El fiscal mantiene la petición de penas en Grupo Europa excepto al denunciante
“Tantos casos de corrupción no resueltos por parte de la Administración de Justicia generan desapego hacia las instituciones del Estado entre la ciudadanía. La acción judicial es difícil en estos casos, compleja porque la corrupción no suele dejar rastros; pero en este caso, hay sólidas pruebas contundentes no solo por la denuncia presentada por uno de los coimputados, sino por la abundante documental y periciales que se han practicado”. De este modo concluía pasadas las 14:30 horas de este jueves el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis Del Río, su exposición de más de dos horas y media de las conclusiones finales del ministerio público en el caso Grupo Europa, que desde el 17 de enero pasado juzga la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con el nuevo presidente de la Audiencia Nacional al frente, José Ramón Navarro Miranda, y el diputado del PP en el Parlamento de Canarias Jorge Rodríguez como principal acusado por presunta corrupción política en el ayuntamiento grancanario de Telde.
“La corrupción política no es generalizada, caer en esa afirmación que tanto se escucha en medios de comunicación y en la calle, sobre todo cuando se trata de urbanismo en los municipios, sería injusto para muchos servidores públicos que se sentirían insultados, pero el nivel de corrupción al que ha llegado este país hace necesario reaccionar y tomar medidas, cada uno desde sus facetas”, expuso en la sala del jurado del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria el fiscal Luis Del Río, convencido de que “cuando los instrumentos de prevención de la corrupción no funcionan, ha de actuar la Justicia”, ante lo que reiteró la petición de un total de 27 años de cárcel para todos los acusados, a excepción del denunciante y también imputado, Benítez Cambreleng, para quien pide seis meses de prisión en vez del año solicitado en su escrito de acusación, por un delito continuado de cohecho como cómplice, y no cooperador necesario.
Anticorrupción de Las Palmas también rebaja su petición de multa a Cambreleng de 23.000 euros a 16.500 euros, a la vez que reduce la segunda pena solicitada de tres meses a un mes y quince días, además de una multa por el mismo periodo a razón de 15 euros diarios, por un delito de falsedad en documento mercantil. El propio Cambreleng ha pedido, antes de exponer su conclusión final, que su pena quede rebajada a menos de tres meses, en concreto dos meses y ocho días, y por no superar ese tiempo se convierta en una multa de 15 días a razón de nueve euros diarios. El denunciante y coimputado ha admitido desde que presentó la denuncia que entregó dos sobres, con 30.000 euros cada uno, como soborno a dos altos funcionarios de Telde, el exjefe de Urbanismo José Luis Mena y el exresponsable de Patrimonio, Pedro Pablo Santana.
Las defensas de los acusados solicitaron al tribunal suspender el juicio durante diez días, al entender que el ministerio fiscal, en sus conclusiones finales, había introducido nuevos hechos en su acusación contra el exjefe de Urbanismo de Telde, José Luis Mena, al que implica no solo en la concesión de licencias de obra para Grupo Europa, sino en la tramitación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación que diera cobertura legal a esas licencias. La Fiscalía rechaza el parecer de las defensas de que sea un hecho nuevo, sino simplemente una precisión en su escrito definitivo, ya que sobre ambos casos se ha debatido e interrogado ampliamente durante el plenario de este juicio iniciado en enero y ya en su fase final. La Sala decidió proseguir con la vista, después de un receso de quince minutos, tras deliberar y entender que no se dan los supuestos para suspender la misma.
Eso sí, el todavía presidente del TSJC admitió la petición de las defensas de que sea Benítez Cambreleng el primero en exponer sus conclusiones finales, la tarde de este jueves tras la inicial a mediodía del ministerio fiscal, pero no porque “ejerza como acusación particular” como mantienen las defensas del resto de acusados, sino porque la Sala entiende que en nada afecta a su derecho legítimo a la defensa ser el primero y sí podría influir, en alguna medida, al del resto de acusados por su propia denuncia. Las defensas plantearon, también antes de intervenir el fiscal, dilaciones indebidas del proceso para rebajar las penas a sus clientes si se dicta sentencia condenatoria, del que pedirán, tanto en la sesión de este jueves por la tarde como la programada para toda la jornada del viernes, la libre absolución bajo la teoría de que todo fue un montaje del denunciante por haber robado 240.000 euros a su empresa, Grupo Europa, precisamente la misma cantidad que figura en las documentales aportadas como pagos de comisiones ilegales de la empresa en Telde.
En sus conclusiones finales, el ministerio fiscal mantuvo su acusación contra el diputado del PP, el promotor de viviendas sociales para el que trabajaba este, tres funcionarios del Ayuntamiento de Telde y la esposa de uno de ellos, rechazando que la denuncia de Cambreleng del amaño del concurso de asesoramiento técnico de la empresa municipal de viviendas Urvitel a Grupo Europa, ideada entre el promotor Antón Marín y la ya fallecida exconcejal Toñi Torres, presentada a aquel por el diputado Jorge Rodríguez, fuera motivida por animadversión hacia los acusados.
A juicio del fiscal, no solo es sólida la denuncia tramitada por un juez instructor de Telde, tras tener conocimiento de ello la Policía Nacional, sino que como indicios adicionales a los incriminatorios preexistentes se dan, en este caso, el derecho legítimo de los acusados a no responder en el plenario a las acusaciones del ministerio fiscal, incluido el diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez, que se limitó a hacer un alegato político a respuestas exclusivas de su abogado defensor. “En base a ese silencio no es posible un veredicto de culpabilidad, pero sí se puede utilizar como indicio adicional, como también las explicaciones inverosímiles o no creíbles que hemos escuchado a lo largo del juicio”, resaltó el fiscal.
Del mismo modo, el representante del ministerio público desacreditó también el testimonio de Francisco Gordillo, el exasesor de Toñi Torres que en su momento llegó a reconocer que la exconcejal viajó a Venecia en 2005, y en una hoja de un bloc de un hotel de aquella ciudad escribió de su puño letra la cantidad de dinero que habría repartido Grupo Europa en comisiones ilegales en Telde (“240.000 euros”), así como el concepto de la misma cantidad (“viviendas sociales”). Gordillo se desdijo en el plenario de todo, menos de estos datos concretos, que los volvió a reconocer, pero asegurando que hace en aquellas fechas, cuando fue detenido en 2006 junto a su exjefa, la Policía le amenazó con todos los males posibles como ir a la cárcel si no decía lo que ellos querían. “Pues estuvo 50 días en prisión, y diez veces declaró ante el juez instructor, y hasta la fecha de su declaración en este plenario, no ha formulado denuncia”, destacó el fiscal para rechazar la nueva teoría conspiranoica del exasesor retractado.
En dos horas y media, el fiscal pasó por multitud de detalles, desde el prevalimiento evidente que puede ejerce y debió hacerlo todo un hombre fuerte del PP y diputado regional como Jorge Rodríguez, ante una concejal de Telde como Sonsoles Martín, cuando el político pidió a esta en nombre de Grupo Europa reactivar las promociones de viviendas sociales paralizadas por trabas burocráticas y el grado de crispación que vivía Telde tras las primeras detenciones del caso Faycan, en marzo de 2006, y que por tanto la influencia del diputado -era en aquel momento, nada más y nada menos, que la mano derecha en el Parlamento del presidente del PP canario, el actual ministro José Manuel Soria- sobre la concejal era obvia; hasta la paradoja de que, contra lo que sostienen las defensas como aportación no dineraria, el hecho del negocio ilícito que era aplicar un valor al suelo cedido gratuitamente por Telde a su propia empresa municipal, lo seguía siendo porque el 100% de las acciones de Urvitel eran de Telde.
El fiscal también abordó al detalle la petición de penas concretas por cada delito, recogidos ya en su escrito de acusación de noviembre de 2012, indicando además que en los sobornos a los funcionarios no debe prevalecer solamente la correlación de fechas, entre el pago del dinero y el acto posterior ilegal del funcionario, sino que también se sustenta, en este caso, en “pagos pensados por actuaciones futuras”, porque el objetivo de Grupo Europa era construir 365 viviendas al año en Telde, y la búsqueda de suelo idóneo para ello debería mantenerse constante en el futuro.
Quedan pendientes ahora las conclusiones de las defensas de los siete acusados.
