El banco vasco Kutxabank ha iniciado el proceso de “integración total” de su filial andaluza, Cajasur, a través de una fusión por absorción. Prevé que culmine operativa y tecnológicamente en el primer cuatrimestre de 2026. Esta integración supondrá el cambio progresivo de la marca de la antigua caja a la del banco, que a día de hoy se mantiene en las sucursales andaluzas a diferencia de BBK, Kutxa o Vital, ya retiradas, la total interoperabilidad dentro del grupo y que las condiciones de los empleados de Cajasur converjan de forma progresiva con las de los empleados Kutxabank, para lo que ya existe un acuerdo con los sindicatos.

Según han informado fuentes de Kutxabank, la operación se aborda tras “consolidar en los últimos años su liderazgo en Córdoba, ser referente en Jaén y situarse entre las principales entidades financieras de Andalucía” y después de que la entidad financiera vasca haya dedicado más de una década a realizar “un profundo proceso de saneamiento y mejora del perfil de riesgo de Cajasur”. Según han recordado, su ratio de morosidad alcanzó el 20% y ahora se sitúa en el 1,9%, “por debajo de la media del sector”, y en este tiempo se han tomado “decisiones relevantes, como la reconversión de las preferentes en depósitos”. Esto, unido a una estrategia de integración progresiva de la operativa y los negocios de la entidad, ha permitido que sea “rentable y referente financiero en el mercado andaluz”, así como mantener más de 1.600 empleos directos, recuerdan desde el banco vasco. “Completados los procesos, se dan las condiciones propicias para finalizar la integración”, señalan.

Hay que recordar, que fue BBK, después accionista mayoritario de Kutxabank, quien compró la Caja andaluza en 2010, en plena crisis financiera y cuando estaba intervenida por el Banco de España. Después, las cajas de ahorros BBK, Kutxa y Vital se unieron en un único banco.

El banco vasco asegura que la unificación de marca será progresiva y “los clientes no observarán prácticamente cambios en su operativa”, aunque les “traerá ventajas en términos operativos y soluciones de financiación”.  De entrada, la interoperabilidad permitirá que un cliente de la red de Andalucía sea atendido en cualquier sucursal del banco en otra comunidad autónoma para realizar consultas, operaciones, contratar productos, y un cliente de Euskadi o de cualquier otra comunidad operará con normalidad en una red ampliada con la integración de Andalucía, una interoperabilidad que se extenderá también a los cajeros.

La fusión por absorción, acordada en los consejos de administración de Cajasur y Kutxabank, requerirá la autorización del Ministerio de Economía. Asimismo, se elevará para su aprobación a la Junta de Accionistas de Kutxabank. El proceso de fusión societaria se completaría a finales de 2025 y la integración operativa y tecnológica culminaría previsiblemente en el primer cuatrimestre de 2026. 

El nuevo Plan estratégico de Kutxabank, 'Benetan 2025-2027', en el que Cajasur ya estará completamente integrada, contempla alcanzar para el último año de vigencia un beneficio neto acumulado superior a 1.650 millones, frente al “récord histórico” de 535,8 millones obtenidos en 2024 y un volumen de negocio de más de 150.000 millones. El banco prevé invertir 620 millones en transformación digital e incorporará a más de 450 profesionales.

Andalucía constituye una de las zonas de crecimiento clave para Kutxabank, donde se ha marcado unos objetivos de negocio para el período 2025-2027 que prevén un crecimiento neto de más de 20.000 clientes nuevos y alcanzar más de 11.000 millones de euros de inversión crediticia, un 11% más que en 2024. Este objetivo irá destinado, por un lado, a particulares y familias (9.600 millones de euros, un 10% más) y “a la apuesta firme por el negocio mayorista y la banca de empresas, al que destinará 1.500 millones de euros, un 18% más).

Igualmente, el plan contempla el incremento de cerca de un 20% en recursos de clientes, frente a 2024, hasta los más de 16.000 millones de euros, la incorporación de entre 50 y 100 nuevos profesionales y el impulso a la estrategia de sostenibilidad: financiación verde y acciones en el ámbito social, con una red más formada en criterios ESG y fuertes inversiones en tecnología para consolidar un modelo de omnicanalidad avanzado.

Magdalena Álvarez empezó con mal pie en la Junta de Andalucía. Nombrada en 1994 consejera de Economía, una de sus primeras decisiones fue la fusión, en 1995, de la Caja Provincial de Ahorros fundada por la Diputación de Córdoba, con el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, fundado por la Iglesia.

Fue toda una sorpresa, especialmente desagradable para el PSOE cordobés, que por aquel entonces controlaba la Diputación de Córdoba y ya se relamía el bigote pensando en el poder económico que supondría el control de la que iba a ser a partir de entonces la única entidad financiera cordobesa.

Pero la recién llegada, y entonces todavía independiente, Magdalena Álvarez sorprendió a propios y extraños al dejar plantado a los socialistas cordobeses y darle el control de la nueva Cajasur al canónigo de la Mezquita Catedral, Miguel Castillejo Gorraiz , que desde 1977 presidía el Monte de Piedad.

Empiezan entonces los años de gloria del “cura Castillejo”, convertido en el amo de Córdoba merced a los, aparentemente, ilimitados fondos de la que él consideraba 'su' caja de ahorros. A partir de entonces, nada se movía en Córdoba y su provincia sin su aprobación. Con una cuota de mercado que superaba con creces el 60%, incluídos cajas y bancos, particulares, empresas e instituciones dependían de su financiación, de la que era un maestro en manejar con palo y zanahoria. Tanto desde la caja como desde su obra social.

La guerra con el obispo

Eso sí, su presidencia de Cajasur nunca fue un camino de rosas. En 1978, prácticamente a la vez que él accedía a la presidencia del Monte de Piedad, José Antonio Infantes Florido fue nombrado obispo de la Diócesis. Era un hombre de Pablo VI, concentrado en el bien espiritual de sus feligreses y nada interesado en la vida mundana, así que dejó la gestión política y económica del obispado en manos de Miguel Castillejo.

Pero en 1996, apenas un año después de la fusión que crea Cajasur, Infantes Florido se retira para marcharse a las misiones, y el Papa Wojtyla, totalmente opuesto al Papa Montini, nombra obispo a un representante de esas iglesias integristas de las que tan amigo era: al seguidor de los llamados Legionarios de Cristo, Francisco Javier Martínez Fernández, que con 49 años era por entonces uno de los más jóvenes prelados de España.

Tras tomar posesión, el orgulloso y joven dignatario eclesiástico comprueba que en su diócesis el poder no es del obispo, sino que todo, y en especial el dinero, lo controla Castillejo, y con mano férrea. Empieza entonces un duro enfrentamiento de siete años entre ambos que, sorprendentemente para el obispo, que creía tener por valedor nada menos que a Juan Pablo II, gana Castillejo y por goleada.

Miguel Castillejo manejaba también desde hacía décadas la mayor parte de los intereses económicos, y de los fondos, de la Iglesia romana en España, lo que supo aprovechar con habilidad para ganarse el favor incondicional de Roma. Cuando el enfrentamiento entre ambos llevó al obispo a pensar que lo mejor sería jubilar a Castillejo, éste viajó a Roma, de donde regresó, en cambio, con la destitución del obispo en el bolsillo, que eso sí, fue 'compensado con el ascenso' a arzobispo de Granada, donde sigue escandalizando con sus duras posturas sobre el aborto, su defensa del uso del cilicio, o su falta de firmeza en la denuncia de la pederastia.

La guerra política

Mucho más dura, sin embargo, fue para él la guerra política a la que lo arrastró el entonces ministro del primer Gobierno de Aznar Javier Arenas, que quiso utilizarlo como un ariete contra el Gobierno de Manuel Chaves, con la excusa de su propuesta de fusionar todas las entidades de ahorro andaluzas para crear una “caja única” en la región. Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, siempre manifestó que la caja de la iglesia quedaría excluida de esa fusión, algo a lo que, por otra parte, estaba obligado por la ley que entonces regulaba las cajas de ahorros.

Aun así, Javier Arenas presionó a Miguel Castillejo para que diera la espalda al Gobierno Chaves de Andalucía, y se aliara con el Gobierno Aznar de Madrid. Castillejo cedió, y se inició así una larga y cruenta guerra, con multitudinarias manifestaciones de forzada adhesión por las calles de Córdoba y “misas de desagravio” en sus iglesias, supuestamente organizadas por su sindicato amarillo.

Una guerra, en la que, al final, Chaves perdería su sueño de una caja única, y Castillejo el prestigio que llegó a tener como benefactor de Córdoba, para pasar a la historia como un hombre obsesionado por el poder y corrompido por las riquezas del mundo (cuando se jubiló en 2005 cobraba 250.000 euros anuales más dietas e incentivos variables).

Castillejo, que viajaba en un BMW serie 7 blindado, pero eso sí, nunca sentado detrás sino al lado del chófer, intentaba esconder con la imagen de un cura austero y bonachón la realidad de una vida de lujo que le llevó a ganarse el mote de Fray Langostino (cada año se llevaba a su Consejo de Administración a exuberantes viajes de tres semanas a los más caros destinos, y siempre acompañado de sus dos hermanas. A costa de sus impositores, claro).

Especialmente escandaloso fue el descubrimiento de su póliza de jubilación cuando por fin se retiró en 2005, tras cumplir los 75 años y con el Banco de España ya pisándole los talones. Y no sólo por su cuantía, casi 4,5 millones de euros, sino porque el contrato suscrito por la entidad obligaba no sólo a pagarle a él hasta que muriese, sino también a sus dos hermanas de por vida si él las adelantaba en el camino del cementerio.

Nacido en Fuente Obejuna en 1930, murió aeste miércoles 13 de abril en Córdoba cumplidos los 86 años. Hoy su querida Cajasur ya no existe, tras ser absorbida por Kutxabank después de ser rescatada con fondos públicos. Un desastre que, en su mayor parte, se debió a la gestión personalista y dictatorial de Miguel Castillejo.

Como tampoco existen buena parte de las empresas, y sobre todo negocios basados en pelotazos inmobiliarios, que él financió. No hay que olvidar que la economía cordobesa, que él se jactaba de controlar y poco menos que diseñar, ha sido considerada siempre como una de las mayores mecas del dinero negro de España. Y la economía española se caracteriza por el excesivo peso de su economía sumergida.

Una década después de su retiro, las 'hazañas' de Castillejo quedan ya muy atrás. Pero no así sus consecuencias para miles de cordobeses, que todavía esperan que alguien les explique por qué perdieron sus trabajos, y sus negocios, levantados, en muchos casos, con toda una vida de esfuerzo, y el yugo financiero, eso también, de la Cajasur de “don Miguel”.

En la solapa de la hagiografía (ver foto) publicada poco después de su jubilación, el político andaluz, y su contemporáneo, Manuel Clavero Arévalo, concluye su corto texto de alabanza con un “si don Miguel no hubiera resistido sin desmayo, Cajasur hoy no sería de la Iglesia”. Y ya no lo es. Su poderosa Cajasur apenas sí sobrevivió diez años. Miguel Castillejo se va, se ha ido, sin dejar más legado que el de una economía cordobesa arrasada por esa misma burbuja inmobiliaria que el tanto contribuyó a hinchar con su vieja política de favores cobrados y por cobrar.

El objetivo del Ayuntamiento de Córdoba de lograr pisos vacíos en manos de los bancos para alojar a familias sin vivienda está a punto de hacerse realidad. Las negociaciones abiertas entre la Oficina Municipal de la Vivienda y varias entidades bancarias ya están plasmadas en un borrador de convenio que el Consistorio quiere acelerar al máximo para que las familias que no cuentan con un techo sean realojadas lo antes posible. Será la manera de formalizar un mecanismo de trabajo que, en varios casos aislados, ya ha dado resultado con el alojamiento de tres familias en viviendas de bancos.

Así, desde la Oficina Municipal de la Vivienda se han producido negociaciones con entidades como CajaSur y La Caixa, por un lado, y también con el denominado ‘banco malo’, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), según fuentes próximas a la negociación.

El resultado ha sido la puesta a disposición, por parte de CajaSur y La Caixa de varias decenas de viviendas –a falta de concretar la cifra última en el convenio final podrían rondar las sesenta- que seguirán en propiedad de los bancos y bajo su gestión, y cuyo destinatarios serán las familias sin un techo con las que trabaja la Oficina Municipal de la Vivienda. La designación de las familias con necesidad de vivienda y supervisadas por los servicios sociales municipales hará posible que, finalmente, éstas cuenten con un piso en alquiler social.

El borrador de los convenios con ambas entidades se encuentra ya en fase avanzada después de las sucesivas reuniones desde el pasado verano en las que Ayuntamiento y bancos han establecido las posibilidades para llegar a un acuerdo final. Un borrador cuyas condiciones sigue el modelo con el que ya trabajaba en otros territorios La Caixa y que ha sido ahora planteado en Córdoba y sirve de guía también para el trabajo con otras entidades.

La negociación con la SAREB va, en cambio, por otro camino. Tras una primera reunión, el ‘banco malo’ ha ofrecido menos de una decena de viviendas al Ayuntamiento que, de llegar a un acuerdo, debería hacerse cargo de la gestión de éstas mediante un convenio por un período de entre tres y cuatro años. Las pretensiones del Ayuntamiento en este caso pasan por que se pueda ampliar el número de viviendas ofrecidas por la SAREB que en la capital rondan la cuarentena.

Petición de más viviendas

Porque el número exacto de viviendas en manos de las entidades bancarias es menor del que se pueda suponer, ya que en los últimos tiempos se han ido deshaciendo de ellas y vendiéndolas a fondos inmobiliarios, con los que no es posible la negociación directa como con los bancos.

“Valoramos el hecho de que poco a poco vayamos consiguiendo viviendas”, ha señalado sobre estas negociaciones el concejal responsable de la Oficina, Rafael del Castillo, quien no obstante critica la actitud de la SAREB ante la petición del Ayuntamiento: “Esperábamos más viviendas”, dice sobre la disposición del ‘banco malo’ a ofrecer pisos para familias sin un techo que, no obstante, esperan aumentar con el tiempo.

Así las cosas, los borradores de convenios están siendo estudiados por los servicios jurídicos de las entidades para ultimarlos, los listados de inmuebles vacíos propiedad de los bancos ya están en manos de la Oficina Municipal de la Vivienda y ésta, a su vez, gestiona un listado de familias sin un techo donde vivir.

En su primer mes de vida- entre finales de septiembre y finales de octubre-, la Oficina Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Córdoba ha atendido a 56 familias, ha resuelto ya once casos a los que ha facilitado una vivienda y ha aplazado un total de trece desahucios.

Definitivamente, las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios de Cajasur eran abusivas. Así lo ha dictaminado la Sala Primera del Tribunal Supremo al tumbar el recurso que interpuso Cajasur ante el alto tribunal contra la sentencia previa del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba que declaraba nulas las cláusulas suelo por falta de transparencia.

Entonces –en 2013- y tras aquella primera sentencia del Juzgado de lo Mercantil, la entidad financiera ya interpuso un primer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba que lo desestimó señalando que “la cláusula analizada no es plenamente transparente” y, sin embargo, era un “elemento definitorio del objeto del contrato” de las hipotecas. Pese al pronunciamiento en contra de la Audiencia Provincial, Cajasur siguió el camino judicial en este caso y elevó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, recurso que ahora ha sido igualmente desestimado, ratificando así la nulidad de las cláusulas suelo.

Según ha señalado en una nota el Tribunal Supremo, la Sala Primera reunida en Pleno ha desestimado así el recurso de Cajasur, que pretendía que se rectificara la doctrina de la propia sala sobre la nulidad de las cláusulas suelo por abusivas, ya que el alto tribunal ya dictó sentencia en su momento declarando abusivas las cláusulas suelo incluidas en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria de entidades como Cajamar, BBVA y Caixa Galicia.

Ahora, la sentencia del Supremo sobre Cajasur, a la espera de su difusión, hará imposible definitivamente que esta entidad financiera dé marcha atrás en un proceso judicial que ya le obligó en 2013 a dejar de cobrar el recargo en las hipotecas de quienes en su día firmaron una cláusula suelo del 3% o 4% y un techo de 12%.

De hecho, entre los fundamentos jurídicos en los que se apoya la sentencia que ahora sale adelante definitivamente, se considera que la relación entre cláusula suelo y techo creaba un desequilibrio sustancial en los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Porque la cláusula suelo ha sido la principal responsable de que la progresiva reducción del euríbor -el principal índice de referencia de las hipotecas de tipo variable- no se hubiera traducido en la práctica en una bajada generalizada de las cuotas mensuales de los préstamos hipotecarios.

Posibilidades de devolución de lo cobrado de más

La declaración de nulidad de las cláusulas suelo de Cajasur obligó a la entidad en noviembre de 2013 a dejar de cobrarlas a unas 20.000 familias tras el auto emitido por el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba. La entidad financiera acató entonces la sentencia y la ejecutó provisionalmente, aludiendo siempre a la “temporalidad” de la medida en tanto presentaba el recurso ante el Tribunal Supremo. De hecho, Cajasur señaló entonces que la “aplicación de la sentencia es provisional a todos los efectos”, recordando el recurso ante el Tribunal Supremo que ha quedado desestimado ahora. Y seguía defendiendo, asimismo, que sus cláusulas “son claras, transparentes y perfectamente válidas”.

Ahora, cuando se emita la sentencia del Tribunal Supremo, las familias afectadas van a estudiar las posibilidades existentes para que les sea devuelto lo cobrado de más basándose en las cláusulas declaradas nulas definitivamente.

Estas familias, representadas tanto en la plataforma Stop Desahucios Córdoba como por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) –que solicitó al juez que se dejaran de cobrar las cláusulas-, ya pidieron en su momento que la entidad financiera no recurriera ante el Tribunal Supremo la sentencia y explicaban que estas cláusulas suelo de las hipotecas eran “una condición general de la contratación de carácter abusivo”, pues era “incorporada de manera generalizada por la entidad financiera a los préstamos hipotecarios sin posibilidad de negociación”.

La estampa de la acción de este lunes de la plataforma Stop Desahucios tenía un paisaje muy distinto al habitual. Como otras tantas veces, sus integrantes se arremolinaban a las puertas de una vivienda para parar la orden de desalojo de una familia de su casa, pero en esta ocasión, se trataba de un chalé adosado en una de las mejores zonas de Córdoba.

Es la vivienda de Charo y Francisco, un empresario que sufrió los estragos de la crisis y vio cómo su empresa de distribución de productos helados se fue a pique. Antes, para intentar mantenerla a flote, pidió un préstamo a BBK Cajasur y tuvo que poner su casa como aval para que le dieran ese crédito. Pero en 2012 la empresa quebró, Francisco dejó de pagar su deuda con el banco, se abrió el concurso de acreedores y se decretó finalmente la liquidación de la empresa, proceso no resuelto aún.

“Cajasur no esperó a que el juez certificase los activos de la empresa, que multiplican por tres mi deuda, para cobrársela de ahí sino que han venido directamente a quitarme mi casa”, denuncia Francisco. Junto a su mujer, en el amplio salón de su casa ya adornada para la Navidad, esperaban inquietos el desenlace. Explican que nunca habían podido imaginarse llegar a esta situación, a perder su vivienda, cuando hasta hace solo unos años Francisco dirigía una firma con una nave en un polígono industrial, una flota propia de camiones para la distribución y una plantilla de más de 40 empleados.

Pero poco antes de que se cumpla la hora establecida para el desalojo -11.00h-, una llamada de su abogada anunciando que la juez ha decretado la suspensión cautelar del desalojo les hace estallar de alegría y emoción. Una alegría que salen a compartir con los activistas de Stop Desahucios que a las puertas de su casa esperan noticias.

El “sí se puede”, vuelve a oírse una vez más pero esta vez en las calles de una urbanización de chalets. “Los problemas son los mismos en este barrio que en otro. Las personas somos las mismas y nuestros derechos son los mismos”, les dice Francisco a los que a partir de ahora considera sus compañeros de lucha. “En estos días me habéis demostrado lo que nunca me ha demostrado nadie. Contad conmigo. Ahora yo voy a estar el primero luchando con vosotros”, les agradece a quienes ya llevan años trabajando contra los desahucios.

Negociar con el banco para no perder su casa

Este empresario y su mujer –que se enfundan en una camiseta de Stop Desahucios y gritan el “sí se puede” como prueba de su compromiso con la plataforma- tienen ahora por delante unos meses. La jueza deberá resolver si cumplen los requisitos para acogerse a la moratoria de dos años que establece la ley en los desahucios. Su abogada está convencida de que sí pero, aunque la decisión fuera negativa, tienen por delante al menos dos o tres meses -antes de que se señale nueva fecha de desalojo- para intentar negociar con el banco.

“Queremos abrir un proceso de negociación con Cajasur”, explica uno de los portavoces de Stop Desahucios, Rafael Cidres, de manera que el banco pueda cobrarse su deuda de los activos de la empresa en extinción y no con la vivienda familiar como ha pretendido ejecutar ahora.

“Trabajamos para que ninguna familia pierda su casa. Y en este caso lo hacemos como en el resto. Francisco y Charo nos tienen a su lado”, les dice. Y es el propio Francisco, emocionado aún, quien da la clave de la situación: “Mi casa vale 700.000 euros y es un caramelito para el banco quedarse con ella por una deuda muy inferior”.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves la ratificación de la sanción de 18.000 euros que el Banco de España impuso en el año 2010 al alcalde de Córdoba y presidente del PP provincial José Antonio Nieto, junto al resto de miembros de la cúpula de Cajasur de entonces tras la intervención de la caja.

Según aparece en el Boletín Oficial del Estado y recoge el blog El BOE nuestro de cada día la sanción impuesta a Nieto se impuso al considerar el Banco de España que cometió –junto al resto de ex consejeros de la caja sancionados- “infracciones muy graves vinculadas a la falta de control interno de los riesgos a los que se sometió a la entidad” Cajasur. El actual alcalde de Córdoba recurrió en los tribunales la sanción pero ahora, tras no prosperar su recurso ante la Audiencia Nacional, la multa ya es firme.

El texto del BOE señala la decisión de “imponer” al amparo de la legislación sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito “una sanción de multa por importe de dieciocho mil euros (18.000 euros), por la comisión de la infracción muy grave” a José Antonio Nieto por “deficiencias en la organización administrativa y contable, o en procedimientos de control interno, incluidos los relativos a la gestión de los riesgos” poniendo “en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad” financiera.

La sanción a Nieto se incluye en el conjunto de multas que en abril de 2011 impuso el Banco de España a 38 miembros de la cúpula directiva de Cajasur, a los que se castigaba por no controlar el riesgo de insolvencia de la caja, por desobedecer las directrices del propio Banco de España y también –a los que lo hicieron- por votar en contra de la fusión de Cajasur con Unicaja, después de lo cual la entidad cordobesa tuvo que ser intervenida. El FROB inyectó en la entidad más de 500 millones de dinero público y, finalmente, BBK compró la caja andaluza.

Miembros de la Iglesia y más políticos sancionados

Así, los miembros de los últimos consejos de administración de la extinta caja de ahorros fueron sancionados desde su entonces presidente, Santiago Gómez, con 155.000 euros y su vicepresidente, Fernando Cruz-Conde, con otros 122.000 euros, ambos miembros de la Iglesia.

En el plano político, en marzo pasado también fue ratificada y publicada en el BOE la multa impuesta al actual presidente del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Luis Martín, multado con 20.000 euros. También son firmes ya las multas a los membros del consejo de administración por parte del PSOE, IU y sindicatos, como es el caso del senador socialista por Córdoba, Juan Pablo Durán, o el ex alcalde de la ciudad Andrés Ocaña.

La publicación de estas sanciones en el BOE se han ido produciendo conforme se han hecho firmes, ya que todos los multados decidieron acudir a los tribunales para recurrir esa decisión. La Audiencia Nacional ha ido desestimando así, uno a uno, todos los recursos presentados.

A primera hora de la mañana de este viernes, una cincuentena de personas se arremolinaba en la puerta de la casa donde vive María del Mar. Ella, separada y con tres hijos de 3, 14 y 16 años, esperaba que llegara la comisión judicial con una orden de desalojo que dictaba el 19 de septiembre como fecha para que abandonara la casa donde, desde hace tres meses, viven.

Stop Desahucios había convocado a sus miembros para conformar una barrera humana y parapetar así a María del Mar en la casa. Mientras, el equipo jurídico de los activistas antidesahucios se personaba en los juzgados de Córdoba para tratar de revertir la situación, lograr un acuerdo e impedir que la orden de desalojo llegara finalmente. Y así ha sido. “Tu lanzamiento ha sido parado”, le han comunicado a esta mujer. “Sí se puede”. Es lo que han vitoreado las personas reunidas en solidaridad con María del Mar, al conocer que el juez había accedido a paralizar el desahucio. Al menos, de momento.

Y es que este caso no es el de un simple lanzamiento por procedimiento de ejecución hipotecaria. María del Mar ocupó con sus hijos hace tres meses esta vivienda vacía de un barrio del sur de Córdoba. Sin más ingresos que la pensión alimenticia de los menores -que suma 450 euros-, la alternativa que esta mujer encontró, ayudada por Stop Desahucios, fue la de entrar a vivir en esta casa vacía. Pero estando ya allí, el pasado 25 de julio, recibió la visita de una comisión judicial que iba a notificar la orden de desahucio a los anteriores propietarios de la vivienda, ahora en manos de Cajasur. En ese momento, María del Mar fue identificada como “ocupante” de la casa y sus datos quedaron en manos del juzgado. Ahora, dos meses después, una nueva orden de desalojo se había dictado de nuevo a nombre de los antiguos propietarios del inmueble pero también a nombre de María del Mar, que es quien vive allí.

Ahora, con la paralización lograda este viernes por Stop Desahucios, esta mujer y sus tres hijos mantienen la esperanza de tener un techo para vivir. Este viernes el juez ha decretado un plazo de diez días para que Cajasur ratifique o no su denuncia para seguir con el proceso de lanzamiento, un tiempo que la plataforma de activistas antidesahucios quiere aprovechar “para intentar negociar con el banco y buscar una solución”, explica Rafael Cidres, portavoz de Stop Desahucios.

En búsqueda de un alquiler social

“Hasta ahora, el banco se negaba a negociar argumentando que no estaban en posesión de la vivienda porque allí vive María del Mar. Pero sí son los propietarios. Y es con ellos con quienes tenemos que hablar para intentar negociar y buscar una solución antes de echar a la calle a esta mujer y sus hijos”, relata Cidres.

La solución sería, la de negociar un alquiler social que María del Mar pudiera pagar para seguir viviendo en ese inmueble. “Ahora hay que ver la voluntad de negociar que va a tener el banco, porque solución sí hay”, dicen desde Stop Desahucios.

María del Mar, emocionada y muy agradecida a todos las personas que esta mañana se han reunido para evitar su desahucio -“gracias y gracias” repetía-, ha explicado de una manera sencilla su situación: “No me quiero ir de aquí”. Sola, no va a estar: “Si la echan a ella nos tendrán que echar a todos”, comentaban algunos de los presentes que han vuelto a comprobar que su lema, `Sí se puede´, sigue vigente.

“Yo no quería llegar a esto”. Montserrat Rodríguez tiene 49

años y una minusvalía reconocida del 71%. Ha pasado varios procesos de cáncer y

distintas operaciones; la última, hace poco más de un mes, del corazón. No

tiene trabajo y su único ingreso es una pensión por enfermedad de 364 euros al

mes. Un dinero insuficiente para pagar una vivienda sin dejar de adquirir

alimentos, ropa o lo mínimo para vivir. Después de recurrir a Cáritas para que

le abonara los dos últimos meses del alquiler de la casa en la que vivía y que

tuvo que abandonar, al salir del quirófano tras una de sus operaciones se vio

sin un techo: “Salía de Reina Sofía (Hospital Universitario de Córdoba) y me

veía en la calle“.

Ante esa situación, Montserrat entró a vivir en una vivienda

vacía propiedad de Cajasur y este jueves se ha sentado ante el juez de

instrucción imputada por un delito de ocupación.

“No podía comprar comida y pagar el alquiler. Recurrí a Cáritas que me

ayudaba con una tarjeta para el economato. Pero un ángel caritativo me llamó un

día y me dijo que en tal calle había una vivienda abierta para mí“, explica

Montserrat, emocionada, antes de entrar en los juzgados de Córdoba. “Ese ángel

éramos todos, Monsterrat“, dice Rafael Carmona, portavoz de Stop Desahucios, en

nombre de los integrantes de la plataforma que han acompañado a esta mujer a su

cita con el juez, para mostrarle su apoyo y denunciar públicamente su situación.

“Nadie puede vivir en la calle, pero menos puede hacerlo

Montserrat con su enfermedad. Tiene todos los requisitos para no

estar en la calle en ningún momento; su cuadro clínico así lo dice. Es una

aberración pasar por los juzgados por esto“, dicen los activistas

antidesahucios.

Porque, además, esta mujer lleva solicitando una vivienda

social desde hace siete años. “Es demandante de vivienda pública desde antes de

2007, reiterada en 2009 y, por último, el año pasado“, explican para denunciar

a continuación que “los máximos responsables directos de esta situación son los

bancos pero también las administraciones“, apunta Carmona. ”¿Dónde están las

administraciones responsables para atender las necesidades de nuestra

compañera. No podíamos permanecer parados ante tamaña afrenta. No podíamos

dejarla sola“.

Siete años demandando una vivienda pública

Siete años demandando una vivienda pública

“Llevo siete años pidiendo una vivienda a Vimcorsa (empresa

municipal de vivienda de Córdoba) y a la Junta de Andalucía“, cuenta Montserrat. ”La Ley

de Dependencia la tengo aprobada pero desde hace tres años no me la abonan

porque dicen que no hay dinero“, denuncia.

“Yo no quería llegar a esto”, repite

entre lágrimas sobre la ocupación de su actual vivienda y su situación

personal.

Con ella vive su pareja, también en paro, quien junto a otros

familiares la atienden para realizar las tareas en casa: “Yo no puedo hacerlo

sola, tienen que ayudarme“.

Su situación personal es el argumento que tiene para

enfrentarse al juez que instruye el caso tras la denuncia por un delito de

ocupación. Y en ese trance, desde Stop Desahucios, esperan que “la justicia dé

prioridad a su situación de emergencia antes que a la sinrazón. Creemos que es

posible que la justicia entienda eso y busque los vericuetos legales posibles“,

dice el portavoz de la plataforma.

Y en su argumentación, los activistas antidesahucios ponen

el foco en el caso de Montserrat para denunciar el incumplimiento de los

derechos humanos básicos como el de la vivienda y la Constitución, en este caso como en el de decenas de familias. “Exigimos la

revisión de todos los procedimientos (de desahucio) que han puesto en la calle

a cientos de familias cordobesas y las animamos a que vuelvan a sus casas. Si

así lo deciden contarán con nuestra ayuda y apoyo“, advierten desde Stop

Desahucios para dejar claro que, si en su mano está, no van a dejar sin un techo a ninguna persona desahuciada por no poder pagar su vivienda.

Los 2.100 trabajadores de Cajasur ya conocen cómo afectarán a

la plantilla las pérdidas de ingresos de la entidad financiera por la ejecución

del fallo judicial que le ha obligado a eliminar las cláusulas suelo de parte

de sus hipotecas. En una reunión, los representantes de los trabajadores han

sido informados de la propuesta del banco, que plantea recortes salariales,

bajas voluntarias y reducciones de jornada para, aseguran, amortiguar la falta de los

ingresos por las cláusulas suelo eliminadas.

Así, las medidas propuestas por el banco y transmitidas a sus

trabajadores pasan por reducciones salariales temporales de entre un 2% y un

15%, bajas voluntarias incentivadas, reducciones de jornada de un 50% durante

tres años, suspensiones de contrato temporales voluntariamente y suspensiones

de la aportaciones al plan de pensiones durante 2014, según han informado fuentes

sindicales tras la reunión.

Esta serie de medidas con repercusión salarial y laboral

sobre los empleados de Cajasur se plantean tras haber valorado el banco en 3,3

millones de euros el coste total que solo en este mes de noviembre –primer mes

completo en el que se aplica la eliminación de las cláusulas- dejará de percibir por este concepto según les obliga una sentencia judicial.

No se plantean despidos

No se plantean despidos

Así las cosas, en este momento no se han planteado los despidos que los sindicatos temían tras el anuncio de Cajasur de un ajuste laboral por las pérdidas de ingresos en sus hipotecas. Y es que éste era un

compromiso que los representantes de los trabajadores habían exigido al banco

para sentarse en la mesa de negociación tras la primera reunión mantenida la

pasada semana donde se les comunicó que se aplicarían recortes en la partida de

personal.

Desde Aspromonte

-el sindicato mayoritario en Cajasur- han mostrado su optimismo porque la

entidad bancaria “ha descartado totalmente

adoptar cualquier tipo de medida que suponga destruir empleo en CajaSur“.

En este sentido, la plantilla de trabajadores ya sufrió

cerca de 700 despidos cuando la caja cordobesa fue absorbida por el grupo

Kutxabank. Y en los últimos cuatro años, los empleados actuales han visto

congelados sus salarios y eliminadas varias pagas.

Cabe recordar que, a primeros de este

mes de noviembre, se dio a conocer que Cajasur dejaría de aplicar de inmediato

las cláusulas suelo de unas 20.000 hipotecas tras obligarle a ello el Juzgado

de lo Mercantil de Córdoba que emitió un auto desestimando el recurso de la

entidad financiera contra la ejecución de esta medida, contemplada en una

sentencia anterior. http://www.eldiario.es/andalucia/Cajasur-aplicar-clausulas-suelo-hipotecas_0_193530707.html

La ejecución del fallo judicial que ha obligado a Cajasur a

eliminar las cláusulas suelo de parte de sus hipotecas tendrá consecuencias

laborales. Así se desprende de la comunicación mantenida por la entidad

bancaria con representantes de los trabajadores en una reunión esta misma semana

en la que Cajasur, según fuentes sindicales, comunicó que se aplicarán recortes

en la partida de personal.

Cajasur -hoy propiedad del grupo vasco Kutxabank- ha valorado en 3,3 millones de euros el coste

total que en este mes de noviembre –primer mes completo en el que se aplica la

eliminación de las cláusulas- dejará de

percibir por este motivo y pretende, según han informado los sindicatos,

repercutir esa bajada de ingresos en la plantilla del banco que actualmente es

de 2.100 trabajadores.

Ante esa notificación, los sindicatos han solicitado datos detallados sobre el reajuste que el banco afirma que debe hacer en sus cuentas y

esperan mantener una reunión la próxima semana para conocer de primera mano el

plan de reajuste laboral de la plantilla. Hasta el momento, no ha trascendido

si éste se llevaría a cabo mediante reducciones de jornada, un Expediente de

Regulación Temporal de Empleo o alguna otra vía.

Cabe recordar que, a primeros de este

mes de noviembre, se dio a conocer que Cajasur dejaría de aplicar de inmediato

las cláusulas suelo

de unas 20.000 hipotecas tras

obligarle a ello el Juzgado de lo Mercantil de

Córdoba

que emitió un auto desestimando el recurso de la entidad financiera

contra

la ejecución de esta medida, contemplada en una sentencia anterior del

mismo

juez.

El banco deja de ingresar 3,3 millones de euros

El banco deja de ingresar 3,3 millones de euros

Cajasur

comunicó entonces públicamente que “en virtud de la

decisión

del juzgado, la entidad ya ha empezado a ejecutar provisionalmente la

sentencia, por

lo que deja de aplicar

temporalmente algunas cláusulas suelo incluidas en

los

préstamos hipotecarios suscritos con unas cláusulas que prevén un suelo del 3%

o

4%, y un techo del 12%.

Y una vez hechos sus

números sobre la eliminación de las cláusulas suelo en esas hipotecas, la

entidad financiera emitió un comunicado para explicar el perjuicio que esto

ocasionaría en sus cuentas. “Se estima que con la actual cotización del índice

de referencia mayoritariamente utilizado en esos contratos, euribor a un año,

la aplicación de esta medida a la cartera hipotecaria afectada por la

sentencia, producirá una reducción del beneficio antes de impuestos en el mes

de noviembre inferior a 3,3

millones de euros. En meses sucesivos el impacto dependerá de la evolución del euribor

a un año“, indicó Cajasur.

Los cálculos señalan que, al año, la eliminación de las

cláusulas suelo abusivas puede llegar a restar unos 36 millones de euros a las arcas

de Cajasur. Y si, como ha manifestado a los trabajadores, la entidad mantiene

su idea de repercutir la mitad de ese coste en la plantilla, el reajuste sobre

los empleados es algo que ya temen los sindicatos.

Contra ello se ha

manifestado ya el sindicato mayoritario en Cajasur, Aspromonte, desde donde han

señalado que no se van a sentar a negociar con la entidad: “si nos van a hablar

de destrucción de empleo, que no nos llamen“.

UGT da por hecho que habrá despidos

UGT da por hecho que habrá despidos

Llegados a este punto, desde UGT se ha dado ya por hecho que habrá próximos despidos en la entidad como

consecuencia de las repercusiones económicas que tendrá en la cuenta de

resultados de este banco del Grupo Kutxabank la eliminación de la cláusulas

suelo en buena parte de sus préstamos hipotecarios.

En un comunicado a través

de la web del sindicato

, el responsable de Comunicación de la Federación de Servicios de

UGT-Andalucía, Aurelio Barreda, ha señalado que “la alta dirección de

CajaSur, que es quien decide las condiciones de las hipotecas, no va a pagar el

tema. Como siempre, se pretende que los más débiles, en este caso los

trabajadores, paguen algo que ellos no han hecho. La alta dirección seguro que

seguirá teniendo los mismos privilegios, con los mismos salarios

multimillonarios“.

A su juicio, los

trabajadores de CajaSur “ya están pagando bastante la crisis que ellos no

han creado, ni los problemas de la entidad los han creado ellos, sino los altos

directivos“, pero recuerda que es a los empleados, ”a los que han quitado dos

pagas extra, tienen desde hace cuatro años los salarios congelados y les han

quitado los complementos“, además que ya fueron despedidos casi 700

trabajadores cuando la caja cordobesa fue absorbida por el grupo Kutxabank.

Cajasur dejará de aplicar de inmediato las cláusulas suelo

de unas 20.000 hipotecas tras obligarle a ello el Juzgado de lo Mercantil de

Córdoba que ha emitido un auto desestimando el recurso de la entidad financiera

contra la ejecución de esta medida, contemplada en una sentencia anterior del

mismo juez.

Así, Cajasur se ha apresurado a comunicar públicamente que “respeta

y acata siempre las decisiones judiciales“ y, por ello, ”en virtud de la

decisión del juzgado, la entidad ejecutará provisionalmente la sentencia, por

lo que dejará de aplicar temporalmente algunas cláusulas suelo“ incluidas en

los préstamos hipotecarios suscritos con unas cláusulas que prevén un suelo del 3% o

4%, y un techo del 12%.

Esta reacción se produce al conocerse que el

Juzgado de lo Mercantil de Córdoba ha

emitido un auto en el que se ordena la ejecución provisional de la eliminación

de las cláusulas suelo de la entidad para más de 20.000 clientes, desestimando

así el recurso que en su momento presentó Cajasur contra esta medida recogida en una sentencia de Primera Instancia.

En septiembre pasado, fue la Asociación de

Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) la que pidió al juez que ordenase

dejar de cobrar la cláusula suelo en las hipotecas afectadas, contra lo que la

entidad financiera presentó el recurso que ahora se ha desestimado.

Fuera del marco jurídico, Cajasur ha venido a explicar que, en estos momentos, “se

encontraba ya estudiando de modo personalizado la situación particular de cada

uno de los titulares de préstamos que recogieran estas cláusulas“, dentro de lo

que desde la propia entidad financiera denominan una “nueva etapa” tras quedar la caja cordobesa en manos del Grupo Kutxabank y

haber nombrado a interlocutores con colectivos como Stop Desahucios.

Recurso ante el Supremo

Cajasur, sin embargo, guarda aún la carta del recurso que presentó ante el Tribunal Supremo contra la eliminación de las cláusulas suelo en sus hipotecas.

De hecho, el banco ha recordado que la actual “aplicación de la sentencia es

provisional a todos los efectos, y que existe planteado un recurso en casación

ante el Tribunal Supremo“.

En ese mismo sentido, la entidad bancaria sigue

defendiendo que sus cláusulas “son

claras, transparentes y perfectamente válidas“ y confía en el recurso planteado ante el

Tribunal Supremo porque, como reiteran, “la ejecución de la sentencia es

meramente con carácter provisional“.

El obispo defiende a los directivos del consejo de Cajasur, que fueron "personas íntegras" que hicieron "lo mejor que pudieron y supieron".

El obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha querido relativizar la multa impuesta por el Banco de España por la gestión en Cajasur a los directivos, entre ellos él mismo. “Trabajamos como se pudo en esas circunstancias con una grandísima honestidad e integridad personal”, ha asegurado en una rueda de prensa en Bilbao.

Iceta ha recordado que hasta 2004 la caja andaluza era propiedad de la Iglesia, en concreto del Cabildo Catedralicio de Córdoba, pero que desde entonces su participación quedó en el 33% con la entrada de instituciones de “todo tipo”. En los cuatro años que estuvo en el consejo de administración, ha asegurado que sus directivos fueron “personas íntegras que miraron por el bien de la Caja” y lo hicieron “lo mejor que pudieron y supieron” durante la crisis económica iniciada en 2008.

“Antes había 50 cajas en España y ahora solo quedan diez”, ha precisado el obispo, quien ha añadido que Cajasur “no fue la única a la que le vino toda la crisis económica e inmobiliaria”.

El Banco de España considera que los gestores de la caja andaluza -ahora propiedad de Kutxabank- cometieron entre 2005 y 2010 infracciones muy graves, como la falta de mecanismos de control de riesgos por exposición al sector inmobiliario.

El obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha sido sancionado por el Banco de España con una multa de 30.000 euros por su participación en la gestión Cajasur hasta su intervención por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), según publica el Boletín Oficial de Estado. El Banco de España abrió un expediente sobre Cajasur y en 2011 propuso sancionar con 2,4 millones de euros a 38 exdirectivos y exconsejeros de la caja cordobesa, la mayoría sacerdotes, aunque también a catorce destacados miembros del PSOE, el PP e IU en Córdoba.

Según el regulador bancario, los gestores de Cajasur, entidad controlada entonces por el Cabildo Catedralicio de Córdoba y ahora propiedad de Kutxabank tras ser saneada y vendida por el Frob, cometieron entre 2005 y 2010 tres infracciones muy graves y una grave. Esas cuatro infracciones consistieron en la deficiencia de los mecanismos de control de riesgos por exposición al sector inmobiliario, el incumplimiento del plan de actuación para la fusión con Unicaja y el de los coeficientes de solvencia, así como el exceso de concentración inversora en tres grupos empresariales.

El Banco de España propuso por ello sanciones por 2,4 millones a 38 exidirectivos de Cajasur, entre ellos Mario Iceta, que recibió una de las sanciones de menor cuantía, 30.000 euros, unas multas que fueron confirmadas por el ministerio de Hacienda en enero de 2012. El obispo de Bilbao, cargo para el que fue nombrado en agosto de 2010, recurrió la sanción y el pasado junio la sección Sexta de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó el recurso de Iceta.

Mario Iceta, que tiene un máster en Economía por la Fundación Universidad Empresa de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, terminó los estudios de Teología en el seminario de Córdoba, diócesis en la que comenzó a ejercer y en la que desempeñó diversos cargos pastorales como párroco, Vicario Episcopal y Canónigo penitenciario antes de ser nombrado obispo de Bilbao. El pasado jueves el BOE publicó las multas del Banco de España a a otros trece exconsejeros y exdirectivos de Cajasur por un importe que asciende a 443.000 euros.

El 6 de febrero de 2008 Iceta fue nombrado obispo auxiliar de Bilbao y se despidió de su Córdoba adoptiva. CajaSur quedaba atrás y, a partir de ese momento, sus preocupaciones serían otras.

En abril de 2011, el Banco de España impuso 2,41 millones en multas a 38 exdirectivos de Cajasur, la entidad cordobesa que tuvo que ser intervenida. Tras varios recursos para esquivar la sanción, llegan las primeras confirmaciones y, con ellas, la aplicación definitiva de la decisión del Banco de España.

El BOE de este jueves recoge una de esas sanciones en firme. Se trata de la multa por infracción muy grave a Miguel Contreras Manrique, vocal en el último consejo de administración de la caja. Una vez que la Audiencia Nacional desestimó su recurso el pasado 26 de febrero, deberá pagar 39.000 euros por las “deficiencias en los mecanismos de control internos” de la entidad.

¿A qué se dedica ahora el ex vocal de Cajasur? Es el director gerente de EMVISESA (Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla), una sociedad dependiente del ayuntamiento de la capital andaluza, dirigida desde mayo de 2011 por Juan Ignacio Zoido (PP), quien también es presidente del PP andaluz.

No es su primera relación con el PP. Miguel Contreras fue tesorero del partido en Andalucía.

Tras meses de acciones y protestas ante la falta de

interlocución con Cajasur para tratar las situaciones de las familias afectadas

por procesos de lanzamiento y embargo de sus casas, la Plataforma Stop

Desahucios ha conseguido que se abra al fin una vía de diálogo con la

entidad bancaria para tratar cada uno de los casos de las 80 familias afectadas

en Córdoba.

Así lo ha explicado a eldiario.es/andalucia el portavoz de

la plataforma, Rafael Blázquez, quien ha participado en dos reuniones con

Cajasur en la última semana tras nombrar la caja a un interlocutor para

sentarse a negociar con Stop Desahucios y los afectados, “caso a caso, familia

a familia“.

“Esto era por lo que

llevábamos meses y meses peleando“, ha explicado Blázquez, ya que para que Stop

Desahucios haya conseguido esta mesa de negociación con Cajasur han tenido que

llevar a cabo movilizaciones y protestas contra la entidad, encierros de familias

afectadas en sus oficinas de la entidad e incluso la “invitación” a colectivos,

asociaciones y personas a título individual a cerrar su cuenta en la caja.

Ahora, con las dos reuniones mantenidas en la última semana

y una próxima cita fijada para inicios de septiembre, “se puede decir que ya

hay un calendario (de negociaciones), familia por familia, con la plataforma como

parte y solucionando las situaciones“ de los afectados, indica Blázquez.

“Va a ser un proceso lento”

“Va a ser un proceso lento”

Guardando prudencia y discreción sobre los casos de familias

ya tratados con Cajasur, para “velar por el éxito” de la negociación, desde

Stop Desahucios ven con “optimismo” la vía de diálogo abierta “para seguir

avanzando por este camino“. ”Vemos soluciones factibles y deseables para las

familias que es para lo que estamos trabajando“, añade y advierte que ”no hay

ningún obstáculo insalvable“.

Son conscientes, al mismo tiempo, de que la negociación con

Cajasur “va a ser un proceso lento porque son bastantes familias”. Pero, esperan que, como ya ha ocurrido con

otros bancos, la relación entre Stop Desahucios y Cajasur alcance una “situación

normalizada“ mediante esta nueva vía de diálogo.

Así, calculan que “entrado el otoño se va a ver

claramente si podemos encauzar todos los casos por esta vía de negociación“,

señala Blázquez. Y como anticipo de ello, antes incluso de que llegue

septiembre, esperan encontrar final para dos de los casos ya tratados en la reunión de este

lunes.

De este modo, la negociación con Cajasur se abre después de

unos intensos meses de protesta de Stop Desahucios

contra esta entidad, con

actos reivindicativos dentro y fuera de las oficinas de la caja, para lograr

una interlocución válida y con capacidad de negociación con las familias

acompañadas siempre por los abogados que asesoran a la plataforma.

Tan sólo hace diez días desde que Cajasur cedió a la vía del

diálogo y nombró a un interlocutor para encargarse de la negociación con Stop

Desahucios que, desde entonces y como señal de buena voluntad, ha dejado aparcadas

sus acciones de protesta contra la entidad.

Protestas contra Banesto-Santander

Protestas contra Banesto-Santander

Estas acciones, sin embargo, sí han seguido realizando frente a

situaciones de “acoso continuado” que la plataforma Stop Desahucios ha

denunciado días atrás por parte de Banesto-Santander a afectados a los que “se

realizan llamadas continuas de amenaza para que se pongan al día del pago de su

hipoteca, visitas al domicilio exigiendo el pago (…) e intimidando al afectado“, señalan desde la plataforma.

En este caso y tras una acción de protesta de Stop

Desahucios frente a una oficina de Banesto-Santander en Córdoba, la plataforma logró reunirse entonces con un representante de la entidad y concertar una reunión para

este miércoles entre el banco y la familia afectada por el caso denunciado, con el fin de negociar una posible solución a su situación.

La entidad financiera Cajasur ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 1 de y confirmada por la Audiencia Provincial de Córdoba por la que se condenaba a la caja de ahorros a eliminar la cláusula suelo incluida en sus préstamos hipotecarios.

Fuentes cercanas a Cajasur han confirmado a Eldiario.es/Andalucia que la entidad financiera cumple de esta manera lo previsto cuando recibió la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba y desoye las peticiones realizadas por la plataforma Stop Desahucios y la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) para que no presentara recurso ante el TS.

La sentencia, dictada el pasado mes de mayo, desestimaba el recurso de apelación interpuesto por Cajasur contra la decisión tomada por el Juzgado Mercantil número 1 en noviembre de 2012 y señalaba que “la cláusula analizada no es plenamente transparente” siendo, sin embargo, un “elemento definitorio del objeto del contrato” de las hipotecas. Dicha sentencia dejaba claro que con la cláusula suelo, Cajasur consigue que “el contrato teóricamente a interés variable, se convierte en préstamo a interés fijo variable exclusivamente al alza”, lo que va en perjuicio de los consumidores.

De hecho, entre los fundamentos jurídicos en los que se apoya la sentencia recurrida ahora, se considera que la relación entre cláusula suelo y techo (del 3% y 4%, ambas con un techo del 12%) crean un desequilibrio sustancial en los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Y es que la cláusula suelo ha sido la principal responsable de que la progresiva reducción del euríbor, el principal índice de referencia de las hipotecas de tipo variable, no se haya traducido en la práctica en una bajada generalizada de las cuotas mensuales de los préstamos hipotecarios.

Reacciones de los afectados

Desde Stop Desahucios, aunque en los últimos días se daba por hecho que Cajasur presentaría este recurso, se ha pedido en reiteradas ocasiones la retirada de las cláusulas suelo sobre las que ya hay sentencia del TS declarando abusivas las cláusulas suelo incluidas en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria de Cajamar, BBVA y Caixa Galicia.

Desde la plataforma, que trabaja con 80 familias afectadas por procesos de desahucios con Cajasur en Córdoba, se considera que parte de las personas perjudicadas sí podrían pagar su hipoteca si se eliminan las cláusulas suelo y se evitaría así el inicio de nuevos procesos de ejecución hipotecaria.

Se da la circunstancia de que, tras meses sin negociación entre Cajasur y Stop Desahucios, la plataforma ha recibido una citación para la próxima semana donde mantendrán una reunión con un interlocutor nombrado por la entidad financiera para negociar sobre los casos de desahucios de personas con hipotecas en la misma.

Por su parte, Ausbanc ya pidió en su momento que la entidad financiera no recurriera la sentencia y explicaba que la cláusula suelo de las hipotecas de Cajasur era “una condición general de la contratación de carácter abusivo”, pues era “incorporada demanera generalizada por la entidad financiera a los préstamos hipotecarios sin posibilidad de negociación”.

Las medidas de presión realizadas por Stop Desahucios para

pedir que Cajasur nombrara un interlocutor que se siente a negociar con ellos sobre

los casos de las familias afectadas por procesos de lanzamiento de sus casas han dado resultado. La entidad ha señalado

a su responsable de recobros como la persona encargada de entablar una

negociación con la plataforma de afectados por procesos de desahucios que, en

Córdoba, suman unas 80 familias con casos abiertos con Cajasur.

Tras encierros en las oficinas de la entidad y haber “

invitado“ a colectivos, asociaciones y personas a título individual a cerrar sus

cuentas en Cajasur, los responsables de Stop Desahucios recibían este jueves –por

orden expresa de la dirección de la caja- la llamada de su nuevo interlocutor en la entidad

cordobesa para citarles a una reunión el próximo lunes con el fin de sentarse y

abrir la negociación.

“Entendemos que es un paso, es una batalla que ha comenzado”,

explica el coportavoz de Stop Desahucios en Córdoba, Rafael Cidres. “Nos lo tomamos

como una pequeña victoria, pero esto no ha terminado sino que no ha hecho más

que empezar. Estamos expectantes por ver

cómo transcurre la reunión“, añade.

Y es que esta cita con un interlocutor de Cajasur llega

después de meses “sin fruto” en los intentos por lograr una negociación con la

plataforma y las familias afectadas. De hecho, esta entidad bancaria “es la única que no

ha negociado con nosotros“, indican desde Stop Desahucios que, sin embargo, sí

han logrado en este tiempo interlocutores en otros bancos con los que se han llegado a

acuerdos sobre la dación en pago y el alquiler social.

Batería de medidas para la negociación

Batería de medidas para la negociación

Ante la reunión del próximo lunes, Stop Desahucios ha

preparado una “batería de mínimos” que empieza por que la negociación sea

colectiva y Cajasur tome a la plataforma como interlocutora junto a las familias.

“No vamos a permitir que las familias se sienten solas a negociar”, señala

Cidres para preservar al asesoramiento permanente que los afectados reciben a

través de ellos.

Junto a esto, la plataforma solicitará la paralización de

todos los procesos de desahucio de familias con préstamos hipotecarios de

Cajasur para tratar uno a uno cada caso, así como soluciones como la dación en

pago y el alquiler social para las familias que no pueden hacer frente a sus

hipotecas.

El alquiler social es también la medida que contemplan para

los casos de familias que ya han sido lanzadas de sus casas, en propiedad ahora

de Cajasur pero vacías, por lo que pedirán que puedan ser realojadas en ellas

mediante el pago de un alquiler razonable.

Asimismo, en esta batería de medidas, Stop Desahucios pedirá

la negociación del préstamo hipotecario de las familias afectadas “quitando las

cláusulas abusivas, especialmente las suelo“, afirma su coportavoz, recordando

que Cajasur ya fue condenada en mayo pasado por la Audiencia Provincial de Córdoba a

eliminar la cláusula suelo incluida en sus préstamos hipotecarios.

Gesto de buena voluntad

“No nos vamos a mover un ápice de estas medidas. Queremos

ver las buenas intenciones de Cajasur y que nos las empiecen a demostrar a

partir del lunes“, advierten desde Stop Desahucios, que toman la reunión con

precaución y explican que, llegados a este punto, “no tenemos miedo bajo ningún

concepto. Lo que no vamos a perder es

nuestra dignidad que es lo único que nos queda. Si Cajasur no quiere negociar,

nos encontrará“.

Así, la plataforma espera que a partir del lunes se

establezca un calendario de reuniones para llevar la negociación de cada una de

las familias afectadas con hipotecas en Cajasur. Como gesto de buena voluntad,

Stop Desahucios ha suspendido sus acciones de protesta hasta que se produzca el

encuentro con la entidad bancaria el próximo día 22 de julio.

Estas acciones de protesta consistieron, esta misma semana,

en el encierro de representantes de las 80 familias afectadas por procesos de

desahucios con Cajasur en oficinas de esta entidad. Asimismo, colectivos como

Ecologistas en Acción de Córdoba respondieron a la invitación de Stop Desahucios para

cerrar las cuentas en Cajasur y trasladaron sus ahorros a una entidad de banca

ética.

La Federación Provincial de

Ecologistas en Acción en Córdoba ha cerrado su cuenta bancaria en Cajasur en protesta por la gestión que esta entidad viene realizando en los casos de personas

inmersas en procesos de desahucios con préstamos de la caja cordobesa.

En palabras del portavoz de

Ecologistas en Acción en Córdoba, Juan Escribano, a eldiario.es/andalucia con

este “gesto simbólico”, se suman a la petición de la Plataforma Stop Desahucios

que esta misma semana había invitado a colectivos, asociaciones y personas a

título individual a cerrar sus cuentas en Cajasur ante la negativa de esta

entidad para nombrar un interlocutor que negocie con la plataforma los casos de

las 80 familias afectadas por desahucios con cuenta en la caja cordobesa.

“La actitud de la nueva dirección

de Cajasur ha sido de intolerancia absoluta con Stop Desahucios“, indica Escribano,

“ni negocian ni aceptan una sola petición” de las personas inmersas en procesos

de desahucio. “Su actitud es de las más intransigentes, no son nada receptivos”,

añade y explica que, desde ahora, Ecologistas en Acción traslada su cuenta a

una entidad de banca ética.

Los ecologistas explican además que “las

operaciones de desahucio de la entidad cordobesa y el inmovilismo en la

supresión de las cláusulas suelo, además de inversiones poco éticas, basadas,

entre otras, en la burbuja inmobiliaria, nos motivan desde hace tiempo a cerrar

nuestras relaciones con Cajasur y con cualquier otra banca del mismo tipo“.

Por eso quieren que su gesto

simbólico se haga extensivo tanto a “colectivos sociales o culturales como a

titulares individuales, que cierren sus cuentas bancarias en Cajasur y retiren

de allí su dinero“.

“Abandono por desahucios”

“Abandono por desahucios”

Tal es la motivación de esta

decisión, que en el recibo en el que finalmente Cajasur indica el cierre de la

cuenta de Ecologistas en Acción, éstos han hecho constar que el “concepto” de

la baja es el “abandono por desahucios”, de manera que quede reflejada ante la

entidad la causa que les ha llevado a cerrar su cuenta en la caja cordobesa.

El proceso para darse de baja, no obstante, no ha sido

fácil, cuenta Escribano, ya que “lo habíamos intentado ya en dos ocasiones pero

la burocracia que te piden lo hacía imposible“. Finalmente, este 17 de

julio ha quedado cancelada la cuenta que Ecologistas en Acción de Córdoba tenía

desde hace unos 14 años en Cajasur, en la que sus 300 asociados ingresaban sus

cuotas.

Desde Ecologistas en Acción en Córdoba explican que sus

distintas federaciones repartidas en todo el país están llevando a cabo gestos

similares para cerrar sus cuentas en la banca tradicional y llevarlas hasta

entidades de banca ética sobre las que “entendemos que tienen una mejor gestión

del dinero“, ha dicho su portavoz.

Miembros de una decena de familias afectadas por procesos de

desahucio en Córdoba se han encerrado este lunes en dos oficinas de Cajasur con

el propósito de mantener esta acción de protesta hasta que la entidad nombre a

un interlocutor que negocie con ellos cada una de las situaciones de los

afectados por préstamos hipotecarios.

En total, son alrededor de 80 las familias afectadas en

Córdoba que tienen su hipoteca con Cajasur, la entidad con mayor volumen de

afectados en esta ciudad, según la Plataforma Stop Desahucios. “No vamos a

parar hasta que Cajasur nombre a un interlocutor y tengamos una fecha de

reunión para abordar la situación de las familias afectadas“, ha explicado el

portavoz de la plataforma, Rafael Carmona.

Así, además de los encierros en la capital en una oficina del barrio de

Ciudad Jardín y otra en la zona de Lepanto, la plataforma ha protagonizado una

concentración ante la sede central de Cajasur en Córdoba. Allí han mostrado su

intención de llevar a cabo distintas acciones “hasta que Cajasur nombre a un

interlocutor para empezar a negociar los casos de las familias“, ha señalado

Carmona.

La figura del intermediario ya existe en otras entidades

bancarias, quienes han nombrado a una persona encargada de negociar

con las familias afectadas. Desde Stop Desahucios ponen el ejemplo de La Caixa,

“donde mejor va” la experiencia y con quienes “se están consiguiendo daciones

en pago y alquileres sociales“ para las personas que tienen la imposibilidad de

pagar su hipoteca.

La petición de Stop Desahucios tiene, además, como base

fundamental que se paralicen todos los procesos de ejecución hipotecaria y se

lleve a cabo una negociación. “Eso es lo que queremos con Cajasur, que se

paralice su procedimiento y haya un plan de reuniones para ver cómo abordamos

los casos y cómo los resolvemos“, piden los afectados.

Entre las 80 familias afectadas por hipotecas con Cajasur,

existen casos de ejecución hipotecaria, pisos subastados, otros pendientes de

subasta, familias pendientes de lanzamiento de sus casas y también casos de impagos

de hipotecas ya de varios meses que a la vuelta del verano entrarán en

procedimientos de desahucio.

“Cajasur nunca ha ofrecido un intermediario, no ha

respondido a la petición de la plataforma nunca“, explica su portavoz, quien

dice “no entender por qué se niega”. El caso es que esta caja “es la entidad con

la que tenemos más casos (de afectados) en Córdoba y la que más dificultades

pone para negociar“.

“Cierren sus cuentas en Cajasur”

“Cierren sus cuentas en Cajasur”

Entre las acciones previstas por Stop Desahucios para

presionar a Cajasur hasta que nombre un interlocutor, está la de difundir la

negación de la entidad a negociar con ellos y sus consecuencias. Por eso, “vamos

a invitar a la gente a cerrar sus cuentas en Cajasur“, dice Rafael Carmona.

En ese sentido, la plataforma trasladará sus razones a entidades

sociales, colectivos, asociaciones de vecinos y particulares de Córdoba “como medida

de presión para que Cajasur se avenga a negociar la situación de las familias“.

La plataforma Stop Desahucios irá, además, desgranando en los

próximos días otra serie de “acciones programadas en el tiempo que van a seguir

hasta que consigamos un interlocutor“, señalan con firmeza.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 1 que condena a Cajasur a eliminar la cláusula suelo incluida en sus préstamos hipotecarios. La sentencia, dictada en mayo, beneficiaría a miles de andaluces que tienen contraída su hipoteca con esta entidad bancaria.

La cláusula suelo ha sido la principal responsable de que la progresiva reducción del euríbor, el principal índice de referencia de las hipotecas de tipo variable, no se haya traducido en la práctica en una bajada generalizada de las cuotas mensuales que los ciudadanos deben pagar de sus préstamos hipotecarios.

La sentencia de la Audiencia Provincial, a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, desestima el recurso de apelación interpuesto por Cajasur contra la decisión tomada por el juzgado en noviembre de 2012 y señala que “la cláusula analizada no es plenamente transparente” siendo, sin embargo, un “elemento definitorio del objeto del contrato” de las hipotecas.

Asimismo, la sentencia, contra la que sólo cabe recurso ante el Tribunal Supremo, deja claro que con la cláusula suelo, Cajasur consigue que “el contrato de préstamo teóricamente a interés variable, se convierte en préstamo a interés fijo variable exclusivamente al alza”, lo que va en perjuicio de los consumidores que tengan su hipoteca con dicha entidad.

De hecho, entre los fundamentos jurídicos en los que se apoya esta importante decisión, se considera que la relación entre cláusula suelo y techo (del 3% y 4%, ambas con un techo del 12%) crean un desequilibrio sustancial en los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio siempre del consumidor.

Cómo recuperar el dinero

Desde la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) se señala que la cláusula suelo de las hipotecas de Cajasur era “una condición general de la contratación de carácter abusivo”, pues dicha cláusula era “incorporada de manera generalizada por la entidad bancaria a los préstamos hipotecarios sin posibilidad de negociación”.

Ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, Ausbanc pide que Cajasur no recurra el fallo ante el Tribunal Supremo, instancia que el pasado 20 de marzo ya declaró abusivas las cláusulas suelo incluidas en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria de Cajamar, BBVA y Caixa Galicia.

De hecho, señala que los clientes de Cajasur afectados “pueden recuperar su dinero reclamando las cantidades pagadas de más en el pasado mediante el ejercicio de una demanda” judicial. Añade, en este sentido, que quienes ya han satisfecho el préstamo, bien por cumplimiento del plazo por amortización anticipada, tienen derecho igualmente a que se les devuelva el dinero que han pagado de más. Y en el caso de quienes no han podido seguir pagando su préstamo y cuentan con esta cláusula suelo en sus contratos, “pueden solicitar la paralización de la ejecución, ya que la deuda que se les imputa no es correcta”.