La reforma para endurecer el Código Penal es la brecha que separa a Compromís de unirse al pacto antiterrorista por lo que se mantendrá como oyente pero no como miembro. Lo aseguraba el diputado de la coalición en el Congreso, Joan Baldoví, en la Cadena Ser, señalando como principales escollos la prisión permanente revisable y la tipificación de delitos del artículo 547 que han originado casos extremos como la persecución de tuiteros o los 'titiriteros' de Madrid.

Según Baldoví “estamos muy de acuerdo con el pacto, pero evidentemente hay dos puntos que el Partido Popular no ha de pretender que todos comulguemos con esas ruedas de molino. Podemos estar a favor prácticamente de todo el pacto pero en esos dos puntos no”. El diputado de Compromís también advertía “estar como observador o estar como firmante no implica que nuestra actitud respecto de la lucha antiterrorista será más tibia, sinó todo lo contrario, nuestra actitud será tan contundete como pueda ser la del Partido Popular”. Baldoví además se queja de que no ha habido posibilidad de negociar ni un solo punto de ese pacto.

Por otro lado el dirigente señala que Compromís está a favor de incrementar los recursos humanos y materiales para la lucha contra el terrorismo yihadista. Pero advierte que, mientras el pacto propone aumentar las plantillas de policía y de los servicios de inteligencia, se sigue negando a los ayuntamientos contratar a nuevos agentes.

Los atentados de París ya han causado el primer rifirafe de entidad en la política española. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que su partido no tiene intención de sumarse al Pacto Antiterrorista por no compartir los valores que recoge y ha añadido que la respuesta no deber ser la “venganza”. Para el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, esas declaraciones “se califican por sí mismas”.

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aprovechado los atentados de París para proponer la suma de su partido al Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, vigente desde 2002, a propuesta del entonces secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras la reunión de la comisión de seguimiento del Pacto, esta mañana en Interior, el portavoz socialista Antonio Hernando ha afirmado: “Hoy más que nunca se pone de manifiesto la conveniencia de este pacto y la fortaleza del mismo. Hoy, como ayer, reiteramos que el pacto está abierto a que se sumen las fuerzas políticas que lo estimen conveniente”.

“El señor Hernando lo ha dicho con mucha claridad. Ese ofrecimiento continúa vigente”, ha añadido Fernández Díaz en la rueda de prensa conjunta que ha seguido a la reunión, cuando se le ha preguntado por el posicionamiento de Ciudadanos.

Por contra, Iglesias había afirmado: “El compromiso con lo que significa Europa, que tiene que ver con la defensa de las libertades, no pasa en ningún caso por la venganza”. Para el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, esas declaraciones “se califican por sí mismas en días de luto como los que vive el pueblo francés”. “Nadie habla de venganza, sino de libertad, seguridad y justicia”, ha añadido.

El socialista Hernando ha trasladado también a la sociedad española la confianza que el PSOE tiene en “la acción del Gobierno en la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del EStado y en las decisiones sobre el estado de alarma que han tomado”. Una confianza que ha extendido a los servicios de Inteligencia y los tribunales.

“Nos ratificamos en nuestro firme compromiso de preservar los principios de la libertad y la democracia y la radical defensa de los derechos humanos y los valores de nuestras sociedades”, ha apostillado Hernando.

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la proposición de ley conjunta contra el terrorismo yihadista firmada por el PP y el PSOE sin que ambos partidos hayan logrado ninguna adhesión más al texto. El acuerdo ha contado únicamente con el voto a favor de los tres diputados de UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria, que lo suscribieron desde el principio. La Izquierda Plural, PNV, ERC y casi todo el Grupo Mixto han votado en contra, mientras que UPyD y CiU, que guardaban sus dudas, finalmente se han abstenido.

El acuerdo ha recibido duras críticas de los portavoces, que rechazaron las prisas en su tramitación y el hecho de que no se haya incorporado prácticamente ninguna de las enmiendas presentadas. El texto será enviado ahora al Senado, donde el PP y el PSOE se han comprometido a negociar modificaciones con los demás grupos para mejorar algunas de las definiciones de lo que son delitos de terrorismo.

El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, que ha recibido un varapalo de varios portavoces por haber cerrado “en solitario” este pacto de Estado con el Gobierno y el PP, ha pedido “comprensión” a los demás grupos, a los que ha invitado a un consenso que “todavía es posible”. Hernando ha justificado la urgencia del acuerdo alegando que el terrorismo yihadista que atentó en Madrid en 2004 “no tiene nada que ver” con la violencia que están desarrollando ahora estos grupos.

También el portavoz del PP, Rafael Hernando, ha defendido la necesidad de legislar contra el nuevo terrorismo internacional asegurando que “este pacto pone en valor que España es un país serio en el que se puede confiar”. Hernando ha negado que el pacto “sea fruto de un intento de blindaje del miedo”, como les han reprochado algunos de los intervinientes.

CiU, UPyD –pese a haberse abstenido–, ERC, PNV y la Izquierda Plural han lanzado una retahíla de descalificaciones al acuerdo por considerarlo una “chapuza”, “oportunista” e incluso “electoralista”. Pero las mayores críticas se las ha llevado otra vez la prisión permanente revisable incluida en el pacto, por considerar que es una medida “inconstitucional”.

El socialista Hernando ha insistido en que su partido derogará esta figura cuando lleguen al Gobierno; algunos grupos lo han dudado, ya que ven muy difícil que consigan gobernar.

Las críticas han surgido también por la tipificación de los delitos de terrorismo, aunque el PP y el PSOE ya habían introducido una serie de enmiendas para que los “desórdenes públicos” queden fuera de este concepto.

Al portavoz popular, Rafael Hernando, se le ha notado especialmente dolido con CiU por las críticas que previamente había vertido durante su intervención el diputado de este grupo Jordi Jané, que les ha acusado de cerrar este acuerdo “a espaldas de los demás” y “sin diálogo”.

“Les animo a ser capaces de alcanzar la unidad para actuar con responsabilidad”, le ha pedido el popular a Jané mientras dejaba la puerta abierta a llegar a acuerdos con CiU en la Cámara Alta.

Joan Coscubiela, diputado de ICV y portavoz de la Izquierda Plural, ha empezado su intervención reconociendo que “es cierto” que la legislación contra el terrorismo necesita algunas modificaciones, pero ha lamentado que son “justo los puntos” que este pacto no aborda. Por ejemplo, dotar de una mayor inversión para luchar contra la financiación del terrorismo de algunos países, que buscan su refugio en paraísos fiscales.

Coscubiela ha calificado de “desmadre” y de “barbaridad” la tipificación que se hace de los delitos de terrorismo porque, en su opinión, se incluyen acciones que son un claro atentado contra la libertad de los ciudadanos.

Para Rosa Díez, portavoz de UPyD, el acuerdo “bipartidista” “no es un pacto de Estado contra el terrorismo yihadista, sino una reforma del Código Penal muy chapucera”. Díez ha acusado a ambos partidos mayoritarios de haber “engañado una vez más a los ciudadanos”. Además, a su juicio, la prisión permanente revisable va a beneficiar tanto a los terroristas de ETA como “a los del turbante” porque sus abogados podrían buscar justificación en la ley para que salgan a la calle.

Emilio Olabarría, del PNV, también ha manifestado su rechazo a la prisión permanente revisable y a la tipificación de lo que son delitos de terrorismo porque cree que “no se concede la presunción de inocencia a nadie sino que se criminaliza a todo el mundo”.

El republicano Joan Tardà, en nombre de ERC, ha denunciado que esta proposición de ley “apunta a los independentistas vascos, catalanes y gallegos”. Además ha opinado que “hay que castigar la incitación a la violencia, pero no puede ser considerado todo esto como terrorismo”.

Las críticas al acuerdo han llegado igualmente desde el resto del Grupo Mixto, tanto por parte de Joan Baldoví, portavoz de Compromís, como de la diputada del BNG Olaia Fernández, que han considerado el pacto “innecesario” y “oportunista”.

Pero el que ha logrado irritar a populares y socialistas ha sido Mikel Errekondo, de Amaiur, cuando al aludir a la cadena perpetua revisable ha preguntado en alto: “¿Están diciendo acaso que condenarían a Felipe González a cadena perpetua como máximo responsable de terrorismo de Estado por haber causado decenas y decenas de muertos?”.

Le ha contestado el popular Rafael Hernando, recordando que todavía están esperando a que los abertzales pidan a ETA el abandono de las armas y condenen sus acciones terroristas.

El debate no ha contado con la presencia de ninguno de los ministros firmantes del acuerdo, Jorge Fernández Díaz, de Interior, y Rafael Catalá, de Justicia. Tampoco ha acudido a respaldarlo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Tras la polémica generada, el PP y el PSOE han decidido dar un paso atrás en algunos de los puntos que conformaban su criticado acuerdo contra el terrorismo. Por la vía de la autoenmienda parlamentaria, los dos principales partidos han modificado la redacción del artículo 573 bis del Código Penal para despejar las dudas que, según la redacción inicial, parecían indicar que un escrache podría ser perseguido penalmente como terrorismo.

En el primer texto pactado por ambas formaciones, el Código Penal aumentaba las penas a los delitos de desórdenes públicos sin aclarar su naturaleza. La ambigüedad de esa redacción daba a entender que cualquier desorden público o intimidación de un cargo político podría ser considerado como terrorismo.

Ahora ambas formaciones han reaccionado a las críticas y a través de una modificación parlamentaria plantean que solo será terrorismo un desorden impulsado por un grupo terrorista o por alguno de sus miembros.

Las dos formaciones han conseguido llegar al acuerdo que matiza lo que Rajoy y Pedro Sánchez firmaron en Moncloa. El entendimiento final entre los dos principales partidos se ha alcanzado al límite del plazo marcado por el Congreso para presentar enmiendas. Al PP y al PSOE solo les han sobrado una decena de minutos para llegar a tiempo al registro de la Cámara, donde se registran este tipo de iniciativas.

Hasta ahora, era el Gobierno quien defendía la rapidez con la que se han tramitado algunas de sus reformas. La última y más polémica, la revisión de la justicia universal. Cuando los conservadores forzaron la tramitación exprés, los socialistas pusieron el grito en el cielo y acusaron al PP de saltarse el debate para esquivar los informes que hubieran sido preceptivos en caso de tramitarse como proyecto de ley. Esta vez es diferente. Los socialistas apoyan la urgencia con la que va a aprobarse la cadena perpetua revisable dentro del pacto antiterrorista y se escudan en la importancia “de la amenaza yihadista”.

Este martes, el Congreso debatirá y votará la toma en consideración de la proposición de ley suscrita por conservadores, socialistas y los tres diputados de Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias. En los días posteriores, durante el corto trámite de enmiendas, el PP asegura que contará con el apoyo de algún grupo más, en referencia a CiU.

La proposición se registró el jueves en el Congreso poco después de las diez de la mañana. Normalmente, eso implica que la iniciativa tiene que esperar hasta el martes siguiente, cuando se reúne la Mesa del Congreso y la califica. Después informa al Gobierno de su intención de empezar los trámites parlamentarios y, para dar su respuesta, el Ejecutivo tiene un mes de plazo. En esta ocasión, entre el registro y el visto bueno del Gobierno no llegaron a pasar tres horas.

Poco después de la una, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, comunicaba al Parlamento su conformidad. De ese modo, la Junta de Portavoces fijó la toma en consideración para este martes. En una semana más, lo justo para abrir un breve plazo de enmiendas, el texto estará listo para ser remitido al Senado el día 19 y, de ahí, al BOE.

Con la reforma de la justicia universal, el grupo socialista, junto a todos los demás, protestó por las prisas del PP y los acusó de “filibusterismo” y de “hurtar el debate” para ahorrarse los informes preceptivos. De esta forma, criticaron también, se evitaba la discusión en comisión antes de pasar al Pleno. También, el PP se ahorraba el trámite de solicitar los informes que hubieran sido necesarios para un proyecto de ley. Ahora, en el PSOE se defiende que las prisas son necesarias porque el asunto es lo suficientemente importante.

Fuentes del grupo socialista recuerdan que la decisión se tomó poco después del atentado terrorista contra el semanario Charlie Hebdo y justifican las prisas con la gravedad de la amenaza del terrorismo yihadista. La falta de diálogo del Ejecutivo, una de las críticas habituales, no se reprocha esta vez: “Es el Gobierno quien suele hacer las cosas sin dialogar con nadie, pero en esta ocasión sí se ha dialogado”. Además, los socialistas recuerdan que el acuerdo previo fue separar del Código Penal la cadena perpetua revisable.

“Una cacicada es una cacicada, la haga el PP o el PSOE”, carga Joan Coscubiela, de ICV. El diputado de la Izquierda Plural acusa al PSOE de “haber perdido el norte” y de no haber tenido “nunca ningún interés” en negociar la reforma con tal de pactar “a solas” con el PP. En ICV se reconoce tener mucha preocupación por los efectos de este cambio legal: “No es solo que se hayan tragado enterita la cadena perpetua, sino una nueva legislación que supone un retroceso democrático”.

José Luis Centella, portavoz parlamentario, avanzó la semana pasada que el Congreso vivirá “un esperpento” y criticó el doble rasero del PSOE: “Nos parece mal que los socialistas hagan de muletilla del Gobierno en lo que no es una necesidad imperiosa, sino una reforma de carácter autoritario”.

En UPyD también se carga contra la proposición, que recibe el nombre de “chapuza” tanto por el fondo como por la forma en la que se tramitará. Rosa Díez juzga el acuerdo como “un paripé al más viejo estilo bipartidista” y denuncia que se ha cocinado “entre dos y en un despacho” sin querer recibir las aportaciones de los demás. La líder de la formación recuerda que su grupo envió sus aportaciones y, antes de obtener respuesta, se anunció el acuerdo entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. La iniciativa contará con el rechazo seguro del PNV, por lo que solo CiU se puede sumar durante la tramitación.

PP y PSOE acaban de pactar lo que ellos y la prensa del status quo han llamado “Pacto antiyihadista” que, además de incluir en la ley la cadena perpetua, amplía el concepto “terrorismo” de modo que, según expertos, abarcaría acciones ciudadanas anti-desahucio o protestas contra el despilfarro como la de Gamonal. Es, en palabras de Joaquím Bosch, de Jueces para la Democracia, “populismo penal para buscar beneficios electorales” (05’45) y, añado yo, de paso endurecer la represión social ya en marcha con la Ley Mordaza. Que, por cierto, el PSOE tampoco propone derogar.

El Gobierno pepero impone al tiempo, contra el criterio de toda la comunidad educativa, una reforma universitaria clasista con el doble cínico argumento -célebre la excelencia del Ministro Wert en el cinismo- de que las familias ahorrarán porque los Grados -cursos forzosos para titularse- serán más cortos y, además, los nuevos licenciados podrán incorporarse antes al mercado laboral. Olvidando, él, ¡con lo listo que es! que el paro juvenil supera el 50% y el otro 50% empleado lo formarán quienes puedan pagarse los carísimos Másteres.

He aquí dos puñaladas certeras, “¡zas, zas!”, al cuerpo social, al Estado de bienestar y a nuestra convivencia en paz y justicia.

Frente a los hechos se alza la pompa del barómetro del CIS, como una bola de cristal, hipnótica, que nos quedamos mirando embobados. Los pro-Podemos, satisfechos con el sorpasso al PSOE como segunda fuerza nacional, los socialistas con caras que desmienten la calma de sus palabras y el PP frotándose las manos porque, pese a la trama Gürtel, la contabilidad B, la financiación irregular y los destrozos en educación, sanidad, justicia, dependencia ¡siguen como primera fuerza!

Izquierda Unida es tema aparte, porque pese a mantenerse en las encuestas se empeña en nadar con flotador de piedras. Y claro, a fuerza de peleas como la de Madrid y abandonos como el de Tania Sánchez, un día le va a costar hasta ese flotar.

¿Qué pasará este año multi-electoral cuando en vez de sondeos -reflejos de la opinión social o herramientas para influir en ella- afrontemos el recuento de votos?

Andalucía es la primera parada del tren de las cuatro estaciones. Susana Díaz predica que es preferible mayoría absoluta y su eco reverbera -jefes de servicio mediante- en los pasillos de las consejerías. “Por el bien de la estabilidad, del empleo”... a buen entendedor pocas palabras bastan y más con tres décadas de gobierno a las espaldas. Moreno Bonilla parece haber visto en sueños el ángel anunciador de la lista más votada que al PP le costó décadas de picar piedra lograr en la elección contra Griñán. Podemos ha metido la pata dando el partido por perdido y la reacción en forma de vídeo casero de Teresa Rodríguez tengo dudas, la verdad, de que sea lo mejor para ganar credibilidad. Total, que no se puede descartar que la cosa quede más o menos como está.

Un pequeño paso para Susana Díaz que, con el galón de las urnas se engrandecería ante Pedro Sánchez, pero ¿un gran salto para Andalucía? ¿Adelante, atrás, al vacío? O, no salto, inmovilismo. Volados los puentes con IU, ¿pacto con PP, con Podemos, gobierno en minoría, tocata y fuga a Madrid o, en plan Montoro cuando dijo lo de “dejad que se hunda España que ya la sacaremos nosotros”, mirar en la distancia el hundimiento del PSOE/Titanic para luego obrar el milagro de hacerle levantar y andar, como a Lázaro?

En las locales de mayo, los ciudadanos se van a encontrar con las papeletas de los partidos clásicos y, según casos, otra de Guanyem/Ganemos que a veces incluye y otras no acuerdo con IU o Podemos. En Córdoba, Ganemos asume los postulados de Podemos contrarios a los de IU y se presenta como agrupación de electores y en cambio, en Sevilla Ganemos integra a IU como coalición de partidos pero la rama Podemos impulsa una agrupaciones de electores. ¡Facilísimo de entender! ¡Y sencillo a la hora de elegir en la cabina electoral!

¿En las elecciones europeas no fue clave para Podemos una papeleta clara, vamos con la cara de Pablo Iglesias, para que la gente no se equivocara?

Creo que salvo en las ciudades como Valencia o Barcelona donde se ha logrado confluir y, en este último caso, además, eligiendo de cabeza de lista a alguien inconfundible como Ada Colau, Podemos está sacrificando las locales -como las regionales andaluzas- en el altar de una posible que no segura, ¿quien sabe si probable? victoria nacional.

Pensando en la cual, antes de noviembre, yo quisiera saber -si no es mucho importunar- ¿qué piensa Podemos de la Ley antiyihadista, de la cadena perpetua, de la reforma universitaria?

Ya sé que en cuanto que uno se sale de “desalojar a la casta”, “sacar de las instituciones a la mafia y ponerla a trabajar para la gente honrada”, “renegociar la deuda”, “ofrecer soporte social a esa masa de excluidos víctima de la crisis-estafa” para hacer propuestas concretas, algunas anti-populares, el respaldo sin fisuras de la masa, puede resquebrajarse. Pero la pena de muerte también es muy popular y eso no justificaría el silencio de Podemos ante una hipotética aprobación por el Congreso, ¿no?

2015 empieza con expectativas de cambio. Pero si acabara, como apuntan las encuestas, con el PSOE gobernando Andalucía y el PP España, la esperanza de eso que Podemos llama “la nueva mayoría social” tendría que esperar cuatro años más. Tiempo de sobra para perpetrar un buen paquete de recortes y retrocesos democráticos.

Y si Podemos lograra el insólito éxito de llegar a la Moncloa con dos años de trayectoria, pero sin temer incumplir propuestas pues su exiguo programa apenas promete nada, para aplicar, además, políticas tacticistas, de estadistas, electoralistas, de déspotas ilustrados que nos gobiernan con la enseña de “todo para el pueblo pero sin el pueblo”, tampoco ganaría un Nosotros sino, como es costumbre un Ellos.

Que a la crisis seguirían los recortes y a estos la represión (porque no hay recorte social, sin supresión de libertades) era más que previsible, pero parece que nosotros vamos a ser los primeros de la clase

Pedro Sánchez firmó hace unos días lo que pudiera ser su acta de defunción. La esquela era una foto en la que aparecía, junto a uno de sus posibles ejecutores políticos, rubricando con firmeza el llamado “pacto antiterrorista”. Con la reforma del artículo 573 del Código Penal nuestro protagonista convertía de un plumazo en actos terroristas los “desórdenes públicos” orientados a subvertir el “orden constitucional” (un orden que, por cierto, el PP ha hecho trizas en los últimos años), a suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las “instituciones políticas” y de las “estructuras económicas y sociales” del Estado, o a obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. En definitiva, convertía en actos terroristas los desórdenes orientados a alterar gravemente la “paz” social (sea lo que sea eso) en según qué circunstancias, y lo hacía con un texto farragoso, obtuso y oscuro. Un texto que ni puede garantizar la seguridad jurídica que exige cualquier actuación en el ámbito penal, ni utiliza el derecho penal como ultima ratio, tal como nos enseñan en las Facultades de Derecho.

Este pacto suicida es el resultado de la fórmula: “agregue desorden y agite”, que con tanto tino se ha utilizado también en la ignominiosa reforma del Código Penal. Allí ya se calificaba la resistencia pasiva como un posible acto grave de desorden público, así que, ahora, con este cocktail molotov, la expresión pacífica de opiniones está a un pasito de transformarse en un acto terrorista. Es curioso que, queriendo acabar con los terroristas, nos ocupemos de multiplicarlos, en lugar de reducirlos.

Lo cierto es que con esta reforma triunfará en nuestro país, sin paliativos, el derecho penal del enemigo; ese estado de excepción al que ya contribuía la trilogía de la represión: la reforma del Código penal, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, y la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, hoy en trámite parlamentario. Enhorabuena. Cuando esta trilogía entre en vigor, veremos limitado hasta lo inane nuestro derecho de expresión, manifestación y reunión (arts. 20 y 21 CE), así como el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), y habrá registro de infractores reincidentes, auténticas listas negras, para los obcecados. Se endurecerán las penas sin justificación, se penalizará la legítima protesta y la contestación social, y se criminalizará la pobreza y la solidaridad, olvidando aquellos comportamientos que mayor perjuicio causan a la sociedad en su conjunto (como la corrupción política y el fraude). Se instaurará un auténtico Estado policial en el que será más difícil perseguir las diferentes formas de violencia institucional. Y buena parte de todo esto sucederá sin control judicial y sin las preceptivas garantías procesales.

Es obvio que hoy estamos tan lejos del terrorismo yihadista como de las recomendaciones de la OSCE, Amnistía Internacional, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya denunciaron en su momento que nuestra normativa sancionara a los promotores de manifestaciones expresamente prohibidas por el único motivo de no haberlas comunicado previamente, o que los ciudadanos que participaran en esas concentraciones no comunicadas también se arriesgaran a ser multados, aun cuando las protestas se desarrollaran pacíficamente. ¡Mindundis desorientados! Lo que ellos no sabían es que ahora, gracias a este pacto, los participantes en protestas pacíficas podrán ser investigados y detenidos por unidades policiales antiterroristas; sus comunicaciones serán intervenidas sin autorización judicial previa, y su arresto transcurrirá en régimen de incomunicación, hasta un máximo de cinco días. Y el mismo tratamiento recibirán quienes difundan públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad o que, por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos tipificados. Esto es lo que se entiende por una legislación clara, inequívoca y concreta: “ser idóneo o no ser idóneo”, no deja lugar a dudas. A la OSCE le preocupaba, además, la amplia discrecionalidad con la que las personas pueden ser identificadas en España. Tampoco sabían que en eso nos íbamos a superar y que ahora, con la ley Mordaza, los alborotadores van ser identificados y, si insisten, registrados. Entretanto, Rafael Hernando asegura que esta regulación es “pionera y novedosa” y que coloca a España como el primer país europeo que, siguiendo los dictámenes de la ONU (¿), da una “respuesta eficaz y rápida” al terrorismo. Evidentemente, no todos los que estamos vivos, vivimos en el mismo mundo. Definitivamente, hay “realidades” paralelas dignas de Cuarto Milenio.

En fin, que a la crisis seguirían los recortes y a estos la represión (porque no hay recorte social, sin supresión de libertades) era más que previsible, pero parece que nosotros vamos a ser los primeros de la clase. Y eso que no quiero entrar en la valoración de esa prisión permanente revisable que el PSOE aprueba ahora para derogar después, en lo que viene siendo un desvarío con pretensiones estratégicas o no se sabe muy bien qué.

Desde luego, generar confusión y perplejidad en temas tan graves no parece muy sagaz. Y, sin embargo, Pedro Sánchez pretende reforzar con esto su perfil institucional y su muy cuestionado liderazgo interno en el partido socialista. Según su lectura, esta foto de “hombre de Estado”, que ha puesto la puntilla a la criminalización y a la represión pepera, le dará credibilidad entre sus parroquianos e incluso algunos réditos políticos a medio plazo. Es increíble que sea incapaz de ver lo semejante que es esta foto a aquella otra con la que se selló la vergonzosa reforma del artículo 135. Una foto que perseguirá al PSOE hasta los confines de su historia y de la que el propio Sánchez ha querido desmarcarse. ¿Cómo puede recurrirse al argumento de la responsabilidad de Estado mientras se contribuye a dinamitar el Estado de Derecho? Deben ser tan letales las puñaladas traperas en estas carreras por el caudillaje, que en la precampaña electoral, y en plena crisis de partido, algunos están dispuestos a vender su alma al diablo por aparentar una vocación de gobierno que, en este caso, es puro voluntarismo. Está claro que los partidos políticos son ya auténticos zombies devoradores de sus hij@s, que los vampirizan, alientan su suicidio, u organizan espectaculares aquelarres para comérselos vivos (“Líbrame, señor, de mis amigos que de mis enemigos me libraré yo”). Y está claro también que sólo unos pocos resisten indemnes a semejante barbarie interna. ¿Creen ustedes que Pedro Sánchez va a ser uno de ellos?

Una vez más, la España que ha de helarte el corazón clama por la venganza retrocediendo a los tiempos en los que la cadena perpetua se materializaba en los eslabones y grilletes que unían los cuerpos de los condenados

La cadena perpetua tiene connotaciones medievales. Se puede asociar a la Torre de Londres, la Máscara de Hierro, La Bastilla y las mazmorras del penal donde fue recluido el conde de Montecristo. En nuestro país la cadena perpetua, aparece legalizada, por primera vez en un Código Penal, en el año 1848. El condenado llevaba la cadena sujeta con una argolla al pie y unida a la extremidad inferior de otro penado. Tenía que ser lo suficientemente larga para que no les impidiese realizar los trabajos forzados más duros y penosos como imponía expresamente el código Penal.

Hasta el código de 1928, elaborado por la dictadura de Primo de Rivera, no se suprime la cadena perpetua y se sustituye por la pena de reclusión mayor de 20 años y un día a 30 años. El Código republicano de 1932 eliminó la cadena y la reclusión perpetua y suprimió la pena capital. La dictadura franquista, en el Código de 1944, reintrodujo la pena de muerte pero no la reclusión a perpetuidad. La Constitución de 1978 siguió las pautas del Código republicano: abolió la pena de muerte y no introdujo la prisión perpetua.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos, al que España se ha sometido, rechaza expresamente los tratos inhumanos o degradantes. Es innegable que la cadena perpetua lleva, en sí misma, un germen de inhumanidad. Ante el hecho constatable de la existencia de una pena de duración teóricamente perpetua, en gran parte de Estados europeos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido que matizar su alcance para hacerla compatible con el rechazo a cualquier trato inhumano o degradante. Podemos sintetizar su doctrina en la sentencia de 12 febrero 2008 (Kafkaris contra Grecia) en la que sostiene que, en principio, una pena de prisión perpetua impuesta a un delincuente adulto no es, por sí misma, contraria al artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, puntualizando que sí podría serlo en el caso de tratarse de una pena permanente que no sea susceptible de reducción.

En el supuesto de establecer la posibilidad de revisión, conmutación, suspensión o liberación condicional del detenido, no se puede admitir que los condenados a perpetuidad se vean privados de toda esperanza de liberación. También el Tribunal Europeo propugna como medida punitiva más acorde con los principios de respeto a los derechos humanos, el objetivo de la reinserción y de la readaptación social con la finalidad de promover la responsabilidad personal del condenado, meta que solo puede alcanzarse, si el recluso puede progresar a través del sistema penitenciario hasta alcanzar la plena libertad.

Uniéndose a las posiciones científicas y criminológicas más avanzadas, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, nos recuerda que cualquier encarcelamiento de larga duración puede entrañar efectos desocializadores para los reclusos que además pueden quedar afectados por una serie de problemas psicológicos y de readaptación. Los reclusos de larga duración deben ser objeto de un tratamiento especial para compensar estos efectos negativos.

El Tribunal Constitucional español admite que la imposición de una pena de cadena perpetua puede vulnerar la prohibición de penas inhumanas o degradantes del artículo 15 de la Constitución Española. Las penas de larga duración acarrean sufrimientos de especial intensidad que pueden provocar una humillación o sensación de envilecimiento, distinto y superior al que suele llevar aparejada la simple imposición de la condena. La mayor parte de sus pronunciamientos coinciden con lo que hemos venido exponiendo sobre la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Haciendo gala de su ancestral complejo de inferioridad y nuestra tradicional carencia de capacidad de reflexión dialéctica, los políticos acuden a lo que en las técnicas de propaganda se conocen como la teoría del “contraste edificante”. En síntesis, vienen a decir que los posibles obstáculos constitucionales e incluso éticos carecen de valor cuando países “de sólida tradición democrática” mantienen instituciones similares a las de la cadena perpetua. El argumento cae por su base si les  recordamos que, en estos países, no existe un mandato constitucional que impone las políticas penitenciarias de reinserción y resocialización. Si nos fijamos en los países nórdicos el límite máximo para revisar la pena oscila entre los 10 y los 15 años. En otros, como en el Reino Unido, el tope se sitúa en los 30 años.

Las leyes se justifican por su propio contenido y no por el mimetismo con otros sistemas a los cuales, casi siempre, se suelen imitar o copiar, despreciando los contenidos positivos y reforzando los negativos. Puestos a equipararnos con nuestros vecinos podría escenificarse un Pacto de Estado en el que los partidos políticos que representan a los ciudadanos de esta España fragmentada y enquistada en su convicciones, adoptaran, de una vez por todas, el sistema de la educación primaria francesa, el modelo del sistema universitario alemán, o la política tributaria sueca.

Al parecer no se trata de temas trascendentes, ante la aparición, en el escenario terrorista, de la figura del “lobo solitario”. Se trata de vender a unos ciudadanos conmocionados por las salvajadas de algunos grupos que sus actos, habitualmente seguidos de la inmolación, carecían de una respuesta adecuada en el Código Penal. Una terapia que solo pueden digerir los que están dispuestos perennemente a ser embaucados. A los “lobos solitarios” se les puede neutralizar mejor con criminólogos, psicólogos y unos buenos servicios de información que con los instrumentos del derecho penal.

La redacción de la regulación de la prisión permanente revisable, en la propuesta del Proyecto de Ley orgánica que modifica el Código Penal es un “popurrí” de regulaciones extranjeras pero adoptadas al gusto español, que no es otro que la predilección por la venganza punitiva. Frente a los intentos de racionalizar las  medidas, la única respuesta de muchos conciudadanos, alentadas por rigurosos  comentaristas, limita sus argumentos a solicitar que los terroristas y los delincuentes de graves delitos “se pudran en prisión”.

En todo caso, no les recomiendo la lectura del texto que desarrolla la aplicación de la prisión permanente al revisable porque les podría originar serios trastornos mentales, La redacción es farragosa y atormentada. Será difícil informar al condenado si su tiempo de revisión llegará a los 15, 18 o 25 años. Son tales las condiciones, requisitos y exigencias, que sería mejor advertirles que, a Quien Dios se la dé que San Pedro se la bendiga. La indeterminación de la duración de la pena y la falta de horizonte penitenciario del condenado la convierte en cruel, inhumana y degradante. 

Una vez más, la España que ha de helarte el corazón clama por la venganza retrocediendo a los tiempos en los que la cadena perpetua se materializaba en los eslabones y grilletes que unían los cuerpos de los condenados. Al grito de “Vivan las caenas” nuestros gobernantes, según proclaman solemnemente en un escenario digno de la Paz de Versalles, que para algunos puede resultar la Rendición de Breda, que nos hemos situado en la vanguardia de la lucha contra el yihadismo. Algunas veces me invade el pesimismo y pienso que no tenemos remedio, pero no estoy dispuesto a bajar los brazos y abandonar el barco.

Ya puede ahora Pedro Sánchez pedir el fin de la troika (llega tarde) o la toma de la Bastilla porque es inútil. El pacto antiterrorista que ha firmado con el PP sólo sirve para situar ideológicamente al PSOE. Sirve para delimitar su espacio. Voy a salirme de las consideraciones que se están haciendo en estos días sobre si el PSOE apoya o no la cadena perpetua porque creo que ya está todo dicho sobre el asunto. Resumiendo: si no la apoya, desde luego no la combate. Y aunque la cadena perpetua “revisable” es anticonstitucional e inhumana, recordemos que nuestras penas máximas se parecen mucho a una cadena perpetua. Me temo que esa línea roja la traspasamos hace tiempo gracias a la utilización que en este país se viene haciendo del terrorismo como arma electoral.

En mi opinión, al firmar el pacto, el PSOE elige en qué lado del tablero político quiere fotografiarse. Y ha elegido hacerlo cerca del Partido Popular firmando un pacto que es inútil y que, además, ni es unitario, ni es de Estado, ni sirve contra el terrorismo. El pacto es inútil porque el terrorismo individual ya está más que penado en este país, como han dejado claro todas las asociaciones de jueces y fiscales progresistas y porque el aumento de penas máximas no va a disuadir a ningún terrorista, como la pena de muerte no disuade a ningún asesino. Este es un país con mucha experiencia en terrorismo. Aquí ha habido meses en los que ETA mataba a varias personas al mes y salimos de eso sin pena de muerte y sin cadena perpetua y, por cierto, también sin pactos porque, aunque se firmaron varios, el PP los incumplió todos. El terrorismo etarra en este país fue derrotado por la sociedad en su conjunto. Dejó de existir cuando supo de manera inequívoca que no contaba con ningún apoyo social y, además, estaba siendo eficazmente acosado en los frentes policial y judicial. Este es un país que sabe de terrorismo y sabe cómo combatirlo sin pisar líneas rojas (aunque algunas se cruzaron en el camino, hay que decirlo).

Este pacto no es de estado porque no viene a firmarse como respuesta a ningún problema de estado. Según el sondeo del CIS, sólo el 1% de la población considera que el terrorismo es ahora un problema grave. Y como, además, no hay nadie que no esté de acuerdo en combatirlo, no aparece por ningún sitio la necesidad de un pacto; este está implícito. En segundo lugar, al mismo tiempo que se dice de Estado se dice unitario y para demostrar lo unitario que es lo firman sólo dos partidos excluyendo al resto. Y lo hacen, además, en el momento en que las encuestas también dicen que el bipartidismo ha muerto y que la sociedad no se reconoce en él. No podría ser menos unitario. Y aquí aparece una de las verdaderas intenciones de este pacto: quienes lo firman buscan recrear, dibujar, una situación que ya no existe pero que quieren que siga existiendo, y para ello intentan una especie de representación simbólica, a ver si así nos acordamos de lo bien que estábamos cuando el bipartidismo era la única opción. Va a ser que no.

Por último, todo esto se hace a costa de utilizar políticamente la lucha contra el terrorismo, lo que en este país tiene también una larga tradición en la que, hasta ahora, sólo se había enfangado el PP. Esta era de las pocas insensateces políticas de las que el PSOE estaba libre.  Ya no. Y eso también sitúa al PSOE en la derecha, al lado de quienes han utilizado el terrorismo de la forma más baja posible. No nos engañemos, en España si bien el rechazo al terrorismo es unánime, la utilización política de la lucha contra el mismo tiene connotaciones muy determinadas: huele a la derecha más rancia, a la más antidemocrática, huele mal. Igual que esta foto. Durante nuestros años de plomo, la derecha no dejó un solo día de utilizar el terrorismo etarra para sus fines. Acusar a todo el mundo de cómplice del terrorismo según les convenía ha sido un arma que han usado hasta desgastarla y convertirla en un chiste. El Partido Popular llegó a acusar a Zapatero prácticamente de cómplice de ETA, y de Zapatero abajo, todos hemos sido, para los populares, cómplices de ETA. La utilización de la lucha contra el terrorismo llegó al paroxismo cuando quisieron usar el atentado yihadista del 11M para ganar unas elecciones. Desde Bush a Aznar, la lucha contra el terrorismo ha sido utilizada por la derecha contra derechos y personas que nada tienen que ver con el terrorismo yihadista (ni etarra).  Acercarse ahora al PP en esta cuestión, lo único que hace es situar al PSOE en la foto fija de quienes utilizan la cuestión de la seguridad para arañar votos y para recortar libertades públicas y derechos civiles.

La foto de la firma lo único que hace es situar, en la retina de los votantes, a los dos firmantes en el mismo plano. El PSOE apuesta claramente por la (falsa) seguridad de la derecha frente a las libertades. Esta foto no muestra unidad frente al terrorismo, que ya existe en la política y en la sociedad, sino un acuerdo entre PP y PSOE para poner el tema de la seguridad por encima de la defensa de las libertades. Vivimos en uno de los países más seguros del mundo y con una tasa más alta de presos;  pero vivimos al mismo tiempo en un momento en el que estamos sufriendo un retroceso terrible en las libertades públicas. La llamada Ley Mordaza ha sido criticada incluso por el PSOE, que aquí –con este acuerdo– escenifica lo contrario. No es posible oponerse a la ley mordaza y estar al día siguiente firmando un acuerdo que viene a incidir en la necesidad de elevar penas o de perseguir la protesta social equiparándola, en ocasiones, al terrorismo. Con esta firma el PSOE queda retratado. La posibilidad de que “alterar la paz social” puede ser considerado terrorismo, sitúa a muchos manifestantes al borde de ser considerados como tales según la arbitrariedad del gobierno de turno; sitúa al PSOE en el mismo lado del mundo que habitaba George Bush y que es el de Aznar y Rajoy.

En definitiva, que el PSOE se sube al carro de usar la seguridad como espantajo electoral, al populismo penal, al carro de intentar manipular los instintos más primarios de la gente con beneficios partidistas. Y eso es algo que hace la derecha desde siempre. Lo que un partido de izquierdas tiene que hacer es defender las libertades públicas frente a cualquier intento de recortarlas,  y no usar una inseguridad inexistente para hacerse una foto con una derecha extrema que está recortando en democracia y en derechos políticos, tanto como en bienestar y en derechos sociales. Y por si todo esto fuera poco, el PSOE acepta hacerse una foto en año electoral con un partido completamente podrido por la corrupción, con el partido responsable de la miseria de millones de españoles, con el partido de los sobres y la reforma laboral. ¿No hubiera sido mejor ponerse un poco lejos de ellos? Esta foto era opcional, podía no habérsela hecho, podía haber optado por marcar una clara distancia con la corrupción, los recortes, la represión, la manipulación informativa, la reforma laboral. Pero lo que ha hecho es arrimarse. Ahora no nos vengan con que quieren disolver la troika, que esa lucha la están llevando a cabo otros mucho más coherentes con sus principios y más cercanos a las necesidades reales de la gente. Por ahora lo único que el PSOE ha conseguido con esta foto es que Curri Valenzuela declare que Pedro Sánchez es un gran estadista. Pues muy bien. A lo mejor es lo que buscaban.

 ¡Gran novedad! ¡Gran pacto de Estado “contra el yihaidismo”! ¡Y uno de los firmantes dice que lo firma pero que lo va a recurrir! La política reinante no soluciona problemas, los crea, pero no deja de sorprender y hay a quien le divierte.

El pacto es perfectamente innecesario para lo que se reclama, pues el estado ya tiene instrumentos para controlar ese terrorismo, otra cosa es la capacidad o falta de ella de los responsables de la seguridad, así que hay que entender que la clave está en la fotografía de Mariano Rajoy, presidente de Gobierno, con Pedro Sánchez, que ocupa el lugar de “jefe de la oposición”. En otras palabras, ese apretón de manos pretende reafirmar el bipartidismo y decir que ellos son la “España oficial”, son los que están “dentro”. Ellos son el Estado.

El interés de Rajoy en el pacto y la foto es comprensible,  legitima democraticamente a un gobernante que ha destrozado el estado de derecho y legislado a golpe de decreto y mayoría absoluta. Da igual que su gobierno esté liquidando la libertad de expresión y de manifestación, que se estén multando y encarcelando ciudadanos por protestar que ahí está Sánchez para firmarle la política que aplica y aplicará el ministro del Interior. Sánchez legitima no solo a Rajoy, también al Ministro del Interior, García Díez. Pero no le llega un pacto y pide más a este gobierno, también quiere pactar la educación con Wert, tan falto de abrazos. Probablemente pretenda repetir la táctica de Zapatero ante Aznar, ofreciendo pactos a quien no los quería, sin aceptar que la situación histórica es completamente distinta y que Rajoy, después de todo lo que hizo anteriormente, querrá no solo pactarlo sino abrazarlo.

Sin duda Sánchez quiere dejar claro que él es de los de “dentro”, pertenece a la gente responsable que vive a cubierto en la ciudadela y está familiarizada con el palacio. Por si no quedase claro reclama su abolengo: “nuestros logros”. Se refiere a los logros de los gobiernos de su partido desde los años ochenta. Reclama la legitimidad que le dan sus antepasados y le pide a la ciudadanía que no descrea de la gente de alta estirpe. Realmente le pone “ a güevo” a los de “Podemos” el argumento de “la casta”.

Precisamente el domingo Podemos también envió un mensaje muy gráfico con su masiva concentración en la Puerta del Sol de Madrid, allí escenificó un espacio político, “los que están fuera y, además, quieren entrar en la ciudadela y tomar el palacio”. No simpatizo con convocatorias puramente partidistas, como era el caso, y también recelo de los personalismos pero entiendo que nunca se conquistó poder desde abajo conservando los guantes puestos y el desembarazo y la avidez de esos dirigentes significan que no pretenden simplemente tener un escaño sino gobernar España. Van en serio.

Roma temía en sus pesadillas la llegada de los bárbaros, ahora esos dos patricios que pactan y se dan la mano conjurándose contra los intrusos también temen. Tarde piaron, esos “nuevos bárbaros” ya entraron en la ciudadela y parece inevitable que se vayan a sentar en el foro, y es posible que, solos o en compañía, ocupen el palacio. Negar que eso ya ha ocurrido, que no existen ni cruzaron los muros, es lo que pretende vanamente esta dirección socialista, pero volver al pasado es imposible. El pasado es ese lugar donde habita sin saberlo el expresidente González, que aparece como un espectro para reclamar continuidad y lealtad a ese pasado, que es suyo.

Fue a un gobierno socialista al que le cayó encima la crisis financiera nacida en Wall Street y la debacle del modelo económico español (y como consecuencia esta crisis política que es absurdo ignorar). No sabemos como habría actuado Zapatero ni el partido socialista si en vez de estar en ese momento en el gobierno hubiesen estado en la oposición. Si esas circunstancias quizá hoy tuviesen la capacidad de ofrecer alguna respuesta, pero no fue así y es evidente que el PSOE está atrapado en su “día de la marmota”. El PSOE sigue grogui. Lo que acaba de decirnos Sánchez es que no es posible hacer nada y que la única política posible es la que hay.

Pero lo que acaba de ocurrir en Grecia es precisamente lo contrario, la demostración de que la política no tiene por que ser únicamente obedecer y administrar las órdenes. Grecia nos está demostrando que la política puede servir para parar políticas injustas, es una desautorización de Rajoy y su leal opositor. Grecia demuestra que otra política es posible y los deja con el culo al aire.

¿Por qué debemos aceptar las políticas que nos dañan si es posible hacer otras? ¿Porque si? ¿Por qué creen que merecen el voto, porque les debemos algo? ¿Alguien sabe algún otro motivo?

Sostienen en el PSOE que deberán hacer mucha pedagogía para explicar la firma del acuerdo contra el yihadismo con el PP. Bienvenido sea el esfuerzo pedagógico aunque resulte un poco tardío. Tras años de predicar la simpleza de que todo aquel que llegase a algún consenso con el PP en cualquier comunidad o ayuntamiento o era de derechas o había matado a Bambi, no está claro de qué se quejan cuando les acusan de lo mismo. En política también se recoge lo que se siembra, aunque muchos crean que no.

A no ser que los socialistas le llamen pedagogía a dar por bueno que exclusivamente ellos pueden pactar con el PP, porque todos los demás carecen de sentido de Estado y están para dar tabaco, deberán aceptar que no se puede ir a la vez a por el voto moderado que quiere acuerdos de Estado y a por el voto rompedor que quiere ir a la confrontación. En política, como en la vida, hay que elegir, aunque muchos crean que no.

A mí no me parece mal que se llegue a acuerdos. No es ni bueno, ni malo. Depende del contenido del acuerdo. Tampoco tengo nada en contra del noble arte de la fotografía política... Si se hace bien. Este pacto no parece muy bueno porque insiste en un diagnóstico del terrorismo que solo ha servido para llevarse por delante libertad a cambio de menos seguridad. Pero, por otro lado, no vaya a ser que pase algo y entonces el problema sea explicar por qué no se firmó.

La fotografía es mala porque se entiende fatal y costará explicarlo mejor. No se pueden firmar pactos de Estado sin aceptar preguntas. A ver si nos va entrando en la cabeza. Ni la prensa ni la opinión pública son decorados.

Acusar al PSOE de abrir la puerta a la cadena perpetua parece un tanto excesivo. Sobre todo cuando se hace desde medios que buscaron y lograron shares millonarios conectando en directo con las prisiones de donde salían violadores y pederastas al amparo de la 'doctrina Parot'. A no ser que la cobertura fuera para poner de manifiesto lo reconfortante que llega a ser la reinserción penal. Pero me parece recordar que no era precisamente para eso.

Hacer pedagogía bien podría significar discutir de manera civilizada si, en España, se puede estar a la vez en contra de la cadena perpetua y luego indignarse e ir a hurgar en el dolor de las víctimas cuando los criminales salen de prisión. Llorar en el cine con los dramones penales de Hollywood e indignarse en casa con la justicia cuando nos sirven la versión televisiva de El Caso.

Otra buena materia para la pedagogía sería ponernos de acuerdo en si realmente queremos que haya entendimiento entre las fuerzas políticas sobre temas que podamos considerar más o menos importantes. Los mismos que acusan a los políticos de mostrarse incapaces de negociar nada cuando hay problemas de verdad, o cuando andamos en año electoral, llaman ahora pardillo a Pedro Sánchez por darle esa foto a Rajoy. Es desconcertante.

La decisión de Pedro Sánchez de sentarse con Mariano Rajoy para pactar la política antiterrorista no ha sido un tropiezo improvisado. El acuerdo, las maneras y los riesgos estaban perfectamente calculados por un PSOE que reivindica la condición estratégica del acuerdo para los intereses de un partido que se quiere retratar como indispensable para la gobernabilidad. En el PSOE enmarcan el pacto como un elemento más de su cambio de estrategia basado en dejar de hablar de Podemos y mostrarse como el único partido de izquierdas con posibilidad de llegar a acuerdos de Estado con los de Rajoy.

En Ferraz son conscientes de las críticas que llegarían por rubricar un acuerdo que abre la puerta trasera a la cadena perpetua revisable. “Vais a tener muy difícil explicar esto, pero hay que hacerlo”, le dijo un histórico dirigente socialista al portavoz parlamentario, Antonio Hernando, poco antes de conocerse que la decisión del acuerdo estaba tomada. En eso está centrando la directiva socialista sus esfuerzos: en explicar que el pacto es “necesario” y que la polémica de la prisión permanente revisable se zanjará al derogarla cuando lleguen al Gobierno.

La dirección de Pedro Sánchez considera que el riesgo de atentado yihadista en España es serio y que, en caso de que el terrorismo en sus nuevas formas vuelva a golpear a nuestro país, el PSOE tiene que estar del lado del Gobierno para ofrecer a la ciudadanía la imagen de unidad.

Conscientes de las críticas que llegarían, en Ferraz destacan que la decisión de Sánchez consolida la estrategia de presentar a su partido como un pilar básico de la estabilidad del Estado. Este objetivo que se han marcado lo escenificó Sánchez en el discurso de cierre en la conferencia autonómica celebrada en Valencia este fin de semana.

En ese mitin, que ha recibido alabanzas de dirigentes socialistas por el cambio de actitud, el secretario general dejó a Podemos en un segundo plano para centrarse en situar al PSOE como la alternativa del “cambio seguro”, y enfatizó que el “adversario” de su partido es el PP.

Los socialistas quieren reforzar la estrategia de ser el oponente de referencia del PP y, al mismo tiempo, el único partido que puede llegar a acuerdos con los populares. El equipo de Pedro Sánchez parece dar por perdidos los votantes que se le han escapado a la formación de Pablo Iglesias y quiere centrarse en los que buscan un partido estable “que no siempre está en la hoja de ruta del no a todo”, según relata un dirigente socialista.

Debate en la dirección

La dirección del PSOE conoció la previsión de acuerdo definitivo durante la reunión de la comisión permanente celebrada este lunes. En ese órgano, Sánchez comunicó que iría a Moncloa a firmar con Rajoy. La noticia generó debate y dirigentes como Patxi López expresaron sus dudas sobre los riesgos de un acuerdo de esas características. Según fuentes oficiales, “solo hubo debate sobre matices” porque “todo el partido sabía que había que ir al acuerdo”. No obstante, hay algunos dirigentes que lo rechazan, pero que optan por no añadir más ruido a una decisión polémica.

Aun así, la mayoría de los dirigentes socialistas consideran que no pueden quedarse fuera de la lucha antiterrorista. Además, en Ferraz han contado con el aval de Felipe González, que ha celebrado el pacto como un “ejercicio de responsabilidad”, a pesar de que se incluya implícitamente –y mientras el PP esté en La Moncloa– la prisión permanente revisable, que es una de las líneas rojas para el PSOE en el debate de la reforma del Código Penal en la que los conservadores han incluido en solitario ese marco legal.

A mediodía de este lunes, el número dos del PSOE, César Luena, comunicó telefónicamente a los barones que Sánchez visitaría Moncloa para firmar su primer pacto de Estado con Rajoy. Con su comunicación, los socialistas buscaban acallar la posibilidad de críticas improvisadas y comprobar que el poder regional del partido era conocedor y cómplice de la decisión adoptada en la planta noble de Ferraz.

Fórmula “chapucera” de la prisión permanente

La dirección asegura que ha recibido el apoyo de los líderes regionales. Así lo hacen también destacados socialistas que consideran que aceptar el acuerdo “era la mejor opción”. Incluso así han surgido voces críticas, fundamentalmente en las bases, que están en contra de que el PSOE haya aceptado el acuerdo que conllevará la cadena perpetua revisable para los atentados con resultado de muerte.

“No se han cuadrado, pero han reaccionado con el recurso”, explica un exmiembro del Gobierno de Zapatero en referencia al anuncio de recurrir ante el Tribunal Constitucional la prisión permanente revisable cuando se apruebe la reforma del Código Penal.

Un exministro, que considera que no firmar el acuerdo habría sido peor, pone en cuestión la fórmula, que califica de “chapucera”, para salir al paso de la polémica de la cadena perpetua revisable. Además, estima que “se podría haber intentado que no constara la referencia a las penas” porque no es un aspecto “imprescindible” para el pacto, puesto que “las decidirán los jueces”. “El Gobierno podría haber facilitado otra forma”, concede este exdirigente, que subraya que el debate no debe “encallarse” en que la condena sean 40 o 45 años porque no es “el problema con mayúsculas”.

Mal dejar fuera a otras fuerzas

Otra de las críticas que ha recibido Sánchez es la escenografía de la firma. “Es un error de cálculo que se hayan sentado solo los dos, como siempre. Ese pacto nace cojo”, comenta un ex alto cargo socialista, consciente de que el bipartidismo está abocado a desaparecer. “No ayuda a recuperar la credibilidad que buscamos los socialistas”, ha expresado el diputado Odón Elorza.

A las críticas que la decisión recibió en la Ejecutiva se han sumado las de las bases y las del ala izquierda del partido: “Yo soy socialista y no quiero pactos con el PP que limiten nuestros derechos y atenten contra nuestros principios”, expresó Beatriz Talegón, miembro del comité federal como representante de Izquierda Socialista.

Pero tampoco en esta corriente hay unanimidad. El histórico diputado Manuel de la Rocha considera que es “positivo” que se alcance un acuerdo de estas características y señala que el “obstáculo” de la prisión permanente revisable “se ha salvado bien”. No obstante, reprocha que se hayan cometido “errores” al dejar fuera de la firma al resto de las fuerzas políticas.

El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, critica a PP y PSOE que no hayan tenido en cuenta a las comunidades autónomas que cuentan con policía propia.

El Gobierno vasco está de acuerdo con cerrar un pacto que afronte el desafío yihadista, pero rechaza el pacto bilateral alcanzado entre el PP y el PSOE porque resulta “excluyente”. El portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Josu Erkoreka, ha criticado que no se haya intentado acordar nada con las comunidades autónomas con “competencias en materia de seguridad” y cuentan con una Policía integral, como es el caso de Euskadi.

Tras la habitual reunión del Consejo de Gobierno de los martes, Erkoreka ha insistido en la conveniencia de que se promueva un acuerdo entre formaciones políticas e instituciones para responder “con eficacia al desafío del yihadismo terrorista internacional. Pero el PP y el PSOE han gestionado este asunto de una manera exclusiva cuando concierne al conjunto de la sociedad e interesa a todas las fuerzas políticas”.

En esta línea, ha añadido que se trata de un tema “que básicamente tiene que ver con la seguridad pública en un momento en el que existen comunidades autónomas que tienen competencias en materia de seguridad, con una Policía integral, como la Ertzaintza. Evidentemente, estas comunidades tienen algo que decir en un acuerdo que tiene que ver con la defensa de la seguridad pública frente a los riesgos del terrorismo yihadista”.

Rafael Catalá ha asegurado que la cadena perpetua revisable cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad española. El ministro de Justicia ha insistido este martes en que esta reforma del código penal que se recoge en el pacto antiterrorista firmado entre el Gobierno y los socialistas obedece a “un sentir social muy extendido en España”. Catalá ha defendido que la pena máxima “es aceptada” por los españoles porque “consideran que la respuesta debe ser contundente”.

El titular de Justicia ha dudado además de que el recurso ante el Tribunal Constitucional que ha anunciado el PSOE vaya a ninguna parte. “Ya lo avanzaron en los debates, cuando se apruebe, ya veremos si se admite a trámite y si trae causa”, ha dicho después de señalar que esta reforma legislativa cuenta con el aval del Consejo de Estado, el CGPJ y el Consejo Fiscal.

En el mismo sentido se ha expresado Jorge Fernández Díaz, que ha dicho que es una respuesta que obedece a un “llamamiento de Naciones Unidas a todo el mundo” y que en la UE “se ha hecho lo mismo”. “Es difícil de entender que se nos llame y que en España no seamos capaces de ponernos de acuerdo”“, ha zanjado el titular de Interior.

Ambos ministros, que este martes se reunían en el Congreso con los diputados del grupo parlamentario del PP, han presumido de que este cambio supone “tener las herramientas jurídicas necesarias” para luchar mejor contra el terrorismo yihadista y de que España. “Me atrevo a decir una cosa ... y la digo: España se sitúa así a la vanguardia mundial”, ha presumido Fernández Díaz.

El titular de Interior ha sido preguntado por la difícil situación del PSOE para explicar las bondades de un acuerdo cuyo punto principal ha anunciado que recurrirá. “Todo pacto es una transacción. Era público que el PSOE se oponía. Y ahí está el arte de la política, en hacerlo compatible”.

En el mismo sentido se había expresado poco antes Rafael Hernando, nada más registrar en el Congreso la proposición de ley. “España se coloca a la cabeza en materia legislativa porque es una legislación pionera y novedosa”, ha afirmado Rafael Hernando, que también ha recordado que obedece a una promesa del PP en su programa electoral.

El portavoz del PP en el Congreso ha avanzado que el acuerdo contará con más apoyos aunque no hayan suscrito el pacto junto al PP y al PSOE. De momento, se cuenta con el de tres diputados del grupo Mixto (CC, Foro Asturias y UPN). El dirigente no ha querido ser más explícito, con la excusa de que “a los grupos no les gusta que avance su posición”.

El PSOE es consciente de que la firma del pacto antiterrorista con el Gobierno de Mariano Rajoy tiene un punto polémico: que los atentados con resultado de muerte estén castigados con la máxima pena privativa de libertad, que, con el Código Penal que va a aprobar el PP en solitario, será la prisión permanente revisable. Los socialistas quieren dejar claro que están absolutamente en contra de ese nuevo marco legal y han anunciado este mismo lunes que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la reforma del texto en cuanto se apruebe.

La dirección socialista está “orgullosa” del pacto que el secretario general ha firmado con el presidente esta tarde y está convencida de que los ciudadanos entienden que se haya alcanzado, a pesar de que al menos mientras Rajoy esté en La Moncloa supondrá que a los terroristas acusados de asesinato se les impondrá como pena la prisión permanente revisable. “La ciudadanía es consciente del peligro”, afirman fuentes del PSOE.

Los socialistas aseguran que en las negociaciones que se han prolongado durante varias semanas han logrado que desapareciera la mención explícita a la prisión permanente revisable y luego al articulado del nuevo Código Penal en el que figura ese precepto legal. Además, aseveran que el pacto rubricado este lunes incluye la “discrepancia” de los socialistas con esa condena, que consideran inconstitucional, y celebran que el acuerdo se mantendrá, aunque un Gobierno del PSOE la derogue.

El PSOE explica que la alusión a la máxima pena no se podía eludir y hacer referencia a un número determinado de años por los asesinatos terroristas, dado que sería contradictorio con que otros delitos, también con resultado de muerte, sí se castigaran con la prisión permanente revisable que el PP ha incluido en el Código Penal.

“Lo vamos a explicar para que todo el mundo lo entienda”, han asegurado fuentes de la dirección ante la posibilidad de que esta decisión castigue electoralmente al PSOE. Esas mismas fuentes consideran que la ciudadanía “entiende” que PP y PSOE pacten en asuntos tan relevantes como la lucha contra el terrorismo. “De esto no haremos un elemento de confrontación a pesar de las profundas diferencias en lo relativo a la prisión permanente revisable”, han expresado esas mismas fuentes, que han subrayado que ambos partidos daban “mayor importancia a la unidad política contra el terrorismo”.

El PSOE se ha desmarcado de la decisión de que Rajoy y Sánchez firmaran el pacto en una comparecencia sin preguntas y ha señalado que se ha tratado de una “imposición” de Moncloa que no han podido discutir por ser los “invitados”.

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez firman su primer pacto de Estado. PP y PSOE han llegado al cuarto acuerdo para la lucha contra el terrorismo para incluir una actualización contra los nuevos métodos de actuación, como el yihadismo. El texto incluye la “discrepancia” de los socialistas respecto a la introducción de la prisión permanente revisable y el compromiso de los conservadores de mantener vigente el acuerdo aunque una reforma del Código Penal haga desaparecer esa condena.

En un acto institucional en el que el presidente del Gobierno y el líder del PSOE no han admitido preguntas, se ha escenificado la firma del pacto. Ambos dirigentes han destacado la importancia de la “unidad” en la lucha contra el terror. “Hoy mostramos al mundo entero esa unidad y consenso”, ha dicho Rajoy. Igualmente, Sánchez ha destacado que ambos partidos han “antepuesto la necesaria unidad” a otros intereses.

El contenido del acuerdo, al que ha tenido acceso eldiario.es, recoge la discrepancia del PSOE en cuanto a la prisión permanente revisable para los casos de terrorismo con resultado de muerte. Aunque la aprobación en solitario del Código Penal por parte del PP introduce esa pena máxima, los conservadores se han avenido a aceptar el deseo del PSOE de que ese marco legal pueda cambiarse sin que varíe el pacto contra el terrorismo.

Tras el intercambio de borradores, el texto recoge la siguiente redacción respecto a esa divergencia: “En todo caso, el presente acuerdo no se verá afectado por los posibles cambios en el sistema de penas que puedan producirse en el futuro en función de las posiciones mantenidas por las partes en el curso de la tramitación de la reforma del Código Penal”.

La fórmula del pacto es una proposición de ley orgánica que se registrará este martes en el Congreso para su posterior debate. Aunque el presidente y el jefe de la oposición han pedido al resto de las fuerzas parlamentarias que secunden el acuerdo, varios grupos han anticipado ya su rechazo. El PNV, por ejemplo, ha manifestado su oposición, dado que PP y PSOE no han contado con los demás partidos antes de la firma en La Moncloa.

El acuerdo recoge nuevas formas de terrorismo, como la de los 'lobos solitarios', ya que el delito se castigará “con independencia de que se realice o no en el seno de un grupo u organización terrorista”. El nuevo Código Penal tipificará también como delito el desplazamiento al extranjero para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella. Asimismo establece nuevas conductas como la “captación” y “adiestramiento” de terroristas, incluido el “adiestramiento pasivo”, y el “uso de las redes de comunicación, tecnología o información” para atentar.

El presidente del Gobierno ha querido insistir en la importancia de la unión entre socialistas y conservadores: “Somos una sola fuerza cuando se trata de defender lo que más queremos”. “El terrorismo se transforma pero la unidad se mantiene”, ha agregado. El líder del PSOE ha destacado que “suma una vez más fuerzas contra el terrorismo, que representa una amenaza directa”. “Los últimos 27 años, el PSOE siempre ha antepuesto la necesaria unidad ante el terrorismo que cualquier interés partidista”, ha subrayado.

Gobierno y PSOE firmarán esta tarde en la Moncloa el acuerdo en materia antiterrorista cuyo cierre se ha demorado en las últimos días por la inclusión de la prisión permanente revisable. El acto consistirá en una firma con una declaración institucional tanto del presidente del Gobierno como del líder del PSOE, Pedro Sánchez, según aclara Moncloa. Por este motivo no está previsto que los periodistas puedan preguntar a ambos.

La principal traba que ha impedido hasta ahora llegar a un pacto ha sido la cuestión de la prisión permanente. Gobierno y oposición estuvieron a punto de llegar a un acuerdo la semana pasada, después de haberse cruzado documentos y de que el Ejecutivo se mostrara dispuesto a retirar la expresión “prisión permanente revisable”. Según el PSOE, era una línea roja que no estaban dispuestos a traspasar, pese a que este castigo sí forma parte del nuevo Código Penal. En su lugar, los socialistas preferían una expresión equivalente pero menos clara y proponían “la máxima pena”.

El anuncio de la firma del acuerdo ha llegado solo unas horas después de que Carlos Floriano, vicesecretario del PP, pidiera a los socialistas “máxima solemnidad” en la escenificación del acuerdo. Floriano ha reclamado este lunes que la firma del acuerdo tenga relevancia “porque así lo exige la sociedad europea”.

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez no han conseguido cerrar el pacto de Estado de lucha contra el terrorismo en una primera conversación que se ha producido este viernes. Gobierno y PSOE se han dado más tiempo para seguir negociando el acuerdo al que se comprometieron hace semanas para afrontar la amenaza del yihadismo.

“Seguirán hablando durante las próximas horas con la voluntad de llegar a un acuerdo”, han explicado fuentes de Ferraz. El presidente y el secretario general del PSOE se han comprometido por teléfono a mantener las negociaciones para cerrar el primer pacto de Estado entre los dos partidos desde que Sánchez está al frente de los socialistas.

“El acuerdo está muy avanzado”, ha señalado la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Soraya Sáenz de Santamaría ha añadido que la conversación entre ambos dirigentes ha sido un “impulso” al pacto y que se “están cerrando los últimos aspectos técnicos”.

La inclusión implícita de la cadena perpetua es uno de los obstáculos que ha demorado la firma del acuerdo. Para el PSOE es una “línea roja” la inclusión de la prisión permanente revisable en el texto. El Gobierno pretende introducir la referencia al artículo del Código Penal que incluye ese precepto legal desde que el PP lo aprobó en solitario en el Congreso. Los socialistas prefieren que el texto se limite a establecer como castigo por los delitos la “máxima de las penas”.

“No estamos conformes con que se haga referencia al artículo del Código Penal –explican fuentes socialistas–. La pena máxima es la fórmula mejor”. Esas mismas fuentes apuntan que los “flecos” que quedan por cerrar entre Sánchez y Rajoy se refieren a “cuestiones técnicas y precisiones jurídicas”.

El PSOE insiste en la “voluntad de acuerdo” en materia de terrorismo y la dirección señala que “en las próximas horas” continuarán las conversaciones, aunque fuentes parlamentarias apuntan que la firma definitiva podría retrasarse hasta el lunes.

Pedro Sánchez espera cerrar el acuerdo sobre el pacto antiterrorista con Mariano Rajoy este jueves, según han explicado a eldiario.es fuentes socialistas. Tras varias semanas de negociaciones, el líder del PSOE da por seguro que conseguirá su primer acuerdo de Estado con el PP, tras unas negociaciones no exentas de polémica. En Ferraz se espera que el presidente del Gobierno llame a Sánchez este jueves para “ultimar flecos” de esta norma.

El PSOE asume que el acuerdo que ha negociado con el Gobierno llevará implícita la cadena perpetua revisable, tal y como publicó eldiario.es. Los socialistas reconocen que el pacto antiterrorista aludirá a la “mayor de las penas”, que en la práctica será la cadena perpetua después de que el PP aprobara en solitario la reforma del Código Penal. No obstante, insisten en que la prisión permanente revisable será derogada si llegan al Gobierno.

Fuentes socialistas explican que la extensión indefinida de penas para algunos delitos ha desaparecido del texto, como exigían, pero admiten que implícitamente aparecerá en el acuerdo porque se alude al artículo del Código Penal en el que se introdujo esa pena.

Los socialistas dividieron las negociaciones entre la reforma del Código Penal y del pacto para la lucha contra el yihadismo para evitar tener que apoyar las medidas con las que estaban en desacuerdo, como la cadena perpetua revisable o las “insuficientes” medidas anticorrupción.

El PP pretende que a la firma del texto se sumen otras formaciones, como UPyD, mientras que en Ferraz creen que será un acuerdo a dos que en el Parlamento será votado por otros grupos.