “Ecologia política per davant de tot” i va validar el relleu d'Álvaro en la secretaria autonòmica. Aquesta votació per un 71% dels assistents, després de l'abandó de la reunió dels partidaris d'Àlvaro, ratificava la confiança de la formació ecologista en el projecte de Compromís. Álvaro va forçar la situació en arribar a l'assemblea amb la intenció que d'aquesta no isquera resolució alguna.

La renúncia al càrrec de coportaveu portavocía en Compromís però no de VerdsEquo apunta a un escenari de fractura interna en l'organització entre el sector favorable a seguir en la coalició valencianista i el grup de Julià Àlvaro, que té el suport del líder estatal d'Equo, Juan López de Uralde, que s'inclina per l'acostament a Podemos.

El exsecretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, deja la coportavocía de Compromís y es sustituido por el concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi. Destituido hace dos semanas de su cargo en la conselleria de Elena Cebrián, Álvaro seguirá siendo portavoz de VerdsEquo, pero no compartirá voz con los otros tres pilares de Compromís. En cuanto a la secretaría autonómica de Medio Ambiente, el relevo de Álvaro lo ha tomado el concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Ontinyent Fran Quesada, también de VerdsEquo.

La comisión ejecutiva de VerdsEquo del País Valencià ha reafirmado su apuesta por el cambio de modelo impulsado por el Consell del Botànic, “hacia un modelo de desarrollo sostenible, en donde proyectos como el megacentro comercial y de ocio Puerto Mediterráneo de Paterna, no tienen cabida, por ser un proyecto insostenible y depredador con el territorio, que perjudica el comercio local y pone en riesgo el paraje de la Mola, uno de los pocos pulmones verdes que quedan en el área metropolitana de València”.

El pasado sábado, la Asamblea General de VerdsEquo del País Valencià aprobó la resolución política “Ecologia política per davant de tot” y validó el relevo de Álvaro en la secretaría autonómica. Esta votación por un 71% de los asistentes, tras el abandono de la reunión de los partidarios de Àlvaro, ratificaba la confianza de la formación ecologista en el proyecto Compromís. Álvaro forzó la situación al llegar a la asamblea con la intención de que de esta no saliera resolución alguna.

La renuncia a la portavocía en Compromís pero no de VerdsEquo apunta a un escenario de fractura interna en la organización entre el sector favorable a seguir en la coalición valencianista y el grupo de Julià Àlvaro, apoyado por el líder estatal de Equo, Juan López de Uralde, que se inclina por el acercamiento a Podemos.

El movimiento ecologista valenciano no se libra de las tensiones que sacuden la política. Saben bien los que llevan tiempo en el análisis político que Compromís es una coalición compleja y que cuando se tambalea una de sus patas, nota el temblor toda la formación. El epicentro, uno de esos desastres que se ve venir, estaba en la Conselleria de Medio Ambiente, el nicho de la rama ecologista dentro del Consell. El núcleo irradiador era -y parece que seguirá siéndolo- el exsecretario autonómico Julià Álvaro, cesado la semana pasada. La destitución ha sido el detonante que evidencia la fractura interna en Verds-Equo, una agrupación de diferentes sensibilidades ecologistas bajo el paraguas de Compromís.

Las tensiones en el departamento que dirige Elena Cebrián con el exsecretario autonómico se han sucedido mes tras mes y no han sido nada discretas. El Ejecutivo valenciano no quiso hacer pública cuál fue la gota que colmó el vaso y argumentó que suponía “el fin de una etapa”, no una pérdida de confianza. El exsecretario autonómico, critican desde el Consell, iba por libre y pasaba por encima de su consellera, en aras de cumplir el programa electoral de su formación. Álvaro, que iba para titular de Medio Ambiente y se quedó de segundo, ha sido el secretario autonómico de la controversia; caracterizado por tener poca mano izquierda en las negociaciones y criticado por querer ejercer de conseller paralelo, fue de los primeros en plantear el Sistema de Devolución y Retorno de Envases en la Comunitat Valenciana, tumbó el proyecto de Puerto Mediterráneo -la copia del fallido Eurovegas que una constructora quería ubicar en Paterna- y desde su blog ha ido incordiando y aireando, como él mismo ha narrado, a grandes empresas. Todo el proceso ha ido acompañado de varios ceses de miembros de su equipo: Fernando Rodrigo, jefe de gabinete; Rubén Tello, responsable de asuntos parlamentarios; Vicent García, director de Vaersa, y el asesor del secretario autonómico, Quique Pastor.

El sustituto, elegido rápidamente, fue Fran Quesada, concejal en Ontinyent e histórico militante verde. Según las fuentes consultadas, Quesada tiene un talante del que carecía Álvaro, más dialogante y con una trayectoria más amplia. La elección de Quesada cubre el cupo de Verds-Equo en el Consell, pero la asamblea convocada este sábado por la formación ecologista anuncia una buena tormenta. El encuentro discutirá el encaje dentro de Verds-Equo en Compromís y valorará las relaciones con la Conselleria de Medio Ambiente. El orden de la convocatoria es “información sobre la situación del partido respecto a Compromís y la Conselleria de Medio Ambiente”. Los verdes, tras el cese, acusaron a Mónica Oltra de querer quitarse de encima un competidor en el partido. En Compromís, por el momento, no les preocupa la asamblea. El malestar de este sector de la formación es evidente y basta leer los comunicados que la ejecutiva ecologista ha enviado a sus compañeros de coalición defendiendo a sus altos cargos de la Conselleria de Medio Ambiente. A los dirigentes del equipo de Álvaro no les gusta que Oltra se haya puesto de parte de la consellera.

La crisis de los ecologistas se enmarca en un conflicto federal. Esta semana han dimitido cinco miembros de la ejecutiva de Equo porque la otra mitad del organismo se niega a convocar una asamblea que han demandado nueve territorios -no el valenciano- y a presentar los estatutos actualizados al Ministerio de Interior. De acuerdo a una modificación normativa, si Equo no presenta sus documentos el ministerio podría iniciar el proceso de extinción del partido, según indica el escrito de dimisión de las exrepresentantes.

En los últimos días se ha especulado con la marcha de Álvaro y sus afines a Podem tras la destitución. Las teorías se basan en que el diputado de Equo Juan López de Uralde, integrado como sus compañeros en el grupo parlamentario de Unidos Podemos, ha ido acercándose a las posiciones de Pablo Iglesias y alejándose de los representantes de la formación ecologista. A nivel autonómico, también levanta suspicacias que Podem asuma reivindicaciones que llevaba el exsecretario autonómico, como el SDDR -que para el Consell pasó de ser irrenunciable a no saberse nada en meses- o insista en cuestiones como la lucha contra el cambio climático. Según El Temps, el equipo del exsecretario autonómico pactó enmiendas con la formación que lidera Antonio Estañ. El dirigente de la formación ecologista se vanagloriaba en su blog de una tasa sobre la incineración de residuos, una enmienda de Podem a los presupuestos del Consell. No obstante, fuentes de la formación morada consultadas por este diario advierten que si los verdes quieren integrarse, tendrá que aprobarlo primero la militancia.

Algunos 'verdes' critican que en Equo a nivel autonómico y estatal haya dirigentes -Álvaro entre ellos- que tengan la pretensión de hacer un partido de izquierdas, no una formación ecologista transversal. En muchas provincias del Estado español Equo ha convergido con Podemos para los comicios estatales; la situación particular valenciana es que la formación está integrada en la coalición Compromís, que también acudió con Podemos y Esquerra Unida a las generales. A nivel autonómico, la formación se integró en Compromís fusionando Els Verds-Esquerra Ecologista con Equo, aunque antes de oficializarse el partido, las sensibilidades ecologistas se manifestaban en Iniciativa del País Valencià. Un abanico de corrientes ecologistas dentro de la coalición valencianista que, de vez en cuando, tiene sus roces.

El moviment ecologista valencià no es lliura de les tensions que sacsegen la política. Saben bé els que fa temps que estan en l’anàlisi política que Compromís és una coalició complexa i que, quan trontolla una de les seues potes, nota la tremolor tota la formació. L’epicentre, un d’aqueixos desastres que es veu venir, estava en la Conselleria de Medi Ambient, el nínxol de la branca ecologista dins del Consell. El nucli irradiador era –i sembla que continuarà sent-ho– l’exsecretari autonòmic Julià Álvaro, cessat la setmana passada. La destitució ha estat el detonant que evidencia la fractura interna en Verds-Equo, una agrupació de diferents sensibilitats ecologistes sota el paraigua de Compromís.

Les tensions en el departament que dirigeix Elena Cebrián amb l’exsecretari autonòmic s’han esdevingut mes rere mes i no han estat gens discretes. L’executiu valencià no va voler fer pública quina va ser la gota que va omplir el got i va argumentar que suposava “la fi d’una etapa”, no una pèrdua de confiança. L’exsecretari autonòmic, critiquen des del Consell, anava per lliure i passava per damunt de la seua consellera, per a aconseguir complir el programa electoral de la seua formació. Álvaro, que anava per a titular de Medi Ambient i es va quedar de segon, ha estat el secretari autonòmic de la controvèrsia; caracteritzat per tenir poca mà esquerra en les negociacions i criticat per voler exercir de conseller paral·lel, va ser dels primers a plantejar el Sistema de Devolució i Retorn d’Envasos a la Comunitat Valenciana, va tombar el projecte de Puerto Mediterráneo –la còpia del fallit EuroEurovegas que una constructora volia ubicar a Paterna– i des del seu blog ha anat emprenyant i airejant, com ell mateix ha narrat, grans empreses. Tot el procés ha anat acompanyat de diversos cessaments de membres del seu equip: Fernando Rodrigo, cap de gabinet; Rubén Tello, responsable d’assumptes parlamentaris; Vicent García, director de Vaersa, i l’assessor del secretari autonòmic, Quique Pastor.

El substitut, escollit ràpidament, va ser Fran Quesada, regidor a Ontinyent i històric militant verd. Segons les fonts consultades, Quesada té un tarannà de què mancava Álvaro, més dialogant i amb una trajectòria més àmplia. L’elecció de Quesada cobreix la quota de Verds-Equo en el Consell, però l’assemblea convocada aquest dissabte per la formació ecologista anuncia una bona tempesta. La trobada discutirà l’encaix dins de Verds-Equo en Compromís i valorarà les relacions amb la Conselleria de Medi Ambient. L’ordre de la convocatòria és “informació sobre la situació del partit respecte de Compromís i la Conselleria de Medi Ambient”. Els verds, després del cessament, van acusar Mónica Oltra de voler llevar-se de damunt un competidor en el partit. En Compromís, de moment, no els preocupa l’assemblea. El malestar d’aquest sector de la formació és evident i n’hi ha prou de llegir els comunicats que l’executiva ecologista ha enviat als seus companys de coalició defensant els seus alts càrrecs de la Conselleria de Medi Ambient. Als dirigents de l’equip d’Álvaro no els agrada que Oltra s’haja posat de part de la consellera.

La crisi dels ecologistes s’emmarca en un conflicte federal. Aquesta setmana han dimitit cinc membres de l’executiva d’Equo perquè l’altra meitat de l’organisme es nega a convocar una assemblea que han demanat nou territoris –no el valencià– i a presentar els estatuts actualitzats al Ministeri d’Interior. D’acord amb una modificació normativa, si Equo no presenta els documents, el Ministeri podria iniciar el procés d’extinció del partit, segons indica l’escrit de dimissió de les exrepresentants.

En els últims dies s’ha especulat amb la marxa d’Álvaro i els seus afins a Podem després de la destitució. Les teories es basen en el fet que el diputat d’Equo Juan López de Uralde, integrat com els seus companys en el grup parlamentari d’Units Podem, ha anat acostant-se a les posicions de Pablo Iglesias i allunyant-se dels representants de la formació ecologista. A escala autonòmica, també alça suspicàcies que Podem assumisca reivindicacions que portava l’exsecretari autonòmic, com l’SDDR –que per al Consell va passar de ser irrenunciable a no saber-se’n res en mesos– o insistisca en qüestions com la lluita contra el canvi climàtic. Segons El Temps, l’equip de l’exsecretari autonòmic va pactar esmenes amb la formació que lidera Antonio Estañ. El dirigent de la formació ecologista es vanagloriava en el seu blog d’una taxa sobre la incineració de residus, una esmena de Podem als pressupostos del Consell. No obstant això, fonts de la formació morada consultades per aquest diari adverteixen que, si els verds volen integrar-s’hi, haurà d’aprovar-ho primerament la militància.

Alguns ‘verds’ critiquen que en Equo, a escala autonòmica i estatal, hi haja dirigents –Álvaro entre ells– que tinguen la pretensió de fer un partit d’esquerres, no una formació ecologista transversal. En moltes províncies de l’Estat espanyol Equo ha convergit amb Podem per als comicis estatals; la situació particular valenciana és que la formació està integrada en la coalició Compromís, que també va acudir amb Podem i Esquerra Unida a les generals. A escala autonòmica, la formació es va integrar en Compromís fusionant Els Verds-Esquerra Ecologista amb Equo, encara que abans d’oficialitzar-se el partit, les sensibilitats ecologistes es manifestaven en Iniciativa del País Valencià. Un ventall de corrents ecologistes dins de la coalició valencianista que, de tant en tant, té friccions.

Equa ha criticado el cese de Julià Álvaro como secretario autonómico de Medio Ambiente y lo ha calificado de “bofetada al ecologismo político”.

Para el partido verde, con esta destitución el Gobierno valenciano “demuestra que las políticas ambientales no son una verdadera prioridad” y creen que “se ha optado por ceder ante las presiones empresariales frente a las políticas valientes llevadas a cabo por Julià Álvaro”.

Desde Equo consideran que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, “no está demostrando una verdadera voluntad de cambio político y ha cedido a las presiones de los poderosos cesando a la figura más incómoda para el sistema”.

“No nos cabe ninguna duda de que el cese es una respuesta a presiones por las políticas llevadas a cabo y es la culminación de meses de zancadillas y obstáculos a las políticas ambientales”, ha declarado el coportavoz de Equo y diputado en el Congreso, Juantxo López de Uralde. “Este cese es una bofetada sin paliativos al ecologismo político en la cara de Juliá Álvaro y una demostración de lo poco que se valoran las políticas ambientales”, ha reiterado.

El Govern valencià aprovarà aquest divendres la destitució del secretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Álvaro, tal com ha avançat la Cadena Ser. El representant de Verds-Equo en el Consell deixarà el seu càrrec després d'haver protagonitzat diverses discrepàncies amb la consellera Elena Cebrián, també de Compromís -a manera d'exemple, fa amb ben just uns mesos Vaersa destituïa el seu director general amb el vot favorable de Cebrián i l'oposició d'Álvaro-. El regidor de Compromís a Ontinyent Fran Quesada, també de Verds-Equo, el substituirà al càrrec.

La vicepresidenta valenciana Mónica Oltra ha volgut aclarir que no s'ha produït pèrdua de confiança sinó que s'ha cobert una etapa: “Es considera que és més adequada una altra persona per a una nova època”. El nou secretari autonòmic, un “històric militant de l'ecologisme valencià”, se centrarà a finalitzar el pla integral de residus, ha apuntat Oltra, qui ha puntualitzat que el sistema de retorn d'envasos (SDDR) “no s'ha descartat mai, una altra cosa són els terminis”.

El representant de Verds-Equo i coportaveu de Compromís va sonar inicialment per a ocupar la conselleria de Medi Ambient, però finalment va haver de conformar-se amb ser el número dos del departament. Fa ara un any, Cebrián ja va cessar dos alts càrrecs del seu departament pròxims a Álvaro, com eren el cap del Gabinet, Fernando Rodrigo, i l'assessor Rubén Tello.

Aquesta situació s'assembla a la que ja es va viure en una altra conselleria, la d'Indústria, on les diferències entre la llavors secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, María José Mira (PSPV), i el conseller Rafael Climent (Compromís), van provocar que Mira abandonara el departament. En aquella ocasió, el Consell va recol·locar Mira com a secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, amb Vicent Soler com a conseller.

El Gobierno valenciano aprobará este viernes el cese del secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, tal y como ha avanzado la Cadena Ser. El representante de Verds-Equo en el Consell dejará su cargo después de haber protagonizado diversas discrepancias con la consellera Elena Cebrián, también de Compromís -a modo de ejemplo, hace apenas unos meses Vaersa destituía a su director general con el voto favorable de Cebrián y la oposición de Álvaro-. El concejal de Compromís en Ontinyent Fran Quesada, también de Verds-Equo, es el designado para asumir la secretaría autonómica.

La vicepresidenta valenciana Mónica Oltra ha querido aclarar que no se ha producido pérdida de confianza sino que se ha cubierto una etapa: “Se considera que es más adecuada otra persona para una nueva época”. El nuevo secretario autonómico, un “histórico militante del ecologismo valenciano”, se centrará en finalizar el plan integral de residuos, ha apuntado Oltra, quien ha puntualizado que el sistema de retorno de envases (SDDR) “no se ha descartado nunca, otra cosa son los plazos”.

El representante de Verds-Equo y coportavoz de Compromís sonó inicialmente para ocupar la conselleria de Medio Ambiente, si bien finalmente tuvo que conformarse con ser el número dos del departamento. Hace ahora un año, Cebrián ya cesó a dos altos cargos de su departamento próximos a Álvaro, como eran el jefe del Gabinete, Fernando Rodrigo, y el asesor Rubén Tello.

Esta situación se asemeja a la que ya se vivió en otra conselleria, la de Industria, donde las diferencias entre la entonces secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, María José Mira (PSPV), y el conseller Rafa Climent (Compromís), provocaron que Mira abandonara el departamento. En aquella ocasión, el Consell recolocó a Mira como secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, con Vicent Soler como conseller.

El que piense que esto tiene también su lado bueno, se equivoca. El hecho de que tengamos más días de sol y calor puede generar a corto plazo pingües beneficios en otro sector clave para nuestra economía como es el turístico, pero, como suele decirse, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Un desarrollo insostenible tendrá también, a medio y largo plazo, nefastas consecuencias sobre el turismo: contaminación de los recursos y las reservas naturales, sellado excesivo del territorio litoral, erosión, plagas, temperaturas extremas, desplazamiento de la población local, migraciones... Tal vez por ello este 2017 ha sido declarado por Naciones Unidas Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo.

Acabo de regresar de la 23ª Cumbre del Clima que se ha celebrado esta vez en la ciudad alemana de Bonn y que hoy se clausura. La Cumbre debía realizarse en las Islas Fiyi, pero el hecho de que este pequeño país-archipiélago de Oceanía esté empezando a ser engullido por las aguas del océano Pacífico no facilitaba el encuentro. Los habitantes de Fiyi son plenamente conscientes de lo que supone el Cambio Climático. Algo que no parece tener muy claro el resto del mundo.

Permitidme que os diga que me preocupan muy poco las conclusiones que se alcancen hoy en la COP23 de Bonn. Porque si esta breve estancia en la antigua capital de la República Federal de Alemania me ha servido para algo ha sido para conocer y escuchar en vivo y en directo a Jerry Brown, el gobernador del estado de California. Un demócrata de los pies a la cabeza, que, como yo, luce en su testa una brillante alopecia, y que hace gala de una mente privilegiada y de una capacidad política a prueba del peor presidente de la historia reciente de los Estados Unidos de América. Y es que a Jerry Brown se le conoce ya como a “ese americano que es todo lo que Trump no es”, peculiar tarjeta de presentación la suya. Y no defrauda un ápice. El discurso de este enjuto californiano destila acción y esperanza a partes iguales, dos aspectos fundamentales si queremos ganar la batalla contra el Cambio Climático.

Me explico. Si en la Comunitat Valenciana ya hemos alcanzado los 2ºC de aumento de temperatura, en el último año las emisiones mundiales de CO2 han crecido, rompiendo así la tendencia más moderada de años anteriores. Las perspectivas no son buenas ni para este año ni para los sucesivos, y no lo digo yo, lo dicen 15.000 científicos que han firmado un manifiesto denunciando la situación. El uso continuado de combustibles fósiles nos aleja de los Acuerdos de París y nos conduce a un aumento de la temperatura muy superior al límite máximo de 2ºC adoptado en la capital gala. Eso quiere decir que los compromisos no se cumplen y que los grandes discursos no se traducen en decisiones políticas.

Sabemos lo que hay que hacer, lo sabemos todos, las comunidad internacional, los países, las regiones, las ciudades, las empresas y las personas, por tanto, se trata de actuar ya, sin dilaciones y con la responsabilidad que la situación exige. No hacerlo es mucho peor para todos. El mundo no puede esperar (y las personas tampoco) a ver si unos cuantos presuntos estadistas sucumben o no a las presiones de la industria y las finanzas cuyo negocio depende de seguir contaminando. No podemos esperar siquiera a que se pongan en marcha, a que demuestren que han entendido el valor de lo que está en juego.

Es necesario actuar desde las instancias administrativas más cercanas a la población. También desde las organizaciones sociales y desde las empresas. Los ayuntamientos, las administraciones autonómicas y regionales hemos de trabajar para pasar de las palabras a los hechos. Jerry Brown nos envía ese mensaje: “olvidemos a Trump (léase también Rajoy), no nos preocupemos de quienes no hacen nada o no tienen interés; trabajemos en aquellos ámbitos donde lo podemos hacer”. De eso se trata. De no esperar; de actuar de una vez por todas. Si no, no conseguiremos cumplir los compromisos de París.

En la Generalitat lo tenemos muy claro. Se podrá criticar nuestra lentitud, nuestra falta de recursos, tal vez nuestra inexperiencia, pero nunca nuestra inacción. Desde el minuto cero establecimos los mecanismos necesarios para actuar transversalmente y de forma coordinada en toda la Generalitat y con el resto de administraciones locales. Porque esta es una batalla que nos obliga a trabajar de manera coordinada a todos los que tomamos decisiones en ámbitos que tienen que ver con la energía, la industria, la agricultura, el territorio, la movilidad, la salud, los residuos, la educación, el medio ambiente... Desde que asumimos el gobierno, reactivamos la Comisión Interdepartamental contra el Cambio Climático en la Comunitat Valenciana, que se ha reunido ya en 5 ocasiones en estos 2 últimos años. Celebramos la “I Jornada del Mediterráneo frente al Cambio Climático” para debatir con expertos y responsables políticos de otras comunidades vecinas la mejor manera de intervenir coordinadamente. Pusimos en marcha la revisión de la Estrategia Valenciana de la Energía y el Cambio Climático, porque el PP “se olvidó” de la Energía en el documento que elaboró en su día (hay “olvidos” que deberían estar penados), y esta próxima semana presentaremos el documento, que se ha remitido ya a todos los miembros del Comité de Expertos para que en los próximos meses realicen los análisis, correcciones y aportaciones que consideren oportunas.

Precisamente del viaje a Bonn nos traemos un “fichaje” del que nos sentimos muy orgullosos. Teresa Ribera, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales de París y una de las mayores expertas españolas en Cambio Climático, se incorpora definitivamente a nuestro particular panel de especialistas. Ella fue la encargada de abrir hace un par de semanas el “I Ciclo de Conferencias sobre Cambio Climático en la Universidad” organizado por la cátedra de Cambio Climático de la Politècnica de València, otra iniciativa -la cátedra- promovida desde nuestra Conselleria conjuntamente con el Instituto de Ingeniería del Agua y el Medio Ambiente de la UPV. Gracias al impulso del Instituto y muy especialmente del profesor Manuel Pulido, esta cátedra es una clara apuesta por la investigación, la innovación y la difusión del conocimiento científico relacionado directa e indirectamente con el Cambio Climático. Una apuesta “muy rentable” que ha permitido otorgar 7 becas de colaboración para Trabajos Final de Master y convocar la I Edición del Premio a la mejor Tesis Doctoral sobre Cambio Climático en el arco mediterráneo español. Además, el pasado 18 de octubre reuníamos a un nutrido grupo de ponentes en la “I Jornada de Investigación Universitaria sobre Cambio Climático”, cuya conferencia inaugural corrió a cargo del profesor Edward S. Rubin, Nobel de la Paz junto al resto de sus compañeros del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

En poco más de dos años, el Govern del Botànic y los ayuntamientos del cambio hemos tomado toda una serie de medidas basadas en los principios de sostenibilidad ambiental y en la Estrategia para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: impulso a la agricultura ecológica para fijar más carbono al suelo y reducir el consumo de agua y la contaminación de las tierras; una política de residuos basada en la reducción, el reciclaje y la reutilización (recogida selectiva, 5º contenedor, recogida puerta a puerta, sistema de depósito y retorno, freno a la incineración...); protección del territorio, impidiendo el sellado de más de 11 millones de m2 que iban a ser construidos en zonas muy valiosas, e impulsando un Plan de Protección del Litoral y otro de Protección de la Huerta; hemos desarrollado planes de movilidad sostenible, apostando por la bicicleta y el transporte público; hemos aumentado en un 40% los espacios naturales protegidos; y estamos implementando planes de aprovechamiento energético de la biomasa.

Debemos ir más rápido, actuar más y hablar menos. Pero no contamos con todos los resortes ni con muchas competencias. Como en materia de Agua y Energía, competencia estatal en lo fundamental. El acoso y derribo puesto en práctica por los gobiernos del PP tanto a la tecnología de la desalinización como a las energías renovables, vía impuesto al sol, sigue siendo hoy un verdadero escándalo. Por no hablar de movilidad, donde la apuesta por el ferrocarril frente a la carretera para reducir emisiones, se topa de bruces con la falta de respaldo del gobierno de España al Corredor Mediterráneo aún sin ejecutar. O la fiscalidad, política esencial para incentivar o desincentivar actividades contaminantes que generan gases de efecto invernadero. Otros países han obtenido resultados espectaculares estableciendo un precio elevado por tonelada de CO2. ¿A qué espera Rajoy?

En el Consell somos conscientes de que nos jugamos el futuro. Por eso mañana saldremos a la calle a reivindicar una financiación justa. No más discriminación por parte del gobierno central a nuestra Comunitat. Ni un paso atrás. Porque, como el profesor Rubin o el gobernador Brown, a pesar de todo, somos valientes y optimistas respecto a la posibilidad de cambiar a mejor nuestra sociedad, nuestro modelo productivo y de desarrollo. Y tenemos muy claro, como decía el poeta, que se hace camino al andar, y que no podemos quedarnos de brazos cruzados tan solo porque en la Casa Blanca o en La Moncloa haya un par de individuos de cuyos nombres ya no me quiero acordar.

*Julià Álvaro i Prat, secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Generalitat Valenciana

Vicent García ja no és director general de Vaersa després que el consell d'administració de l'empresa pública de la Generalitat Valenciana haja acordat la seua destitució (amb set vots a favor, tres en contra i una abstenció). Així, mentre la consellera de Medi Ambient, Elena Cebrián (Compromís), ha votat a favor de la destitució, el secretari autonòmic, Julià Álvaro (Els Verds), ha advocat per la seua continuïtat.

El consell d'administració ha acordat també que l'actual sotsdirector, Benjamí Maceda, assumisca de forma provisional la direcció, fins al nomenament del nou director general.

El cessament es produeix després que en els últims dies es feren públiques algunes crítica de Vicent García sobre la presumpta inacció i retards de la conselleria d'Agricultura, de la qual depèn Vaersa, en la presa de decisions d'assumptes relacionats amb el departament.

Els motius, tal com ha relatat la consellera, “la successió de queixes rebudes de diferents persones, col·lectives o individualment, i una sèrie de situacions que han posat de manifest una mancança de coordinació i l'evidència d'una falta de lleialtat i per tant una pèrdua de confiança”. Així, Cebrián ha fet referència a les concentracions i vagues convocades pels treballadors de l'empresa pública i a “tot el que es va dir” (per part de García) sobre aquest tema: “Un director d'una empresa pública no pot desacreditar públicament al conseller”.

Decisió “dura i difícil”

Es tracta d'una decisió “dura i difícil” que es va traslladar al consell d'administració, ha assegurat la consellera, qui també ha reconegut “els serveis prestats, el treball realitzat i la valentia que ha tingut” García en una empresa “sobredimensionada” quant a plantilla, una “falta de control” sobre les polítiques de personal i amb uns problemes laborals “enormes”.

En aquest punt, ha recordat que la societat no té una Relació de Llocs de treball aprovada des de 2006, amb contractacions irregulars.

No obstant açò, ha cridat l'atenció sobre la necessitat d'unes relacions entre la direcció de l'empresa i la conselleria i el consell d'administració “clares, transparents i coordinades” per a resoldre els problemes “en matèria laboral” que tenen els treballadors de Vaersa.

Vicent García ya no es director general de Vaersa después de que el consejo de administración de la empresa pública de la Generalitat Valenciana haya acordado su destitución (con siete votos a favor, tres en contra y una abstención). Así, mientras la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián (Compromís), ha votado a favor de la destitución, el secretario autonómico, Julià Álvaro (Els Verds), ha abogado por su continuidad.

El consejo de administración ha acordado también que el actual subdirector, Benjamín Maceda, asuma de forma provisional la dirección, hasta el nombramiento del nuevo director general.

El cese se produce después de que en los últimos días se hicieran públicas algunas crítica de Vicent García sobre la presunta inacción y retrasos de la conselleria de Agricultura, de la que depende Vaersa, en la toma de decisiones de asuntos relacionados con el departamento.

Los motivos, tal y como ha relatado la consellera, “la sucesión de quejas recibidas de distintas personas, colectivas o individualmente, y una serie de situaciones que han puesto de manifiesto una falta de coordinación y la evidencia de una falta de lealtad y por tanto una pérdida de confianza”. Así, Cebrián ha hecho referencia a las concentraciones y huelgas convocadas por los trabajadores de la empresa pública y a “todo lo que se dijo” (por parte de García) al respecto: “Un director de una empresa pública no puede desacreditar públicamente al conseller”.

Decisión “dura y difícil”

Se trata de una decisión “dura y difícil” que se trasladó al consejo de administración, ha asegurado la consellera, quien también ha reconocido “los servicios prestados, el trabajo realizado y la valentía que ha tenido” García en una empresa “sobredimensionada” en cuanto a plantilla, una “falta de control” sobre las políticas de personal y con unos problemas laborales “enormes”.

En este punto, ha recordado que la sociedad no tiene una Relación de Puestos de Trabajo aprobada desde 2006, con contrataciones irregulares.

No obstante, ha llamado la atención sobre la necesidad de unas relaciones entre la dirección de la empresa y la conselleria y el consejo de administración “claras, transparentes y coordinadas” para resolver los problemas “en materia laboral” que tienen los trabajadores de Vaersa.

La cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático de la Pompeu Fabra, la mejor universidad de España, concluye que el SDDR que estudia implementar la Generalitat Valenciana es pernicioso social, econónomica y medioambientalmente.

El estudio sobre el sistema, que incentivaría el reciclaje de determinados envases gravando su compra y luego remunerando su posterior entrega, ha sido financiado por Ecoembes, Ecovidrio, la patronal de las grandes superfices, Anged, y otras organizaciones empresariales contrarias al SDDR, el Sistema de Depósito, Devolución y retorno.

El trabajo se ha hecho sobre los teóricos efectos de la vigencia del SDDR en España. Aborda, básicamente, tres ámbitos: económico, social y medioambiental. En todos, su aplicación, que debería convivir con el actual sistema -contenedores verde y amarillo, Scrap, en la jerga técnica- sería perjudicial.

El trabajo, dirigido por Pere Fullana, doctor Ingeniero Industrial, asegura que el SDDR empeora la situación actual en cinco de los seis parámetros medioambientales analizados: calentamiento global (20%), capa de ozono (19%), acidificación, eutrofizació, y smog  fotoquímico. Solo en el agotamiento de recursos el nuevo sistema aportaría beneficios, un 10% de mejora.

Los resultados surgen de diversos cálculos sobre el impacto de la construcción de las máquinas para canalizar el reciclado,  el embalaje necesario para su transporte -cajas o bolsas- y el transporte de los envases hasta las plantas. En resumen: el nuevo sistema sería menos eficiente y aumentaría las emisiones de CO2.

1.800 millones de coste; 100 euros más por familia

Económicamente, los resultados tampoco son mejores. Si se implantara el SDDR en España -de momento, nadie ha llegado tan lejos como la Comunidad Valenciana, donde ni siquiera la ley está en trámite- exigiría un coste adicional de 1.800 millones de euros. 100 por familia.

Siempre según el estudio, el etiquetado, la manipulación en el punto de venta y recogida, el transporte, la contabilización de los envases -para pagar su reciclaje a establecimientos involucrados- o el pre-tratamiento de los residuos conllevarían esos costes. El actual sistema, apuntan los investigadores, es mucho más barato.

Un ejemplo. Se necesitarían casi 40.000 máquinas para gestionar la devolución automática (máquinas RVM, Reverse Vending Machine) y 45 plantas de conteo para gestionar el SDDR. Su introducción, además, restaría eficiencia al scrap: trataría menos residuos pero no sería capaz de reducir sus costes por la existencia de infraestructuras inadaptables al nuevo volumen.

Huella Social: Exige más tiempo, quita espacio

Los ciudadanos deberían dedicar el 50% más de espacio al reciclaje con el SDDR, que requería de un recipiente para los envases, cuya devolución -y cobro- está sujeto a su buen estado. Además, su gestión requiere seis veces más tiempo. No basta, como ahora, con ir al contenedor de la calle, sino que hay que desplazarse a un punto de venta y recogida. El SDDR si mejoraría -uno de las pocas ventajas- la presencia de envases abandonados en espacios públicos o naturales. El littering se reduciría, apunta el estudio.

Además de Fullana, el informe es responsabilidad de las doctoras Bala, Colomé y Ayuso. Los cuatro lo han presentado este miércoles en Valencia, la vanguardia de la batalla entre los defensores -parte del gobierno valenciano y varias organizaciones ecologistas- del SDDR y sus detractores, los gestores del actual sistema -Ecoembes y Ecovidrio-, casi todas las patronales implicadas en la cadena de negocio afectada  e incluso algún sindicato.

Mercadona y  Consum, los dos gigantes valencianos de la distribución, se oponen frontalmente al proyecto. Y El Estudio de sostenibilidad sobre la introducción de un SDDR obligatorio para envases de bebidas: análisis ambiental, social y económico comparativo con la situación actual les da munición.

Según sus autores, ha necesitado de un año de trabajo, ha contado con el seguimiento de 30 organizaciones implicadas en el sector y ha sido revisado por expertos de varias universidades, entre ellas, la Técnica de Dinamarca.  Escandinavia es de las pocas regiones del mundo donde el sistema está generalizado. Fullana no ha querido revelar su coste, aunque asegura que, con el informe íntegro, la información se hará pública.

El estudio no ha calculado los efectos sobre el empleo del nuevo sistema. Se ha basado en la hipótesis -optimista, según los autores- de que el SDDR manejaría el 90% de los envases susceptibles de ser reciclados por esta vía. A saber: aguas, refrescos,zumos, cervezas, vinos, cavas y licores, de varios materiales -PET, aluminio, vidrio y otros- y con un coste de depósito por envase de 10 céntimos.

La ecología política es el único discurso completo, coherente y sin contradicciones frente al capitalismo depredador que sufrimos

Las desigualdades sociales y la pobreza que hoy están condenando a miles y miles de personas en todo el mundo, también en nuestro entorno más inmediato, no son fruto de regímenes autoritarios, ni de violentas dictaduras, no. Las desigualdades que hoy vemos, palpamos y sufrimos se dan después de años de democracia, de décadas de votos y urnas, pero con trampa. La lógica capitalista se ha adueñado progresivamente del espacio político y, durante años, ya sea con la dura careta liberal o con el rostro más amable socialdemócrata, el poder económico ha utilizado a los gobiernos en beneficio propio, como empleados a su servicio. Esa utilización es la que la que hoy está en crisis, y lo que se ha mantenido con elecciones, con elecciones está desmoronándose.

En su huida hacia adelante, los “dueños del mundo” fuerzan a los gobiernos a garantizarles sus beneficios cortoplacistas y, para ello, los derechos sociales son simples lastres, se legisla contra los vulnerables. Recordemos: ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población del planeta y las tres personas más ricas de España tienen lo mismo que los 15 millones de españoles más pobres.

Que la cosa pública no funcionaba era una sospecha generalizada pero, hasta ahora, había triunfado el discurso de que no había alternativa, de que el cambio real no era posible, de que no había nada que hacer. Eso es lo que está hoy en caída libre.

Sí hay alternativa. Hay mucho que hacer. Todo pasaba por perder el miedo, y en eso estamos. La ciudadanía está dispuesta a abandonar el camino marcado. Con ella, muchos políticos que están llegando a las instituciones, también han dicho hasta hemos llegado. Está sucediendo. Salirse del rebaño resulta un éxito electoral. Quién lo iba a decir. Es verdad que en este proceso  emergen profetas del odio, del racismo, del egoísmo y también de la más  vergonzosa ignorancia , pero también nuevas fuerzas transformadoras que, por la izquierda, quieren ir mucho más allá del papel de complemento de la socialdemocracia; fuerzas valientes que no vienen a gestionar mejor lo que hay sino a cambiarlo. Y somos más que los neofascistas.

Claro que hay alternativa al modelo capitalista productivista que, como responsable de la crisis que sufrimos, no nos va a sacar de ella. La alternativa es la apuesta por un nuevo modelo productivo, y político, y social... un nuevo modelo de vida y de sociedad.

La alternativa tiene nombre, se llama ecología política y es el único discurso completo, coherente y sin contradicciones frente al capitalismo depredador que sufrimos. Es una propuesta que integra un nuevo eje de conflicto, el medioambiental. Se trata de  un discurso que va mucho más allá de la ecología clásica de oposición a unas determinadas iniciativas esquilmadoras, contaminantes o peligrosas del gobierno de turno, es la encarnación del nuevo modelo al que me refería antes: justicia y libertad para las personas y un futuro para el planeta en su conjunto.

La ecología política es equidad y sostenibilidad. No puede haber sociedad de espaldas a las personas, sus derechos no son lastres sino obligaciones. La lucha contra el cambio climático, eso que ya nadie discute (descontando a Trump), pasa por un modelo económico respetuoso con el planeta, léase, no especulativo, descarbonizado, menos intensivo en uso de energía y más en mano de obra. Con profundas reformas en las políticas laborales, comenzando por las reducciones de horarios y por un más igualitario reparto del llamado trabajo reproductivo y del cuidado personal entre hombres y mujeres. Por tanto, mayor redistribución de rentas, más igualdad de oportunidades, más derechos, más integración, más pluralidad.

Ese es el mensaje que está calando: la esperanza y la ilusión son contagiosas. Lo podemos conseguir si así lo queremos, conectando con lo mejor de la gente, con su voluntad de ser fraternos, con su generosidad. Claro que queremos acoger a los que huyen de hambres, de guerras y de persecuciones. Nosotros somos ellos.

En ningún sitio está escrito que las cosas hayan de ser como siempre. El bipartidismo que hemos visto en España cuarenta años, y en Europa, muchos más, no es eterno, ni mucho menos y la alternativa no es el neofascismo descarnado, ni la socialdemocracia (más bien socioliberalismo) vieja y cómplice de todos los austericidios cometidos. Lo acabamos de ver en Holanda. Han sido los Verdes, la ecología política, los que han parado los pies a la derecha xenófoba e inhumana; no lo han hecho los partidos tradicionales. Sin el crecimiento de la izquierda verde y alternativa, Wilders, un ultra, seguramente estaría gobernando. Igual que lo estaría haciendo Hofer en Austria, otro ultra, si no lo hubiera derrotado en las Presidenciales Van der Bellen, otro verde.

Lo que se propone no es, ni de lejos, ponerle un barniz verde a las políticas de siempre, eso es muy poco. No hay justicia social sin justicia medioambiental. Se trata de cambiar desde la base todo el modelo de producción y consumo, tocar los cimientos el sistema. Eso requiere plantar cara a los intereses de las grandes empresas en defensa del interés general. Hay que integrar todos los intereses particulares en el interés general pero no supeditar éste a aquellos.

El mensaje verde tiene un inmenso caudal de votos. Lo estamos viendo en toda Europa, lo vemos en los estudios de motivación en todo el Estado. Los apóstoles del crecimiento ya no convencen. Principalmente el electorado joven y mujer ha pasado página. El dogma del crecer y crecer va aparejado a una realidad destructiva: se destruye empleo, territorio, derechos, garantías, medio ambiente. Crecimiento como sinónimo de vivir mejor es un espejismo. Como discurso políticamente correcto estaba muy bien pero era falso. Ni se puede crecer eternamente, ni crecimiento lleva a mejora general. Los afortunados son siempre unos cuantos, y cada vez menos. El mensaje alternativo es la búsqueda del “buen vivir” de la mayoría. No apuntar a crecimientos imposibles y depredadores sino a equilibrios planificados y justos que repartan adecuadamente aquello de lo que se dispone y garantizar, así, una vida digna para todos.

Los responsables políticos evitamos siempre mentar la palabra decrecimiento pero tenemos que empezar a poner el término sobre la mesa de debate, sin complejos. Se le puede buscar otro nombre pero, si coincidimos en que en un planeta finito es irreal hablar de crecimiento infinito, estamos apuntando al decrecimiento. Por cálculos electoralistas no podemos menospreciar la inteligencia de los votantes y decir sin decir. Digamos la verdad: el planeta no da para más, no puede mantener nuestro ritmo. Vamos a decrecer de manera obligatoria, ya lo estamos haciendo, ¿qué son los recortes y la devaluación salarial si no? Los recortes son decrecimiento a costa de los más vulnerables. Así que, o regulamos y ordenamos el proceso para hacer una transición justa o acabaremos pagándolo traumática y dolorosamente los de siempre, los y las de abajo, antes incluso las que los.

Tenemos una inmensa oportunidad para hacer de la necesidad virtud, cambiar la competencia y la voracidad por la solidaridad y la calma. Será una vida más lenta, más humana, más próxima, más femenina. No tendremos una pantalla de plasma en cada habitación, ni aviones particulares, ni coches de mil válvulas pero sí aires puros, ríos limpios y paisajes acogedores por los que pasear, y tiempo para hacerlo.

Julià Àlvaro es secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Generalitat Valenciana, coportavoz de Verds-Equo País Valencià y miembro de Compromís.Julià Àlvaro

La dirección de Verds Equo del País Valencia, reunida este sábado en la sede de Compromís, ha emitido un comunicado según el cual “respalda plenamente las políticas ambientales desarrolladas a lo largo de estos 19 meses por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Políticas ambientales enmarcadas en los compromisos asumidos con la ciudadanía, refrendados por sus votos, y recogidos en el Acuerdo del Botànic”.

El partido, parte de Compromís, también muestra su “total apoyo al trabajo desarrollado por Julià Álvaro y su equipo al frente de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático. Sus políticas, nuestras políticas, son un referente a nivel estatal del que nos sentimos orgullosos”.

El apoyo al número dos de la conselleria viene tras el frenazo sufrido por su proyecto estrella -el SDDR, un cambio en el modelo de reciclaje fuertemente rechazado por la industria- y después de que la responsable del departamento, Elena Cebrián, haya sustituido a dos miembros de su equipo, de VerdsEquo y cercanos a Álvaro.

En ese asunto, la dirección del partido “muestra su reconocimiento y apoyo al buen trabajo realizado por nuestros compañeros Fernando Rodrigo y Rubén Tello”, precisamente el personal de confianza destituido por la consellera Cebrián.

Resistencia de sectores poderosos

Según VerdsEquo, “las políticas desarrolladas en materia de residuos, protección del medio ambiente, agua o cambio climático son parte fundamental del proceso de transición hacia una sociedad y una economía más sostenible, tal y como ya están haciendo los países más avanzados”.

“Las resistencias de dichas políticas”, sobre todo, al SDDR,  se “encuentran en sectores poderosos pero minoritarios socialmente” y “no pueden estar por encima de los intereses generales, ni nuestro partido, ni Compromís, ni el Gobierno del Botànic lo permitirán”.

“Desde VerdsEquo estamos plenamente comprometidos con la acción de Gobierno que apoyamos y respaldamos con la concreción de un programa electoral que defendimos y defendemos. Somos parte de un Gobierno plural en su composición, pero con una política unitaria expresada en los acuerdos contraídos con los que nos sentimos totalmente identificados”.

La política forestal de la Generalitat va a caracterizarse por la preservación de los valores naturales del territorio, afirma Julià Álvaro

La Generalitat invertirá 66,5 millones de euros en los bosques valencianos en los próximos cinco años. Un 74% de esa inversión procederá de fondos europeos Feder (49 millones de euros) y se destinará a trabajos de restauración de hábitats forestales y hábitats singulares del medio natural. El resto (17,5 millones de euros) forma parte de las líneas forestales del PDR. En total, 15,5 millones de euros están presupuestados dentro de las líneas de ayudas a propietarios forestales y a montes municipales no consorciados con la Generalitat. Otros 2 millones de euros se destinarán a subvencionar la redacción de planes de ordenación forestal y planes técnicos de gestión de áreas forestales.

Así lo ha informado el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Álvaro, en una nueva reunión de la Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana en la que, entre otras cuestiones, se ha trasladado a todos sus miembros un informe sobre la Orden de Ayudas para la aplicación de medidas de Gestión Forestal Sostenible, en el marco del Plan de Desarrollo Rural (PDR). “La política forestal de la Generalitat va a caracterizarse por la preservación de los valores naturales del territorio. Nuestros bosques son fundamentales para preservar esos valores y, desde la Administración autonómica, apostamos por una gestión forestal en la que participen activamente las pequeñas empresas, que son las que mejor conocen el territorio, en una clara apuesta por el futuro del medio rural valenciano”, ha señalado el secretario autonómico.

A las líneas de ayudas que prepara la Generalitat podrán acogerse también las sociedades de uso y disfrute del monte como, por ejemplo, sociedades de cazadores y entidades de custodia del territorio, siempre que tengan acuerdos suscritos con los propietarios de los predios. También está previsto crear brigadas para cada una de las demarcaciones forestales que realicen tareas de gestión y mantenimiento de los montes de utilidad pública.

El objetivo del Consell es impulsar toda una serie de medidas socioeconómicas entre las empresas valencianas del sector forestal. “Una apuesta decidida de la Generalitat hacia un sector que, por ahora, sólo aporta un 0,03% al PIB autonómico. Por ello se ha trasladado también a la Mesa Forestal un informe de situación sobre la tramitación de la Orden que supondrá la creación de un Registro de Empresas Forestales, de tal forma que éstas puedan acceder en un futuro próximo a toda la información disponible sobre ayudas y contratos de la Generalitat con absoluta transparencia”, ha explicado Álvaro.

Los fabricantes de latas de bebidas se oponen radicalmente al Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de Envases (SDDR) que impulsa la Generalitat Valenciana. Lo tachan de “arbitrario, injusto” e inútil. En su opinión, no mejorará la tasa de reciclaje, encarecerá el producto y disminuirá el consumo.

La Generalitat, con la oposición de todos los actores que deben implantar el sistema, quiere que en 2018 todos los envases de bebidas de metal, plástico, vidrio y briks sean devueltos en buen estado en los puntos de recogida habilitados, que serán los supermercados y todos los comercios que vendan estos productos. El coste extra de las bebidas -10 céntimos- será recuperado con su devolución.

La Conselleria de Medio Ambiente está decidida a implantar este sistema de incentivos para el reciclaje pese a la decidida oposición de decenas de organizaciones empresariales. La patronal de las latas de bebidas es una de ellas. En una rueda de prensa, el lobby asegura que ya se recuperan un 87% de las latas, cifra que el SDDR no mejoraría.

Al contrario, asegura: el coste del reciclaje se multiplicaría por 30, el precio de cada lata aumentaría entre el 8 y el 35% y el sistema podría generar disfunciones: confusión entre los consumidores -el SDDR, que no es válido para todos los envases, conviviría con el contenedor amarillo-  y ruptura de la unidad de mercado: las latas de comunidades cercanas, exentas de la tasa de 10 céntimos, podrían transportarse a la Comunidad Valenciana para hacer negocio, como habría sucedido en Finlandia o Croacia.

Los mitos del SDDR

La patronal, que engloba a los fabricantes de latas, los proveedores de materia prima -acero y aluminio, básicamente- y los productores de las anillas, se ha empleado a fondo para desacreditar el SDDR, un sistema “innecesario” cuyo impulso atribuyen al interes puramente económico del fabricante de las máquinas que reciclarían los envases.

Según la asociación, la SDDR no funciona en 40 países, como defienden sus promotores. Apenas en un puñado: Alemania, los cuatro escandinavos, dos bálticos (Estonia y Lituania), Islandia y Croacia y parcialmente en Estados Unidos, Australia y Canadá. En otros lugares (Reino Unido, Francia, Italia o Suiza) se habría descartado el sistema tras el estudio y debate previo.

Sus resultados, además, serían flojos, o al menos, lejos de las expectativas -mejora de tasa de reciclaje- que se generan. En Alemania y Noruega el porcentaje de envases reciclados a través del SDDR es, con el sistema ya a pleno rendimiento, es bajo: apenas un 2,7 y un 1,4% respectivamente.

La patronal de las latas se ofrece a la Generalitat para mejorar el actual sistema pero rechaza el SDDR y no descarta batallar por vía judicial contra su implantación, muy contestada por los supermercados y los comercios -que deberán encargarse de la recogida de los envases devueltos y habilitar espacio para ello- y las entidades que ahora gestionan el reciclado, Ecoembes, por ejemplo.

La Conselleria de Medio Ambiente, sin embargo, está decidida a ser la pionera en la introducción de este sistema en España. La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, de Compromís, apoya el SDDR. El presidente, Ximo Puig (PSPV-PSOE), es más prudente: Ha pedido “diálogo” para superar la oposición a la iniciativa.

El 95% de los consumidores valora como “positivo” el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR) impulsado por el Consell y casi la mitad lo ve como “muy buena idea” y le pone una nota máxima de 10, según una encuesta encargada por la Dirección General de Calidad Ambiental.

Así han respondido los encuestados, mil personas de entre 15 y 74 años, de ambos sexos, que han sido contactados vía telefónica, al ser preguntados sobre su opinión general de la iniciativa, que contemplaría pagar 10 céntimos extra por cada envase de refresco, cerveza, zumo o agua que consuma y que se recupera al devolverlo.

El 86 % de la muestra considera que con esta medida se ayudará a acabar con el abandono de envases en calles, parques y playas y casi la mitad, un 48 %, cree que la iniciativa ayudará “mucho”, un porcentaje significativamente más alto en mujeres.

Según la encuesta facilitada a EFE, respecto a su participación personal en la iniciativa, el 80 % afirma que ayudaría “personalmente” en el retorno de envases, aunque el porcentaje se queda en un 50 % respecto a si creen que el resto de personas contribuirán.

'Devolver el casco 2.0'

Al 49 % de los encuestados le gusta el nombre propuesto de la iniciativa “Devolver el casco 2.0”, aunque también hay un 10 % a los que no les ha gustado nada y en general, gusta más a las personas de 55 a 64 años.

Además, el 89 % de la muestra cree que esta iniciativa puede motivar a reciclar otros productos y el 44 % está convencido de que lo hará y el 11 % opina que no motivará a reciclar más.

Reforzar y ratificar la ley

El secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, ha explicado a EFE que la encuesta pretendía completar el expediente de tramitación de la nueva ley y “reforzar y ratificar que íbamos por buen camino” con esta iniciativa.

Tras estos resultados, ha concluido que “hay una opinión generalizada por parte de la ciudadanía a favor de esta iniciativa”, a pesar de que no ha habido una campaña específica de promoción y explicación y que sobre todo se han pronunciado “agentes sociales más interesados en desacreditar el modelo”.

Álvaro ha valorado que la gente tiene “conciencia previa por delante de las instituciones de la situación ambiental” y considera que no se gestiona bien y hay problemas medioambientales importantes que hay que atajar.

Igualmente, ha destacado el hecho de que la gente tenga más confianza en sí misma respecto a su implicación en la medida que la que tiene en el resto de la sociedad.

El segundo congreso de Verds-Equo ha apostado por consolidar a sus cargos públicos más visibles en el nuevo escenario político valenciano. Así, el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Àlvaro, seguirá siendo portavoz de la organización junto a Beatriz Nadal. La formación ecologista mantiene desde el anterior congreso un modelo de coportavoces.

Àlvaro destacó, tras el congreso, celebrado este sábado en el centro cultural La Petxina, en Valencia, el papel del partido en las instituciones. “Hace apenas un año que el cambio llegó a nuestro territorio tras décadas de políticas neoliberales que han llevado a nuestra sociedad a una situación límite. A lo largo de este primer año, en Verds-Equo hemos demostrado que la lucha contra el cambio climático es uno de los ejes fundamentales de nuestra acción política”, indicó.

La coportavoz, Beatriz Nadal, a su vez, señaló: “No es posible un mundo equilibrado donde no haya una dimensión ambiental equilibrada. Y es inviable intentar buscar soluciones a la crisis económica, energética, ambiental y social en la que estamos abocados, si esta transición no se hace de forma amable con nuestra naturaleza”.

Las resoluciones aprobadas en el congreso, sobre cambio climático, igualdad, SDDR (sistema de retorno de envases que impulsa la conselleria) y refugiados, están en la linea de la política que se potencia desde el gobierno surgido del Pacte del Botànic.

Verds-Equo llegó a su congreso con el precedente de una tensa polèmica, cuando un grupo de afiliados, entre los que figuraban algunas personas con larga trayectoria en el ecologismo, criticaron a la dirección y a los cargos públicos del partido por monopolizar el poder en las instituciones.

La composición de la ejecutiva surgida de este segundo congreso incluye a Giuseppe Grezzi, concejal de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Valencia, el otro gran referente institucional de Verds-Equo. Además de Grezzi y los dos portavoces, integran la comisión Cristina Rodríguez, Silvia Tarazona, el diputado autonómico Juan Ponce, Paula Espinosa, Natxo Serra, Raquel Vallés, Ruben Tello, Meritxell Mulas, Josep ruiz, Eloïsa Tarazona, Fran Quesada y Rafa Espuig.

Al congreso asistió el coportavoz estatal de Equo, Juan López de Uralde, y acudieron como invitados el presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, del Bloc, y Paco García Latorre, de Iniciativa del Poble Valencià, los dos partidos con los que Verds-Equo forma la coalicicón Compromís.

Beatriz Nadal resaltó como uno de los principales objetivos de Verds-Equo continuar reforzando Compromís para que sea un referente en la defensa de la ecología política en el territorio valenciano. Un trabajo en el que ha asegurado que las mujeres deben tener un papel protagonista.

Fa 20 anys, des que es va tancar el 1996, l’abocador de la Basseta Blanca, a Riba-roja de Túria, a què van anar a parar durant una dècada les deixalles de l’àrea metropolitana de València, espera el segellament. Aquest mes d’agost han començat, per fi, els sondejos per a determinar la profunditat i les característiques dels milions de tones que hi ha acumulades. I el secretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Àlvaro, ha insistit amb aqueix motiu en el fet que és fonamental “el segellament d’aquest i d’altres antics abocadors que durant dècades han estat abandonats i sense cap control ambiental”.

La Basseta Blanca és l’exemple de les noves prioritats de la Generalitat Valenciana en matèria ambiental. El Pacte del Botànic, que va donar peu a la formació del govern del PSPV-PSOE i Compromís, amb el suport des de les Corts Valencianes de Podem, es limita a plantejar una “gestió sostenible de residus”. La declaració d’intencions tan concisa amaga, no obstant això, una tasca ingent en matèria d’ordenació dels plans zonals, que van ser de vegades, com en el cas Brugal, centre de sonors escàndols de corrupció, i també en matèria de regeneració.

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que dirigeix Elena Cebrián, un departament gestionat per la branca verda de Compromís que representa Verds-Equo, incideix en el canvi de paradigma i la reducció de residus en origen, per la qual cosa planteja iniciatives com la d’implantar el retorn d’envasos i altres mesures, alhora que es veu obligada a actuar per a planificar noves instal·lacions i plantes de tractament, i també alhora que recupera espais degradats precisament per anys i panys de política poc d’acord amb les directrius de la Unió Europea que van consistir a traure de les ciutats tones i tones de deixalles com fóra.

El segellament d’abocadors no pot quedar en mans dels ajuntaments en solitari, ha assenyalat Àlvaro, que va respondre a la reclamació de l’alcalde de Riba-roja, el socialista Robert Raga, d’una col·laboració efectiva entre institucions per a resoldre d’una vegada el problema d’un abocador que ha causat filtracions de lixiviats i al voltant del qual hi ha hagut denúncies d’abocaments furtius i incontrolats que encara investiga la Fiscalia.

“No es pot deixar el manteniment postclausura d’aquestes instal·lacions antigues als ajuntaments en solitari, ni anar fent obres soltes de segellament o de millora mediambiental cada any”, va indicar el secretari autonòmic, que va visitar la Basseta Blanca divendres passat. Un pla autonòmic denominat ‘De nord a sud’ preveu el segellament d’una trentena d’abocadors al llarg de tot el País Valencià. Pressupostat en 20 milions d’euros, el pla s’ha posat en marxa entre altres punts crítics de la geografia del fem, en l’enorme i polèmic femer de La Murada, a Oriola, centre del cas Brugal i de la trama corrupta orquestrada al voltant del pla zonal de residus del Baix Segura.

Les cales inicials, per a les quals aporta la Generalitat al voltant de 70.000 euros, són imprescindibles per a ajustar el projecte definitiu de segellament de l’abocador de la Basseta Blanca, que ha de resoldre, no solament l’adequada cobertura amb terra i la revegetació, sinó la impermeabilització prèvia, el drenatge d’efluents contaminants i l’eliminació de gasos emanats de la descomposició del fem.

“Aquestes i altres obres que es preparen en altres punts de la Comunitat Valenciana dins del Pla autonòmic de segellament d’abocadors, per a aquest 2016, són l’exemple de com no degué ser mai la gestió dels residus urbans”, va sentenciar Julià Àlvaro en la seua visita a la Basseta Blanca.

Hace 20 años, desde que fue cerrado en 1996, el vertedero de La Basseta Blanca, en Riba-roja de Túria, al que fue a parar durante una década la basura del área metropolitana de Valencia, espera su sellado. Este mes de agosto han comenzado, por fin, los sondeos para determinar la profundidad y características de los millones de toneladas acumulados en él. Y el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Àlvaro, ha insistido con ese motivo en que es fundamental “el sellado de este y de otros antiguos vertederos que durante décadas han sido abandonados y sin ningún control ambiental ”.

La Basseta Blanca es el ejemplo de las nuevas prioridades de la Generalitat Valenciana en materia ambiental. El Pacte del Botànic, que dio pie a la formación del gobierno del PSPV-PSOE y Compromís, apoyado desde las Corts Valencianes por Podemos, se limita a plantear una “gestión sostenible de residuos”. La escueta declaración de intenciones esconde, sin embargo, una tarea ingente en materia de ordenación de los planes zonales, que fueron en ocasiones, como en el 'caso Brugal', centro de sonoros escándalos de corrupción, y también en materia de regeneración.

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, que dirige Elena Cebrián, un departamento gestionado por la rama verde de Compromís que representa Verds-Equo, incide en el cambio de paradigma y la reducción de residuos en origen, por lo que plantea iniciativas como la de implatar el retorno de envases y otras medidas. Al mismo tiempo,, se ve obligada a actuar para planificar nuevas instalaciones y plantas de tratamiento, al tiempo que recupera espacios degradados precisamente por años y años de política poco acorde con las directrices de la Unión Europea, una política que consistió en sacar de las ciudades toneladas y toneladas de basura como fuera.

El sellado de vertederos no puede quedar en manos de los ayuntamientos en solitario, ha señalado Àlvaro, que respondió a la reclamación del alcalde de Riba-roja, el socialista Robert Raga, de una efectiva colaboración entre instituciones para resolver de una vez el problema de un vertedero que ha causado filtraciones de lixiviados y alrededor del cual ha habido denuncias de vertidos furtivos e incotrolados que todavía investiga la Fiscalía.

“No se puede dejar el mantenimiento post-clausura de estas instalaciones antiguas a los ayuntamientos en solitario, ni ir haciendo obras sueltas de sellado o de mejora medioambiental cada año”, indicó el secretario autonómico, que visitó Basseta Blanca el pasado viernes. Un plan autonómico denominado 'De nord a sud' prevé el sellado de una treintena de vertederos a lo largo de todo el País Valenciano. Presupuestado en 20 millones de euros, el plan se ha puesto en marcha entre otros puntos críticos de la geografía de la basura, en el enorme y polémico basurero de La Murada, en Orihuela, centro del 'caso Brugal' y de la trama corrupta orquestada alrededor del plan zonal de residuos de La Vega Baja.

Las catas iniciales, para las que aporta la Generalitat alrededor de 70.000 euros, son imprescindibles para ajustar el definitivo proyecto de sellado del vertedero de La Basseta Blanca, que ha de resolver, no solo su adecuada cobertura con tierra y su revegetación, sino su previa imperabilización, el drenaje de efluentes contaminantes y la eliminación de gases emanados de la descomposición de la basura.

“Estas y otras obras que se están preparando en otros puntos de la Comunitat Valenciana dentro del Plan autonómico de sellado de vertederos, para este 2016, son el ejemplo de cómo no debió ser nunca la gestión de los residuos urbanos”, sentenció Julià Àlvaro en su visita a Basseta Blanca.