Arnaldo Otegi no volverá a ser juzgado por el caso Bateragune. La mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha revocado la decisión del Supremo de ordenar la repetición del proceso contra el líder de EH Bildu después de que la Justicia europea determinase que no tuvo un juicio justo en la Audiencia Nacional. La mayoría progresista del tribunal da la razón a Otegi, que ya había cumplido toda su condena para cuando Estrasburgo dictaminó que no había tenido un juicio justo.

La mayoría del pleno entiende que repetir este juicio vulneraría el derecho de Otegi y el resto de condenados a no ser juzgados dos veces por la misma causa. Los cuatro magistrados del bloque conservador, por su parte, han apostado en minoría por rechazar el recurso del líder de EH Bildu y tres de ellos han anunciado votos particulares.

El caso Bateragune quedó sentenciado en 2011 por parte de la Audiencia Nacional. Arnaldo Otegi, junto con otros líderes de la izquierda abertzale, fue condenado a diez años de prisión, aunque el Tribunal Supremo dejó la sanción en seis años y medio de cárcel. Los jueces consideraron que habían intentado reconstruir la ilegalizada Batasuna a lo largo del año 2009.

Fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo el que, años después, le dio la razón, cuando ya había cumplido toda su condena entre rejas. El tribunal entendió que Otegi y el resto de condenados no habían tenido un juicio justo por la “falta de imparcialidad” de una de las magistradas que presidió el proceso, Ángela Murillo, que había tenido un encontronazo con Otegi en un juicio anterior.

El Tribunal Supremo decidió entonces anular su condena por Bateragune, pero a finales de 2020 la Sala de lo Penal en pleno decidió abrir una puerta a que fuera condenado de nuevo, ordenando a la Audiencia Nacional que repitiera el juicio pero sin la magistrada Murillo. Lo hizo a petición de la asociación de víctimas Verde Esperanza, vinculada entonces al diputado de Vox Francisco José Alcaraz. Una posible repetición que el Tribunal Constitucional dejó en suspenso cuando admitió a trámite el recurso del dirigente de EH Bildu. El mismo Constitucional que hace una década, y con una composición diferente, rechazó por la mínima las alegaciones de los condenados contra la “falta de imparcialidad” de Murillo.

Ahora la mayoría del tribunal de garantías español ha avalado la propuesta del magistrado Juan Carlos Campo de estimar el recurso de Otegi, al entender que no debe repetirse el juicio.

El Tribunal Constitucional ha frenado de manera cautelar el nuevo juicio contra Arnaldo Otegi y el resto de encausados en el caso Bateragune. Los magistrados han estimado la petición de medidas urgentes del líder abertzale y el resto de afectados y suspende la decisión del Tribunal Supremo de ordenar a la Audiencia Nacional que repitiese el juicio.

La sala presidida por Manuel Marchena estudio la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que decidió que Otegi y el resto no habían tenido un juicio justo en este caso que estudió la reconstrucción de la ilegalizada Batasuna. La decisión fue que su condena quedaba anulada pero que la Audiencia Nacional debía repetir el juicio con distintos magistrados.

El Constitucional explica que paraliza el posible juicio ante la posibilidad de que sean condenados antes de que ellos dicten sentencia sobre el fondo del asunto. Dice la resolución que “parece procedente acordar en este momento la suspensión de la celebración del nuevo juicio, a fin de precaver el riesgo de que el presente recurso de amparo pierda su finalidad”. Esta medida, añaden, no acarrea una “perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, o de los derechos fundamentales o libertades públicas de un tercero”.

Si el juicio se celebrase antes de que el Constitucional tome una decisión, dice la resolución, “es evidente que su eventual estimación sería meramente ilusoria y nominal, al haberse materializado previamente el acto al que, precisamente, se le atribuye la potencialidad lesiva”. La Fiscalía, tal y como recoge el auto firmado por el pleno del Constitucional, había pedido rechazar las medidas cautelares. Entiende el Ministerio Público que los encausados por Bateragune “no han justificado la irreparabilidad de los perjuicios que originaría la ejecución de la sentencia impugnada” y que “de existir un perjuicio, este sería futuro e incierto”.

El ahora líder de EH Bildu fue condenado en 2012 a seis años y medio de cárcel por el Tribunal Supremo junto con Rafael Díez Usabiaga, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez. La acusación era intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a través de una alianza de independentistas vascos en un caso bautizado como 'Bateragune'. Posteriormente la Justicia europea estableció que no habían tenido un juicio justo en la Audiencia Nacional: la presencia de la jueza Ángela Murillo, con quien Otegi había tenido encontronazos en juicios anteriores, vició el proceso.

El Tribunal Supremo acusó recibo de la decisión de Estrasburgo pero no se limitó a anular la condena. La sala de lo penal presidida por Manuel Marchena entendió que lo correcto era celebrar un nuevo juicio pero garantizando que Murillo no formase parte del tribunal de la Audiencia Nacional. Otegi salió de prisión en marzo de 2016 después de cumplir seis años entre rejas.

Arnaldo Otegi, Rafa Díaz, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto fueron condenados en la Audiencia Nacional (AN) en 2011 por intentar reconstruir el partido ilegal Batasuna siguiendo instrucciones de ETA. Como caso Bateragune fue conocida la sentencia. La presidenta de la Sala, Ángela Murillo, había sido recusada por Arnaldo Otegi por falta de imparcialidad, pero la recusación no prosperó. En 2012 el Tribunal Supremo (TS) ratificaría la sentencia de la AN, aunque rebajaría la condena de 10 a seis años y medio. La sentencia del TS contaría con dos votos particulares. En 2014 el Tribunal Constitucional (TC), en una sentencia aprobada por siete magistrados frente a cinco, rechazaría el recurso de amparo interpuesto por los condenados. En 2018, tras haber cumplido todos los años de condena en la cárcel, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al Estado español por haber sido dictadas las sentencias de AN, TS y TC con vulneración de derechos fundamentales de los condenados. En julio de 2020 el TS anuló la sentencia en aplicación de la decisión del TEDH. Pero en diciembre de 2020 el TS ordenó la repetición del juicio en la AN. Contra esta sentencia del TS Arnaldo Otegi y los demás condenados han interpuesto un recurso de amparo ante el TC, que lo ha admitido a trámite esta pasada semana.

AN, TS y TC tienen una mancha por su actuación en este caso. La peor mancha que puede tener un órgano judicial: la de dictar sentencia con vulneración de los derechos fundamentales. Se trata, además, de una mancha que se han empeñado en que resulte visible, porque, a pesar de que los tres órganos judiciales tuvieron la oportunidad de evitar actuar de esa manera, se empeñaron en hacerlo. Hubo voluntad manifiestamente reiterada de condenar vulnerando el derecho a un juez imparcial de los condenados. Tuvieron la oportunidad de aceptar la recusación de la presidenta de la Sala y no lo hicieron incluso tras la advertencia de dos magistrados del TS y de cinco del TC.

Para intentar lavar esa mancha es para lo que el TS decidió en diciembre de 2020 ordenar la repetición del juicio en la AN. Empezar de nuevo el enjuiciamiento del caso Bateragune en contra de la opinión de los condenados, que exigen simplemente el cumplimiento de la sentencia del TEDH.

La decisión resulta jurídicamente escandalosa. Arnaldo Otegi y los demás condenados han pasado seis años y medio en prisión como consecuencia de una sentencia nula de pleno derecho por vulneración de derechos fundamentales. El mismo órgano que pudo evitar esa monstruosidad, pretende ahora la repetición del juicio, como si fuera posible que los órganos judiciales que cometieron dicha monstruosidad, pudieran corregirla ahora. Y además contra la voluntad de los condenados. Nos comportamos en el pasado de manera constitucionalmente nauseabunda, pero ahora nos vamos a comportar de manera irreprochable. Ese parece ser el mensaje del TS.

Un mínimo de decencia debería haber conducido al TS a pedir perdón a Arnaldo Otegi y los demás condenados y a todo el pueblo español, porque todos hemos sido condenados por el TEDH como consecuencia de las sentencias dictadas por la AN, el TS y el TC en el caso Bateragune. Los “guardianes de los derechos fundamentales” de los ciudadanos españoles han sido los que los han quebrantado. Tras la sentencia del TEDH esto ya no es discutible. Las túnicas las tienen sucias. Y además de manera insubsanable.

La pretensión de repetir el juicio confirma lo que acabo de escribir. La justicia no solo tiene que hacerse, sino también que parecer que se hace. La simple apariencia de falta de imparcialidad del juez vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Y en este caso la falta de apariencia estuvo desde el principio y se ha visto reafirmada a lo largo de casi diez años. El TS parece que quiera que se siga reafirmando durante más tiempo. Parece que quiere que la mancha se siga extendiendo.

De momento le ha pasado la pelota al TC. ¿Se repetirá la indecencia anterior a la sentencia del TEDH?

Veremos

El Tribunal Constitucional decidirá si la Justicia española puede volver a juzgar a Arnaldo Otegi por el 'caso Bateragune'. Los jueces han decidido admitir a trámite el recurso del líder de EH Bildu contra la decisión del Tribunal Supremo de ordenar la repetición del juicio después de que los tribunales europeos determinasen que no había tenido un juicio justo en España. Otegi fue condenado a más de seis años de prisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que no fue juzgado por un tribunal imparcial en la Audiencia Nacional.

El conocido como 'caso Bateragune' examinó el intento de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna y la Audiencia Nacional impuso finalmente condenas de diez años de prisión a Otegi y a Rafael Díez Usabiaga, entonces dirigente del sindicato LAB, y de ocho años a otras tres personas. Posteriormente una dividida sala de lo penal del Tribunal Supremo rebajó la condena de Otegi a seis años y medio en 2012.

El líder abertzale, que abandonó la cárcel en marzo de 2016 después de cumplir más de seis años entre rejas, llevó su caso ante Estrasburgo y ganó. Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendieron que los acusados no habían tenido un juicio justo en la Audiencia Nacional por las sospechas de parcialidad de una de las magistradas, Ángela Murillo. La jueza ya había sido apartada de un proceso contra Otegi en 2010 y el TEDH consideraba fundadas estas sospechas de falta de imparcialidad en el juicio de Bateragune.

La decisión de Estrasburgo no fue acogida sin matices en Marqués de la Ensenada. Un pleno jurisdiccional de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, decidió en diciembre de 2020 que la solución no era absolverle sin más sino repetir del juicio en la Audiencia Nacional con un tribunal distinto sin Ángela Murillo. Explicó entonces el Supremo, con el apoyo de la Fiscalía, que “un defecto procesal no puede convertirse en una exención penal” y que Otegi debía volver al banquillo para tener un juicio justo en una causa en la que ya ha cumplido condena.

La última palabra está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que acaba de admitir a trámite el recurso de Otegi contra esta decisión. Los magistrados entienden que el recurso del líder de EH Bildu “plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina constitucional”. Otegi también había solicitado la suspensión cautelar y el Tribunal Constitucional tomará una decisión próximamente, que en caso de ser estimatoria frenaría los preparativos del juicio en la Audiencia Nacional.

2020 ha sido un año intenso en lo informativo incluso más allá de la COVID-19. Fue intenso el arranque con la caída del vertedero de Zaldibar en febrero, los contratos de Montai y la resaca de la sentencia del 'caso De Miguel' de corrupción y la continuidad de la investigación de las irregularidades en las oposiciones de Osakidetza. Además, en la política Podemos y PP han vivido sus particulares crisis mientras el PNV ganó con solvencia las elecciones autonómicas -la pandemia las movió de abril a julio en una decisión para la historia, lo mismo que la sesión telemática del Parlamento- y gobierna con mayoría absoluta fruto de su acuerdo con el PSE-EE. EH Bildu, entre tanto, ha sido un actor determinante en Madrid.

Representantes de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos han criticado la repetición del juicio por el caso Bateragune por ser un “sinsentido”, mientras que desde el grupo PP+Cs se han mostrado sorprendidos por el hecho de que llame tanto la atención la repetición de un juicio tras haberse declarado nulo.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos han analizado la decisión del Tribunal Supremo de que se celebre un nuevo juicio por el denominado 'caso Bateragune' -por el intento de reconstrucción de la Mesa Nacional de Herri Batasuna- después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) determinara que se vulneró en el juicio los derechos de los acusados.

En este sentido, y ante las movilizaciones de protesta convocadas para este sábado en diversos municipios vascos, el parlamentario y presidente del ABB del PNV, José Antonio Suso, ha reconocido que habrá personas de la formación jeltzale presentes y ha advertido de que para el PNV la repetición del juicio es “una barbaridad” y un “sinsentido”.

“Aparentemente se hace para salvaguardar los derechos judiciales de los encausados cuando la propia repetición del juicio no va a incrementar las penas y éstas han sido ya cumplidas”, ha afirmado, para añadir que ante situaciones similares “prácticamente nunca o alguna vez de forma excepcional se han repetido los juicios”.

EH Bildu

Desde EH Bildu, el parlamentario Iker Casanova ha sostenido que en el Estado español la justicia tiene “capacidad de sorprender” y con la decisión del Tribunal Supremo se elimina el principio de 'non bis in idem' que impide ser juzgado dos veces por el mismo delito.

“Es insostenible la decisión y creemos que tiene carácter político. A nivel personal supone un quebranto para los afectados porque tendrán que asumir el coste en tiempo y energía de un nuevo juicio y, además, aunque las penas están cumplidas y no hay margen para sorpresas, nos encontramos ante una quiebra del principio de legalidad y no sabemos a qué atenernos”, ha afirmado.

A su juicio, lo que se busca es una “motivación política” para “condicionar la dinámica de acuerdos” que se produce en el Estado español por parte de EH Bildu, aunque ha advertido de que el efecto va a ser “el contrario”. “Ha hecho saltar algunas alarmas la dinámica de EH Bildu y esto nos reafirma en seguir por esta vía”, ha finalizado.

PSE

Por su parte, el secretario general del PSE de Gipuzkoa y portavoz parlamentario, Eneko Andueza, ha mostrado el “máximo respeto” por las decisiones judiciales, aunque ha matizado que el hecho de respetar la decisión del Supremo no supone que el PSE la comparta.

“Es un caso que en su momento ya nos generó muchísima dudas, no solo la apertura del procedimiento sino la propia sentencia y entendemos que ahora no tiene sentido que se vuelva a abrir”, ha expresado.

Andueza, que ha reconocido que el tribunal de Estrasburgo ni absolvió ni condenó a los acusados sino que lo declaró nulo el juicio, ha sostenido que, sin embargo, se generan “dudas” y hay hechos “irrefutables con el paso del tiempo”.

Asimismo, ha indicado que si el juicio va a salir adelante, el deseo de los socialistas pasa por que sirva para “rectificar una sentencia que muy probablemente no solo fue excesiva, sino que generaba dudas jurídicas” al producirse en un “momento determinado y sobre unos hechos que con el tiempo se ha demostrado que no eran reales”. “Si se tiene que reabrir el caso que se reabra, pero también para hacer justicia”, ha añadido.

Por último, y ante las movilizaciones de protesta de este sábado, Andueza ha recordado que la militancia socialista es libre para hacer lo que considera oportuno, aunque “oficialmente como partido” el PSE no estará presente.

E-Podemos

Desde Elkarrekin Podemos, la parlamentaria Isabel González ha indicado que enjuiciar a unas personas que ya cumplieron condena está “fuera de lugar y de tiempo” por lo que también ha calificado la decisión del Supremo de “sinsentido”.

“Es un juicio que nunca debió celebrarse”, ha denunciado, para añadir que Elkarrekin Podemos también ha sufrido “los desmanes de cierta parte de la judicatura”, por lo que ha instado a que se produzca un “cambio democrático en la justicia española”.

A su entender, existen “determinadas élites del poder judicial que parecen atacar a determinados partidos que no les gustan”. “La reapertura del caso Bateragune nos parece un disparate jurídico y político. Este juicio nunca debió celebrarse y nos parece grave, por lo que apoyamos y participaremos en las movilizaciones de hoy”, ha finalizado.

PP+CS

Por último, el portavoz parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, se ha mostrado sorprendido por el hecho de que llame tanto la atención “la repetición de un juicio”.

“Cuando hay delitos o se identifican hay que juzgarlos. Tiene que haber causa juzgada. Se anuló el juicio anterior, pero esto no es sinónimo de absolución”, ha argumentado.

Asimismo, ha recordado que la decisión del Tribunal Supremo se ha adoptado por unanimidad de sus miembros y ha incidido en que solo se ha declarado el juicio “nulo” por lo que se debe repetir.

“Hay un objetivo prioritario de esta operación y es criminalizar el liderazgo de la izquierda independista vasca. ¿Por qué? Porque para su desgracia y para la felicidad de nuestro país la izquierda independentista vasca en los últimos años crece esponencialmente”, ha defendido Arnaldo Otegi tras la decisión del Tribunal Supremo de repetir el juicio al coordinador general de EH Bildu y otros cuatro dirigentes abertzales por el intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna, el llamado 'caso Bateragune'.

“Hemos crecido en todas las elecciones y en todas las convocatorias electorales. Somos cada vez más y lo que todavía es más importante, somos cada vez más decisivos en los tres territorios, en Navarra y en el Estado español y esto es algo que es insoportable para los poderes que defienden el régimen del 78. Esto no lo pueden soportar y por ello han montado una operación de la criminalización del liderazgo de la izquierda independentista vasca”, ha argumentado.

En su primera aparición tras la decisión del Supremo, de la que ha recordado que aún no han recibido notificación, ha apuntado que “cada vez que la derecha pierde las elecciones legislativas se refugia en los aparatos del Estado que controla” y numerándolos ha concretado “la judicatura, los sectores militares, los sectores policiales, los sectores financieros y en los sectores mediáticos”. “Desde ahí sigue mandando en la política del Estado español esto es lo que ha hecho históricamente y es lo que está haciendo ahora, por tanto no es ninguna sorpresa”.

Ha lanzado un mensaje a sus votantes para que “tengan confianza”: “Algo debemos estar haciendo bien para que haya esta persecución por parte del Estado y lo vamos a seguir haciendo porque nada ni nadie nos va a desviar de las decisiones que adoptamos porque somos soberanistas, somos independentistas y las decisiones las adoptamos nosotros y nosotras.

De esta manera, ha señalado que en estos momentos “hay una operación de desestabilización del actual escenario político en el Estado y se van a utilizar todos los medios para hacerla posible” y ha recalcado que la decisión del Supremo “pone un ojo en Cataluña para decirle a los independentistas catalanes que pierdan cualquier esperanza sobre lo que pueda decidir o no Estrasburgo, porque al final el Tribunal Supremo está dispuesto a desobedecer a Estrasburgo, cosa que ya veremos si sucede al final”.

Preguntado por si considera que existe una relación entre la decisión del Tribunal Supremo y los Presupuestos Generales del Estado, Otegi ha indicado que este año los Presupuestos “han tenido cuatro lecturas una en el Congreso, otra en el Senado, otra por parte de los sectores militares en la reserva que han presentado una enmienda a la totalidad y ayer, el Supremo que presentó una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado. ¿Por qué? Porque no les gusta lo que está pasando. En cuanto a si vamos a cambiar de opinión, es evidente que no”.

Una década después, el 'caso Bateragune' vuelve prácticamente a la casilla de salida. La Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió este lunes por unanimidad que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y otros cuatro dirigentes abertzales —Rafael Diez Usabiaga, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto— debe ser juzgados de nuevo por el intento de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna, unos hechos por los que fueron sentenciados en 2011 y por los que pasaron hasta seis años y medio de prisión antes de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) anulara sus condenas en 2018 al determinar que no tuvieron un juicio justo. 

El pasado julio, esta misma Sala del Supremo asumió esa resolución de Estrasburgo y anuló sus condenas, lo que parecía poner fin a un alambicado proceso judicial. Entonces, Otegi y el resto de dirigentes anunciaron que solicitarían al Estado una indemnización por los perjuicios causados por el funcionamiento de la Administración de Justicia. “La pelea jurídica no ha concluido”, dijo entonces su abogado, Iñigo Iruin.

El fallo del TEDH descartó una indemnización o cualquier otra medida en favor de los cinco afectados, pero los dirigentes abertzales anunciaron que solicitarían que se declarara la responsabilidad patrimonial del Estado y exigirían ser resarcidos económicamente. “Esa vía se cerrará en caso de que Otegi y el resto de dirigentes sean condenados de nuevo”, afirma la abogada Manuela Rubio, que representa a la asociación de víctimas Verde Esperanza, solicitante de la celebración de una nueva vista oral. “El juicio se anuló por un defecto procesal, por eso debe repetirse. Es importante para las víctimas que el asunto no quede como que Estrasburgo les ha dado la razón”, añade la letrada, que afirma además que este nuevo escenario “paraliza” cualquier “intención política” que pudiera tener Otegi. 

Los jueces del Alto Tribunal consideran que, tras la anulación de Estrasburgo, los hechos no están juzgados. Y piden retrotraer las actuaciones a ese momento. Si el nuevo tribunal condenara otra vez a Otegi y el resto de dirigentes, éstos no tendrían derecho a indemnización. Sólo si son absueltos podrían reclamar esa compensación.

La decisión del Tribunal Supremo llega en plena polémica por el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos, un respaldo que la derecha parlamentaria está utilizando para desgastar al Gobierno. Preguntado por esta cuestión, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirmó que la resolución del Alto Tribunal va referida “personalmente” a Otegi, no a la formación política de la que es coordinador general. “Una cuestión es lo que afecta a las personas y otra lo que afecta al grupo, siempre que la formación asuma y respete el marco constitucional y la legalidad”, añadió, informa Irene Castro.

La inhabilitación por este caso impidió que Otegi fuera el candidato de EH Bildu en las autonómicas de 2016. Lo sustituyó entonces Maddalen Iriarte, que repitió como cabeza de lista cuatro años después, en las elecciones del pasado verano. Otro de los afectados es Arkaitz Rodríguez, líder de Sortu y desde estas elecciones parlamentario vasco. La izquierda abertzale hace dos críticas a la decisión del Supremo: una de forma, porque consideran que no tiene base jurídica; y otra fondo, porque insisten en que no era reconstruir ETA sino sacar a ETA de la estrategia militar y porque reiteran que la banda ya no existe y que la formación política que estaban montando era perfectamente legal, informa Iker Rioja Andueza.

La petición de un nuevo juicio

Ni la sentencia de revisión del Tribunal Supremo ni la que el TEDH dictó en noviembre de 2018 —y que devino firme en febrero de 2019— ordenaban la celebración de un nuevo juicio. El Supremo solo pidió que esa resolución se comunicara a los tribunales que habían intervenido en el proceso “a los efectos procedentes”. A este inciso se acogió la asociación de víctimas Verde Esperanza, vinculada al diputado de Vox Francisco José Alcaraz y que ejerció la acusación popular en ese proceso, para pedir que el procedimiento se reanudara “desde la constitución de un nuevo tribunal enjuiciador”. 

Su pretensión de que un nuevo tribunal juzgara de nuevo a Otegi y el resto de dirigentes fue rechazada hasta en dos ocasiones por la Audiencia Nacional, que entendió que esa expresión contenida en la sentencia del Supremo se refería a los efectos que pudieran estar en vigor de las sentencias condenatorias, así como a la cancelación de las anotaciones que de dichas condenas se hubieran podido realizar en el Registro de Penados y Rebeldes. En sendos autos, los jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal —los mismos que condenaron a los dirigentes abertzales en 2011— alegaron que la petición carecía de “cobertura legal” y que las “consecuencias punitivas” ya estaban “cumplidas”. 

Su decisión contó con el aval de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se opuso a la celebración de un nuevo juicio con el argumento de que, una vez que la condena se había declarado nula, la Ley de Enjuiciamiento Criminal no contemplaba esa posibilidad. Verde Esperanza recurrió entonces al Supremo, donde sí encontró el respaldo de la Fiscalía, que argumentó que un “defecto procesal no puede convertirse en una exención penal” y solicitó que se acordara la retroacción de las actuaciones al trámite previo a la designación de los componentes del tribunal y que, tras designar a unos nuevos jueces, se repitiera el juicio contra los cinco procesados. 

Esta es la decisión que tomó este lunes por unanimidad la Sala de lo Penal. La decisión se adoptó por el Pleno, compuesto por 16 magistrados, en cumplimiento del artículo 4.2 del protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que permite un segundo enjuiciamiento “si hechos nuevos o nuevas revelaciones o un vicio esencial en el proceso anterior pudieran afectar a la sentencia dictada”. El magistrado Miguel Colmenero ha sido ponente de la sentencia, que se conocerá en los próximos días. Dicha decisión se fundamenta también en los precedentes de la propia jurisprudencia de la Sala, informó el Tribunal Supremo en un comunicado.  

Las palabras de la jueza Murillo  

Tras agotar las vías legales en España, el TEDH dio la razón a Otegi y el resto de dirigentes por la “parcialidad” de una magistrada del tribunal que les condenó, Ángela Murillo. En el origen de ese recurso está la respuesta que dio la magistrada cuando Otegi, en la vista de una causa anterior, no quiso contestar a la pregunta de si condenaba la violencia: “Ya sabía yo que no me iba a responder a esa pregunta”. A lo que Otegi replicó: “Yo también sabía que lo iba a preguntar”.

La Audiencia Nacional condenó a Otegi entonces a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Él recurrió la parcialidad de Murillo y el Supremo le dio la razón. Otra Sala de la Audiencia lo absolvió en la repetición del juicio. Dos meses después, en el juicio por Bateragune se repitió la recusación contra Murillo pero esta vez sin éxito. 

A juicio de Estrasburgo eso hizo que Otegi y los otros cuatro condenados no tuvieran un juicio justo y condenó a España por no atender la recusación por parcialidad contra la jueza. Para el TEDH, aceptar la primera recusación de la jueza por parcialidad contra Otegi en un caso y rechazarla en otro procedimiento diferente contra él solo unos meses después vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El pleno jurisdiccional de la Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad que la Audiencia Nacional debe repetir el juicio al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y otros cuatro dirigentes abertzales por el intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna, el llamado caso Bateragune. La Sala que dirige Manuel Marchena, que el pasado julio anuló esa condena al asumir la sentencia de Estrasburgo que determinó que el juicio no había sido justo por la falta de imparcialidad de una de las magistradas que les juzgó, ha resuelto ahora sobre la petición de que esa vista oral se repita que ha formulado la asociación de víctimas Verde Esperanza, que ejerció la acusación popular en ese proceso. 

Este colectivo, vinculado al diputado de Vox Francisco José Alcaraz, recurrió al Alto Tribunal después de que, el pasado octubre, la Audiencia Nacional rechazara repetir el juicio alegando, entre otros motivos, que la petición carecía de “cobertura legal” y que “las consecuencias punitivas ya están cumplidas”. Otegi y los otros dirigentes fueron condenados por la Audiencia Nacional en 2012 a penas de hasta diez años de cárcel por pertenencia a organización terrorista. El Tribunal Supremo rebajó esas condenas a entre seis años y seis años y medio de prisión que todos cumplieron. 

La decisión se ha adoptado por el Pleno de la Sala, compuesto por 16 magistrados, en cumplimiento del artículo 4.2 del protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que permite un segundo enjuiciamiento “si hechos nuevos o nuevas revelaciones o un vicio esencial en el proceso anterior pudieran afectar a la sentencia dictada”. El magistrado Miguel Colmenero ha sido ponente de la sentencia, que se conocerá en los próximos días. Dicha decisión se fundamenta también en los precedentes de la propia jurisprudencia de la Sala, ha informado el Tribunal Supremo.

La decisión cuenta con el aval de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que argumentó que un “defecto procesal no puede convertirse en una exención penal” y solicitó que se acordara la retroacción de las actuaciones al trámite previo a la designación de los componentes del tribunal que juzgó a Otegi y el resto de dirigentes y que, tras designar a unos nuevos jueces, se repitiera el juicio contra los cinco procesados.

Tras hacerse pública la decisión, Otegi ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter con la célebre frase de Marcelino Camacho, fundador de CCOO: “¡Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar!”. Y, en euskera, ha añadido: “Egin irri. Irabaziko dugu! #BateraAurre” [Sonreíd, vamos a ganar. Juntos adelante].

“Parcialidad” de una magistrada

Tras agotar las vías legales en España, Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale condenados por el caso Bateragune recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que les dio la razón en noviembre de 2018 por la “parcialidad” de una magistrada del tribunal que les condenó, Ángela Murillo. 

En el origen de ese recurso está la respuesta que dio la magistrada cuando Otegi, en la vista de una causa anterior, no quiso contestar a la pregunta de si condenaba la violencia: “Ya sabía yo que no me iba a responder a esa pregunta”. A lo que Otegi replicó: “Yo también sabía que lo iba a preguntar”.

La Audiencia Nacional condenó a Otegi entonces a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Él recurrió la parcialidad de Murillo y el Supremo le dio la razón. Otra Sala de la Audiencia lo absolvió en la repetición del juicio. Dos meses después, en el juicio por Bateragune se repitió la recusación contra Murillo pero esta vez sin éxito. 

A juicio de Estrasburgo eso hizo que Otegi y los otros cuatro condenados no tuvieran un juicio justo y condenó a España por no atender la recusación por parcialidad contra la jueza. Para el TEDH, aceptar la primera recusación de la jueza por parcialidad contra Otegi en un caso y rechazarla en otro procedimiento diferente contra él solo unos meses después vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidirá si debe repetirse o no el juicio al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y otros cuatro dirigentes abertzales por el intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna, el llamado caso Bateragune. La Sala que dirige Manuel Marchena, que el pasado julio anuló esa condena al asumir la sentencia de Estrasburgo que determinó que el juicio no había sido justo por la falta de imparcialidad de una de las magistrada que les juzgó, deberá resolver sobre la petición de que esa vista oral se repita que ha formulado la asociación de víctimas Verde Esperanza, que ejerció la acusación popular en ese proceso. 

Este colectivo, vinculado al diputado de Vox Francisco José Alcaraz, recurrió al Alto Tribunal después de que, el pasado octubre, la Audiencia Nacional rechazara repetir el juicio alegando, entre otros motivos, que “las consecuencias punitivas ya están cumplidas”, según informó Gara. Otegi y los otros dirigentes fueron condenados por la Audiencia Nacional en 2012 a penas de hasta diez años de cárcel por pertenencia a organización terrorista. El Tribunal Supremo rebajó esas condenas a entre seis años y seis años y medio de prisión que todos cumplieron.

La repetición del juicio solicitada por la asociación de Alcaraz sí cuenta con el informe favorable de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que argumenta que un “defecto procesal no puede convertirse en una exención penal”. Así, ha solicitado a la Sala que acuerde la retroacción de las actuaciones al trámite previo a la designación de los componentes del tribunal que juzgó a Otegi y el resto de dirigentes y que, tras designar a unos nuevos jueces, se repita el juicio contra los cinco procesados. La última palabra la tendrá, en todo caso, la Sala de lo Penal del Supremo. 

Tras agotar las vías legales en España, Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale condenados por el caso Bateragune recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que les dio la razón en noviembre de 2018 por la “parcialidad” de una magistrada del tribunal que les condenó, Ángela Murillo.

En el origen de ese recurso está la respuesta que dio la magistrada cuando Otegi, en la vista de una causa anterior, no quiso contestar a la pregunta de si condenaba la violencia: “Ya sabía yo que no me iba a responder a esa pregunta”. A lo que Otegi replicó: “Yo también sabía que lo iba a preguntar”.

La Audiencia Nacional condenó a Otegi entonces a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Él recurrió la parcialidad de Murillo y el Supremo le dio la razón. Otra Sala de la Audiencia lo absolvió en la repetición del juicio. Dos meses después, en el juicio por Bateragune se repitió la recusación contra Murillo pero esta vez sin éxito.

A juicio de Estrasburgo eso hizo que Otegi y los otros cuatro condenados no tuvieran un juicio justo y condenó a España por no atender la recusación por parcialidad contra la jueza. Para el TEDH, aceptar la primera recusación de la jueza por parcialidad contra Otegi en un caso y rechazarla en otro procedimiento diferente contra él solo unos meses después vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha estimado los recursos de revisión interpuestos por Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez Torres, Sonia Jacinto García y Miren Zabaleta Tellería y ha anulado la sentencia de 2012 que les condenó a penas de entre seis años y seis años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista en el 'caso Bateragune' –de reconstrucción de la dirección de la ilegalizada Batasuna–.

El Supremo sigue así el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que determinó que la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Otegi, Díez Usabiaga, Rodríguez Torres, Jacinto García y Zabaleta vulneró el artículo 6.1 del Convenio Europeo, ya que entendía el “temor legítimo” de los acusados a una falta de imparcialidad del tribunal.

Estrasburgo no vio “ninguna evidencia” que llevara a pensar que en el tribunal había “animadversión personal” hacia los acusados, pero sí que las “dudas” de éstos estaban “justificadas”. Así, rechazó “cualquier indemnización para los recurrentes en concepto de daño moral, considerando suficiente la constatación de la declaración de la vulneración del derecho solicitado”.

De este modo, para los magistrados de la Sala Segunda del Supremo, la sentencia del TEDH “constituye título suficiente” para autorizar primero la interposición del recurso de revisión y ahora para estimarlo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Con esta sentencia del Supremo, queda anulada la pena de inhabilitación que seguía pesando sobre Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, y que finalizaba en febrero del año que viene.

Un comentario de la presidenta del Tribunal

En su sentencia de noviembre de 2018 –que adquirió firmeza en febrero de 2019–, el TEDH consideró que el juicio de la Audiencia Nacional no cumplió con todas las garantías, al formar parte del tribunal la magistrada Ángela Murillo, quien anteriormente, en marzo de 2010, había sido apartada por supuesta falta de imparcialidad en un juicio anterior por enaltecimiento del terrorismo en el que estaba acusado también Arnaldo Otegi.

En aquella vista oral, Murillo preguntó a Otegi si condenaba a ETA y, ante la negativa de éste a ofrecer una respuesta, la juez le dijo que ya sabía que no le iba a contestar. El Supremo apartó a la magistrada del caso, que ejercía de presidenta del tribunal, al apreciar en ella “prejuicio”. La vista oral fue repetida y el exportavoz de Batasuna resultó absuelto en ese procedimiento.

Ante la sentencia de Estrasburgo, que la Abogacía del Estado no recurrió al determinar que no se cumplían los requisitos para ir ante la Gran Sala, los condenados por 'Bateragune' interpusieron recurso extraordinario de revisión, que fue admitido, contra la sentencia de 2012 por la que Otegi fue condenado a seis años y medio de prisión y diez de inhabilitación.

Casi un año después de la presentación del recurso de revisión, el alto tribunal, en coincidencia con la Fiscalía, ha dado ahora la razón a Otegi y el resto de condenados por el 'caso Bateragune', de modo que la sentencia de la Audiencia Nacional queda anulada.

El próximo 13 de octubre, Arnaldo Otegi cumplirá cuatro años en prisión. Junto a otros miembros de la izquierda abertzale, Otegi fue condenado a diez años de cárcel por ser dirigente de ETA y seguir las instrucciones de la banda para reconstruir Batasuna. Posteriormente, el Tribunal Supremo revisó la sentencia de la Audiencia Nacional y rebajó la pena a seis años y medio al excluirlo del grado de dirigente. Queda pendiente un recurso de amparo presentado por los condenados ante el Tribunal Constitucional.

En esencia, Otegi está en la cárcel por una sentencia que afirma que es miembro de ETA y que fue el ejecutor de las órdenes de la banda dentro de la izquierda abertzale. La sentencia de la Audiencia Nacional, y su posterior revisión por el Supremo, tienen demasiadas lagunas jurídicas y procesales. Otegi no debió ser condenado. Intentaré explicarlo en las próximas líneas. Por cierto, personalizo en Otegi por su relevancia política, pero es aplicable al resto de condenados en la causa.

1. El documento de ETA que sirve para lo uno y lo contrario.

Una de las bases fundamentales de la condena de Otegi es el documento interno de ETA “Hacia la estrategia independentista de la nación organizada”. En ese documento, ETA apuesta por un frente soberanista al margen del PNV. Sin embargo, en 2011 el Tribunal Constitucional consideró insuficiente ese mismo documento como argumento para ilegalizar a la coalición electoral Bildu-EA-Alternatiba. El Constitucional entendía que la coincidencia de estrategia no significaba necesariamente que ETA estuviera instrumentalizando a los partidos políticos de la coalición. Por tanto, ¿cómo es posible que un documento que no sirve para ilegalizar a Bildu, sí sea válido para meter en la cárcel a Otegi por ser dirigente y miembro de ETA? Lo razonable es concluir que la documentación, que no se consideró suficiente para ilegalizar a la coalición electoral, mucho menos ha de serlo para condenar penalmente a los miembros de esa coalición electoral.

2. El documento de ETA que exculpa en vez de incriminar.

Otro de los documentos que utiliza la Audiencia Nacional para probar que Otegi es miembro de ETA es, paradojas de la vida, una de las mejores pruebas de su defensa. El documento es “Al Bateragune Comunicación General 0906” y evidencia el enfrentamiento que se vivió entre ETA y la izquierda abertzale. Se trata de un documento que la banda terrorista trasladó a un órgano de la izquierda abertzale denominado Bateragune en el que mostraba su desacuerdo con el apoyo de Otegi a Iniciativa Internacionalista en las elecciones europeas de 2009. De hecho, ETA recuerda que se tomó la decisión de apoyar a Eusko Alkartasuna y llega al punto de tener que subrayar la primacía de su papel dentro de la izquierda abertzale. Es decir, Otegi le lleva la contraria a ETA, y no está ejecutando sus órdenes sino impulsando una línea política propia, pero según la Audiencia Nacional y el Supremo es miembro de ETA y está ejecutando sus órdenes. Mi no entender.

3. El patinazo de Bateragune.

La fiscalía y las acusaciones sostuvieron desde el principio que las ordenes de ETA a Otegi y al resto de los acusados se trasladaron a través de Bateragune. Este órgano sería el encargado de aplicar la estrategia política que les encomienda ETA. Sin embargo, el tribunal reconoció que “no puede tener por acreditado que al grupo indudablemente formado por los cinco acusados nombrados pueda otorgarse dicho nombre”. El tribunal afirmó que ese órgano estaba integrado por otras personas, entre ellas, miembros de EKIN, el sector que apoyaba a ETA. Es decir, queda probado que Bateragune existía, que recibía órdenes de ETA pero que Otegi y el resto de acusados no formaban parte de Bateragune. La lógica nos impulsa a pensar que Otegi no era el mandatario de las ordenes de ETA, pero el tribunal da un triple salto con tirabuzón y crea un órgano nuevo, sin nombre, y le resta importancia a que los acusados pertenecieran o no a Bateragune. La posición débil de las acusaciones queda al descubierto, pero no sirve para mucho.

4. Hasta el CNI le da la razón a Otegi.

En el juicio compareció uno de los mayores especialistas en ETA que tiene el Centro Nacional de Inteligencia (funcionario policial número 19.242) y fue preguntado por dos documentos imprescindibles para entender la evolución de la izquierda abertzale. El primero es “Clarificando la fase política y la estrategia” en el que el sector de Otegi se alejaba de la violencia (“el proceso democrático debe tener como base la palabra y la decisión de la ciudadanía vasca y por tanto se debe realizar sin ningún tipo de violencia o injerencia externa”); el segundo es “Mugarri”, atribuido a los sectores más cercanos a ETA o incluso a la propia banda (“En la fase política en la que nos encontramos también es fundamental el papel que juega la lucha armada. La lucha armada es uno de los principales activos de la estrategia de la izquierda abertzale”).

Al experto del CNI le preguntan por estos dos documentos y el papel que jugó Otegi en el debate interno de la izquierda abertzale. Cito algunas de las declaraciones del policía: “Los redactores de Clarificando (la ponencia de Otegi) no han seguido lo que dice ETA”; “no siguen ni una sola línea de las directrices que ETA plantea”; “ETA trata de condicionar la redacción de Clarificando presentando una ponencia alternativa”; “ETA trata de condicionar el contenido de la ponencia Clarificando realizando atentados en los meses de junio, julio y agosto de 2009”; “ETA entiende que la prioridad debe estar en la lucha armada, y en Clarificando se dice que la prioridad debe estar en la lucha político institucional y de masas”. Más claro, agua. Y lo dice el CNI. Otegi no estaba ejecutando las ordenes de ETA como después concluyó la Audiencia Nacional en su sentencia.

5. Las pruebas que te salvan de una condena en cualquier delito no te salvarán aquí.

Apenas un mes después de la detención de Otegi, la izquierda abertzale hace pública “La Declaración de Alsasua” en la que confirma su apuesta política alejada de los métodos violentos. Es el fruto final, junto con otros documentos (“Zutik Euskal Herria” de febrero de 2010 o los estatutos de Sortu), del giro estratégico comandado por Otegi. Son más pruebas exculpatorias que avalan que no recibió órdenes de ETA, pero los jueces consideran que el análisis de los hechos no puede ir más allá de octubre de 2009, la fecha de la detención de los acusados. ¿Desde cuándo no se pueden examinar los hechos posteriores a la detención de un acusado? ¿Y qué pasa con el acusado por homicidio que consigue pruebas que lo exculpan? ¿Se obvian porque son posteriores a su detención? No soy un experto jurídico, pero esto no resiste el mínimo examen de sentido común.

6. Un mismo lenguaje.

Otro de los pilares de la sentencia de la Audiencia Nacional es la coincidencia en la terminología empleada por ETA y la izquierda abertzale, “tendente al acopio de fuerzas políticas de la órbita soberanista”. Aquí no me detendré demasiado. Evidentemente, ETA y la izquierda abertzale tienen el objetivo común de la independencia y, por tanto, utilizan términos comunes como resolución del conflicto, polo soberanista, proceso democrático, Estado español, etc. ¿Y? ¿En serio eso es una prueba para incriminar a Otegi y considerarlo miembro de ETA? Recuerda al comentario sobre el “Todo es ETA” del terrorista que es de la Real Sociedad y que, por tanto, provoca que todos los aficionados de la Real sean terroristas. Este argumento roza lo surrealista.

7. Los viajes de Otegi a Francia.

La Audiencia Nacional apoya su sentencia en dos viajes de Otegi a Francia en 2009 para reunirse con personas del “entorno de ETA”. Lo del “entorno” es muy importante porque el tribunal no pudo probar que hubiera conversaciones con miembros de ETA. De hecho, Arnaldo Otegi reconoció haber viajado a Francia para reunirse con personas del ámbito político de la antigua Batasuna. Y es más, afirmó que no tomó ninguna precaución especial y que sabía que estaba siendo vigilado por la policía. Es razonable pensar que Otegi estaba encontrándose con diferentes miembros de la izquierda abertzale para impulsar su estrategia de alejamiento de los postulados de ETA. Y que para ello tuviera que cruzar la muga en alguna ocasión.

8. La no condena de ETA.

Pese a mostrarse en contra del uso de la violencia, Otegi nunca ha condenado a ETA y la Audiencia Nacional utilizó esta omisión para intentar compensar la debilidad de sus argumentos y decantar la balanza hacia la condena. Sin embargo, no hay más que volver al Tribunal Constitucional para comprender que la no condena de ETA no es judicialmente un hecho incriminatorio. Cito al Constitucional de nuevo (sentencia 126/2009 en la que se anuló la ilegalización de Iniciativa Internacionalista): “La negativa a condenar expresamente el terrorismo no es, por tanto, indicio bastante para acreditar per se una voluntad defraudatoria (electoral)”. Estamos en las mismas de antes, si la no condena a ETA es insuficiente para ilegalizar a un partido, ¿por qué tendría que ser válida para condenar penalmente a Otegi? Por cierto, en nuestro ordenamiento jurídico, el acusado no está obligado a declarar contra sí mismo (artículo 24.2 de la Constitución). En resumen, en el ámbito jurídico la condena del terrorismo podría beneficiar a Otegi pero la omisión de esa condena no puede perjudicarle. Ética y políticamente puede ser reprobable que Otegi se alejara de la violencia de ETA sin condenarla, pero jurídicamente no sirve como prueba para condenarle por pertenecer a un grupo terrorista.

9. Las reuniones en la sede de LAB de San Sebastián.

Aquí tenemos otro de los indicios para condenar a Otegi. Son las reuniones de representantes de diversos sectores de la izquierda abertzale para preparar su estrategia política. No hay constancia en la sentencia de que en esas reuniones se apoyaran actos violentos. De hecho, la Audiencia Nacional ni siquiera aporta datos que vinculen esas reuniones con ETA o con algún tipo de actividad ilegal. Fue en esos encuentros, y en otros, en los que Otegi y el resto de sus colaboradores pergeñaron la estrategia de alejamiento paulatino de la violencia y apuesta por la política institucional. Esas reuniones sólo pueden ser consideradas como el ejercicio del derecho fundamental de reunión.

10. La evidencia pública de la discrepancia con ETA.

La defensa de Otegi presentó más de doscientos artículos periodísticos de medios muy dispares para demostrar la existencia de una crisis entre la izquierda abertzale y ETA. Algunos ejemplos: “ETA critica duramente a la izquierda abertzale por cuestionar a la dirección y su estrategia” en Noticias de Gipuzkoa; “Pulso entre los políticos y ETA sobre quién debe liderar el independentismo” en El País; “Dirigentes abertzales en libertad han desobedecido las órdenes de la banda” en El Mundo. La sentencia no lo tomó en consideración.

Epílogo. Somos muchos los que -no perteneciendo a la izquierda abertzale y aborreciendo los crímenes de ETA- creemos que Arnaldo Otegi nunca debió ser encarcelado. Entre otros, el magistrado del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro. Lo que acabáis de leer está basado en los principales argumentos que el juez esgrimió en su voto particular para defender la libre absolución de Otegi. Arnaldo Otegi tendría que dormir esta noche con su familia en Elgoibar.

El PNV y EH Bildu consideran que Otegi debería estar libre mientras el PSE-EE evita posicionarse asegurando que “casi nadie en Euskadi entiende esta decisión”.

Mintegi teme que alguien se sienta “defraudado” en ETA y dude si hay que “dejar las armas”.

La decisión de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de no admitir el recurso de amparo presentado por la defensa de Arnaldo Otegi y Rafa Díez ha causado malestar en los partidos nacionalistas. Así, el lehendakari Iñigo Urkullu afirmó tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer que Euskadi vive “un tiempo nuevo” y expresó su esperanza de que “se aclare cuanto antes” la situación tanto de Otegi como el resto de los encarcelados, sobre los que ha reiterado que “no deberían estar en la cárcel”. La izquierda abertzale, a través de la portavoz parlamentaria de la coalición EH Bildu dio un paso más y se cuestionó cómo puede afectar esta decisión al llamado proceso de paz. Para Laura Mintegi, que el Constitucional haya mantenido a Otegi y Díez Usabiaga entre rejas podría “defraudar” a alguien en ETA hasta el punto de que se plantee si es acertada la decisión de dejar las armas. Por su parte, Pernando Barrena y Unai Ziarreta consideran que desde los estamentos de la judicatura española se intenta “envolver con un celofán jurídico” esta resolución, enmarcada en la “política de represión y excepción” pero “se equivocan”. Además, han opinado que “mejor haría el Partido Popular si dejara de lado las actitudes de sabotaje y adoptara una postura en favor de un escenario en el que todos seamos vencedores”.

Mientras tanto, José Antonio Pastor, portavoz del PSE-EE en la Cámara vasca, destacó que su partido “respeta” la decisión del Tribunal Constitucional, aunque “es evidente que gran parte de la sociedad vasca no entiende en absoluto que a día de hoy se siga manteniendo esa situación”. Pastor, preguntado al respecto, no ha aclarado si los socialistas vascos comparten esa supuesta percepción de la ciudadanía.

El Partido Popular, a favor de la decisión

El Partido Popular, a favor de la decisiónPor parte del Partido Popular, Iñaki Oyarzábal, señaló que la decisión del Tribunal Constitución se basa en “muchos elementos de juicio” y afirmó que “no se puede construir un nuevo tiempo con impunidad”. El secretario general del PP vasco destacó la “máxima confianza” de su partido en la Justicia y aseguró que las decisiones de los jueces no han de responder a criterios de “oportunidad política”. “Al terrorismo hay que derrotarlo con justicia”, remachó.

Arnaldo Otegi tras conocer el fallo del Tribunal Constitucional ha escrito en su cuenta de twitter: "¡Sonreid, porque vamos a ganar!".

Durante el juicio, el líder abertzale ya indicó que ETA en la nueva estrategia les "sobra y estorba".

Arnaldo Otegi lleva en la cárcel desde el juez Baltasar Garzón ordenó su prisión preventiva el 16 de octubre de 2009 por el caso Bateragune, la refundación por parte de ETA de su mundo político tras la ilegalización de Batasuna. Desde entonces, muchas cosas han cambiado en Euskadi. La organización terrorista ETA decidió en octubre de 2011 el cese definitivo de sus actividades, como antesala de una disolución que aun no se ha producido. La izquierda abertzale, junto a otras formaciones del polo soberanista como EA, volvieron a las instituciones. Primero en las última elecciones municipales y forales -con la marca Bildu- y, después, en octubre pasado al Parlamento vasco con la coalición soberanista EH Bildu.

Unos pocos meses antes, en junio de 2012, el partido político Sortu, heredero de la izquierda abertzale y cuyo secretario general es precisamente Otegi, fue legalizado por el Tribunal Constitucional en una votación muy ajustada. El Alto Tribunal resolvió que ese partido, que en sus estatutos condena la violencia, no podía ser considerado como sucesor de Batasuna, en contra de lo que había determinado un año antes el Supremo. El entonces lehendakari, Patxi López, declaró que la decisión judicial hacía “legal”, lo que ya era de hecho una realidad política: que buena parte de los consistorios guipuzcoanos y su diputación estaban en manos de la nueva izquierda abertzale.

Con la sentencia de legalización en la mano, la letrada Jone Goirizelaia recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional para pedir la libertad del líder más caristmático que ha tenido la izquierda abertzale en los últimos años. Pero en todos estos meses Arnaldo Otegi ha seguido encadenado a un número: el 871960510. Y su situación dentro de la prisión no ha cambiado. Muchos son los que le han visitado en todos estos años en la cárcel de Logroño, incluído el hombre que actuó como emisario del Gobierno en las conversaciones con ETA, el todavía presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren. Y aseguran que está fuerte y motivado.

Es verdad que los sucesivos recursos han permitido variar la intensidad de la pena inicial de Otegi. Fue condenado por la Audiencia Nacional a diez años de cárcel, al igual que Rafa Díez Usabiaga, líder entonces del sindicato LAB, por el caso Bateragune. La sentencia consideró probado que a través de la actividad que realizaron entre 2008 y 2009, cumplían las instrucciones de ETA, y que Otegi y Usabiaga, además, “ostentaban la categoría de responsables y promotores” de una novedosa estructura (Bateragune) que trasmitía las directrices de la cúpula etarra. Pero el Supremo rebajó en mayo de 2012 a seis años y medio la pena al considerar que sí debían ser condenados por su pertenencia a ETA, pero no en calidad de dirigentes. En aquel juicio, Otegi aseguró ante el tribunal que la izquierda abertzale se había separado de la estrategia militar de ETA, una estrategia, dijo entonces, que les “sobra y estorba”. Estas inéditas palabras de Otegi, que llenaron los titulares y los informativos del día, las pronunció en julio de 2011 en su último turno de palabra en el juicio por la reconstrucción de Batasuna bajo la marca Bateragune. La Audiencia Nacional le condenó igual. Tres meses después, ETA ordenaba el cese definitivo de su historia de terror, chantajes y asesinatos.

En la tregua de 2006, en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, el mundo político de Batasuna fue advertido del riesgo que había de que todos acabaran en prisión si el proceso se arruinaba. Lo sabía Otegi, que se sentaba en las conversaciones politicas en Loiola junto al PSE y al PNV, y lo conocía también Rafa Díez Usabiaga. El bombazo de la T-4, en diciembre de 2006, segó dos vidas y arruinó el proceso negociador. Fue cuestión de tiempo y de oportunidad que la policía detuviera a los líderes de Batasuna. Así se inició el caso Bateragune, que mantiene a Otegi en prisión. En el mundo de la izquierda abertzale no son pocos los que piensan que Otegi está pagando el atentado de la T-4.

Pero la rebaja de la pena abrió una nueva expectativa de liberación. Precisamente al tener cumplida la mitad de la condena, y sin entrar en el fondo de recurso presentado ante el Constitucional por su última condena, se abre la puerta a que Otegi pueda salir en libertad provisional mientras se resuelve el fondo recurso de amparo que tras la legalización de Sortu presentó la letrada Jone Goirizelaia. Con un escueto, “conforme se solicita por la parte actora, fórmese la correspondiente pieza separada de suspensión” de la condena, el Tribunal Constitucional había iniciado con su providencia el camino para una posible salida de la cárcel del preso 8719600510. Ahora, el alto tribunal ha cerrado esa vía con su decisión y habrá que esperar a que el alto tribunal se pronuncie sobre el fondo del recurso e amparo. En el caso de que se rechace el recurso, Otegi deberá permanecer en la cárcel hasta la primavera de 2016.

Y mientras todo esto pasaba hoy, el secretario general de Sortu, en prisión en la cárcel de Logroño, desde su cuenta de twitter ha escrito tras conocer el fallo hasta en siete idiomas diferentes: “¡Sonreid porque vamos a ganar!”.

La Fiscalía se había opuesto a su libertad al entender que la condena era por un delito relacionado con una organización terrorista "causante de numerosas víctimas".

La Sala asume los planteamientos del Ministerio publico para denegar la libertad del dirigente independentista, de Rafa Díez y los otros tres condenados.

Los jueces han valorado "la gravedad de los hechos" y la posible desprotección de las víctimas".

El líder abertzale fue condenado a seis años y medio de prisión por intentar reconstituir en 2009 el brazo político de ETA.

El Tribunal Constitucional ha decidido mantener en prisión a Arnaldo Otegi, condenado por el Tribunal Supremo a seis años y medio de cárcel por pertenencia a banda armada al intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna, según han confirmado fuentes del alto tribunal. El resto de los cuatro condenados -entre ellos el ex líder del sindicato abertzale LAB, Rafa Díez Usabiaga, y Arkatiz Rodríguez, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta- también seguirán en prisión. La Fiscalía se había opuesto a la libertad de Otegi al entender, entre otras cosas, que el líder de la izquierda abertzale está condenado “por un delito de gran trascendencia social, por ser un delito relacionado con la organización de una banda armada causante de numerosas víctimas” y atendiendo también al “bien jurídico protegido, que es la paz social”, según se podía leer en el escrito presentado por el Ministerio fiscal el pasado 22 de mayo.

La Fiscalía invocaba también en su escrito la doctrina general del Tribunal Constitucional según la cual no procede la suspensión de la condena mientras se tramita el recurso de amparo cuando las condenas son superiores a los cinco años de cárcel. Otegi fue condenado a seis años y medio de cárcel por el Supremo, que le rebajó la pena inicial de diez años impuesta por la Audiencia Nacional.

La Sala Primera el Alto Tribunal ha hecho suyos algunos de los planteamientos del Ministerio público. Por un lado, “en relación con la suspensión de las penas privativas de libertad, este Tribunal ha venido utilizando como criterio de ponderación prioritario el de gravedad de la pena, aplicando de forma reiterada ”como directriz inicial la de que la pena se sitúe por encima o por debajo de la frontera de los cinco años de prisión“, se señala en la resolución judicial.

“Gravedad y naturaleza de los hechos”

Además, la Sala, junto a ese criterio, recuerda también que el Constitucional “ha venido considerando otras circunstancias relevantes, tales como, significativamente, ”la gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados y el bien jurídico protegido, su trascendencia social, la duración de la pena impuesta y el tiempo que reste de cumplimiento de la misma, el riesgo de eludir la acción de la Justicia y la posible desprotección de las víctimas“.

Finalmente, el auto recuerda que la doctrina mantenida por ese Tribunal subraya que “la suspensión se configura como una medida provisional de carácter excepcional y de aplicación restrictiva, dado el interés general en la efectividad de las decisiones de los poderes públicos”.

La letrada del dirigente independentista, Jone Goirizelaia, presentó un recurso para intentar suspender la condena mientras el Tribunal Constitucional resolvía el fondo del recurso de amparo inicial. La letrada entendía que al haber transcurrido más de la mitad de la condena, Otegi debía ser excarcelado para evitar que en el caso de que el Constitucional, finalmente, estimase el recurso de amparo no perdiese su finalidad, ya que habría cumplido la condena casi en su totalidad. Pero la Sala no ha estimado las pretensiones de la letrada de Otegi.

En prisión desde 2009

Otegi lleva en prisión desde octubre de 2009 cuando fue detenido por la policía acusado de intentar reconstituir la dirección de la formación ilegalizada. Tres días después el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó su ingreso en prisión y desde entonces está encarcelado. La abogada del secretario general de Sortu, Jone Goirizelaia, había solicitado que se suspendiera la condena mientras el Tribunal Constitucional resolvía el recurso de fondo contra la sentencia. La Audiencia Nacional le había condenado en septiembre de 2011 a diez años de prisión como dirigente de la organización terrorista al considerar que Otegi, junto a otros dirigentes de la izquierda abertzale, entre ellos el secretario general del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga, habían actuado a las órdenes de ETA para crear un nuevo órgano que debía funcionar como “brazo político” de la banda armada.

El Tribunal Supremo rebajó la pena de 10 años a seis años y medio al considerar que ni Otegi ni Díez actuaron como dirigentes de la organización terrorista, pero acordó mantenerles en prisión al considerar probado que a lo largo de 2009 ambos intentaron reconstituir, a las órdenes de ETA, un órgano político cuyo objetivo era continuar la labor ilegal de Batasuna a través de Bateragune.

Arnaldo Otegi lleva en la cárcel desde el juez Baltasar Garzón ordenó su prisión preventiva el 16 de octubre de 2009 por el caso Bateragune, la refundación por parte de ETA de su mundo político tras la ilegalización de Batasuna. Desde entonces, muchas cosas han cambiado en Euskadi. La organización terrorista ETA decidió en octubre de 2011 el cese definitivo de sus actividades, como antesala de una disolución que aun no se ha producido. La izquierda abertzale, junto a otras formaciones del polo soberanista como EA, volvieron a las instituciones. Primero en las última elecciones municipales y forales -con la marca Bildu- y, después, en octubre pasado al Parlamento vasco con la coalición soberanista EH Bildu.

Unos pocos meses antes, en junio de 2012, el partido político Sortu, heredero de la izquierda abertzale y cuyo secretario general es precisamente Otegi, fue legalizado por el Tribunal Constitucional en una votación muy ajustada. El Alto Tribunal resolvió que ese partido, que en sus estatutos condena la violencia, no podía ser considerado como sucesor de Batasuna, en contra de lo que había determinado un año antes el Supremo. El entonces lehendakari, Patxi López, declaró que la decisión judicial hacía “legal”, lo que ya era de hecho una realidad política: que buena parte de los consistorios guipuzcoanos y su diputación estaban en manos de la nueva izquierda abertzale.

Con la sentencia de legalización en la mano, el abogado Iñigo Iruin recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional para pedir la libertad del líder más caristmático que ha tenido la izquierda abertzale en los últimos años. Pero en todos estos meses Arnaldo Otegi ha seguido encadenado a un número: el 871960510. Y su situación dentro de la prisión no ha cambiado. Muchos son los que le han visitado en todos estos años en la cárcel de Logroño, incluído el hombre que actuó como emisario del Gobierno en las conversaciones con ETA, el todavía presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren. Y aseguran que está fuerte y motivado.

Es verdad que los sucesivos recursos han permitido variar la intensidad de la pena inicial de Otegi. Fue condenado por la Audiencia Nacional a diez años de cárcel, al igual que Rafa Díez Usabiaga, líder entonces del sindicato LAB, por el caso Bateragune. La sentencia consideró probado que a través de la actividad que realizaron entre 2008 y 2009, cumplían las instrucciones de ETA, y que Otegi y Usabiaga, además, “ostentaban la categoría de responsables y promotores” de una novedosa estructura (Bateragune) que trasmitía las directrices de la cúpula etarra. Pero el Supremo rebajó en mayo de 2012 a seis años y medio la pena al considerar que sí debían ser condenados por su pertenencia a ETA, pero no en calidad de dirigentes. En aquel juicio, Otegi aseguró ante el tribunal que la izquierda abertzale se había separado de la estrategia militar de ETA, una estrategia, dijo entonces, que les “sobra y estorba”. Estas inéditas palabras de Otegi, que llenaron los titulares y los informativos del día, las pronunció en julio de 2011 en su último turno de palabra en el juicio por la reconstrucción de Batasuna bajo la marca Bateragune. La Audiencia Nacional le condenó igual. Tres meses después, ETA ordenaba el cese definitivo de su historia de terror, chantajes y asesinatos.

En la tregua de 2006, en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, el mundo político de Batasuna fue advertido del riesgo que había de que todos acabaran en prisión si el proceso se arruinaba. Lo sabía Otegi, que se sentaba en las conversaciones politicas en Loiola junto al PSE y al PNV, y lo conocía también Rafa Díez Usabiaga. El bombazo de la T-4, en diciembre de 2006, segó dos vidas y arruinó el proceso negociador. Fue cuestión de tiempo y de oportunidad que la policía detuviera a los líderes de Batasuna. Así se inició el caso Bateragune, que mantiene a Otegi en prisión. En el mundo de la izquierda abertzale no son pocos los que piensan que Otegi está pagando el atentado de la T-4.

Pero la rebaja de la pena abrió una nueva expectativa de liberación. Precisamente al tener cumplida la mitad de la condena, y sin entrar en el fondo de recurso presentado ante el Constitucional por su última condena, se abre la puerta a que Otegi pueda salir en libertad provisional mientras se resuelve el fondo recurso de amparo que tras la legalización de Sortu presentó la letrada Jone Goirizelaia. Con un escueto, “conforme se solicita por la parte actora, fórmese la correspondiente pieza separada de suspensión” de la condena, el Tribunal Constitucional ha iniciado con su providencia el camino para una posible salida de la cárcel del preso 8719600510.

Arraiz ha afirmado que “la injusticia que se ha cometido contra Otegi” y el resto de imputados “es irreparable y nadie les va a poder devolver los años que han pasado en prisión”, pero ha según ha reconocido que la decisión del TC es un paso hacia “la convivencia en Euskal Herria”.

En este sentido, Arraiz ha remarcado que “Euskal Herria vive una fase política nueva” en el camino hacia la paz y la convivencia democrática “llena de obstáculos, como las detenciones y los encarcelamientos sistemáticos”.