La exconsejera de Economía e Industria del último gobierno de UPN en Navarra liderado por Yolanda Barcina, Lourdes Goicoechea, ha negado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 haber conocido a Antxon Alonso, el dueño de la mercantil que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el epicentro de la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Fue durante el gobierno regionalista (2011-2015) cuando se inició la tramitación para Mina Muga, un proyecto para la instalación de una mina de potasa en la frontera entre Navarra y Aragón, y que según la UCO fue donde Santos Cerdán y Koldo García iniciaron sus contactos con Acciona. Sin embargo, la exconsejera de UPN ha señalado que el “único recuerdo” que tiene del proyecto es que fue “una tramitación administrativa muy técnica” y ha asegurado “no tener conciencia” de haberse reunido con representantes de Geoalcali, la empresa minera promotora del proyecto.

Así, Lourdes Goicocechea, ha explicado que como responsable de Industria mantenía reuniones con personas interesadas en impulsar proyectos en Navarra, pero cuestionada por Mina Muga ha apuntado que su trabajo se limitó a ser informada del trámite administrativo y no ha sabido decir si se reunió o no con Pedro Rodríguez, directivo de Geoalcali, que la semana pasada, en el mismo foro, sí manifestó que había hablado con Lourdes Goicoechea, entre otros muchos cargos de distinto color político. “No tengo conciencia, ha pasado muchísimo tiempo”, ha apostillado la exconsejera.

La responsable de Economía e Industria en el Gobierno de Barcina ha explicado que tampoco tuvo “ningún conocimiento” de que se pudiera haber firmado algún tipo de acuerdo entre Servinabar 2000 y Acciona para gestionar la obra del proyecto de Mina Muga. “Servinabar se constituyó en septiembre de 2015 y salí del Gobierno en julio de 2015”, ha dicho, para recordar que “han pasado más de 10 años” desde que abandonó la consejería. “A mí lo que me requerían era, institucional o políticamente, mi intervención, por supuesto, que no para el proyecto de Mina Muga, sino para todos los que hiciera falta; pero yo el recuerdo que tengo de esto es que fue una tramitación administrativa de un proyecto complejo”, ha dicho.

Según ha explicado el proyecto implicaba al Gobierno de Navarra, al de Aragón y al de España y en junio de 2015 se acordó una encomienda de colaboración de las tres administraciones para que el órgano sustantivo fuera el Estado. En 2021 Geolcali obtuvo la concesión del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de los Gobiernos de Navarra (ya con la socialista María Chivite como presidenta) y de Aragón (presidido por el también socialista Javier Lambán) para la puesta en marcha del proyecto. Pero un recurso de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza hizi que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra diera la razón a los grupos ecologistas y anulara la concesión en septiembre de 2024 al considerar que el proyecto debía haberse llevado a cabo con un procedimiento único de tramitación y no mediante un fraccionamiento del proyecto entre las tres administraciones (Gobierno de España, de Navarra y de Aragón).

Lourdes Goicoechea ha asegurado que no recibió ninguna indicación por parte de algún cargo de UPN y que no hubo injerencias políticas para sacar adelante el proyecto Mina Muga. Al mismo tiempo, ha manifestado que nunca ha hablado con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, sobre este proyecto y que no conoce ni a Koldo García.

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas a Servinabar 2000, la emrpesa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil también de Santos Cerdán, llamará finalmente a comparecer a la presidenta María Chivite, así como a las expresidentas Uxue Barkos (Geroa Bai) y Yolanda Barcina. PSN, EH Bildu y Contigo/Zurekin, que han rechazado las peticiones de PP y UPN para que comparecieran Chivite y el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, han firmado una petición conjunta para que declaren la presidenta y sus dos antecesoras. Geroa Bai, socio del Ejecutivo foral, ha declinado firmar la petición, pero no se opondrá a que comparezcan. La petición se votará el próximo martes 14 de octubre.

Los tres partidos que han firmado la petición para que comparezcan Chivite, Barkos y Barcina han defendido que se busca así una valoración política “global” de las tres últimas legislaturas. Todas las obras que el Gobierno navarro adjudicó a la empresa Servinabar 2000 fueron bajo los mandatos de Chivite y Barkos, pero PSN, EH Bildu y Contigo/Zurekin han reclamado que acuda también Yolanda Barcina, de UPN, para pregunatrle sobre el origen del proyecto Mina Muga, el primero en el que según la UCO Cerdán y Koldo García colaboraron con Acciona.

“Creemos que ninguna de las tres presidentas ha participado en ninguna decisión técnica de las mesas de contratación, pero no nos oponíamos si debía ser desde un punto de vista de valoración política”, ha señalado el parlamentario del PSN Javier Lecumberri. “Presentarlo ahora tiene un objeto y es acabar con la estrategia de la derecha”, ha añadido el representante de EH Bildu, Adolfo Araiz.

Geroa Bai no ha firmado la petición, pero ha explicado que no se opondrá a la comparecencia de las tres últimas presidentas de Navarra. Con todo, su portavoz Pablo Azcona ha afeado a los tres partidos firmantes de trabajar “a golpe de titular” y “dando tumbos”.

UPN, PP y Vox previsiblemente votarán en contra de la comparecencia de Yolanda Barcina. Los regionalistas han acusado al PSN de liderar una “maniobra política para mezclar todo” por querer llamr a la expresidenta de UPN. “Yolanda Barcina no ha adjudicado ninguna obra pública a Servinabar-Acciona y no tiene un compañero que está siendo investigado”, ha defendido Javier Esparza, quien ha vuelto a afirmar que “el Gobierno de Chivite tiene una sombra de corrupción enorme que no es comparable a ningún otro Gobierno anterior”.

En la reunión de la comisión también se ha votado la solicitud de EH Bildu para que acudan a la comisión el director jurídico y el director de compras de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), y la de la directora jurídica y de compras de Nasuvinsa, que han salido adelante por unanimidad. Se trata, ha explicado Jiménez, de las tres personas que han redactado las alegaciones a los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA).

UPN va a citar a comparecer en el Senado a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; la expresidenta del Ejecutivo foral, Uxue Barkos; el ex vicesecretario general del PSN, Ramón Alzórriz; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el senador socialista Javier Remírez; el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, y a todos los trabajadores que ha tenido desde sus inicios la empresa Servinabar 2000, SL, “incluidos la hermana de Santos Cerdán y la pareja de Ramón Alzórriz”.

En una nota de prensa, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha explicado que “la intención inicial” de su partido era que “hubieran comparecido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, pero, dado que el pacto de PSN, EH Bildu y Geroa Bai lo ha impedido, tendrán que dar cuentas en la del Senado”. Para Ibarrola, “es imprescindible que todas estas personas den explicaciones acerca de las operaciones y los contratos que se están investigando en el marco de la supuesta trama de mordidas en adjudicaciones de obras públicas que habría liderado Santos Cerdán”, según recoge Europa Press.

Además, ha considerado que “es lamentable que partidos como EH Bildu y Geroa Bai sigan anteponiendo sus intereses partidistas a que los navarros y navarras podamos conocer qué ha sucedido con las adjudicaciones en las que han participado las empresas que se están investigando por la UCO y que, no olvidemos, se llevaron a cabo en todos los casos con gobiernos de Barkos y Chivite, y en ningún caso con UPN”. “A ninguno de ellos les importa ni les interesa que se conozca la verdad. Su único objetivo es proteger al Gobierno de María Chivite”, ha criticado. En el caso de Geroa Bai, ha dicho, “porque forma parte de él y, en el de EH Bildu, para seguir obteniendo favores y cesiones del Partido Socialista, entre los que ya se encuentran la alcaldía de Pamplona y la presidencia de la FNMC, y, en definitiva, para seguir blanqueando su pasado macabro sin necesidad de pedir perdón ni mostrar el más mínimo arrepentimiento”.

Para Cristina Ibarrola, “si ya había sospechas acerca de las adjudicaciones a la empresa de Santos Cerdán y Antxon Alonso, los intentos desesperados del PSN por taparlo todo, con la necesaria complicidad de Geroa Bai y de EH Bildu, las hacen todavía más evidentes”. La presidenta de UPN ha afirmado que “lo que han hecho PSN, Geroa Bai y EH Bildu en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra es tan descarado que les delata, por lo que estoy segura de que los ciudadanos habrán tomado nota de su comportamiento”.

El PSN ha criticado la “deriva oportunista” de UPN y, en respuesta, ha anunciado su intención de citar a comparecer en el Senado a la expresidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, y al exvicepresidente de UPN, Óscar Arizcuren. En un comunicado, la portavoz socialista en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha afirmado que ambos testimonios “son importantes, dado que, por un lado, el gobierno liderado por Yolanda Barcina otorgó todas las licencias iniciales del proyecto de Mina Muga y condecoró a Koldo García. Y, por otro, el ex dirigente de UPN, Óscar Arizcuren, fue beneficiario de pagos de Servinabar de acuerdo con la documentación de Hacienda Navarra”. “Si UPN y PP quieren explicaciones, las tendrán también sobre lo que les incomoda. Veremos si con su mayoría en el Senado permiten que Barcina y Arizcuren comparezcan o si, una vez más, bloquean todo lo que afecte a su pasado, como han hecho en otras ocasiones”, ha señalado.

Unzu ha criticado “la deriva oportunista de UPN al forzar comparecencias en el Senado con el único objetivo de montar un circo político” y “embarrar la vida institucional”. Como ejemplo, ha recordado que “UPN y PP bloquearon la propuesta de comparecencia del presidente de la Cámara de Comptos en el Senado a propuesta del PSOE, demostrando que no quieren voces autorizadas sino mantener su circo mediático”. “Llevan al Senado lo que no han conseguido en Navarra. No respetan la legitimidad de la comisión de investigación”, ha reprochado. La socialista ha afirmado que PP, Vox y UPN “han convertido la comisión del Senado en un escenario de confrontación partidista” para “forzar comparecencias y fabricar un relato político que no han podido imponer en Navarra”. “Es un uso completamente irresponsable de las instituciones. Lo que no han conseguido aquí, lo intentan fabricar en Madrid”, ha censurado.

La comisión de investigación constituida en el Parlamento navarro para analizar las derivadas en la comunidad foral de la “causa especial” por corrupción abierta en el Tribunal Supremo ha acordado que comparezca el exdirigente socialista Santos Cerdán, por el momento en prisión preventiva por esta investigación, su amigo el empresario Antxon Alonso y el también militante navarro Koldo García. Por el contrario, no será llamado el exministro José Luis Ábalos, por no guardar relación con las adjudicaciones de contratos en Navarra. Se ha decidido, asimismo, que por el momento ni la actual presidenta, María Chivite, ni sus predecesoras Uxue Barkos y Yolanda Barcina no serán convocadas, aunque se revisará esta decisión a luz de los avances del grupo de trabajo.

En pleno mes de agosto, la comisión ha aprobado este martes su plan de trabajo después de recabar las propuestas de los partidos la pasada semana. Son alrededor de una cuarentena las comparecencias que se celebrarán, aunque la presidenta de EH Bildu, Irati Jiménez, ha indicado que es un foro vivo. El objeto principal es revisar adjudicaciones del Gobierno de Navarra a las empresas eje de este caso, básicamente Acciona y Servinabar 2000, una sociedad de Alonso pero en la que se atribuye cierta participación a Cerdán.

La intención es que a partir de la segunda quincena de octubre haya cuatro sesiones semanales, los martes y los miércoles en formato de mañana y tarde. Los invitados están obligados a acudir pero, en función de sus circunstancias procesales, pueden optar por no responder a las preguntas. Así ha ocurrido en la comisión del Senado sobre este mismo caso, por ejemplo. El grupo de trabajo terminará con un dictamen de conclusiones y recomendaciones que en ningún caso suplanta a las resoluciones judiciales.

El plan de trabajo ha sido acordado en buena medida entre los socios de Gobierno (PSN y las coaliciones Geroa Bai y Contigo/Zurekin) y la propia EH Bildu, colaborador externo habitual. Eso sí, Contigo/Zurekin (integrada por Podemos, IU, Batzarre y otras fuerzas de izquierdas) ha mostrado un tono algo más exigente en puntos como, por ejemplo, llamar a Ábalos o a las presidentas. “No nos parecía que aportara nada”, han argumentado los socialistas sobre Ábalos, aunque han accedido finalmente a llamar a Cerdán.

Geroa Bai (conformada por PNV y Socialverdes) y también Contigo/Zurekin han recalcado que la UCO de la Guardia Civil “no señala ninguna irregularidad” en las adjudicaciones en Navarra. El portavoz de los vasquistas, Pablo Azcona, ha señalado que, en todo caso, sí es relevante “depurar responsabilidades” si las hubiere; Miguel Garrido, de Contigo/Zurekin, ha añadido que el objetivo ha de ser “devolver la confianza de la ciudadanía” en sus instituciones forales.

Por el contrario, la principal fuerza de la oposición, UPN, ha diagnosticado que la comisión arranca con un “escándalo mayúsculo”, con un “pacto” del Gobierno y EH Bildu para acotar el alcance de la investigación. Ha ironizado que ha sido citado él mismo a comparecer por unas adjudicaciones de cuando era consejero en torno al Canal de Navarra no adjudicadas a Acciona y Servinabar 2000 mientras que no se ha invitado ni a Chivite ni a Barkos ni tampoco a la hermana de Santos Cerdán y trabajadora de Alonso, al dimitido dirigente socialista Ramón Alzorriz, cuya pareja trabajaba también para Alonso, a Iñaki Alzaga, socio de Alonso, o a consejeros que han dado obras a estas mercantiles, como María Solana, de la parte del PNV de Geroa Bai.

“El objetivo es mezclar a UPN [cuando en la historia de Navarra] los únicos condenados por corrupción son los socialistas y los que están siendo ahora investigados son los socialistas, que tienen la ayuda de la izquierda abertzale y del nacionalismo vasco”, ha protestado Javier Esparza, portavoz de UPN. Por parte del PP, no ha comparecido su líder, Javier García, después de que se destapara que su currículum académico tampoco era fidedigno. Su colega Irene Royo ha dicho que era algo previsto. Como UPN, el PP también entiende que la comisión será “un paripé” porque se han denegado muchas propuestas de la oposición. Vox ha definido el escenario como un “circo”.

La historia de EiTB (Euskal Irrati Telebista, la radiotelevisión pública vasca) en Navarra está repleta de vaivenes y encontronazos políticos entre los Gobiernos navarro y vasco por lo que supone que un canal autonómico público pueda emitir sus contenidos más allá de su propio territorio. El último episodio de esta disputa que parecía ya superada en 2016 cuando el Ejecutivo foral de Uxue Barkos (de Geroa Bai y expresentadora de los Teleberris de esa cadena) reservó dos canales del 'multiplex' autonómico al ente vasco para su emisión en Navarra, ha tenido lugar esta última semana después de que EH Bildu lograra en su acuerdo para apoyar los Presupuestos Generales del Estado -al igual que ya lo hizo en el pacto firmado con el Gobierno de Chivite- el compromiso del Estado para buscar “la solución técnica para posibilitar la captación” del canal de contenidos infantiles en euskera ETB3 “en toda Navarra”. Se da la circunstancia de que este canal, que ya se sintoniza en la mayoría del territorio foral, no se puede captar en dos de las zonas con mayor población vascoparlante, la Sakana (noroeste) y el Baztan (norte). Lo podrán sintonizar antes de que acabe el 2022.

Desde el Gobierno de Navarra (PSN, Geroa Bai y Podemos) consideran la propuesta “del todo lógica”, si bien desde la derecha se ha vuelto a utilizar como crítica al Ejecutivo de Pedro Sánchez por lo que consideran es una “nueva cesión” a la izquierda abertzale. Hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el vicepresidente navarro, Javier Remírez, ha bromeado con hacerla consejera de su Gobierno por su “preocupación por Navarra”, se ha referido a este acuerdo como una “imposición del euskera a través de la televisión navarra para incrementar cada vez más, y como arma arrojadiza, el euskera de manera que unas personas tengan más derechos a acceder a la función pública que otras y volver a dividir también allí”.

También desde UPN se ha criticado el impulso de ETB3 en Navarra, que en palabras del diputado Sergio Sayas, se quiere para “resetear cerebros adoctrinando a través de la televisión”. Sayas no mencionó que en 2009 el entonces presidente de Navarra, el regionalista Miguel Sanz, firmó con el lehendakari Patxi López un convenio de colaboración para la difusión de ETB en la comunidad foral. En aquel acuerdo se recogía que “los ejecutivos vasco y navarro se comprometen a realizar las gestiones necesarias para que los programas de su primer y segundo canal puedan ser difundidos en la comunidad foral”. Y añadía: “Para ello, el Gobierno de Navarra autoriza a que, a través de un nuevo múltiplex de TDT, se pueda difundir ETB-1 y ETB-2 en toda la comunidad foral; mientras que la Lehendakaritza se compromete a que todas las emisiones del canal autonómico vasco respeten la realidad política, social e institucional; los símbolos; y la identidad de Navarra”.

Pese a las críticas vertidas por algunos representantes de la formación regionalista a que el grupo EiTB pueda emitir sus contenidos en territorio navarro no es extraño ver a sus representantes en entrevistas y programas de los diferentes canales del ente vasco. En el último año el presidente y portavoz de UPN, Javier Esparza, ha concedido varias entrevistas a Radio Euskadi, la principal emisora radiofónica del grupo EiTB. Lo ha hecho también recientemente Enrique Maya, alcalde de Pamplona.

Disputas legales para la captación de ETB en Navarra

El grupo EiTB (Euskal Irrati Telebista) nació en 1982 y, de hecho, fue creada por un navarro, el primer lehendakari tras la recuperación de la democracia en España, Carlos Garaikoetxea. La primera emisión de este canal en Navarra no llegaría hasta 1986, y solo a la zona de la Comarca de Pamplona después de que un grupo de ciudadanos, con la ayuda del capellán del santuario de San Miguel de Aralar, Inocencio Aierbe, instalasen una antena en el santuario ubicado en Huarte, a pocos kilómetros de la capital navarra, tal y como cuenta el propio ente vasco en un artículo publicado en su web.

Para la primera emisión “oficial” hubo que esperar a 1996. Entonces los lehendakaris Javier Otano (PSN) y José Antonio Ardanza (PNV) acordaron regularizar su emisión en el territorio foral. La regularización apenas duró unos meses. En octubre, tras la dimisión de Otano después de que se le descubriera una cuenta bancaria en Suiza, llegó al Gobierno UPN y se rompió el acuerdo, aunque ello no implicó que ETB apagara su señal.

En 2009 con la llegada de la TDT (Televisión Digital Terrestre), todos los canales dejaron de emitirse en analógico, salvo ETB, que no disponía de licencia para hacerlo en digital en Navarra. Con la llegada de Patxi López al Ejecutivo vasco, él y Miguel Sanz firmaron un convenio para su difusión que nunca llegó a concretarse. No fue hasta 2016, ya con Uxue Barkos en el Palacio de Navarra, cuando se regularizó la emisión de ETB en la comunidad foral con la concesión de dos canales en el 'multiplex' autonómico de TDT -sistema de telecomunicaciones que permite distribuir distintas emisiones por una misma vía-, que a su vez cuenta con cuatro canales.

Entre medias, en 2013 Eusko Alkartasuna (EA), escisión del PNV fundada por el lehendakari Garaikoetxea que luego se integraría en Nafarroa Bai y que ahora está en EH Bildu, invirtió 12.000 euros para instalar un repetidor de señal en la Sierra del Perdón para que la señal llegase a Pamplona. Duró poco, ya que una denuncia del Gobierno de UPN acabó con una multa del Ministerio de Industria a EA de 55.000 euros y la desconexión del repetidor. En 2015, Barkos también recuperó la señal durante unos meses, pero de nuevo Industria la canceló.

Navarra, en los mapas del tiempo de ETB

Uno de los episodios que más polémica y tensiones ha generado entre ambos territorios es la inclusión de Navarra en los mapas del tiempo de ETB, que durante años mostraba el mapa de Euskal Herria, el territorio integrado por Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra y tres territorios franceses.

Hasta la llegada de Patxi López (PSE-EE) a Ajuria Enea, durante los distintos Gobiernos del PNV la televisión autonómica mostraba en los mapas del tiempo sin divisiones. Una de las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo socialista en 2009 fue la modificación de los mapas, que si bien siguieron mostrando todos los territorios, resaltaba a Euskadi y marcaba las fronteras con Navarra e Iparralde. A día de hoy ETB sigue incluyendo en sus mapas a Navarra aunque mantiene la delimitación territorial. Fue una exigencia del PP, el socio político que posibilitó el fin de la etapa de Juan José Ibarretxe.

Navarra explora la posibilidad de crear su propio canal autonómico

La última polémica la ha suscitado el acuerdo del Gobierno de Sánchez con EH Bildu para la llegada del canal infantil ETB3 a toda Navarra, al que además de UPN también se han opuesto PP y Ciudadanos, los otros dos partidos que junto con los regionalistas conforman la coalición Navarra Suma. Consideran que la emisión de dibujos animados en euskera ayudará al “adoctrinamiento” de los menores navarros, que en su gran mayoría ya pueden ver este canal en la actualidad.

Mientras se suman nuevas polémicas a la emisión del canal autonómico vasco en Navarra, el Gobierno foral estudia la posibilidad de crear su propio canal público, ya que en la actualidad tan solo existe uno privado. Esta es una vía que el Ejecutivo de Chivite se comprometió a explorar con sus socios de Gobierno -Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra- en el acuerdo programático de legislatura y para la que ya se ha encargado un informe para conocer cuál sería su coste, que según los resultados del mismo ascendería a los tres millones de inversión inicial más unos nueve anuales. Por ello, en el seno del Gobierno de María Chivite va ganando cada vez más enteros la opción de crear una plataforma pública de contenidos digitales similar a Netflix que no requiera la infraestructura de una televisión tradicional.

La comisión de investigación sobre la desaparición de Caja Navarra iniciará su fase de comparecencias el próximo 13 de abril. Están previstas 19 comparecencias a lo largo de nueve sesiones, todas ellas en viernes y abiertas a los medios de comunicación, con vistas a alcanzar la fase de conclusiones el 30 de junio.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el presidente de la comisión de investigación, Unai Hualde, tras una reunión en la que las siete formaciones parlamentarias han acordado por unanimidad el plan de comparecencias propuesto por la presidencia de la comisión.

Entre las personas que han sido llamadas a declarar se encuentran los ex presidentes del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz y Yolanda Barcina, el ex director general de la CAN, Enrique Goñi, o el ex presidente del Consejo de Administración de la entidad bancaria, José Antonio Asiáin.

Unai Hualde ha destacado que las personas citadas “tienen la obligación de comparecer” en la comisión de investigación. “Otra cosa es la obligación de declarar en el caso de personas que estén incursas en procedimientos penales como investigados”, ha precisado.

Ha explicado que “el ritmo de la comisión ha venido dada por los propios grupos parlamentarios y las propias necesidades de documentación que han ido solicitando”. “Cuando esta comisión arranca en 2016 uno de los objetivos es que el tiempo no sea impedimento para conseguir toda la información que sea necesaria que no se pudo conseguir en la comisión de investigación de la legislatura anterior”, ha señalado.

En este sentido, Hualde ha afirmado que “se han hecho todos los esfuerzos y se han explorado todas las vías jurídicas para conseguir el máximo de información posible”. Al respecto ha resaltado que “hay un volumen de documentación que no ha existido nunca sobre la desaparición de CAN”, procedente de la comisión anterior, informes jurídicos de la Cámara de Comptos, la Fundación Caja Navarra y CaixaBank, los gobiernos de las cajas fusionadas con CAN en Banca Cívica, y de los órganos judiciales.

19 comparecencias

La fase de comparecencias de la comisión de investigación comenzará el próximo 13 de abril y se extenderán hasta el 8 de junio. Todas ellas serán en viernes y abiertas a los medios de comunicación.

La primera sesión, el 13 de abril, tendrá como comparecientes a Lorenzo Riezu, ex director general de Caja Navarra, y Manuel López Merino, ex director general de CAMP.

El 20 de abril comparecerán José Antonio Sarría, ex presidente de la Comisión de Control de CAN, y José Antonio Asiáin, ex presidente del Consejo de Administración de CAN.

El 27 de abril testificarán José Carlos Hernández Barrasus, firmante de informes de 2010 y 2011 realizados por la firma Ernst Young; y Francisco García Valdecasas, firmante del informe Noel elaborado por Deloitte.

En la cuarta sesión, el 4 de mayo, acudirán a la comisión Alberto Pascual, ex secretario general de CAN, y Amaya Rández, ex secretaria del Consejo de Administración de CAN.

En la quinta sesión, el 11 de mayo, están citados Juan Odériz, ex directivo de Caja Navarra y Banca Cívica, y Roberto Ducay, ex responsable de estrategia de CAN.

El 18 de mayo comparecerán Javier Martínez Escudero, Enrique de Mulder Duclos, Carlos Ayesa Villar, Carmen Pérez Miguel y César Esparza Larramendi, ex consejeros de Viálogos Capital Humano S.L.

El 25 de mayo, comparecerá Enrique Goñi, ex director general de CAN, quien a finales de octubre comunicó a la comisión de investigación su “voluntad de comparecer, para poder contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados”.

La penúltima sesión, el 1 de junio, contará con los testimonios de Yolanda Barcina, ex presidenta del Gobierno de Navarra (2011-2015), y Álvaro Miranda, ex consejero de Economía y Hacienda (2007-2012) del Ejecutivo foral.

Cerrará la fase de comparecencias, el 8 de junio, el que fuera presidente del Gobierno de Navarra entre 1996 y 2011, Miguel Sanz.

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E han formulado conjuntamente el requerimiento de comparecencia de Miguel Sanz, Yolanda Barcina, José Antonio Sarría, José Antonio Asiáin, Manuel López Merino, Lorenzo Riezu, Álvaro Miranda, Alberto Pascual y Amaya Rández.

Podemos ha cursado por su cuenta la demanda de comparecencia de Javier Martínez Escudero, Juan Odériz, Enrique de Mulder, Carlos Ayesa Villar, Carmén Pérez Miguel y César Esparza Larramendi.

Por su parte, UPN ha tramitado la petición de aceptación de la solicitud de comparecencia registrada por Enrique Goñi; mientras que el PSN ha solicitado las comparecencias de José Carlos Hernández, Francisco García Valdecasas, Manuel López Merino, Roberto Ducay y Lorenzo Riezu.

La comisión de investigación desarrollará sus funciones hasta la finalización del trabajo encomendado, tarea que, salvo nueva ampliación, deberá estar concluida y plasmada en un informe no más allá del 30 de junio.

Conforme a las normas aprobadas, la comisión de investigación constituida el 27 de abril de 2016 tiene por objeto “conocer y determinar si las actuaciones de Caja Navarra, su Corporación Empresarial y el resto de entes vinculados fueron acordes a los principios fundacionales, además de esclarecer la situación actual del conjunto del patrimonio resultante de la extinción”.

El órgano está presidido por el parlamentario de Geroa Bai, Unai Hualde, y está integrada por Luis Casado y Luis Zarraluqui (UPN), Koldo Martínez (Geroa Bai), Adolfo Araiz y Arantza Izurdiaga (EH Bildu), Tere Sáez y Fanny Carrillo (Podemos), Guzmán Garmendia e Inma Jurío (PSN), Ana Beltrán (PPN) y Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra).

Nueva vuelta de tuerca al caso de las dietas del Ayuntamiento de Pamplona. Geroa Bai, partido que lidera la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, pide al Tribunal de Cuentas que investigue la responsabilidad de los ex alcaldes de UPN Yolanda Barcina y Enrique Maya en el antiguo sistema de dietas por el que se retribuía a los concejales del consistorio pamplonés. La propia Barkos está acusada ante el Tribunal de Cuentas por haber cobrado de forma indebida parte de dichas dietas, y lo que pretende ahora su partido es que la investigación determine quién es el último responsable del establecimiento de aquel sistema de retribución.

La concejal de Geroa Bai Itziar Gómez ha recordado que fue en marzo de 2013 cuando comenzó una “campaña de acoso” contra la entonces concejala y diputada Uxue Barkos con el argumento de que había percibido irregularmente dietas por su condición de concejala sin dedicación exclusiva. El caso se ha llevado sin éxito a distintas instancias judiciales y administrativas y en este tiempo los argumentos de la acusación han sido rechazados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, la Fiscalía de Navarra, el Tribunal Supremo, la Cámara de Comptos y el Defensor del Pueblo, ha recordado.

Sin embargo, la asociación Justicia et Veritas recurrió al Tribunal de Cuentas y el caso fue aceptado por la jueza, pese al rechazo del instructor y del fiscal. El Tribunal de Cuentas requirió al Congreso los viajes que la entonces diputada y concejal Barkos hizo entre Pamplona y Madrid, para comprobar si las fechas de los viajes coincidían con alguna de las dietas cobradas por Barkos en sus reuniones de concejal en Pamplona. El juicio se celebrará el próximo 31 de mayo.

De manera que Geroa Bai intenta ahora que la investigación sobre las dietas municipales se extienda a todos los grupos y concejales acogidos a dicho sistema y a quienes le dieron su visto bueno como alcaldes, es decir, los regionalistas Yolanda Barcina y Enrique Maya.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai en el Parlamento, Koldo Martínez, ha denunciado la campaña contra la presidenta Uxue Barkos precisamente cuando “han salido a luz casos como el de UAGN y la planta de biogás de Ultzama alrededor de los cuales o dentro de los cuales está Esparza”, ha dicho en relación al presidente de UPN. En su opinión esa campaña “estaba siendo preparada desde hace mucho” y tiene como objetivo “intentar cargarse a la presidenta” y “el cambio que tanto ha costado a los navarros”.

El vicepresidente de UPN, Óscar Arizcuren, ha criticado a Geroa Bai por “intentar confundir” a la opinión pública y ha subrayado que a quien juzgará el Tribunal de Cuentas por el cobro de dietas en el Ayuntamiento de Pamplona es a Uxue Barkos, no a UPN ni al sistema establecido.

“Señorías, ante esta Cámara me comprometo a ser austera y a no acometer nada que pueda suponer el gasto ineficaz de un solo euro público”. Éste fue el principal compromiso que adquirió Yolanda Barcina durante su discurso de investidura como presidenta navarra al comienzo de la VIII Legislatura, a mediados de 2011. “Máximo rigor en la gestión del gasto público” era su moneda de curso legal al frente de la institución.

Desde que por primera vez en 1996 accedió a un cargo electo, a Yolanda Barcina le ha preocupado mucho vincular a su imagen el valor de buena gestora. El balance de sus casi 12 años al frente de la alcaldía de Pamplona se resumió como una “gran gestión”. Y el de su paso por la presidencia del Gobierno foral lo describió con esta frase, refiriéndose a ella misma en tercera persona: “La gestión del Gobierno foral que encabeza esta presidenta ha permitido recuperar el equilibrio de las cuentas públicas y mantener a la Comunidad Foral con los mejores indicadores del país en servicios sociales, en educación y en salud”.

Gestión, gestión y más gestión

Es lo que exigió a los consejeros de su Gobierno el día que tomaron posesión de sus cargos, en julio de 2011: “El Gobierno de Navarra y cada uno de quienes lo componemos va a exigirnos una gestión rigurosa e intachable”. El suyo iba a ser el Gobierno de la gestión más exquisita, dirigido por la primera mujer presidenta de Navarra y que, previamente, había sido la primera mujer alcaldesa de Pamplona y que, además, era la primera presidenta de UPN.

Hubo, sin embargo, manchas muy notables en el impecable panorama de gestión con el que Barcina pergeñó su gabinete. En 2012, y tras ser acusado de un delito de blanqueo de dinero por importe de 180.000 euros, el segundo consejero de Servicios Sociales de Barcina, Jesús Pejenaute, se vio obligado a dimitir. Un lunar negro en la inmaculada hoja de servicios de la que Barcina presumía cuando eligió a sus consejeros: “”He buscado las mejores personas que he considerado para el equipo del Gobierno de Navarra, personas de acreditada gestión y de gran experiencia política“, se enorgullecía Barcina al principio de la legislatura.

Gestión de la deuda pública

Cuando accedió a la presidencia foral, tenía previsto terminar la legislatura saliendo por la puerta grande de la “excelencia en la gestión”, otra de sus frases de referencia. Y no puede acusarse a la ex presidenta de no haberlo intentado, al menos en la proyección de su imagen pública. Su última intervención antes de que otra mujer, Uxue Barkos, la sucediese como jefa del Ejecutivo, estuvo repleta de autohalagos hacia su gestión. E investida de una supuesta objetividad derivada de que los datos que facilitó procedían de “fuentes externas al Gobierno” como el INE o el informe Pisa, por citar algunos ejemplos.

En realidad, aquel “balance de gestión” fue una gigantesca tabla comparativa en la que los servicios del Gobierno habían trabajado, y duro, para poder entresacar de los datos aquellos que les permitieran afirmar que la gestión de Barcina había colocado a Navarra en una mejor situación que la que atravesaban otras comunidades autónomas.

Así, tras asegurar que “la gestión del Gobierno de Navarra ha permitido equilibrar las cuentas públicas”, Barcina añadió que “según los datos publicados por el Banco de España, Navarra es la comunidad que menos ha incrementado su deuda pública entre los años 2011 y 2014: 4,6 puntos de su PIB, casi la mitad que en el conjunto del país (8,9 puntos de PIB de incremento)”.

Con los mismos datos del Banco de España que empleó Barcina para destacar su gestión frente a las demás autonomías, puede extraerse otra lectura, igualmente cierta pero muy poco elogiosa hacia la gestión de Barcina: La deuda pública se duplicó durante el mandato regionalista. Pasó de 1.690 millones de euros en 2010 a 3.197 millones al final de la legislatura, es decir, había llegado al 17,9% del PIB y rozaba el límite impuesto por la Hacienda estatal del 18,1%.

Gestión de los funcionarios públicos

Barcina se desenvolvió siempre como pez en el agua en los actos institucionales de homenajes, presentaciones, inauguraciones y imposiciones de medallas varias. Y, siempre que pudo, habló del pilar de su imagen pública, la gestión. Por poner un ejemplo. El 13 de febrero de 2012, durante un acto de homenaje a los funcionarios jubilados el año anterior, la presidenta presumió de defender la función pública a través de “la buena gestión de los recursos económicos”.

Apenas 15 días más tarde, el Gobierno de Barcina aprobó un recorte en capítulo de personal de 25 millones para 2012. Los recortes se aplicaron posteriormente durante todo el mandato de Barcina. Pero hubo más. En septiembre de 2012, Barcina eliminó la paga extra de Navidad de los funcionarios y aprobó adelantar la paga extra de junio a enero. Planificó este adelanto hasta junio de 2015. Barcina estaba tan satisfecha con su gestión que llegó a recomendar a otras CCAA que adoptaran “la receta navarra” para ahorrar en el capítulo de personal.

Llegada la fecha en la que concluía su planificación, el nuevo Gobierno se ha encontrado con que esta gestión de la paga extra supone una deuda pendiente con los funcionarios que no puede pagar por la escasa disposición económica de las arcas forales. Así que la consejera de Interior, María José Beaumont, ha tenido que negociar con los sindicatos una fórmula que vuelve a diferir el pago de la extra que retuvo Barcina hace cuatro años.

Gestión para el buen uso de los fondos públicos

Septiembre de 2011. En uno de esos actos institucionales que presidía y en los que tanto se prodigó (en este caso la presentación del equipo de fútbol sala Triman Navarra), la presidenta Barcina emplazó a las entidades deportivas y a las instituciones navarras a autorregularse para “articular un modelo de gestión capaz de demostrar a la ciudadanía la rentabilidad y el buen uso que se realiza de los fondos públicos”. Unos meses más tarde, el Gobierno de Barcina cambió el sistema de concesión de ayudas a las federaciones deportivas de Navarra para lograr una “gestión más rigurosa en el control de los fondos públicos”. En lugar de financiar los actos deportivos de base con convenios, como hasta entonces, Barcina pasó a aportar un porcentaje de las actividades que desarrollase cada federación. El resultado: en muchos casos eran las propias federaciones quienes tenían que adelantar el dinero para organizar sus eventos. De las 43 federaciones deportivas de Navarra, un total de 41 representantes, que aglutinaban a más de 1.100 clubes, terminaron movilizándose en la calle para protestar por este cambio en la gestión de los fondos públicos. Haciendo oídos sordos a las críticas, una de las últimas normativas que aprobó Barcina antes de salir del Gobierno fue, precisamente, la convocatoria de ayudas a las federaciones deportivas. El actual Gobierno tiene las manos atadas durante este año para intervenir el legado de la gestión de Barcina.

Gestión a los tribunales: consecuencias muy caras

“Los ciudadanos y las empresas demandan de las Administraciones públicas el máximo rigor en la gestión del gasto público. El Gobierno de Navarra no acometerá nada que no tenga garantizada su financiación, o que pueda dejar una carga insostenible para el futuro”. Las palabras de Barcina en su discurso de investidura estaban, posiblemente, llenas de buenas intenciones. Pero no le dejan en buen lugar después de comprobar las carísimas consecuencias que se derivan de la gestión regionalista para las arcas públicas en la actualidad.

El Pabellón Navarra Arena, con un gasto público reconocido que ronda los 60 millones de euros, no sólo sigue vacío y sin uso, sino que puede suponer un sobrecoste de más de 5 millones si salen adelante las reclamaciones presentadas por los constructores del pabellón; la Ciudad del Transporte -a la que la consejera de Interior se refirió como un “marrón” a gestionar por el nuevo Ejecutivo- puede suponer un “quebranto” para las arcas públicas de casi 50 millones de euros, de prosperar el auto que establece el precio de los terrenos que fueron expropiados por anteriores gobiernos de UPN para la construcción de esta infraestructura; pero el conflicto estrella fue el contencioso entre Navarra y el Estado por quién debía cobrar el IVA de Volkswagen, que mantuvo en vilo al propio Gobierno de Barcina hasta que, a finales de su mandato, llegó a un acuerdo con el Estado y Navarra se vio libre de una deuda de más de 1.500 millones de euros. Una buena gestión de la presidenta Barcina, de no ser porque, a finales del año pasado, el Gobierno de Barkos alertó de que no había nada firmado sobre dicho acuerdo. Todo se había quedado en el anuncio público y verbal entre Barcina y el ministro Montoro, pero el Gobierno de Barkos carecía de los documentos oficiales que lo ratificasen.

Gestión de Barcina: por sus hechos les conoceréis

Además de la gestión, una de las frases preferidas de Barcina para salir airosa de cualquier situación incómoda era esta: “Yo soy una mujer de hechos, no de palabras. Por mis hechos me conoceréis”. Los hechos son que, al final de su mandato como presidenta, la deuda pública de Navarra se ha multiplicado por dos y no deja margen de maniobra al actual Gobierno; sus palabras fueron “el Gobierno de Navarra no acometerá nada que no tenga garantizada su financiación, o que pueda dejar una carga insostenible para el futuro”, y los hechos son que al actual Gobierno le crecen las deudas comprometidas por Barcina y las reclamaciones económicas millonarias por su gestión.

El Ejecutivo foral podría tener que pagar 48 millones a los antiguos propietarios de los terrenos de la Ciudad del Transporte. Un cuantioso gasto extra con el que no contaba y que podría suponer un “quebranto” para las arcas públicas, en palabras de la portavoz del Gobierno, Ana Ollo. De nuevo un conflicto judicial del anterior Gobierno de Yolanda Barcina se resuelve durante el mandato de la presidenta Uxue Barkos. Y de nuevo la decisión de los jueces es contraria a los intereses económicos de la Administración foral. La portavoz del Gobierno, Ana Ollo, se refiere ya a la “herencia envenenada” que ha dejado el anterior Ejecutivo.

En este caso, y en la mejor de las hipótesis, 48 millones de euros que saldrán de las arcas forales para ir a parar a las manos de los antiguos propietarios de los terrenos que el Gobierno expropió en 2006 para construir la Ciudad del Transporte. El precio que la Administración debería haber pagado a los antiguos propietarios de los terrenos asciende a más de 54 millones de euros. A esta cantidad habría que sumar los intereses acumulados desde el año 2006, lo que eleva la cifra a 68,5 millones. Pero la Administración ya pagó en su día por los citados terrenos más de 20 millones, por lo que la cantidad restante a desembolsar serían 48,3 millones.

La batalla judicial por el precio de expropiación de los terrenos que hoy ocupa la Ciudad del Transporte comenzó en 2006, cuando el Gobierno estableció un precio de 20 euros por metro cuadrado, mientras que los propietarios valoraban que la cifra debía estar entre los 53 y los 57 euros por metro cuadrado. Dos años más tarde, el Jurado de Expropiación de Navarra fijó el valor en el precio que había pagado el Gobierno, y ambas partes acudieron al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que un año más tarde, en 2009, ratificó el precio establecido por el Jurado de Expropiación.

En 2012, los antiguos propietarios interpusieron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que resolvió que debían ser los tribunales navarros quienes determinaran el precio del suelo, basándose para ello en los precios de venta de mercado de las naves industriales. De forma que, ya en 2013, un técnico designado por el TSJN estableció definitivamente un precio por metro cuadrado que era incluso superior a lo que demandaban los antiguos propietarios. Tras esta pericia, un auto del TSJN fijó el precio en 53 euros por metro cuadrado, una decisión que recurrió el Gobierno de Barcina y que se ha visto ratificada en el último auto.

Un año de tardanza

La consejera de Interior y Justicia, María José Beaumont, ha anunciado que el Gobierno de Barkos estudiará “la posibilidad de recurrir el auto y evitar su ejecución”. Beaumont se mostró muy crítica con el hecho de que el TSJN se haya pronunciado ahora sobre un trámite judicial iniciado por el anterior Gobierno. “Es inaudito que un tribunal tarde casi un año en resolver un recurso de reposición”, cuestionó la consejera. Se mostró, no obstante, de acuerdo con parte de los argumentos que el Gobierno de UPN exponía en su recurso de reposición, en concreto, cuestionando la validez de la pericia judicial que estableció los precios de expropiación conforme a los intereses de los antiguos propietarios de los terrenos.

La lluvia de críticas no es ajena, ni siquiera, al propio auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo que obliga al Gobierno a pagar los citados 48 millones. Señala el auto que el Ejecutivo de Barcina hacía gala en su recurso de una “manifiesta temeridad procesal”. Lo que el Gobierno de UPN reclamaba es que el auto que estaba recurriendo incurría “en manifiestas y graves contradicciones con el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo que se ejecuta”. Para el TSJN, sin embargo, “nada más lejos de la realidad” que el argumento utilizado por el Gobierno regionalista. A su juicio, los indicadores de mercado que se utilizaron para determinar el precio de mercado “son razonables, coherentes, contrastados y perfectamente explicados” y “sirven idoneamente al objeto de la pericia en los términos marcados por el Supremo”.

Yolanda Barcina ya es consejera de una sociedad filial de Telefónica, según confirman fuentes de la compañía. La expresidenta de Navarra y de UPN será consejera externa independiente de la sociedad Distribuidora de Televisión Digital (DTS). El fichaje ya se anunció a mediados de octubre pero, a pesar de que se había nombrado a todo el consejo, faltaba por confirmarse el nombramiento de Barcina, realizado este 5 de noviembre.

Barcina, que es catedrática de Nutrición y Bromatología, se reincorporó a la Universidad Pública de Navarra (UPNA) tras anunciar que dejaba la política, al no figurar en las listas de UPN al Parlamento de Navarra y dimitir también como presidenta de UPN. Entonces, adelantó que volvía a la universidad, desde donde 19 años antes había dado el salto a la política, entonces como consejera de Medio Ambiente en un gobierno encabezado por Miguel Sanz. Cuando decidió abandonar, aseguró que lo hacía sin puertas traseras ni “giratorias”.

De ahí que el pasado 13 de octubre, cuando se filtró su posible fichaje por esta sociedad filial de Telefónica, desde diversos partidos navarros se criticara la maniobra y el Gobierno Foral anunciara que elaboraría un código ético para evitar las puertas giratorias. Así lo adelantó en un pleno la consejera de Presidencia, Justicia e Interior, Mª José Beaumont, quien también confirmó que, como es habitual, desde Función Pública se verificaba que Barcina no hubiera participado en decisiones que afectaran a Telefónica, porque la Ley de Incompatibilidades, que rige este tipo de nombramientos, los impide durante dos años (después del cese), siempre que afecten a altos cargos y a expedientes sobre los que se pronunciaron durante el cargo.

Desde UPN apenas valoraron esta situación. El sustituto de Barcina en la presidencia de UPN, José Javier Esparza, insistió en que se trataba de una cuestión personal (no hizo referencia expresa, eso sí, a la relación de Barcina con el expresidente de Endesa, Manuel Pizarro, y amigo del presidente ejecutivo de Telefónica, César Alierta) y defendió que el partido no había hecho ningún tipo de maniobra para propiciar ese fichaje.

La última en confirmarse en el consejo

Sea como fuere, lo cierto es que Barcina era la última consejera en confirmar su nombramiento en DTS. Esta sociedad antes se identificaba con Canal + y, al depender de Telefónica, que la compró a Prisa, ha pasado a renovar su consejo. Según adelantó Europa Press, los miembros ejecutivos del consejo son Luis Blasco, como presidente, Daniel García Pita como vicepresidente y Pedro García Guillén, quien fuera consejero delegado de Prisa Televisión. También se adelantó que figuran en este foro el presidente de Telefónica, Luis Miguel Gilpérez, y el director general Comercial Digital de Telefónica, Eduardo Navarro. Y, ya como consejeros independientes, el presidente de honor de la Asociación Europea de la Radio, Alfonso Ruíz de Assín, y, ahora ya oficialmente, la propia Barcina.

La secretaria general de la formación en Navarra, Laura Pérez, insiste tras las negociaciones de Yolanda Barcina con una filial de Telefónica que estas actuaciones "ponen bajo sospecha el ejercicio de la política"

Cree que hay que ahondar en "la normativa existente"

La secretaria general de Podemos Navarra, Laura Pérez, ha apostado por “ahondar en la normativa existente” para evitar “las puertas giratorias” en política y lograr así que “este tipo de situaciones no se vuelvan a dar”.

Así lo ha planteado Pérez después de conocerse la incorporación de la expresidenta del Gobierno foral y de UPN, Yolanda Barcina, como consejera a una filial de Telefónica, un hecho que, en su opinión, “viene a poner bajo sospecha el ejercicio de la política” y “da a entender una posible devolución de favores por su presencia en un cargo representativo”.

Por ello, ha explicado la representante de Podemos, en el pleno de este jueves preguntarán al Gobierno foral si “tiene previsto la adopción de un compromiso ético por parte de sus miembros que regule la limitación de lo que se ha venido a llamar las puertas giratorias”.

Tras la Mesa y Junta de Portavoces de este lunes, Laura Pérez ha remarcado que una de las “prioridades” de Podemos es “evitar las puertas giratorias y ahondar en la transparencia”. Por este motivo, se ha mostrado favorable a “ahondar en la normativa existente” para evitar este tipo de situaciones.

Según ha expuesto, el código ético que han asumido los cargos de Podemos “puede servir de base para debatir sobre la necesidad” de “evitar las puertas giratorias en el ejercicio de la política”.

Es conocida la amistad entre dos aragoneses de pro, el presidente de Telefónica, César Alierta, y el expresidente de Endesa, exdiputado popular y execonomista de referencia de Mariano Rajoy, Manuel Pizarro. La lealtad entre Pizarro y Alierta es de lo poco que ha sobrevivido a los tiempos del inicio del capitalismo de amiguetes, aquel de la primera legislatura de José María Aznar, cuando se privatizaron las principales empresas nacionales y el banco público Argentaria.

Al frente de cada privatización, Aznar y Rodrigo Rato colocaron a sus amigos. Del ex vicepresidente económico que lideró el proceso, Rodrigo Rato, se sabe cada día en la prensa. Del resto, unos cuantos se han quitado del medio como Juan Villalonga (Telefónica) o Francisco González, el hoy presidente del BBVA, que hace tiempo olvidó quién le puso al frente de Argentaria. Frente a tantos avatares, la relación César Alierta-Manuel Pizarro sigue siendo la de dos buenos amigos, en las duras y en las maduras.

Que las puertas giratorias de la política al sector privado estén cuestionadas; que la imagen de los políticos resulte dañada por casos como el que vamos a citar; que la generosidad de Alierta para hacer de escoba con recogedor entre políticos del PP y del PSOE, adjudicándoles cargos en sus estructuras o en sus consejos, haya sido criticada por los dos partidos mayoritarios, da lo mismo.

Conviene vestir al muñeco. Pocos días antes de que se conociera el fichaje de Yolanda Barcina como consejera independiente de Movistar+, la televisión de pago de Telefónica, se filtró la otra parte del pack-oferta de Telefónica, política habitual en la operadora: si por el PP-UPN iba a entrar la expresidenta de Navarra, por el PSOE ingresaría Trinidad Jiménez, exministra socialista, clave en las etapas de Felipe González y de Zapatero. Iría al puesto de Rodrigo Rato en la parte internacional de Telefónica.

Se reiteraba así la jugada de anteriores ocasiones: Javier de Paz, el amigo íntimo de Zapatero, y Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP. En tiempos más lejanos, Narcís Serra (PSOE) o Alfredo Timermans (PP). O más recientemente, ya con Rajoy, Alierta incorporó al área jurídica a Iván Rosa, marido de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y en zonas más modestas a la mujer de Eduardo Madina, entonces esperanza blanca del socialismo.

Sólo que esta vez la operación se realiza en un momento diferente, cuando el bipartidismo es cuestionado tras décadas de hegemonía, cuando resuenan las promesas del final de las puertas giratorias, cuando la necesidad de la regeneración política no se cae de los discursos preelectorales, azuzados por la llegada de las nuevas organizaciones emergentes, Ciudadanos y Podemos.

El asunto es que nadie en el PP -y menos que nadie Rajoy- tiene fuerza moral para decir a Manuel Pizarro que la presencia de su posible futura esposa en un cargo así, chirría. Lo mismo sucede con Trinidad Jiménez, quien salvo sorpresas de última hora y tras consultar a Pedro Sánchez, completará el paquete con Barcina. Los colegas de Jiménez argumentan su experiencia en América Latina, su capacidad de gestión; los de Barcina, su facilidad para dirigir equipos. Los defensores de las puertas giratorias, que no se les puede someter a muerte civil, siendo tan competentes.

Lástima. Por un momento estuvieron a punto de convencer de que habían entendido el mensaje de la renovación del bipartidismo. Por ahora, los únicos que se entienden son los dos aragoneses. Es probable que el ilustrado Pizarro le cite a menudo a su amigo César las palabras del griego Demetrio de Falero: un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano.

La noticia de que Yolanda Barcina puede convertirse en consejera externa independiente de la firma Distribuidora de Televisión Digital (DTS), filial de Telefónica, no ha pasado desapercibida para los grupos políticos navarros. Quien menos, ha descartado hacer valoraciones por asegurar que es una decisión personal dentro de la carrera profesional de la expresidenta de Navarra y de UPN; quien más, ha cargado abiertamente contra un fichaje que, una vez se cierre (el consejo de la sociedad se anunció para el 14 de octubre, pero ahora apunta al día 23), será un reflejo, han asegurado, de “las conexiones entre el poder político y el financiero”. Pocos, eso sí, han salido a la palestra para defender este paso y, sobre todo, muchos han recordado a Barcina sus palabras a finales de agosto, cuando aseguró que, aunque había quien no se lo creía, volvía a la Universidad Pública de Navarra (UPNA), donde es catedrática de Nutrición y Bromatología y desde donde inició su carrera política hace 19 años. Entonces aseveró que no habría ni puertas traseras ni “giratorias”.

“Sí, es una decisión sorprendente, sobre todo cuando ella mismo dijo que no lo haría, pero nos ha acostumbrado durante cuatro años a esto, no es nada nuevo que Yolanda Barcina se contradiga. Independientemente de que en lo personal le desee lo mejor, debería ser consciente de lo que dice”, ha valorado el secretario de Organización del PSN, Santos Cerdán.

Entre las valoraciones públicas en torno al nombramiento de Barcina, ha habido pocas concesiones de apoyo. Desde partidos como UPN y PPN han descartado hacer valoraciones, aunque, por ejemplo, el que fuera alcalde de Pamplona y una de las personas cercanas al sector de Barcina dentro de la formación regionalista, Enrique Maya, públicamente ha deseado a Barcina “lo mejor” y ha recordado que “es, en este momento, una persona que no tiene ningún cargo público, por lo tanto ella busca su salida profesional después de la política como entiende que es mejor”.

En este sentido, cabe recordar que la Ley Foral de Incompatibilidades es la que rige este tipo de nombramientos y los impide durante dos años (después del cese), pero siempre que afecten a altos cargos y a expedientes sobre los que se pronunciaron durante el cargo. Además, para aclarar este tipo de cuestiones se puede elaborar un informe por parte del área de Función Pública. Con todo, desde el Gobierno Foral, la consejera portavoz, Ana Ollo, ha mostrado “respeto” por la decisión de Barcina, pero también ha reconocido en la conferencia de prensa semanal del Ejecutivo que este tipo de “trasvases” del poder público a las grandes empresas generan “inquietud”, tanto en la ciudadanía como en el propio Consejo de Europa, que recordó al Gobierno central que este tipo de situaciones no fomentan ni la transparencia ni la confianza en la clase política.

Desde los partidos han sido más críticos con este paso. El portavoz parlamentario de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha asegurado que este tipo de fichajes “no nos agradan lo más mínimo”. Preguntado, por ejemplo, por el precedente que también supone que el expresidente del PNV Josu Jon Imaz como presidente de Petronor y alto cargo de Repsol (otros políticos con cargos destacados en grandes empresas fueron, por ejemplo, Rodrigo Rato, ya apartado de Telefónica, Ángel Acebes en Iberdrola, Pedro Solbes en Barclays…), Martínez responde que “no conozco los datos concretos” del caso de Imaz ni de Barcina pero sí ha reiterado el rechazo de “Geroa Bai a las puertas giratorias”.

“Así funciona el engranaje”

Desde Podemos Navarra, su secretaria general, Laura Pérez Ruano, ha criticado que este tipo de pasos de la política a las grandes firmas “ya no nos sorprenden, porque son habituales en políticos de PNV, PSE, PP o UPN”, por lo que ha criticado lo que considera “un uso personalista de la función pública”. ¿El caso de Barcina puede abrir ahora la posibilidad de que se estudie de nuevo ese límite temporal de los exaltos cargos a acceder a determinados puestos? Pérez Ruano defiende que se debe buscar “un punto intermedio” entre la participación en política y establecer “mecanismos preventivos” más profundos para evitar estas situaciones.

Para el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, este caso es un ejemplo de “cómo funciona el engranaje y las conexiones entre el poder político y el financiero”, y, en concreto, señala tanto “a la derecha como al bipartidismo”. Nuin considera que esta práctica es “rechazable” porque demuestra cómo la política puede estar subordinada “al Ibex 35”.

(Edición actualizada).

Yolanda Barcina está cerca de cerrar su fichaje por Telefónica y, en concreto, por una sociedad dependiente de la firma, llamada Distribuidora de Televisión Digital (DTS). Con este nombre se conoce a la sociedad que tenía Canal + antes de que pasara a depender de Telefónica, y la idea, según apuntan fuentes cercanas al proceso, es que el nombramiento pudiera formalizarse incluso este próximo 14 de octubre

La noticia supone un nuevo giro en la carrera de la ya expresidenta de Navarra y de UPN, quien el pasado 26 de junio confirmó que dejaba la política y que se reincorporaría a la Universidad Pública de Navarra, centro desde el que había dado el salto a la política hace 19 años. Barcina, tras ser consejera navarra de Medio Ambiente, alcaldesa de Pamplona y presidenta de Navarra, alegó que ya llevaba “tiempo suficiente” en política y aseguró que no sería ni diputada ni senadora, sino que regresaría a la UPNA, donde es catedrática por oposición. Incluso, más adelante afirmó que lo haría al día siguiente de dejar de ser presidenta de Navarra, para subrayar la normalidad del proceso y negar cualquier tipo de puerta giratoria.

Ahora, según confirman las mismas fuentes, este paso le permitiría en cualquier caso compaginar la labor de consejera con su carrera en la universidad. En principio, y si sigue adelante el procedimiento, Barcina dependera cómo consejera independiente de Distribuidora de Televisión Digital, que está vinculada además a Movistar +, la plataforma de televisión de pago propiedad de Telefónica. Barcina sería una de las nuevas personas consejeras que sustituiría en DTS a parte del personal antes nombrado por Prisa.

El Comité Ejecutivo fija para finales de este mes la asamblea en la que todos los afiliados y afiliadas podrán votar a la persona que sustituya a Barcina al frente de la formación

En esa cita se propondrá que el prometido congreso tenga lugar durante el primer semestre del próximo año

UPN decidirá su Presidencia de forma (en principio) temporal el próximo 27 de septiembre. El Comité Ejecutivo del partido ha fijado esta fecha para nombrar a la persona que sustituya por ahora a Yolanda Barcina, y para ello se elegirá ese nombre, como estaba previsto, mediante una asamblea. El congreso, anunciado por la propia Barcina hace dos meses, finalmente tendrá que esperar hasta el primer semestre de 2016, si finalmente se cumplen las previsiones del partido.

Esta decisión era la que se barajaba después de que Barcina optara por dimitir como presidenta el pasado 27 de agosto, en lugar de esperar hasta la celebración del congreso, como originalmente había planteado. Esta dimisión, que la ya expresidenta de Navarra y de UPN defendió como una forma de acelerar el proceso y de contar con un presidente o presidenta “a tiempo completo” (ella se ha reincorporado a la Universidad Pública de Navarra), forzaba al partido a resolver ese vacío de poder con más rapidez.

Porque la asamblea extraordinaria, una vez planteada, tenía que celebrarse en un plazo máximo de dos meses, según recogen los estatutos de UPN; y, finalmente, no habrá que esperar tanto. El Comité Ejecutivo, ahora compuesto en su mayoría por personas afines a Barcina, ha decidido este jueves fijar la fecha del 27 de septiembre. La formación ha dado a conocer el día a través de un comunicado, en el que confirma que esa persona al frente de la Presidencia tendrá que decidir “el futuro inmediato del partido” y el tránsito hacia un congreso.

Estas dos cuestiones son clave. La primera, el futuro inmediato del partido, pasa por decidir cuál es la postura de UPN, por ejemplo, en los pactos de cara a las elecciones generales, una cuestión que el Comité Ejecutivo propone al Consejo Político. Y, como aún no se celebra el congreso, el Comité Ejecutivo se mantiene. En realidad, podría hacerlo hasta 2017.

El prometido congreso

No obstante, el partido, ahora dividido entre quienes respaldaban la decisión de Barcina y quienes esperaban ese congreso, ha optado por una vía intermedia. Porque apuesta, ya desde ahora, por que, en la cita del 27 de septiembre, se proponga a afiliados y afiliadas que la siguiente asamblea anual ordinaria, prevista para el primer semestre de 2016, se constituya como el mencionado congreso extraordinario.

Este foro es vital para el futuro de UPN, puesto que supone la renovación de la Presidencia, de los órganos internos de la formación y puede aclarar las apuestas del partido más votado de Navarra, pero que tras las pasadas elecciones ha perdido el Gobierno Foral, el Ayuntamiento de Pamplona y el gobierno de los principales municipios navarros.

Por el momento, en la carrera hacia la Presidencia, la primera en confirmar su candidatura fue la senadora Amelia Salanueva (antes, eso sí, de que se anunciara esta salida por la tangente de la asamblea), y también aspira al puesto el cabeza de lista de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, que confirmó esta decisión independientemente de la fórmula escogida para resolver quién preside la sigla.

“Quizá no me he sabido explicar”. Yolanda Barcina intentó este jueves hacerse entender en una sala de prensa en la que, entre las referencias a los estatutos del partido y el contraste con lo que dijo la propia Barcina hace dos meses, se pidieron muchas aclaraciones sobre cuáles son los siguientes pasos que afronta la formación regionalista. Lo que ya se sabía era que Barcina se marchaba, deja la política para reincorporarse tras su excedencia extraordinaria a la Universidad Pública de Navarra (UPNA), pero lo que ha cambiado es la forma. Al menos, por ahora. Hasta el momento, se esperaba la convocatoria de un congreso extraordinario clave, que permitiera elegir a la nueva persona que ocupe la Presidencia, reformular el partido y, aquí está una de las claves, nombrar a la nueva Ejecutiva. Porque este último paso no se da con el ahora anunciado, que es elegir a una especie de presidente o presidenta con carácter interino en una asamblea, hasta la celebración de ese prometido congreso.

¿Qué ha cambiado en estos dos últimos meses para optar por esta vía? Barcina no lo aclaró, porque su discurso se centró en explicar que UPN necesita una persona en la Presidencia “a tiempo completo”, que es urgente celebrar un congreso y que ese liderazgo es necesario ante la difícil situación que afronta el partido, tras el paso de UPN a la oposición en Navarra, Pamplona y los principales municipios de la comunidad.

Pero ese método, el de dimitir y forzar una asamblea, es el que ha ahondado en las tensiones internas de la formación. La senadora Amelia Salanueva, la única que hasta esta semana se había postulado oficialmente para presidir la sigla, ya ha asegurado que esta decisión de una Presidencia “provisional” no es buena para el partido, la formación más votada en Navarra pero que, según afirmó recientemente Salanueva, sigue en estado de “shock” tras los resultados cosechados en las elecciones forales y municipales. Javier Esparza, por su parte, cabeza de lista de UPN al Parlamento foral, confirmó este mismo jueves ante la Ejecutiva del partido que también optará a la Presidencia.

Los bloques en UPN

Salanueva siempre ha sido situada en el sector afín al expresidente Miguel Sanz, quien ya antes de los comicios insistió en la necesidad de contar con una persona al frente de las listas del Parlamento foral con capacidad para llegar a acuerdos, una posibilidad en la que este sector de UPN, más pendiente de agrupar al partido en toda Navarra, en clave más regionalista que estatal, ha tenido algún guiño con Geroa Bai. El bando que encabeza Barcina, por su parte, así como otras personas como Juan Luis Sánchez de Muniáin o Enrique Maya, se ha centrado en Pamplona y se ha acercado más al PP. Esta misma semana, por ejemplo, populares y regionalistas unían sus votos en el proceso de los Presupuestos Generales del Estado. En cuanto a Esparza, es más difícil de ubicar, porque cuando aspiraba a ser cabeza de lista se le atribuyó el papel de candidato de Barcina (frente a las opciones que suponían Alberto Catalán, Juan Ramón Rábade o Salanueva), pero, después, él mismo se negó públicamente a que la expresidenta figurara en las listas a la Cámara foral.

Las posibles alianzas

Una de las cuestiones clave para debatir en ese congreso, por tanto, es comprobar si UPN opta por una vía más centrada, si se replantea posibles alianzas y si cambia su discurso ante el escenario de una ETA inactiva. Otros partidos le han recordado con insistencia que su uso del discurso del miedo, de esa amenaza de que vienen los vascos y de que UPN es más “navarrísimo” (lema de la pasada campaña electoral) que los demás no impidió el cambio en la comunidad.

La convocatoria de la asamblea

Así las cosas, ¿cómo se presenta el proceso en UPN? El por el momento portavoz de la formación en el Parlamento, Carlos García Adanero, asegura que no hay que darle “más vueltas” a la situación, pero el debate ya está planteado dentro del propio partido. Barcina ha dimitido y la sustituye el vicepresidente, Antonio Sola, que asume sus funciones. Ahora se tiene que convocar esa asamblea para elegir al nuevo presidente o presidenta. El plazo es de un mínimo de 15 días desde que se toma la decisión y de un máximo de dos meses, por lo que se llegaría a tiempo para celebrar la asamblea extraordinaria antes de las próximas elecciones generales. No obstante, se espera que esa convocatoria pueda llevar más de 15 días para que cada afiliado o afiliada que lo desee pueda presentar su candidatura a la Presidencia.

La permanencia de la Ejecutiva

El presidente o presidenta que se elija en esa asamblea se mantendría, por el momento, hasta 2017 (fecha hasta la que se alargaba el segundo mandato de Barcina), al igual que el Comité Ejecutivo. Este órgano es el que salió del último congreso en 2013, aquel en el que Barcina se impuso en la Presidencia con el 51% de los votos a Alberto Catalán, más cercano al sector ribero de UPN. Tanto la votación de la Presidencia, como de la Vicepresidencia, la Secretaría General y las 17 personas vocales del Comité Ejecutivo se hace de forma independiente y con listas abiertas, subrayan constantemente desde la formación, pero en este caso la Ejecutiva es más afín a la de la expresidenta. Y esta Ejecutiva es la encargada, según recogen los estatutos, de proponer al Consejo Político (el órgano que, dicho básicamente, agrupa a cargos internos del partido y a los cargos públicos, y cuenta con alrededor de 232 representantes) las posibles alianzas electorales de la formación.

¿Y el congreso?

Esa decisión en torno a los pactos es la que ha levantado ampollas porque, según ha manifestado Salanueva, no es adecuado que una apuesta tan trascendente se tome de esta forma, con una Presidencia “interina” al frente del partido. La senadora ha vuelto a insistir en la necesidad de convocar ese congreso, que propicie una renovación general del partido, una petición en la que, públicamente, han coincidido los y las dirigentes de UPN, pero ahora, mientras ya se hacen cábalas sobre la fecha de la la asamblea, el panorama se nubla al apuntar al momento de celebración del congreso. Esparza, por su parte, también se ha mostrado a favor del mencionado congreso, pero ha insistido en que se presentará “en cualquiera de los escenarios”. Quien ocupe la Presidencia tras la asamblea podrá, en gran medida, marcar los ritmos.

El cabeza de lista de la formación regionalista en el Parlamento de Navarra da el paso ante el Comité Ejecutivo, y el partido afronta afronta un convulso proceso para decidir la nueva Presidencia

Esparza competirá por el momento con la senadora Amelia Salanueva, que ya afirmó públicamente que optará al cargo

Javier Esparza también optará a presidir UPN. El actual cabeza de lista de la formación en el Parlamento de Navarra confirmó este jueves esa candidatura en el Comité Ejecutivo del partido, por lo que, por el momento, competirá por el puesto con la senadora Amelia Salanueva.

Esparza, en declaraciones recogidas por Efe, ha explicado que “yo en su momento me posicioné por un congreso porque creía que era lo adecuado y sigo pensando que ese tiene que ser el camino, pero también es verdad que se necesitan votos para convocarlo, con lo cual si no los hay ese camino no se puede seguir”, ha subrayado. De todos momentos, ha señalado que él se va a presentar sea un congreso o una asamblea. “En cualquiera de los escenarios yo me voy a presentar”.

La opción de Esparza para la Presidencia se daba prácticamente por hecha, pero el exconsejero no la había hecho oficial (al menos públicamente, aunque sí aseguró ante los medios de comunicación que ya estaba consultado a las bases) hasta ahora, según ha adelantado Diario de Noticias y confirman desde la formación.

Este paso adelante de Esparza se produjo el mismo día en que la hasta ahora presidenta de UPN, Yolanda Barcina, anunció que deja ya el cargo, decisión que motiva que ahora el vicepresidente del partido, Antonio Sola, asuma esas funciones y se tenga que celebrar una asamblea extraordinaria, en la que los afiliados y afiliadas de UPN elegirán al nuevo presidente o presidenta. Este proceso, que permitiría sobre el papel ocupar la Presidencia a la persona que resulte escogida hasta 2017, se adelanta así a la prometida celebración de un congreso extraordinario, donde no sólo se renovaría de nuevo la Presidencia sino también los órganos de dirección de UPN.

Esparza y Salanueva se confirman, por el momento, como las dos opciones, a la espera de que más representantes de UPN puedan optar al cargo. La senadora, que fue la primera en hacerlo público, ya ha criticado que la dimisión anticipada de Barcina abre la puerta a una Presidencia interina que “no beneficia a la formación”.

Tanto Salanueva como Esparza, por cierto, ya fueron candidatos durante la votación para elegir la cabeza de lista al Parlamento de Navarra, un proceso en el que Esparza resultó elegido y Salanueva se retiró, tras exigir que el sistema se realizara mediante unas primarias abiertas, como sí ocurre en el proceso para decidir la Presidencia.

Yolanda Barcina ha dimitido como presidenta de UPN. Esta decisión fuerza la elección de otra persona al frente del partido en una asamblea que, en un máximo de dos meses según los estatutos de la formación (es el máximo para una convocatoria extraordinaria de la asamblea general), sería elegida por todos los afiliados y afiliadas. No obstante, el proceso no sustituye al congreso extraordinario anunciado por la propia Barcina y que va a permitir renovar la cúpula de la formación, cuestión que en la asamblea no sería posible.

Esta sorprendente decisión se produce dos meses después de que la propia Barcina anunciara que dejaba la política y que no optaría a la reelección en la Presidencia de UPN, que ha mantenido durante dos mandatos y que, ahora, le habría permitido ocupar el puesto hasta 2017. Sin embargo, los resultados electorales, las dificultades de UPN para llegar a pactos con otras formaciones y su propio desgaste motivaron que la ya expresidenta de Navarra y de UPN diera un paso a un lado: anunció que se reincorporaba a la Universidad Pública de Navarra (UPNA), desde donde precisamente dio el salto a la política hace ahora 19 años.

Sin embargo, el proceso no será como se había anunciado hasta ahora. La renovación en la Presidencia se adelanta, pero no con un congreso extraordinario, como había avanzado Barcina. La dirigente ha dimitido y, de esta forma, ahora asume sus funciones el vicepresidente del partido, Juan Antonio Sola. Ahora se tendrá que organizar en un máximo de dos meses, tiempo que puede reducirse, una asamblea en la que todos los afiliados y afiliadas de la formación pueden optar a la Presidencia (no son necesarios avales) y votar. Una persona, un voto, sí, pero no se renueva al resto de la cúpula de la formación, como sí ocurre con el prometido congreso.

Barcina, en declaraciones en conferencia de prensa, ha insistido en que esta fórmula permite ganar tiempo porque “no se puede perder ni un minuto”, y evita que UPN cuente con un presidente o presidenta “a tiempo parcial”, como ocurría con ella tras reincorporarse a la UPNA. Pero, si esa decisión de volver a la universidad ya estaba tomada al anunciarse el congreso, ¿qué novedad ha habido en apenas dos meses para optar por otro proceso? Barcina únicamente ha respondido que “han cambiado varios temas”.

La cercanía de las elecciones generales, la decisión de con qué formaciones pactar (las coaliciones, según los estatutos, las propone el Comité Ejecutivo, que es el órgano de gobierno de UPN y tiene una vigencia de cuatro años, y las aprueba o rechaza el Consejo Político, integrado grosso modo por los cargos dentro del partido y los públicos) y la necesidad de una persona que lidere la sigla han motivado una decisión que, al final, permitirá elegir a un presidente o presidenta prácticamente de forma interina, hasta que se decida celebrar el congreso.

“Interinidad y provesionalidad”

La senadora Amelia Salanueva, la única que hasta la fecha ha confirmado que optará a presidir UPN (se da por segura la candidatura también de Javier Esparza, cabeza de lista de UPN al Parlamento foral, pero aún no la ha hecho oficial), afirma que esta situación de “interinidad y provisionalidad” no beneficia a la formación: “Si antes era urgente hacer un congreso, ahora más todavía”. Salanueva, vinculada al sector del partido más afín al expresidente Miguel Sanz, considera que ciertas decisiones clave, marcadas por las elecciones generales, no las puede encabezar una persona que ha sido elegida de forma provisional. “No sé dónde se gana tiempo con esta decisión. Esta dimisión ahonda en la falta de liderazgo y hurta la expectativa de los y las militantes de renovar a todos los órganos del partido”, sentencia.

Hasta el momento, lo único que estaba claro en UPN era la voluntad de sus dirigentes de celebrar ese congreso más pronto que tarde ya que, como ha reconocido Barcina, es necesaria prácticamente una refundación de UPN para atraer al electorado perdido. Ahora falta por comprobar si este proceso, como se aspiraba, logra unir a los bloques del partido, algo que la decisión ahora anunciada vuelve a poner a prueba.

(Edición actualizada).

El Comité Ejecutivo del partido se reúne este martes para analizar los plazos y el proceso del congreso extraordinario que elegirá quién sustituye a Barcina al frente del partido.

La presidenta de UPN, que el pasado viernes confirmó su marcha, insistió en que el congreso debe convocarse "cuanto antes" y apostó por decidir la Presidencia mediante unas Primarias.

“Cuanto antes”. La dirigente de UPN, Yolanda Barcina, anticipó la semana pasada no solo su intención de dejar la Presidencia, sino también la de convocar un congreso extraordinario de la forma más rápida posible. Este martes, será el Comité Ejecutivo de UPN el que analice cuáles son los plazos y el procedimiento a seguir de un congreso que, en todo caso, apunta a después del verano.

La gran novedad de la nueva carrera por la Presidencia es que esta se decidirá mediante Primarias, con la fórmula un afiliado, un voto. La propia Barcina así lo adelantó el viernes en la asamblea general del partido. Ahora, uno de los escenarios posibles es que en la reunión de este martes la dirección decida convocar un Consejo Político, que es el órgano que en última instancia tiene la potestad de convocar formalmente el congreso, según fuentes regionalistas consultadas por Europa Press, que explican sin embargo que está por determinar todavía qué decidirá el Comité Ejecutivo.

El partido tendrá que concretar además si quiere que este congreso extraordinario se celebre antes o después de las elecciones generales, que están previstas para noviembre de 2015. En el congreso, UPN elige a su presidente, al vicepresidente y a su secretario general, además de al Comité Ejecutivo y a 75 miembros del Consejo Político, según la ponencia de estatutos que el propio partido aprobó en su último congreso, en marzo de 2013.

No obstante, cada vez que se convoca un congreso UPN abre un procedimiento para fijar una ponencia estatutaria, es decir, que en el futuro cónclave podría verse alterado este procedimiento de elección y se podrían introducir novedades. Junto con la ponencia estatutaria, UPN debe aprobar también una ponencia ideológica y otra programática.

Menos personalismos, más ideas

Al margen del proceso que se siga, Barcina expresó el viernes su deseo de que el congreso sirva para “poner el partido a punto”, ya que el principal objetivo que señaló es el de provocar el renacimiento de UPN. No en vano, pese a ganar las pasadas elecciones forales y municipales, la formación va camino de perder las dos principales instituciones navarras (Gobierno Foral y Ayuntamiento de Pamplona), que pasarán a estar encabezadas por fuerzas nacionalistas, y Unión del Pueblo Navarro ya ha perdido los principales ayuntamientos de la Comunidad Foral y el poder municipal en general, ahora encabezado por EH Bildu.

Por otro lado, Barcina pidió al partido que deje de lado “personalismos” y se centre en la estrategia a seguir. “Tiene que ser el congreso de las ideas, de las estrategias, no de las personas, es el momento de pensar en el qué, y no en el quién. El nuevo liderazgo tendrá que salir consecuencia de las ideas”, indicó.

Yolanda Barcina se va. La presidenta de UPN no optará a la reelección en el congreso de la formación, como ya se había anunciado y como se preveía después de renunciar primero a encabezar las listas regionalistas al Parlamento de Navarra, de no figurar en la plancha y de adelantar que volvería a la docencia en la Universidad Pública de Navarra. La que ha sido referente de UPN, tanto en el Ayuntamiento de Pamplona primero como en el Gobierno de Navarra después, ha anunciado a los afiliados y afiliadas, en la asamblea ordinaria de la formación, que es el momento de dar un paso a un lado y termina su carrera política.

Barcina ha confirmado que se celebrará un congreso extraordinario como parte de la “recreación” del partido. Y, para ello, ha apostado por celebrar unas Primarias con la fórmula de un afiliado, un voto, una de las posibilidades que ya se habían exigido durante la última elección de la cabeza de lista al Parlamento foral y que no salió adelante, pero que en el caso de la elección de la Presidencia ya venía produciéndose. Y ha asegurado que será “neutral” en ese proceso y, “para que no haya dudas, no me voy a presentar a ser la próxima presidenta, ni a ser senadora ni diputada”. “Llevo 19 años en política activa, en primera línea, y es tiempo suficiente”, ha justificado. Y, pese a las diferencias evidentes entre ambos, Barcina ha agradecido públicamente a Miguel Sanz, expresidente del Gobierno Foral, que la animara a dar el primer paso en la vida pública.

Diario de Navarra ya había avanzado esta decisión, pese a que en principio el cargo de la Presidencia de UPN no debía renovarse hasta 2017. Sin embargo, la convocatoria de un congreso extraordinario se daba por hecha como parte del proceso para regenerar el partido regionalista, una opción reforzada por los resultados electorales del pasado 24M, tras los que UPN, pese a ganar los comicios, previsiblemente perderá las dos principales instituciones de Navarra, además de ceder el poder municipal en la Comunidad Foral, que ahora encabeza EH Bildu.

Barcina también ha hecho balance ante los afiliados y afiliadas de lo ocurrido en las urnas y del futuro que se presenta para Navarra. “¿Qué pasa con los resultados electorales? Hemos sido la lista más votada en la mayoría de las instituciones, pero al formar gobierno las consecuencias son nefastas. Hemos perdido el Gobierno de Navarra, los principales ayuntamientos y hemos pasado de 44 alcaldías a 25”, ha afirmado. “Se han unido muchos partidos, les daba la suma, para que UPN no gobernase”, ha añadido. Y, a ese resultado, Barcina ha asegurado que ha contribuido la demanda de cambio, la crisis, las medidas duras “que hemos tenido que afrontar” y la sensación generalizada de corrupción “pese a que en Navarra no la habido (ha negado cualquier muestra de ello en la CAN)”.

La recta final

Esa ha sido la autocrítica, con sus peros, de la que ha sido presidenta de UPN desde 2009. Su carrera política empezó como independiente y, tras su paso por la consejería navarra de Medio Ambiente, ocupó la Alcaldía de Pamplona durante tres legislaturas (de 1999 a 2011) y, en su primera candidatura a la Presidencia de UPN, fue la única que optó al cargo. Entonces el respaldo que obtuvo fue mayoritario, nada que ver con la reñida votación de 2013, en pleno escándalo Caja Navarra, cuando Alberto Catalán le disputó la Presidencia. Barcina ganó entonces con el 51% de los votos, pero la separación del partido se hizo evidente.

Además de ese proceso interno, que le ha acabado pasando factura, la marcha de Barcina también está marcada en buena parte por la última legislatura, con los escándalos de las dietas de la CAN (que ella devolvió, eso sí) y un gobierno en minoría que rompió su alianza con el PSN y se quedó sin posibles puertas a la que llamar. Fue Sanz, precisamente el presidente de UPN anterior a Barcina, quien reavivó unas tensiones internas nunca apagadas al pedir un candidato a la Presidencia del Gobierno Foral con mayor capacidad de llegar a pactos. Barcina alegó en noviembre de 2014 que (frente a lo que había asegurado apenas tres meses atrás) no optaría a encabezar las listas del partido, para así recuperar tiempo para su vida privada, fuera de la política. Así, Javier Esparza se convirtió en el cabeza de lista del Parlamento foral, como parte de una lista en la que, finalmente, sí hubo hueco para varios de los pesos pesados de UPN pero no para la propia Barcina.

Otros partidos, de hecho, acusaron a UPN de ocultar durante la campaña a la presidenta, pero esta finalmente sí estuvo presente durante la recta final y, sobre todo, tras los resultados electorales. Su intervención en Los desayunos de TVE, en los que comparó el panorama post-electoral a la Alemania previa a Hitler (luego matizó esas palabras) se interpretó como una última llamada de atención sobre Navarra, donde UPN ha visto cómo dos fuerzas nacionalistas, EH Bildu en Pamplona y Geroa Bai en el Gobierno Foral, pueden dejarle en la oposición.

El congreso, cuanto antes

Ante esta situación, la presidenta de UPN ha asegurado que hay que hacer “de las dificultades, oportunidades”. “Haremos la mejor oposición; vamos a adaptarnos a tanto cambio trascendente que se está dando en España”, ha adelantado. Y, para “poner el partido a punto”, ha hablado de la necesidad de “renacer”. “Este momento tan difícil me ha hecho pensar, y he coincidido con el Comité Ejecutivo con unanimidad, de celebrar un nuevo congreso extraordinario lo más pronto que sea posible”, ha confirmado. Pero no ha concretado fechas.

¿Y cuál será su destino? Barcina aseguró el pasado 12 de junio que el día que dejara de ser presidenta volvería a la UPNA (es catedrática de Nutrición y Bromatología), y ahora se reafirma en en esa decisión: “Algunos no se lo creían, pero vuelvo a donde salí”.

(Edición actualizada).