El Govern ha expressat la seva confiança que s'aconsegueixi un acord en el conflicte del transport interurbà de Balears (TIB) en les pròximes hores o dies, amb l'objectiu d'evitar la vaga indefinida prevista a partir d'aquest divendres. Així ho ha indicat aquest dijous la vicepresidenta segona i consellera de Presidència, Coordinació de l'Acció de Govern i Cooperació Local, Antònia Maria Estarellas, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern.

Estarellas ha assegurat que l'Executiu “no defallirà” i que continuarà mediant fins a tancar un pacte: “Persistirem fins que es puguin polir tots aquests punts que estan en desacord”, ha afirmat.

La vicepresidenta ha explicat que els consellers de Transports i de Treball, José Luis Mateo i Catalina Cabrer, porten dies en contacte amb els sindicats i la patronal per a facilitar l'enteniment. A més, des de la Conselleria de Treball s'està realitzant un seguiment constant del conflicte i es continuen les converses.

“Demanem responsabilitat a les parts per a resoldre aquesta situació”, ha subratllat Estarellas, que també ha volgut disculpar-se davant els usuaris per les molèsties que està ocasionant la vaga.

El Govern ha expresado su confianza en que se alcance un acuerdo en el conflicto del transporte interurbano de Baleares (TIB) en las próximas horas o días, con el objetivo de evitar la huelga indefinida prevista a partir de este viernes. Así lo ha indicado este jueves la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Estarellas ha asegurado que el Ejecutivo “no desfallecerá” y que seguirá mediando hasta cerrar un pacto: “Persistiremos hasta que se puedan pulir todos estos puntos que están en desacuerdo”, ha afirmado.

La vicepresidenta ha explicado que los consellers de Transportes y de Trabajo, José Luis Mateo y Catalina Cabrer, llevan días en contacto con los sindicatos y la patronal para facilitar el entendimiento. Además, desde la Conselleria de Trabajo se está realizando un seguimiento constante del conflicto y se continúan las conversaciones.

“Pedimos responsabilidad a las partes para resolver esta situación”, ha subrayado Estarellas, que también ha querido disculparse ante los usuarios por las molestias que está ocasionando la huelga.

Las personas que este lunes tenían que coger el autobús desde Tarragona hacia Sant Vicenç de Calders (Tarragona), dentro del plan alternativo de transportes por el corte ferroviario en Roda de Berà, lo hacían con nervios y desconcierto por saber si podrían realizar el trayecto debido a la huelga de transportistas convocada para este lunes.

Las afectaciones han sido más evidentes en Sant Vicenç de Calders, donde los pasajeros tienen que bajar del autobús y hacer transbordo a los trenes de cercanías. Muchos de ellos han perdido el tren y han tenido que esperar entre 20 y 30 minutos a que pasara el siguiente convoy en dirección a Barcelona. Ariadna Viladomat, una de las pasajeras, ha explicado a la ACN que su autobús formaba parte de los servicios mínimos, pero “ha llegado muy justo y hemos perdido el tren”.

Maika Segur, otra usuaria del autobús, ha descrito la jornada como “caótica”. Según ha explicado, en la estación de Sant Vicenç de Calders los informadores le dijeron que este lunes había huelga y que, por lo tanto, los horarios que estaban expuestos no funcionaban. “Nos han dicho que fuéramos a las paradas, esperáramos y que, con un poco de suerte, llegaría un autobús a la hora que necesitábamos”, ha explicado indignada. “Es una falta de respeto para quienes usamos el transporte público para ir a trabajar”, ha denunciado Segur, quien considera que “deberían estar un poco más organizados”.

Debido a la huelga, se han suprimido los autobuses directos entre Sant Vicenç de Calders y Vila-seca - Cambrils, y Reus. En cambio, se ha mantenido el que va directo a Salou - PortAventura. La huelga del transporte por carretera de este lunes también afecta al servicio de autobuses que ha contratado Renfe por el corte ferroviario. Con la aplicación de los servicios mínimos decretados por el Gobierno, se han reducido un 26% las expediciones diarias del servicio complementario al tren. De este modo, se ofrecen 161 expediciones, en lugar de las 600 habituales.

No llegan al transbordo

Ariadna Viladomat y Laura García son dos amigas que van a Barcelona, una diariamente y la otra de manera más esporádica desde que están las obras. Viladomat sabía que había paro, pero explicó que habían revisado los servicios mínimos y su autobús no estaba afectado. Finalmente, sin embargo, han llegado tarde a Sant Vicenç de Calders y el tren ya había salido. Han tenido que esperar veinte minutos a que llegara el siguiente. “Otras veces podías coger el tren cuando llegaba el autobús. Esta vez no ha sido así, pierdes muchísimo tiempo”, ha señalado Viladomat.

García tarda una hora y veinte minutos y asegura que normalmente el servicio alternativo de autobús funciona “bien”. En cambio, este lunes calcula que necesitarán dos horas para llegar a Barcelona. Un testimonio similar es el de Gabriel Gras, quien vive en Barcelona y hace este trayecto dos veces por semana para regresar a su casa, en Tarragona.

“Hoy todo tenía que ir bien, pero al llegar el autobús, el tren ya había salido”, ha declarado Gras a la ACN. Además, ha avisado de que tendrían que esperar al siguiente tren que viene desde Lleida, que habitualmente ya va “lleno” y hoy acumula quince minutos de retraso. También ha destacado que las otras veces que había utilizado el servicio del plan alternativo, en el transbordo en Sant Vicenç de Calders, había podido coger directamente el tren sin tener que esperar.

Algunos usuarios lamentaron la falta de información sobre la huelga de autobuses y los servicios mínimos decretados. Lucía Cobian e Izan Moreno, que vienen de municipios afectados por el corte ferroviario no sabían que este lunes había una parada de los conductores de autobuses. Ambos cogen el tren todos los días y luego el autobús para ir a estudiar a Tarragona. Señalan que tardan hasta dos horas en hacer un trayecto que antes realizaban en poco más de 40 minutos. Hoy tuvieron que sumar algunos minutos más debido a la huelga.

Más buses de los previstos

Desde la estación Basttestini de Tarragona, el servicio mínimo del plan alternativo de transportes se ha desarrollado sin incidencias. De hecho, salieron más autobuses de los previstos y anunciados por Renfe. Aun así, desde primera hora de la mañana, la afluencia de gente ha sido constante y, según ha afirmado August González, quien utiliza el plan alternativo todos los lunes para ir a Barcelona, “hay más gente de lo habitual”.

Una sensación que también han tenido Paula Alemán y Esther Jávega. Ambas han llegado a la estación en uno de los autobuses de la EMT de Tarragona. “Estaba abarrotado, no podíamos entrar al autobús”, ha dicho Alemán, quien ha añadido que la gente estaba nerviosa por miedo a no conseguir el servicio. Por su parte, Jávega ha criticado la falta de conocimiento por parte de los informadores de Renfe.

“A mí me dijeron que hasta las ocho no salía ningún autobús, pero en los horarios de la huelga salía uno a las 7:30 horas”, ha explicado esta usuaria que temía no llegar a tiempo al trabajo. Finalmente, ha podido subir al vehículo de las siete y media, tal como estaba previsto.

Este nerviosismo y miedo a llegar tarde han hecho que usuarios como Ricard Kirchner hayan tomado el tren desde Barcelona hacia Tarragona tres horas antes de lo previsto. “Como temo todo, he tomado el primer tren de la mañana”, ha explicado este usuario que ha llegado pasadas las siete de la mañana a la capital tarraconense, aunque no entra a trabajar hasta el mediodía.

Hacia una propuesta conjunta

Los secretarios generales de CCOO, Javier Pacheco, y UGT, Camil Ros, han señalado que la huelga del transporte de viajeros por carretera, que ha comenzado es por “salud” y para “dignificar” esta profesión. Así se han expresado en el inicio de la marcha, convocada por ambos sindicatos, en la plaza Ildefons Cerdà, que finaliza frente a la sede de Foment del Treball, en Barcelona.

Según ambas organizaciones, la movilización ha reunido a unas 800 personas para reivindicar la jubilación anticipada a los 60 años. Ros ha denunciado la posición “impresentable” de la patronal del sector. Por ello, espera que después de la manifestación “baje y se siente a negociar”, para que se pueda hacer una propuesta conjunta.

Quan falten catorze dies perquè s’acabe la gratuïtat de l’abonament jove, el Consell continua sense aclarir si es tornarà a prorrogar una de les mesures estrela de l’anterior govern de Ximo Puig que va nàixer el 2022 per a pal·liar la conjuntura econòmica del moment. Els més joves esperen tornar a tindre entre les mans aquesta targeta que els permet desplaçar-se il·limitadament pel nucli urbà de València i per altres municipis on està instal·lada la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Isabel Giménez fa el mateix trajecte cada dia per a poder arribar a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, on cursa el grau de Filologia Catalana. Des de Nules fins a arribar a la capital del Túria ha de fer un transbord de dos transports diferents: un tren de Rodalies i un bus de l’EMT (Empresa Municipal de Transports) per a arribar a la destinació final. “Amb Renfe m’he estalviat abonar 222 euros cada tres mesos i amb l’autobús, 25 euros”, explica. Des de setembre del 2022, el Govern central va posar en marxa una bonificació gratuïta per a viatgers freqüents de la xarxa ferroviària estatal. A diferència d’aquest, el bo dependent de la Generalitat Valenciana només és accessible per a menors de 30 anys i vàlid en el Tram de Castelló, Metrobús, Metrovalència, Tram d’Alacant i autobusos urbans i interurbans.

“Agraïsc que es puguen fer viatges il·limitats, perquè abans no ho eren. Gastava una targeta mensual amb un trajecte d’anada i tornada al dia. No podia desplaçar-me més”, explica l’estudiant. Des de l’última ampliació del títol unipersonal, el juny del 2023, s’han comptabilitzat 18 milions de viatges, xifra que ha suposat un estalvi de 15 milions d’euros per a les famílies de la Comunitat Valenciana.

Clàudia (nom fictici) també necessita el seu abonament per a anar a la universitat. Resideix en un poble de la Ribera Alta i assegura que prefereix usar el transport públic abans que el seu cotxe particular: “Que siga gratuït m’ha facilitat poder anar al meu centre d’estudis amb cost zero. M’he estalviat prop de 50 euros al mes, que és el que invertia en les targetes mensuals, i ara puc gastar aquests diners en altres coses de què abans em privava, com l’oci”, manifesta. Per als usuaris de més de 30 anys també es va introduir un descompte de fins a un 50% (vigent fins al juliol de 2024) en les tarifes anteriors. Els preus oscil·len, per a la targeta SUMA 10, entre quatre i vint euros depenent de la zona; mentre que les taxes de la SUMA mensual parteixen de 17,50 euros i arriben fins a 65,50 euros. A això, Giménez afig que hi ha altres necessitats i despeses a què destinar els diners, com “la compra de llibres obligatoris per a la carrera o necessitats mèdiques que no cobreix la Seguretat Social”.

Així mateix, l’estudiant insisteix que és una de les millors iniciatives, destinada als més joves, que ha pogut aprovar el Govern: “No tots els estudiants tenen un sou o les seues famílies posseeixen una renda estable per a pagar mensualment o trimestralment aquestes xifres”.

Augment de l’ús del transport públic

“He deixat de banda el meu vehicle per a anar a la faena. L’usava set vegades a la setmana i destinava al voltant de 150 euros al mes en combustible. Crec que és una oportunitat que ens permet als més joves poder estalviar i pagar-nos un lloguer. Hauria de ser permanent”, manifesta Mireia S. (25 anys), treballadora en hostaleria.

Concretament, la xarxa de ferrocarrils valenciana evita anualment 90.633.599 desplaçaments de vehicles privats per València i Alacant, segons xifres del servei que gestiona Metrovalència i el Tram d’Alacant.

A més, cada any s’impedeix l’emissió a l’atmosfera de 114.681 tones de diòxid de carboni, cosa que “demostra que el transport ferroviari és el més ecològic, el més sostenible i el de més respecte actualment, segons Europa Press.

En el cas de Metrovalència, aquest servei va frenar el desplaçament de 75 milions de cotxes en la capital valenciana i en la seua àrea metropolitana. Concretament, va transportar 247.924 usuaris cada dia, xifra que va superar els 300.000 durant les jornades laborals.

Sobre la base d’això, 33,8 milions de litres de combustible es van deixar de comprar, cosa que es tradueix en un estalvi significatiu de 54,1 milions d’euros el 2023 al preu de hui en gasoil i gasolina.

Rosa (nom fictici), funcionària en Metrovalència, explica que li agradaria continuar repartint aquests passatges: “Afavoreix tant el medi ambient com l’economia de la gent. Crec que és una de les raons per la qual s’hauria de continuar apostant. Dec haver repartit gairebé 300 bons i el que més m’alegra és la felicitat amb què se’n van els més joves quan saben que podran visitar la ciutat o anar a veure els seus amics a altres pobles sense gastar-se molts diners en un servei que és públic”.

Pel que fa al transport interurbà, l’EMT va arribar a un total de 100.762.227 passatgers el 2023, xifra més alta en els últims 15 anys per a l’empresa municipal. A més, ha crescut durant l’any passat un 13% sobre el 2022, i un 4% sobre el 2019.

Tant Isabel com Mireia i Clàudia esperen que aquest incentiu romanga en vigor com a alternativa a la dificultat d’accedir a un habitatge de lloguer i poder desplaçar-se al lloc de treball o d’estudis sense que coste “un ull de la cara”.

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprobado una normativa que permite a las operadoras del transporte público -metro, tranvías, Rodalies de Renfe y ferrocarriles- prohibir temporalmente el acceso de patinetes eléctricos.

La medida tendrá una aplicación de seis meses, el tiempo que necesita la ATM para constituir un grupo de trabajo formado por Protección Civil y Bomberos que determinará si la medida será definitiva o no.

Esta decisión se toma a raíz de un episodio vivido el pasado 18 de noviembre, cuando la batería de un patinete eléctrico se sobrecalentó en un tren de Ferrocarriles a la altura de Sant Boi. El fuego y el humo se propagaron por los vagones, causando que tres pasajeros fueran trasladados al hospital por heridas leves.

Sin subidas en los precios del transporte público

Este lunes, la ATM también ha aprobado mantener congeladas las tarifas del transporte público del Área Metropolitana de Barcelona durante el 2023, decisión que se mantiene por tercer año consecutivo. De esta manera, se dará continuidad al 20% de descuento de la T-Usual y la T-Jove, a la espera de si el Gobierno mantiene la bonificación del 30% adicional, que comporta que los usuarios puedan adquirir los billetes a mitad de precio.

Lo que ya se ha confirmado es que el Gobierno mantendrá la gratuidad de las Rodalies durante todo el 2023 con el mismo abono recurrente, que se puede usar desde el 1 de septiembre.

Otra de las novedades respecto al transporte público será que, a partir de 2023, Catalunya empezará a decir adiós a los títulos en cartón. El primero en desaparecer será la T-Jove, que funcionará sólo con la T-Mobilitat, un soporte de plástico que se puede recargar en taquillas o con el teléfono.

De esta manera, la ATM pretende impulsar el uso de este soporte, que se inició en 2021 y que no ha tenido, hasta ahora, la acogida que se esperaba.

En parte, el bajo número de usuarios responde al hecho de que, al contrario de lo que se predijo, este soporte no se encuentr presente en toda Catalunya, sino que sólo se puede usar en las seis primeras coronas del AMB. Los nuevos cálculos de la Generalitat apuntan a que la T-Mobilitat esté operativa en toda Catalunya en 2024.

La intención del Govern es que los billetes de plástico dejen de existir en el AMB en otoño de 2023 para, a principios de 2024 dejar atrás el sistema tarifario de las coronas y empezar a calcular el precio del billete estableciendo un cálculo basado en los kilómetros recorridos.

Incomplir la llei de transparència té un preu, i no només per la qualitat democràtica de les institucions. TMB, l'empresa pública de transports de Barcelona, ha gastat almenys 8.791 euros en informes jurídics externs, encarregats per justificar la posició de l'empresa en la línia de mantenir ocults els sous i noms dels seus càrrecs.

Els tres informes, els expedients de contractació dels quals ha tingut accés aquest diari, es van encomanar a dos despatxos d'advocats entre el maig i el setembre de l'any passat, en ple litigi jurídic de l'empresa amb la Comissió de Transparència (GAIP) sobre la revelació de noms i sous del personal fora de conveni de TMB.

L'empresa buscava arguments jurídics per rebutjar la sol·licitud d'accés a la informació pública que, d'acord amb la llei, havia realitzat aquest diari al febrer i ho havia elevat a la GAIP a l'abril. Tot i la inversió de diners públics en opacitat, la GAIP va acabar donant la raó a Catalunya Plural.

El primer dels informes jurídics externs va ser encarregat el 18 de maig al despatx barceloní de Tornos Advocats, del catedràtic de Dret Administratiu per la Universitat de Barcelona Joaquín Tornos Mas, jurista vinculat al PSC. El responsable de l'Àrea Jurídica de TMB, Albert Casanovas, li va sol·licitar un dictamen per determinar “el grau de subjecció de l'empresa a la llei de transparència”, considerant “la naturalesa jurídica de TMB”. Casanovas es refereix al fet que TMB és una empresa de capital públic però amb forma de societat mercantil.

L'informe va ser enviat pel despatx Tornos Advocats el juny del 2016, cobrant a canvi 6.050 euros, incloent-hi l'IVA.

El 6 de setembre, l'Àrea Jurídica de TMB va tornar a reclamar un informe al mateix despatx, en nom del conseller delegat Enric Cañas (Bcomú). En aquest cas, preguntava sobre una de les resolucions que la Comissió de Transparència (GAIP) havia emès sobre el cas, en què retreia a l'empresa haver publicat directament a la seva web els noms de la seva cúpula en comptes de lliurar-los al mitjà que li reclamava. En aquest cas, TMB buscava argumentació jurídica sobre la publicació d'aquests noms i sous, i la seva adequació a llei de Protecció de Dades.

Aquest segon informe va ser elaborat pel mateix advocat, Joaquim Tornos, cobrant per ell 1.815 euros, IVA inclòs.

Per aquelles dates, l'Àrea Jurídica de TMB també estava preocupada per la destrucció de dades de caràcter personal dels seus treballadors. Era d'un dels arguments que havien al·legat davant la GAIP per no revelar les dades que se li reclamaven des de 2007, assegurant que no coneixien el parador d'arxius anteriors a 2011. Però aquest argument podia ocasionar a l'empresa problemes d'un altre tipus, si la destrucció de documents que suggerien no havia respectat la llei d'arxius i patrimoni documental.

Així que Casanovas va tornar a demanar un informe, aquest cop a un altre despatx, Audiservicios Asesores, perquè l'informés sobre durant quant de temps havia de conservar les dades dels seus treballadors i, per tant, des de quin termini havia de donar-hi accés. En aquest cas les factures van ser dos, de 382,5 euros cadascuna, que en total i comptant l'IVA ascendeix a treballs per 926 euros. L'informe es va emetre el 14 de setembre.

Ocultació de les factures des del desembre

Coneixent l'existència d'aquests informes jurídics externs, aquest diari va reclamar formalment accés als seus expedients de contractació, amb les seves respectives factures, el 28 de desembre del 2016. L'empresa, però, es va negar a lliurar aquesta documentació, malgrat que la llei de transparència l'obliga no només a donar accés davant una sol·licitud sinó a publicar a la seva pàgina web els imports de tota la seva contractació menor.

Davant la negativa de l'empresa a complir la llei de transparència, aquest diari va sol·licitar, un cop més, l'arbitratge de la GAIP. Aquesta comissió va reclamar explicacions a l'empresa, que va acabar donant les factures dels dos primers informes. No obstant això, respecte al tercer encàrrec, TMB va demanar a l'empresa Audiservicios un certificat sobre l'existència de la factura, certificat que va aportar a fi de seguir ocultant la factura.

Tornos i els informes per a organismes públics

Els dos primers informes van ser encarregats al despatx Tornos Advocats, i estan signats per Joaquín Tornos, catedràtic de Dret Administratiu per la Universitat de Barcelona, president de la Comissió Jurídica de la patronal catalana Foment del Treball i vinculat al PSC. El 2013, l'advocat va ser una de les persones triades pel llavors secretari del PSC, Pere Navarro, per explicar a Madrid la seva proposta federal. Posteriorment, el 2015, Pedro Sánchez ho va triar per formar part del seu consell d'experts per a la reforma constitucional del PSOE.

En l'extens currículum de Tornos figura a més haver estat president del Consell Consultiu de la Generalitat, l'antecessor de l'actual Consell de Garanties Estatutàries. El catedràtic va arribar a aquest càrrec el 2005, durant el govern del PSC, després d'haver format part de l'organisme durant diversos anys, a proposta del mateix partit. No obstant això, Tornos dimitiria de la presidència al març dle 2006, per la polèmica suscitada per l'encàrrec de quatre informes al bufet Advocats Associats SL, del qual Tornos era soci.

La Constitució espanyola assenyala al seu article 20 que la llibertat d'informació només pot tenir límit en el dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. Això és precisament el que al·lega un nombrós col·lectiu de treballadors de TMB, la majoria d'ells directius i caps, per reclamar al jutge que aturi les resolució de la Comissió de Transparència que obliga l'empresa pública de transport a revelar els seus noms i sous.

El grup de directius i tècnics va impugnar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la resolució de la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació Pública (GAIP), favorable a la petició d'informació feta per Catalunya Plural al febrer del 2016. En aquell recurs van reclamar més mesures cautelars, que el TSJC va avalar en un primer moment però va aixecar després.

Ara els directius tornen a reclamar mesures cautelars, aquesta vegada amb una argumentació jurídica que demana obertament limitar el dret a la informació d'aquest diari. L'escrit presentat davant el TSJC s'estén en consideracions sobre la tasca informativa d'aquest mitjà, a la qual acusa d'“agressiva” i de “crear titulars” per “captar sucoses xifres de lectors”.

L'advocat dels caps de TMB assegura que en la petició d'informació pública d'aquest mitjà hi ha “un rerefons polític” més enllà del merament informatiu, i que “els interessos dels particulars” [els seus clients] han d'estar per sobre de l'“interès periodístic”. “Una cosa és la transparència i una altra és, sota el paraigua de la transparència pretendre l'obtenció de finalitats que van més enllà de la veritable comesa de la llei de transparència”, assegura l'escrit del lletrat Antoni Ferré Mestre.

En una altra part de l'escrit, el lletrat es sorprèn i retreu a aquest mitjà que publiqués els noms dels directius de TMB que van recórrer davant del TSJC la decisió de Transparència d'obligar a revelar els seus noms i sous. De fet, gairebé un any després de la primera petició a TMB, Catalunya Plural no ha obtingut de l'empresa la informació que va sol·licitar.

La batalla contra la transparència d'un part dels directius i càrrecs de l'empresa pública, presidida per la regidora de Mobilitat de Barcelona, Mercedes Vidal, ve de lluny. Però el seu últim escrit augmenta diversos graus la intensitat obstruccionista contra la transparència, passant d'una interpretació estreta de la llei a argumentar que es dictin unes mesures amb l'objectiu d'evitar una investigació periodística.

Després de l'escrit, el jutge ha tornat a imposar cautelars contra la resolució de la Comissió de Transparència, que defensa l'advocat de la Generalitat. El tribunal haurà de resoldre ara el recurs, podent deixar les mesures cautelars fins que hi hagi una sentència ferma sobre la qüestió o tornant-les a aixecar, com ja va fer el mes passat.

Independentment de la decisió que prengui el jutge, l'empresa pública ja ha incomplert una resolució ferma de l'organisme durant mesos, de manera que seria aplicable el règim sancionador previst a la llei. La CUP va anunciar el mes passat que reclamaria a Ada Colau, com a presidència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona del qual depèn l'empresa, incoar sancions contra els màxims responsables de l'empresa, que dirigeix Barcelona en Comú.

Les tarifes del transport públic a Barcelona no pujaran aquest 2017. Així ho han anunciat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, després d'una reunió a tres bandes amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Puigdemont i Colau s'han felicitat per l'acord i han anunciat que el cost de la congelació i les noves bonificacions serà de 20 milions d'euros per a les administracions catalanes. Barcelona ja havia descartat la pujada de tarifes a l'abril.

La congelació de les tarifes, una mesura que es dóna per tercer any consecutiu, no ha estat l'únic anunci després de la reunió: la T-12, transport públic gratuït per a nens i joves, s'amplia fins als 16 anys (fins ara era fins als 14, inclosos); l'ampliació era una promesa a ERC de fa un any. “Val més un any tard, que mai. Esperem que ara sí que s’implanti”, han considerat fonts republicanes.

D'altra banda, també es crearà una targeta verda per a episodis d'especial contaminació. El nou títol de transport, que encara no té nom, pretén que els ciutadans de la ciutat deixin el cotxe a casa els dies de més pol·lució. Segons l'Ajuntament de Barcelona, el cost de la targeta seria similar al de la T-10.

Després dels anuncis, Carles Puigdemont i Ada Colau han carregat contra el govern central per la manca d'inversió en transport a Barcelona. “El govern [central] ha d'assumir la part que li tocaria”, ha dit Puigdemont, que ha explicat que això serien uns 10 milions d'euros del total de 20 milions per la congelació i les noves bonificacions. Els dos líders han lamentat les baixes aportacions de l'Estat al transport públic, com ja havia fet l'Ajuntament de Barcelona fa uns mesos. La xifra provinent de l'Estat s’ha vist reduïda a més de la meitat en els últims cinc anys: s’ha passat de 200 milions l’any 2010 a 98,6 milions d'euros en l’actualitat.

De fet, Puigdemont i Colau han passat a l'acció i han reclamat que l'any que ve l'Estat aporti 108 milions d'euros, amb l'objectiu de revertir la situació. Les administracions catalanes volen que la xifra augmenti progressivament i que l'any 2018 siguin 147 milions. El president de la Generalitat ha considerat que existeix una doble vara de mesurar per part del govern de Mariano Rajoy, ja que a Madrid se n'aporta més.

Després de mesos de batalla administrativa, Catalunya Plural va aconseguir el 7 de juliol una resolució favorable que obliga Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), l'empresa de transport públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a lliurar diverses informacions. Aquesta setmana, a tres dies que s'esgotés el termini per lliurar-les, l'empresa va publicar una part d'aquestes dades. Mercedes Vidal, regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de TMB, explica els detalls, dificultats i projectes a llarg termini del procés per transparentar l'empresa de capital públic més gran de Catalunya.

Per què l'Ajuntament ha omès que la Comissió de Transparència ha obligat TMB a publicar els sous dels seus directius?la Comissió de Transparència ha obligat TMB a publicar els sous dels seus directius

Perquè aquesta obligació no ve exclusivament d'una persona. Agraïm el periodisme d'investigació, però l'obligació és col·lectiva i pròpia. Vam fer transparència des del primer minut que vam entrar a TMB. A més, vam contractar el nou conseller delegat de TMB i vam publicar el seu sou en una nota de premsa, que va ser una política totalment inusual fins aleshores. El periodisme ha fet el seu paper, els treballadors porten anys lluitant per això i nosaltres mateixos, venint dels col·lectius d'on venim, hem estat exigint aquesta transparència. És un exercici de salut democràtica, no de posar-se medalles.

Quan va arribar a l'Ajuntament va tenir la sensació que TMB era una empresa opaca o sobre la que, almenys, hi havia moltes acusacions d'opacitat?

Sí. Quan vam entrar vam ser conscients que calia obrir portes i finestres. El nostre paper a les institucions, pel que fa a la transparència, és fer complir la llei. És una llei molt ambiciosa i estem fent tots els esforços per complir-la. De fet només s'ha de veure que en un any mai s'havia avançat tant en transparència a TMB. Ho fem per llei i per convicció. També sorprèn que alguns dels que ara ens demanen més rapidesa i més accions han estat manant molts anys a TMB.

La responsable de transparència de TMB quan Catalunya Plural va començar aquest procés de petició d'informació, Asunción Santolaria, va ser cessada fa poc més d'un mes. Quin va ser el motiu?

Vam creure que les seves responsabilitats podien assumir-les altres àrees, es podia repartir entre l'estructura existent. És part d'un procés de remodelació de la directiva que ha implicat la sortida de dues persones que s'han substituït per unes altres, i de dues més les responsabilitats de les quals s'han repartit entre altres persones.

Hi ha qui pot preguntar-se com és possible que un diari, introduint peticions de transparència que acaben en una comissió d'arbitratge, acceleri els seus terminis de compliment més que la voluntat de la presidenta de l'empresa.

La veritat és que ja estava previst publicar aquestes dades en aquest termini. Més enllà d'això, fer transparent una empresa tan opaca com TMB no és gens senzill, i menys en plenes negociacions dels dos convenis col·lectius, de bus i metro.

Vol dir que la negociació de convenis és un dels factors que els ha portat a amagar la informació que es reclamava?

No, el que dic és que la negociació de convenis, que és molt complicada, juntament amb el nostre paper com a garants del dret a la mobilitat, ens ha impedit dedicar totes les energies que haguéssim volgut a la transparència. La ciutadania tenia molt clar que la prioritat era resoldre els problemes derivats de la negociació dels convenis. Això ha ocasionat que, lamentablement, no haguem tingut tota la dedicació que haguéssim volgut per resoldre una qüestió tan complexa com aquesta.

Vostè com a presidenta de TMB pot assegurar que l'1 d'octubre, quan ens lliurin noms i sous del personal fora de conveni, no hi trobarem exdirectius amb sous de 100.000 euros?noms i sous del personal fora de conveni

Hi pot haver responsables d'àrea que estiguin cobrant sous que no els corresponen, que vénen d'èpoques anteriors. Nosaltres de moment només hem contractat dues persones dins de l'estructura directiva, que són el conseller delegat, Enric Cañas, i el responsable de Màrqueting. I són precisament les persones d'aquesta llista que tenen el sou més baix.

El responsable de Màrqueting de TMB és Joaquim Balsera, l'exalcalde de Gavà del PSC, no?

Sí.

Qui i com tria i nomena els directius de TMB?

En el cas del conseller delegat, ho fa l'AMB, i la seva aprovació es porta al consell d'administració.

I en el cas de la resta és igual? Per exemple, Balsera. Qui l'escull i nomena?

En aquest cas no, perquè és una responsabilitat menor. Quan vam entrar dues persones van sortir i dues van entrar, amb rebaixes de sous molt considerables. TMB depèn de la vicepresidència de Transport de l'AMB, que és un òrgan polític, per tant hi ha una dependència. Però a l'AMB hi ha un govern ampli, on també hi participen el PSC i ERC, i la responsabilitat és compartida per tots nosaltres. Aquests nomenaments van venir per la vicepresidència de Transport de l'AMB [càrrec que ocupa l'alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda (PSC)].

Considera que els directius, i concretament els contractats pel seu govern, són les persones més adequades possibles pels llocs que ocupen?

Les dues contractacions que hem realitzat tenen bastantes novetats, no únicament la rebaixa salarial. De fet, aquest és el primer conseller delegat que té un perfil tècnic i d'experiència gerencial prèvia en una empresa de transport.

A més d'haver estat assessor d'ICV.

Ho va ser en un moment determinat, però això no implica una militància. Vam buscar un perfil determinat i també de confiança política, especialment pel lloc del conseller delegat, que té responsabilitats polítiques.

Què es va valorar en el cas de l'exalcalde de Gavà, Joaquim Balsera?

La seva experiència en el camp del màrqueting i també com a cap de gabinet d'alcaldes a l'ajuntament de Barcelona.

Nomenar Balsera va formar part del pacte de govern de l'AMB amb el PSC?

Bé, estem en un govern compartit, i més en una vicepresidència que depèn directament del PSC. És una responsabilitat i una decisió compartida. Dit això, ens responsabilitzem de les persones que hem incorporat i entenem que la resta hi és per decisions prèvies sobre les quals cal aprofundir i veure quina direcció es pren. Però el debat sobre la necessària racionalització de l'estructura directiva és poc amic de demagògies i de titulars.

Abans presumia d'haver anunciat el sou de Cañas. En el cas de Balsera per què van preferir no anunciar el nom?

El cas del conseller delegat té més rellevància com a figura tècnic-política. Balsera entra com a director de Màrqueting, que és una peça més a l'organigrama.

Qui és el responsable de que una petició de transparència es respongui de manera parcial o no respongui, com va ser l'enviada per Catalunya Plural el 28 de febrer?

La responsabilitat és de l'empresa. La idea, és clar, és complir amb els terminis.

Qui és el responsable de transparència de TMB en aquest moment?

L'enllaç de transparència de TMB és Marc Barberà, que depèn de la directora econòmicofinancera, Lola Bravo.

Durant aquests sis mesos en què s'ha negat aquesta informació vulnerant la llei, no considera que ja hi ha hagut incompliments que mereixen la depuració de responsabilitats, dins de l'empresa o polítiques?

Ens hauria agradat anar més ràpid, però la primera obligació de l'empresa és moure diàriament 1,3 milions de persones. A part d'això, portem des de l'inici de la nostra entrada a TMB negociant dos convenis col·lectius molt complexos, els del bus i el metro. A més, es tracta de fer complir la llei de Transparència a una empresa mercantil [TMB és una empresa privada de capital públic], la qual cosa tampoc és tan senzilla com en una administració pública. No teníem clar moltes peticions i sempre volem que tot estigui ajustat a la llei i que tota la informació que es doni sigui veraç.

Amb tot això, creu que la situació que s'ha creat mereix algun tipus de depuració de responsabilitats?

Des de l'anterior publicació de transparència ja ens preparàvem pel pas següent. Tenim clar que això és un procés. El fet d'haver-nos retardat, que és així, respon al desig de complir amb la llei de Transparència.

Un cop publicades les noves dades, sindicats com CGT van denunciar que hi ha exmembres de la cúpula directiva que han passat a estar contractats fora de conveni però mantenint el sou. És cert?sindicats com CGT van denunciar que hi ha exmembres de la cúpula directiva

Hem començat a racionalitzar l'estructura directiva de TMB i queden molts passos per donar. És una empresa que porta molts anys funcionant d'una determinada manera i nosaltres hem de fer que funcioni de la forma més eficient possible. La nostra política sempre ha estat de moderació salarial, i això ho vam demostrar el primer dia amb la contractació del conseller delegat, que no només vam publicar sinó que li vam rebaixar el seu sou en més d'un 40%.

La pregunta és sobre els treballadors fora de conveni.

És cert que a TMB hi ha un col·lectiu desmesurat de gent fora de conveni. Això no vol dir que siguin directius, ni molt menys. Els directius a TMB són els que ara han estat publicats amb nom i cognoms. Després hi ha altres persones, càrrecs mitjans, encarregats, etc. Però aquestes persones no tenen un paper directiu.

Considera que els sous dels directius són adequats?

Hem dut a terme una política de moderació salarial entre els directius bastant contundent i ajustant l'organigrama. Hem de seguir avançant en aquesta mateixa política. És molt complex, perquè tothom a TMB té contractes laborals, ningú té un contracte d'alta direcció excepte el conseller delegat. Això és una anomalia, perquè un alt directiu no hauria de tenir un contracte amb una protecció laboral que es dissenya pels treballadors i amb unes prestacions que corresponen a sous menors.

Una altra de les coses que s'ha criticat és una suposada cúpula hipertrofiada. Què n'opina?

La massa salarial dels directius correspon a menys de l'1% de la massa total del que ens gastem en salaris a TMB. És una empresa enorme, parlem de 8.000 persones que reben en concepte de sous més de 270 milions a l'any. L'estructura directiva ha de ser d'acord a la grandària de l'empresa. Això sí, ara estem centrats a transparentar aquesta estructura, sobre la qual amb prou feines hem començat a actuar.

Això suggereix que hi haurà actuacions de més calat en el futur. En què està pensant?

Cal fer una reflexió àmplia sobre els sous a les empreses públiques, en la línia que venim marcant. Però això no es pot fer d'esquena ni a la resta de la plantilla ni a la resta d'empreses del sector. No som una administració pública amb nivells funcionarials, som una empresa pública que des d'allò públic pretén mirar de tu a tu a qualsevol empresa de transport públic... del món. El repte és conjugar tot això amb ser referents en excel·lència, i això també passa per ser referents en transparència. Hi ha poques empreses públiques que estiguin oferint dades a nivell de transparència de l'exactitud que ara ofereix TMB. I seguirem avançant.

El seu govern ha trobat resistències dins de TMB per retardar o paralitzar el lliurament d'informacions a què obliga la llei?

No és fàcil aplicar la transparència a una empresa on algunes persones que hi porten treballant més de 20 anys han tingut anonimat. En aquest país no existeix la cultura de fer públic el teu nom i el teu sou. Nosaltres com a càrrecs públics hem assumit aquesta responsabilitat, però és difícil que la resta de la gent vagi entrant en aquesta cultura de la transparència. En un país com el nostre en què parlar de sous ni tan sols està ben vist en una conversa informal. Hem de fugir d'aquesta cultura i entendre que la publicitat dels sous és el normal. La transparència no és una qüestió d'ideari polític, es tracta de cultura democràtica.

La regidora de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, ha mostrat aquest dilluns en compareixença la “disconformitat” del govern municipal amb les aportacions al transport públic de proximitat per part de l'Estat. L’Ajuntament de Barcelona, tal i com es va oficialitzar divendres al Consell de Ministres, rebrà 98'6 milions d’euros de subvenció per part del govern central, una xifra que s’ha vist reduïda a més de la meitat en els últims cinc anys: s’ha passat de 200 milions l’any 2010 a 98'6 en l’actualitat. L’Ajuntament però ha descartat la pujada de tarifes a finals d’any. Ara mateix, es troben congelades.

El Consell de Ministres del passat divendres va aprovar subvencions per al transport públic regular i terrestre de viatgers a Madrid, Barcelona i Canàries, per valor de 126 milions, 98,6 i 25 milions d'euros, respectivament. Des del govern de Colau es considera “imprescindible” que per part de l'Estat hi hagi un compromís més ferm amb la mobilitat quotidiana per eixugar l’endeutament de més de 500 milions d’euros: “L’Ajuntament ha augmentat la seva partida però cal que l’Estat també faci un esforç amb la mobilitat de proximitat”.

Vidal ha recordat que els compromisos de contaminació no es podran complir si no es millora el sistema de transport públic i que la responsabilitat sobre el transport de proximitat recau en un 25% en l’Ajuntament, un 25% en l’Àrea Metropolitana i un 50% en la Generalitat, que és qui té cedides les competències.

Per tractar la qüestió tarifària, l’Ajuntament ha obert un espai participatiu pioner perquè la ciutadania es pugui expressar: “Es necessita transport públic assequible i barat, i més en un moment en què les demandes són punyents. S’ha de fer atractiu per a la ciutadania, el transport”, ha remarcat Vidal, que ja havia defensat la necessitat d'un debat públic aquest dilluns en un article publicat a Catalunya Plural. L'espai de participació s'ha obert dins del Pacte per la Mobilitat i ja s’ha fet una sessió inicial amb l'objectiu de recollir criteris i socialitzar quines són les qüestions que més preocupen.

‘Recuperar' la T-Mobilitat

El contracte de la T-Mobilitat, anterior al govern de BComú, preocupa al consistori. “Ho vam dir durant la campanya i ho mantenim, aquest és un projecte [la T-Mobilitat] que va en contra del bé comú: no és el nostre projecte”, ha afegit Vidal. “Revertir el contracte ja adjudicat tindria un cost de 70 milions d’euros que l’Ajuntament no pot assumir, per això, dins del marc legal, volem augmentar el control públic”. Vidal assegura que “hi ha vies” i que s’estan explorant amb la Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l'objectiu de renegociar el contracte amb el grup d'empreses que desplegaran la T-Mobilitat a finals d'any.

Si l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau va anunciar aquest dijous que les obres per unir els dos tramvies -el Tram Besòs i el Tram Baix- per la Diagonal s’iniciaran al llarg de l’any que ve, la regidora de Mobilitat de l’ajuntament, Mercedes Vidal, ha dit aquest divendres que el cost serà d’aproximadament uns 100 milions d’euros, inversió que assumiria el consistori. Vidal ho ha dit en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, on ha reconegut que hi ha un “gran equip” de tècnics avaluant la viabilitat d'aquest projecte, “una obra de gran abast que milloraria la vida de moltíssimes persones”.

D'acord amb l’agenda del projecte presentada aquest dijous durant el plenari del Pacte per la Mobilitat, els estudis previs encarregats, “molt avançats” segons Colau, estaran enllestits a finals de febrer. Si és així, això ha de permetre iniciar durant aquest any la redacció del projecte constructiu i l'inici de les obres l'any que ve, va explicar Colau, que va matisar que aquest serà el calendari del projecte “si no hi ha cap entrebanc”. 

D'aquesta manera es respon a la demanda que plataformes com Diagonal per a Tothom, Per la Qualitat de l'Aire, així com la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya i la FAVB van fer a l'estiu a l'alcaldessa de la ciutat perquè posés en marxa l projecte que pretén unir en una sola línia els actuals dos fragments al llarg de la cèntrica avinguda barcelonina. Segons reivindicava llavors l'Associació per a la Promoció del Transport Públic la unió del tramvia podria fer augmentar la càrrega de passatgers dels 80.000 actuals a 160.000, basant-se en dades d'estudis de l'Autoritat de Transport Metropolità

Durant l'acte l'alcaldessa va afirmar que des del consistori estan “preparats” per tirar endavant aquest projecte i va demanar la col·laboració per part de la resta d'administracions públiques. En la primera reunió entre Ada Colau com a alcaldessa de la ciutat i el llavors president del Govern Artur Mas, Colau va assegurar-se el suport de la Generalitat per un dels projectes estrella del seu programa malgrat que el suport del president es contradigués amb el programa de l'alcaldable del seu partit, Xavier Trias, que s'havia negat rotundament a aquesta proposta.

.

“Si tenim sous del passat, volem preus del passat”. Amb aquest lema la plataforma Stop Pujades, que va protagonitzar una intensa lluita contra l'augment dels preus del transport públic del 2014, ha tornat a l'acció aquest dimecres. I ho ha fet amb tres reivindicacions per l'ajuntament que encapçala Ada Colau i el nou Govern català: el retorn a les tarifes del 2013, una taula social que decideixi les tarifes del transport i una T-Mobilitat “100% pública”.

La reivindicació d'aquest dimecres ha repetit les accions que havia dut a terme la plataforma fa un parell d'anys: els activistes han bloquejat les barreres d'una desena d'estacions de metro i han acabat a la Sagrera. Allà, gairebé 200 persones han celebrat una assemblea per decidir els propers passos de la reivindicació. Algú ja ha posat sobre la taula poder fer alguna acció de cara al Mobile World Congress. “Feia mesos que estàvem parades i estem molt contentes de la mobilització”, ha valorat Laura Gil, de Stop Pujades.

La plataforma reclama a l'Ajuntament de Barcelona que, si s'aproven els pressupostos de 2016, es reservi una partida que permeti abaixar les tarifes de tots dels títols de transport. “Igual que hi ha hagut anys en què s'han apujat les tarifes dos cops en un any, també es poden abaixar”, sosté Stop Pujades, que ha valorat positivament que s'hagin congelat les tarifes per segon any consecutiu i que s'hagi ampliat la T-12.

La reivindicació més contundent és al flamant conseller de Territori, Josep Rull. Stop Pujades ha exigit a Rull i a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que tinguin en compte el “clam popular” per tornar a les tarifes del 2013 -quan la T-10 costava 9,80 euros front els 9,95 actuals-. També han reclamat la “reversió total” del projecte del nou títol de transport T-Mobilitat, que consideren una privatització.

Un plantejament oposat al que ha expressat aquesta setmana el propi Rull, que ha situat la implantació de la T-Mobilitat com una de les prioritats de la legislatura. Rull ha descrit el projecte com una “gran revolució” i ha augurat que el nou títol “sacsejarà a fons el model de transport públic d’aquest país”.

Stop Pujades sosté que La T-Mobilitat, el projecte de nou sistema tarifari del transport públic promogut per la Generalitat que ha d'entrar en vigor de manera progressiva aquest any, és un “bescanvi” pel refinançament del deute de l'ATM. Així mateix, asseguren que ja ha costat més de 3 milions d'euros i que els seus beneficis s'entregaran a un grup d'empreses privades liderat per Caixabank.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el líder d'ERC a l'Ajuntament, Alfred Bosch, han arribat a un acord per estendre la gratuïtat de la T-12 dels 15 anys als 16 pels joves de famílies amb pocs recursos. La tarificació social del transport era una de les carpetes que ERC havia demanat abordar per donar llum verda a les ordenances fiscals del govern municipal, tot i que l'acord d'aquest dimarts no suposa un 'sí' definitiu dels republicans al projecte.

L'acord preveu autobús i metro gratuïts pels joves de famílies amb ingressos inferiors a l'Indicador Públic de Rentes d'Efectes Múltiples (IPREM), així com una rebaixa del 50% del cost del metro i de l'autobús pels joves de famílies amb ingressos que siguin dues vegades l'IPREM. El pacte també inclou 1,9 milions que se sumaran a la partida que dedicarà l'Autoritat Metropolitana del Transport per estendre la T-12.

Acord en transport previ a un pacte estable de govern? No, almenys en les valoracions públiques de l'alcaldessa i el cap de files dels republicans a l'Ajuntament. “ERC està a l'oposició i no hi ha novetats en aquest aspecte”, s'ha limitat a afirmar Bosch. “S'haurà de parlar en les properes setmanes si poden haver-hi acords més estables”, ha valorat Colau. Mentre no arribin, l'alcaldessa s'ha reafirmat en la voluntat de seguir executant el mandat “de canvi i de consensos”.

La fi del cicle electoral (al Parlament i al Congrés), però, hauria de facilitar que Barcelona en Comú, que governa la ciutat amb només 11 regidors de 41, assolís alguna tipus d'acord estable amb alguna de les forces progressistes del govern municipal. La primera ocasió per veure si hi ha possibilitats d'explorar un acord estable es veurà en el proper plenari, que se celebrarà dimarts que ve i hauria d'aprovar les balances fiscals pel 2016. Les negociacions, cada cop més a contrarellotge, seguiran durant aquests dies.

BComú busca el suport d'ERC i el PSC per donar llum verda definitivament a les ordenances. L'aprovació inicial del projecte va tirar endavant gràcies al vot de qualitat de l'alcaldessa i el suport del PSC i la CUP i l'abstenció d'ERC. El líder dels socialistes, Jaume Collboni, ha explicat que vol una pujada de l'IBI als immobles de més de 300.000 euros i que no farà públic el sentit del seu vot fins al dia del plenari. Per la seva banda, els republicans reclamen més subvencions a l'impost per les rendes més baixes.

El somni de l’alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), de construir una València de més d’un milió i mig d’habitants ja està en marxa. Juntament amb el Consell i els més de 60 municipis que integren l’àrea d’influència, s’ha subscrit un acord per a reconstruir la soterrada agència de mobilitat amb la creació d’una autoritat única de transport per a l’àrea de València. Així, el transport, la mobilitat esdevé un assumpte metropolità i supera la barrera municipal.

Una iniciativa que es pretén finançar a través del contracte programa de mobilitat que se subscriu amb el Govern central i a què va renunciar el llavors president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps (PP). Per a aconseguir que l’any 2017 es reben fons a través d’aquesta via cal la creació d’aquesta agència metropolitana, tal com passa en diverses àrees urbanes espanyoles. L'organisme gestionarà la majòria dels serveis de transport, com ara el metro, el rodalies o l'autobus.

Per a la constitució de l’ens, es crearan dues comissions. L’una de caràcter institucional que estarà composta per la consellera d’Habitatge i Obra Pública, María José Salvador, pels alcaldes de l’àrea que estiguen obligats a disposar de transport urbà –és a dir, amb una població superior a 50.000 habitants–, per un representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) –en representació dels altres ajuntaments–, pel director de la conselleria pertinent i per un representant de la Conselleria d’Hisenda. I l’altra de tipus tècnic formada per tres tècnics de la Generalitat, dos de l’Ajuntament de València, un de cada operador de transport (EMT i FGV) i un tècnic designat per l’FVMP.

“Les persones no entenen de fronteres municipals. No es pot creuar un carrer i que ja no pugues usar amb la mateixa targeta el servei de bicicleta municipal”, ha argumentat Ribó. No obstant això, els signants no sols han justificat la creació d’aquest organisme com a manera d’adaptar-se a les noves realitats urbanes, sinó també per a reduir la contaminació. “El vehicle privat no és la solució universal. No és sostenible des d’un punt de vista mediambiental. Per això, hem d’ajudar les persones a crear un sistema de transport públic integral i metropolità, amb facilitat d’intercanvi modal”, ha defensat la consellera del ram, María José Salvador.

Amb això, la primera peça del puzle metropolità s’encaixa. “És el primer pas per a consolidar un projecte metropolità per a València”, s’ha vanagloriat el socialista Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata. Això sí, una València metropolitana que ha de regir-se per la col·laboració entre les ciutats, sense centralisme per part del cap i casal. “Ha de ser una relació igualitària”, ha advertit Bielsa, que ha demanat “la devolució immediata” de les línies d’autobús que arribaven a Mislata, Burjassot i Alboraia, i que el PP va tancar esgrimint motius econòmics. “S’ha de passar de les paraules als fets. És una qüestió de voluntat política”, ha exigit a Ribó, que es va comprometre a restablir-les.

Tanmateix, l’àrea metropolitana plantejada, almenys en mobilitat, no se circumscriu a la que es va plantejar abans de l’arribada de l’exalcaldessa Rita Barberá (PP) al poder i que l’esquerra ha defensat històricament. Va més enllà. Afecta també els limites reals on s’expandeix la influència de València ciutat, com són les comarques del Camp de Túria i l’Horta Nord. Tota una revisió i ampliació de l’àrea metropolitana, i que pot suposar la formació d’un grup de pressió molt potent. Una amenaça al poder d’unes diputacions abocades a buidar-se.