Julián Casanova (Valdealgorfa, 1956), es historiador y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. Ha escrito varios libros sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el anarquismo. Profesor visitante en numerosas universidades, entre ellas el Queen Mary College (Londres), Harvard (EEUU) y la Central European University (Hungría). En esta entrevista, que se desarrolla por teléfono, hablamos de Cataluña, de cómo hemos llegado a esta situación y cuáles podrían ser las salidas.

¿Con qué otro país podríamos comparar lo que sucede en Cataluña?

Yugoslavia en la primera fase, antes del genocidio, venía de una transición que se asemejó al primer momento de la Transición española, pero en la actualidad no hay ningún paralelismo en Europa, ni en la segunda parte del siglo XX ni en los principios del siglo XXI. No es el caso escocés y no es Kosovo. No lo hay de un Estado que tras salir de una larga dictadura y consolidar la democracia durante 40 años, en el que haya una parte que quiera independizarse por falta de negociación del Estado, entre otras razones.

Para lograr la independencia se tienen que dar alguno de estos tres factores: negociación –caso de checos y eslovacos–, guerra o desmembración de un imperio, como el soviético.

Si tomamos el último punto, hace falta un Estado en descomposición, en quiebra o débil. Con uno fuerte y legitimado es difícil un proceso de independencia salvo que haya una guerra o una invasión. El primer paso sería tener un Estado poco fiable para un sector de la población, bien porque entra en quiebra institucional o porque no tiene capacidad de aplicar los monopolios de la violencia y de la administración. En el caso yugoslavo hay un momento en el que este aspecto desempeña un papel importantísimo. Tiene que haber un proceso de descomposición para que la oposición tenga suficiente poder y legitimidad. ¿Cuál era el segundo punto?

La guerra.

Estaríamos ante el huevo o la gallina: ¿la guerra es la consecuencia de la independencia o la guerra es un acompañante del proceso de la independencia? ¿Es la causa o es el efecto?

¿Es fuerte o débil el Estado español? ¿Tienen auctóritas las instituciones ante los ciudadanos?

La gente confunde represivo con fuerte. El concepto weberiano de Estado, el que tiene la legitimidad del monopolio de la violencia y de la administración, no tiene por qué ser represivo, al contrario. El Estado que surge de la Guerra Civil y del franquismo no es fuerte, es represivo. Un Estado fuerte necesita legitimarse ante la sociedad. Eso empezó a cambiar en la Transición y en la democracia. La gente percibió una Administración más eficaz. Las Fuerzas Armadas pasaron de ser percibidas como represivas a lograr un considerable respeto por parte de la ciudadanía. Lo mismo la Policía y la Guardia Civil. El Estado se legitimó, se hizo más fuerte.

A partir del 2008 esa legitimidad pierde fuerza en España y en otros países. En España se debe a tres razones fundamentales. La primera es la corrupción, que nos ha devuelto a tiempos en los que la política estaba hecha de corrupción, sobornos, familias y amigos. Reaparece con fuerza algo que parecía propio de la Restauración y del franquismo. En Cataluña funciona el discurso contra la corrupción, pese a que tiene una parte importante.

El segundo punto es político: la descomposición y la pérdida de fuerza de la legitimidad del Estado. El Parlamento deja de ser un foro de discusión decisivo donde los diputados de los diferentes partidos manifiestan sus posiciones. El Parlamento se convierte en un foco de los poderes políticos y no en una transmisión de la democracia. Sin eso era difícil que el fenómeno Podemos, el de los movimientos sociales desde abajo, hubiera aparecido.

En tercer lugar, el Estado no tuvo desde el principio capacidad de negociación en este proceso. Ahí perdió parte de su legitimidad. El hecho de que no haya habido un Estado negociador, sobre todo desde 2010 y el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto catalán son elementos fundamentales. ¿Es un problema universal? Posiblemente, pero en España la dimensión es gigante.

También hay corrupción en Cataluña, pero en Cataluña perciben que ha habido un intento de depurarla. Se creó una comisión en el Parlament presidida por David Fernández, de la CUP. Jordi Pujol y su familia han quedado desacreditados ante la sociedad catalana. En cambio, aquí los corruptos siguen gobernando.

Si no es verdad funciona como percepción. Unir la responsabilidad política a la culpabilidad judicial, como hacen Mariano Rajoy y el PP, decir aquí no hay responsables políticos si no se llega a una sentencia judicial. Y eximir la responsabilidad política a través de 'yo ya pasé por las urnas' ha hecho un daño tremendo a la democracia.Hay un deterioro de la política, un abismo entre los dirigentes y los ciudadanos. No hace falta más que ver lo que ha pasado en EE UU.

El fenómeno se ha hecho gigante en España por la capacidad que ha tenido el PP de mantenerse indemne en este proceso. Hay un discurso del independentismo que ha calado en Cataluña. No estamos hablando de la conciencia independentista, la identidad cultural o de conciencia política, sino del chollo que significaba que la España que nos roba estuviera dominada por ladrones. Esa percepción es muy importante en el sector más joven y menos concienciado de Cataluña.

La hora de la verdad empieza el día 2. El discurso del poder central es judicial, de utilización de una justicia desprestigiada. El Tribunal Constitucional no está fuera de toda sospecha. No lo componen los 12 mejores. Llevan puesta la camiseta de un partido. ¿Cómo se puede resolver?

Sí, eso es muy interesante. En Quebec y en Escocia, incluso en Checoslovaquia, el debate fue un debate político. Aquí hemos pasado a una segunda fase, que es la que estamos, la jurídico-constitucional: 'si no cumples la ley atente a las consecuencias'. Hay una tercera fase, anterior al 2 de octubre: ¿va a haber algún problema de orden público? ¿Llevarán las fases política y jurídico-constitucional a un problema de orden público el día 1?

Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría han prometido que no se va a celebrar ningún referéndum. Los independentistas tienen capacidad para abrir, no sé, al menos 400 ayuntamientos. ¿Va a haber un problema de orden público con una foto para el mundo distinta a la actual?

No hay una oferta política, cualquiera que se salga de la disciplina queda lapidado. Vivimos entre dos verdades absolutas.

Lo que estás planteando, que no hay mediación posible, se debe a que se ha pasado de la fase política a la fase jurídico-constitucional y a la de la movilización. Detrás de la movilización no están solo los independentistas, hay una masa social importante. Podemos plantearnos por qué hemos llegado a este punto, pero lo que está claro es que esa masa social importante no la paras solo con una negociación política en estos momentos. El papel de (los) intelectuales, de los historiadores, que en otros sitios han servido no de mediación pero por lo menos de sensatez, ha sido impensable aquí porque en realidad los razonamientos están cambiados, están subordinados a los sentimientos y a los no argumentos. Desde ese punto de vista hemos llegado a un punto de no retorno.

Pregunté a Josep Borrell, en una entrevista publicada en eldiarios.es, si detectaba un tufo balcánico en todo esto. Si a alguien se le va la mano, puede acabar mal.

Sí, pero comparar Cataluña con los Balcanes es un poco duro. Aquí no tienen peso la raza y la religión, dos elementos fundamentales que estuvieron detrás del genocidio, ni tenemos las grietas profundas del mundo balcánico. Pero sí me da la impresión de que vamos a llegar a un punto de enfrentamiento. Si el Estado quiere mantener la legitimidad y la Constitución, y si el independentismo quiere seguir el proceso que le está marcando una base social muy amplia, va a haber algún tipo de enfrentamiento.

Creo que hay dos ventajas respecto a los Balcanes. No tenemos un Ejército dividido y está subordinado al poder civil. Esta es una gran ventaja que no había en el inicio de la Transición. A alguno le parecerá una tontería, pero tener un Ejército subordinado al poder civil es básico para que la sociedad civil y la democracia funcionen. Lo único que nos podría acercar a los Balcanes es que hubiera enfrentamientos policiales, que hubiera una división en los Mossos d'Esquadra respecto a qué legitimidad obedecen, si la de los fiscales y los jueces, que en el fondo emanan de Madrid, o a la Generalitat de Cataluña. La balcanización de todo esto es difícil por lo que explicaba antes.

En los Balcanes se dan fenómenos de historia, legados culturales de raza y religión que complican la situación, lo cual no quiere decir que aquello hubiera tenido que acabar tan mal como acabó.

Hay una gran violencia verbal en las redes sociales. ¿Cómo evitar que se desborde y cómo volver a meterla en el carril para que pueda dar un diálogo? Juan-José López Burniol sostiene que la iniciativa debe partir del más fuerte, del Estado español.

Estoy convencido de que la responsabilidad del Estado no ha sido solo la de un Gobierno como el del PP, sino ha sido en la línea de lo que estás planteando. Cuando tienes la legitimidad, el Estado tiene que saber dónde se puede ceder en una negociación y dónde tiene que buscar la negociación. Eso no ha pasado. Pero tú me estás planteando el 2 como si ya supiéramos que el 1 no hay referéndum …

Hay referéndum con la participación que sea.

Con la participación que sea, que no va a ser muy alta, y dentro de la participación, con un 99% del “sí”, ¿no?

Puede ocurrir como en Venezuela: en el referéndum de la oposición solo votó la oposición, y en el referéndum de Nicolás Maduro solo votaron los de Maduro.

Pero Rajoy ha prometido que no va a haber referéndum, es decir que…

Lo llamarán otra cosa.

Si ellos bloquean la posibilidad de que entres en un colegio electoral, ¿descartas eso?

No lo sé.

Por eso digo que las iniciativas que se puedan dar el día 2 dependerán de lo que pase el 1. Cualquier iniciativa que salga después tiene que tener al menos cuatro requisitos.

El primero es que el Estado no confunda la fortaleza con la represión. Tienes más fuerza, tienes capacidad, tienes la legitimidad y tienes un bloque de partidos políticos constitucionalistas, pero también tienes que saber que debes darle una salida política o tratar de recuperar la iniciativa política.

El segundo elemento es que la movilización social en Cataluña, que es muy amplia en estos momentos en favor de la independencia  ─muy amplia y muy militante─, sepa que hay una posibilidad de apertura de negociación lo que les llevaría a esa meta sin necesidad de seguir con la ruptura. Convencerles va a ser muy difícil.

Hay un tercer elemento, que de alguna forma salte por los aires la alianza entre la CUP y la antigua Convergencia, que es social y culturalmente poco viable. Desde ese punto de vista, tienen un papel importante la gente de En Común, que hasta ahora se han mantenido en una ambigüedad.

Y el cuarto, que me parece básico, es que Mariano Rajoy tiene que dar un paso. Él ha sido hasta ahora un elemento fundamental para llegar a donde hemos llegado y tiene que admitir que a partir del 2 no le va a quedar más remedio que entrar en una negociación política, no sé si forzado por el PSOE. Creo que va a ser difícil. A Rajoy le están pidiendo más fuerza que negociación. Y hay gente en Cataluña que ya no quiere la negociación. Escucho mucho en el periodismo esta frase, 'a partir del 2 no les va a quedar más remedio que sentarse'. ¿Con quién te sientas? ¿Solo con la política o también con la base social ─amplísima─, a los que les han convencido de que la ruptura y la república catalana están a la vuelta de la esquina?

Parece que en la parte, llamémosla constitucionalista, no hay estrategia. Todo es a piñón fijo y a corto plazo. Si la hubiera no se producirían los ataques contra Ada Colau y Podemos, porque representan un puente que divide el independentismo exprés porque ellos plantean un referéndum pactado. Si hubiera elecciones, En Común podría evitar la mayoría absoluta del bloque independentista. Entraríamos en una fase más pausada.

Sí, eso está clarísimo, pero también tienen que despejar un poco la ambigüedad en la que han estado hasta ahora. Ya no vale con decir que tú quieres el derecho a decidir porque en estos momento ya no estamos solo en la capacidad de decidir. Ellos tienen un papel importantísimo en estos momentos, empezando porque controlan Barcelona, que es la ciudad más importante y la ciudad en que se mueve todo.

Por otra parte, es verdad que una parte de la base social catalana que representa el independentismo no solo representa el independentismo porque no los han dejado decidir, sino porque ellos creen que ha habido una consolidación de estructuras antidemocráticas del poder en Madrid. Ahí hay un mensaje muy diferente porque esta gente no está criticando solo a España porque nos roba, sino que piensan realmente que hay una oposición clara entre la democracia que representan ellos en Cataluña y las estructuras antidemocráticas. Esto lo estoy viendo incluso en las redes sociales conmigo. Cuando pongo en Facebook algo que creo que es sensato, alguien te dice. 'ya está la progresía española tratando de convencernos, pero aquí que sepáis que sois igual de corruptos que los demás'.

Hay un discurso en el que Madrid representa una estructura antidemocrática ¿Qué es Madrid? Madrid es el PP. ¿Qué es Madrid? Madrid es el PSOE, Madrid es la Constitución, es el legado del 78, todo eso. Y así no es tan fácil volver al cauce con una negociación después del proceso que ha habido de enfrentamiento, y del que va a haber de aquí al día 1.

La única solución sería abrir la Constitución y resolver la forma de Estado.

Sí, yo creo que sí.

Todos los intentos de consolidar un Estado después de la caída del imperio en 1892, que afectó muchísimo a los catalanes, a la industria catalana, todos los intentos de consolidar un Estado han resultado fallidos. Hemos tenido un siglo XX con una guerra civil y una dictadura.

El tema fundamental es que lo que servía en el 78, cuando veníamos de una dictadura, ya no sirve. En la Constitución se proclama que España es indivisible. Esto nunca ha sido negociable. Si se quiere abrir una negociación se tiene que abrir una negociación en la cual la indivisibilidad de España deje de ser tabú, y eso lo tienes que hacer con una reforma constitucional.

Uno de los tópicos sobre la Constitución es que la aprobaron en cuatro días y que apenas discutieron. Cualquiera que lea lo que dicen los testigos de entonces, desde Manuel Fraga a Alfonso Guerra, comprobará lo duro que fue sacar aquella Constitución en aquellos momentos. La Constitución se aprueba en diciembre del 78 en un referéndum, Han pasado poco más de tres años desde la muerte de Franco. El melón prohibido, el de España es indivisible, lo tienen que abrir mediante una negociación. En estos momentos no veo otra salida. Para eso también tiene que haber capacidad de negociación por parte de las élites catalanas que están controlando el procès.

Algunos sostienen que el problema no es un problema de Cataluña, sino España, que no ha terminado de estructurar un Estado aceptable para todos.

Tampoco hay que ser ventajista. Si haces balance a finales del siglo XX y lo comparas con lo que decían con los noventayochistas o lo que se decía después de la dictadura se ve que hemos avanzado. Entre otros, en la legitimidad del Estado, que ya no solo es solo represor. El Estado llega a los ciudadanos a través de la Sanidad, la Educación. Parece que a partir del 2008 vivimos en un mundo quebrado, también el mundo internacional, no solo el nuestro.

Lo que estaba claro a finales del siglo XX no lo está a partir del 2008. Tenemos el Brexit, Donald Trump, Corea del Norte, Siria y la inmigración, con húngaros y polacos sin hacer caso de las normas democráticas básicas de la Unión Europea. Todo esto ha influido mucho en el asunto de Cataluña. Esto no es solo una crisis entre Madrid y Barcelona, es una crisis institucional, política, económica que ha afectado a los jóvenes con precariedad laboral. Es una mezcla explosiva. Hay una parte que pertenece a la estructuración del Estado, pero otra pertenece a la parte más social.

Hay una pérdida masiva de prestigio de las élites en todo el mundo.

Sí, exactamente. Sin embargo hay una parte de las élites catalanas que trata de convencer a los demás de que este es un problema de los demás y no suyo. El nacionalismo tal y como está planteado en Cataluña no es solo un nacionalismo cultural e identitario. Hay unas élites muy fuertes que están planteando una salida alternativa a su propia perpetuación, para mantener su posición social. El PP ha convencido a sus votantes de que la crisis económica se va despejando y de que la corrupción no es un problema. Hay siete u ocho millones de españoles que votan al PP. El Partido Socialista estuvo missing durante un tiempo y Podemos estaba pasando de un movimiento social a un partido político con cinco millones de votos, algo impensable en los esquemas del bipartidismo y de la Transición.

Todo esto en medio de un deterioro de los medios de comunicación. Un deterioro no significa solo que ya no hay independencia, sino de que los jóvenes han cambiado los hábitos de comprar el periódico, de acudir a los medios de comunicación para informarse. La era digital está cambiando la forma de pensar, la forma de concebir, la forma de enseñar. A los historiadores nos está cambiando la forma de enseñar y de investigar la historia.

Sé que parece que todo el problema es territorial, que todo el problema es Cataluña y el territorio, pero creo que a lo que estamos asistiendo es a una quiebra de alguno de los valores más consolidados que había hasta ese momento, pero eso cualquiera que viaje lo está viendo. Pero hay signos que van entonces en contra de Cataluña. Por ejemplo, el Brexit, que no ha resultado tan eficaz y rápido como parecía. La UE en torno a Angela Merkel para poner distancia frente a Trump. Quieren orden, lo que no hace falta en estos momentos es desintegración y desorden. Esto está actuando contra Cataluña. En la CNN y en la BBC empieza a haber un discurso en el que Cataluña ya no es tan querida, Antes se veían como luchadores contra una opresión. Este discurso está desapareciendo. 

Kosovo se independizó porque tenía a EEUU y a los principales países de la UE detrás. Pero Cataluña no tiene a nadie.

No tiene a nadie. Pero están diciendo a los jóvenes catalanes que estarán en la UE al día siguiente y que estarán en los tratados internacionales. Y eso es falso porque no los han firmado, los ha firmado Madrid.

Está claro que hay un problema de estructuración del Estado. Pero insisto en esto: ¿qué idea tenían los españoles de España en los últimos 20 o 30 años del siglo XX comparado con el pesimismo anterior? ¿Qué idea se tenía de la educación, de los valores que esta educación estaba trayendo, de sanidad para todos respecto a la que tenían nuestros padres y abuelos?

Hay un momento en el que comprobamos que un sistema funciona por primera vez en la historia de España. Ese sistema ha empezado a estar en crisis. Que ahora quieran convencernos de que esto es todo producto del 78, de lo mal que se hizo la Transición, es una lectura del pasado manipulada desde el presente, lo cual no quiere decir que el presente sea feliz, porque el presente ha dejado de ser feliz. Pero no es cierto que el pasado fue siempre feliz porque no hace falta más que ver dónde estaba España en 1975.

La victoria del PP por mayoría absoluta le permitió ocupar todas las instituciones: el Parlamento, la justicia. En cambio, en Estados Unidos funciona la separación de poderes frente a Donald Trump, que es un autócrata de libro.

Y el propio partido republicano no le van a aceptar, Paul Ryan no lo va a aceptar. Desde ese punto de vista, el PP tiene tres ventajas sobre EEUU: tienen una disciplina increíble; han pasado por encima de la corrupción y tienen el control mediático, con la complicidad de grupos importantes, algo que también ha hecho muchísimo daño. En España estamos ante una crisis no solo traída por la economía, la cuestión institucional y territorial. Deberíamos reflexionar sobre si en la democracia, más allá de lo formal, el pueblo tiene algo que decir. Este es el debate, el de la apropiación del poder por parte de élites fuertes y legitimadas democráticamente.

E ineficaces para proteger a la ciudadanía de la crisis económica.

Ineficaces para dar una alternativa económica. En el triunfo del capitalismo liberal, el de la gente que defendió las reformas laborales para echar abajo conquistas importantes, no ha habido nadie enfrente. Parecía que podía tener a Barack Obama pero aquello se acabó. La socialdemocracia quedó desnuda porque parte de su discurso social lo defendía también el liberalismo después de muchísimas décadas. Es curioso cómo la Europa que deja atrás la época de los fascismos, la guerra y la violencia, empieza a hacer aguas a principios del siglo XXI.

La crisis se agravará si las democracias se vuelven más frágiles. Si el Estado es capaz de redistribuir bienes y servicios, la gente lo percibe como un Estado bueno. Lo que está pasando es que ese Estado ha dejado de redistribuir bienes y servicios, que fue la principal aportación a la estabilidad social después de la Segunda Guerra Mundial.¿Por qué estamos aquí? Porque no hay políticos comprometidos con la sociedad y eso está produciendo un extremismo político, no solo en España. Está produciendo un nacionalismo violento y hostil al sistema democrático. Lo vemos en Polonia, en Rusia y en algunos países excomunistas. Pero también lo hemos visto con el Brexit o en Francia con Marie Le Pen.

Las crisis que desencadenaron la Primera y a la Segunda Guerra Mundial aportaron la enseñanza de lo que dice: para evitar los populismos es necesario redistribuir la riqueza y apostar por el Estado social. Pero esa distribución se ha cortado y no solo se ha cortado, sino que va hacia atrás. ¿Por qué no volver a la receta que funcionó?

Exactamente. El compromiso de extender a través del Estado los servicios sociales a la mayoría de los ciudadanos surge después de la crisis del 29. Lo paran los fascismos y la guerra, y vuelve después del 45. La crisis anterior a la Primera Guerra Mundial es muy diferente; es el advenimiento de la sociedad de masas. Pero el compromiso de extender a través del Estado los servicios sociales se consiguió en 1945 en la mayor parte de las sociedades occidentales. Sirvió para superar el atraso en equipamientos colectivos, en infraestructuras y, sobre todo, en el sistema asistencial. ¿Por qué fue tan importante la entrada en la UE de España y Portugal en los años 80? Porque eso es lo que se nos daba. No solo era la democracia, consistía en equipararnos en un proceso en el que el Estado asiste a los menos protegidos, con equipamientos colectivos y un importante sistema asistencial.  Eso también dio esperanzas a los países de Europa del Este. Sucede en Checoslovaquia con Havel, en Hungría y en otros países. ¿Por qué se ha dilapidado esta prosperidad? ¿Por qué reaparecen los fragmentos más negros de la historia en Europa? Porque se han perdido algunas de las señas de identidad en la socialdemocracia, pero también de la democracia. Hay gente que dice que ya no se puede volver a la situación anterior a la crisis porque no hay vuelta de hoja. Y hay otra gente que no se ha atrevido a defender estas políticas de redistribución de la riqueza a través de los Estados.

Parece que la izquierda postcomunista sigue sin encontrar su relato.

La única forma de despejar los fragmentos negros de Europa es volver al punto en el que el Estado consolida el compromiso con los ciudadanos de que los servicios sociales se van a extender. Eso se ha perdido. Y de distribuir de forma más equitativa la renta. Siempre que alguien trata de introducir alternativas para una distribución más equitativa de la renta, sale la gente de orden que dice que eso significa impuestos a los ricos. En los años 50 y 60 estaba muy claro, y en los 70, también. Nosotros llegamos tarde, pero llegamos. Por eso los españoles nos enganchamos tan bien a Europa, no solo era democracia y libertad, también descubrimos lo que era un Estado no represor, con una parte benefactora importante a través de los mecanismos de representación política, administrativa y municipal.

Hay que recuperar algunos de los ejes fundamentales de la democracia, y esa democracia vino después de lo que Eric Hobsbawm llamó la Europa de los extremos. Fue un aprendizaje después de años de violencia y de enfrentamientos. Ahora necesitamos un aprendizaje para salir de la quiebra institucional, económica, cultural, política de Europa. Es posible que los nacionalismos, al margen de los Estados, no puedan ser una alternativa en esto que estoy planteando.

¿Es optimista o pesimista respecto a Cataluña?

Tarde o pronto vamos a ver un proceso de independencia en Cataluña. Estoy convencido. No soy optimista en la forma en que vamos a gestionar todo esto. No soy optimista en la forma en que lo va a gestionar el Estado, en la forma en que lo va a gestionar el Gobierno. Creo que en la parte independentismo faltan en estos momentos voces que razonen y argumenten, que sean capaces de reconducir la negociación, no solo de incitar a la gente y estimular la calle. Así que desde ese punto de vista no soy optimista, pero creo que el proceso de independencia de Cataluña es imparable. No sé si lo voy a ver, pero el proceso es imparable. Con lo cual, al final, cuando se haga balance, alguien tendrá que explicarles por qué aquel proceso que no era imparable acabó siendo imparable.

Ya es oficial. Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega irán a juicio por la consulta soberanista del 9-N. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha publicado este jueves el auto de apertura de juicio oral contra el expresident y las exconselleres por los posibles delitos de desobediencia y prevaricación. El magistrado José Francisco Valls ha rechazado juzgar a los exaltos cargos por un delito de malversación, como sí pedían las acusaciones populares, por lo que los tres políticos se salvan de la posibilidad de entrar en prisión.

Ahora serán las defensas las que presentes sus escritos y posteriormente la sala civil y penal del TSJC fijará la fecha del juicio. La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas y nueve para Rigau y Ortega.

La clave del auto era saber si el magistrado accedía a sentar en el banquillo a Mas, Rigau y Ortega por malversación y abría así la puerta a que acabaran en la cárcel, tal y como pedían los sindicatos policiales, Manos Limpias y las demás acusaciones populares. El juez lo ha rechazado ya que los contratos con empresas privadas para  el soporte informático de la consulta o los sobres de votación se formalizaron antes de la suspensión del 9-N que el Constitucional decretó cinco días antes de la votación. En total, el coste del 9-N ascendió a 4,17 millones de euros.

Con todo, el magistrado del TSJC ha vuelto a rechazar de plano los argumentos esgrimidos por Mas y las defensas, en especial el que una vez el TC suspendió la consulta, su organización quedó en manos de voluntarios. “De forma intencionada y sin otro amparo que su mera voluntad –concluye el TSJC sobre Mas– desatendió el mandato del Constitucional e incumplió la obligación de dejar sin efecto el acto de convocatoria [del 9-N]”.

Seis años de cárcel para Artur Mas, Joana Ortega e Irena Rigau por la consulta soberanista del noviembre de 2014. Esta es la pena que ha solicitado este lunes la acusación popular de la causa del 9-N, liderada por el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía y en la que también participa el sindicato ultra Manos Limpias. La prisión que ha pedido la acusación popular contrasta con la pena de 10 años de inhabilitación para el expresident y nueve para las exconselleres que solicitó la Fiscalía.

La diferencia de criterio entre ambas acusaciones es que la popular considera que Mas, Rigau y Ortega cometieron un presunto delito de malversación de fondos públicos, además de prevaricación y desobediencia. En concreto, en el escrito de acusación presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) los sindicatos policiales acusan a Mas de haber malversado 4,7 millones de euros de dinero público para organizar la consulta. Además de la pena de prisión, la acusación popular ha solicitado 22 años de inhablitación para el expresident.

Por contra, la Fiscalía y el juez instructor del TSJC limitan la causa a los delitos de prevaricación y desobediencia. Por su lado, los tres encausados han rechazado siempre haber desobedecido la orden del Constitucional para parar los preparativos de la consulta del 9-N y han llegado a acusar al TSJC “precomprensión” de los hechos que evidencia un “determinado sesgo cognitivo” al no dar crédito a su tesis de defensa.

El objetivo de los sindicatos policiales y de Manos Limpias, según señala la agencia Efe citando a fuentes jurídicas, es que se amplíen los delitos imputables a los tres acusados, de forma que el juez del TSJC añada el de malversación cuando, tras recibir los escritos de acusación y defensa, dicte el auto de apertura de juicio oral que debe delimitar los hechos a enjuiciar.

Gairebé dos anys després del 9 de novembre de 2014, els polítics que van impulsar la consulta sobiranista des de la Generalitat han conegut a quines penes s'exposen. La Fiscalia ha demanat 10 anys d'inhabilitació especial per l'expresident, Artur Mas, pels presumptes delictes de desobediència greu i prevaricació administrativa. El ministeri públic també sol·licita nou anys d'inhabilitació per ocupar un càrrec públic per l'exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, i l'exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau.

El lliurament de les qualificacions provisionals de la Fiscalia aquest dilluns deixa una mica més a prop del banc dels acusats a Mas, Rigau i a Ortega per una consulta sobiranista que no va tenir cap més efecte jurídic que el de la causa oberta contra els tres polítics al Tribunal Superior de Justica de Catalunya (TJSC). A més, el Tribunal Suprem investiga el conseller de Presidència durant el 9-N i ara líder de CDC al Congrés, Francesc Homs.

La Fiscalia considera que Mas “va articular una estratègia de desafiament complet i efectiu” de la suspensió de la consulta decretada pel Constitucional. “Intencionalment i sense altra empara que la seva mera voluntat –conclouen els fiscals–, va desatendre el mandat del Tribunal i va incomplir l'obligació de deixar sense efecte l'acte de convocatòria”.

Pel cas que el TSJC decideixi condemnar els processats de forma separada pels delictes de desobediència i el de prevaricació, la Fiscalia demana com a “alternativa” una pena de nou anys i mig d'inhabilitació –sis mesos menys que la qualificació principa– li una multa de 36.000 euros per Mas i, per Ortega i Rigau, multa de 30.000 euros i vuit anys d'inhabilitació.

Si el tribunal acaba sentenciant les penes que ha sol·licitat la Fiscalia, el futur polític de Mas i les seves possibilitats de tornar a ser candidat a la Generalitat es complicarien, ja que aleshores rondaria els 70 anys. Mas, que segueix liderant Convergència, no va descartat tornar a presentar-se quan va renunciar a ser president al gener.

Tesi oposades entre Mas i la Fiscalia

En el pla jurídic, els tres polítics sempre han rebutjat que participessin en el 9-N després de la seva suspensió per part del Tribunal Constitucional (TC). Així, les defenses de Mas, Rigau i Ortega han al·legat que no van desobeir perquè després de l'ordre del TC van aturar tots els preparatius de la votació i la consulta la van dur a terme voluntaris. Aquest argument xoca amb la tesi de la Fiscalia i el jutge instructor del TJSC, ja que durant la instrucció del cas es va posar de manifest que la Generalitat va ordenar seguir amb el 9-N a una empresa després de la suspensió del TC.

Políticament, la judicialització del 9-N ha estat utilitzada per Convergència i Mas –“el president que va posar les urnes”– per intentar aconseguir els seus objectius, primer la llista de Junts pel Sí i després mantenir-se a la presidència. És gairebé l'únic contrapès a la balança de corrupció i retallades dels governs de Mas.

L'expresident ha repetit durant els mesos d'instrucció que és víctima d'un “procés polític”. En l'últim recurs per intentar que es tanqués la causa, la defensa de l'expresident va arribar a acusar el TSJC de tenir una “precomprensió” dels fets del 9-N que evidencia un “determinat biaix cognitiu” en no donar crèdit a la tesi de defensa esgrimida per Mas.

Els dubtes públics de Mas i els altres acusats sobre la imparcialitat del TSJC han provocat l'enuig dels seus magistrats. En la interlocutòria que avalava enviar a judici Mas, Rigau i Ortega, la jutgessa Maria Eugènia Alegret va lamentar que en els recursos de les defenses “veladament s'insinua” que el TSJC només seria independent si revoqués la decisió d'enviar Mas a judici. Així mateix, va carregar contra l'argument d'“il·lustres comentaristes” que la causa de l'9N “es troba instrumentalitzada políticament”.

El Govern central: “La llei s'aplica per a tots”

Les reaccions polítiques a la petició de pena no s'han fet esperar. La vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expressat el seu respecte a la decisió de la Fiscalia i ha subratllat que “la llei s'aplica per a tots i, quan un la incompleix, en un Estat de dret això té conseqüències”.

Per la seva banda, president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reaccionat amb indignació a les peticions d'inhabilitació plantejades per la Fiscalia. “Som més els que preferim les urnes a les arnes”, ha escrit a Twitter.

Casi dos años después del 9 de noviembre de 2014, los políticos que impulsaron la consulta soberanista desde la Generalitat han conocido a qué penas se exponen. La Fiscalía ha pedido 10 años de inhabilitación especial para el expresident, Artur Mas, por los presuntos delitos de desobediencia grave y prevaricación administrativa. El ministerio público solicita asimismo la inhabilitación durante nueve años para ocupar un cargo público para la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau.

La entrega de las calificaciones provisionales de la Fiscalía este lunes deja un poco más cerca del banquillo a Mas, Rigau y a Ortega por una consulta soberanista que no tuvo otro efecto jurídico que el de la causa abierta contra los tres políticos en el Tribunal Superior de Justica de Catalunya (TJSC). Además, el Tribunal Supremo investiga al conseller de Presidència durante el 9-N y ahora líder de CDC en el Congreso, Francesc Homs.

La Fiscalía considera que Mas “articuló una estrategia de desafío completo y efectivo” de la suspensión de la consulta decretada por el Constitucional. “Intencionalmente y sin otro amparo que su mera voluntad –concluyen los fiscales–, desatendió el mandato del Tribunal e incumplió la obligación de dejar sin efecto el acto de convocatoria”.

Para el caso de que el TSJC decida condenar a los procesados de forma separada el delitos de desobediencia y el de prevaricación, la Fiscalía pide como “alternativa” una pena de nueve años y medio de inhabilitación –seis meses menos que la calificación principal–y una multa de 36.000 euros para Mas y, para Ortega y Rigau, multa de 30.000 euros y ocho años de inhabilitación.

Si el tribunal termina sentenciando las penas que ha solicitado la Fiscalía, el futuro político de Mas y sus posibilidades de volver a ser candidato a la Generalitat se complicarían, ya que entonces rondaría los 70 años. Mas, que sigue liderando Convergència, no descartó volver a presentarse cuando renunció a ser presidente en enero.

Tesis opuestas entre Mas y la Fiscalía

En el plano jurídico, los tres políticos siempre han rechazado participación alguna en el 9-N después de su suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC). Así, las defensas de Mas, Rigau y Ortega han alegado que no desobedecieron porque después de la orden del TC pararon todos los preparativos de la votación y la consulta la llevaron a cabo voluntarios. Este argumento choca con la tesis de la Fiscalía y el juez instructor del TJSC, ya que durante la instrucción del caso se puso de manifiesto que la Generalitat ordenó seguir con el 9-N a una empresa después de la suspensión del TC.

Políticamente, la judicialización del 9-N ha sido utilizada por Convergència y Mas –“el president que puso las urnas”– para intentar conseguir sus objetivos, primero la lista de Junts pel Sí y después mantenerse en la presidencia. Es casi el único contrapeso en la balanza de corrupción y recortes de los gobiernos de Mas.

El expresident ha repetido durante los meses de instrucción que es víctima de un “proceso político”. En el último recurso para intentar que se cerrara la causa, la defensa del expresident llegó a acusar al TSJC de tener una “precomprensión” de los hechos del 9-N que evidencia un “determinado sesgo cognitivo” al no dar crédito a la tesis de defensa esgrimida por Mas.

Las dudas públicas de Mas y los demás acusados sobre la imparcialidad del TSJC han provocado el enfado de sus magistrados. En el auto que avalaba enviar a juicio a Mas, Rigau y Ortega, la jueza Maria Eugenia Alegret lamentó que en los recursos de las defensas “veladamente se insinúa” que el TSJC solo sería independiente si revocara la decisión de enviar a Mas a juicio. Asimismo, arremetió contra el argumento de “ilustres comentaristas” de que la causa del 9N “se halla instrumentalizada políticamente”.

El Gobierno: “La ley se aplica para todos”

Las reacciones políticas a la petición de pena no se han hecho esperar. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado su respeto a la decisión de la Fiscalía y ha subrayado que “la ley se aplica para todos y, cuando uno la incumple, en un Estado de derecho eso tiene consecuencias”.

Por su lado, president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reaccionado con indignación a las peticiones de inhabilitación planteadas por la Fiscalía. “Somos más los que preferimos las urnas a las polillas”, ha escrito en Twitter.

L'exconseller de Presidència i diputat al Congrés de Democràcia i Llibertat (DiL), Francesc Homs (CDC) ha carregat contra la Fiscalia aquest dilluns després de declarar durant una hora i quart davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la consulta del 9-N. Ha considerat que el Ministeri Públic actua amb “oportunitat política” i no en base a dret ja que el seu grup parlamentari “podria ser determinant” en la configuració d'un govern alternatiu al del PP. “Si alguna cosa ha demostrat la Fiscalia és de tot menys independència respecte el Partit Popular”, ha reblat Homs.

El cap de files de Convergència al Congrés ha considerat que els fiscals “sembla que visquin en una altra esfera”, ja que demanen “fer investigacions” pel paper d'Homs en temes com la publicitat institucional de la consulta o en els serveis jurídics de la Generalitat que, a parer de l'exconseller, són de domini públic. “Posant-ho a Google ho trobaven”, ha afirmat irònicament.

Homs ha arribat a les 09:14 hores a declarar a petició pròpia davant del jutge del TSJC Joan Manel Abril, que instrueix la causa oberta contra l'expresident Artur Mas per la consulta, després que la Fiscalia demanés que el Suprem l'investigués per desobediència, davant els indicis que va ordenar continuar amb els preparatius del 9-N un cop havia estat suspès pel Tribunal Constitucional (TC).

En concret, es tracta de l'empresa T-Systems, que la Generalitat va contractar la instal·lació de programes informàtics per a la consulta. En una carta un cop el TC ja havia suspès la consulta, la Generalitat va indicar a l'empresa que “cap de les activitats” de l'encàrrec “resulten explícitament afectades” per la resolució del Constitucional.

“Si algú es pensa que això va d'una carta és que no té ganes de veure el que hi ha sobre la taula. La carta és un pretext que es justifica en el context en el que som ara”, ha considerat Homs, en referència a les negociacions per la investidura espanyola. Homs ha valorat que la carta a T-Systems és “la formalitat” on la Fiscalia “es pot agafar i fer veure que allò és la prova del delicte”.

Homs ha recordat que la junta de fiscals de Catalunya va considerar que el 9-N no suposava un delicte, però que després es va reobrir el cas; i que el jutge es va negar a imputar-lo quan, fa uns mesos, Manos Limpias ho va demanar, cosa que ara ha canviat. “En cap cas vam practicar un delicte de desobediència, ni de malversació ni res que s'hi assembli”, ha afirmat.

“No es pot demanar presó per posar urnes de cartró. És una monstruositat”, ha conclòs Homs. Amb tot, Homs ha volgut deixar clar que ni la seva imputació ni la de l'expresident Mas i les exconselleres Rigau i Ortega es posaran sobre la taula de negociació de la investidura.

Entre els dirigents presents per donar suport a Homs també figuren la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras; la consellera de Presidència i portaveu, Neus Munté; així com els consellers Raül Romeva, Santi Vila, Meritxell Borràs, Meritxell Ruiz, Jordi Baiget o Josep Rull, així com l'ex alcalde de Barcelona Xavier Trias i dirigents de les plataformes sobiranistes Òmnium Cultural i ANC.

Ni el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; ni el seu antecessor en el càrrec, Artur Mas, eren a la comitiva que ha acompanyat Homs al jutjat. Tots dos sí que l'han rebut a la seu de Convergència, on el líder de DiL al Congrés ha realitzat la seva valoració de la seva declaració.

Davant del Palau de Justícia de Barcelona s'han succeït les declaracions de polítics criticant la causa per el 9-N que instrueix el TSJC. El diputat de Junts pel Sí Jordi Turull (CDC) ha demanat que es deixi de “perseguir com a delinqüents” als que posen urnes. Per la seva banda, el president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha afirmat que la causa judicial oberta per la consulta “és l'expressió més clara de la impotència de l'Estat espanyol a l'hora de donar una solució democràtica al que es desitja d'una manera molt majoritària des de Catalunya”

Dos tècnics contractats per la Generalitat per la consulta del 9-N han admès aquest dijous que van instal·lar l'aplicació informàtica usada en la votació després de la suspensió del Tribunal Constitucional i han assegurat que aquesta es va confeccionar amb una guia de carrers però no amb bases de dades personals públiques.

Segons han informat fonts judicials, dos tècnics de l'empresa T-Systems han declarat aquest dijous com a testimonis, a proposta de la Fiscalia, davant del magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que investiga l'expresident de la Generalitat Artur Mas i a les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega per mantenir la consulta del 9-N després de la suspensió del Constitucional.

La Fiscalia pretenia aclarir si l'empresa va tirar endavant amb els encàrrecs relacionats amb el 9-N, després de la suspensió, i si va utilitzar bases de dades personals públiques -el registre d'assegurats del Servei Català de Salut i del Registre de Població de Catalunya- per elaborar les aplicacions informàtiques usades en la votació.

Els tècnics de T-Systems, empresa que va crear les aplicacions informàtiques del 9-N, han reconegut que van aprofitar al màxim els terminis d'execució de l'encàrrec, de manera que aquestes es van instal·lar en els ordinadors portàtils usats per a la votació entre el 7 i 8 de novembre, dies després que el Constitucional suspengués la consulta d'independència.

A més, han reconegut que tècnics de l'empresa van treballar la jornada del 9-N per assessorar els voluntaris davant les incidències que puguin sorgir durant la votació i van romandre de guàrdia per si calia que actuessin per repel·lir atacs informàtics a la web de la votació.

Segons consta en el sumari, el mateix dia en què es va suspendre el 9N, T-Systems va enviar una carta a la Generalitat per saber si havia de seguir endavant amb les seves gestions per a la votació, al que el Govern català li va respondre el 7 de novembre que, consultats els serveis jurídics de la Generalitat, cap de les activitats de l'encàrrec resultaven “explícitament afectades” per la resolució del Constitucional.

De fet, la investigació del TSJC es centra principalment en esbrinar si la Generalitat va mantenir els preparatius sobre la votació una vegada que el Tribunal Constitucional havia suspès la consulta, per si això va poder constituir un delicte de desobediència.

Així mateix, els testimonis citats per avui han negat que el programa informàtic que van crear per als ordinadors utilitzats en la votació inclogués informació de bases de dades públiques i han precisat que aquest va ser confeccionat a partir de mapes de carrer de poblacions.

En l'aplicació informàtica, han afegit, els voluntaris del 9N es limitaven a introduir el DNI dels ciutadans per comprovar si acudien a l'urna corresponent i si no havien votat abans, sense que els ordinadors portàtils utilitzats estiguessin connectats entre si en una xarxa.

Els tècnics han estat interrogats a més en relació amb el projecte “Invictus”, una base de dades que admeten que la Generalitat els va encarregar el 2013, sense vincular-la al 9-N, en què van recollir informacions d'identitats personals basades en el registre d'assegurats del Servei Català de Salut.

Els testimonis, han afegit les mateixes fonts, han afirmat que desconeixen si el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat (CTTI), que els va fer l'encàrrec, va usar aquesta base de dades per a alguna de les gestions relacionades amb el 9N, encara que tampoc ho han descartat.

Segons els testimonis, el CTTI els va encarregar aquest cens per tal de utilitzar-lo en diferents serveis telemàtics de la Generalitat i la base de dades es va lliurar a l'administració entre febrer i març de 2014, mesos abans que es convoqués el 9-N.

26 y 26 de noviembre. El diputado andaluz Podemos Juan Moreno Yagüe y un miembro de su equipo, Francisco Jurado, viajan al Parlament de Catalunya. ¿Para qué? Para ofrecer una idea sobre cómo realizar la consulta catalana a través de una reforma del reglamento de  la Cámara.

“Viajamos con la idea de reunirnos con todos los grupos, si bien no vino el de Ciudadanos”, explica Jurado, “y con la presidenta del Parlament, para explicarles que era posible realizar una consulta dentro del marco legal actual, a través de la reforma del reglamento. La noche de antes aprovechamos para grabar la tertulia con expertos en el tema, desde periodistas [Arturo Puente, Guillem Martínez] a activistas [Nuria Alabao, Mireia Vehí, Carlos Delclós] y académicos [Joan Subirats], para contextualizar la situación de Catalunya, el procés y el derecho a decidir”.

¿Y qué les dijeron? “La receptividad allí fue buena en general, pero vistos los acontecimientos de después, nos decepciona un poco que ningún grupo haya adoptado la propuesta, que se podría haber hecho efectiva al día siguiente. Era una vía factible... Pero cremeos que no la implementaron porque los representantes, como dice el profesor Joan Subirats, no están por la labor de perder poder. Más allá del tema de la consulta, nuestro interés es avanzar a un sistema mixto donde la gente pueda tomar decisiones junto a los representantes”.

Albert Rivera lo ha repetido durante la campaña y tras las elecciones, en alusión a Podemos y sus aliados de las confluencias: “No se puede llegar acuerdos con un partido que negocia con España y pacta con independentistas”.

Pero este viernes por la mañana, Mònica Oltra, vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y coportavoz de Compromís, ha considerado prioritario el rescate a las personas sobre el referéndum en Catalunya. Y Susana Díaz, por su parte, ha afirmado que Pedro Sánchez tiene su “apoyo y confianza” para formar una alternativa de Gobierno. Entonces, si Podemos aparca el referéndum catalán en un hipotético acuerdo con el PSOE, ¿Ciudadanos facilitaría la investidura de Sánchez con su abstención? “No”, ha respondido Albert Rivera.

¿Por qué? “Esa condición no es suficiente, la economía de mercado, el pacto del euro, son pilares de nuestra democracia, como el pacto constitucional. No puedo decir que no pago la deuda, y tampoco puedo renunciar a la economía de mercado. Estamos intentando todos hacer que Podemos no sea Podemos, pero nosotros no podemos especular cada día con un partido que dice cosas diferentes en cada territorio”.

“La igualdad de los españoles no está en la mesa de negociación”, ha abundado Rivera: “También he oído a la representante de las Mareas diciendo que quieren la consulta en Galicia. Aquí cada uno dice lo que piensa y por eso quieren grupos parlamentarios diferentes. No podemos estar debatiendo cada mañana. Tiene un problema Podemos que nos traslada al resto, que ha querido hacer una suma de escaños. Y yo ya me he perdido con tanto portavoz y tanta opinión diferente”.

Hasta tal punto llega la distancia de Rivera con Podemos y sus aliados, que se ha mostrado en contra de que las candidaturas catalana, gallega y valenciana tengan grupo parlamentario propio, aunque se hayan presentado a las elecciones de manera independiente y cumplan los requisitos: “Abre un canal que nunca se ha abierto; abre una vía para que el Congreso deje de ser una Cámara de soberanía nacional para ser una Cámara territorial. No vamos a aceptar ni votar a favor de que se permitan grupos territoriales con dinero y recursos por pactos políticos. Espero que el PSOE y el PP respeten el reglamento y no permitan que se troceen los grupos políticos. A ver si lo que el PSOE no hizo con el PSC lo va a hacer con la Marea, En Común y Compromís; con Podemos y sus plataformas independentistas”.

Mientras tanto, Rivera asegura que no hay ningún avance en la investidura de Mariano Rajoy: “No hemos tenido contacto con el presidente, ni discreto ni indiscreto. Si hay que hablar, lo haremos, porque es importante tener diálogo fluido entre los líderes políticos. Cuando tuve la reunión con Rajoy no hubo ninguna propuesta. Sólo está sobre la mesa si la abstención de varios grupos juega un papel decisivo; nadie está planteando ninguna otra propuesta salvo que un Gobierno en minoría a cambio de una hoja de reformas”.

Mesa del Congreso

Rivera ha comparecido en una rueda de prensa acompañado por Miguel Gutiérrez, número cuatro de la lista por Madrid y el encargado de negociar con el resto de los grupos la composición de la Mesa. En este sentido, Rivera ha insistido en que “quien presida el Congreso no sea del partido que gobierna. Al margen de que nos toquen dos o uno, queremos que sea una Mesa plural. Una presidencia institucional y una Mesa que represente la pluralidad política. También hay que reformar el reglamento de la Cámara, para que no permita mayorías que bloqueen comisiones de investigación. Nosotros queremos que haya más transparencia y mejor gestión”.

“Nosotros hemos planteado”, ha explicado Rivera, “que si hay un pacto por el que se nombra un presidente condicionado a que sea distinto al color político. Eso se puede hacer, lo decide la mayoría de la Cámara y lo hemos propuesto como un intento para que no se encallen las negociaciones. Estamos intentando hacer una propuesta de consenso y novedosa”.

No obstante, Rivera ha señalado: “No hemos recibido propuesta en firme de ningún grupo de personas y perfiles para presidir la Cámara. No queremos que una ejecutiva nacional de un partido proponga al presidente del Congreso de todos los españoles. Ya no valen las cuotas ni el reparto de sillas, sino una Mesa que represente una nueva era política”.

En cuanto a los beneficios que reciben los diputados, el presidente de Ciudadanos ha asegurado que renunciarán “a los coches oficiales que nos adscriban, así como a que el Congreso pague la conexión a internet de nuestros domicilios”. ¿Y el iPad y el iPhone? “Eso son instrumentos de trabajo”, ha terciado Gutiérrez para justificar que sí se los quedarán.

La Fiscalia ha demanat aquest dilluns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ordeni diligències per aclarir com el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat (CTTI) va proporcionar les plataformes informàtiques per a la votació del 9-N i si es van usar fitxers públics amb dades personals.

Segons ha informat la Fiscalia General de l'Estat (FGE) en un comunicat, el ministeri públic ha presentat un escrit davant la sala de l'alt tribunal català que investiga el president en funcions de la Generalitat, Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera d'Ensenyament en funcions, Irene Rigau, per la consulta sobiranista del 9-N, sol·licitant noves diligències sobre el cas.

En concret, el fiscal sol·licita al magistrat que ordeni noves diligències per establir fins a quin punt la Generalitat va mantenir “en tot moment i fins al final” un control determinant sobre la preparació i desenvolupament de la votació, “en oberta contradicció amb la suspensió acordada per el Tribunal Constitucional”, segons la nota.

El ministeri públic vol saber la forma en què el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) va proporcionar les plataformes informàtiques que van constituir un dels elements essencials perquè pogués celebrar-se la votació del 9-N.

El fiscal ha plantejat aquestes noves diligències després de rebre un informe amb documentació de les empreses que presten serveis informàtics per a la Generalitat en el qual s'observen “elements que inequívocament apunten”, segons el ministeri públic, al fet que en el si del marc contractual preexistent entre el CCTI i les contractistes privades “es va encarregar el desenvolupament d'instruments informàtics específicament destinats a ser utilitzats en la votació”.

La exdirectora del instituto Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha asegurado este lunes que en vísperas del 9-N recibió varias llamadas del Departamento de Enseñanza en que la “presionaron” para que entregara las llaves de su centro, de forma que acogiera las urnas de la consulta.

Según fuentes judiciales, la exdirectora del centro, que ya está jubilada, ha declarado este lunes como testigo ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga la causa del 9-N, después de que se aplazara su interrogatorio -inicialmente previsto para el 21 de septiembre pasado-, al alegar las defensas que podía interferir en la campaña porque la mujer concurría al 27S en las listas de Ciudadanos.

La exdirectora, Dolores Agenjo, ha afirmado ante el juez que entre los días 6 y 7 de noviembre, una vez el Tribunal Constitucional (TC) ya había suspendido la consulta alternativa, intercambió cinco o seis llamadas con la responsable de los Servicios Territoriales de Enseñanza de la Generalitat, Montse Llobet, en que ésta le apremiaba a facilitar las llaves. Las fechas en que esas llamadas telefónicas tuvieron lugar son un dato relevante para las acusaciones, ya que, para determinar si la Generalitat incurrió en desobediencia, el TSJC centra su investigación en los actos que el Govern llevó a cabo a partir del 4 de noviembre en que el TC suspendió el proceso participativo.

En ese intercambio de llamadas, ha apuntado la directora, pidió a la responsable de Enseñanza que le entregara una orden por escrito, lo que Llobet prometió que le daría siempre que no la facilitara a terceros, pero Agenjo ha asegurado que esperó inútilmente el documento hasta el viernes 7 de noviembre. La testigo ha afirmado también que en la reunión del 16 de octubre de 2014 con directores de institutos, los responsables de Enseñanza dieron “instrucciones” a los docentes para que nombraran voluntarios en sus centros que se hicieran cargo de la apertura el 9N.

Agenjo, que no siguió las instrucciones de Enseñanza y por lo tanto no buscó voluntarios entre su personal docente, ha afirmado que interpretó las indicaciones de la reunión como una presión, porque se haría constar su negativa a entregar las llaves y ello podría acarrear consecuencias negativas para su carrera profesional, han añadido las mismas fuentes. De hecho, la directora de instituto ha aportado a la causa varios correos electrónicos que intercambió con colegas de otros institutos, en los que, ha precisado, estos coincidían que se habían sentido presionados para apoyar la consulta independentista.

La testigo ha añadido que, a raíz de su negativa a entregar las llaves del instituto para que se instalaran las urnas, recibió correos electrónicos amenazantes, sin que se haya sentido apoyada por el Departamento de Enseñanza. No obstante, la directora de instituto no ha aportado esos correos electrónicos y ha admitido que no llegó a comunicarlos a ningún responsable de la consellería.

Dolores Agenjo ha reconocido que, en la mencionada reunión, ella entendió que entregar las llaves del instituto era obligatorio para todos los asistentes, pero que cuando consultó a la Delegación del Gobierno y a la Alta Inspección del Ministerio de Educación estos los advirtieron que solo debía obedecer órdenes por escrito.

El Consejo General del Poder Judicial ha censurado firmemente el “ataque directo y sin paliativos” a la independencia judicial que suponen las convocatorias ante el Palau de Justicia para apoyar a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la consellera Irene Rigau, citadas a declarar este martes como imputadas por organizar el 9N, y ha criticado las “estrategias de presión” orquestadas por representantes públicos.

En una declaración institucional aprobada en el Pleno celebrado este martes, el órgano de gobierno de los jueces ve “inadmisible” esta “estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representantes públicos, algunos de ellos con funciones de gobierno”.

La declaración ha sido firmada por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y 16 de los 21 vocales que forman el Consejo. No lo han suscrito las vocales Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda, ausentes en el Pleno por encontrarse fuera de Madrid.

Otros tres vocales han abandonado la reunión cuando ha llegado la votación de este punto. Según han informado a Europa Press fuentes del órgano de gobierno de los jueces se trata de la vocal Roser Bach, designada a propuesta del PSOE y esposa del conseller catalán de Justicia, Germà Gordó; la vocal Concepción Sáez, nombrada a propuesta de IU; y el vocal Enrique Lucas Murillo, designado a propuesta del PNV.

Según han indicado a Europa Press otras fuentes del CGPJ, los tres vocales han optado por ausentarse de la votación tras haber reclamado más tiempo para debatir la declaración institucional acordada y no haber sido atendida su petición.

Apoyo a los jueces catalanes

En el texto aprobado, el CGPJ traslada su apoyo a los jueces catalanes y se suma a la declaración expresada en una línea similar por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña denunciando “un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial”. “La Sala de Gobierno no puede permanecer impasible cuando constata que se convocan manifestaciones y concentraciones a la puerta del Palacio de Justicia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de los jueces y además pretender influir en su toma de decisiones”, subraya el órgano de gobierno de los jueces.

La convocatoria de estas manifestaciones suponen, según el CGPJ, “un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial” y ponen en entredicho uno de los fundamentos esenciales del Estado constitucional como es la independencia judicial, que, según recalca, “no es un privilegio de los jueces sino una garantía de los ciudadanos”.

“Su cuestionamiento resulta aun más inadmisible cuando responde a una estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representantes públicos, algunos de ellos con funciones de gobierno”, subraya la declaración, en la que se recuerda que el deber de no injerencia vincula especialmente “a aquellos que forman parte de los otros poderes, en los que se organiza nuestro sistema político”.

En una línea similar, el CGPJ censura que se vinculen las decisiones judiciales con intereses políticos, como las acusaciones de juicio político vertidas desde representantes del Govern catalán. “Cuestionar de manera interesada que la actuación de los Tribunales de Justicia solo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política”, concreta.

“Intolerable actuación”

En este sentido, el órgano de gobierno de los jueces ha reclamado “responsabilidad” a quienes “tienen el deber de garantizar la convivencia en paz y libertad” porque “solo desde el respeto a los valores democráticos se puede garantizar el ejercicio y protección de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución”.

Finalmente, los firmantes de la declaración han trasladado su “firme voluntad” de amparar a los jueces y magistrados del TSJC ante “tan intolerable actuación” que afecta a “los más esenciales principios del Estado de Derecho, como son la independencia judicial y la separación de los distintos poderes del mismo”.

Convocadas por entidades independentistas, varios centenares de personas, junto a dirigentes de partidos y del Govern, se han concentrado ante el Palau de Justicia para apoyar a Rigau y Ortega y está prevista otra convocatoria el jueves cuando declare el presidente Artur Mas.

Vivimos tiempos agitados para las urnas de cristal. En muy cortos espacios, van a ser trasladadas, varias veces, desde sus almacenes a los colegios electorales. Salen y vuelven vacías, después de haber sido volcadas las papeletas para proceder al escrutinio.

A la vista de nuestros malos hábitos, podemos preguntarnos: ¿Quién ostenta la soberanía popular entre elecciones? El Preámbulo de nuestra Constitución de 1978, quizá con una carga excesiva de optimismo, nos anima a extender permanentemente su titularidad, si realmente queremos establecer una sociedad democrática avanzada. Según la mayoría de los especialistas, este modelo sólo se consigue mediante la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, por medio de instrumentos políticos que fomenten los procesos de cooperación y aportación en la toma de decisiones que les afectan. En caso contrario, la democracia se convierte en una mera fórmula matemática. No podemos conformarnos con entregar la parte alícuota de nuestra soberanía en los representantes, periódicamente elegidos por sufragio universal, convenientemente adulterado por el sistema electoral.

Afortunadamente, nuestro texto constitucional no excluye la participación directa en los asuntos públicos pero, según los intérpretes de la Constitución, que no son otros que los Magistrados del Tribunal Constitucional, prima la legitimidad de los representantes, libremente elegidos, durante su temporal mandato, sobre la permanente inquietud de muchos ciudadanos,  que piden ser tratados como adultos responsables y verdaderos titulares de la legitimidad democrática.

La democracia representativa ha labrado su irrelevancia política y ha conseguido la desafección de la mayoría de los ciudadanos que no están dispuestos a contemplar impasibles la degradación de las instituciones parlamentarias. El espectáculo que ofrece nuestro hemiciclo, es deprimente si lo comparamos con la vitalidad de las discusiones del Parlamento del Reino Unido. La esterilidad de cualquier confrontación de ideas, se pone de manifiesto cuando el portavoz  de los grupos pastorea a sus correligionarios, indicándoles, con el dedo en alto, el sentido de su voto. Se supone que se debe entrar en el hemiciclo con un criterio formado.

A pesar de los malos hábitos nuestro sistema deja espacios para una democracia deliberativa y participativa. El derecho a participar en los asuntos públicos, se supone que para influir en la toma de decisiones, ha quedado diluido ante el protagonismo descarado y omnipotente de los aparatos de los partidos políticos. Tenemos que llegar al artículo 125 de la Constitución para encontrarnos con una forma de participación directa en el ejercicio de la función de un Poder del Estado a través de la institución del jurado. El ciudadano asume la potestad de juzgar sin intermediarios que suplanten  o se interfieran en sus decisiones.

El Tribunal Constitucional en su reciente sentencia de 25 de Febrero de 2015, adoptada por unanimidad, declara inconstitucionales algunos artículos de de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014 de 26 de Septiembre de 2014 que regula las consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana. Reconozco que puede resultar presuntuoso enfrentarse a una sentencia adoptada por unanimidad de los Magistrados que integran el Tribunal Constitucional, pero su lectura nos sume en la perplejidad.

El Gobierno de la nación que promueve el recurso de inconstitucionalidad por medio del Abogado del Estado, después de reconocer que la ley de consultas catalana no es referendaria, es decir no es vinculante para el Estado, la  impugna porque la considera contraria a las facultades exclusivas del Estado para convocar referéndums. Después de entrelazar una interminable y repetitiva cadena de argumentaciones, reconoce, no sin reticencias, que la Ley de Consultas catalana se ajusta a la Constitución, en términos generales, pero la acusa de incurrir en un fraude de ley constitucional al tratar de colar por esta vía un verdadero referendum vinculante.

Los abogados de la Generalitat, por el contrario, opinan que la Ley de Consultas es un instrumento de participación ciudadana  que se ajusta a un modelo de democracia participativa adoptada en el seno de la Unión Europea que se incluye en el libro Blanco sobre la gobernanza y las reformas introducidas por el Tratado de Lisboa e incorporadas al vigente Tratado de la Unión Europea.

La sentencia se evade de este planteamiento y da la callada por respuesta, pero es muy clara y rotunda al afirmar que los supuestos de participación directa “habrían de ser, en todo caso, excepcionales en un régimen de democracia representativa como el instaurado por nuestra Constitución, en el que priman los mecanismos de Democracia representativa sobre los de participación directa”. Para el Tribunal constitucional la democracia participativa es un tercer género que no es ni la democracia representativa ni la directa. Más o menos viene a decir que es una anomalía que altera la  regularidad democrática.

Pero lo más sorprendente viene más adelante cuando afirma y reconoce que el hecho de que la consulta catalana no sea vinculante “es de todo punto irrelevante, pues es obvio que el referendum no se define, frente a otras consultas populares por el carácter vinculante de su resultado” Podemos preguntarnos ingenuamente, entonces para que sirve un referendum. Siguen los juegos malabares al declarar que el cuerpo electoral no se confunde con el titular de la soberanía.

El centralismo soberanista llega al paroxismo, cuando afirma que ni siquiera las consultas municipales gozan de autonomía, porque es competencia del Estado establecer las bases del régimen jurídico de los Ayuntamientos.

Manteniéndose en la ambigüedad parece que autoriza las consultas generales pero el problema es que Cataluña concede el voto a los mayores de 16 años y los residentes extranjeros al igual que sucedió en Escocia de conformidad con los criterios emanados del Libro Blanco y del Tratado de Lisboa a los que no se da respuesta ni se desvirtúan sus previsiones.

Si la consulta catalana no tenía efectos vinculantes no entiendo en donde radica el fraude de ley. Si se hubiese celebrado, en ningún caso habría producido efectos políticos decisorios, salvo el no desdeñable logro de obtener una radiografía exacta de la voluntad de la sociedad catalana sobre su independencia.

Se ha frustrado una oportunidad política  y de paso se ha consagrado, por el máximo intérprete de la Constitución, la primacía indiscutible de la democracia representativa y vaciado de contenido la participación ciudadana en la vida política. En síntesis el mensaje es desalentador: “Ciudadano, las urnas te llaman, ¡vota y calla!” No te faltaran oportunidades para depositar tu sobre.

Josep Fontana (Barcelona, 1931) nos recibe en su casa de Barcelona, un piso modesto cerca Paral·lel, zona de convivencia entre barceloneses de toda la vida e inmigrantes. En un salón que parece la unión de dos estancias cohabitan dos televisiones que no se miran entre sí, cada una orientada a una zona; parece el escenario perfecto para evitar disputas sobre la programación. Aunque hay bastantes libros a la vista no debe de ser la zona principal de trabajo. Encima de la mesa donde se celebra la entrevista descansa la última edición de la revista The Economist.

Fontana es uno de los historiadores más importantes de los últimos años en España, aunque sus críticos le acusan de haberse vuelto nacionalista. Aprendió el gusto por la lectura de su padre, un librero de viejo, una especialidad que huye de las novedades para dedicarse a los títulos gastados, cuando existen más certezas sobre el talento del autor. Fontana es discípulo de Jaume Vincens Vives y Ferran Soldevila, cuyas referencias no rechaza. Militó en el PSUC cuando había que militar: durante la dictadura, entre 1957 y 1980. Es profesor emérito de la Pompeu Fabra y una referencia ética en el efervescente ambiente político de Catalunya.

¿Qué es España? ¿Un invento, un Estado?

No lo sé. Esas son cosas difíciles. Es el titular de mis documentos de identidad y donde van a parar mis impuestos, por ejemplo. Eso es seguro. No suelo hacerme reflexiones de este tipo, reflexiones metafísicas. Es una denominación, y esa denominación significa muchas cosas, cosas distintas para personas distintas y en situaciones distintas.

¿No resolvimos los problemas de unidad y simbología cuando otros resolvieron los suyos? Parece que aún los tenemos pendientes.

Todo eso es complejo. La primera vez que se habla de nación, que es un término nuevo, es en las Cortes de Cádiz, pero por un motivo simple: lo que hay anteriormente es una monarquía absoluta, la integración del soberano y sus súbditos. El concepto de nación es distinto, es el concepto de unos ciudadanos más o menos iguales, porque en la ley pronto empezará a haber distinciones, que forman parte de una colectividad. Es un concepto nuevo que no aparece aquí, lógicamente, hasta el siglo XIX, que es cuando surge esta forma de organización. Alcalá Galiano, una gran cabeza pensante, dice del Estatuto Real en las Cortes­: “La tarea que tenemos ahora los liberales es hacer de España una nación, que no lo es ni lo ha sido nunca”. Es un concepto cultural. En el sentido político está asociado al paso de unas formas políticas a otras que son las formas políticas del Estado moderno.

Seguimos discutiendo casi las mismas cosas después de 200 años: territorialidad, bandera, himno.

Estas cosas son problemáticas en todas partes. Hay que tener en cuenta que el concepto de nación es tremendamente difícil de aclarar; ha conducido a multitud de discusiones, hasta el punto de que cada uno lo usa de manera distinta. Es mejor no hacerse mala sangre con él. El problema es saber cómo y por qué una comunidad vive asociada y más o menos entendiéndose y cuándo no. Eso depende de muchas cosas, no solo de las culturales, depende también de las realidades políticas. La nación ha servido en el siglo XX para justificar millones de muertos. Aquí no tenemos ese problema. La construcción de estructuras nacionales en el centro y este de Europa ha generado procesos de limpieza étnica. Por eso es un concepto que no utilizo demasiado.

¿Qué es Cataluña en este momento?

Prefiero emplear “pueblo” antes que “nación”. Es una colectividad que tiene una unidad cultural, aparte de una lengua, que es sólo un elemento de esa unidad cultural, y unas características históricas que ha asimilado. Es difícil definir lo que se entiende cuando uno habla de cultura, porque forma parte de un conjunto de cosas, además de la lengua, cosas que uno ha recibido de la familia, que ha aprendido en la calle, en los pueblos, que imprimen un carácter y un tipo de costumbres peculiares y que crean, en cierto sentido, diferencias. Cuando escucho a la señora Esperanza Aguirre decir entusiasmada que el arte taurino es un elemento constitutivo de la identidad del pueblo español, no lo acabo de entender, porque no forma parte de mi identidad constitutiva.

Pero los sentimientos, las emociones...

Los sentimientos y las emociones son elementos importantes que nacen de la experiencia vital de cada uno. Cada uno de nosotros tiene una carga de experiencias vitales que marcan ese camino. Nací durante la II República, viví la Guerra Civil con todos sus problemas, sufrí el franquismo, y lo he sufrido de cerca. Todo eso forma una trama de la que surgen en buena medida las emociones, no surgen de las ideas puras o de los libros que lees.

¿Qué ha pasado en Catalunya en estos tres últimos años para que coincidan emociones distintas?

Tiene una explicación larga. Para hacerla lo más corta posible empieza por el timo de la Transición, por la forma en que se hace. No solo es un timo por el problema del régimen autonómico, lo es también en otros muchos sentidos. Lo es cuando unas izquierdas que han pedido a la gente niveles de heroísmo durante el franquismo, que se jugaran la libertad y la vida por conseguir unos objetivos, se olvidan de lo que habían defendido cuando llega el momento y aceptan la continuidad de gran parte del aparato social del franquismo: jueces, profesores, etcétera, a cambio de acceder a los privilegios de ser parlamentarios.

Esa es una parte. Desde el punto de vista autonómico hay hechos escandalosos. En el mismo momento en que el PSOE y el PCE están publicando manifiestos en los que hablan del derecho a la autodeterminación y no sé cuántas cosas más, uno se entera, a través de las memorias publicadas por un miembro de lo que sería el Cesid y CNI, entonces llamado Seced, de la conversación que mantienen Felipe González y Alfonso Guerra, antes de legalizarse el PSOE, con Casinello y otros militares, donde hablan con franqueza lo que piensan, que es lo contrario de lo que dicen en los manifiestos.

¿Qué sucede hace tres años en Catalunya? Tuve la oportunidad de ver la manifestación del 11 de septiembre de 2012 de manera privilegiada. Estuve como invitado en el stand de Catalunya Radio, con acceso a los monitores de televisión y a toda la información de lo que sucedía en la calle. Fue una experiencia que había vivido pocas veces. La anterior en la manifestación contra la guerra de Irak. Son movimientos populares y espontáneos. Esta vez estaba fuera de la manifestación, pero en las otras veces he estado dentro. Ves que las personas que están son de tu barrio, familias que conoces: el marido, la mujer, los niños. No fueron movilizados por los partidos ni por nadie. Los partidos tienen una capacidad de movilización escasa. Acuden a la manifestación porque responden a un malestar, y ese malestar, y es lo que muchas veces no se ha entendido, se suma a la idea de que están sufriendo una serie de agresiones. Es un malestar contra la situación social de aquellos momentos.

Y contra la crisis económica, sobre todo.

Eso se ve al final de la manifestación, cuando la presidenta del Parlamento se dispone a recibir sus reivindicaciones. La gente silbó porque no estaban allí por Convergència ni por la presidenta del Parlamento, estaban por un malestar profundo que se expresa con la palabra “independencia”. Una palabra que expresa la voluntad de ruptura total.

Aunque sea simplificar, ¿se puede decir que lo que está pasando en Cataluña con la independencia es lo que está pasando en el resto de España con Podemos?

A esto se añade el malestar surgido por la forma en que se manejan estos asuntos, sobre todo en la forma en la que el PP maneja estos asuntos cada día. La teoría del PP de que la manera de resolver los problemas consiste en prohibir, prohibir las manifestaciones, imponer penas de cárcel por ir a una manifestación... Prohibir es estúpido porque lo único que hace es aumentar la irritación. Es un malestar semejante al que existe en el resto de España al que se suma un malestar por un trato diferencial, con provocaciones estúpidas de tanto en tanto que no tienen sentido. El hecho de que el franquismo fuese un enemigo común de las libertades nacionales y de las libertades sociales, provocó que cuajara una lucha común con la gran cantidad de la población inmigrante que vino en el proceso industrializador de esos años, en gran medida población inmigrante del sur de España. Las manifestaciones más importantes del 11 de septiembre de los últimos años antes del final del franquismo se producen con trabajadores en Terrassa y Sabadell. Esto permitió pasar por aquello sin que se suscitaran problemas.

Después se producen interferencias en la Educación, cuando nunca hubo problemas. Sirve de excusa la queja de unas familias, que son diez o doce y no sabes si han sido financiadas para crear conflictos estúpidos. Es algo que produce una profunda irritación. La derecha española aprendió pronto a sacar dividendos del anticatalanismo, de la hostilidad hacia lo diferente, y lo ha utilizado durante todo el siglo XX. Cuando se produce aquí la Semana Trágica en 1909 y asaltan los conventos se difunde para el resto de España que se trataba de un movimiento separatista, cuando lo que pasaba por aquí es que estaban quemando iglesias. Recuerdo las memorias de un militar importante que no han sido publicadas y que fue teniente general en el franquismo. Está convencido de que durante la República todos los recursos del Estado se invierten en el País Vasco y en Cataluña. Cuando durante la República se crea aquí la Universidad Autónoma se producen manifestaciones en contra en universidades como las de Sevilla, Valladolid... Ese es un elemento fácil de utilizar y que se utiliza porque da votos. Son situaciones complejas que vienen de largo, vienen de una cierta dificultad de admitir la diferencia cultural.

Al revés ocurre con el “España nos roba”, también da dividendos electorales.

Sí, es evidente.

Estamos jugando a la diferencia.

No, no, porque en este caso juega sobre elementos superficiales que tampoco movilizan mucho. Lo otro juega sobre elementos de oposición cultural más hondos y serios. Pero sí, el sentimiento identitario es explotado políticamente porque piensan sacar fruto de él, eso está claro, y eso sucede en todas partes y en todos sus momentos. La historia catalana tiene una larga experiencia en que cuando las capas superiores han conseguido movilizar y obtener cosas, pactan y lo dejan todo colgado.

¿Va a suceder otra vez?

No, ahora es más complicado. Los problemas que existen en este momento son sociales. Por arriba pueden pactar, pero según como pacten se quedan solos. Es un problema que también se produce en el conjunto de España. El sistema político existente es un sistema de dos partidos que se turnan, parecido al de la Restauración. Ellos lo reconocen; Soraya Sáenz de Santamaría lo dice: “El principal partido de la oposición”. No cuentan más que dos partidos, como en la Restauración. Había dos partidos y había republicanos y carlistas para dar color, para que pareciera que era plural, pero en realidad era un sistema de partidos que se turnaban. Ese sistema está, hasta cierto punto, agotándose. Nadie sabe lo que va a salir de ese sistema en el Parlamento de Madrid.

Quizá las tarjetas negras de Caja Madrid son una exhibición de que todos están metidos en el mismo saco.

Sí, la idea de que existe una corrupción profunda, de que lo que predican es mentira. Es un desgaste total. Hay un signo muy claro. El caso que podría considerarse menos grave sería el de Acebes, pero en la calle le reciben a gritos de “ladrón”. La predisposición de la gente en estos momentos es suponer que todo el tinglado está corrompido. Aquí se ha producido un cambio muy grave en la sociedad.

¿Qué efecto va a tener en Cataluña lo que ha pasado con Jordi Pujol?

Muy poco efecto.

Él vendía la idea de nosotros somos diferentes, honrados y trabajadores.nosotros

En el entorno de Pujol ha habido problemas con anterioridad. Cuando se produjo el caso del Palau de la Música todo quedó claro. Para algunos que le hubieran puesto una cierta fe, porque el hombre tenía una habilidad considerable en la relación con el pueblo, a un pequeño número puede haberles hecho efecto, pero el conjunto de la gente dice que son una partida de chorizos, como otros tantos. Eso requiere un tipo de cambio político en el que las fuerzas renovadoras tendrían que salir de abajo, y no se sabe cómo podría cuajar.

La situación de la sociedad ha cambiado; el recorte de los servicios sociales es un recorte brutal que no parece que se pueda echar marcha atrás fácilmente porque se ha concedido la entrada en el pastel a intereses; tampoco es fácil revertir la congelación de las pensiones, la pérdida de derechos laborales. Lo que han cambiado las condiciones de trabajo es tremendo. He vivido la Universidad, que ha sufrido un cambio brutal: departamentos donde antes había ocho catedráticos, quedan tres, y de los tres, dos están a punto de jubilarse. La docencia la hacen hoy personas con contratos de corto plazo y en unas condiciones míseras. Eso no tiene una vuelta atrás fácil porque esos cambios implican cosas que van más allá del crecimiento de la desigualdad. Para ese problema no tienen recetas ni PP ni PSOE, ni nadie. Este cambio social profundo va a seguir generando malestar por mucho tiempo.

Si cala la idea de que hay que hacer una segunda Transición, una renovación de las instituciones, una limpieza, ¿llegaría a tiempo para Cataluña o es tarde?

Nunca es tarde, pero el problema del malestar político, por decirlo así, es un problema más fácil de arreglar. Vamos por partes: esta sociedad, no la sociedad catalana, el conjunto de la sociedad española, va a llegar un momento en el que pida cuentas. Lo de la corrupción es, si se quiere, una broma. El problema es que se han enajenado derechos.

No es un problema solo de aquí. Hace un mes un norteamericano rico, Nick Hanauer, que es uno de los fundadores de Amazon y que él mismo considera que forma parte del uno por mil de los más ricos, publicó un artículo diciendo que hay situaciones de desigualdad que no se aguantan, que no se han aguantado nunca en la historia. Avisa, sobre todo a los plutócratas, de que se están preparando las horcas de la revolución; no se trata de “si”, sino de “cuándo”. Es decir, que existe un problema profundo en estas sociedades, y vamos a ver quién le hace frente.

Ante una historia de España más o menos inventada durante siglos, da la sensación de que ahora Cataluña se está inventando la suya.

¿Qué es una historia? Normalmente trabajamos con discursos preparados, montados. Nadie pudo contar todo lo que se hizo en la historia, porque es tan compleja de evoluciones y acontecimientos que nadie puede abarcarla. Lo que ocurre es que dentro de ese bosque, la gente va haciendo preguntas y busca cosas. Entonces, según lo que estés buscando y el punto en el que estés, encuentras un camino u otro.

Normalmente, las historias nacionales montadas bajo patrocinio de los gobiernos son hagiografías de ese mismo gobierno que vienen a demostrar que todo lo que ha sucedido es un progreso indefinido. Eso vale para la historia de España y la de Cataluña. Otra cosa es si te enfrentas a ese bosque de acontecimientos buscando cosas diferentes, otras preguntas que no sean las de averiguar cuál ha sido la línea que siguió el poder. Esa otra historia de Cataluña es una historia que en realidad siempre la ha habido. Lo que pasa es que a veces, cuando se recuperan acontecimientos, como ha pasado con 1714, ilustran las diferencias que ya existían. Ver 1714 con ciertos ojos te muestra que lo que se quería conseguir no era una separación, ni nada que se le parezca, sino consolidar unos grados de libertad que una monarquía absoluta no podía aceptar.

El 1714 no fue una guerra contra Cataluña, fue una guerra de sucesión de dos reyes; parte de los catalanes estaban con uno y parte con otro.

El problema no era con qué rey estaban, el problema era qué tipo de organización política querían. En palabras de Felipe V, lo que aquí se estaba montando era “más repúblico que los ingleses con su Parlamento”. Lo que se quería montar solo tenía sentido si de algún modo eso era posible para el conjunto de los españoles. Es una cosa que Azaña sabe ver cuando examina la historia de la guerra de sucesión, sabe ver que era un problema para todos y que se perdió. Lo malo es que dada la gestión que se ha hecho de estos problemas, se va a salir con las cuestiones más envenenadas que antes.

Simplificando mucho: es como un matrimonio que se tira todos los trastos a la cabeza, rehacer esto es complicado porque también jugamos con las emociones.

Sí, eso está claro. Pero insisto: hay muchas cosas que se están mezclando y puede ser una trampa jugar esta carta que a unos y otros les interesa jugar en un terreno político concreto, limitado, olvidándose de las cosas que hay debajo. Ahora tenemos un año con convocatorias electorales que van a demostrar si las cosas cambian, cómo cambian, y vamos a ver cómo responden. No van a traer ninguna solución, porque nadie que tenga posibilidades razonables de obtener un grado suficiente de poder está pensando en cambiar las cosas que cuentan, la estructura. Vamos a ver qué sale de todo eso. Diría que hay un porvenir inmediato no muy esperanzador, pero habrá que salir de ello. Alguna vez me ha tocado dar charlas a estudiantes y les he explicado que mi generación también tenía un mundo poco favorable, que intentamos cambiar las cosas y no conseguimos mucho, pero que había una diferencia: que nosotros teníamos esperanzas de cambiarlo, y ahora hay muy pocas esperanzas de cambiarlo.

En las politizaciones de la realidad y la Historia, ¿dónde está el historiador?

Como cualquier rama del conocimiento, la Historia es una herramienta, una herramienta se puede usar para construir o para destruir. Un martillo es espléndido para la construcción y un arma para destruir. La Historia puede servir para cualquiera de las dos cosas, depende de cómo se quiera usar. La Historia juega además -porque la educación ha favorecido que sea así- en el terreno de los prejuicios y los sentimientos, que es un terreno terrible. Eso lo ha analizado muy bien Kanheman y George Lakoff, mostrando que una gran parte de nuestro pensamiento habitual es pensamiento no razonado, es un pensamiento que procede de convicciones y prejuicios, de aquello que creemos que está bien o está mal, y que alimentamos durante toda la vida. La gente busca el periódico, la emisora de radio o de televisión que responde a sus convicciones, que las refuerza y fortifica. Conseguir que se razone en el terreno de la historia y de la política es difícil, porque son territorios minados por una serie de elementos irracionales.

Pertenezco, digámoslo así, a una escuela en la que mis maestros me enseñaron que lo importante es que un historiador enseñe a la gente a pensar por su cuenta, no a contarle la verdad, sino hacerle desconfiar de todas las verdades adquiridas, estimularle a que piense por su cuenta. Esa es una forma de utilizarla. Evidentemente la historia ha sido utilizada con mucha frecuencia para encender los enfrentamientos.

Eso no se ha hecho en España: aprender a pensar por nuestra cuenta. Siempre nos han dicho cómo tenemos que pensar, desde la razón, la represión o la emoción.

Estaba haciendo un trabajo sobre la historia del marxismo, y me fijaba cómo más o menos a comienzos del siglo XX, una parte del pensamiento político social del marxismo se va fosilizando y convirtiendo en un repertorio de cosas asumidas como verdades que no sirven para pensar. Han sido los historiadores, por el hecho de que tenían que trabajar sobre una realidad, los que abrían caminos distintos e incitaban a encontrar formas distintas. Me pidieron que contribuyera, y lo voy a hacer con mucho gusto, a un homenaje a un historiador de la Alemania del Este, a quien conocí, Manfred Kossok, un hombre que vivía en el sistema pero con la voluntad de cambiarlo, que vivía con la voluntad de encontrar algo que se pareciera a un socialismo con rostro humano, asociado a libertad, por el que lucharon mucho. Recuperar su historia, cómo vivió toda su vida tratando de usar la historia como un elemento de razón, como un elemento para cambiar progresivamente la realidad, me parece que merece la pena.

En momentos de hiperemotividad colectiva trabajar desde la razón supone estar fuera del rebaño. Hay miedo a quedarse fuera del pensamiento dominante.

Puedes hacer cosas, pero no es ese terreno. Puedes hacer cosas trabajando en un terreno donde el contacto con una realidad que vive la gente hace más fácil incitar al razonamiento que si tienes que hablar del pasado. En cierto sentido, por eso dediqué una buena parte de mi trabajo a escribir un libro que trata de explicar el mundo contemporáneo. Lo último que escribí fue sobre el fin del crecimiento. Ahora preparo un análisis del crecimiento de la desigualdad y lo que significa, que es un problema histórico, pero muy grave ahora. Cuando tocas cuestiones que afectan a la sociedad, que es un terreno que también tiene una dimensión histórica, es más fácil acercarte a esto. Pero si tratas de razonar con ideas como las del PP, que si el reino visigodo significó no sé qué, estás perdido.

En este debate histórico, el Reino de Aragón ha desaparecido.

Hay un fenómeno que hubiese necesitado más reflexión histórica: qué es la corona de Aragón. La corona de Aragón tiene la peculiaridad de que fue una especie de federación de tres Estados, cada uno de los cuales con sus leyes, su moneda, y un rey común que es rey en cada uno de estos sitios. Solo es rey cuando jura las constituciones en cada uno de los tres. Por tanto son, digámoslo así, independientes y separados aunque contribuyen en común a veces a determinadas iniciativas reales y conviven durante siglos sin conflictos entre ellos. Es 1714, hay aragoneses y valencianos defendiendo Barcelona.

Cada uno de estos tres componentes tiene algunas características comunes, pero en realidad son sociedades diferentes que evolucionan en forma distinta. En Aragón pierden parte de sus derechos y libertades con Felipe II. Es una historia que alguna vez habrá que intentar conocer bien, porque hay algo que siempre me ha intrigado: el Aragón del siglo XVIII tuvo un momento de esplendor intelectual increíble, con la Ilustración, y luego se trunca en el XIX, ya no sigue con esa misma fuerza. Ese tipo de historia común es algo que hay que recuperar.

En el siglo XIX quizá nos equivocamos al no ir con los franceses en la guerra de la independencia.

No, por una razón muy sencilla: lo que sucede en mayo de 1808 es que la monarquía absoluta de los Borbones se ha hundido por completo. Los franceses se lo encuentran todo hecho cuando entran aquí, porque sencillamente es que se ha hundido todo.

Pero ellos traían una especie de progreso.

No tanto progreso. El primer problema de la ocupación francesa es que los franceses de la etapa napoleónica tienen un sistema por el que los ejércitos han de vivir sobre el país. A diferencia de lo que sucede en 1823, cuando entran los Cien mil hijos de San Luis, que pagan lo que comen, los Ejércitos napoleónicos saquean. Solo crean afinidades sobre grupos reducidos de las élites políticas, y muy poco en el caso de intelectuales. Napoleón ya no representa la revolución, sino el freno a la revolución. Buena parte de los que se suman a la causa napoleónica en Madrid, se suman porque ven en Napoleón una garantía de que no va a haber aquí una revolución que lo remueva todo.

El papel de la Iglesia ha sido un papel castrador, en Cataluña y en España­.

La Iglesia tiene un negocio. Siempre ha sido poseedora de riquezas. En la Edad Media inventó el espléndido negocio del purgatorio, que era decirle a la gente que si pagaban podían reducir el tiempo de estancia en él y así se consiguieron las cantidades que las herencias españolas del siglo XVI y XVII se dejan en misas para el alma. Que en las iglesias haya tantos altares es porque cada familia quería tener su propia fundación y su propio altar.

Al mismo tiempo sirve como estabilizadora del orden social: sufres en esta vida pero te lo compensarán en la otra. Eso es grave. No hay más que ver la función que está teniendo en el islam, donde la gente va a matarse porque están convencidos de que se lo van a recompensar inmediatamente.

La Iglesia católica no ha tenido que llegar a esos extremos, pero ha vendido la misma mercancía. Siempre ha tenido un papel de pacificador social, de controlador. He visto cómo se transformaban los jesuitas que vivían entre indígenas en América Latina; lo he visto en el Perú, en el valle de Cuzco, donde hay una cooperativa que llevaban un grupo de jesuitas, algunos de ellos hijos de miembros destacados del franquismo. Mientras el clero peruano se había fugado a Lima y a otros lugares más tranquilos, ellos se quedaron allí, vivían la vida de esta gente, se contagiaban de tuberculosis con ellos, una tuberculosis que cuando vives en altura no es grave, pero cuando bajas a la costa te hunde. Se sentían identificados con los indígenas y cambiaban, pero eran completamente marginales. Si hubiesen querido tener un papel más importante ya habría venido Roma a cantarles las cuarenta como se las cantó a la Teología de la Liberación. Lo que pasa es que el papel de la Iglesia es cada vez menos importante en sociedades como la nuestra.

Las iglesias están vacías, pero la jerarquía sigue teniendo una autoridad política por encima de su peso social.

Efectivamente, porque parece que siguen siendo un elemento equilibrador y está la complicidad de los políticos que les permiten mantener sus prebendas, cosas como que les hayan regalado la Mezquita de Córdoba es absolutamente escandaloso. Si eso no es un bien público, que me expliquen lo que es. Dentro de cuatro días van a cobrar entrada en cada iglesia y seguirán explotando el negocio. Pero su influencia social ha decaído mucho, no hay más que ver por ejemplo el número de matrimonios religiosos, que está cayendo a una velocidad tremenda. La gente considera que formar una familia es cosa privada y que ahí el cura no tiene ningún papel.

¿Cuál es el historiador de referencia de la generación anterior, Sánchez Albornoz, Américo Castro­?

No creo que Sánchez Albornoz o Castro, que no es propiamente un historiador, sean la referencia. Cuando era joven, ya formaban parte de un pasado. Cuando empecé a estudiar lo mío eran los franceses de la escuela de los Annales, los historiadores marxistas ingleses, Hobsbawm, Thompson. Ahora los modelos son más complejos, pero los sigue habiendo. De todas formas hay que tener en cuenta que hasta su muerte, ocurrida hace poco, Hobsbawm era el historiador más leído en todo el mundo.

A corto o medio plazo, ¿es usted optimista o un pesimista bien informado?

Toda la vida he mantenido un lema de Gramsci, que siempre me ha servido de guía, que dice “pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”; lucidez para darte cuenta de que las cosas van mal y al mismo tiempo la idea de que siempre es posible hacer algo para cambiarlas. Creo que esta es la definición de lo que es la izquierda: el aceptar que las cosas no son como deberían ser y que lo que hay que hacer es tratar de cambiar.

¿Y Podemos?

Podemos tiene un rasgo importante, que revela el desencanto de la gente ante lo que hay. Viene alguien y dice “nosotros vamos a ofrecer algo distinto” y se apuntan. Luego ya veremos. Pero de momento, lo que más me gusta es ver el terror de los dos partidos establecidos ante esa amenaza. Me interesan más cosas de base, los movimientos de organizaciones sociales. Me interesa mucho ver qué capacidad tienen las alternativas que se están organizando para las elecciones municipales...

¿Como Guanyem en Barcelona?

Sí. La esperanza es que es un terreno donde es más fácil contactar con las necesidades de la gente, con sus problemas, ver qué posibilidades hay. Las bazas que se pueden ganar son importantes. En el caso de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona es casi tan importante como la Generalitat. Siempre lo ha sido, históricamente. Esas cosas que pueden hacerse me parecen importantes, y las que puedan surgir en otros sitios. Veremos lo que pueden dar de sí. Que tienen que salir por algún lado, porque hay demasiado malestar, demasiadas frustraciones, demasiadas pérdidas como para no reclamar por ellas.

¿Usted cree que un referéndum en Catalunya es la única forma de solucionar el problema de fondo?

Un referéndum no resuelve ningún problema, eso está claro. Es una cuestión que he sostenido en diversas ocasiones. Lo que ocurre es que si a alguien se le ocurre la idea de plantear un referéndum y la única idea que sale de la otra parte, lo único que se le ocurre es decir “ahora no, quedaos en casa”; es una idea tan estúpida que solo sirve para crear malestar y jorobar a los demás. La exigencia de un referéndum puede ser un indicador de la existencia de un malestar profundo en que la gente se apunta a cualquier cosa que le permita decir que no está de acuerdo. Pero que evidentemente un referéndum no trae una solución, eso está claro y lo sabe todo el mundo, excepto los políticos a los que eso les interesa.

¿Qué pasaría ahora si hubiera un verdadero referéndum de sí o no?

Dados los méritos que ha hecho el PP durante mucho tiempo para animarlo, es posible que obtuviera un ­­sí. El PP y demasiada gente menosprecian el grado de cabreo de la gente. Cuando el PP con sus autocares intentaron montar una manifestación el 12 de octubre, reunieron unas treinta o cuarenta mil personas en la plaza Catalunya. Aquí sin demasiado esfuerzo se saca un millón de personas a la calle. Eso quiere decir algo. Y que salgan una vez y que vuelvan a salir y que vuelvan a hacerlo, quiere decir que hay un malestar profundo. Y lo único que se hace con ese malestar es alimentarlo sobre la base de decir estupideces y no hay salida. El PP, lejos de ser un cuerpo de bomberos, es un cuerpo de incendiarios.

¿Qué ha cambiado ahora en la actitud de los jueces? Con el caso de las tarjetas opacas, parece que se empiezan a saber algunas cosas.

Ese es un fenómeno que posiblemente se les ha escapado de las manos y que vamos a ver ahora qué capacidad tienen de pararlo. Por ejemplo, al juez Ruz es muy probable que se le acabe la cuerda en diciembre y que lo pasen a otra cosa. A Elpidio Silva se lo sacaron de encima a patadas porque corría demasiado. Es verdad que seguramente no esperaban que se les moviera tanto este asunto. En ese terreno, no sé por qué, se les han ido escapando estas piezas y vamos a ver qué pueden hacer, si están a tiempo de frenarlo. De momento están creando una convicción generalizada de que todo está podrido y vamos a ver dónde se para. Lo que pasa es que ahí los dos partidos turnantes están hundidos en la miseria y no hay más que ver lo que pasa con la puerta giratoria, como salen cada uno de ellos a situaciones de privilegio.­­

El PSOE se ha mostrado prudente a la hora de analizar la consulta independentista celebrada en Cataluña este domingo y ha mostrado “respeto” hacia la movilización y la participación de más de dos millones de personas; pero Pedro Sánchez ha pedido que se respete igualmente a los millones de catalanes que no acudieron a las urnas por no compartir los términos en que se había convocado, según ha explicado el líder socialista en una rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva del PSC, a la que ha asistido.

“Desde el PSOE respetamos la movilización que se produjo ayer por parte de dos millones de personas en Cataluña y, al igual que respetamos la movilización, respetamos a aquellos que no acudieron a las urnas”, ha expresado Sánchez, que ha pedido a los gobiernos de Mariano Rajoy y de Artur Mas que les tengan en cuenta.

El secretario general del PSOE ha expresado que estos millones de personas -alrededor de cuatro millones frente a los 2,25 que sí votaron- “se quedaron en casa” porque consideraron que la solución puede venir “por otra vía que no sea una consulta unilateral que no cubría las mínimas garantías democráticas”.

Sánchez ha defendido que la “salida” para el problema territorial es la reforma de la Constitución. Así, ha asegurado que el “inmovilismo” de Rajoy y el “frentismo” de Mas han fracasado. “Frente al inmovilismo e independencia, proponemos cambio constitucional”, ha afirmado el líder socialista, que ha anunciado que en las “próximas semanas y próximos meses” el PSOE irá perfilando esa propuesta para reformar la Carta Magna.

“Propondremos la reforma constitucional con o sin el señor Rajoy”, ha añadido Sánchez, que ha insistido en la necesidad de abrir un “diálogo” y un “tiempo nuevo”. Para Sánchez, el cambio constitucional responde al derecho a decidir de los catalanes y también da respuesta a una necesidad en el resto de España. Esa propuesta quiere dejar atrás la “España de las autonomías” e impulsar el federalismo.

“Abandonar los tribunales”

Sánchez ha pedido al presidente del Gobierno que “abandone los tribunales” y que abra el diálogo. “Rajoy debe dejar de escudarse en los tribunales en una crisis que es política y cuya solución debe ser política”, ha señalado. “Los socialistas tenemos una salida y es la reforma constitucional -ha continuado-. Tenemos un problema que son los actores: dos presidentes que no quieren entenderse porque viven mejor en la confrontación”.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ha comparecido junto a Sánchez, ha secundado la propuesta de reforma constitucional desmarcándose, en principio, de una votación limitada únicamente a los ciudadanos de Cataluña. “Defendemos que la consulta deber ser legal y acordada entre Generalitat y el Gobierno de España”, ha defendido Iceta: “Nos parece que hay que empezar por un nuevo acuerdo y no por la ruptura”, ha sentenciado.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado suspender cautelarmente la vigencia del acuerdo del Consejo de Ministros del viernes 31 de octubre que aprobó impugnar en el Tribunal Constitucional (TC) el proceso participativo sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre. Advierte además a la Generalitat que concurre causa de inadmisibilidad, por lo que previsiblemente su pretensión de anular el acuerdo será rechazada de plano.

Se trataba este jueves de resolver una medida cautelarísima -denominada así por la rapidez con la que debe responderse- solicitada por el Ejecutivo de Artur Mas en el curso de esta demanda, en la que se pide la anulación del acuerdo del Ejecutivo por la vía de la protección de los derechos constitucionales.

Entendía el Gobierno de Mas que el recurso que se presentó ante el Tribunal Constitucional como consecuencia de esta decisión del Consejo de Ministros vulneró los derechos de participación, libertad de expresión y libertad ideológica.

Los seis magistrados de la Sección Séptima de la Sala Tercera del TS que firman la resolución explican que para examinar pretensiones cautelares es preciso que se soliciten respecto de actuaciones recurribles “puesto que de lo contrario carecerá de jurisdicción y tendrá vedado conocer no solo de las cautelares, sino de la totalidad de las que se quieren hacer valer”.

Así pues, en este juicio preliminar necesario los jueces advierten de que concurre causa de inadmisibilidad y recuerdan que el acuerdo del Consejo de Ministros cuestionado no es un acto susceptible de recurso contencioso, ni ordinario ni especial, pues no es de los que la ley reguladora somete al control de los tribunales.

Correspondería al Constitucional

La impugnación de la que se trata correspondería al TC, advierte el auto, que tendría que resolver en exclusiva sobre las condiciones de su admisibilidad y decidir sobre el fondo del asunto.

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas, recuerda que las resoluciones jurisdiccionales del TC no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado.

Además, el Supremo hace constar que la Generalitat presentó el recurso el pasado lunes a las 14.45 horas y que este asunto se deliberó ayer, cuando el BOE ya había publicado la providencia del Tribunal Constitucional, habiendo producido ya sus efectos el acuerdo*que pretende suspenderse.

En consecuencia, al no ser revisable por el Supremo la actuación contra la que se dirige la generalidad, no*se entra en el debate cautelar y al entender que concurren causas de inadmisibilidad se acuerda dar un plazo de diez días a las partes para que se pronuncien sobre las mismas.

La Generalitat había articulado su petición al Tribunal Supremo como recurso contencioso-administrativo por la vía de la protección de los derechos fundamentales porque considera que el Gobierno central atentó “contra el derecho de participación, contra el derecho de la libertad de expresión y contra el derecho de libertad ideológica”.

Así lo dijo el portavoz del Govern, Francesc Homs, en una rueda de prensa este martes en la que consideró que el Supremo “debería poder dar” antes del domingo 9 de noviembre una respuesta a la demanda que presentaron.

El 9N iba a ser el día del referéndum. Luego, de la consulta. Más tarde, del proceso participativo con urnas. Y, ahora, a escasos días de la fecha y tras una nueva suspensión por parte del Tribunal Constitucional, el 9N es una incógnita. “Nosotros no estamos de acuerdo con cómo se ha planteado, pero vamos a participar en clave de movilización porque la reacción del Gobierno del PP necesita una contestación”, afirma Joan Herrera (Barcelona, 1971), coordinador nacional de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).

El diputado en el Parlament, portavoz del grupo ICV-EUiA, defiende que “hay muchas otras cosas de las que hablar, al margen del debate nacional, como son las privatizaciones de los servicios públicos”, y entiende que en estos momentos “cualquier cosa puede pasar el 9N. Si el Gobierno central quiere impedirlo, ¿cómo va a hacerlo?”

Después de la suspensión del 9N alternativo por parte del Tribunal Constitucional, ¿qué plan tiene ICV?

Están suspendiendo una movilización, un proceso participativo, pero no una consulta. Creo que lo último que se puede hacer es impedir esa expresión ciudadana. El 14 de octubre [Artur] Mas presentaba esto como una alternativa, como si fuese la consulta aunque no lo fuera. El Pacto Nacional por el Derecho a Decidir recosió las posturas de los partidos proconsulta, hemos conseguido presentar este miércoles una movilización con recogida de firmas para denunciar que no se nos permite votar como queríamos...

La decisión del PP de suspender e impedir la movilización ha hecho que mucha gente que no pensábamos ir debamos revisar nuestra postura. Cuando te niegan algo tan básico, lo mejor es movilizarse. Es un error político por parte del PP. Al final, lo del 9N ya no es la consulta. Es un error que hace alejar aún más a la sociedad catalana, no permitiendo siquiera un proceso participativo, una movilización. Se trata de eso, esa es la propuesta que al final teníamos encima de la mesa.

¿Y qué va a ocurrir ahora?

Un escenario es que el Govern realmente tire adelante con el proceso participativo y el Gobierno del Estado permita que se tire adelante. Otro escenario es que lo haga la sociedad civil, pero la ANC [Assemblea Nacional Catalana] ya dijo que no.

¿Y qué creen que debería ocurrir?

Que si el Govern puede tirar adelante, que lo haga, pero debemos garantizar un marco de movilización. Por eso hemos puesto en marcha la recogida de denuncias, porque el Estado no nos permite votar como queríamos, y esperamos que sea muy masiva. El sucedáneo de consulta queremos que se mantenga, que en cualquier caso haya una gran movilización el 9N.

Han pasado de estar en contra del 9N alternativo a apoyarlo, ¿por qué?

Quien rompe la negociación es Mas con la propuesta unilateral. La consulta tenía un amplio apoyo, y esto otro tenía menos apoyo. Además, Mas nos dijo que esto servía para que no lo pudiesen tumbar.

Hay cuatro elementos que cambian. En primer lugar, que en el pacto nacional recosemos los acuerdos y conseguimos que se hable de proceso participativo y de diferentes movilizaciones, no consulta. En segundo lugar, la recogida de firmas, que pone de manifiesto que esta consulta no es la que queríamos. En tercer lugar, el cambio de relato que hace Mas, y empieza a reconocer que esto es un proceso participativo y no otra cosa. Y en cuarto lugar, que la actitud del PP hace que el estado de ánimo de mucha gente en Catalunya cambie.

El PP ha vuelto a unir, y lo que no podíamos hacer ante un cambio de escenario en 15 días es estar al margen de la movilización. Esto no significa que toda la gente de ICV vaya a participar, pero nosotros no podíamos estar al margen de eso. El 9N no se quema nada, el 10 continúa pendiente la consulta: nos preocupa que Mas la dé por amortizada. Eso sería contradecir lo que ha estado diciendo los últimos días, pero, sobre todo, sería no permitir que la consulta se haga con todas las garantías. Es decir, que haya un proceso deliberativo, con neutralidad, elementos con los que no hemos podido hacer la consulta.

¿Habrá elecciones anticipadas?

Creo que debería haber elecciones. Hay quien dice que tienen que ser para resolver el encaje entre Catalunya y España. Pero nosotros las queremos para cambiar las políticas. En Catalunya no se habla de la privatización de la sanidad, de la privatización del agua, que hayan decidido adjudicar la T-Mobilitat [tarjeta unificada de transporte público] a La Caixa...

Yo creo que es fundamental que haya elecciones para cambiar el Gobierno. Para Mas, depende de si puede hacer lista conjunta, lista de presidente, y de si se puede proteger electoralmente. Y mi impresión es que esto no va a ocurrir. Un escenario posible es que no haya elecciones porque Mas las afronta con carácter plebiscitario, término que se saca Mas de la chistera: convocará las elecciones o no en función de si puede conseguir una lista conjunta, y ese escenario hoy por hoy no existe.

Afirmó que el 9N era un plan de rescate de Artur Mas. ¿Sigue pensando lo mismo?

Mas lo presenta como un plan de rescate. El día 14 de octubre, cuando presenta el 9N alternativo, dice que esto es como la consulta, y yo niego la mayor, porque se pierde el proceso de deliberación y neutralidad. Además, Mas, que siempre había dicho que, si no se podía, había elecciones plebiscitarias, de repente dice que el 9N es una fase previa a las plebiscitarias. Y para nosotros eso es rechazable. Con los días, Mas se ha moldeado, ha cambiado, pero aún hay riesgo de que Mas intente hacer del nuevo 9N un plan de rescate. Hay que ver cómo responde el Govern.

Mas ha anunciado denuncias contra el Gobierno central y ha dicho que habrá 9N.

Ya, pero hay varios debates: si el Govern tira de verdad adelante y si el Gobierno central lo deja o lo intenta impedir. Y ese segundo escenario está lleno de interrogantes. Y la pregunta es cómo lo va a impedir. Otra cosa es que el Govern delegue en la sociedad civil, y que la sociedad civil lo haga o no. O que convoque elecciones. A día de hoy no sé decir qué va a pasar.

¿Nunca pensaron que llegaríamos a este callejón sin salida cuando arrancó todo el proceso?

Yo sí que pensaba que estaríamos aquí. Lo que no nos gustó es que Mas intentara dar gato por liebre cuando presentó el 9N alternativo.

Sin embargo, la idea, desde que se puso en marcha, parecía estar abocada a esto. Era previsible que un Gobierno del PP difícilmente se iba a sentar a negociar un referéndum sobre el derecho a decidir en Catalunya. Y también que el Constitucional lo pararía.

Pero había una primera propuesta de referéndum, que presentamos en el Congreso el 8 de abril. Y nosotros estábamos dispuestos a hablar de fecha y de pregunta. Luego se intenta hacer a través de la legalidad catalana, con lo que ya pierdes el referéndum. Pero tenía su virtud, hacerlo con garantías. Una vez descartado eso, lo que se nos plantea ya no es la consulta.

Ese escenario era previsible. Si no podemos hacer la consulta, hagamos algo que no aparente una consulta, sino movilización y recogida de firmas. Para nosotros es muy positivo. No se va a votar lo que teníamos que votar, pero cuando eso está en el terreno de juego y el Gobierno central te lo intenta impedir...

Nuestra responsabilidad es formar parte de la movilización, a nuestra manera, con nuestra pluralidad interna. Esas expresiones van a estar, pero será una expresión general muy independentista. La movilización se va a ubicar ahí, es inevitable.

ICV, donde conviven diferentes maneras de abordar el debate nacional, ¿se siente cómoda con sus militantes y sus electores en este contexto?

ICV es una expresión del terreno de frontera en lo nacional o identitario. Para nosotros es muy importante avanzar como un solo pueblo. En el PSUC decíamos un sol poble. Y en el escenario de polarización nacional, alguien que represente un terreno de frontera no es el de mayor comodidad. Pero estamos más cómodos reivindicando el derecho a decidir, y que pueda abrir una nueva etapa, que aquellos que se declaran federalistas pero no reivindican nada que pueda cambiar el statu quo.

A ICV hoy le toca hacer algo difícil, pero imprescindible. Hace dos años, la única expresión de fin de régimen articulada políticamente era el soberanismo: la Diada de 2012. Mientras que en España había una mayoría muy sólida, PP-PSOE, y no pasaba nada. Pero ahora en España están pasando cosas que expresan el fin de régimen. Conectamos una cosa con la otra, y defendemos que los catalanes puedan decidir su futuro y que las cosas cambien en España.

Son muy importantes las elecciones en Catalunya, como lo sería que hubiera elecciones generales, porque el bloqueo se debe también a la involución y carácter antidemocrático del PP, no sólo con lo catalán. Han dinamitado la consulta sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias. Ese es el elemento novedoso. Hasta ahora en Catalunya se decía que la reivindicación catalana era sólo catalana, y era cierto, pero hoy conecta con reivindicaciones en el resto del Estado.

A mí no me han gustado mucho las reacciones de algunos intelectuales del Estado que infravaloraban lo que pasaba en Catalunya; y ahora nuestra responsabilidad es que no haya muchos intelectuales catalanes que infravaloren lo que pasa en el resto de España, sea con las nuevas expresiones políticas, sea con la marea blanca de Madrid, o sea con miles de movimientos que están emergiendo en el conjunto del Estado. Y creo que la conexión de eso es fundamental para que haya una vía de salida para la reivindicación de más democracia que hay en Catalunya y en el resto del Estado.

¿La polarización del debate puede debilitar la cohesión interna de ICV?

Nosotros lo que intentamos es hacer de la pluralidad un valor y no un problema. En ICV hay expresiones federalistas, independentistas, y nos acercamos al proceso participativo de diferentes maneras... Pero entendemos que la pluralidad es un valor. Intentamos que haya un primer sí que signifique un cambio de statu quo y relación de igual a igual con España. Lo que hacemos es no cerrarnos a nada.

Mi segundo no, no significa que, si no cambia nada, no pueda acabar avalando un escenario de ruptura. Igual que el segundo sí de Dolors Camats [coportavoz de ICV] significa que, si hay una propuesta federal de un federalismo que te hable de igual a igual, lo va a aceptar. Hay una misma política, hay coincidencia. Con quien no somos coincidentes es con los que niegan el derecho a decidir o no hacen nada a favor del derecho a decidir.

Nos une que ninguno de los dos pensamos que los problemas de Catalunya se arreglan sólo con una nueva relación con España. Manteniendo al consejero de Sanidad, la desigualdad, privatizando los servicios públicos, no vamos a ningún lado. Para hacer un país nuevo como dicen los de ERC, hay que cambiar el Gobierno y las políticas del Gobierno. Antes que independentistas o federalistas, somos gentes de izquierdas, democrática, ecologista y muy combativa con la corrupción.

¿Ese discurso tiene recorrido en esta coyuntura?

Que hay quien alimenta la polarización es obvio. A mí me ha pasado estos días, en el momento en que expresas un matiz, te crujen. Ahora bien, yo continúo pensando que la sociedad catalana es mucho más que los pueblos. Lo ha sido siempre. Yo creo que depende de lo que pase en los próximos meses y años.

Tengo la impresión de que estamos en un escenario de cambio de época en Catalunya y en España, y en función de la capacidad que tenga España una propuesta encima de la mesa, el escenario de polarización irá a más o irá a menos. Ese terreno de mixtura de la sociedad catalana existe en amplios sectores de la sociedad mucho más que en otras sociedades. Eso continúa existiendo.

¿Ve imprescindible para todo esto el cambio de Gobierno?

Es necesario que haya elecciones en Catalunya y en España. Todo es fundamental. La última encuesta del CEO [Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat], ante este escenario de polarización, reflejaba que la mitad del electorado de ICV está a favor de la independencia. Pero llega al 80% si se trata de un federalismo con contenido. La gente de ICV se parece bastante a la gente de Catalunya.

El problema es que el PP es una máquina de hacer independentistas. Está contrastado y constatado. El principal enemigo de Catalunya y de España es el PP, en lo social, lo territorial, en lo democrático... Bueno, pues en Catalunya debemos tener presente que desde aquí se debe dar también la batalla en las próximas generales, y esta es una batalla que tiene mucho que ver no sólo con lo nacional, sino con lo democrático y lo social. Esta es nuestra batalla y vamos a darla.

¿Seguirán cogiendo la bandera de la consulta tras el 9N?

Yo sé que el principal riesgo de la apuesta de Mas es que puede quemar la consulta. A mí no me gusta, pero participamos porque creemos que el escenario de Catalunya después de la impugnación nos obliga a participar por responsabilidad democrática, pero no nos gusta.

Para nosotros la consulta seguirá siendo una asignatura pendiente, porque la gente se va a acercar al 9N como una movilización, pero no como una expresión de debate, de pluralidad. Al final estos días no se ha hablado de deuda, de pensiones, de las consecuencias, de las balanzas comerciales... No ha sido la consulta. No lo es. El día 10, para ICV, la consulta continúa pendiente.

¿Cree que puede haber una candidatura de confluencia para las catalanas?

Hay que ser honestos. El escenario va a ser muy distinto si tenemos las catalanas en meses o después de las generales. Ahora bien, nosotros vamos a hablar con quien haga falta y sin apriorismos; la responsabilidad de quien está en política es cambiar las condiciones materiales de la vida de la gente en un momento en que esas condiciones se están empobreciendo y están siendo saqueados muchos derechos para que otros hagan negocio. Vamos a intentarlo, pero con toda la modestia, sabiendo que está difícil, sabiendo que nuestra responsabilidad es construir espacios de confluencia.

¿Habrá un Guanyem Catalunya?

El de Barcelona se da en un marco municipal, tenía sentido el ámbito local, porque en lo local es donde podemos demostrar el sentido de la política en lo concreto, en esa primera trinchera que da respuesta a los problemas de la gente. Hay que recuperar el sentido de la política en un momento en el que nos están arrebatando la soberanía. A escala catalana, ya veremos, no vamos a dejar de hablar con nadie, pero aún es prematuro.

Yo creo que es un escenario muy diferente si tenemos elecciones en dos meses, donde apenas hay tiempo para hacer cosas nuevas, a que lo tengamos al final del ciclo, donde lo interesante sería poder construir esos escenarios de confluencia, más aún si las experiencias locales han ido bien.

El primer código ético de Guanyem Barcelona limita los mandatos de manera que impediría que el número 1 de ICV en Barcelona, Ricard Gomà, pueda presentarse. ¿Qué harán?

Ricard Gomà es uno de los capitales más importantes que tenemos la izquierda en Barcelona ciudad porque él lideró las políticas sociales, porque tiene una experiencia acumulada, porque sabe lo que se puede hacer y lo que no nos dejaron hacer cuando estábamos en coalición [con PSC y ERC].

Yo creo que quien quiera construir un escenario para cambiar la realidad en BCN debe contar con el mejor capital humano, y para ICV uno de los mejores capitales humanos que tenemos es Ricard Gomà. Veremos. Hemos trabajado en el código ético y hay muchas coincidencias, también es verdad que ha encabezado una vez las listas, las de las últimas elecciones.

Pero sería su cuarto mandato como concejal...

Creo que el problema de fondo es si Gomà es un capital político para la izquierda, y nosotros creemos que lo es y que es una de las mejores aportaciones desde ICV.

Tienen planeado un dilema.

También lo es para Guanyem, y lo que hay que entender es que podemos sumar, confluir, y aspiramos a ganar y cambiar la realidad. Y si eso es así y tenemos que entrar en el Ayuntamiento, necesitamos conocer cómo funciona el Ayuntamiento, y necesitamos el capital humano de muchos, en especial el de Ricard.

¿Cómo se resolverá?

Vamos a construir un escenario de confluencia para cambiar la realidad. La reflexión de que el espacio era Barcelona, y desde Barcelona podemos construir lo que significó Porto Alegre para América Latina, venimos haciéndola desde hace tiempo y la hemos compartido con la gente que están en Guanyem antes de que naciera Guanyem. Estoy convencido de que saldrá porque en BCN hay muchas ganas y desde BCN podemos cambiar muchas realidades.

En una ciudad donde en un barrio como Nou Barris hay 15 desahucios por semana, en una ciudad donde hay 15 desahucios por día, creo que podemos construir, pero a la vez tener una ciudad con una potencialidad de transformación, de cambiar las cosas, extraordinaria. Tenemos la responsabilidad y lo conseguiremos. No podemos permitir no hacerlo. En los barrios, además, nuestra gente está coincidiendo en las luchas concretas, vecinales, asociativas... Eso es lo más importante.

Los sondeos sitúan a Podemos con gran expectativa de voto en Catalunya, ¿a qué lo atribuye?

Las expectativas electorales coinciden con lo que pasa en Podemos en Asturias, o en Madrid, o en Valencia, o en Andalucía... Está pasando en toda España. En Catalunya hay muchos vasos comunicantes de expresión electoral donde la sociedad no se comporta exactamente como el resto de España, pero hay parte que sí. En Catalunya somos muchos los que tenemos ganas de hablar de otras cosas. Por ejemplo, la semana pasada Marta Ribas, diputada por Rubí, de ICV, consiguió que paralizásemos el programa VISC+, con el que la Generalitat pretendía comercializar los datos sanitarios de todos los catalanes para hacer caja. Hemos denunciado la adjudicación a La Caixa de la T-Mobilitat, hicimos el pleno de pobreza, hemos hecho propuestas de redistribución de la riqueza...

Hay mucha gente que tiene ganas de hablar de todo esto. La sociedad no sólo se construye con su relación con España, sino en lo cotidiano también. Y es cierto que hay una parte de la sociedad que siente que hay cosas de las que no se habla, porque en lo mediático no aparece. Creo que tenemos la responsabilidad de conectar con esto. Podemos aparece en la sociedad catalana como en lo que está pasando en España. Son vasos comunicantes.

Podemos ha conectado con un momento emocional. Ahora bien, tengo la impresión de que hoy lo que hay que conectar no son espacios electorales, sino espacios de representación. Había una parte de la sociedad que no se sentía representada. El precariado, por ejemplo. Y creo que hay que conectar la representación del precariado con la de los trabajadores, de sectores profesionales liberales, hay que construir nuevas alianzas para hacer un país nuevo, con un nuevo contrato democrático y social. Tenemos ese reto.

¿Cambiaría la alianza con IU por Podemos?

No, esto no va así. IU en todo el debate catalán ha tenido una actitud muy valiente. Porque no era fácil. Al final, cuando vamos al Congreso el 8 de abril, el único grupo de diputados del resto del Estado que dice que esto se tiene que solventar como en el Reino Unido, y no como quiere el PP, son los de IU. El capital humano y político de IU es imprescindible para construir una alternativa, creo que debe haber una reflexión compartida de Podemos, IU y el resto de fuerzas sobre cómo construimos ese cambio real y profundo.

Recientemente se ha sabido que 44 alcaldes catalanes cobraron dietas por formar parte del comité ejecutivo de la Federación de Municipios de Catalunya. La justicia está investigando si eran sobresueldos irregulares. Los cuatro de ICV recibieron un total de 21.750 euros entre 2011 y 2012. ¿Cómo ve el caso?

No estamos hablando de corrupción. Hay un debate moral sobre las dietas, y en nuestro caso sirven para la financiación del partido. En ICV no hay sobresueldos, si alguien cobra una dieta va para el partido, damos una parte del salario, como Podemos e IU, por ejemplo, y lo que se trataba en la Federación de Municipios es si se computaba como salario o no, es una cuestión más administrativa que otra cosa.

No es ningún caso de corrupción y todo el mundo lo sabe. Lluís Tejedor, por ejemplo, el alcalde del Prat [de Llobregat], un territorio muy apetitoso porque está el puerto, el aeropuerto, zonas industriales, y también donde se ha preservado un parque agrario, el delta, no hay cuarta pista en el aeropuerto... Es uno de los ejemplos de honestidad y no vamos a tirarlo por la borda.

El dinero que recibían lo declaraban a Hacienda y no se lo metían en el bolsillo, iba a la financiación del partido. Otra cosa es que administrativamente en la Federación de Municipios no esté definido, pero eso lo tienen que decidir los tribunales. Lo de las tarjetas 'black' sí es corrupción, esto no es corrupción. El debate moral es uno, si además del sueldo se ha de recibir sobresueldo, y tenemos claro que no, y luego está el administrativo.

Discutamos si queremos sobre si los salarios pueden ir a parar a la financiación de un partido. Hay partidos que se financian con aportaciones de empresas, nosotros con parte de nuestros salarios. Es así. Si no gusta, lo discutimos, pero yo prefiero que mi fuerza política se financie con parte de mi sueldo que no que se financie con lo que te aportan unas empresas a cambio de determinados favores. Legal, pero bastante inmoral.

CiU es un partido que recibe casi tanto de las empresas privadas como lo que reciben el PP y el PSOE a escala estatal, porque CiU es un partido lobbista; será legal, pero no moral, es la plutocracia que también existe en EEUU, porque allí no eres congresista o senador si una empresa o un lobby no quiere. En España también hay plutocracia en el funcionamiento de los grandes partidos. Y nosotros nos financiamos con parte de los salarios y con las dietas. Si a alguien no le gusta, estamos dispuestos a discutirlo.

El Govern de la Generalitat ha aceptado diez de los once puntos que presentó la CUP en la última cumbre de partidos proconsulta para reforzar el 9-N alternativo. El portavoz Francesc Homs lo considera un primer paso para “recomponer la unidad técnica” entre las formaciones soberanistas, que se han distanciado del Govern desde que propuso una consulta al margen de la convocatoria que había firmado para evitar la suspensión del Tribunal Constitucional. Este “preacuerdo” deberá ser ratificado por las demás fuerzas proconsulta: ERC e ICV-EUiA.

Según ha explicado Homs, la consulta alternativa se mantiene “en los términos” en los que fue planteada por el president Artur Mas -con voluntarios en las mesas y registro a pie de urna-, pero incorpora además las propuestas de la CUP para reforzarla. Entre estos puntos destaca la creación de una comisión de control “que compruebe a diario el cumplimiento de los acuerdos”, el inicio de una campaña de difusión “con información clara sobre la logística de la votación”, la comunicación pública de todos los pasos hacia la consulta, el llamamiento a la participación de observadores internacionales o la puesta en marca de una campaña “pública y deliberativa” que permita debatir sobre las ventajas e inconvenientes de la independencia.

La única propuesta que el Govern no ha aceptado de la CUP es la creación de la figura de un conseller de la consulta. Con todo Homs ha asegurado que este acuerdo servirá para reconstruir la unidad de los partidos proconsulta, y ha dejado entrever que “en las próximas horas” se conocerá si ERC y ICV-EUiA también apoyan estos detalles del despliegue del 9-N.

El portavoz ha comparecido de forma extraordinaria un día después de la multitudinaria movilización a cargo de la Assemblea Nacional y Òmnium Cultural, que emplazó al president Mas a convocar elecciones en menos de tres meses. Ante esta presión, Homs ha zanjado: “La facultad de convocar elecciones es exclusiva e indelegable del president”.

Ahora resulta que el verdadero objetivo de Artur Mas no era la consulta del 9 de noviembre sino las elecciones autonómicas.

Después de un tiempo político eterno en el que Mas ha repetido hasta la saciedad que habría consulta, que la consulta era el único objetivo, que no había plan B, que el plan A, B, C, D… era votar el 9 de noviembre; votar sí o sí, votar sí y sí, va Mas y dice ahora que el objetivo en realidad eran ¡las elecciones autonómicas!

En los últimos meses algunos hemos denunciado que el president de la Generalitat estaba conduciendo a los catalanes a un gigantesco proceso de frustración al dar por hecha una consulta que él sabía en su fuero interno que no se podría hacer. Mas ha dibujado un regate churrigueresco y ha caído en un exceso de tacticismo que ha irritado a ERC, a la CUP, y es probable que a miles de catalanes.

Mas se subió a una ola soberanista que no era la suya, que él no había promovido y que ha querido capitalizar temerariamente a base de aumentar la ilusión que existía en sectores de la población catalana.

La cara de perplejidad de sus hasta ahora socios de ERC, cuando Mas se ha abierto de capa y ha confesado su verdadero fin, refleja no sólo el estado de frustración, deja a las claras también las mentiras del aún president.

Quiere Mas ahora una lista conjunta con ERC, presidida por él, claro, para las autonómicas y no parece que Junqueras le ofrezca esa vía de suicidio, más bien prefiere que Mas se estrelle él solito y que gane ERC las próximas autonómicas en solitario.

A este paso, Mas puede pasar a la historia como el lince que convocó unas elecciones anticipadas con la intención de ir desde sus 62 escaños a los 68 de la mayoría absoluta y que, dos trienios después, perdió el poder y quedó como segundo partido por detrás de ERC. Menudo balance.

Para hablar del simulacro de consulta, Mas ha recurrido a una confusión terminológica. “Proceso participativo”, ha dicho, algo que parece más bien un tiempo verbal. En realidad, la convocatoria frustrada debería denominarse consulta mediopensionista. Si no había garantías democráticas para la consulta, tampoco parece que pueda haberlas para su sucedáneo.

Lo que ocurra el 9 de noviembre puede estar entre más o menos caricaturesco, pero certifica el fracaso de Mas y puede ser un anticipo del éxito de ERC.

En cualquier caso, si el objetivo de Mas eran las elecciones autonómicas, ¿por qué no las convoca ya?

No ha quedado del todo claro si la aparición de Artur Mas fue una sesión de terapia o una comparecencia institucional para hablar de las soluciones para el monumental lío que entre él y Rajoy les han montado a los catalanes. Lo único cierto es que el president sólo habló y se ocupó de sus propios problemas. En teoría, debía tratar de convencernos a los demás, pero parecía más empeñado en tratar de convencerse a sí mismo de que está mejor que nunca, lo tiene todo controlado y puede dejarlo cuando quiera.

Si tanto compromiso ha empeñado en que hablen los catalanes, el president no podía tenerlo más fácil: convoque elecciones ya, sin más excusas ni demoras. Pero no lo hace. En su lugar, llama a una especie de ofertón democrático donde para votar no hará falta nada: ni censo, ni garantías. Tú vas, votas, y con suerte te puede tocar algo que rifen para animar a la participación.

A Artur Mas le gusta utilizar como referentes a Escocia y Quebec. Cuesta imaginarse a los nacionalistas escoceses o québécois envolviéndose en la bandera para convocar semejante merendola.

Por mucho que corran, Artur Mas y CiU acabarán teniendo que afrontar su verdadero dilema. Deben elegir entre convocar unas elecciones que serán una masacre a manos de ERC y el 'caso Pujol', o pagar el precio de intentar llegar a un acuerdo con Rajoy y tratar de salvar los muebles desde el Gobierno. No tienen más salidas. Deben escoger entre lo malo y lo peor. Por mucho que Artur Mas llame a los catalanes a arreglarle sus problemas convocándolos una y otra vez a salir a la calle, antes o después habrá de escoger. Cuanto antes lo haga, mejor para Catalunya.

Artur Mas trató de presentarse como si fuera Gary Cooper en Solo ante el peligro. Puede que Mariano Rajoy sea el terrible pistolero Frank Miller a quien todos temen, y el Partido Popular tenga la gran responsabilidad de haber generado un problema institucional de difícil solución a base de usar a Catalunya como moneda de oposición. Pero, desde luego, el president Mas no es el valiente sheriff Kane.

Ni el malvado Estado español es el enemigo, ni el Gobierno de Madrid con quien tantas veces ha pactado es el demonio, ni sus socios han roto el consenso o no quieren ir a elecciones bajo una única lista porque les dé pereza. Es que ni ellos son tontos, ni Mas es el héroe de la película.