El grupo español de distribución de bebidas alcohólicas Varma SL, del que es consejera y accionista junto con su familia Blanca de la Mata y Pobes, la esposa del exministro, expresidente del Congreso de los Diputados y actual diputado del PP, Jesús Posada, ha reconocido por primera vez la existencia de una inspección de la Agencia Tributaria que se remonta al impuesto de Sociedades del ejercicio cerrado en junio de 2012.

Así lo refleja la empresa en sus últimas cuentas anuales consolidadas referidas al ejercicio cerrado el pasado 30 de junio, aprobadas el pasado 29 de septiembre y depositadas recientemente en el Registro Mercantil.

En ellas, Varma explica que “está siendo inspeccionada por el impuesto sobre sociedades relativo al ejercicio finalizado a 30 de junio de 2012”. Aunque “a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales todavía no han finalizado las actuaciones inspectoras”, señala que “la Dirección y sus asesores fiscales estiman que no se derivarán pasivos significativos para la Sociedad consecuencia de esta inspección”.

Es la primera vez que Varma, que no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre este asunto, se refiere a esta inspección, que comprende el ejercicio de la amnistía fiscal inconstitucional del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Hasta ese año y desde 2009, según las cuentas de aquellos ejercicios, el mayor accionista de Varma SL fue una sociedad de nacionalidad no especificada denominada Food Choice Investment Limited, que tenía un 12,86% de las acciones.

En sus cuentas de 2017, Varma SL, con sede en Alcobendas (Madrid), recuerda que “según la legislación vigente las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años o el periodo legalmente establecido por las leyes de cada país, en el caso de sociedades extranjeras”.

Malta, Panamá y Nevis

Las cuentas reflejan que la sociedad mantiene la presencia en diversos territorios opacos para la Hacienda española que afloró hace unos meses la investigación de Los Papeles del Paraíso, que centró su atención en sus filiales en Malta. En ese país, la empresa contaba a junio de 2017 con el 75% de las acciones de Viesa Malta Limited (dedicada a “tenencia de valores) y Viesa Trading Limited (”exportadora e importadora y tenencia de acciones“), domiciliadas en la localidad maltesa de Birkirkara y con una valoración conjunta de 24.430.390 euros.

En Panamá, declara el 34,33% de las panameñas Rones Finos del Caribe, SA y Barceló Comercial Internacional, SA, cuyas participaciones valora en 17.645.912 euros. Y en Nevis, otro paraíso fiscal en el Caribe, declara participaciones en Barceló Internacional, SA (34,33%) y Alcoholes Finos Dominicanos, SA (8,58%). Ambas las valora en 14.750.136 euros.

En total, esas participaciones en sociedades en Malta, Panamá y Nevis están valoradas, según la empresa, en un total de 56.826.438 euros. En 2017, Varma SL incrementó sus ventas un 6%, hasta 188,8 millones de euros, y redujo su resultado neto de impuestos un 9,13%, hasta 7 millones.

1.200 millones de pesetas opacos en los 80

En 2013, eldiario.es adelantó que la esposa del expresidente del Congreso invirtió en 1988 unos 188 millones de pesetas en un instrumento financiero diseñado por el entonces Gobierno socialista: unos pagarés del Tesoro opacos para el fisco, que no tenían retención, que no pagaban impuestos, que apenas generaban rentabilidad y que solo servían para aflorar el dinero negro que manejaban grandes fortunas. El Estado vendía esos títulos y no hacía preguntas sobre el origen del dinero.

Todas estas operaciones financieras a las que se sumaron Blanca de la Mata y sus hermanos se hacían a través de una sociedad de inversión: Eurocapital, que en el año 1991 protagonizó uno de los mayores escándalos financieros de la época al quebrar y ser intervenida por el Banco de España, que descubrió una contabilidad B con una caja negra por valor de 5.000 millones de pesetas. Una vez saneado, el banco fue vendido por una peseta a Unicaja. La familia política de Posada, que está casado con Blanca de la Mata en régimen de separación de bienes, controlaba el 20% del Banco Europeo de Finanzas, la filial de Eurocapital que también quebró junto a la matriz.

La documentación a la que accedió en 2013 eldiario.es mostró que la esposa, los cuñados, la suegra y las empresas familiares del entorno del entonces presidente del Congreso tenían hasta 1.200 millones de pesetas fuera de la vista de Hacienda. Al cambio actual, convertido en euros y descontada la inflación, la cifra equivaldría a casi 15 millones de euros de este momento.

Estas fuertes sumas se gestionaban mediante Eurocapital y se invertían en esos productos financieros opacos que no tributaban. Nunca se aclaró qué fue de estos importes, si se regularizaron, como en un primer momento asumió el presidente del Congreso, o si se buscó otra vía para mantenerlos fuera del alcance del fisco.

Varma SL, distribuidora de bebidas alcohólicas de la que es consejera Blanca de la Mata y Pobes, esposa del expresidente del Congreso y actual diputado del PP, Jesús Posada, tiene desde 2011 una filial en el pseudoparaíso fiscal de Malta, Viesa Malta Limited, heredera de otra empresa panameña, Viesa Panamá SA, creada en 2001 y que la empresa de la familia política del exministro decidió sacar de ese territorio offshore tras entrar en vigor el convenio de doble imposición e intercambio de información entre España y Panamá.

Así lo revela la investigación de los llamados Papeles del Paraíso. la última filtración a la que ha tenido acceso el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), que en España tiene como socios a laSexta y El Confidencial, y que desenmascara la ingeniería fiscal que utilizan distintas entidades para la evasión fiscal.

Según El Confidencial, la filial maltesa de Varma, Viesa Malta Limited, depende de Importaciones y Exportaciones Varma SA (Viesa), filial de Varma con una facturación de 156,3 millones de euros el año pasado. Se constituyó en mayo de 2011, justo después de la entrada en vigor del citado convenio, que permitió que los datos de los contribuyentes españoles que elegían Panamá para crear empresas con un alto grado de opacidad fluyeran con más facilidad entre ambos gobiernos.

El abogado del Grupo Varma asegura que el cambio de Panamá a Malta se produjo para intentar “europeizar todas las empresas” que dominan los De la Mata y lo atribuye a las “facilidades en el cambio de domicilio” y la creación de empresas en esa latitud que, asegura, es “más cara en impuestos que en España”. Malta tiene el tipo del Impuesto de Sociedades más alto de UE (35%), pero en la práctica y gracias a múltiples deducciones el tipo efectivo se queda en apenas el 5%. Además, no hay retenciones al pago de dividendos e intereses.

En cuanto a Viesa Panamá, el Grupo Varma la creó, según su representante, “porque los que nos vendieron Ron Barceló tenían una firma panameña y nosotros calcamos lo que ellos tenían. Nosotros no queríamos comprar su panameña. No nos gustaba y, además, nos lo recomendaron así los asesores. Esta estructura no es para pagar menos impuestos, es una estructura para ahorrar costes, que es distinto”.

El portavoz de la familia De la Mata concluye: “Todo es totalmente transparente, somos un grupo empresarial que nunca nos hemos aprovechado de estas jurisdicciones para defraudar ni para ocultar nada. Lo hemos declarado en Hacienda. Tenemos inspecciones diarias porque somos gran empresa”.

Pagarés ocultos al fisco

En 2013, eldiario.es adelantó que la esposa del expresidente del Congreso invirtió en 1988 unos 188 millones de pesetas en un instrumento financiero diseñado por el entonces Gobierno socialista: unos pagarés del Tesoro opacos para el fisco, que no tenían retención, que no pagaban impuestos, que apenas generaban rentabilidad y que solo servían para aflorar el dinero negro que manejaban grandes fortunas. El Estado vendía esos títulos y no hacía preguntas sobre el origen del dinero.

Todas estas operaciones financieras a las que se sumaron Blanca de la Mata y sus hermanos se hacían a través de una sociedad de inversión: Eurocapital, que en el año 1991 protagonizó uno de los mayores escándalos financieros de la época al quebrar y ser intervenida por el Banco de España, que descubrió una contabilidad B con una caja negra por valor de 5.000 millones de pesetas. Una vez saneado, el banco fue vendido por una peseta a Unicaja. La familia política de Posada controlaba el 20% del Banco Europeo de Finanzas, la filial de Eurocapital que también quebró junto a la matriz.

La documentación a la que accedió en 2013 eldiario.es mostró que la esposa, los cuñados, la suegra y las empresas familiares del entorno del entonces presidente del Congreso tenían hasta 1.200 millones de pesetas fuera de la vista de Hacienda. Al cambio actual, convertido en euros y descontada la inflación, la cifra equivaldría a casi 15 millones de euros de este momento. Estas fuertes sumas se gestionaban mediante Eurocapital y se invertían en esos productos financieros opacos que no tributaban. Nunca se aclaró qué fue de estos importes, si se regularizaron, como en un primer momento asumió el presidente del Congreso, o si se buscó otra vía para mantenerlos fuera del alcance del fisco.

Jesús Posada quedará muy pronto inmortalizado en la galería de retratos que la Cámara Baja exhibe en la primera planta del antiguo edificio de la carrera de San Jerónimo. La Mesa del Congreso acaba de autorizar los trámites para que el expresidente de las Cortes, como sus antecesores, tenga también su propio cuadro, para el que se ha presupuestado un coste máximo de 66.000 euros. 

La cifra no figura aún en el portal de la Transparencia de la web del Congreso. Pero se publicará en cuanto la contratación se materialice, según asegura un portavoz autorizado de la Cámara. Será la primera vez que se haga porque hasta ahora esos datos nunca se han dado a conocer oficialmente.

Por este motivo es muy difícil saber cuánto lleva gastado la institución parlamentaria en inmortalizar a sus expresidentes desde que en 1977 arrancó la legislatura constituyente. Durante más de tres décadas la opacidad en estas partidas -como en otras muchas otras- ha sido total.

Pese a ello, los gastos de los últimos retratos han terminado conociéndose, bien porque los han desvelado los homenajeados, o bien por la información facilitada de forma extraoficial por algún miembro de la Mesa.

Este órgano de gobierno deja que sean los propios expresidentes los que elijan al artista y el estilo de obra que prefieren. Posada se ha decantado por el retratista donostiarra Ricardo Sanz. El propio diputado del PP explicó a eldiario.es antes de tomar la decisión que dejaba esos detalles en manos de su mujer, que “es la que más empeñada está en que quede bien en el cuadro”.

El encargo de estos retratos llevan tiempo rodeados de controversia por el alto desembolso que supone a las arcas de las Cámaras. Tanto es así que Podemos, aunque asegura que comprende que es “una tradición”, va a plantear que a partir de ahora se rebaje sustancialmente el presupuesto destinado a estos menesteres, según han adelantado a eldiario.es fuentes de la formación morada. Una petición a la que podrían sumarse otros grupos, como el PSOE y Ciudadanos.

El debate del gasto de los cuadros no es nuevo

El asunto del gasto de los cuadros ya fue debatido en la Comisión de Cultura del Congreso en junio de 2013 a petición de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que pactó una proposición no de ley con el PSOE. En ella se instaba al Gobierno a implantar “otros métodos de elaboración” de los retratos oficiales que resultasen “menos onerosos para el Estado”, recomendando extender el uso de fotografías, como la que eligió en su momento el socialista Manuel Marín para la galería, que solo costó 24.780 euros. La iniciativa fue tumbada por el PP, que contaba entonces con mayoría.

La misma suerte corrió en 2008 la petición del PNV y del diputado de ICV, Joan Herrera, para que se quitaran de la pared los cuadros de los tres expresidente de la etapa franquista, Esteban de Bilbao, Antonio Iturmendi y Alejandro Rodríguez Valcárcel, en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica. La idea fue desestimada durante la etapa de José Bono, por lo que permanecen en su sitio.  

Precisamente, el debate en la Comisión de Cultura sobre la vieja costumbre de pagar altos precios por esos cuadros se suscitó a raíz de la polémica del precio del que se encargó para Bono, que en plena crisis económica eligió para ser inmortalizado al pintor madrileño Bernardo Pérez Torrens, con un coste de 82.600 euros.

Pérez Torrens fue también autor del retrato de Félix Pons, que presidió el Congreso tres legislaturas, entre 1986 y 1993. De aquella otra pintura acrílica aerografiada, realizada como la de Bono en blanco y negro, no se sabe su precio.

Tras el barullo organizado, el propio expresidente de Castilla La Mancha y exministro de Defensa decidió hacer un discreto acto de inauguración de su retrato, sin protocolo ni medios de comunicación. Curiosamente, el cuadro solo pudo contemplarse un día porque tuvo que ser descolgado al día siguiente, porque empezaban las obras de rehabilitación en la Cámara baja. Posteriormente regresó a su sitio.

La 'barata' fotografía de Marín

El caso dio mucho que hablar porque su antecesor en el cargo, el también socialista Manuel Marín, que presidió la VIII Legislatura, acababa de optar por una fotografía de Cristina García Rodero, que salió mucho más barata. 

Bono, molesto, declaró entonces que “si Marín cree que debe enviarnos una fotografía en vez de un cuadro, como se ha hecho desde 1810, lo dejaré colocado en mi despacho para que la siguiente Mesa del Congreso decida qué hacen con ella”.

El día de su exposición en el Congreso, Marín ni siquiera estuvo presente y la foto apareció colgada en la galería un buen día de abril de 2014.

Por su parte, el retrato de Federico Trillo, presidente en la VI Legislatura, fue encargado a Cristóbal Toral. Según las estimaciones que se hicieron, la factura llegó a superar los 37.000 euros.

En la galeria de la primera planta también puede verse el retrato de la expresidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, que presidió la VII Legislatura, y fue además la primera mujer en ostentar ese cargo. Rudi eligió al pintor gaditano Hernán Cortés Moreno, uno de los artistas preferidos por muchos políticos y por la familia real.

La pintura acrílica fue presentada en un solemne acto celebrado en el Salón de Conferencias del Congreso, con discurso incluidos, y en presencia de los entonces miembros de la Mesa las dos Cámaras. El precio del cuadro, como el de algunos de sus otros antecesores, no fue desvelado por la Mesa del Congreso. 

Junto a los ya citados, en el Congreso llevan mucho tiempo expuestos los cuadros de Fernando Álvarez de Miranda, que presidió las Cortes Constituyentes, obra de  Álvaro Delgado;  el de Landelino Lavilla, presidente de la I Legislatura, realizado por Ricardo Macarrón; o el de Gregorio Peces-Barba, que dirigió la II Legislatura, que pintó Rafael Canogar.

El próximo turno será para el socialista Patxi López, a pesar de que todavía no lo ha  solicitado. Aunque su mandato como presidente de las Cortes no llegó ni a los seis meses, también tiene derecho a figurar entre ese elenco de personalidades inmortalizadas en delicados lienzos. Como lo tendrá en su día Ana Pastor, del PP, si la tradición para entonces no se rompe.

Los diputados que acuden esta mañana al Congreso para asistir a la primera sesión de control al Gobierno en la Cámara baja están expresando su consternación por la repentina muerte de la exalcaldesa de Valencia y senadora ex del PP, Rita Barberá, esta mañana de un infarto.

El expresidente del Congreso, Jesús Posada, ha lamentado su muerte y ha señalado la “cacería totalmente injustificada” de la que estaba siendo objeto por el caso Taula de supuesta financiación ilegal del PP.

Por su parte el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que “cada uno tendrá sobre su conciencia lo que ha hecho y ha dicho” de ella, “las barbaridades que se le han atribuido sin ninguna prueba y justificación”.

En declaraciones en el Congreso, el expresidente de la Cámara ha reconocido que la muerte de Barberá le supone una “situación tristísima” pues conocía a la política desde que eran niños. “Una mujer a la que se le ha perseguido y ha sufrido una cacería injustificada -ha señalado-. Lo siento de verdad”.

Por su parte, la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Dolors Montserrat, visiblemente afectada, ha dicho que le causa gran tristeza y que es una pena.

“No se lo merecía”, ha acertado a decir la veterana diputada del PP Celia Villalobos.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dado el pésame a su familia y a sus compañeros de partido.

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha expresado también sus condolencias. “Con independencia de los actos que cometió, hay que respetar a las personas aunque no se compartan las ideas”, ha dicho.

Jesús Posada ha decidido cobrar como diputado por Soria y renunciar a la cesantía a la que tenía derecho durante dos años como expresidente del Congreso. Tal y como adelantó eldiario.es, la Mesa del Congreso le había dado quince días para optar por uno de los dos sueldos, ya que por ley cobrar dos sueldos públicos es incompatible. Posada, al final, ha preferido optar por ingresar su nómina anual de 80.000 euros brutos como diputado por la circunscripción por la que fue elegido las pasadas elecciones y así se lo ha comunicado por carta a su sucesor, Patxi López.

Posada podía haber decidido cobrar la indemnización a la que tiene derecho como expresidente de la Cámara, que era el doble de lo que recibirá ahora, 160.000 euros brutos al año. Una cantidad que habría cobrado como máximo durante dos años con derecho también a coche oficial, chofer y a escoltas. Fuentes cercanas al expresidente aseguran que desde el primer momento Posada creyó que “lo lógico” era trabajar por su provincia y por los electores que le habían dado su confianza.

En el PP creen bastante posible que Posada sea designado presidente de alguna de las Comisión del Congreso, en cuyo caso a su sueldo sumaría algo más de 1.400 euros mensuales. Las Comisiones empezarán a constituirse la semana que viene una vez que los servicio jurídicos de la Cámara han dado el visto bueno a que el Parlamento empiece a trabajar y puedan tramitarse y debatirse las iniciativas que han presentado ya los grupos de la Cámara.

No obstante, en el Grupo Popular tampoco descartan que Posada, que el próximo mes de abril cumplirá 70 años, pueda decidir más adelante dejar el escaño y retirarse de la vida política.

Jesús Posada debe tomar en 15 días una decisión: si cobra su cesantía como expresidente del Congreso durante dos años, o bien si prefiere su sueldo como diputado por Soria, ya que las dos cosas son incompatibles por ley.

Hasta ahora, Posada percibía en total más de 11.000 euros en 14 pagas mensuales por su condición de Presidente de la Cámara -que es la tercera autoridad del Estado-, cifra que incluía los complementos correspondientes -gastos de representación y libre disposición-, más su nómina como diputado por Soria, que lleva aparejado otro complemento de más de 1.800 euros al mes para residencia y manutención en la capital.

Su retribución anual –154.000 euros– superaba con creces a la del propio presidente del Gobierno, que ronda los 79.000 euros. Hasta ahora, sus antecesores cuando cesaban podían seguir cobrando el 80% del sueldo durante dos años y compatibilizarlo con otro ingreso público. Pero en 2012, Mariano Rajoy prohibió por decreto a los altos cargos percibir más de un sueldo público. La Cámara Baja, pues, tendrá que aplicar la nueva normativa.

Si Posada opta por acogerse a su cesantía ingresará durante los próximos 24 meses una candidad cercana a los 9.000 euros mensuales. Los expresidentes del Congreso, además, tienen derecho a coche oficial y a escolta durante cuatro años.

Por el contrario, si Posada decide recibir su sueldo como diputado por la provincia de Soria percibirá 4.600 euros al mes, salvo que sea designado presidente de alguna Comisión del Congreso en las próximas fechas, en cuyo caso sumaría a esta cantidad otros 1.400 euros más. Eso sí, tendría esa nómina asegurada durante el tiempo que dure la legislatura.

El expresidente del Congreso, Jesús Posada, ha apuntado que la posibilidad de que Podemos cuente o no con cuatro grupos parlamentarios distintos -incluido el valenciano que lidera Compromís- dependerá de la flexibilidad de la Mesa de la Cámara Baja, que es la autoridad máxima para interpretar el reglamento y organizar la vida parlamentaria.

Así, ha insistido en que el Tribunal Constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones que es la Mesa de la Cámara la que tiene la máxima potestad sobre su organización, “lo que la Mesa decida muy probablemente es lo que se hará y, aunque se recurra, casi aseguraría que el Tribunal Constitucional volverá a insistir” en que es el órgano al que corresponde regular.

Posada ha admitido que una de las primeras decisiones que tendrá que adoptar la futura Mesa del Congreso cuando se constituya es abordar esa pretensión de Podemos de tener cuatro grupos parlamentarios, el suyo y los que se ha comprometido a dar a los partidos con los que concurrió a las elecciones en Catalunya (En Comú Podem), Galicia (En Marea) y Comunitat Valenciana (Compromís-Podemos).

Ante ese escenario, Posada ha puesto el acento en que “una de las grandes cosas que ha tenido el reglamento del Congreso es que permite la interpretación” y que son las mayorías las que interpretan dichas normas de funcionamiento interno de la Cámara.

Además, el diputado de Compromís-Podemos, Joan Baldoví, número uno de la candidatura 'Es el moment' en las pasadas elecciones generales, mostraba este lunes su deseo de que la Mesa del Congreso, que se debe conformar el 13 de enero, “refleje la pluralidad del Estado” con la presencia de “sensibilidades diversas.

Nada más concluir el habitual discurso del presidente del Congreso en la recepción oficial del Día de la Constitución, el presidente del Gobierno ha avanzado un par de pasos y se ha acercado al líder y candidato de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha observado el acto institucional justo en frente de las principales autoridades. “Vais muy bien en las encuestas”, le ha concedido Rajoy a Iglesias, quien acudía por primera vez a este acto.

El año pasado ya estuvo invitado pero declinó su presencia. Este domingo, a dos semanas justas de las elecciones, el secretario general de Podemos sí ha ido. Sin chaqueta, como le han señalado algunos periodistas: “Con la coleta parecería un cantante de salsa. Así estoy más guapo”, ha respondido divertido. La coleta es uno de los símbolos de Iglesias (y por extensión de Podemos). Hasta el punto de que el sábado en Barcelona, Ada Colau le agradeció que fuera a ser “el primer presidente del Gobierno” que la lleve.

Acompañado de algunos de sus principales fichajes de cara al 20D: el exJemad Julio Rodríguez; los jueces Victoria Rosell y Juan Pedro Yllanes; y el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde. También ha estado su número dos por Madrid, Carolina Bescansa (acompañada de su hijo recién nacido), y sus hipotéticos vicepresidentes si forma gobierno: Iñigo Errejón e Irene Montero.

Iglesias y Rajoy ha departido durante cinco minutos en un corrillo al que se ha sumado después el candidato de UPyD, Andrés Herzog. El presidente del Gobierno y el secretario general de Podemos han comentado brevemente la participación de Rajoy en el programa La calle pregunta, en La Sexta, el sábado por la noche. Iglesias ha relatado que a Rajoy le “ha parecido” un formato “difícil” porque la gente puede “preguntar de cualquier cosa”: economía, expatriados, jueces,...

Pablo Iglesias ha entrado de los primeros al Salón de los Pasos Perdidos, donde se ha celebrado el acto. Y se ha colocado en primera fila. Justo enfrente de donde Jesús Posada ha leído su discurso, en el que ha glosado los valores de la Constitución de 1978 y su vigencia. Una aloución que ha sido aplaudida por los centenares de personas que abarrotaban el, hoy, reducido espacio.

Pablo Iglesias, sin embargo, no ha aplaudido. Un detalle que no ha pasado inadvertido para el presidente del Congreso, que luego se lo ha reprochado al número dos de Podemos, Iñigo Errejón. “Me he quedado con que Pablo no ha aplaudido”, le ha espetado en un corrillo. “Y eso que he hecho un discurso conciliador”. El secretario de Política de Podemos le ha respondido que no es de la misma opinión. Errejón ha explicado a los periodistas que el texto leído por Posada “deja fuera a media España”.

Antes, en su declaración ante los medios, Iglesias ha insistido precisamente en la necesidad de la profunda reforma constitucional que Podemos lleva en su programa. Pese a mostrarse “orgulloso del pacto alcanzado por nuestros abuelos”, Iglesias ha considerado que existe “un momento constituyente” que su partido expresa con el lema con el que está celebrando un Día de la Constitución alternativo: #Gracias1978Hola2016. Los eventos de este día alternativo se están desarrollando en plazas de toda España y tendrán su colofón en un acto en el que participarán por videoconferencia, además de Iglesias, Ada Colau, Mónica Oltra, Xosé Manuel Beiras y Victoria Rosell y en el que se desgranarán las reformas constitucionales planteada por Podemos.

Sáenz de Santamaría y la Operación Menina

Operación MeninaPablo Iglesias también ha comentado el revuelo que se ha originado después de que hablara el pasado sábado de la Operación Menina, en referencia a un posible relevo en el PP para favorecer una investidura de Soraya Sáenz de Santamaría con el apoyo de Ciudadanos. El candidato de Podemos se ha sorprendido de que se le señale como precursor de este nombre. Y ha asegurado que proviene de dentro del Gobierno. En concreto, del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo.

La campaña electoral y las distintas encuestas que se han publicado en los últimos días han formado parte de las conversaciones del día. El jefe de campaña de Podemos, Iñigo Errejón, ha asegurado que los recientes sondeos confirman “el clima de remontada” y señalan que Ciudadanos está empezando a demostrar que está en su tope y acusa ya síntomas de fatiga. Del PP ha reconocido que “está plano” y que ni sube ni baja, lo que puede interpretarse como que dan a Rajoy como ganador de las elecciones.

Los demás acompañantes de Pablo Iglesias han estado menos habladores y han participado de forma más discreta en los corrillos. Entre los periodistas ha llamado la atención que Julio Rodríguez, ex Jefe del Estado Mayor con Carme Chacón y número dos de la lista de Podemos por Zaragoza, no se haya saludado con el actual Jemad. Tampoco se le ha visto en compañía de los varios militares que este domingo han asistido al Día de la Constitución en el Congreso.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, no cree necesario en este momento la convocatoria en el Congreso de una reunión de la Diputación Permanente en la que todos los grupos parlamentarios aborden la situación en Cataluña. “Cuando la situación se pone como se ha puesto en estos momentos, deben actuar los órganos del Estado, que están precisamente para ello. Ahora la reacción debe de estar en el Tribunal Constitucional. Estamos en un momento en el que hay que tomar medidas enérgicas y concretas”, ha opinado antes de entrar en la reunión de la Mesa.

Posada cree que tras la aprobación en el Parlament de Cataluña de la moción independentista todo se ha complicado más “porque ha habido un desafío total a la legalidad española y europea. Se aprueba una resolución que lleva a no aceptar la legalidad y eso es algo realmente insólito. Pero yo quiero resaltar la reacción del Estado, llevada por el Gobierno, que siguiendo los pasos adecuados mañana probablemente va a pedir al Tribunal Constitucional que declare esa resolución como no hecha”, ha dicho.

Al ser preguntado si cree que todo esto va a beneficia al PP electoralmente, como algunos interpretan, ha replicado: “Lo que está ocurriendo es insólito y difícil y está por encima de cualquier coyuntura electoral. Esto puede beneficiar en España a los que defienden España. No cabe duda de que a los ciudadanos lo que les beneficia es que al frente del Gobierno haya partidos que defiendan a España, la Constitución y las leyes, pero no al PP concretamente. A los partidos que no defiendan España los ciudadanos nos los va a mirar bien”, ha zanjado

El presidente del Congreso ha criticado a Artur Mas por haber dicho que “se están utilizando las cloacas del Estado para atacarle” a él y a su partido con la corrupción. “Me parece muy mal que diga eso porque los que están actuando son los tribunales y la UDEF, la investigación judicial y tributaria. Y los tribunales, de acuerdo con esos datos, actúan independientemente. Eso no son las cloacas del Estado. Al revés. Ese es el estado de derecho que no puede permitir que si se han cometido ciertos delitos queden impunes”.

Sobre aprobación por el Parlament catalán de la “desconexión con España” también ha terciado la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos. “Me parece terrible. Es una situación que hasta los propios catalanes y algunos de los medios de comunicación que han apoyado de forma directa o indirectamente este tipo de locuras ahora piden rectificaciones”, ha dicho Villalobos.

En su opinión, la actuación de Mas y de los partidos que han ganado las elecciones y pretenden gobernar “no responde a lo que un Gobierno tiene que hacer, que es trabajar por las cosas reales y no por las ensoñaciones de alguien. Me parece terrible y encima es humillante para el señor Mas lo que está haciendo la CUP, diciéndole que tiene su propio candidato mientras él se está presentando. A mi todo esto me parece poco democrático y bananero más que propio de una democracia consolidada”.

Villalobos ha añadido que espera “que todo esto acabe bien para los catalanes y mal para los independentistas y eso es lo va pasar en cuanto se aplique la ley”. Al igual que Posada, también ha rechazada que el PP vaya a sacar rédito político por todo lo que está pasando en Cataluña. “Yo creo que la situación de Cataluña perjudica a todos los españoles incluidos lógicamente los catalanes. Y en las elecciones los ciudadanos harán lo que consideren oportuno, creo que está fuera de lugar ese tipo de declaraciones”, ha añadido.

Las Cámaras se disuelven pero el Congreso seguirá manteniendo los viajes internacionales que realizan habitualmente los diputados y senadores para asistir a eventos relacionados con su actividad parlamentaria. De hecho, según figura en la página web del Congreso, en el apartado sobre “Actividad Internacional”, en este momento hay programados tres viajes al extranjero: uno a Florencia, que ha tenido lugar el 26 de octubre; otro a México, entre los días 27 y 29 de este mes; y un tercero a Turquía, el 1 de noviembre.

No obstante, a partir de este martes solo podrán viajar dentro o fuera de España -con cargo a los presupuestos- los 103 parlamentarios que son miembros de la Diputación Permanente del Congreso. Todos ellos seguirán manteniendo sus actas y sus sueldos hasta que a mediados de enero comience la nueva legislatura. Los 247 diputados restantes perderán, en cuanto se publique en el BOE la disolución de las Cortes, su condición de parlamentarios y todos sus privilegios. Igual ocurrirá en el Senado.

Por este motivo, el hasta ahora diputado del PSOE, José Ignacio Sánchez Amor, no podrá acudir al viaje programado para el 1 de noviembre a Ankara (Turquía), para ejercer de observador en las elecciones que se celebran en ese país, como miembro de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. Sánchez Amor no es ni vocal ni suplente de este órgano institucional. Fuentes del Congreso no saben aún si será sustituido.

Más suerte ha tenido su compañero de grupo, Álex Sáez Jubero. El socialista sí ha podido viajar a Florencia junto con la senadora del PP, Carlota Ripoll, el lunes, 26 de octubre, justo la víspera de la disolución de las Cámaras. Ambos formaban parte de la Comisión Mixta para la Unión Europea. El motivo del viaje ha sido asistir a la “reunión sobre cooperación euro mediterránea, 20 años después de la Declaración de Barcelona”, según se explica en la web. La clausura del evento estaba prevista para las cinco de la tarde pero al menos Sáez Jubero no regresa a España hasta el día 28, miércoles, según han informado a eldiario.es fuentes cercanas al diputado.

Los que no van a tener ningún problema para desplazarse a México entre el martes, 27, y el jueves, 29, para acudir a la “Cumbre Mundial de la Alianza para el Gobierno Abierto”, son los diputados Javier Barrero, del PSOE, e Ignacio Gil Lázaro, del PP. Los dos son miembros de la Mesa del Congreso y, por tanto, también de la Diputación Permanente.

El verano pasado trajo polémica saber que en pleno julio y agosto -meses en los que, por lo general, no hay actividad parlamentaria-, la Cámara había programado viajes a Chile, Santo Domingo, Irán, Chipre o Luxemburgo, según adelantó en su blog del Huffington Post la periodista Esther Palomera.

El Congreso, desde el pasado mes de febrero, hace públicos los gastos de estos viajes internacionales de los que casi todos los diputados y senadores se han beneficiado alguna vez durante el ejercicio de sus cargos. El Senado, por el contrario, no. Las dos Cámaras en cambio sí desvelan los gastos globales de los desplazamientos que realizan trimestralmente por el territorio nacional sus señorías, que pueden consultarse ahora en el Portal de la Transparencia.

Estos datos comenzaron a subirse a las webs del Congreso y del Senado a primeros de este año después de una fuerte polémica por el secretismo que los rodeaba. El detonante fue el escándalo que provocó el caso del expresidente de Extremadura, José Antonio Monago, que siendo senador iba y venía a Canarias a costa de la Cámara Alta sin justificar el motivo, como es obligatorio. Algunos medios atribuyeron estos viajes a que iba a Tenerife a visitar a una amiga.

Monago defendió que iba para asistir a “actos de partido” y no devolvió el dinero. Desde entonces, todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en que había que hacer más transparentes estas partidas. Y consideraron que, dado los antecedentes, debían controlar también a sus parlamentarios para que no abusaran de este privilegio. 

A pesar de que el Congreso ha decidio publicar el coste de la llamada “Actividad Internacional” de sus señorías, los ciudadanos seguirán sin saber cuánto cuesta el desplazamiento de cada diputado y cada senador. El acuerdo alcanzado es limitado puesto que solo se publica el total de los viajes trimestrales, sin desgranar los destinos y los parlamentarios que los realizan. Algunos grupos, como PSOE y UPyD, los revelan motu proprio. 

No habrá sanción para el diputado de Amaiur Sabino Cuadra por romper varias hojas de la Constitución en la tribuna de oradores del Congreso. La Mesa de la institución ha decidido este martes, después de dos semanas estudiando el caso, que todo se quede en una amonestación contra el diputado y el “rechazo total a su conducta”. No obstante, el presidente del Congreso, Jesús Posada, se reunirá el jueves próximo con el parlamentario y con el portavoz de Amaiur, Mikel Errekondo, para pedirles que “retiren la ofensa” por el “ultraje a un símbolo de la libertad”.

Sabino Cuadra rompió varias hojas de la Constitución durante el debate de la reforma exprés del Tribunal Constitucional impulsada por el PP, lo que levantó airadas protesta del PP, el PSOE y UPyD, que exigieron sancionarle.

Aquel día, el presidente del Congreso reconvino a Cuadra por su comportamiento calificándolo de “inadmisible y censurable”. Varios grupos pidieron a la Mesa y a Posada que le sancionaran por su actitud “ofensiva” en sede parlamentaria contra la Constitución. UPyD incluso abogó por dejarle sin empleo y sueldo.

En el escrito que ha hecho público hoy, la Mesa rechaza la conducta de Cuadra, muestra el “apoyo a la reconvención que el señor Presidente hizo al diputado” y le solicita que “retire la ofensa proferida, advirtiéndole de que si no fuera así, la Mesa apoyaría la adopción de las más severas medidas disciplinarias previstas por el Reglamento”. El propio Posada se encargará de intentar que Cuadra rectifique, aunque los miembros de la Mesa son conscientes de que la posibilidad de sanción es muy limitada.

Además, en el escrito -que la Junta de Portavoces ha estado también debatiendo- se señala que a partir de ahora “se promoverá cualquier actuación dirigida a impedir que hechos similares puedan volver a repetirse”.

Errekondo, portavoz de Amaiur, ha avanzado que no habrá ni “rectificación” ni mucho menos manifestaciones de disculpas por parte de Cuadra al considerar que su comportamiento no es reprobable sino fruto de la libertad de expresión.

La Mesa del Congreso no ha tomado aún una decisión sobre qué tipo de sanción debe aplicarse al diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, por romper la Constitución en la tribuna de oradores. Jesús Posada ha avanzado que su deseo es que haya “unanimidad” entre los grupos parlamentarios ante la decisión que finalmente se adopte contra el diputado del Grupo Mixto, en base a un informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara.

Los diputados del PP y del PSOE que integran la Mesa -Convergència sigue sin ocupar el puesto que dejó libre Jordi Jané- han recibido el citado informe jurídico pero han preferido aplazar la decisión con la excusa de que tienen que “estudiarlo”. Pero, según fuentes de éste órgano de gobierno, no parece que vaya a haber una sanción “ejemplarizante” de suspensión de empleo y sueldo contra el diputado, como pide UPyD. Todo se quedará en una “dura amonestación condenatoria”, acompañada de una serie de “recomendaciones” para que este tipo de incidentes no vuelvan a repetirse en sede parlamentaria, según las mismas fuentes.

A la salida de la Junta de Portavoces, Posada no ha querido avanzar cuál es su posición al respecto y se ha limitado a recalcar que lo que se decida debe de ser por “consenso”. También el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ha apostado porque haya “unanimidad” en la decisión pero ha insistido en que la actitud de Cuadra no puede “pasar desapercibida por la Cámara” porque es “absolutamente intolerable”. “La tribuna del Congreso de los Diputados ampara la libertad de expresión pero lo que no ampara son gestos y actos que son directamente insultantes como los que tuvo el diputado”, ha opinado Hernando.

Los más beligerantes contra Cuadra son los populares y UPyD, que se inclinan por una sanción dura, que pase por suspenderle incluso de sus funciones, aunque sea “temporalmente”. La formación magenta lo pide directamente en la carta que envió la semana pasada a Posada.

A los escritos presentados por los socialistas, el PP y UPyD, se ha sumado también el que ha presentado Amaiur, que ha sido apoyado por el Grupo Mixto, a excepción de UPN y Foro Asturias. En él piden “sensatez” a Posada al entender que adoptar una medida “drástica” contra Cuadra supondría “mermar el derecho a la libertad de expresión” de los parlamentarios. Los abertzales recuerdan que Posada ya recriminó a su diputado el mismo día del pleno y que el presidente “decidió literalmente dejar con ello el asunto zanjado”.

A juicio de Amaiur, en el Reglamento no existe ningún artículo que contemple una actitud como la de Cuadra, “mucho menos en el artículo 106 que invocan quienes reclaman pretensión”. Según el citado artículo, “cualquier persona que en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella y fuese o no diputado, promoviere desorden grave con su conducta de obra o de palabra, será inmediatamente expulsado. Si se tratare de un diputado, el presidente le suspenderá, además, en el acto en su condición de diputado por plazo de hasta un mes, sin perjuicio de que la Cámara, a propuesta de la Mesa y de acuerdo con lo previsto en el artículo 101, pueda ampliar o agravar la sanción”. Por todo ello, creen que Posada debe dar carpetazo al caso.

El PP tiene prisa por sacar adelante la proposición de ley para reformar el Tribunal Constitucional con el fin de que pueda arbitrar sanciones en caso de incumplimiento de sentencias. Y para ello ha contado con la ayuda del presidente del Congreso, Jesús Posada, que ha decidido calificar la propuesta en solitario sin esperar una convocatoria formal de la Mesa. Su decisión ha sublevado a los grupos de la oposición que, a iniciativa del PSOE, han presentado un recurso de consideración ante la propia mesa en el que piden que se invalide la decisión.

Según fuertes de Presidencia del Congreso, Posada lo único que ha hecho es aplicar un acuerdo tomado a principios de la legislatura por los propios miembros de este órgano por el que se da atribuciones al Presidente de la Cámara para calificar todos los escritos que se presenten por la via de urgencia en periodos extraordinarios. El PP pide en la proposición de ley registrada este martes que sea tramitada de forma “urgente” y en lectura única.

Posada, que emprende viaje oficial a Cuba esta misma tarde, se dio prisa en calificar la iniciativa del PP. Este misma mañana, el PSOE y la Izquierda Plural conocieron la decisión y decidieron, a iniciativa de los socialistas, presentar un escrito, al que se han sumado también UPyD, CiU, PNV, y parte del Mixto. En él exigen que se invalide la decisión. Los socialistas y la Izquierda Plural consideran que vulnera todas las normas democráticas.

La mesa del Congreso tiene previsto reunirse oficialmente la próxima semana, pero según las mismas fuentes, Posada no ha querido esperar y tomó la decisión de admitir la proposición del PP al considerarse que entraba dentro de sus potestades y era un caso “urgente”, algo que no comparten los demás grupos.

Y es que los plazos urgían. Si Posada hubiera esperado a la reunión ordinaria de la mesa de la semana que viene, la tramitación de la propuesta no podría ser incluída en el primer pleno que celebrará el Congreso el próximo dia 15. Atrasarla significaría no llegar a tiempo de enviarla al Senado y de vuelta al Congreso para su aprobación definitiva antes de que acabe la legislatura.

Atropello democrático

Los portavoces de los grupos parlamentarios fueron reaccionando a lo largo de la mañana para mostrar su rechazo a la actitud de Posada, al que acusan de haber cometido “un atropello democrático”. Todos los grupos volvieron a denunciar el abuso del PP de su mayoría absoluta.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Magdalena Valerio, ha acusado al presidente de la Cámara de “forzar” el funcionamiento del Parlamento al dar el visto bueno a la proposición de ley del PP. En opinión del PSOE, Posada ha incumplido el artículo 31 del Reglamento de la Cámara, ya que la calificación de esta proposición de ley es función de la mesa del Congreso y no del presidente. El artículo 31 del Reglamento del Congreso recoge que es función de la mesa “calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos”, y “decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, de acuerdo con las normas establecidas en este Reglamento”.

El coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, cree que lo que pretende Rajoy es que el Tribunal Constitucional “haga de primo de Zumosol” y resuelva el conflicto catalán por la vía administrativa ya que el presidente del Gobierno es “incapaz” de hacerlo por la vía política. Lara ha apremiado a los demás grupos a parar “la cacicada inducida por el Comité Electoral del PP”.

También lo hizo el portavoz de Convergència, Pere Macias, que ha adelantado que su grupo va a emplazar a los demás a la derogación de la reforma del Constitucional. El nacionalista catalán incluso ha calificado la propuestas de los populares de “involucionista” y “digna del fraquismo”.

A todos ellos ha salido a replicar el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Pedro Gómez de la Serna. En su comparecencia, el diputado popular ha confirmado, tal y como ha adelantado el diario.es, que su partido empezó a estudiar hace meses la reforma para dotar al alto tribunal de mecanismos para actuar ante posibles incumplimiento de sus sentencias.

Según ha desvelado, nada más anunciarse la consulta del 9N, “manejaron borradores” analizando el derecho comparado para ver las posibilidades que había de hacer frente a los desacatos. “Estas medidas no se improvisan, ni se hacen de la noche a la mañana. Es un proceso lento porque es meditado y de mucho alcance y con las cosas de comer no se juega”, ha reconocido De la Serna.

Los populares sostienen que “no es preceptivo” consultar al Consejo de Estado una proposición de ley de un grupo parlamentario ya que esto solo afecta a los proyectos de ley que presenta el Gobierno. Por ello, consideran que la reacción de rechazo del PSOE se debe a “una pataleta” y a un “rabieta electoral” que solo persigue inducir “a la ceremonia de la confusión”.

Goméz de la Serna ha sostenido, además, que la “urgencia” de la medida se debe a que es necesario arbitrar formular “eficaces” cuanto antes “para desmontar un proceso de ruptura de España” ante el desafío independentista de Mas.

Todos los grupos parlamentarios han firmado este martes una declaración institucional de repulsa por los últimos casos de violencia de género. El texto ha sido leído por el secretario primero del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, del PP, al finalizar el pleno extraordinario sobre el rescate a Grecia.

En el comunicado, todos los grupos manifiestan la “repulsa más firme” por el incremento de casos de violencia de género que ha habido este verano. También expresan “su solidaridad con los hijos e hijas de las víctimas y con sus familias, así como con aquellas otras que han sido asesinadas en este año y en momentos anteriores”.

Los grupos piden “a la Administración de Justicia la mayor atención y sensibilidad hacia este fenómeno, con el fin de dar más amparo a las mujeres y conseguir que un mayor número denuncien”.

Por la mañana, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, había exhortado a todos los grupos parlamentarios a que consensuaran la declaración al entender que el Parlamento debe ser el “altavoz” de la sociedad frente a esos crímenes repudiables. El ministro destacó el “impacto muy duro” que ha supuesto el incremento de la violencia de género durante este verano. Pero, después, recordó que “lo mismo ocurrió el año anterior”, y prácticamente “cada verano”, época en la que en su opinión, “se incrementan los casos”.

Este es el texto firmado y consensuado por los grupos:

Los 350 diputados del Congreso gastaron en viajes durante el segundo trimestre de 2015 (del 31 de marzo al 30 de junio) 1.184.786,18 euros, lo que supone 157.576,06 euros más que en los tres primeros meses del año. Así se desprende de los datos que acaba de publicar el Congreso en su Portal de la Transparencia, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara a raíz del escándalo de los viajes a Canarias del expresidente de Extremadura, José Antonio Monago, pagados con dinero público.

En esa cifra cercana a 1,2 millones de euros se incluyen los viajes en avión, tren y el kilometraje por el uso de sus vehículos privados. Los diputados emplearon la mayor parte de este dinero -1.081.704,67 euros- en desplazamientos por razón de su “actividad parlamentaria”. Para viajes por su “actividad política”, gastaron 103.081,51 euros. En esta ocasión no hay ninguna partida por “viajes oficiales”.

Los datos del primer trimestres -del 1 de enero al 31 de marzo- se publicaron el pasado 30 de abril. En total, los diputados gastaron entonces 1.027.210,12 euros. De esta cantidad, 898.934,90 euros fueron destinados a su “actividad parlamentaria”; 124.449,18 euros los gastaron por su “actividad política”, y 3.826,04 en “viajes oficiales”.

La Cámara aclara que la facturación total se realiza “después de descontar los gastos de gestión, de cancelaciones y de cambios, así como billetes emitidos pendientes de utilización”.

La publicidad de estos datos obedece al acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios en noviembre de 2014 para que el Congreso diera a conocer cada tres meses un informe global sobre los desplazamientos de los diputados. El pacto se cerró después del escándalo que causó las frecuentes visitas a Canarias que realizó el expresidente extremeño, del PP, José Antonio Monago, en su condición de senador, para reunirse con su expareja.

El presidente del Congreso, Jesús Posada se negó entonces a que la Cámara fuera la que informara individualmente del gasto en viajes de cada diputado, dejando en manos de los grupos esta responsabilidad. Así, cada diputado tiene un plazo de quince días para comunicar por escrito a la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General de la Cámara los viajes realizados entre Madrid y sus circunscripciones. En el caso que no pueda justificar los desplazamientos que han hecho fuera de su circunscripción, el importe del gasto deberá ser devuelto.

La supervisión, en manos de los grupos

En el acuerdo de los grupos se dejó claro que “la realización de cualquier desplazamiento para un objeto distinto de los mencionados y que guarde relación con el ejercicio de la labor política o parlamentaria no podrá ser imputada al Presupuesto de la Cámara, debiendo abonarse por el diputado”. La autorización y la supervisión de estos gastos son responsabilidad de las direcciones de los grupos.

La tardanza de cerca de un mes en hacerse públicos en el Portal de la Transparencia los datos con los gastos en viajes del segundo trimestre es debido a que el proceso “no es sencillo”, según portavoces de la Cámara. Estas fuentes aseguran, además, que, en este caso de este trimestre, ha habido que tener en cuenta la actividad extraordinaria que ha desarrollado el Congreso en julio, con la celebración de varios plenos, reuniones de Comisiones y una Diputación Permanente.

El presidente de Les Corts, Enric Morera, ha remitido un escrito a Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados, en el que le solicita que el debate acerca de la reforma del Estatut d'Autonomia valenciano se celebre el próximo mes de septiembre, después de que el citado trámite parlamentario haya sido aplazado en diversas ocasiones desde 2011 a petición del PP valenciano.

Así, Morera manifiesta al presidente de la Cámara Baja la voluntad del parlamento valenciano de que la toma en consideración de esta iniciativa sea incluida en una de las primeras sesiones plenarias del próximo periodo del Congreso de los Diputados.

De igual forma, Morera demanda un “tiempo mínimo” de intervención de los diputados designados -Jorge Bellver (Partido Popular), Manolo Mata (PSPV) y Fran Ferri (Compromís) serán los encargados de defender la propuesta, que prevé un incremento de las inversiones del Estado para la Comunitat Valenciana- “aunque éste no fuera superior a los diez minutos en cada uno de los casos”.

La iniciativa legislativa del Gobierno valenciano fue presentada en 2010 y aprobada por Les Corts el 9 de marzo de 2011.

El anuncio de Mariano Rajoy de que el Congreso debatirá y votará la aportación española al tercer rescate griego pilló este miércoles por sorpresa al presidente de la Cámara. Jesús Posada se tuvo que enterar por los periodistas de la necesidad de convocar un Pleno extraordinario durante la primera quincena de agosto. Mientras hacía cábalas sobre cuándo podría encajar en la agenda parlamentaria, la prensa le ha informado de que la decisión estaba tomada: pocos días antes del Eurogrupo fijado para mediados de ese mes.

El presidente del Congreso estaba al frente de la sesión cuando Rajoy ha anunciado su intención de llevar a la Cámara la posición española sobre el programa “porque son muchos los recursos que se reclama que garanticen los contribuyentes españoles”. Dado lo apretado de la agenda parlamentaria de este verano, la incógnita era cuándo pretendía el presidente que los diputados discutieran el asunto.

Por el momento, la llegada de los Presupuestos Generales al Congreso se producirá el 4 de agosto, cuando Cristóbal Montoro entregará el pendrive con las cuentas para el año que viene. Habitualmente, ese gesto se producía en septiembre, aunque la intención del Gobierno de acelerar su tramitación para dejarlos aprobados antes de las elecciones ha variado el calendario. El debate de totalidad tendrá lugar los días 24 y 25 de agosto, después de las comparecencias pertinentes en comisión de los diferentes altos cargos de cada ministerio.

Al terminar Rajoy su primera intervención, ningún miembro del Gobierno parecía tener claro cómo y cuándo se haría. El primero en ser interpelado fue Luis de Guindos. El ministro de Economía improvisó una respuesta en los pasillos del Congreso y adujo que había “muchas” posibilidades. Entre ellas, citó un Pleno, una comisión y hasta “algún tipo de proposición o moción”. 

El indicado para saberlo, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, pidió tiempo a los periodistas y se metió en la zona reservada al Gobierno que hay a la entrada del palacio. Poco después, José Luis Ayllón salía para informar de que sería De Guindos quien explicara el sistema, pero que él también estaría al lado “por si era necesaria alguna aclaración”.

En efecto, el ministro de Economía acudía al cabo de unos minutos para anunciar que el formato elegido sería un Pleno y que este tendría lugar poco antes del Eurogrupo que en principio está fijado para el 14 de agosto y que aún puede variar de fecha. De esta forma, ha explicado, asistirá a la cumbre cuando el Parlamento ya se haya pronunciado.  

A pesar de que Rajoy ha anunciado su decisión como si fuera la primera vez, lo cierto es que el Congreso ya se pronunció durante los dos primeros programas de rescate a Grecia. La primera vez fue el 15 de septiembre de 2010, cuando se convalidó el Real Decreto de ayudas con el voto en contra de ERC, IU e ICV. La segunda ocasión fue en septiembre de 2011. 

A preguntas de eldiario.es Región de Murcia, Jesús Posada se ha posicionado a favor de la postura del presidente del Gobierno autonómico de Murcia, en cuanto a que los políticos imputados en causas judiciales no formen parte de las candidaturas electorales. “Coincido con Alberto Garre: imputados en las listas, no”, ha manifestado el presidente del Congreso de los Diputados.

“Los dos somos hombres de partido y yo entiendo que esa es la opinión del Partido Popular. Es verdad que se ha dicho que cuando llegue el momento se verá caso a caso, pero en general yo pienso que no va a haber imputados en las listas”, ha afirmado Posada.

Sobre la imputación del expresidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, por el caso Novo Carthago, solicitada hoy por el Magistrado del TSJMU Manuel Abadía, Jesús Posada ha declinado pronunciarse al respecto, señalando que “respeta las decisiones judiciales”, y que aunque parezca dicha afirmación se dice para salir del paso, “no es así”.

“Nosotros respetamos las decisiones judiciales, lo que no quiere decir que siempre nos gusten”, ha reconocido Jesús Posada, para añadir: “A veces nos gustan y a veces no nos gustan, pero eso es irrelevante, lo relevante es que cualquier decisión que tome este u otro magistrado, el Partido Popular, y yo más todavía como presidente del Congreso de los Diputados, la vamos a respetar y bajo ningún concepto la vamos a juzgar”.

Por otro lado, y en un tono más distendido, Posada ha quitado importancia al 'asunto Candy Crush' que salpica a Celia Villalobos desde el pasado debate sobre el Estado de la Nación, y ha afirmado que tanto Villalobos como el resto de miembros que en ocasiones deben sustituirlo en la presidencia de los Plenos, lo hacen de manera denodada. Sobre este respecto, habla Jesús Posada en el siguiente vídeo.

“Yo no le pido explicaciones a la vicepresidenta ni tiene por qué dármelas”. Esa ha sido la respuesta del presidente del Congreso, Jesús Posada, después de que a su número dos en la Cámara, Celia Villalobos, se la grabara jugando al Candy Crush en su tableta mientras presidía el debate sobre el estado de la nación.

Posada no ha querido desautorizarla y ha reconocido que eso es dificíl que le pase a él porque no sabe cómo “manejar esos aparatos”. Aun así, ha declarado que la tarea de presidir la Cámara es “absorbente” y “no conviene hacer otra cosa” a la vez.

Aunque Posada no tenía ningún entusiasmo por hablar del asunto, los periodistas lo han rodeado en el pasillo. Parece una invasión“, ha comentado con Vicente Martínez-Pujalte antes de rendirse. Ya ante los micrófonos y las cámaras, Posada ha defendido que Villalobos estaba presidiendo el debate en ese momento porque él había salido para hacer unas llamadas.

Ella dirá lo que considere oportuno, ha empezado. Cuando se le ha informado de que Villalobos había asegurado estar leyendo la prensa y no jugando, Posada se ha escurrido con que “el tema de los detalles lo tiene que contar ella”.

A pesar de no “manejar esos aparatos”, Posada sí ha dicho que presidir la Cámara no es compatible con hacer nada más a la vez para moderar bien el debate. Por eso ha explicado que en cuanto accedió al cargo dejó de leer los diarios, como sí hizo durante años cuando era un diputado de a pie.

La Mesa del Congreso ha vuelto a dar largas a la inauguración del Portal de la Transparencia que la Cámara tenía que haber abierto hace más de un mes para cumplir con la ley, aprobada a finales del mes de diciembre. El presidente, Jesús Posada, ha declarado a la salida de la reunión de este órgano que espera que “todos los aspectos más importantes” puedan estar cerrados “en un mes o mes y medio” para que el portal sea una realidad “antes de Semana Santa”. “He dado instrucciones para que este asunto se trate con rapidez, pero sin apresuramiento”, ha añadido Posada.

A pesar de este nuevo retraso, el Congreso, en una nota de prensa distribuida después de la reunion de la Mesa y de la Junta de Portavoces, da por cerrado el acuerdo y afirma que “han sido aprobadas las normas para la aplicación de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a la Cámara, en relación con su actividad sujeta a derecho administrativo, así como los contenidos del portal de la transparencia, que estará disponible en breve”.

Según la nota, en el portal se incluirá “el presupuesto tanto del Congreso como de las Cortes Generales, información sobre la ejecución presupuestaria y los convenios en vigor suscritos por la Cámara”. También podrá conocerse “la relación de los contratos menores que se formalicen, completando de esta manera la información del perfil del contratante, en el que ya se publicaban los procedimientos de contratación de mayor cuantía”.

Otra de las novedades será  la publicación del organigrama “detallado” de la Secretaría General, el régimen económico de los cargos nombrados por la Mesa, así como el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la Cámara.

Sin embargo, no se subirán a la web las nóminas de sus señorías. La información sobre los sueldos seguirán en el apartado de “régimen económico” de los diputados, que ya figura en la web. Si el ciudadano quiere conocer la cuantía total del salario de los diputados tendrá que ir sumando cantidades en función de sus cargos.

En el portal sí habrá un listado de los bienes del Congreso, “tanto muebles como inmuebles, con una especial referencia al patrimonio histórico-artístico, bibliográfico y documental existente”.

La Mesa tiene que concretar asimismo el procedimiento que se utilizará para que los ciudadanos puedan solicitar la información que crean de su interés, sin obligación de explicar sus motivaciones. El Congreso tendrá un mes de plazo para responder a estas preguntas. En caso de inadmisión los ciudadanos afectados podrán interponer un recurso.

Aunque Posada parece satisfecho, algunos portavoces como José Luis Centella, de la Izquierda Plural, consideran que la Mesa se ha quedado “corta” y se ha perdido una oportunidad de “acercar la calle al Parlamento” al no incluir en el portal “unos mínimos para recuperar credibilidad y cercanía”.

En opinión de Centella, el Congreso debería hacer un esfuerzo para alcalzar el listón que hay en otros países de la Unión Europea y que la información vaya “más allá de los aspectos administrativos” para que el ciudadano “sepa que hay detrás de las leyes y qué es lo que motiva su presentación”.