La Diputación Provincial de Cuenca disolverá el Consorcio Provincial de Bomberos 'Cuenca 112' y el Consorcio de Medio Ambiente (Consorma), creados en el año 2000 para prestar los servicios de extinción de incendios y gestión de residuos sólidos urbanos, y asumirá desde este año la prestación directa de dichos servicios en los municipios conquenses. Según informa en un comunicado, de esta manera adapta la situación de estos servicios a la normativa, tras la reforma del año 2013 de la Ley 7/85 reguladora de las Bases de Régimen Local.

Atribuye por tanto como competencia propia de la Diputación el servicio de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, así como la prestación del servicio de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes o una función coordinadora de servicios mínimos en los municipios de menos de 20.000 habitantes, entre los que se encuentra la recogida y tratamiento de residuos.

Unos servicios en los que, a pesar de ser una competencia propia de las diputaciones tras la reforma de la Ley Local del Gobierno de Rajoy, seguían colaborando económicamente los ayuntamientos con una aportación a dichos consorcios. Lo que no aclara la comunicación emitida por la Diputación es si los consistorios dejarán de aportar las cuantías económicas como hasta ahora.

La Diputación que preside el 'popular' Benjamín Prieto señala que busca una prestación “más eficaz” de estas competencias básicas a los municipios de la provincia, puesto que “toda la maquinaria administrativa” de la institución provincial, desde Contratación hasta Intervención pasando por los Servicios Técnicos y Jurídicos, estarán a partir de ese momento a su servicio. El personal de ambos consorcios, un total de 67 trabajadores, se integrará en la plantilla general de la Diputación Provincial, lo que “simplificará el entramado administrativo actual otorgando una mayor operatividad a la institución”.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno canario, Aarón Afonso, solicita al Gobierno del Estado la derogación “inmediata” de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local debido a que invade competencias tanto de las comunidades autónomas como de los municipios.

Así se pronunció en relación a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por la Asamblea de Extremadura contra dicha norma, el primer fallo que ha salido de los numerosos recursos presentados, entre ellos, el de la propia Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta primera sentencia deroga tres disposiciones transitorias de la norma que afectaban a las competencias que vienen desempeñando los ayuntamientos en materia de servicios sociales, salud e inspección sanitaria.

Dicho fallo implica en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, por una parte, que esta no debe asumir las competencias que venían ejerciendo los municipios en materia de sanidad, servicios sociales e inspección y control sanitario de mataderos, de industrias alimentarias y bebidas.

Por otro lado, supone que los municipios no tienen prohibido y pueden seguir ejerciendo esas mismas competencias en los mismos términos en que las venían asumiendo, lo que es particularmente trascendente en el ámbito de los servicios sociales, en los que se han venido planteando serias dudas sobre la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran seguir prestando los servicios sociales.

Afonso defiende que es una “muy buena” noticia para todos los ayuntamientos de España que el Tribunal Constitucional haya declarado la inconstitucionalidad y la nulidad de determinados preceptos de la mencionada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que nació para tratar de adaptar las administraciones locales a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Esta norma, explica el consejero, implica una vulneración del principio de autonomía municipal consagrado en la Constitución Española, lo que propició que la norma tuviera un rechazo “generalizado” de todos los municipios con independencia de su ubicación y color político.

Canarias fue una de las comunidades que presentó un recurso contra la norma básica al entender que invadía competencias autonómicas. “Estamos a la espera de que en las próximas semanas sigan recayendo los fallos de los otros recursos que se admitieron a trámite presentados por más de 3.000 ayuntamientos y diversas comunidades autónomas para ver en qué términos afectan en su totalidad a la Ley de Racionalización”, explicó Afonso.

Tranquiliza a los ayuntamientos

La decisión “viene a tranquilizar” a los ayuntamientos españoles, que en los últimos meses tenían la duda de qué pasaría con esos servicios, si bien en el caso de Canarias la prestación de los servicios sociales por parte de los municipios estaba blindada gracias a la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, que les atribuyó estas competencias, destacó.

El fallo también recae sobre la nueva redacción que se da al artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local que, a su vez, establecía un mecanismo por el que el Estado permitía retener parte de la financiación que llega a las comunidades autónomas como consecuencia de no haberse efectuado la atribución de la competencia en el ámbito de las administraciones locales.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, ha expresado el deseo del Ejecutivo regional de que que “el futuro Gobierno de España tenga algo más de sensatez” y derogue la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local aprobada “sin consenso” en 2014 y que ha generado “problemas en el día a día” en la prestación de los servicios sociales por parte de los ayuntamientos.

Afonso, ante las acusaciones de “desidia” de la portavoz de Podemos Natividad Arnáiz, negó que en el Ejecutivo regional “haya habido dejación”, ya que se aprobó la Ley de Ayuntamientos de Canarias y se “remitieron circulares para que se siguieran prestando los servicios”.

“Los datos son alarmantes y estamos en un estado de emergencia social en Canarias. Sin embargo, 21 municipios están atados de pies y manos y 441 canarios se van a quedar sin prestación de servicios sociales. Se les debería caer la cara de vergüenza al decir que son socialistas y nacionalistas”, increpó la portavoz de la fuerza morada.

Para Arnáiz, en Canarias se ha hecho una “chapuza”, y ha exigido que se deleguen las competencias en los ayuntamientos con una ficha financiera adjunta, porque hasta el momento lo que se ha demostrado es que “dinero hay, pero para qué lo quieren no lo sabemos”.

Afonso negó las acusaciones vertidas por la portavoz de la fuerza morada, recordando que fue el Estado quien “sembró incertidumbre y creó inseguridad”, como lo demuestra que hasta 9 comunidades autónomas plantearan sendos recursos de inconstitucionalidad a una ley que traspasaba la asunción de ciertas competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales a las comunidades autónomas.

Gobierno irresponsable

Una tesis que fue refrendada por los portavoces del Pacto, pues Héctor Gómez (PSOE), incidió en que la ley de municipios canarios logró “clarificar” la situación creada por una legislación nacional “que no pivotó sobre el consenso con los ayuntamientos”, mientras que Socorro Beato (CC) recordó que “el Gobierno de España fue irresponsable y puso en peligro la prestación de servicios sociales como ayudas a comedores, teleasistencia, alquileres sociales o ayudas a víctimas de violencia machista”.

Y, al igual que Afonso, la portavoz nacionalista aseguró que “esperamos que esta ley con visos de inconstitucionalidad sea derogada por el próximo Gobierno de España”.

También la portavoz de Nueva Canarias (NC), Esther González, apuntó al Ejecutivo ahora en funciones, al que acusó de “intentar vender la moto con esta Ley cuando lo que realmente buscaba era la privatización de los servicios sociales” y “la recentralización de las competencias”.

Por su parte, la portavoz del Grupo Mixto (ASG), Melodie Mendoza, ha indicado que “persiste actualmente un modelo en el que se mantiene la prestación de competencias duplicadas”, por lo que ha pedido que los ayuntamientos y cabildos, “por ser más cercanos y los que más conocimiento de la realidad tienen”, sean quienes las presten.

Al respecto, Afonso afirmó que “es nuestro compromiso y uno de nuestros principales retos clarificar el modelo competencial, pues entendemos que hay que pasar por un nuevo proceso de descentralización y en esa línea hemos comenzado los trabajos”.

El único que defendió la reforma local fue el conservador Emilio Moreno, al asegurar que se buscaba conseguir una administración “austera y eficaz”, a lo que el consejero replicó que eso será imposible si no se aprueba el nuevo sistema de financiación autonómica, cuya negociación ha sido aplazada “por cuestiones partidistas”.

La propuesta del PP de cambiar la ley de modo que gobierne el alcalde de la lista más votada es vista “con buenos ojos por todos los partidos”. Al menos, eso lo que asegura Carlos Floriano, vicesecretario de organización. El dirigente del PP ha explicado que las primeras “prospecciones” sobre la reforma están en marcha y que la negociación va por buen camino: “Vamos a ver en qué fructifican y si podemos tener buenas noticias pronto”. Al menos tres de los partidos niegan que haya ninguna conversación en marcha.

La idea de cambiar el sistema de elección de alcaldes quedó excluida de la primera reunión celebrada entre PP y PSOE para hablar de propuestas de regeneración de la vida política. Fue una exigencia de los socialistas, que se negaron a que formara parte del mismo paquete de medidas sobre el que se habló en el Congreso en una comida a la que asistieron el portavoz Antonio Hernando el pasado 11 de septiembre y el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.

Ante la negativa frontal de los socialistas, el PP se avino entonces a que el tema se negociara fuera del Congreso y pasara a formar parte de una mesa de partidos. Según explicó recientemente Mª Dolores de Cospedal, la idea fue suya y ella misma se ocuparía de negociarlo con las formaciones políticas. La realidad es que Pedro Sánchez le planteó antes a Rajoy que no habría posibilidad de acuerdo a corto plazo y que no podía negociarse como parte de las medidas destinadas a mejorar la vida pública.

Fuentes de la dirección del PP han reconocido este lunes que de las conversaciones con los socialistas se ocupa Mariano Rajoy. El presidente y Pedro Sánchez hablaron de la cuestión la última vez que se reunieron en la Moncloa, en el mes de septiembre. Después de una primera cita, que tuvo lugar a finales de julio, el líder del PSOE se negó en redondo y acusó a Rajoy de querer “emular el intento de pucherazo de Cospedal” en Castilla La Mancha.

Según explican fuentes de Ferraz, “en el PSOE seguimos en contra” de la propuesta, pero sí existe una cierta disposición a hablar de la cuestión una vez hayan pasado las próximas elecciones municipales. Después de mayo, la reforma sí podrá estar encima de la mesa. “Habrá que negociar”, señalan.

Sin noticias del PP

Aunque ha habido un primer contacto entre Cospedal y Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, el resto de formaciones dice no haber recibido ninguna llamada para hablarlo. Mucho menos, una reunión.

En CiU niegan que desde el PP se hayan dirigido a ellos para discutir la reforma. Ningún dirigente de Convergència Democràtica de Catalunya ni de Unió ha sido contactado por miembros del PP. La supuesta aproximación tampoco ha tenido lugar en el Congreso, entre miembros de los grupos parlamentarios. Desde CiU, desmienten que tengan una opinión favorable a la propuesta del PP de que gobierne el alcalde perteneciente a la lista más votada.

En UPyD, la respuesta es similar. Ni Rosa Díez ni ninguno de los diputados de su formación han recibido llamadas para sentarse a hablar del asunto. El partido de Díez no se niega a que se reforme el sistema de elección de alcaldes, pero fijan sus condiciones: la elección tendría que ser con una segunda vuelta y siempre que falte más de un año para las siguientes elecciones municipales.

Renuncia al rodillo

El PP ha renunciado a su pretensión inicial de sacar adelante la propuesta gracias a su mayoría absoluta. Aunque en un primer momento algunos dirigentes del PP amenazaron con hacerlo si no prosperaba la búsqueda del consenso, la idea se ha ido desinflando ante lo contundente de las negativas. Fuentes de la dirección del PP reconocen que esa postura nunca se contempló en serio, pero insisten en que su idea beneficia a todos los partidos “porque les acerca a los ciudadanos”.

La amenaza que se cierne sobre nosotros este curso es la reforma de la ley electoral para nombrar alcalde al que, sin ganar, alcance el 40 por ciento de votos. La medida, que impulsa el PP para frenar pactos de partidos hasta ahora pequeños que podrían acabar ¡al fin! con el podrido bipartidismo, es rechazada, por todas las demás formaciones, aunque por el PSOE con la boca pequeña.

A ellos también les interesa. Por algo la llevaban en su programa ya en 1998. Pero ahora no necesitan manchar su imagen con un pacto con el PP con tan descarados fines electorales para que salga adelante. El Gobierno de Rajoy se ha declarado dispuesto a aprobarla sólo, con su mayoría absoluta. Los socialistas pueden nadar y guardar la ropa, criticar el oportunismo de la derecha y beneficiarse de sus consecuencias.

Y eso harán si nosotros, los ciudadanos, les dejamos. En nombre, para colmo, de la “regeneración democrática”.

El Partido Socialista Francés también se está “reinventando” (“Reinventémonos” ha sido el lema de su reunión estival en La Rochelle de este año). Y el invento ha consistido en nombrar ministro de Economía a un exbanquero de la banca Rothschild, “social-liberal”, “liberal de izquierdas”, “socialdemócrata”, “liberal”, “socialista moderno”. Queda claro el perfil por el que han apostado. El de quien cambió su carrera de filósofo por la de banquero para hacer dinero. “No tengo gustos lujosos ni grandes necesidades, pero aprecio mucho mi independencia”, explicó él mismo sin empacho hace ahora dos años. Joven, con buena planta, en permanente “modo seducción” y con habilidad para dar siempre a su interlocutor lo que espera de él. “Si no le gustan mis principios, tengo otros” que decía Marx, Groucho.

Pedro Sánchez en España, Emmanuel Macron en Francia. El socialismo ha hablado. ¿Qué diremos los ciudadanos?

¿Detectamos alrededor estupor, impotencia, resignación? Quiero decir, ¿si el PP tira adelante con la imposición de su ley cerdada, ¿qué vamos a hacer nosotros, aguantarnos y que de esa forma espuria siga el PPSOE gobernando ayuntamientos donde legítimos acuerdos podrían desbancarlos? ¿Si la luz que encuentra el PSOE al final de su túnel es rejuvenecer las caras y marchitar su rosa-socialista y su alma-programa, tendremos los electores de izquierda que acompañarlos al infierno?

En paralelo las fuerzas de izquierda y fundamentalmente Podemos que parece avanzar e IU que parece retroceder, ¿serán capaces de no tirarse los trastos a la cabeza como es nuestra tradición y ayudar a la población a parar los atropellos?

Hagan lo que hagan los partidos, quienes han tenido la responsabilidad de la actual quiebra económica, institucional y social -cada cual en su cuota, PP y PSOE los que más- y los nuevos con todo aún por demostrar, los ciudadanos tenemos que tener claro que impedir el pisoteo de nuestros derechos electorales es nuestra responsabilidad.

Abogados, jueces, fiscales, catedráticos capaces de parar con la ley en la mano esta atrocidad; filósofos, investigadores, intelectuales, demócratas con solidez teórica para sembrar argumentos, periodistas que hagan de altavoces y divulgadores, trabajadores de todos los campos y profesiones, estudiantes, jubilados, cuantos nos sentimos estafados por esta falsa crisis que no cesa de precarizarnos, iniciada por los timos de las elites financieras internacionales, engordada por la corrupción y la financiación ilegal de los partidos, por el secuestro de las ideologías de éstos y los mass media por los préstamos que deben a los bancos, ¿vamos juntos a frenarlo? ¿O contemplaremos trémulos pero paralizados el avanzar de las estaciones hacia mayo y, con ellas, de los nuevos abusos?

Nuestra paciencia tiene que tener final. Llevo tiempo pensando, “seguro que esto es lo último”, “por esto no pasamos”, “lo de los ERE es muy fuerte”, “lo de la Gürtel, financiación B al descaro”, “Los SMS de Rajoy apoyando a Bárcenas, bochornosos”, “Los 30 años de Pujol defraudando consentidos por el Estado, de traca”, “La Corona saqueando las arcas autonómicas, vía yerno ni te cuento”, “Todo esto mientras emigran jóvenes profesionales (médicos, arquitectos, periodistas, geógrafos, filólogos, sociólogos...), eso no se va a soportar”, “Y disparando pelotas de goma a quienes a pesar de todo arriesgan su vida por llegar, eso no, al menos nos quedará humanidad!

Pero aquí seguimos tragando sapos. No sé si lo que nos falta es que por Decreto Ley, como le gusta a don Mariano gobernar, nos ponga de alcaldesa, presidenta regional o mano milagrosa en Moncloa -a lo Macron en el Elíseo- a la Virgen Macarena -no por su carrera religiosa y deportiva (con hitos hoy en el baloncesto como ayer en el atletismo) sino por su innegable carisma y liderazgo social. La medida encajaría en un Ejecutivo cuyo ministro del Interior ha concedido la medalla de oro al mérito policial a la Virgen María Santísima del Amor y la ministra de Empleo encomienda los éxitos de sus decisiones a la Virgen del Rocío. Ahora que recapitulo, una Virgen al frente de cada consistorio y, sin primarias, la de Sevilla para coordinarlo todo... En plan anillos de Frodo.

Quizá la Macarena de mandataria impuesta fuera guinda capaz de hacernos reaccionar. Y tal vez no estemos lejos de poder comprobarlo. Aunque, por dignidad, antes de llegar a eso deberíamos salir a la calle, manifestar con toda contundencia, gritando al límite de decibelios que permita la nueva Ley Mordaza de supuesta seguridad ciudadana, que no vamos a permitir la cacicada de que elijan ellos los alcaldes que nos convienen a nosotros. “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo” como en sus buenos tiempos.

Digo lo de la manifestación porque lo de una huelga general, señalándonos en las empresas y descontando salario eso ya ni lo planteamos, ¿no?

El alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, anunció que el Ayuntamiento retomaría el proyecto de convertir la sociedad municipal “Aguas de Alcázar” en una empresa mixta, tras conocerse la anulación por el Tribunal central de recursos contractuales del procedimiento abierto con ese fin.

Este Tribunal, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, acordó la anulación por entender, entre otras razones, que no se había acreditado la solvencia de los socios privados seleccionados para constituir una nueva empresa por medio de la enajenación parcial de las acciones de la sociedad municipal. Ortega interpretó que la anulación obedecía a razones meramente formales que dijo trataría de solventar corrigiendo los pliegos de contratación en un nuevo procedimiento.

Sin embargo esa opción, que era viable cuando se licitó inicialmente en noviembre de 2013, ya no es posible tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como “reforma local”. Dicha norma establece que los “organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que estén adscritos, vinculados o sean dependientes a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a cualquiera de las entidades locales del artículo 3.1 de esta ley [Municipio, Provincia e Isla] o de sus organismos autónomos, no podrán constituir, participar en la constitución ni adquirir nuevos entes de cualquier tipología.”

Es decir, tal y como aclara la Federación Española de Municipios y Provincias en una Circular, “queda prohibida la constitución de entidades dependientes de otras dependientes directamente de las entidades locales, con independencia de la situación financiera”.

Descartada la posibilidad de constituir una sociedad mixta a partir de la empresa municipal “Aguas de Alcázar”, esa misma Ley 27/2013 obliga al Ayuntamiento de Alcázar a adoptar medidas inmediatas para corregir el desequilibrio financiero de la sociedad, que sirvió de argumento para justificar la venta de acciones para constituir una nueva empresa mixta. En concreto para este tipo de entidad, que desarrolla una actividad de abastecimiento de aguas, se da un plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 para la corrección del desequilibrio y si no se ha logrado se procederá a la disolución automática a 1 de diciembre de 2016.

El desequilibrio financiero se identifica con la necesidad de financiación o con la existencia de resultados negativos de explotación en los dos últimos ejercicios contables consecutivos, como es el caso. Para corregirlo, el Ayuntamiento podrá realizar aportaciones patrimoniales o suscribir ampliaciones de capital siempre que en el ejercicio presupuestario anterior hubiera cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su periodo medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo establecido en la normativa de morosidad.

Boletín Oficial de Canarias (BOC) del 9 de mayo de 2013. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el mayor del Archipiélago, publica las bases de la convocatoria para cubrir, mediante el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de interventor general del Consistorio, vacante desde finales de 2012 por la jubilación de Eduardo Goig, su último inquilino. Casi un año después, esta plaza, reservada a un funcionario de administración local con habilitación estatal que se encarga de fiscalizar la gestión económica, financiera y presupuestaria de la corporación y de prestarle asesoramiento legal, sigue sin dueño. Es la viceinterventora quien ejerce de forma provisional esas funciones, dejando desocupado el puesto que tiene en propiedad.

Junto a la del interventor de Santa Cruz de Tenerife, es la vacante de más nombre entre los habilitados nacionales del Archipiélago, pero no es una excepción. El último ejemplo es el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, en La Gomera, que el pasado 10 de marzo publicó en el BOC la convocatoria para una plaza interina de secretario-interventor “habida cuenta de la necesidad de proveer urgentemente el puesto al estar vacante y no haber sido posible su provisión por concurso o en virtud de nombramiento provisional, acumulación de funciones o comisión de servicios”.

Según el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) de la provincia occidental, una cuarta parte de las plazas destinadas a estos funcionarios está vacante en Canarias y otra cuarta parte ha sido cubierta mediante nombramientos provisionales, en ocasiones por profesionales con categorías o subescalas inferiores a las que exige el puesto. En las Islas hay colegiados 91 funcionarios con habilitación nacional, de los cuales 30 pertenecen a la provincia de Las Palmas y 61 a Santa Cruz de Tenerife.

Alejandro Rodríguez, tesorero de la capital tinerfeña y presidente de Cosital en la provincia occidental, explica que, desde hace años, debido a la escasez de interventores, secretarios y tesoreros en España en general y en Canarias en particular, se ha impuesto un principio de primacía de los habilitados nacionales sobre los “funcionarios de la casa” en los nombramientos provisionales “independientemente de la subescala o categoría” a la que aquellos pertenezcan.

La carencia de efectivos ha permitido a muchos de ellos encadenar años en la misma plaza con carácter provisional y renunciar a ejercer sus funciones en la institución local asignada en el concurso que convoca anualmente la Administración del Estado –denominado unitario- y en el que salen obligatoriamente todos los puestos vacantes u ocupados por un sistema de provisión no definitiva. “Si no tienes una plaza en propiedad, tienes que concursar, pero si te toca otro destino, puedes solicitar la renuncia y volver a pedir un nombramiento provisional”, resume Rodríguez.

Disminución “drástica” de plazas ofertadas

Desde la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, en el año 2007, y hasta el pasado 1 de enero, cuando entró en vigor la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la competencia sobre la selección de los funcionarios con habilitación nacional recaía en las comunidades autónomas, que, a través de los denominados concursos ordinarios, debían cubrir las vacantes en estas administraciones.

Cosital incidió en sus alegaciones a la reforma local que durante este periodo el número de plazas convocadas disminuyó “drásticamente”, pasando de las 1.675 ofertadas para toda España en las tres últimas convocatorias del Estado a 584 en las cuatro primeras de competencia autonómica. “¿Por qué no se convocan plazas? Por inercia, porque creían que no era conveniente”, señala el tesorero de Santa Cruz de Tenerife.

Con la reforma local, el Estado recupera la competencia sobre los habilitados nacionales (denominados, a partir de ahora, estatales) y pretende dotar de mayor estabilidad a las plazas reservadas a estos funcionarios, dificultando los nombramientos provisionales. De esta manera, no podrán participar en los concursos aquellos funcionarios que no lleven dos años en el último destino obtenido con carácter definitivo en cualquier administración pública.

En opinión de Cosital, esta situación podría generar la paradoja de que “municipios con pocos habitantes, prácticamente vacíos de competencias y con poco peso específico en términos económicos, van a disponer de un secretario-interventor profesional a costa de que aquellos municipios de mediana dimensión, esto es, los comprendidos en una horquilla poblacional que puede ir desde los 2.000 o 2.500 habitantes a los aproximadamente 50.000, pueden quedar desprotegidos y sin personal capacitado que cubra las funciones reservadas, lo que va a conducir a una mayor ausencia de control de déficit y de los fondos públicos”.

Alejandro Rodríguez remarca que en Canarias, al contrario de lo que ocurre en el conjunto del Estado, la mayoría de los municipios superan los 5.000 habitantes, por lo que una aplicación a rajatabla de lo previsto en la reforma local en un escenario con tan pocos efectivos conllevaría el riesgo de que “puestos importantes en ayuntamientos grandes se queden vacantes”. “El interés público exige que estos ayuntamientos no queden en situación de vacancia y por eso hemos pedido que se convoquen plazas de promoción interna para lograr que los compañeros puedan acceder a una categoría superior y consolidar su plaza”, añade.

De momento, a la espera de que se desarrolle el reglamento que concrete la nueva ley de la administración local, la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias está concediendo los nombramientos provisionales.

Lucha contra el caciquismo

Alejandro Rodríguez explica que la figura del funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional hunde sus raíces en la Constitución de Cádiz de 1812 como un mecanismo de lucha contra el caciquismo. “Fue creado para intentar contrarrestar la fuerza de los ayuntamientos, porque estos trabajadores dependían de Madrid y tenían un plus de independencia. Durante muchos años se cuestionó esta figura”, asevera.

En los últimos años, a raíz de la proliferación de casos de corrupción, los habilitados nacionales han vuelto a cobrar protagonismo. “Como colectivo tenemos una gran responsabilidad y a veces ejercemos las funciones en soledad. Creemos y estamos orgullosos de ser un instrumento modesto de lucha contra la corrupción. En determinados casos, el tiempo ha acabado por dar la razón a los informes que firmaron los habilitados nacionales”, apostilla Rodríguez.

Los informes de estos funcionarios son preceptivos, pero no vinculantes, una circunstancia que, por ejemplo, ha sido aprovechada en numerosas ocasiones por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para levantar los reparos que ha puesto la intervención municipal a determinadas decisiones del grupo de gobierno. “Es una discusión muy vieja si deben o no deben ser vinculantes. En algunos aspectos muy delicados habría que reforzar la emisión de informes, pero también está claro que los gobiernos son órganos con legitimidad democrática que no se pueden sustituir por burocracia”, sentencia.

El Gobierno de Canarias y el PP se mostraron este lunes dispuestos a acordar la reforma de las leyes de cabildos y del sector público municipal, en un proceso que también incluirá a la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

El ambiente de “diálogo constructivo”, que previsiblemente se extenderá a la ley de transparencia, se fraguó en una reunión del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y del consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, con el presidente y la portavoz del grupo popular en el Parlamento de Canarias, Asier Antona y Australia Navarro.

“Hemos visto voluntad en el Gobierno de Canarias para llegar a acuerdos, de manera que las modificaciones que se hagan tengan el consenso de cabildos, ayuntamientos y grupos parlamentarios”, declaró Asier Antona a la salida de la reunión.

Recordó que el PP ha pedido desde el principio de la legislatura reformas en las administraciones públicas, que pasan por adecuar los cabildos y los ayuntamientos a la realidad económica y social, garantizar su suficiencia financiera y sobre todo por eliminar las duplicidades y clarificar las competencias de cada administración.

“Cualquier modificación pasa por clarificar las competencias y por desinflar la maraña burocrática, por simplificar”, dijo Antona, que pidió “menos Gobierno y más cabildo” y en concreto reclamó que las competencias de planificación territorial estén exclusivamente en las corporaciones insulares.

El representante del PP pidió al Gobierno que remita los proyectos de ley cuanto antes al Parlamento, así como el proyecto de ley de transparencia.

Antes del final de legislatura

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, aclaró sin embargo que la ley de cabildos no desarrolla de forma pormenorizada el reparto de competencias, sino que esas cuestiones se remiten a próximas modificaciones de leyes sectoriales, como la de turismo o la armonización del territorio.

Hernández Spínola ratificó la voluntad de consenso del Gobierno de Canarias, que quiere que estas leyes sean de todos y que estén aprobadas antes del final de la legislatura.

Incluyó en la voluntad de consenso el proyecto de ley de transparencia, cuyo segundo borrador, que incorpora aportaciones ciudadanas tras el periodo de información pública, será presentado a los grupos parlamentarios el próximo miércoles.

Ese segundo borrador incluye un régimen sancionador, como había pedido el PP, mientras que las medidas de transparencia para las corporaciones locales se han incorporado en la leyes de cabildos y del sector público municipal.

Hernández Spínola consideró que su departamento ha cumplido los compromisos del principio de legislatura, que eran remitir al Parlamento la reforma del Estatuto de Autonomía, la Ley de Cabildos, la Ley del sector Público Municipal y la Ley de Transparencia.

El borrador de la Ley para el Sector Público Municipal presentado por el Gobierno de Canarias cubre vacíos legales que crean dificultades organizativas en los ayuntamientos y completa y desarrolla la normativa básica, según el ejecutivo.

Se trata de una ley que moderniza, economiza, transparenta y simplifica el acceso a los servicios públicos, aumenta la seguridad jurídica, reduce la improvisación y organiza y estructura a los municipios canarios.

Se ordenan las atribuciones de cada órgano en la estructura del ayuntamiento y se aumenta la capacidad de la oposición para intervenir en la organización de los debates plenarios.

En el texto se aclaran las tareas de mancomunidades o consorcios y se establecen fórmulas para fusiones voluntarias entre municipios, así como segregaciones, procesos que en ningún caso podrán suponer la creación de municipios de menos de 5.000 habitantes.

En cuanto a la reforma de la ley de Cabildos, se permite a las corporaciones insulares organizarse y contar con medios e instrumentos adecuados para ejercer las tareas que le han sido asignadas por el ordenamiento jurídico, indicó el ejecutivo.

El secretario de Organización del PSOE de Canarias, Julio Cruz, ha afirmado que la Ley de Bases de Régimen Local representa “uno de los mayores ataques a la democracia que ha puesto en marcha el Partido Popular y provocará grandes dificultades para la gestión de los ayuntamientos de Canarias y de toda España”.

Un día después de la presentación ante el Constitucional del recurso de los grupos parlamentarios en el Congreso y del Gobierno de Canarias contra esta norma, Julio Cruz ha señalado en un comunicado que la agenda para recurrir la Ley probada por el PP se está cumpliendo “punto por punto”, y recordó que ya el pasado mes de enero el secretario federal de Política Municipal y Ciudad, Gaspar Zarrías, hizo este anuncio durante su visita a Tenerife.

El dirigente socialista recuerda que esta normativa “acaba con la posibilidad de que las corporaciones locales gestionen las políticas de servicios sociales”, una parcela en la que los ayuntamientos “juegan un papel fundamental”, apostilló.

“Son el primer contacto de la ciudadanía con la administración pública, el lugar al que acuden las familias que peor lo están pasando para buscar soluciones a su situación”, resaltó Cruz, para quien los recortes competenciales impuestos por el Estado “no son más que una muestra clara de la terrible indiferencia del Partido Popular hacia problemas como la pobreza, el desempleo y exclusión social, que ellos mismos han contribuido a amplificar”.

Asimismo, avisa de que esta reforma del PP “sólo generará problemas a los ayuntamientos a la hora de prestar servicios a la ciudadanía” e insiste en que constituye “un ataque brutal contra los servicios sociales, tan importantes en estos momentos de crisis económica”.

Al mismo tiempo, explica que la nueva ley “tampoco recoge la singularidad administrativa de Canarias”, lo que la convierte en “un cúmulo de despropósitos con el objetivo de privatizar los servicios que prestan las administraciones locales, desde la recogida de basuras, el suministro de agua, el saneamiento y el mantenimiento de mobiliario público hasta cuestiones tan delicadas como los servicios sociales”.

Ayer, el portavoz de Constitucional y número dos de la candidatura del PSOE a las próximas elecciones europeas, Ramón Jáuregui, presentó junto a Gaspar Zarrías un recurso contra la reforma local firmado por más de 130 diputados en representación de la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso. A esta iniciativa, apuntó Cruz, “se une el recurso presentado por más de 2.500 municipios españoles, entre ellos todos los gobernados por el PSOE en Canarias, y los que llevarán muchos gobiernos autonómicos”.

El pasado sábado, a las puertas de las Cortes, representantes de once formaciones políticas escenificaron su voluntad unitaria de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para lo que han conseguido recabar acuerdos plenarios de más de 2.000 Ayuntamientos de toda España con 15 millones de habitantes censados.

El número alcanzado, además de constituir un hito histórico, cumple sobradamente el requisito de que el recurso debe ser suscrito por las mayorías absolutas de un séptimo del total de los Ayuntamientos que hay en España y que, además, supongan un sexto de la población. Se prevé que antes del 31 de marzo el Ayuntamiento de mayor tamaño, Barcelona, solicite el dictamen del Consejo de Estado como paso previo a la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional.

Para sus críticos esta ley, que salió adelante con los votos de PP y PNV, es un grave atentado contra la autonomía municipal, recorta servicios sociales, prestaciones básicas en la atención de los mayores, en educación y en sanidad, con la clara intención de privatizarlos.

Los promotores del recurso son PSOE, CiU, IU-ICV, ERC, Coalición Canaria, BNG, CHA (Chunta Aragonesista), Compromís, Nueva Canarias, UPyD, CAPI (Confederación de Agrupaciones y Partidos Independientes) y FEEM (Federación de entidades Locales menores).

Apoyo en Castilla-La Mancha frente a la ley

En Castilla-La Mancha la movilización del Psoe e Izquierda Unida ha logrado que casi 400 Ayuntamientos, el 20 % del total de recurrentes, adopten el mencionado acuerdo plenario, lo cual supone el 40 % de los municipios de la Comunidad.

Para el secretario general del Psoe de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, “la reforma local que ha hecho el PP no sirve para clarificar competencias, no conlleva ningún tipo de ahorro y es una ley que va en contra de los interés de los ciudadanos y de los Ayuntamientos más pequeños”, por lo que justifica la presentación del recurso por 80 Ayuntamientos de la provincia donde su partido gobierna.

Según Gutiérrez “esta reforma local del PP daña gravemente a los Ayuntamientos y, en el caso de la provincia de Toledo, afecta muy negativamente al 98% de los municipios, que podrán ver eliminadas sus competencias al tener menos de 20.000 habitantes, atacando esta ley directamente a la autonomía municipal”.

El también alcalde de Escalona cree “disparatado” quitar competencias a los Ayuntamientos y dárselas a las Diputaciones porque “conlleva una preocupante falta de eficacia, el encarecimiento de los servicios, que éstos sean de peor calidad y supondrá su privatización”. , Según el responsable socialista “se cambia rentabilidad social por rentabilidad económica en la prestación de servicios, lo que implica que van a recibir peores servicios y más caros”.

El Ayuntamiento de Toledo también se ha unido al recurso de inconstitucionalidad porque, según el portavoz municipal de Izquierda Unida, Aurelio San Emeterio, “supone un ataque directo a las competencias municipales y al trabajo que las entidades locales hacen cada día con los ciudadanos”.

El concejal advierte que esta ley pretende la privatización sistemática de los servicios públicos municipales, muchos de los cuales desaparecerán, especialmente los servicios de proximidad como los servicios sociales, de atención a la mujer o de lucha contra la violencia de género, “aludiendo a un reparto competencial que en realidad es sólo una excusa para suprimir servicios a los ciudadanos y seguir este cínico sistema de reducción del déficit”.

Además San Emeterio apunta que “esta reforma es especialmente dura con las zonas rurales, esas a las que Cospedal ha castigado tanto, ya que el 95% de los municipios de nuestra región dejaría de tener servicios sociales, políticas de igualdad, culturales o de desarrollo o creación de empleo” y además, “santifica a las Diputaciones y les cede parte de la prestación de servicios. Hablamos de las únicas administraciones que no son de elección directa por parte de los ciudadanos y que han demostrado en muchos casos ser verdaderos nidos de corrupción, de tratos de favor y que han funcionado como cortijos al servicio de algún dirigente, y en Toledo lo sabemos bien”, concluye el concejal.

Sindicatos, partidos políticos y colectivos sociales también se han unido al llamamiento para esta tarde a las 19:00 delante de la Diputación foral.

Creen que la ley resta competencias y debilita la autonomía de los ayuntamientos, “la administración más cercana a la gente”, y que la enmienda del PNV no evitará su aplicación en Euskadi.

Las instituciones locales vascas gestionan en torno al 15% del presupuesto público frente a una media europea del 25%, esta modificación competencial reducirá aún más este porcentaje.

La federación de asociaciones vecinales de Bilbao junto con las agrupaciones de vecinos de Bizkaia han convocado esta tarde una concentración para protestar contra la modificación de la ley de bases. La reforma local fue aprobada en el Congreso a finales del año pasado con los votos a favor del PP y toda la oposición en su contra salvo el PNV, gracias a una enmienda en reconocimiento de la foralidad, y empezará a aplicarse a partir de este año. Los principales efectos del cambio normativo serán el trasvase de competencias desde los ayuntamientos a las diputaciones y gobiernos autonómicos, especialmente en aquellos municipios con menos de 20.000 habitantes, la gran mayoría en Euskadi.

Los vecinos creen, además, que la enmienda de los jeltzales no impedirá su aplicación en territorio vasco salvo en alguno de sus apartados. Por estos motivos, los residentes han convocado una concentración frente a la sede de la Diputación foral de Bizkaia en la Gran Vía bilbaína esta tarde a las 19:00 horas. A este llamamiento se han sumando también partidos políticos (EH Bildu, PSE y Ezker Anitza), sindicatos (LAB, CCOO y UGT) y otros colectivos como Ekologistak Martxan.

Al concluir la protesta, en torno a las 19:30, los vecinos darán lectura a un comunicado en el que resaltan las principales “agresiones” de la futura ley. A su entender, el texto resta competencias y debilita la autonomía de los ayuntamientos, “la administración más cercana a la gente”. El comunicado pone de manifiesto que la deuda de las corporaciones locales se sitúa en el 4% del PIB frente al 88% que corresponde al resto de instituciones.

Los vecinos ponen de manifiesto que la ley elimina competencias que hasta ahora eran municipales, como algunos servicios sanitarios, educativos y sociales, y resta capacidad de organización a los ayuntamientos. Creen que el verdadero propósito de la reforma es “abrir la puerta a la privatización de estos servicios con el pretexto de la reducción de costes”, “fomentar la fusión de municipios” e “imponer condiciones drásticas en el empleo municipal”.

Javier Muñoz, presidente de la federación de asociaciones de vecinos de Bilbao, considera que el impacto de la reforma será “drástico” incluso en Euskadi. “Hemos analizado el texto de la ley y de la enmienda y creemos que quizás aquí nos libremos de que se fijen los salarios municipales desde Madrid, pero poco más”, apunta. El representante vecinal considera “chocante” que cuando en la Unión Europea lo habitual es que los ayuntamientos manejen un 25% de los presupuestos públicos como media, en España se quiera reducir el 13% que gestionan actualmente.

En Euskadi este porcentaje se sitúa un par de puntos por encima, pero la ley hará que se reduzca. Algo que notarán, sobre todo, los municipios con menos de 20.000 habitantes. Javier Muñoz cree que la primera ‘víctima’ de la reforma serán las competencias delegadas en las corporaciones por otras instituciones de ámbito superior. “Por ejemplo, ahora mismo los ayuntamientos vascos se encargan de mantener los colegios públicos y con la nueva ley ya no podrán seguir haciéndolo”, ilustra.

Ambos partidos promueven una vía para legitimar a los ayuntamientos a presentar un recurso por invasión de competencias.

El recurso debe ser presentado por, al menos, una séptima parte de los 8.116 ayuntamientos que hay en España.

Además, los consistorios recurrentes deben represantar al menos a una sexta parte de la población española.

PSOE y CC han anunciado este jueves que han creado un grupo de trabajo para redactar los tres recursos de inconstitucionalidad que estos partidos promoverán contra la “mal llamada” Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local.

En rueda de prensa, el secretario de Ciudad y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, y el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, explicaron que una de las vías para recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional es que lo firmen cincuenta diputados.

La segunda vía la promoverán los gobiernos y parlamentos autonómicos porque se trata de una “clara agresión” al Estatuto de Autonomía, dijo Gaspar Zarrias, quien añadió que el tercer recurso es novedoso por cuanto nunca se ha hecho en España.

Se trata de legitimar a los ayuntamientos para que presenten un recurso de inconstitucionalidad por invasión de sus competencias, para lo se exigen dos requisitos.

Una de las exigencias es que el recurso lo presenten al menos una séptima parte de los 8.116 ayuntamientos que hay en España, por lo que se necesita el aval de como mínimo 1.160 corporaciones municipales, algo que Gaspar Zarrías consideró “bastante posible”.

La segunda exigencia es que los ayuntamientos que presenten el recurso representen al menos a una sexta parte de la población española, para lo que se precisa que entre todos sumen más de 7.700.000 habitantes, y en este sentido el dirigente socialista indicó que desde Canarias se aportará más de un millón de personas.

Gaspar Zarrías manifestó que hay tres meses de plazo para recurrir una ley que calificó de “chapuza”, que tiene como objetivo “introducir la iniciativa privada en los servicios sociales”, pues a su juicio se trata de una operación para privatizarlos o desmantelarlos.

Comentó que todas las grandes empresas de la construcción que tienen dificultades económicas han creado una división para gestionar servicios sociales, y señaló que si de verdad se arreglan los problemas con ella cómo es que su entrada en vigor se aplaza para después de las próximas elecciones locales.

José Miguel Barragán reiteró que los ayuntamientos son las administraciones más próximas a los ciudadanos y con esta ley recibirán peores servicios.

Gaspar Zarrías afirmó que con la entrada en vigor de esta ley los ayuntamientos serán “meras” oficinas administrativas en las que la mayor obligación del alcalde será acudir a las procesiones, con lo que se volverá a que ese puesto sólo lo ocuparán personas con recursos económicos como a principios del siglo pasado.

El secretario general de Coalición Canaria dijo que con esta ley se quitará a los ayuntamientos competencias, por lo que el Gobierno canario trabaja para que no sea así y que los servicios sociales los presten las corporaciones locales.

El secretario de Ciudad y Política Municipal del PSOE aseguró que su partido no quiere unos servicios sociales de beneficiencia sino derechos para que los ciudadanos no tengan que vivir de la caridad.

Aborto, educación, violencia de género, sanidad, dependencia o empleo son los campos en los que se observa una mayor regresión

Los últimos cambios legislativos y los recortes del Gobierno central, principales escollos en el avance hacia la equiparación social entre hombres y mujeres, para la administración andaluza.

El PP niega cualquier retroceso en la situación de la mujer pero reconoce la necesidad de fomentar el empleo femenino

En lo que sí coinciden gobierno andaluz y oposición es en la necesidad de hacer un frente común por una mayor implicación de los hombres en la lucha por la igualdad

“Retroceso”. “Involución”. “Año negro”. Son algunas de las palabras que se escuchan al preguntar por cómo ha ido el año 2013 en materia de Igualdad. Los motivos económicos y la sempiterna crisis se lanzan una vez más como argumentos, en algunos casos insostenibles. Pero la realidad es que España ha pasado a ocupar el puesto número 30 del ranking de igualdad de género elaborado por el Foro Económico Mundial, cuando hace tan sólo seis años estaba en la posición número 10.

Las políticas sociales puestas en marcha por el Gobierno central parecen no contentar a colectivos feministas, sindicatos y administraciones como la andaluza, que alertan de una vuelta atrás de 30 años en aspectos clave como el aborto, el acceso de la mujer al mercado laboral, las ayudas sociales, la integración o la lucha contra la violencia de género. Para muchos es un paso atrás.

1. Políticas de Igualdad: La posición en el ranking internacional del Foro Económico Mundial podría considerarse el primer paso atrás. Silvia Oñate, directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), asegura: “Hemos pasado de ser un referente a tener una realidad con muchos ejemplos de retroceso. Si no pedaleamos, esto se para”. “Las políticas de igualdad deben llevarse a todos los ámbitos y deben estar dotadas económicamente, pero el Gobierno central les ha metido la tijera”, insiste Oñate.

En el Partido Popular no tienen en absoluto esa percepción: “En 2013 no ha habido retrocesos en el campo de la Igualdad”, asegura contundente Ana Mestre, portavoz popular del área en el Parlamento de Andalucía.

2. Aborto: La reforma de la ley de interrupción del embarazo auspiciada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón, supone volver a la legislación de 1985. La Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada sitúa a España a la cola de la UE en este asunto al considerar delito interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas excepto en sólo dos supuestos: violación y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica” de la mujer, algo que tendrán que acreditar dos médicos. Para la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, las mujeres comienzan 2014 “de la peor manera” por la “amenaza de recorte de sus derechos y libertades”. Desde la Junta, se considera “una ley retrógrada, que no responde a una demanda social, y un ataque sin precedentes a la libertad individual de la mujer y al derecho a decidir”. “La ley de 2010 no hizo que aumentaran los abortos, de hecho, en algunas regiones, descendieron”, añade Oñate, que recuerda que la nueva ley incumple muchas de las recomendaciones de la OMS en materia de Interrupción Voluntaria del embarazo.

Aunque han surgido bastantes voces discordantes incluso dentro del PP, su postura es clara. “No considero que se haya dado un paso atrás. Esta ley, que estaba en nuestro programa electoral, se va a adaptar a las necesidades reales de la mujer”, señala Mestre, que insiste en que hay que respetar los criterios de cada uno en un tema “tan personal y sensible”.

3. Ley Wert: La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en solitario por el Partido Popular, ha contado con el rechazo, no sólo de todos los partidos de la oposición (sólo UPN se abstuvo) y de algunas comunidades autónomas, sino que ha disgustado (y echado a las calles en dos huelgas generales) a padres, alumnos y profesores. La polémica ley impulsada por el ministro Wert ha sido criticada por haberse aprobado sin consenso y ha sido calificada de “privatizadora”, “segregadora” o “adoctrinadora”.

La norma, que respalda las subvenciones para los colegios que separan por sexo, suprime además la asignatura de Educación para la Ciudadanía, la única en todo el itinerario formativo que abordaba la violencia de género, si bien el Gobierno ha anunciado que está estudiando cómo solucionar este punto. Para Oñate, del IAM, “esta ley, con una marcada influencia religiosa, fomenta una educación segregada que vulnera el principio de igualdad y de no discriminación”. El PP ha hecho piña en torno a esta polémica ley y asegura que promueve “la calidad, la igualdad de oportunidades y el empleo”.

4. Violencia de género: 2013 dejó muy mal parada la lucha contra la que posiblemente sea la manifestación más dura de la desigualdad: los malos tratos. Los recortes en las partidas contra la violencia machista han caído como un jarro de agua fría entre colectivos, asociaciones de mujeres, ONGs e instituciones. La partida para prevención de la violencia machista en los Presupuestos Generales del Estado de 2014 será de 21.854.420 euros, un 1,45% menos que en 2013 y un 28% menos que en 2011. “Hemos sufrido un parón importante”, asegura Encarnación Aguilar, directora general de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de Andalucía. Y añade: “Hemos creado un sistema de protección cuyos pilares han sido dilapidados y hemos vuelto 30 años atrás”.

Desde el PP, Ana Mestre niega que se hayan reducido las partidas destinadas a sensibilización y concienciación y asegura que la lucha contra la violencia de género es “un compromiso claro y notorio del Gobierno central”. “No se puede hablar de retroceso porque existe la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género contra la Mujer 2013-1016 con un presupuesto de 1.500 millones de euros”, afirma. Mestre reconoce que “los partidos somos incapaces de hacer una política conjunta” y señala que “hay que tener altura de miras”: “Este asunto debe ser cuestión de Estado”, concluye.

5. Sanidad: Varias de las medidas adoptadas por la ministra Ana Mato han contado con el rechazo frontal de numerosos colectivos y partidos políticos. Impedir el acceso de mujeres solteras y lesbianas a la reproducción asistida argumentando que “la falta de varón no es un problema médico” ha sido uno de los ‘hitos’ del año para la ministra. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha calificado el 2013 de “desastroso” en materia sanitaria.

6. Empleo: El paro se cebará especialmente con las mujeres (el año pasado acabó con 2.406.626 mujeres en paro frente a 2.294.712 varones), y la última reforma laboral no parece haber ayudado a equilibrar la balanza en 2013. “Esta reforma afecta de forma cruenta a la mujer al impulsar jornadas a tiempo parcial, algo que redunda en el desarrollo profesional, el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad y, obviamente, a la conciliación familiar”, asegura Oñate, que destaca que, “especialmente injusta es la brecha salarial, pues la mujer cobra hasta un 16% menos que el hombre por el mismo trabajo”.

Para el sindicato UGT, la reforma laboral ha supuesto “un retroceso en las condiciones laborales de las mujeres y un aumento de las discriminaciones. Son medidas de regresión abusiva que condenan a las mujeres a mayor desempleo, mayor precariedad y menor protección social”.

Desde el PP, Mestre reconoce que el paro “ataca mucho más al sector femenino” y que se han destruido muchos empleos que, en gran parte, desempeñaban las mujeres, “pero esto no es culpa de Rajoy. Hay importantes partidas destinadas a fomentar el empleo femenino en algunas comunidades autónomas, como Andalucía, que no se ejecutan”. El PP destaca que la reforma laboral ha flexibilizado el mercado y se remite a los últimos datos. “El paro está bajando de manera generalizada y esto beneficiará a la mujer”, dice Mestre.

7. Reforma de la Administración Local: Aquí el debate se centra, sobre todo, en la posible desaparición de algunos de los recursos establecidos para la atención primaria de la mujer en materia de igualdad. El PP llama a la calma: “Los Centros municipales de Información de la Mujer no van a desaparecer. Los mantienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y su servicio no está en peligro porque lo respalda el Gobierno si las comunidades autónomas no pagaran”, asegura Ana Mestre. Esto es lo que esperan los colectivos feministas e instituciones como los Institutos de la Mujer, que consideran que en políticas de Igualdad, la cercanía es básica pues a estos centros es adonde la mujer acude en busca de asesoramiento y orientación en primera instancia. “Su desaparición supondría una merma de los derechos para ellas”, dice Silvia Oñate.

8. Dependencia: La Ley de Dependencia puesta en marcha por el Gobierno de Zapatero colocaba a la mujer, principal encargada de mayores y dependientes, en el escenario laboral, en un ámbito público, con un reconocimiento salarial y laboral. Pero la paralización de estas ayudas las devolvió al ámbito privado y las privó de algunos derechos adquiridos. Además, los cuidadores no profesionales se redujeron de forma drástica después de que el Gobierno les invitara a pagar la cotización a la Seguridad Social de su bolsillo. “Esa ley devolvía la dignidad a la mujer que desempeña las tareas de ayuda. El intento del Gobierno central de eliminar esta ley hace que se pierdan los puestos de trabajo creados con ella”, destaca Silvia Oñate, del IAM. Sin embargo, Mestre (PP) asegura que “no hay un menoscabo en la situación de la mujer” y critica que algunas comunidades autónomas, como Andalucía, estén revisando algunas de las ayudas y estén recortando en políticas sanitarias, incluidas las de dependencia. Sin embargo, las aportaciones del Gobierno de la Nación se han reducido a la mitad con respecto a lo que invertía cuando se aprobó en 2007.

Acuerdo: hace falta mejorar la corresponsabilidad de los hombres

En lo que parece que no se ha avanzado durante 2013 es en el papel de los hombres. “No puede haber igualdad ni conciliación familiar si los hombres no se incorporan a la corresponsabilidad.”, afirma Silvia Oñate, del IAM. Desde el PP se insiste en que “necesitamos que nos acompañen los hombres. Es una lucha de todos y pasa por que los hombres estén sensibilizados para conseguir la igualdad plena, de derecho y también de oportunidades a la hora de acceder a un trabajo, a la educación…”. Es lo único en lo que unos y otros parecen estar de acuerdo.

La reforma se traducirá en la exclusión de la cooperación al desarrollo como competencia local en buena parte de los municipios españoles

Durante años la cooperación española ha asentado su identidad en el valor diferencial que aportaba la cooperación descentralizada

El Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (o la ley de reforma local, en términos más prosaicos), que acaba de ser aprobada en el Congreso, está orientado a la búsqueda de la estabilidad presupuestaria fijada en la reforma constitucional de agosto de 2011. Así, con esta reforma, el Gobierno pretende aumentar la eficiencia de las administraciones locales y reducir el gasto público. Este objetivo, según se refleja en el proyecto de ley, exige adaptar algunos aspectos de la organización y funcionamiento de la administración local, así como mejorar su control económico y financiero. Según se plantea en el texto, con estas “adaptaciones” se persiguen varios objetivos básicos: evitar duplicidades, racionalizar la estructura organizativa de la Administración local, garantizar el control financiero o “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”.

Lejos de apostar por la búsqueda de alternativas políticas, la propuesta del Gobierno español se basa en la reducción de las competencias o actuaciones que son consideradas como “ineficientes”. Algo que se traduce en la práctica en la supresión, en numerosos municipios, de buena parte de sus competencias (las más “ineficientes” desde el punto de vista económico): educación, salud o servicios sociales. En este escenario, la cooperación para el desarrollo de base local será una de las primeras excluidas en la matriz de competencias de buena parte de los municipios españoles.

Una reforma sin justificación económica ni democrática

Las administraciones locales acumulan un 4% de la deuda pública española y su déficit público alcanzó en 2012 el 0,3%. A la luz de estos datos, es al menos cuestionable la contribución real que esta reforma tendrá en la estabilidad presupuestaria estatal. Pero si es cuestionable su justificación en términos económicos, las dudas son ciertamente clamorosas en términos democráticos. Sin negar la necesidad de explorar fórmulas de gestión más eficientes y racionales no parece que vaciar de contenido y de recursos a los gobiernos que pueden contribuir a una gestión más próxima y equitativa de los servicios y políticas públicas contribuya a fortalecer la gobernanza local y con ello la democracia.

Si la lectura de lo que supone la reforma local se hace en relación a la agenda internacional de cooperación, la propuesta expresa desconocimiento e incomprensión de la naturaleza interdependiente y multidimensional de los problemas del desarrollo, como son la pobreza o la desigualdad. Los desafíos sociales, políticos y económicos que afectan al bienestar del conjunto de la humanidad ―a esa ciudadanía global que tiene un anclaje territorial local― sólo pueden ser abordados desde una perspectiva multinivel, con una participación efectiva de los gobiernos locales.

El Proyecto de Ley de Racionalización y Sosteniblidad de la Administración Local supondrá, tal y como está planteado, un serio menoscabo a la capacidad de los gobiernos locales de dar respuesta a los problemas de la ciudadanía, a los problemas del desarrollo y de contribuir a la construcción de un mundo mejor gobernado. Supondrá, en definitiva, un retroceso en la gobernanza democrática local y en las aspiraciones de construir un sistema democrático de gobernanza global.

Durante años la cooperación española ha asentado su identidad y buena parte de su especificidad en el valor diferencial que aportaba la cooperación descentralizada (la realizada desde ayuntamientos, autonomías y otros entes locales). Esta gestión descentralizada ha contribuido a fortalecer también a los gobiernos locales en los países socios y acompañar sus procesos de descentralización; ha servido como experiencia para el diseño e implementación de políticas públicas y prestación de servicios con carácter universal y vocación redistributiva, y en su gestión se ha contado con el importante apoyo al tejido asociativo local, clave para el fortalecimiento democrático y la participación social.

El trabajo de educación y movilización social en el norte, tan necesario para la transformación social y en la construcción de un mundo más equitativo y sostenible, tampoco hubiera sido posible sin la gestión pública realizada por los gobiernos más cercanos a la ciudadanía. Paradójicamente, y de un plumazo en forma de texto legal, no sólo la cooperación española parece renunciar a estas cualidades, es el propio Estado el que se ve desposeído de este bagaje democrático acumulado a lo largo de décadas.

Los encargados de controlar la legalidad de la contabilidad de los ayuntamientos están solos ante las irregularidades que estos cometen y se quejan de que los incumplimientos de la responsabilidad contable se pueden recurrir ante instancias superiores pero en procesos “larguísimos que quedan en poca cosa”.

Los interventores son los funcionarios que se encargan de controlar la gestión económico-financiera de las corporaciones locales, es decir, vigilan la legalidad de todos los gastos e ingresos que pasan por las arcas públicas. Son funcionarios que trabajan con “plena autonomía respecto de los órganos y entidades municipales” a los que fiscalizan, segun la ley de Bases del Régimen Local, y, aunque su habilitación es de carácter estatatal, su selección queda en manos de las comunidades autónomas y, en el día a día, dependen del alcalde.

A pesar de la ardua labor que deben desarrollar los interventores, carecen de jerarquía y no tienen un órgano superior ante el que rendir cuentas o al que pedir amparo. Esto permite que muchas veces sus informes negativos, remitidos a la propia corporación local, sean ignorados. “No existe un mecanismo o es diluido para denunciar las irregularidades que detectamos en la fiscalización”, expresa Javier Biosca, que forma parte del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital).

Los interventores emiten informes sobre la actuación económico-financiera de las corporaciones a las que informan de sus resultados, que pueden ser negativos por no ajustarse a la responsabilidad contable o por incumplir la normativa administrativa. En los casos en que el reparo pone de manifiesto incumplimientos en la responsabilidad contable, el interventor tiene la obligación de recurrir ante el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía. Javier Biosca señala que se trata de procedimientos “larguísimos que quedan en poca cosa”. Además, denuncia que los casos en los que los informes apuntan a irregularidades respecto a la normativa administrativa “quedan en papel mojado”.

Sin poder recurrir

El Tribunal de Cuentas tampoco reclama a los interventores sus informes negativos y, salvo que se trate de incumplimientos contables, los interventores no tienen a quién acudir con sus informes si los responsables municipales les ignoran, según explica Biosca. Esta misma semana los presupuestos del Ayuntamiento de Marbella -uno de los que ha tenido más condenas por corrupción de España- han salido adelante a pesar de los reparos del interventor municipal, que señaló la ausencia de la planificación de los 18 millones de euros que deben abonar en concepto de deuda con la Junta de Andalucía.

No obstante, no existe un consenso en el seno del cuerpo de interventores respecto a la reivindicación de un cuerpo superior al que recurrir si se incumplen sus reparos. Quienes se oponen consideran que esto supondría una pérdida de autonomía. El actual interventor de Crevillente, Fernando Urruticoechea, señala que quienes temen una pérdida de autonomía “tienen miedo de perder privilegios económicos” en sus respectivos lugares de trabajo, ya que los salarios los marca el consistorio correspondiente. “No se trata de defender nuestros intereses como colectivo profesional, sino que nuestra falta de independencia provoca indenfensión de los ciudadanos”, añade Urruticoechea.

La reforma de la Administración local que ha presentado el Gobierno pretende “fortalecer” la posición de los interventores, por lo que prevé que los interventores pasen a depender de nuevo de la Intervención General del Estado con el objetivo de “aumentar la independencia, profesionalidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones de garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario en la gestión local”. Para Biosca, esta medida es “insuficiente” porque se limita a que “el proceso de selección” vuelva a recaer sobre el Estado y no las comunidades.

Otra insuficiencia legislativa es que los informes que contienen reparos de ilegalidad con efectos suspensivos de las ejecuciones municipales (como, por ejemplo, una obra si no ha seguido con trámites obligados) deben someterse al Pleno para solventar los fallos, pero la medida, en última instancia, depende del alcalde.

“La reforma de la Administración local concreta esa obligación”, afirma Biosca, que explica que existen iniciativas para mejorar la fiscalización de los municipios, como la obligación existente en la Comunidad Valenciana de poner en conocimiento de la Sindicatura de Cuentas los reparos, aunque en la práctica “no se ha hecho nada”.

Uno de los ejemplos de que los avisos de los interventores son ignorados es el de Castro Urdiales, según explicó en el programa 'Salvados' de La Sexta el interventor Fernando Urruticoechea, que ha denunciado públicamente irregularidades relacionadas con el urbanismo en la localidad. Urruticoechea aseguró que uno de los alcaldes “tiró los avisos a la papelera” en su presencia. Los tres últimos alcaldes de la localidad cántabra han estado imputados por prevaricación o malversación, entre ellos el actual, Iván González, a quien el juez Luis Acayro Sánchez investiga por la aprobación de un presunto sobresueldo a dos funcionarios locales.

Javier Biosca apunta que la experiencia con el Tribunal de Cuentas “no siempre es buena” porque “se abordan casos que no siempre son los verdaderamente importantes” y pone como ejemplo la sentencia de este organismo contra el pago de la esquela del padre del presidente de la Ciudad de Ceuta justificándolo como gastos de carácter oficial y que no contó con el reparo del interventor correspondiente.

La gestión de la ayuda a domicilio es competencia directa de los ayuntamientos ya que forma parte de los servicios sociales comunitarios, han detallado fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es/andalucia. Esta explicación legal pondría en apuros los argumentos del alcalde del Jaén que insiste en que es una competencia de la comunidad autónoma delegada a los Ayuntamientos, y con los que está defendiendo su renuncia a prestar el servicio a partir de diciembre.

En virtud de la normativa analizada, la competencia es irrenunciable, pudiendo incurrir los ayuntamientos en las responsabilidades oportunas por dejación de sus funciones. En el ámbito de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la participación de las entidades locales en la gestión y colaboración en la prestación de los servicios de ayuda a domicilio queda referenciada a la normativa autonómica vigente en cada comunidad autónoma, en este caso, el Estatuto de Andalucía. La Ley de Bases del Régimen Local también establece que es competencia de los municipios la prestación de los servicios sociales, pero igualmente supeditado tal extremo a los términos de la legislación vigente del Estado y la comunidad autónoma.

En este sentido, las fuentes jurídicas consultadas detallan que en el Estatuto de Autonomía para Andalucía se establece, en su artículo 92, que los ayuntamientos tienen como competencia propia la gestión de los servicios sociales comunitarios. En el mismo sentido se pronuncia la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA).

Recuerdan también que el Decreto 11/1992, de 28 de enero, en desarrollo del artículo 10 de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, establece que los servicios sociales comunitarios prestarán el servicio de ayuda a domicilio. Y en la Orden reguladora de la ayuda a domicilio se vuelve a definir la prestación básica de los servicios sociales comunitarios como competencia de las entidades locales.

En sus intervenciones públicas, el alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, también ha apelado al Estatuto de Autonomía para Andalucía como argumento para atribuir como propia de la Junta la prestación a la que pretende renunciar. En cuanto a la denuncia del convenio, siempre ha mantenido que se hizo en tiempo y forma, Justifica que la denuncia cabe “tal y como dice la cláusula sexta del propio convenio, así como establece la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su artículo 48.2 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, y en artículo 5.1 del Código Civil”.

En las últimas horas, después de la fallida reunión entre la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y el alcalde de Jaén, el Ayuntamiento ha acotado la polémica a quién pagará a la empresa. La concejal del ramo, Reyes Chamorro, admitió que el Ayuntamiento seguirá prestando su parte pero “el pago del servicio debe asumirlo directamente la Junta de Andalucía que es la institución que tiene las competencias en esta materia”.

La renuncia del Ayuntamiento de Jaén se ha producido porque la Junta tiene una deuda de más de 2 millones de euros con el Ayuntamiento en concepto de atención a la dependencia. Desde el comienzo el alcalde ha vinculado la dificultad de pagar este servicio a la asfixia económica del Consistorio, con una deuda que supera los 400 millones de euros.

Un día de tradiciones y recuerdos como es el 1 de noviembre,

Día de Todos los Santos, también tiene su reflejo en la arena política. Por

que, en varias capitales andaluzas, la gestión de los cementerios, hasta ahora

pública, va a pasar a manos de empresas privadas.

Tal es el caso de Córdoba, donde el Ayuntamiento, gobernado

por el PP, cederá la gestión de los cementerios de la ciudad a una empresa

privada durante un plazo de cuatro años, prorrogable por dos años más. En esa

cesión se incluyen los empleados y servicios de los cementerios, que se

subrogarán a la empresa que gane el concurso de cesión que convoque el Consistorio.

Técnicamente, la empresa municipal de cementerios de Córdoba

(Cecosam) no se privatiza, ya que queda en manos del Ayuntamiento su

administración y la nómica de sus trabajadores directos (una decena

aproximadamente). Pero el resto, los camposantos y otros 30 empleados, serán

cosa de la iniciativa privada.

Y así, según la información aportada por el propio Ayuntamiento, Cecosam cederá la gestión de los cuatro cementerios, el tanatorio y las

inhumaciones, así como el cobro de las tasas e impuestos por el uso de los

cementerios cordobeses, aunque sus precios quedarán bajo control municipal.

Desde el Ayuntamiento de Córdoba, se toma esta decisión bajo

el argumento del rumbo financiero negativo que la empresa pública de

cementerios había tomado en los últimos tiempos. “Si no tomamos estas medidas

iríamos a la disolución de la empresa“, ha llegado a afirmar el presidente de

Cecosam, Rafael Navas, apoyado en la reforma local de las administraciones

aprobada por el Gobierno que prevé la liquidación de las empresas municipales

que estén en número rojos.

Granada cede el 49% de la empresa municipal de su cementerio

Granada cede el 49% de la empresa municipal de su cementerio

En Granada, en pleno mes de agosto pasado, el Ayuntamiento,

gobernado también por el PP, vendió el 49% de Emucesa -la empresa pública que

gestiona el único cementerio de la capital— a Invernor (Inversiones Reunidas

del Norte), integrada por cuatro sociedades funerarias de Asturias y Cantabria.

Desde

el Consistorio se ha afirmado que esta medida conllevará el aumento de la

plantilla para ampliar la actividad y crear nuevos servicios, al igual que han

asegurado que no subirán las tarifas de los servicios de los cementerios en los

próximos dos años, según se estableció en el pliego de condiciones para hacerse

con la gestión.

Una

gestión que se prolongará durante 50 años y por la que abonará al Ayuntamiento

granadino 7,5 millones de euros. Mientras, Invernor pretende invertir más de

dos millones de euros en ampliar el tanatorio, poner en marcha una sociedad de

servicios funerarios (traslados de difuntos, féretros, etc.) y abrir otros

negocios complementarios, como una floristería.

Huelva y Jaén también privatizan la gestión de los camposantos

Huelva y Jaén también privatizan la gestión de los camposantos

En Huelva, el

Ayuntamiento que gobierna el PP también ha tomado la decisión de dejar en

manos privadas el cementerio de la ciudad, La Soledad, otro ejemplo de servicio

público que actualmente arrastra déficit y que, con ese argumento, pasa a manos

privadas.

La cesión a una

empresa privada, aprobada el pasado mes de septiembre, se realiza por cincuenta

años, con un canon anual de 700.000 euros para el Ayuntamiento, cuyo equipo de

gobierno defiende la nueva “fórmula de cooperación público-privada” que tendrá

el cementerio de la capital onubense y que, afirman, “se aplica con éxito en

muchas ciudades de nuestro país“.

Por

su parte, Jaén también parece haberse apuntado a esta carrera de privatización

de los cementerios andaluces. Y así, en septiembre, el Ayuntamiento de Jaén, gobernado por el Partido Popular, daba a conocer que sacará

a licitación pública en 2014 la concesión de los dos cementerios de la ciudad -San

Eufrasio y San Fernando- para dejarlos en manos privadas.

Desde el Consistorio jiennense se argumenta que en el plan

de ajuste municipal elaborado para solicitar el plan de pago a proveedores del

Gobierno central, ya se contemplaba la posibilidad de licitar la

concesión de los cementerios municipales para que quedaran en manos de empresas privadas. Y así, el gobierno local trabaja en esa tarea en

estos meses para intentar sacar a

licitación, de forma conjunta, la gestión de los cementerios de San Eufrasio y

San Fernando el próximo año 2014.

La intención, según ha apuntado el propio Consistorio, es que la empresa que se haga cargo de los camposantos

acoja a la plantilla que actualmente trabaja en ellos y acometa la rehabilitación

del cementerio de San Eufrasio, cerrado desde diciembre pasado con zonas en

situación de ruina.

Llegados a esta situación, e

n algunos de estos casos de cesión de los cementerios a

manos de empresas privadas, está previsto que los trabajadores y sindicatos

realicen movilizaciones coincidiendo con este viernes 1 de noviembre, Día de Todos los

Santos, jornada en la que la afluencia de los ciudadanos a los cementerios se

multiplica.

Centralización, pérdida de autonomía, privatización de servicios… Estos son los argumentos de los partidos de la oposición contra la reforma local que hoy ha iniciado su trámite parlamentario. Los expertos consultados por eldiario.es/Andalucía coinciden en esas razones y, en el caso de los servicios públicos básicos y los recursos sociales dan por hecho que la externalización es “casi inevitable” en los municipios de menos de 20.000 habitantes que no cumplan los objetivos de déficit. Ese es el caso del 89,9% de los municipios andaluces y el 73% de los españoles.

Lo primero que se desprende de la norma propuesta por el Gobierno es que las competencias, cuando esos ayuntamientos no tengan capacidad económica para afrontar los servicios básicos (alumbrado público, agua, alcantarillado, recogida de basuras…) será la pérdida de autonomía. Esas competencias “pasa a coordinarlas la diputación que debe proponer al Ministerio de Hacienda la fórmula de gestión de esos servicios y es el Ministerio, en última instancia, quien decide”, explica Manuel Medina Guerrero, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla e investigador del Centro de Estudios Andaluces: “es el Ministerio el que determinará la conveniencia, bajo criterios de coste efectivo”, arrebatando a cada municipio la posibilidad de decidir sobre cómo se prestan estos servicios.

Las diputaciones pueden proponer la fórmula que consideren más adecuada, que no necesariamente tiene que ser la externalización del servicio. Sin embargo, dadas las dimensiones de estos organismos, “la provincia puede no tener personal para asumir tareas distintas a las que ya tiene y si no puede prestar esos servicios, la externalización es un escenario virtual más que probable”, señala Manuel Zafra, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada y uno de los expertos que participó en la redacción de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA).

“Competencias impropias”

Manuel Medina habla también de servicios que directamente podrían desaparecer. Son lo que se denomina “competencias impropias” de los ayuntamientos. Recursos como los que se ocupan de la atención a inmigrantes o a mujeres víctimas de violencia de género. Los municipios no tienen competencias en esta materia y correspondería a las comunidades autónomas proporcionarlos. Además, el catedrático señala que la ley da “sólo un plazo de un año para que asuman la prestación de estos servicios”, que implican “una gestión complejísima”. Y aquí surge otra de las contradicciones de la reforma, “porque no precisa qué pasará con los trabajadores municipales” de estos servicios cuando se aplique la nueva normativa. Además, de esta 'recuperación' de competencias por la administración autónomica derivará un problema de financiación, puesto que la ley señala que los municipios “contribuirán al coste efectivo del servicio que presta la comunidad autónoma”.

Como Medina, Zafra entiende que los servicios básicos y los recursos sociales son los principales candidatos a la externalización. No hablan de privatización porque en la privatización las condiciones de prestación del servicio las pone exclusivamente la empresa, mientras que en la externalización la Administración establece requisitos, por ejemplo, quiénes son los beneficiarios.

Sin embargo, Manuel Zafra señala que la prestación de servicios públicos por terceros implica “una pérdida de control abrumadora” de la Administración sobre ese servicio. Señala que “se pierde el contacto entre los poderes públicos y los ciudadanos”, lo que deriva en que la administración “sólo tiene información indirecta sobre el servicio, sobre la forma en que se presta, la cualificación del personal la satisfacción de la gente”. Esa “información privilegiada” la maneja sólo la empresa prestataria que es la que conoce el coste y la calidad reales del servicio “y a la hora de contratar, tiene una posición de ventaja”, subraya Zafra.

Por esto considera que, a medio plazo, se convierten en servicios más costosos que la prestación directa y con menor calidad. Argumenta que el carácter lucrativo de las empresas les lleva a abaratar costos, por ejemplo, “contratar a gente sin cualificación para pagar menos”. Para que nada de esto ocurra señala que es indispensable que sea personal público el que desarrolle “las estrategias y el diagnóstico” de los servicios aunque para ahorrar costes se “externalicen tareas residuales”.

Detrás de tanta palabrería gubernamental, de tanta apelación a la herencia recibida y de esa neolengua que llama ajustes a los recortes; recuperación, al estancamiento económico; y subida moderada de los salarios, a lo que es una caída en picado, no hay más que un objetivo político: salir de la crisis. Sí, salir de la crisis, pero habiendo aprovechado la ocasión para establecer un nuevo modelo de sociedad basado en el sálvese quien pueda. Tijeretazo a tijeretazo, se va ejecutando un retroceso en las políticas y los derechos sociales conseguidos tras un esfuerzo colectivo de décadas y cuya recuperación, si se consigue, costará también unos cuantos lustros.

Se eliminan las ayudas a la dependencia, se recortan prestaciones sanitarias, se reducen presupuestos en la educación pública, se disminuyen los subsidios de desempleo, se rebajan las pensiones... Se perjudica a los más pobres, a los más débiles y a los más necesitados. Y si alguien pensaba que esa cantinela de la recuperación –que repiten ahora como un mantra el presidente Rajoy y sus ministros– representaría el fin de esa afición por la amputación social, ese alguien se habrá caído del guindo al escuchar el anuncio del recorte de varios miles de millones para los años venideros. Y no solo por todo lo anterior, también por el contenido de algunas de las leyes –que aprueban y aprobarán los diputados del PP con su apabullante mayoría absoluta– y que incluyen más podas en las prestaciones a los ciudadanos más desvalidos.

Lo hacen ahora con la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ha provocado hasta las quejas de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Porque el proyecto de ley, que ha iniciado esta semana su tramitación parlamentaria, pretende eliminar lo que el Gobierno ha dado en llamar “competencias impropias” de los ayuntamientos y que son, ni más ni menos, los servicios de atención domiciliaria y de teleasistencia a los mayores, a los discapacitados; las ayudas a familias con escasos recursos económicos, a menores en riesgo de exclusión social, a los inmigrantes... En el caso de Madrid, capital, de no modificarse la ley, afectará además al SAMUR, uno de los servicios de urgencias sanitarias y protección civil más prestigioso y eficaz.

Así que, bajo la rimbombante –y falsa– denominación de “racionalización y sostenibilidad”, lo que se esconde es otra vuelta de tuerca a las políticas sociales, las prestadas en este caso por los ayuntamientos, las administraciones más próximas a los ciudadanos, las que más conocen sus necesidades. Claro que, dice el Gobierno en su proyecto de ley que serán las comunidades autónomas las que se harán cargo de esos servicios... Por poner un ejemplo: la comunidad de Madrid ya ha considerado “inviable” ese intercambio competencial, salvo que el ministro Cristóbal Montoro –responsable de esta ley y de algunas de las frases más jugosas en la neolengua– le aporte dinero extra. Fuentes del PP de Madrid auguran que esta ley “será la gran batalla de Montoro con todas las autonomías, independientemente del partido que las gobierne”. Ni financiación autonómica, ni objetivo de déficit, la batalla se plantea por la asunción de los servicios sociales, que se quiere arrebatar a los ayuntamientos y que nadie desea asumir, pese a que los servicios sociales son imprescindibles para cientos de miles de personas.

La batalla se planteará con las comunidades, como dicen los del PP madrileño, pero muchos ayuntamientos ya están en pie de guerra. No sólo porque con esta ley el Gobierno les quita competencias e irrumpe como elefante en cacharrería en la autonomía local. Sino porque, además, el endeudamiento de las entidades locales está globalmente en torno al 4% del PIB y su déficit público conjunto se sitúa en el 0,3% en 2012 y estará en el 0% en 2015. No parece, por tanto, que la reforma esté justificada en un problema de sostenibilidad municipal, pero traerá consecuencias de insostenibilidad social. Ese sálvese quien pueda que, si nadie lo remedia, acabará con conceptos como la redistribución de la riqueza o la justicia social.

[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]

[if gte mso 9]> <![endif][if gte mso 10]>

La reforma de la Administración Local propuesta por el Gobierno ha conseguido la oposición casi unánime del arco parlamentario. Solo una negociación a contrarreloj ha conseguido que en el último minuto el PNV diera marcha atrás y pasara a apoyarla a cambio del respeto a la foralidad. Cristóbal Montoro se ha mostrado agradecido por un gesto que evitaba por los pelos que el PP volviera a quedarse solo.

El ministro ha definido el proyecto como una gran reforma estructural que hará más eficientes a los ayuntamientos y los servicios que prestan a sus vecinos. El resto de partidos, que han sumado nueve enmiendas a la totalidad, la ve una ley inútil e innecesaria que empequeñece el poder local y pone en riesgo la atención a los ciudadanos.

PSOE e IU ya han anunciado que la derogarán y que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional en cuanto entre en vigor. La propia Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, ha cargado contra el proyecto, que califica de “atropello”. Su portavoz, José Antonio de Santiago, ha defendido que lucharán “hasta el último minuto” por cambiarlo.

El mayor esfuerzo en reducir déficit

Después de meses de hablar de gasto desaforado y acumulación de deuda en los ayuntamientos, el ministro de Hacienda ha elogiado la gran reducción del déficit de la Administración Local y la ha puesto de ejemplo. Ese argumento ha servido a los demás para echarle en cara que castigue a la Administración que menos debe en comparación con el resto de estructuras del Estado con la excusa de poner orden para eliminar duplicidades y reordenar las competencias.

Sentados en la tribuna estaban alcaldes de todo tipo. Los del PP se había reunido antes para suscribir una declaración de apoyo. Los demás posaron junto a la verja del Congreso en señal de protesta. Entre los primeros estaban los de Valencia y Madrid, pero el protagonista de las alusiones fue el actual ministro de Justicia. Varios portavoces indicaron a Montoro que si quiere reducir deuda empiece por la capital. “Arregle la que Alberto Ruiz Gallardón ha dejado en Madrid, que es un tercio del total y deje tranquilo a los otros 7.998 ayuntamientos”, le ha aconsejado Ana Oramas (Coalición Canaria).

El poder de las diputaciones ha sido reforzado en el debate en el que varias formaciones piden su supresión. “Esos dinosaurios anacrónicos que sirven de nidos de caciques en muchos casos”, en palabras del valenciano Joan Baldoví (Compromís-Equo). Rosa Díez también ha insistido en ello, además de lamentar que Montoro se haya convertido “en el ministro de todo” por falta de un proyecto político coherente desde el Gobierno.

Ni el aludido ni el portavoz del PP, Juan José Matarí, han convencido a la oposición de que los servicios sociales que dejen de prestar los ayuntamientos serán mejores y más baratos. Aunque se ha suprimido el llamado “coste estándar” que iba a fijar el precio máximo de las prestaciones, ninguno de los portavoces ha confiado en que eso impedirá que los servicios públicos caigan en manos de empresas privadas.

La posición de los socialistas ha corrido a cargo de Gaspar Zarrías, que ha acusado a Montoro de querer ser “el alcalde mayor del reino” y le ha reprochado una campaña contra los sueldos de alcaldes y concejales cuando el 85% de ellos no lo tienen. El socialista le ha recordado que son los responsables de los pequeños municipios los que conocen realmente las necesidades de sus vecinos por ser la administración más cercana al ciudadano.