La jueza María Cecilia López, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, ha citado a declarar en calidad de investigados a Guillermo Reyes, concejal de Urbanismo de la Ciudad de los Faycanes entre 2003 y 2007 y edil en la oposición en la actualidad en las filas de Unidos por Gran Canaria; a José Luis Mena, exjefe de servicio de Urbanismo del Ayuntamiento en diferentes periodos, en prisión por otra causa, y a los funcionarios Gilberto Martínez y Miguel Lozano.

Según informa el digital Teldeactualidad, los cuatro investigados deberán comparecer en los juzgados de Telde el próximo 7 de septiembre a las 9.30 horas para responder a una denuncia formulada por una vecina de Lomo Magullo, María Pérez Martel, que los acusa de amenazas para cerrar la empresa familiar que regentaba durante el periodo en el que Reyes ejerció como máximo responsable de Urbanismo del municipio (2003-2007).

En la denuncia inicial, publicada en 2007 en Canarias Ahora, Pérez Martel señalaba directamente a Reyes y Mena como “los presuntos autores” del acoso que decía sufrir junto a su familia y afirmaba que estas personas estaban interesadas en sus propiedades. Según un escrito presentado en el Ayuntamiento de Telde el 26 de junio de 2006, Reyes -entonces concejal de Urbanismo- modificó en 2004 el Plan de Ordenación Urbanística aprobado en 2001, dejando fuera de ordenación la vivienda de María Pérez.

El Ayuntamiento de Telde defendió entonces que dos autos judiciales avalaban su decisión de clausurar la actividad de la empresa porque solo se podía desarrollar en áreas industriales y no en suelo rústico, situación en la que se encontraba, según el área de Urbanismo.

Hace ya diez años, en 2007, Pérez Martel explicaba que, aunque finalmente consiguió reabrir su negocio “tras muchos trámites y dinero”, “las amenazas y la extorsión” continuaron, llegando a aparecer pintadas en la fachada de su casa y las ruedas del camión de la empresa pinchadas.

Los cuatro investigados deberán responder por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsificación de documento público, estafa procesal y no custodia de documento público.

La causa ha sido reabierta tras una reclamación ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según la denunciante.

El abogado de la acusación particular, José Manuel Rivero, ha calificado el caso Calero, que se ha juzgado a lo largo de esta semana en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, como la lucha “entre un paria” -calificativo con el que se definió en su declaración del martes el denunciante, Miguel Ángel Rodríguez- y “el capital que corrompe a los funcionarios”.

En su informe final, el letrado ha acusado al “poderoso empresario”, en referencia al promotor inmobiliario F.M., de ser el inductor de “un montaje administrativo” destinado a favorecer sus intereses en El Calero Alto 2 en perjuicio del propietario de una de las viviendas ubicadas en la misma unidad de actuación, su representado, a quien el Ayuntamiento de Telde dejó fuera en el proceso de reparcelación. Para ello se habría servido de los otros dos procesados, el ex jefe de Urbanismo José Luis Mena, a quien la Fiscalía considera “pieza fundamental” en esta trama, y el topógrafo municipal, Juan Fermín Peñate.

“Es el autor detrás de los autores”, ha sostenido en reiteradas ocasiones José Manuel Rivero, que considera al empresario no sólo inductor de un delito continuado de prevaricación administrativa, sino también de otro de falsificación de documento público y autor de uno de estafa. Por ello añade a la condena de cinco años de inhabilitación que solicita para el promotor el Ministerio Fiscal una pena de prisión durante el mismo periodo.

En su exposición final, el abogado de Rodríguez recordó que fue F.M. quien impulsó todo el procedimiento a través de un escrito, fechado el 30 de junio de 2004. En este documento solicitaba la reparcelación de unos terrenos propiedad de la empresa Telpan, de la que es administrador, ante el temor de que la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) de Telde pudiera cambiar el desarrollo previsto en la zona y le impidiera la construcción de 76 viviendas.

Para Rivero, F.M. tenía el “dominio funcional de todo lo que se iba a hacer después”. En el mencionado escrito figuraba como único propietario dentro de la unidad de actuación, obviando, entre otros, al denunciante. El letrado de la acusación ha recordado que fue Ignacio Calandria, trabajador de la empresa de F.M. y hermano del entonces registrador de la propiedad de Telde Adolfo Calandria, quien entregó ese documento en el Ayuntamiento. “¿No tenía acceso a las propiedades que estaban incluidas en esa unidad de actuación?”, cuestionó.

Según Rivero, el empresario incorporó al expediente un informe técnico externo, elaborado por Jesús Álvarez, precisamente el redactor del PGO de 2002, “para dar apariencia de legalidad” a la operación, puesto que en el procedimiento no consta el preceptivo informe del arquitecto municipal. Como él mismo reconoció en el juicio, Álvarez no tenía entonces ningún vínculo laboral ni funcionarial con el Ayuntamiento. La acusación ha recordado además que el proyecto de urbanización que trató de desarrollarse años después, en base al de reparcelación, fue acometido por el despacho en el que trabajaba el redactor del PGO.

“Si los funcionarios actuaron así, es porque existía un control y un dominio por parte de F.M.”, ha concluido Rivero, que estima que ni Mena ni Peñate pueden “alegar desconocimiento” para justificar su manera de proceder en el expediente administrativo.

“Una concatenación de irregularidades”

El fiscal José Antonio Blanco ha constatado una “concatenación de irregularidades” en el proceso, desde la falta de informes técnicos y jurídicos y del control de legalidad hasta “la suplantación de la persona que debía emitir los informes y la falsedad de documentos”, en referencia a la firma de Miguel Ángel Martín Zurita que aparece en la propuesta de resolución de José Luis Mena y que, según su propio autor y un perito de la Policía Nacional, fue falsificada.

El representante del Ministerio Público subrayó que el promotor inmobiliario tenía “prisa” para desarrollar el proyecto desde que se enteró, a través del hermano de Guillermo Reyes, entonces concejal de Urbanismo, de que el PGO se iba a revisar y “podía quedarse fuera”. A partir de ese momento se pone en marcha un “artificio administrativo” para permitir al empresario la construcción de las viviendas sin tener en cuenta a otros propietarios.

Blanco ha apuntado que José Luis Mena es “la pieza fundamental” de este entramado, puesto que era quien debía ejercer el control de legalidad. Para el fiscal, la propuesta de resolución firmada por el exjefe de Urbanismo fue “arbitraria” y soslayó todos los procedimientos legales establecidos “perjudicando no sólo el interés particular del denunciante, sino también el público”. En relación a F.M., aseveró que tenía un interés “claro y directo” en el proyecto de reparcelación y restó importancia al hecho de que, según declaró, no conociera a los dos funcionarios, ya que no se juzga un delito de cohecho (soborno), sino de prevaricación.

Sobre el otro procesado, Juan Fermín Peñate, advirtió que el levantamiento planimétrico que elaboró sobre las propiedades de Telpan en la unidad de actuación de El Calero Alto 2 fue “parte esencial” en todo el proyecto de reparcelación. Este plano “falseaba la realidad y no reflejaba la realidad física”, en opinión del fiscal, ya que excluía la vivienda del denunciante.

“Un exceso de acusación”

José Antonio Choclán, abogado del empresario F.M., tildó el informe final del letrado de la acusación particular en el caso Calero de “ideológico y demagógico”. Recordó que el administrador de Telpan tenía derecho a promover en sus terrenos las 76 viviendas y calificó de “extravagante” la petición de solicitar una indemnización por los ruidos “normales” que producen las obras, en ese momento ilegales. Como ya manifestara en las cuestiones previas, considera que José Manuel Rivero habría incurrido en un “exceso de acusación” al imputarle a su defendido los delitos de inducción a la falsificación de documentos y estafa.

“No toda irregularidad administrativa da lugar a una imputación penal”, ha remarcado Choclán, para quien la acusación contra el empresario F.M. se reduce a “haber resultado favorecido por un expediente irregular”. El letrado de la defensa reconoció que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó reabrir el caso porque apreció indicios de la posible comisión de un delito de prevaricación, pero concluyó que las “especulaciones no pueden servir como prueba inequívoca de cargo”.

Para Choclán, el argumento de que el empresario ha sido el beneficiario único de la actuación del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde “se desvanece” cuando en el procedimiento se ha acreditado la existencia de otros 67 expedientes similares, en los que el sistema de ejecución público se sustituyó por uno de ejecución privado-forzoso. “No hay ninguna prueba directa que vincule a Mena con Machín”, incidió el abogado.

“La misma Fiscalía que solicitó el sobreseimiento en la fase de instrucción pide ahora una condena sin que se haya aportado ningún dato adicional, sin que ninguno de los testigos haya aportado elementos incriminatorios contra F.M.”, ha añadido Choclán, que ha negado que el empresario tuviera intervención en el informe del arquitecto Jesús Álvarez que obra en el expediente y que, según la acusación, suplantó el preceptivo del técnico municipal. “No sabemos cómo ha llegado ese informe de 2004 al expediente”.

En cuanto al posible delito de inducción a la falsedad documental, la defensa de F.M. ha calificado de “temeraria” y “objetivamente calumniosa” la pretensión de la acusación. Choclán ha pedido la condena en costas parcial para la acusación particular por imputarle esos delitos.

“No está acreditado quién es el autor de la falsificación”

La abogada de José Luis Mena, Teresa Campanario, ha basado su defensa en que las periciales no han podido determinar quién es el autor material de la falsificación de la rúbrica de Miguel Ángel Martín Zurita y en que el exjefe de Urbanismo tan sólo “firmaba” las propuestas de resolución ante la gran cantidad de expedientes que se acumulaban sobre su mesa. Sobre la exclusión de la vivienda de Miguel Ángel Rodríguez, la letrada ha manifestado que “no se omitió al propietario, sino que se le dejó fuera porque no se sabía que existía”.

Campanario ha incidido en que el denunciante del caso se negó a recibir las notificaciones, entre ellas del proyecto de compensación, “poniendo de excusa a Mena, cuando ni siquiera estaba cuando se tramita el expediente de urbanización”. Sobre el rastro informático que dejaba el ordenador de Mena, su abogada ha dicho que el departamento de Urbanismo se regía por “un principio de confianza” y que el despacho del exjefe de Urbanismo siempre estaba abierto y sus compañeros utilizaban su ordenador.

Por su parte, José Francisco Jiménez, abogado del tercer procesado, el topógrafo Juan Fermín Peñate, afirmó que su representado actuó siguiendo “órdenes lícitas” de su superior jerárquico, José Luis Mena, y que en el levantamiento planimétrico que elaboró no atribuye propiedades. “No es el responsable del uso que se le diera a ese plano fuera del contexto para el que se pidió y no tuvo ninguna otra intervención en el expediente”, concluyó.

Sólo F.M. y Peñate utilizaron el turno que la ley les otorga para decir la última palabra. El topógrafo aclaró que no era el responsable de titular el levantamiento planimétrico que hace referencia a la unidad de actuación El Calero Alto 2 y que la orden que le dieron es que dibujara la afección de las propiedades de Telpan. El empresario, por su parte, precisó que quien redactó el proyecto de urbanización de la parcela no fue Jesús Álvarez, autor del PGO de Telde, sino su hermano Manuel, que trabaja en el mismo despacho de arquitectos.

Tras la tercera y última sesión de este jueves, el juicio ha quedado visto para sentencia.

Un perito de la Policía Nacional ha ratificado este martes durante la segunda sesión del juicio por el caso Calero que la firma de Miguel Ángel Martín Zurita, ex asesor jurídico del departamento de Planeamiento del Ayuntamiento de Telde, fue falsificada en un informe. En concreto, en la propuesta por la que José Luis Mena, entonces jefe de Urbanismo y hoy condenado por otras dos causas -Los Alisios y Grupo Europa-, aprobó de forma inicial el proyecto de reparcelación de la unidad de actuación El Calero Alto 2, que permitía al empresario F. M. la construcción de 76 viviendas en estos terrenos.

Para el perito policial no hay “ninguna concordancia” entre la firma real de Martín Zurita, de trazo complejo, y la que figura en el mencionado informe propuesta, mucho más sencilla. “No se corresponden, son totalmente dispares”, ha declarado. El agente ha precisado, no obstante, que no se ha podido determinar quién ha sido el autor de esta falsificación.

La Fiscalía apunta directamente a José Luis Mena, a quien acusa de estampar una rúbrica simulando la del técnico municipal, que era preceptiva en el expediente, para ocultar las irregularidades del mismo y dar apariencia de legalidad a lo que considera una confabulación para favorecer al empresario y dejar fuera al propietario de una vivienda situada en esa unidad de actuación, el denunciante del caso. El informe propuesta aparece firmado en julio de 2004 por el ex asesor jurídico y por Mena, que en la actualidad cumple una pena de tres años y medio de cárcel precisamente por falsificar documentos.

El propio Zurita, que estuvo imputado en esta causa, ha asegurado en su comparecencia en calidad de testigo que no firmó ese documento y que no tuvo conocimiento del expediente hasta su detención en noviembre de 2009. El ex asesor jurídico negó que en los calabozos manifestara al resto de detenidos que el expediente se había tramitado correctamente, como sostuvo el empresario F. M. en su declaración del lunes. Zurita explicó que para que el jefe de servicio pudiera elevar la propuesta era necesario que previamente hubiera un informe técnico y otro jurídico y que la condición de abogado de Mena no influía en este aspecto.

“A veces se pedían informes externos, pero no podían sustituir a los de los técnicos municipales”, manifestó Zurita en relación a otra de las controversias que han cobrado protagonismo en el juicio, el informe del arquitecto Jesús Álvarez, incorporado al expediente a petición de la empresa Telpan, administada por Machín. Álvarez fue redactor del Plan General de Ordenación (PGO) de Telde, aprobado en 2002, pero, según él mismo reconoció en su declaración como testigo, no tenía ninguna relación laboral con el Ayuntamiento desde mayo de 2003. El informe de Álvarez se insertó en el lugar donde debía estar uno redactado por el arquitecto técnico municipal Emilio Hernández, mantiene el fiscal.

Según Zurita, era habitual que algunos propietarios de terrenos no se enteraran de proyectos de reparcelación “hasta que veían el tractor delante de su casa”. Sin embargo, manifestó que era relativamente fácil solventar esta situación, incorporando a los propietarios al proceso urbanizador o indemnizándolos. En cualquier caso, se requería su personación en el proceso.

Emilio Hernández, arquitecto técnico municipal, también manifestó que desconocía la existencia del proyecto de reparcelación de El Calero Alto II y que su primera intervención en este caso se remonta a 2007, ya con el expediente de urbanización. Es en este procedimiento cuando Hernández detecta que en la propuesta no se disponía del 100% del suelo de la unidad de actuación y que esta circunstancia hacía inviable la ejecución del vial. “El expediente de urbanización no prosperó”, aseveró el arquitecto técnico.

Jesús Álvarez, redactor del PGO de Telde, reconoció que elaboró un informe a petición de F. M. que se limitaba a recoger “literalmente” lo que decía el Plan General sobre esta unidad de actuación, pero que le conminó a no incorporarlo al procedimiento porque no tenía validez. Álvarez relató que a partir de mayo de 2003 dejó de colaborar con el Ayuntamiento y admitió que el despacho en el que trabaja redactó el proyecto básico de urbanización años después.

En la sesión de este martes también declararon, entre otros, Pedro Pablo Santana, responsable del departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde y condenado en el caso Grupo Europa, y Francisco Valido, alcalde entre 2003 y 2007. El primero firmó la propuesta de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación en septiembre de 2004 como jefe accidental de Urbanismo. “No me fijé en la tramitación del expediente porque me fiaba de los trabajadores”, expuso Santana, que coincidió con lo manifestado un día antes por Mena en relación al gran volumen de trabajo que se acumulaba en esas fechas en el departamento.

Valido, por su parte, acudió junto a F. M. a la notaria para elevar a escritura pública la parcelación voluntaria de los terrenos en julio de 2005. “Una hora antes iba un abogado del Ayuntamiento a la notaría a ver si todo estaba bien”, zanjó el exalcalde.

El Ministerio Fiscal solicita cinco años de cárcel para el ex jefe de Urbanismo de Telde, José Luis Mena, en prisión por otra causa, y cuatro para el técnico de ese área Juan Fermín Peña por la llamada operación Calero, en la que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística.

Esta investigación trata de esclarecer una presunta trama referida a la actuación municipal en El Calero Alto 2, de Telde, al parecer, “en connivencia” con una empresa dedicada a la construcción, edificación, reparación o restauración de fincas rústicas y urbanas por cuenta propia o ajena, según informó en su día en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

El 10 de diciembre de 2009, y tras prestar declaración, la magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Telde imputó supuestos delitos de prevaricación y falsedad en documento público y oficial al ex secretario del Ayuntamiento de Telde Diego López y a dos técnicos del Consistorio -el técnico jurídico del departamento de Urbanismo Pedro Pablo Santana y otro técnico del área, Juan Fermín Peñate- en el marco de esta operación.

La Fiscalía acusa ahora a Mena y a Machín de ser los presuntos autor e inductor de un delito de prevaricación administrativa y señala también a Mena y a Peñate como supuestos inductor y autor de un delito continuado de falsificación de documentos públicos, según el escrito de conclusiones preliminares difundido hoy por el TSJC.

Por el primer delito, el Ministerio Fiscal pide para Mena y Machín una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 9 y 5 años, respectivamente.

Por el segundo ilícito, el fiscal pide para Mena una pena de 5 años de cárcel y una inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo. Para Peñate solicita cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación.

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas dictadas el año pasado para cinco de los siete imputados en el denominado caso Europa, con la única salvedad de rebajar en un año y medio la pena impuesta al exjefe de urbanismo del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), José Luis Mena, actualmente en la cárcel por falsificar documentos en el denominado caso Los Alisios.

En esta causa, una pieza separada del caso Faycán, se investigaba si una serie de políticos y funcionarios públicos habían influido y comprado voluntades para que el grupo empresarial Europa obtuviera permisos para construir viviendas públicas en varios ayuntamientos de la isla, en particular el de Telde.

  La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictaminó en septiembre de 2014 que había pruebas suficientes para condenarpor esos hechos al empresario José Luis Antón (cinco años de cárcel), al funcionario municipal José Luis Mena (seis años y diez meses) y al gerente de la empresa municipal Urbitel, Juan Carlos Saavedra (cuatro años y diez meses).

También dictó condenas contra el responsable del departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde, Pedro Pablo Santana (un año y cinco meses), y el empleado del Grupo Europa y denunciante del caso, José Benítez Cambreleng (siete meses y medio de cárcel).

En cambio, absolvió a la esposa de Saavedra, Verónica García Melgar, y al único aforado procesado en la causa, el diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez, para el que la Fiscalía había reclamado una sentencia de un año y ocho meses de cárcel.

En este último caso, el TSJC consideró que existían dudas respecto al tipo de gestiones que había hecho Rodríguez para favorecer al Grupo Europa en ayuntamientos gobernados por su partido y, en particular, de que tuvieran las condiciones necesarias para calificarlas de delito de tráfico de influencias.

El Supremo no se pronuncia sobre la absolución del diputado del PP, puesto que nadie la recurrido y ha devenido firme, pero sí examina las razones que sostienen las cinco condenas.

El Alto Tribunal corrobora no solo la sentencia, sino también la instrucción del caso, porque considera que las supuestas deficiencias que denunciaban los acusados no llegaron a vulnerar en ningún momento sus legítimos derechos de defensa.

La sentencia de casación solo acepta un argumento de las defensas: el planteado por el letrado de Mena sobre el delito de falsedad que figuraba en la condena de su cliente.

El TSJC estableció que era un delito continuado, pero el Supremo considera que Mena falsificó dos documentos el mismo día, en una “una unidad natural de acción”.

En consecuencia, le rebaja su condena de seis años y diez meses de cárcel a cinco años y tres meses de prisión.

El actual concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde y portavoz de Más por Telde en la corporación, Juan Francisco Artiles, ha decidido personarse como acusación particular en una de las causas en las que se encuentra imputada María del Carmen Castellano (PP). En concreto, en la que investiga si la exalcaldesa incurrió en los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y desobediencia a la autoridad al autorizar el pago de una indemnización de 13,2 millones de euros al empresario Ambrosio Jiménez con cargo a una línea de crédito ICO (Instituto de Crédito Oficial) reservada al plan para saldar las deudas con los proveedores del Consistorio.

En este caso que instruye la magistrada Virgina Peña, titular del Juzgado número 2 de Telde, también se encuentran imputados Enrique Orts, exinterventor del Ayuntamiento; Francisco López, concejal de Urbanismo en la época de los hechos denunciados (2012); Ángel Sutil, secretario municipal; el empresario Ambrosio Jiménez, y José Luis Mena, ex jefe de Urbanismo y de Recursos Humanos  en el Consistorio. Este último cumple actualmente una pena de tres años y seis meses de prisión por un delito de falsedad documental en el caso Los Alisios y se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo ratifique la condena de seis años y diez meses de cárcel por cohecho y falsedad en el caso Grupo Europa.

Juan Francisco Artiles, que fue el denunciante del caso ante la Fiscalía, ha decidido dar el paso de personarse como acusación particular, una decisión que llevaba meditando desde el inicio del proceso, para “defender los intereses de los ciudadanos” de Telde.

El actual concejal de Urbanismo ha explicado a este periódico que, aunque en el sumario de esta causa tan sólo aparece el pago de la indemnización a Ambrosio Jiménez,  la denuncia inicial, interpuesta en diciembre de 2013 (posteriormente hubo tres ampliaciones), incluía “pagos ilegales” por un valor total de 24 millones de euros con cargo al crédito ICO de 2012. Entre esas facturas figuraba, además de la de 13,2 millones a Jiménez, un pago de 8,6 millones a Aguas de Telde, una empresa participada al 50% por el Ayuntamiento, y otros de menor cuantía correspondientes a dos expropiaciones de Royal Urbis.

El demoledor informe del Tribunal de Cuentas de 2013 concluyó que esas facturas no debieron pagarse con cargo al crédito ICO, que estaba reservado a obras, suministros o servicios y prohibía el pago de intereses.  

El abono de 13,2 millones a Promociones Horneras, la empresa de Ambrosio Jiménez, supuso el pago de mayor cuantía realizado en España mediante ess instrumento. Una sentencia de 2011 obligaba al Ayuntamiento a indemnizar al empresario por una operación urbanística ilegal realizada en 2005. Entonces, la corporación gobernada por el PP y Ciuca vendió una parcela de 6.500 metros cuadrados en La Mareta a Jiménez tras haberle quitado una concesión para la construcción de un hotel y un centro comercial a otro empresario, Julián del Castillo, a quien la Justicia acabó dando la razón.

En su primera declaración ante la juez, María del Carmen Castellano descargó toda la responsabilidad en el interventor municipal, que era, en su opinión, el competente para decidir si se podía abonar la indemnización a Jiménez con cargo al crédito ICO del plan de proveedores. Por su parte, José Luis Mena reconoció que avaló con un informe el pago sin haberse leído al completo el Real Decreto 4/2012 (de doce artículos) del Gobierno central que impedía realizarlo.

Artiles, que también ha comparecido en esta causa penal como testigo, espera que se tengan en cuenta las facturas no incorporadas hasta la fecha al sumario, así como los pagos realizados con cargo al créidto ICO de 2013, también denunciados a la Fiscalía, y que se amplíen las responsabilidades a otros miembros de la anterior corporación. Para el portavoz de Más por Telde, la magistrada Virginia Peña está haciendo “una gran labor” en este proceso.

El ex jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena ha ingresado en la prisión Las Palmas II este jueves después de que la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas dictara el pasado 14 de agosto una orden de busca y captura.

Según ha podio saber este periódico, el ya ex funcionario del Ayuntamiento teldense estuvo esta semana de vacaciones en Corralejo. Después de ir a Fuerteventura, a Mena se le pudo ver paseando por la ciudad grancanaria en la que reside, a pesar de que las autoridades decretaran que se encontraba en paradero desconocido. Concretamente fue visto en San Juan, cerca de una residencia familiar, como recoge el periódico digital Telde Actualidad.

Mena debió ingresar en prisión el pasado 24 de julio después de que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas le condenara a tres años y seis meses de cárcel por un delito de falsedad en un documento oficial, al considerar probado que incorporó al expediente sobre las viviendas de la urbanización de Los Alisios, en La Garita, un informe jurídico elaborado en 2005, pero fechado en 2002.

No es la única pena de prisión a la que se enfrenta ya que está pendiente de que el Tribunal Supremo ratifique la condena de seis años y diez meses de cárcel por el caso Grupo Europa por la comisión de los delitos de cohecho y falsedad de documento oficial, además de enfrentarse a una pena de un año y seis meses de prisión por un delito contra la integridad moral de un funcionario.

A ello hay que añadirle que también está imputado en el denominado caso Faycán de corrupción generalizada en el Ayuntamiento de Telde, que está a la espera de la apertura del juicio oral.

El ex jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena, ha dejado de ser funcionario del Ayuntamiento de Telde después de que la Concejalía de Recursos Humanos diera curso al fallo judicial que lo inhabilita de forma definitiva para ejercer plaza de empleado público en la Ciudad de Los Faycanes.

Según adelanta este martes Telde Actualidad,el pasado 3 de agosto le fue remitida a Mena una resolución judicial con la que se da cumplimiento de la condena de la Audiencia Nacional de octubre de 2014 en la que le condenaban a 3 años y medio de cárcel y la inhabilitación por el mismo periodo de tiempo debido a un delito de falsedad documental. La Audiencia Provincial de Las Palmas consideró probado que incorporó en 2005 al expediente de Los Alisios un informe jurídico elaborado ese mismo año pero fechado en 2002.

Así, el ex jefe de Urbanismo recibió la comunicación oficial y la firmó. El Consistorio teldense, tras recibir a finales del mes pasado la sentencia en firme por el caso de la urbanización Los Alisios, puso en marcha sus mecanismos para cumplirla y apartar al trabajador del Consistorio.

A pesar de que la condena es de inhabilitación por tres años y seis meses y existía la duda de que el ya ex funcionario pudiera regresar tras este tiempo, los servicios jurídicos de Personal entienden que Mena está incapacitado para volver y su expulsión es definitiva, de manera que si quisiera trabajar en el Ayuntamiento debería realizar de nuevo las oposiciones pertinentes, siempre y cuando las bases lo permitieran.

En cuanto a la condena de prisión, Mena debió haber ingresado el pasado viernes 24 de julio, aunque según el mismo periódico, todavía no lo ha hecho.

La Fiscalía ha elevado este viernes de año y medio a dos años de cárcel la condena que solicita para el exedil de Urbanismo de Telde (Gran Canaria), Guillermo Reyes, y los exjefes de servicio José Luis Mena y María Jesús Santana por un presunto delito de acoso laboral a un funcionario municipal.

El Ministerio Público ha solicitado también penas de inhabilitación de tres años para cada uno al entender que cometieron delito grave de acoso laboral continuado al denunciante, del que se derivaron diversas patologías físicas y psicológicas.

En líneas similares se ha manifestado el abogado de la acusación particular, que ha aumentado su solicitud de cárcel para los procesados, pasando de año y medio a dos años y medio, al entender que atentaron contra la integridad moral de su defendido, el funcionario Raúl Santana.

En la segunda y última jornada del juicio que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, el abogado que representa como acusación al denunciante ha defendido que “el responsable máximo” del presunto acoso laboral contra Santana fue Guillermo Reyes y ha abogado por que “los políticos que comentan delitos paguen por sus acciones”.

En sus conclusiones finales, este letrado ha precisado que su defendido “no tiene ningún interés en que entren en prisión ninguno de los imputados, pero sí en que se les inhabilite”.

Los abogados de la defensa, por su parte, han alegado que los hechos están prescritos y que no hay pruebas incriminatorias para sancionar a Guillermo Reyes, José Luis Mena, y María Jesús Santana, motivo por el que han solicitado la libre absolución de los tres.

Además, han manifestado que Raúl Santana “faltó a la verdad” en varios hechos en la declaración que prestó ayer como testigo y contradijo algunas de sus afirmaciones durante la instrucción.

Tras los alegatos de los representantes de los acusados, tanto el exconcejal como los exjefes de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde han declinado hacer uso de su derecho a la última palabra.

El procedimiento ha quedado visto para sentencia este viernes, tras declarar hoy un gran número de testigos y peritos, entre ellos el psiquiatra Ángel Trujillo, quien ha asegurado que el denunciante sufrió acoso laboral, como indican los test que le realizó.

“Los test dieron que Raúl Santana sí fue sometido a acoso”, ha defendido el doctor, quien ha manifestado a preguntas de la defensa que al denunciante “no le han quedado secuelas” y que, a su juicio, su trastorno es de carácter leve.

El jefe de servicio de Personal en el momento en el que se produjeron los hechos (2003-2004), Francisco Martín, ha asegurado que los concejales eran los responsables de solicitar los traslados, y que a él se le había pedido el traslado específico de Santana al área de Ordenación del Territorio.

En relación a los escritos de quejas formulados por el denunciante, Martín ha manifestado que él los remitió a la jefatura de servicio de Urbanismo, la competente para resolver el tema de falta de medios y materiales, y al no recibir respuesta dio por entendido que el asunto se había resuelto.

Por su parte, otros testigos que trabajaron con Raúl Santana en la Concejalía de Medio Ambiente en la calle León y Castillo, a la que había sido trasladado desde la Gerencia de Jinámar, han señalado que el funcionario se negaba a realizar algunas funciones y que su integración en el departamento era “cero”.

Aunque han reconocido que faltaba material y medios para poder trabajar porque estaban inaugurando un nuevo edificio, han defendido que todo el material que había, entre ellos un solo ordenador, se compartía entre todos y que la limitación de recursos no afectó a ningún otro empleado a la hora de desempeñar su función.

El excoordinador de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Telde Antonio Alemán ha testificado que la actitud de Raúl Santana “no era colaborativa” y que se negó a hacer un censo que le encargó.

Alemán ha reconocido que, en su área, el funcionario trabajó en una mesa que era un tablero con dos burras, pero que le cambió cuando empezó a llegar material y medios a la Concejalía de Medio Ambiente.

A la cuarta fue la vencida. Tras haberse suspendido en tres ocasiones, la primera de ellas en mayo de 2013, este jueves arrancó el juicio penal contra Guillermo Reyes, exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, y los funcionarios José Luis Mena y María Jesús Santana, ex jefes de servicio del mismo departamento, por un presunto delito contra la integridad moral de un funcionario del Consistorio, Raúl Santana. Entre septiembre de 2003 y junio de 2004, este trabajador público permaneció aislado en un despacho ubicado en Jinámar, sin atribución de funciones y con apenas “una mesa, tres sillas, algunos papeles y un bolígrafo”, según atestiguó una inspección de Trabajo.

En la primera sesión de la vista oral que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Santana señaló a Guillermo Reyes, edil de Urbanismo en el momento de los hechos, como el instigador del acoso laboral. Según manifestó, fue José Luis Mena, con el que mantenía en esas fechas una relación cordial por haber sido compañeros de trabajo, quien le reconoció en una reunión que Reyes “le estaba presionando” para no darle tareas y mantenerlo solo en el despacho de Jinámar.

El origen del caso se remonta al 25 mayo de 2003, jornada en la que se celebraron comicios autonómicos y locales. Santana explicó que ese día fue expulsado por Reyes, que era candidato a la Alcaldía por AFV-Ciudadanos por el Cambio, de una de las mesas del colegio electoral de Casa Nuevas, en el cruce de Melenara, en la que participaba como representante de la Administración junto a otras tres personas.

En su declaración de este jueves, el concejal de Ciuca, actualmente en la oposición, aseguró que había pedido la intervención de la Policía y había llamado a la Delegación del Gobierno porque “había gente que estaba entrando en las cabinas” de votación. Santana pidió entonces amparo judicial y la juez de guardia ordenó el regreso de estos representantes de la Administración a la mesa electoral. El altercado provocó incluso una denuncia por la vía penal que Santana terminó retirando “por temor” al concejal.

Tras los comicios, el Partido Popular y Ciuca suscribieron un pacto de gobierno y Reyes fue nombrado concejal de Urbanismo. Según el funcionario denunciante, a partir de ese momento se iniciaron las acciones de represalia por parte de Reyes, con la connivencia de sus jefes de servicio. En un intervalo de apenas un mes y medio, fue trasladado de Parques y Jardines, donde trabajaba hasta las elecciones, al área de Recaudación y, posteriormente, a Medio Ambiente, bajo responsabilidad de Reyes.

Santana asegura que el 1 de septiembre de 2003, el día de este segundo traslado, se reunió con Reyes: “Tenía mi expediente personal, le sorprendió que fuera funcionario, pensaba que era personal laboral. Me dijo que me iba a llevar a Jinámar, que iba a montar una oficina, y me recriminó que era del otro gobierno (Santana es miembro de Nueva Canarias, gran rival político de Ciuca en el municipio de Telde en los últimos años)”.

La oficina de Jinámar estaba en una habitación que “no tenía los elementos más indispensables para una actividad laboral”, según refrendó en un informe la inspectora laboral que cursó dos visitas a estas instalaciones tras la denuncia que interpuso el funcionario. El trabajador municipal asegura que le comunicó su situación “en cinco o seis ocasiones” a María Jesús Santana, nombrada jefa de servicio de Urbanismo -en sustitución de Mena- tras la llegada de Reyes al área, pero que la técnico no hizo nada para resolver el problema.

“Cuando llegó Mena (en junio de 2004 regresó a la Jefatura de Urbanismo), me alegré, porque lo conocía, y le pedí que arreglara la situación, pero me dijo que era Reyes quien estaba presionándolo”, apuntó Santana, quien ya entonces había presentado varias denuncias a nivel interno, a la Junta de Personal y a la Inspección de Trabajo.

El 18 de junio, a través de un manuscrito de Mena, el funcionario fue trasladado de la Gerencia de Jinámar a las oficinas de Medio Ambiente en la calle León y Castillo de la Ciudad de los Faycanes. Un día antes, la Junta de Personal había tratado la situación del trabajador y había emitido un informe. Este documento, junto al de la inspectora de Trabajo y a la publicación del caso en los medios de comunicación, fueron, en palabras de Santana, “el detonante” de este traslado.

Sin embargo, el acoso laboral “no acabó ahí” y se prolongó en las nuevas dependencias, donde en principio le colocaron “un tablón con burras” a modo de mesa y le dejaron, de nuevo, sin funciones.

Santana ya denunció su caso por la vía contencioso-administrativa, que le dio la razón y obligó al Ayuntamiento a indemnizarle con 12.000 euros. El funcionario ha explicado que permaneció de baja médica durante bastante tiempo debido a la patología que desarrolló a consecuencia del estrés laboral al que estuvo sometido.

Esquivos y desmemoriados

Por su parte, Guillermo Reyes, que se mostró esquivo ante las preguntas de la fiscal y de la acusación particular, negó “rotundamente” haber tenido un altercado con Raúl Santana, a quien dijo no conocer. También se desmarcó de cualquier responsabilidad en el traslado del denunciante, asegurando que no tenía ninguna capacidad de organización en su concejalía, que esta tarea correspondía a los jefes de servicio e, incluso, que solo hablaba con ellos y que no podía hacerlo “con ningún otro funcionario”.

“No era mi misión saber si estaba correctamente equipado el despacho y no sé si -Raúl Santana- estaba destinado allí, no era mi competencia”, insistió Reyes, quien afirmó que se había enterado por la prensa de las quejas que había presentado el funcionario. También negó que le pidiera a Carmelo Oliva (PP), entonces concejal de Personal, que trasladara a Sanatana a su departamento -como declaró el propio Oliva en el periodo de instrucción-. así como que diera instrucciones en este sentido a Mena.

El exjefe de Urbanismo, condenado a seis años y diez meses de cárcel por el caso Grupo Europa y a tres años y medio por el caso Los Alisios, defendió que fue él quien resolvió la situación de Santana al trasladarlo de la oficina de Jinámar a la de León y Castillo. “Cuando recibo el primer escrito, ya estaba resuelto el tema. Él vino a hablar conmigo, me dijo que no estaba haciendo nada en Jinámar, y lo trasladé”, aseveró.

Mena negó que el traslado de Santana estuviera condicionado por la reunión que se había producido el día anterior en la Junta de Personal y que recibiera presiones del concejal: “No permito que Reyes me dé indicaciones”.

El ex jefe de servicio apuntó que era Santana “quien no quería trabajar” en su nuevo puesto, según le manifestaron “Antonio Alemán (coordinador del área de Medio Ambiente) y los propios trabajadores”. “Me dicen que es renuente al trabajo y que crea mal ambiente”, apostilló.

En la misma línea que el resto de los acusados, María Jesús Santana aseguró que no tenía conocimiento de la situación del funcionario, que no tuvo nada que ver en su traslado y que no recibió ninguna queja del mismo. “Si va dirigida a mí, firmo, pongo la fecha y recibí”, comentó la arquitecta, que desligó su actuación profesional del hecho de que su padre concurriera a las elecciones de 2007 en la misma candidatura que Guilermo Reyes.

También declaró en calidad de testigo Carmelo Oliva, que estuvo imputado en la fase de instrucción. El exconcejal del PP pareció haber borrado de su memoria cualquier rastro de sus años de actividad política y tan sólo rememoró la reunión de la Junta de Personal en la que se habló de Raúl Santana. “Destituí al jede de Personal y el tema se quedó en suspenso”, subrayó Oliva, que se contradijo con lo declarado en fase de instrucción afirmando que Reyes no le había pedido el traslado de Santana.

Este viernes se celebrará la segunda sesión de un juicio en el que la Fiscalía solicita para los tres acusados una pena de un año y seis meses de prisión y la inhabilitación especial para el desempeño de cargo y empleo público durante tres años.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a José Luis Mena, exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, a tres años y seis meses de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial, al considerar probado que incorporó al expediente sobre las viviendas de la urbanización de Los Alisios, en La Garita, un informe jurídico elaborado en 2005, pero fechado en 2002.

El denunciante del caso, el exedil de Nueva Canarias Ildefonso Jiménez, fue condenado en diciembre de 2012 a un año y medio de cárcel y diez de inhabilitación por conceder en 2002, siendo concejal de Urbanismo de la corporación, varios reconocimientos de obra y licencias de primera ocupación en Los Alisios pese a tener conocimiento de que esas obras eran ilegales.

Jiménez defendió durante el juicio que en el expediente no solo habían desaparecido informes favorables que avalarían su actuación, sino que, además, figuraba un dictamen desfavorable firmado por Mena que había sido incorporado a posteriori con el propósito de poder acusarle de la comisión de un delito de prevaricación. Este informe concluía que no se podían otorgar las cédulas de habitabilidad hasta que no se subsanaran una serie de deficiencias.

En marzo de 2014, la Audiencia Provincial de Las Palmas revocó la sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de la capital y absolvió al exconcejal de Nueva Canarias, que había dimitido y se había retirado de la vida política tras ser condenado.

El auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas dado a conocer este martes acredita que el exjefe de Urbanismo de Telde hizo constar como fecha de redacción, emisión y firma de un informe elaborado en 2005 el 15 de noviembre de 2002 “a sabiendas de que no se correspondía con la realidad y con la intención de aparentar que había sido emitido antes de que se concediera la cédula (la resolución está datada el 18 de noviembre)”.

Durante la vista oral, celebrada el martes de la pasada semana, dos peritos, uno de ellos de la Guardia Civil –que cotejó 75 documentos firmados por Mena entre 2000 y 2006-, ratificaron que el mencionado informe y otros fechados en 2005 eran coetáneos, que habían sido realizados en el mismo periodo de tiempo y haciendo uso de similares medios de impresión.

Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia subrayan en su sentencia “la seguridad” con la que se expresaron estos profesionales en contraposición con las “dudas” que suscitó la intervención del perito de la defensa, que ni siquiera pudo aclarar el origen del material con el que había realizado el análisis y dejó entrever que se trataba de documentos municipales oficiales sin certificación que fueron entregados por el propio Mena .

Además, ponen de manifiesto que el supuesto informe no estaba incluido en el lugar que le correspondía en el expediente, sino, “sorprendemente”, antes de una resolución del propio acusado en 2001. La sentencia desmonta el argumento de la defensa de que el documento y su supuesta alteración eran irrelevantes para el procedimiento puesto que existían informes técnicos que solicitaban corregir deficiencias. “Es como decir que los informes jurídicos del jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde informando si procede o no conceder una cédula de habitabilidad eran totalmente inútiles e innecesarios”, explica el auto.

La Audiencia sentencia que Mena “abusó” del cargo que ostentaba y falsificó de forma intencionada un documento oficial. Es por ello por lo que lo condena a tres años y medio de prisión, a la inhabilitación por el mismo periodo y a una multa de ocho euros diarios durante diez meses, además de imponerle el pago de las costas.

Con este fallo, Mena ha sumado en apenas dos meses dos sentencias con penas de cárcel. En septiembre fue condenado a seis años y diez meses de cárcel por la comisión de los delitos de cohecho y falsedad de documento oficial en el denominado caso Grupo Europa.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) consideró entonces probado que el exjefe de Urbanismo de Telde percibió 30.000 euros del empresario José María Antón como contrapartida por la modificación puntual del Plan General de Urbanismo de Telde y por la concesión de licencias para facilitar a la empresa la construcción de las viviendas a las que se había comprometido. El TSJC le retiró recientemente el pasaporte por el “fundado riesgo” de que pueda eludir a la justicia huyendo del país.

Además, Mena se enfrenta a una pena de un año y seis meses de prisión por un delito contra la integridad moral de un funcionario y permanece imputado en el denominado caso Faycán de corrupción generalizada en el Ayuntamiento de Telde a la espera de la apertura del juicio oral.

La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha suspendido el juicio contra Guillermo Reyes, concejal de Ciuca en el Ayuntamiento de Telde y exedil de Urbanismo, y los funcionarios José Luis Mena y María Jesús Santana, que ocuparon la jefatura del mismo departamento en la época de los hechos denunciados, por un presunto delito contra la integridad moral del funcionario y sindicalista Raúl Santana.

La causa de este nuevo aplazamiento (la vista ya fue suspendida en varias ocasiones entre 2013 y 2014) ha sido la incomparecencia de una de las testigos propuestas por la acusación, que se encuentra de vacaciones fuera del país y que ha sido sancionada con una multa de 600 euros. Los nuevos señalamientos han quedado fijados para el 18 y 19 de diciembre.

La Fiscalía solicita para los tres acusados una pena de un año y seis meses de prisión al considerarlos autores de un delito contra la integridad moral del funcionario. Según el escrito de acusación, los procesados “denigraron las funciones como administrativo” de Santana relegándole a una oficina que tan solo contaba con una mesa y tres sillas y proporcionándole como material de trabajo unos folios y un bolígrafo.

Raúl Santana ejerció desde agosto de 1995 hasta junio de 2003 como auxiliar administrativo en el área de Parques y Jardines del Ayuntamiento. Durante la celebración de la jornada electoral del 25 de mayo de 2003, Santana, que en ese momento participaba en la vida política del municipio a través de la asociación de vecinos de su barrio, protagonizó un incidente con Guillermo Reyes, candidato de Ciuca a la alcaldía, en un colegio electoral.

Apenas un mes después, ya con el PP y Ciuca en el poder gracias el pacto alcanzado tras los comicios, el funcionario fue trasladado al departamento de recaudación de la concejalía de Hacienda. El decreto fue firmado por el edil Carmelo Oliva (PP), entonces al frente del área de Personal. Oliva estuvo imputado durante el periodo de instrucción, pero la Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa contra el exconcejal popular en su escrito de acusación al entender que no había cometido ninguna acción delictiva.

El traslado al departamento de recaudación fue efímero, ya que en julio volvió a ser desplazado –mediante otro decreto de Carmelo Oliva- a la concejalía de Ordenación de Territorio y Urbanismo que lideraba Guillermo Reyes. El fiscal incide en su escrito que estos traslados se realizaban bajo el conocimiento y consentimiento del concejal de Ciuca.

En la oficina de Urbanismo en Jinámar, Santana fue sometido a condiciones de trabajo “sin los elementos más esenciales para el desarrollo de cualquier actividad laboral y necesarios para la ocupación efectiva de cualquier trabajador”. Una mesa, tres sillas, papeles y un bolígrafo. Esos eran los únicos materiales, según el acta elevada por Inspección de Trabajo en 2004, con los que podía ejercer sus funciones Santana, que además era sometido a un control de asistencia individualizado que le obligaba a firmar una plantilla en su horario laboral (de 8 a 15 horas), “obviándose el control generalizado” de los demás trabajadores municipales que ejercían en esas oficinas. Todo ello, según el relato del fiscal, con “el propósito de atentar” contra la integridad moral de Santana.

El funcionario y sindicalista puso estos hechos en conocimiento de María Jesús Santana (jefa de Urbanismo desde junio de 2003 a junio de 2004) y de José Luis Mena, que la sustituyó a partir de 2004 y que recientemente ha sido condenado a seis años y diez meses de prisión por el denominado caso Grupo Europa.

Ni santana ni Mena, que habían sido nombrados por Reyes, adoptaron ninguna decisión al respecto, lo que llevó a Santana a acudir a la vía administrativa y, posteriormente, a los juzgados.

Sostiene en plan faquir la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, que la alcaldesa de Telde sabe hacer las cosas bien en tiempos difíciles. Un sable de difícil digestión por el histórico comportamiento de María del Carmen Castellano (PP)en algunos escándalos por los que se sentará en el banquillo y por algunos episodios nada edificantes vividos durante este mismo mandato. Conocedora de graves irregularidades de algunos de los suyos, aficionados a meter con descaro la mano en la lata del gofio, hasta ahora solo se conoce una visita suya al juzgado de guardia a interponer denuncia: la que le metió a principios de este mismo mes a su ex director general de Recursos Humanos, Joan Perdomo, al que despidió con cajas destempladas al enterarse de que presuntamente había falsificado su título de licenciado en Derecho y los que le acreditan como poseedor de dos máster, uno en Recursos Humanos y el otro en Ciencias Forenses. El resto de las aplastantes sospechas que la alcaldesa ha tenido sobre el comportamiento de algunos de sus compañeros concejales del PP solo se han saldado con el traslado de destino alejándolos de la tentación para así evitar el pecado. Pero la misma semana pasada en que caía destituido Joan Perdomo, la alcaldesa despedía, sin ni siquiera agradecerle los servicios prestados, a un histórico del gorroneo teldense, Chano Henríquez, el auxiliar de carpintería que, como muy bien describe un conocedor de su trayectoria, “no ha cogido la lija desde que descubrió la teta del Ayuntamiento en 1987”.

Recaudando dinero para La Hoja Popular

Y es cierto. Chano Henríquez, cesado como asesor de la alcaldesa para asuntos que no hemos podido concretar, ha estado siempre revoloteando alrededor del poder municipal teldense desde que descubrió lo azocado que se puede vivir a la sombra del grupo que en cada caso gobierne. Para ello, no ha tenido ningún problema jamás de pasarse del partido que le inició en la política, el Partido Comunista de España, hasta acabar en el PP previo y sucesivo paso por Izquierda Canaria Unida, Ican, Coalición por Gran Canaria (el partido del Zorro Plateado) y Coalición Canaria, para acabar rebotado, tras tocar sin éxito en dos o tres más, en el Partido Popular. Ya se sabe que esta formación no hace ascos a ningún conseguidor, y Henríquez se ha presentado siempre como eso, un conseguidor. Su destitución ha sido presentada por el PP como un fin de ciclo ante la inminente jubilación del destituido, alegando que las funciones que desempeñaba han quedado o bien realizadas o bien en manos de concejales que no lo quieren revoloteando por sus alrededores. Pero esas excusas son tan poco serias como creíbles. Todos los portavoces de la oposición municipal han tenido en sus manos un extracto bancario que presuntamente demostraría una trapisonda que acabó con la carrera asesora del conseguidor. Con ese documento, que la alcaldesa también conoce pero que no ha llevado ante la justicia, parece probarse que Chano Enríquez se ha dedicado estos últimos meses a recaudar dinero para una revista de reciente aparición, La Hoja Popular Canaria. Ese dinero se depositaba en una cuenta corriente bajo el control del destituido asesor que, en el cajero de la plaza de San Juan, se dedicó los últimos días de su reinado a sacar de ella reintegros de 400 euros que raudo y veloz ponía en manos de algunos de sus superiores. Siempre todo ello presuntamente, válganos el cielo. Al enterarse la alcaldesa montó en cólera muy al estilo de grácil amazona que le enseñan policías locales de su guardia pretoriana. Y, acto seguido, firmó la destitución de Henríquez.

Inminente traslado de Fidel Ortiz

El extracto bancario incautado a este polifacético carpintero reflejaba ingresos de empresas que prestan servicios al Ayuntamiento de Telde, como Elecnor, encargada del mantenimiento del alumbrado público, o de la empresa mixta Aguas de Telde, participada al 50% por el consistorio. Como quiera que el responsable de servicios públicos es el concejal popular Fidel Ruiz, todo el mundo da por hecho que en breves fechas se decretará su traslado a otra concejalía, como hiciera la alcaldesa con otro concejal de costumbres molestas e insalubres, Fran López, retirado de Urbanismo al descubrirse que con el ex jefe técnico de esa oficina, el funcionario José Luis Mena (condenado por el caso Grupo Europa) comía huevo y sobraba huevo. Las cantidades presuntamente por Henríquez eran calderilla, no más de 10.000 euros, y el dinero que también presuntamente repartía entre sus allegados municipales, no superaba las entregas de 400 euros. Una verdadera birria si se tiene en cuenta el resultado obtenido y el riesgo de que alguien lleve el asunto a los tribunales de justicia.

Dos juicios para Mena este mismo mes

Telde se ha convertido desde 2007 en una ciudad de escándalo. El estallido del caso Faycan, cuyo juicio se retrasará todavía más por actos procesales y porque la Audiencia Provincial no quiere perjudicar al PP durante las elecciones de mayo próximo, y la actividad de algunos personajes que no aprenden ni a palos, la han marcado para siempre. Los teldenses no se sobreponen de una sacudida para presenciar otra, mientras la urbe ha de conformarse con pequeños consuelos como su reciente elección como ciudad europea del deporte en 2015. En casi todos esos escándalos de corrupción aparece siempre la enorme figura de José Luis Mena, el funcionario que se prestó a las mayores cochinadas que imaginarse pueda y que acaba de ser condenado a casi siete años de prisión por la primera causa a la que se ha enfrentado, el caso Grupo Europa. Este mismo martes, el TSJC le ha retirado el pasaporte para minimizar el riesgo de fuga que presenta un personaje del que consta (según la Agencia Tributaria) un enriquecimiento ilícito cercano a los 400.000 euros. Este mismo mes deberá responder por otros dos asuntos ante la justicia: el día 16, por la presunta falsificación de documentos en el caso Alisios, la urbanización en la que precisamente levantó su soberbio chalet justo cuando se investigaban sus andanzas en el caso Faycan. Esa falsificación le permitió llevar al banquillo al ex concejal de Nueva Canarias Ildefonso Jiménez, absuelto por la justicia tras una primera condena que fue recovada en todos sus términos y que le impuso la juez Mónica Oliva, hija del ex concejal del PP Carmelo Oliva, también acusado en el caso Faycan. El otro juicio de Mena es por acoso laboral a un dirigente de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Telde, y se celebrará el día 21. Cuando adquieran firmeza las condenas que ya ha empezado a acumular y sume antecedentes penales, verán qué bien ha hecho el TSJC en retirarle el pasaporte.

Dos meses de vacaciones

De momento, Mena digiere lejos del Ayuntamiento su condena y lo que se le viene encima. Para ello ha conseguido que el concejal de Urbanismo, Pablo Rodríguez, le haya concedido dos meses de vacaciones que el condenado ha justificado alegando que se le adeudan 60 días por lo mucho (y seguramente bien) que trabajó el nuevo planeamiento de la ciudad. Algunas fuentes municipales aseguran que por ese esfuerzo extra, que él compaginaba cosiendo para la calle, se le compensó sobradamente con sobresueldos (legales) de entre 1.500 y 2.000 euros al mes. Pero quizás el concejal ha preferido tragarse el embolado que soportar la presencia de ese funcionario en las dependencias de Urbanismo, donde provoca entre sus compañeros dos sentimientos encontrados. Los hay sobre los que infunde un miedo atroz. Conocen sus métodos y de lo que ha sido capaz con tal de salirse con la suya. El resto lo desprecia como profesional precisamente por lo anterior. Desde que fue rebajado a la mundana condición de funcionario de a pie, ha dedicado muchos de sus esfuerzos a entorpecer la tarea del departamento, donde aún mantiene al menos a un trabajador fiel, y algunos expedientes han sufrido incomprensibles retrasos. Si por algunos fuera, le darían vacaciones hasta que la primera de sus condenas se haga firme y pierda su condición de funcionario público para pasar a vivir del Estado en otro lugar menos honroso.

Campanazo en las primarias del PSOE

Cuando la cosa parecía entrar en el terreno del aburrimiento, con los candidatos a las primarias del PSOE de Canarias entretenidos en lanzar propuestas más o menos creíbles, va uno de ellos, Gustavo Matos, y da el campanazo. Su acuerdo con Paquita Luengo, candidata frustrada al no poder alcanzar el número de avales exigidos, supone un interesante espaldarazo para quien en todos los ámbitos oficialistas del partido daban como perdedor. Matos, que fue el primero en manifestar su deseo de concurrir, aun cuando se creía que su oponente sería José Miguel Pérez, retirado por sorpresa en vísperas del proceso, verá sumarse a sus apoyos los que pueda granjearle la que, cosas del destino, es su superiora jerárquica en la Consejería de Empleo, Industria y Consumo, en la que ejerce de director general de Comercio. El gesto de Paquita Luengo es de una generosidad extraordinaria: crítica con la manera en que Pérez se retiró y nombró sucesora a Carolina Darias, Luengo resistió durante meses las presiones que desde algunos sectores del partido le llovían para que destituyera a su director general por haber osado, sin permiso del aparato, pedir primarias y ponerse a calentar en la banda. Su gesto no solo es un reconocimiento a la candidatura de Matos sino un refuerzo territorial gracias a la implantación que la consejera tiene en todas las islas, pero particularmente en Gran Canaria, donde Matos tenía a Darias como dura competidora. Cierto es que la tercera candidata en liza, Patricia Hernández, cuenta con la aportación de la portavoz del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria, Isabel Mena, otra damnificada de los apaños del aparato al designar a Augusto Hidalgo como candidato a la alcaldía de la ciudad sin el más mínimo sometimiento a la ejecutiva local ni a los que ahora se baten el cobre contra Juan José Cardona. Pero nada va a ser igual en el proceso de primarias a partir del momento en que Paquita Luengo se ha unido a la candidatura de Gustavo Matos. Deja de ser el patito feo, con perdón, para convertirse en un candidato con muchas posibilidades.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha absuelto al diputado del PP Jorge Rodríguez en el denominado caso Grupo Europa, una pieza separada del caso Faycán sobre corrupción generalizada en el Ayuntamiento de Telde. La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas le imputaba dos delitos de tráfico de influencias y solicitaba para él un año y ocho meses de cárcel y cinco años de inhabilitación para empleo público. El TSJC ha condenado al propietario del Grupo Europa, José María Antón Marín, a cinco años de cárcel por el pago de comisiones por valor de 240.000 euros a políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Telde, entre ellos a José Luis Mena, exjefe de Urbanismo, que ha sido condenado a seis años y diez meses de prisión.

En una sentencia de 126 páginas dada a conocer este miércoles y fechada el 3 de septiembre, la Sala presidida por José Ramón Navarro (en la actualidad presidente de la Audiencia Nacional) considera probado que Rodríguez intercedió a favor de la empresa Grupo Europa en ayuntamientos gobernados por el PP, pero no que ejerciera una presión que resultara determinante para que esta empresa ganase un concurso de gestión para promociones de viviendas sociales en Telde mediante el régimen de cooperativa. El TSJC aplica en este caso el principo in dubio pro reo, en virtud del cual se favorece al acusado en caso de que las pruebas no sean contundentes.

Para la Sala, las manifestaciones del denunciante del caso, Francisco José Benítez Cambreleng, son insuficientes para incriminar al diputado del PP: “No cabe duda que Jorge Rodríguez (que prestaba servicios de asesoramiento a las empresas de José María Antón Marín, propietario de Grupo Europa, y cobró por ello la cantidad de 64.010 euros) se prestó para introducir al empresario a diversos mandatarios municipales, entre ellos a María Antonia Torres (concejal de Vivienda y Obras Públicas del Ayuntamiento de Telde en el momento de los hechos, fallecida en 2010) y que medió para mantener diversas entrevistas con ésta, con Sonsoles Martín (exconcejal) y con Francisco Valido (exalcalde); sin embargo, no se ha acreditado suficientemente en el plenario el contenido de las presentaciones introductorias a dichos regidores ni que aquél se haya prevalido para obtener una o algunas resoluciones concretas jurídicamente torcidas”.

La Sala sí condena a José Luis Mena, jefe de Urbanismo del Consistorio en la época de los hechos denunciados (2003-2007), a seis años y diez meses de cárcel por la comisión de los delitos de cohecho -por el que además le impone una multa de 55.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años- y falsedad de documento oficial, con una sanción de 16 meses con una cuota diaria de 200 euros y otros cuatro años y un mes de inhabilitación.

A Pedro Santana, exjefe de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde, se le considera cómplice y autor de un delito de cohecho. Su pena es de un año y cinco meses de prisión, dos multas que ascienden a 77.000 euros y seis años y cinco meses de inhabilitación.

José María Antón Marín, propietario del caso Grupo Europa, ha sido condenado a cinco años de prisión por un delito continuado de cohecho -por sobornos- y otro contra el mercado y los consumidores. La Sala le sanciona además con 520.000 euros.

Otro de los imputados, Juan Carlos Saavedra, exgerente de la empresa pública municipal Urvitel, deberá cumplir una pena de 4 años y 10 meses de prisión como cooperador necesario del delito de cohecho y como autor de delitos contra el mercado y los consumidores, prevaricación y falsedad de documento mercantil. Saavedra ha sido inhabilitado para el ejercicio de empleo o cargo público durante los próximos quince años. Su esposa, Verónica García, acusada de falsificar un documento mercantil, ha sido absuelta.

Por su parte, Cambreleng, exgerente de la empresa, ha sido condenado a seis meses de cárcel como cómplice de cohecho y autor de un delito de falsedad documental. Deberá pagar una multa de 16.500 euros.

El fallo de la Sala también ordena el decomiso de las cantidades abonadas por Antón Marín para sobornar a Juan Carlos Saavedra (30.000 euros), José Luis Mena (30.00 euros) y Pedro Pablo Santana (30.000 euros), así como los 150.000 euros entregados a cargos políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Telde.

Sobornos a altos funcionarios

En su exposición, los magistrados sentencian que los pagos realizados por el propietario del Grupo Europa a Saavedra, Mena y Santana han quedado acreditados no solo con la “contundente declaración” del denunciante, Benítez Cambreleng, que entregó los dos sobres, con 30.000 euros cada uno, como soborno a los altos funcionarios responsables de las áreas de Urbanismo y Patrimonio, sino también por una serie de pruebas incriminatorias. Entre ellas figura un correo de Antón Marín a Jorge Rodríguez (que dimitió como diputado en 2007 tras destaparse el caso y que volvió al Parlamento en 2011) en el que el empresario señala a Mena y Santana como las dos personas que estaban “poniendo trabas a la marcha normal de los acontecimientos”.

La Sala también ha valorado dos informes de la Agencia Tributaria para condenar a los funcionarios municipales. El primero de ellos concluye que los movimientos de cuentas de Grupo Europa y las salidas de esos 60.000 euros bajo el concepto “nómina Antón” son solo explicables para “enmascarar el pago de comisiones ilegales”. El segundo, constata ingresos sin justificación del matrimonio Mena en el periodo 2003-2008 por un total de 380.000 euros.

Mena percibió la dádiva del empresario Antón Marín como contrapartida por la modificación puntual del Plan General de Urbanismo de Telde y por la concesión de licencias para facilitar a la empresa la construcción de las viviendas a las que se había comprometido. Por otra parte, Grupo Europa sobornó a Santana para que liberara suelo para poder empezar las obras.

Los magistrados también consideran probado que Antón Marín entregó una cantidad indeterminada de dinero a María Antonia Torres (PP), ya fallecida.

La sentencia impone las costas procesales a los condenados. Contra el fallo aún cabe interponer un recurso de casación.

Cualquier imputado en una causa penal está en su derecho a mentir, a no contestar a las preguntas que se le formulen y hasta a inventarse una historia de pitufos malvados que acojonan a cualquiera y arrojan a las almas cándidas al camino de la perdición. En esa estrategia tan legítima como en ocasiones grotesca, los imputados (o acusados si ya sientan culo en el banquillo) han de contar necesariamente con el apoyo de sus abogados, con los que habrán de coordinar los mínimos y los máximos del guion so pena de convertir la defensa en un disparate. Las crónicas de tribunales están plagadas de saltos mortales con tirabuzón que han conducido al ridículo a acusados y letrados, claro que siempre con la peor parte para los primeros, que son los que han de cargar finalmente con la correspondiente condena. El letrado puede agarrarse al “hemos hecho lo que hemos podido, pero el tribunal no se ha tragado la película, ten paciencia que recurriremos”, mientras que el pobre patrocinado, metido absolutamente en el papel de triste Pitufo Llorón, tratará de convencer a su representante legal de que en realidad tampoco era tan temeraria la mentira: “No entiendo por qué no nos han creído”. En algo similar a eso andan estas semanas embarcados los abogados que defienden a Jorge Rodríguez, a Antón Marín, a José Luis Mena y a tres imputados más en el juicio del caso Grupo Europa. Sabedores de que el denunciante ha presentado pruebas sólidas a la instrucción y al plenario, y una vez frustrado el intento de hacerlo desmoronarse con alguna contradicción, los doctos letrados han pasado a la siguiente fase: la investigación policial. La táctica ahora consiste en descalificar al equipo de la Brigada de Información que dirigió este caso en el entorno del caso Faycan, lo que servirá a algunos de los acusados presentes, y otros que habrán de incorporarse cuando se juzgue esa causa, para medir el nivel de credibilidad del intento. La sesión de este miércoles no dejó dudas porque, por darle brillo y esplendor a la conspiración pretendida, hasta salió a relucir el nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba. A Zapatero, de momento, no lo han tocado.

Vamos a pitufear, ¡venga!

Los dignos letrados Pitufo Dormilón y Pitufo Anasagasti fueron especialmente incisivos este miércoles con el jefe de la Brigada de Información, que regresó como testigo a explicar al tribunal y a los doctos abogados cómo recibieron la denuncia de Pitufo Valiente y cómo fueron complementándola con documentación incautada en los registros y con otras pruebas que condujeron a sentar en el banquillo a Papa Pitufo, a Pitufo Alicatesen, a Pitufo Glotón y a otros pitufos de menor cuantía por esas zarandajas de Grupo Europa, en las que cinco mamaban y uno se forraba (o iba a intentarlo). Los letrados de los dos cabecillas de la trama hicieron lo que pudieron, pero al igual que les pasó con el testigo e imputado de cargo, volvieron a tropezarse con un muro infranqueable, el que levantó el inspector sacudiéndoles respuesta tras respuesta con la verdad y la información contrastada, sin las mentiras que ellos sí pueden emplear con el amparo de la ley para defender a toda la colonia pitufa. Oiga, ¿usted manipuló las pruebas?, llegó a preguntar al policía Pitufo Anasagasti en una demostración de que, llegados ya a este momento de desesperación, todo parece valer. El presidente del tribunal no permitió que el testigo contestara esa entrada en plancha, pero no sacó tarjeta amarilla al agresor, ni le aconsejó acudir al juzgado de guardia si tuviere algún indicio que le condujere a sospechar que hubo delitos para acusar de delitos a su patrocinado, Pitufo Alicatesen. Oiga, ¿y no le pareció extraño que un tercero, un periodista, lo supiera todo de antemano? Y dale, Iñaki, pero qué majadero nos ha salido el muchacho: que fue el periodista el que descubrió todo y el que, en cumplimiento de su labor de denunciar delito (y no la de pitufear para escamotearlos) aceptó las condiciones de su fuente de poner los hechos en conocimiento de la Policía. “Porque hasta tuvo que comparecer Rubalcaba”. Pues claro que tuvo que comparecer el ministro del Interior ante la batería de acusaciones infundadas de conspiración que lanzó el Partido Popular metido en el ensolerado de una de las especialidades de la casa. Conspiración que jamás condujo a otra cosa distinta que al delirio, como se puede apreciar ahora. ¿Y no está ese mismo periodista imputado en una causa de revelación de secretos? Podemos llamar a esa extraña situación “imputado”, pero también “denunciado” porque la instrucción no ha pasado de ahí. Y se refiere, dicho sea para mejor proveer, a una contradenuncia interpuesta por un inspector de dudosa reputación contra compañeros que le afearon precisamente su dudosa reputación en el caso Góndola. ¿Querrá Pitufo Anasagasti que el cliente de Pitufo Dormilón cuente también lo que pasó en Mogán? Nosotros nos lo sabemos también de memoria. Antes que la Policía, dicho sea de paso y sin animus jodiendi.

El impagable Pitufo Tontín

Dicen los cronistas que este miércoles pudo verse en el nuevo edificio judicial de Las Palmas de Gran Canaria algo parecido al ectoplasma de Warren Sánchez, aquel delirante letrado que acompañó a Pitufo Alicatesen en los primeros meses de su imputación y de su injusto valle de lágrimas. Un día imposible de concretar, Sánchez desapareció de la primera línea de fuego para retirarse a gozar de un merecido descanso de cuerpo y de alma en la carretera de Marzagán. No lo tenemos confirmado ni hay fotos que testimonien su presencia en la Vega de San José porque ya se sabe que los ectoplasmas son inmunes a la inmortalización gráfica, mucho más a la digital, pero damos fe de que su espíritu sí estaba revoloteando sobre algunas cabezas. Por ejemplo, la de Pitufo Tontín, un inspector del Cuerpo Nacional de Policía que debe haber pedido vacaciones o asuntos propios sin límite para no perderse ni una de las sesiones de este juicio de Grupo Europa. Habitual de Warren Sánchez, del que incluso llegó a recibir algún encargo de difícil encaje en la compatibilidad profesional, se ha convertido en el báculo, el asesor áulico, el sostén y hasta el masajista moral de una parte del banquillo y la correspondiente de la bancada de los letrados defensores. Se le ve departir con ellos con apariencia de estar diciendo cosas sesudas y decisivas para el futuro de los acusados. Algunas de sus sugerencias estamos seguros que están siendo tenidas en cuenta por los pitufos interrogadores, pero como es de general conocimiento, si preguntas pendejadas es porque te asesoraron con pendejadas. Y sólo recibirás hostias como panes en forma de respuestas. Pitufo Tontín desoye los consejos de los que le dicen que se está metiendo en un frondoso jardín que sólo hará crecer la brecha entre él y los buenos profesionales que hay en la Policía. Su dedicación a la conspiración le ha hecho olvidar por completo los conocimientos adquiridos en la carrera cuando dieron “trabajo de campo”: no es conveniente mear contra el viento.

Costa Rica, ¡pura vida!

Todas las causas de corrupción investigadas en Canarias desde que el Gobierno del PSOE constituyó las fiscalías anticorrupción en las regiones con litoral (ole) han sufrido unas dilaciones desesperantes. La tutela judicial efectiva, que llaman, y la habilidad de los abogados para dar un patadón p’alante a la pelota y ganar un año en cada recurso, son la causa de unos retrasos que los imputados se atreven a reprochar a la Administración de Justicia para colocarse como víctimas del sistema. Por su escasa complejidad, Grupo Europa, sin ser el primer sumario abierto, ha sido sin embargo el primero en llegar a juicio. Los abogados no pudieron estirar más el chicle durante la instrucción y han optado por intentarlo en la vista oral. Desde el primer día pidieron nulidades y prácticas de prueba que fueron rechazadas en gran parte, y su táctica de interrogatorio es tan majadera como amplia es la permisividad del tribunal ante la formulación y reformulación de la misma pregunta una y otra vez. Pero así son las reglas del juego y ante Pitufos con la escopeta de la nulidad cargada, hay que cuidarse mucho del riesgo de incumplirlas. Esa minuciosidad, dejémoslo ahí, de algunos interrogatorios ha conducido a que el inspector policial que este miércoles depuso como testigo lleve ya dos sesiones haciéndolo y todavía le quede al menos otra. El retraso, motivado única y exclusivamente por los letrados, ha conducido a que uno de ellos, nuestro favorito, Pitufo Dormilón, haya pedido para su cliente, Pitufo Pura Vida, un mayor agrupamiento de las sesiones porque ¡vive en San José de Costa Rica! Y según dijo, vive “muy bien”. Caramba con Antón. Sin perder ni un momento la compostura ni la elegancia a pesar de las largas sesiones, el presidente del tribunal, que lo es también del TSJC, lo mandó a pulpiar.

María del Carmen Castellano, alcaldesa de Telde, ha destituido a José Luis Mena como director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, según han confirmado a este periódico fuentes del Consistorio, que no han querido dar explicaciones acerca de las causas que han motivado la decisión, adoptada este martes en la Junta de Gobierno local.

Mena ocupaba el cargo desde el mes de junio de 2013, momento en el que se produjo una reestructuración del grupo de gobierno que llevó a Pablo Rodríguez (CC) a la concejalía de Urbanismo, en sustitución de Francisco López (PP). Hasta ese momento el funcionario había ocupado la jefatura de servicio de Urbanismo, área a la que volverá para ocupar, de momento, su plaza como técnico.

Sin embargo, el destino de Mena parece estar, de nuevo, en la Jefatura de Urbanismo, aunque esta vez con plaza fija, de prosperar la propuesta de concurso que tramita el Ayuntamiento por la vía de urgencia. Una propuesta que, según los sindicatos, es un traje a la medida del funcionario, que actualmente está acusado y con petición de ocho años de cárcel y catorce de inhabilitación para empleo público por recibir sobornos y falsificar documentos precisamente cuando ocupaba ese puesto, durante el periodo 2003-2007, en el marco del caso Grupo Europa.

Algunas fuentes políticas de la Corporación aseguraban este martes que esa propuesta está condenada al fracaso y que en gran medida la destitución de Mena tiene que ver con una ruptura de relaciones del funcionario con el grupo de gobierno.

De policía local a factótum del urbanismo

José Luis Mena entró en el Ayuntamiento de Telde como policía local y fue escalando posiciones a partir de haber obtenido la carrera de Derecho con la que ya optó, vía oposiciones, a una plaza de técnico de Administración General. Esa plaza está adscrita al área de Urbanismo, a cuya jefatura accedió por la vía de la libre designación (decisión política) siendo alcalde Aureliano Francisco Santiago Castellano. Cuando el PP accedió a la alcaldía en compañía de Ciuca en 2003 desempeñó un papel determinante en varios casos de presunta corrupción.

Con el urbanismo en manos de Guillermo Reyes (Ciuca) se le retiró del puesto para que lo ocupara una trabajadora interina del Ayuntamiento, María Jesús Santana, hija de un veterano de la UCD que fue concejal entre 1979 y 1983. Pero pronto Reyes se cansó de la inacción del departamento y volvió a recuperar a José Luis Mena para dirigir juntos el urbanismo de la ciudad.

Mena ha sido detenido en dos ocasiones en otras tantas operaciones de corrupción de la Policía en Telde, y en estos días se sienta en el banquillo de los acusados presuntamente por haber cobrado sobornos de la de la cooperativa Grupo Europa para facilitar que esa compañía accediera a suelo municipal para la construcción de viviendas sociales mediante un concurso amañado.

El fiscal anticorrupción pide para este funcionario al que Coalición Canaria y el PP quieren consolidar al frente del urbanismo de Telde ocho años de prisión por los delitos de cohecho y falsedad, además de 90.000 euros de multa.

Además, está imputado en una investigación penal por presuntamente haber falsificado documentos del servicio de urbanismo que dirigía para implicar en un caso de tráfico de influencias al concejal que lo nombró jefe de esa oficina, Ildefonso Jiménez, que resultó por ello condenado en primera instancia en el marco del llamado caso Alisios.

Maniobra a la desesperada del concejal del PP Fran López, alentado por Guillermo Reyes (Ciuca), para blindar al funcionario más veces detenido de la historia de Canarias

Mientras el pueblo de Telde siga manteniendo a ciertos mangantes al frente de su Ayuntamiento se merecerá lo que le ocurra. Después de haber ocupado, tras Marbella, el dudoso privilegio de ser el municipio de España en el que más concejales fueron detenidos de una sola redada, hasta el punto de estar en un tris de ser intervenido por el Estado, Telde no ha levantado aún cabeza de aquellos oscuros cuatro años de gobierno del Partido Popular con AFV-Ciuca (2003-2007). Y todo hace presagiar que va a tardar aún tiempo en recuperar el pulso porque algunos de los personajes que saquearon (o presenciaron el saqueo en primera fila) siguen aún ahí.

No han aprendido la lección, por lo que se ve. O seguramente sí, pero ya se sabe que algunos consideran redimidos sus pecados y sus delitos con el voto de los ciudadanos y un pacto de gobierno a tiempo. Uno de los personajes imprescindibles en esta historia es José Luis Mena Santana, un hombre hecho a sí mismo que aprendió muy pronto a manejarse entre presuntos corruptos hasta convertirse por derecho propio en uno de ellos. No fue Guillermo Reyes el primero que confió en él como jefe de los Servicios de Urbanismo, pero sí fue el primero en el que confió Mena cuando descubrió el percal. A él se le atribuye una elocuente frase pronunciada ante varios testigos que encierra todas las claves: “Estos maman, pero por lo menos dejan que los demás mamen también”. Ahora atraviesa malos momentos sentado en el banquillo de los acusados y viéndole las orejas al lobo. Por eso ahora salen en su auxilio sus dos compadres, Guillermo Reyes y Fran López.

Por si eran pocos, Fran López

La ambición de Mena quedó retratada al poco de abrirse las investigaciones policiales por el caso Faycan. No tenía límites. Ni los tiene a día de hoy. Rompió cualquier regla de la discreción y la prudencia del que se sabe investigado hasta el punto de resultar de inmediato implicado en varias causas que le acarrearon las correspondientes detenciones por el descaro con el que se condujo. Con el que condujo, por cierto, algunos coches de alta gama que llamaban mucho la atención sobre su tren de vida y que tuvieron que ver con la identidad y las representaciones automovilísticas de algunas de las empresas a las que benefició con sus decisiones arbitrarias. Fue tan torpe que concentró en él todas las consecuencias del corrupto urbanismo que se practicaba entonces en Telde, pero una vez casi todos creyeron que había pasado el peligro, ha logrado convertirse en polo de atracción de los que volvieron a verlo en 2011 como un personaje necesario para sus fines. Por eso Guillermo Reyes volvía a nombrarlo máxima autoridad del urbanismo aprovechando que su socio, el PP, había puesto al frente de esa área a un concejal bueno de boca, Fran López. Enseguida hicieron migas los tres, y juntos han llegado hasta ahora a pesar de las vicisitudes sufridas por la destitución de Fran López de Urbanismo por una clamorosa desconfianza de la alcaldesa, María del Carmen Castellano, una de las acusadas de la trama de Faycan repuesta en la alcaldía por obra y gracia del PP, del electorado teldense y su pacto con Coalición Canaria, que todo hay que decirlo.

Una bomba andante

Si las acusaciones y sospechas que aparecen en diversos casos de corrupción investigados judicialmente en Telde se confirman, José Luis Mena era la sal de todas las salsas, lo que automáticamente lo convertiría en uno de los que más saben de lo que se coció allí en los años negros de la alcaldía de Paco Valido y en los dos primeros de María del Carmen Castellano. Esa sapiencia puede ser una de las razones por las que desde un sector del PP, con el apoyo entusiasta de Guillermo Reyes (Ciuca), se intenta ahora compensarle por los servicios prestados otorgándole con el descaro propio de los descarados la plaza de jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde con carácter vitalicio. Lo tenían fácil porque la propuesta de reforma parcial de la relación de puestos de trabajo (sólo se pretende sacar a concurso dos de las nueve jefaturas vacantes) sólo podía salir de la Concejalía de Personal, en manos de López y del mismísimo Mena desde que ambos fueron defenestrados en Urbanismo tras la llegada a ese departamento del nacionalista Pablo Rodríguez. Las bases de la convocatoria son tan burdas que hasta han soliviantado a la mitad del PP, que encabezado por la concejala Sonsoles Martín, se ha conjurado para tumbar la propuesta en compañía de Coalición Canaria y toda la oposición en peso. Para cortar el paso a cualquier atrevido que pretendiera concursar, empezaron por una primera exigencia que excluye a todos los jefes de servicio de urbanismo que hasta ahora han sido y son: sólo pueden concursar técnicos de la administración general que, además, tengan experiencia en haber ocupado esa plaza. Ninguna de las bases ha sido consultada con el servicio al que va destinado el jefe que se busca, de modo que pudiera pronunciarse previamente sobre el perfil requerido. Eso ha provocado que desde esa concejalía hayan protestado formalmente, primero por la ausencia de consulta, y segundo por la inoportunidad de promover ahora una sustitución del actual jefe del servicio en plena tramitación del nuevo Plan General. Nadie descarta en estos momentos que pueda haber un recurso (o varios) promovidos por funcionarios del Ayuntamiento ante la jurisdicción contencioso-administrativa para paralizar este disparate. Hay precedentes en el consistorio: UGT paralizó el nombramiento de un letrado para los servicios jurídicos por este procedimiento legal. Y va para tres años.

Sacarlo con dignidad de Grupo Europa

Las gestiones para otorgar a José Luis Mena la jefatura del Urbanismo de Telde no son de estos días. Provienen de finales de 2013, justo después de que él y su superior político, Fran López, fueran irradiados de esa área por constituir un peligro público. Pretendían haberlo dejado todo encaminado antes de que se iniciara el juicio por el caso Grupo Europa, en cuyo banquillo de los acusados sienta sus reales el funcionario que se pretende ascender, pero se les han venido encima los plazos. Ya era escandaloso hacerlo antes, pero intentarlo ahora, con la prensa reproduciendo cada día su foto en la sala de vistas y las ratificaciones del denunciante de la trama, resulta una temeridad. Saben que Mena corre el riesgo de ser condenado a prisión (el fiscal le pide ocho años) y a inhabilitación (le piden catorce), pero la mayor satisfacción que pueden darle (y el mayor cachetón a la justicia, al denunciante y a la prensa) es hacerlo jefe del servicio cuando acaben los juicios y aunque reciba una condena ejemplar en sus carnes: no será firme, y entre esa sentencia y la que dicte el Supremo tras los correspondientes recursos, podrá volver a despacharse a gusto desde ese privilegiado e influyente puesto de la administración local. Le dará igual qué partido o partidos gobiernen a partir de 2015, allí estaría Mena riéndose de ellos en la cara. ¿Y la alcaldesa? No, no hemos olvidado el papelón de la alcaldesa María del Carmen Castellano. Defenestrada por su partido, la regidora teldense se pasa todo el día apagando fuegos mientras se prepara para su actuación estelar en el juicio de Faycan, que se espera este aciago año de 2014. Ha salvado su ruptura con Ciuca con la elíptica incorporación al grupo de gobierno del CCN, reforzado con los dos concejales de Nueva Canarias que buscan acomodo de cara a 2015 sin especiales posibilidades, al menos por la parte nacionalista. En un escenario de inestabilidad política e institucional, que a veces le salpica incluso al terreno de lo personal, a Castellano le puede importar muy poco quién se quede al frente del urbanismo con tal de salir lo más airosa posible de estos meses que le quedan en el convento. Y el que venga detrás, que arree. Los teldenses parecen estar resignados.