El grupo de Delitos Contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil refleja en un informe del pasado 10 de abril sobre el Caso Lezo que Lourdes Cavero, la mujer del expresidente madrileño Ignacio González, acudió en febrero de 2017 al Ayuntamiento de Salamanca, meses antes de que se licitase la gestión de varias guarderías. Aunque el matrimonio daba por hecho que le adjudicarían la gestión de estas, la investigación y posterior arresto de González frustró sus planes: el concurso se publicó en el Boletín oficial de la provincia el 23 de mayo, apenas un mes después de que González hubiese sido detenido (19 de abril).

Dos conversaciones entre los cónyuges demuestran que Lourdes Cavero trató directamente con el Ayuntamiento de Salamanca la concesión de las guarderías. El 1 de febrero de 2017, Cavero llama a su marido y le dice que está “en el Ayuntamiento (de Salamanca)” y que ha estado “con el que lleva una cosa de la Fundación de Cultura o no sé qué, que es de lo que depende aquí lo de las guarderías”. En efecto, es la Fundación de Cultura y Saberes del Ayuntamiento la que posteriormente (tres meses después de acudir Cavero al Consistorio) licitaría.

Una de las condiciones para optar a la concesión era que las empresas interesadas visitasen las guarderías municipales que había que gestionar para que en función de lo que viesen presentasen su proyecto. Esas visitas se produjeron tres días después de que se publicase el concurso en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el 25 de mayo. Sin embargo, las escuchas de la UCO demuestran que Lourdes Cavero lo hizo tres meses antes. Exactamente el 8 de febrero. Esa es la fecha en la que Cavero llama a su marido para decirle que ha estado viendo las guarderías y que están “impecables”. Destaca la UCO que “esta circunstancia pone de manifiesto la participación de Lourdes Cavero en la puesta en marcha del negocio”.

Los González-Cavero se habían asociado a finales de 2016 con una empresa de Castilla y León dedicada a la educación infantil, Mis Pollitos S.L, y crearon otra mercantil, Grupo Empresarial Chickies. La UCO destaca que el objetivo parecía ser aflorar dinero B y que las relaciones de la socia de Cavero, Carmen Pazos, con políticos locales, era aparentemente la vía para conseguirlo. Es Cavero quien busca inversores que, según las conversaciones, saldrían de la mercantil después del primer año. El informe de la UCO, al que ha tenido acceso eldiario.es, considera que la desinversión de los accionistas (todos con relación familiar o de amistad con los González-Cavero)  “carece de toda lógica societaria y financiera” y que “se infiere” que el matrimonio planeaba “instrumentalizar la operación societaria para aflorar capital de origen indeterminado”. De los inversores, destaca la Guardia Civil que son llamativas las grandes sumas que aportan, cerca de medio millón de ellos entre todos “a pesar de su juventud”.

Como en las conversaciones entre los hermanos González hablaban de que Cavero se quedaría con “el B liberao”, tras hacerse con el control absoluto de la sociedad, la Guardia Civil considera que los fondos que aportan pertenecen en realidad al expresidente, que son de origen indeterminado y que esa es la forma de que su mujer acceda “veladamente” a ellos. Cavero acordó con su socia una retribución de 4.000 euros mensuales y aportó un proyecto educativo “de dudosa veracidad e incompatible con su perfil” valorado en 197.000 euros.

Tanto Ignacio González como su hermano Pablo daban por hecho que la concesión sería suya. En noviembre de 2016, tal y como adelantó El Español, el primero comentaba que les iban a dar “cuatro” guarderías municipales y que conocía bien al alcalde de Salamanca, y presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco -éste negó en un comunicado tener relación con quienes le aludían y lo redujo a un único encuentro en 2011-.

En el momento en que los González hablan de las cuatro guarderías, el pleno del Ayuntamiento de Salamanca ni siquiera había acordado la licitación. Lo haría cinco meses después, el 25 de abril de 2017, de lo que se puede deducir que ya desde ese momento obtuvieron información privilegiada.

El negocio no acababa de gustar a Pablo González, hermano del expresidente y directivo de Mercasa. En enero de 2017, en una conversación con el padre, a quien recientemente se ha archivado una causa por blanqueo de capitales, y en la que interviene también la madre para hablar de la mercantil de Cavero, les dice: “pues muy mal hecho,  dile que ya se lo diré yo [...] Claro, cuanto menos figure […] Porque cuanto menos figure ella, mejor […] Pero bueno, papa, que cuanto más discreto sea, mejor”. La conclusión de la UCO es que es muy escéptico ante la posible exposición judicial y mediática de su cuñada. Además, le dice a su padre que el negocio lo ha hecho él, lo ha estudiado entero, y lo ve “regulín”, pero que “si se quieren meter ahí, que se metan.

Efectivamente, los González-Cavero siguieron adelante con su planes, si bien Ignacio González no estaba del todo convencido de la “operación muy rara” que había hecho su esposa, según una conversación interceptada con una mujer sin identificar, a la que le cuenta que a él le gustaba más otro grupo de guarderías. Algo que destaca la UCO es que no se interceptó ninguna llamada en la que el matrimonio buscase financiación bancaria para soportar el coste de la puesta en marcha del proyecto.

Lourdes Cavero, la mujer de Ignacio González, ha declarado este lunes ante el juez instructor del caso Lezo, Manuel García Castellón. Cavero, imputada en la pieza que investiga el blanqueo de capitales por parte del matrimonio, ha negado que ambos dispusiesen de dinero negro. Además, ha desvinculado al expresidente de la Comunidad de Madrid de sus negocios.

Cavero ha declarado ante el juez durante unos 25 minutos, y ha respondido a las preguntas de su abogado y del fiscal. Este último se ha interesado especialmente por las dos empresas sospechosas de ser utilizadas para blanquear el dinero del matrimonio: Subastas Segre y las guarderías 'Mis Pollitos'.

Según fuentes presentes en la declaración, Cavero ha desvinculado a González de esos negocios, y asegura que ella es la única responsable de esas empresas. Además, ha negado que se utilizasen para blanquear dinero, porque, según ha dicho, el matrimonio no dispone de ese patrimonio oculto que le atribuyen los investigadores.

El dinero que entraba en esas sociedades era exclusivamente suyo y de los socios. Precisamente, los investigadores del caso Lezo investigan una de esas ampliaciones de capital para la empresa de guarderías, porque sospechan que se simuló para dar salida al dinero B que guardaba González. Además, Cavero ha dicho desconocer los posibles negocios ilegales de su marido porque, ha explicado, no hablaban de negocios entre ellos.

Accionistas instrumentales

La UCO cree que el tren de vida del expresidente madrileño le obligó a activar su maquinaria de blanqueo cuando se quedó sin dinero para sus gastos diarios. Un informe policial concluye que el verdadero propósito del matrimonio era “instrumentalizar el tráfico comercial” de las guarderías 'Mis Pollitos' para hacer frente a determinados gastos.

En concreto, los agentes creen que ese dinero se iba a destinar a pagar los honorarios de su secretaria y el alquiler del despacho de la calle Atocha. Comprobaron más tarde que la empresa realizó “un incremento injustificado del valor de las participaciones” para dar entrada a nuevos accionistas, todos del círculo de amistades del matrimonio.

En definitiva, “una justificación para blanquear fondos a través de los supuestos accionistas instrumentales que se utilizarían para disponer del dinero en efectivo que maneja el matrimonio”.

En cuanto a Subastas Segre, los agentes detectaron que González había comprado dos relojes Rolex y Breitling, con un precio superior a los 1.000 euros. González pujó a través de Subastas Segre y trataba directamente con la directora de la sección de “joyas, relojes y vintage”. Los agentes hacen constar en el informe que desconocen con qué dinero pagaba esos caprichos, teniendo en cuenta que no percibía apenas ingresos.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha autorizado a la Guardia Civil a utilizar los coches intervenidos en el marco de la operación Lezo. Entre la veintena de vehículos intervenidos se encuentra el del expresidente madrileño Ignacio González, su hermano Pablo y su esposa, Lourdes Cavero.

Así consta en un auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, en el que se enumeran todos los vehículos intervenidos por el Instituto Armado en el marco de la operación destapada a mediados del pasado mes de abril.

A Ignacio González se le ha incautado un Smart Fortwo Coupe, mientras que a su mujer se le ha intervenido un BMW 330D. Por su parte, a Pablo González se le han incautado tres vehículos: un Audi A1 Sportback, un BMW 120D y un BMW 320D.

La Guardia Civil ha intervenido a Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre de Ignacio González en el Canal de Isabel II para Sudamérica, un Smart Fortwo Coupe y a su empresa, Rodríguez Sobrino Abogados Asociados, otros tres coches: un Mini Cooper, un BMW 320D y un Audi Q5.

El Instituto Armado también se ha incautado de un Ford Mondeo propiedad del que fuera consejero delegado de la agencia de informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás, así como un Mazda CX5 de Patricia Ana Rodríguez Revuelta, también imputada en la 'operación Lezo' que el juez Velasco ha llamado a declarar para el próximo mes de septiembre.

Asimismo, la Guardia Civil tiene en su poder otros nueve vehículos pertenecientes a diversas empresas, según consta en el auto del magistrado: Asesoría 25 S.L., Zubenelgenubi S.L., Swat S.L., Strat Map S.L. y Servicios Aeronáuticos Control y Navegación S.L.

Por la “escasa renovación” de la flota

En su auto, el juez Velasco autoriza a la Benemérita a utilizar todos estos coches, dada la “escasa renovación que de los vehículos del parque se ha producido en los últimos años” y el “preocupante” estado en el que se encuentran los ahora disponibles, entre otras cosas por su “excesiva antigüedad”, por lo que hay una “cobertura incompleta de las necesidades operativas”.

“Las limitaciones presupuestarias en inversiones hace que se renueve la flota con una periodicidad muy superior a la recomendada por la Dirección General de Tráfico fijada en cinco años, lo que produce un exceso de kilómetros de los vehículos de la flota, así como una merma de la fiabilidad, incremento de la siniestralidad y seguridad de los mismos”, señala el auto.

Además, el magistrado remarca que utilizar vehículos intervenidos en las operaciones “permite el seguimiento de objetivos que se mueven para sus acciones delictivas, pudiendo por ello luchar contra las nuevas formas de delincuencia”.

Por todo ello, Velasco autoriza a la Guardia Civil a utilizar provisionalmente los vehículos incautados en la 'operación Lezo' y le insta a realizar en los mismos el mantenimiento recomendado para su correcto funcionamiento.

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado a la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero, en la pieza que investiga el blanqueo de capitales de la llamada Operación Lezo, que envió a la cárcel al expresidente madrileño el pasado 19 de abril. Cavero ya estaba imputada en el llamado caso ático, donde un juzgado de Estepona investiga si el chalé que la familia disfruta en Málaga fue parte de una comisión que la constructora Martinsa pagó al expresidente madrileño a cambio de una recalificación en el municipio de Arganda.

El auto firmado por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco involucra al hermano del expresidente, Pablo González, a su padre, Pablo González Liberal, y a su cuñado Juan José Caballero.

En el apartado referente a la adjudicación del tren de Navalcarnero por la Comunidad de Madrid también ha sido imputado el exministro y empresario Juan Miguel Villar Mir. Su empresa OHL está acusada de pagar una mordida de 1,4 millones de euros al entorno de Ignacio González para amañar la adjudicación.

En el mismo sumario aparece imputado también Beltrán Gutiérrez, tesorero durante 20 años del Partido Popular de Madrid, hasta que fue destituido por Cristina Cifuentes cuando fue imputado en la trama Púnica. A Gutiérrez, se le investiga por la financiación ilegal del Partido Popular en Madrid.

La lista de imputaciones, 52 en total, se conocen después de que el juez Eloy Velasco haya levantado el secreto de sumario en seis piezas de la Operación Lezo. En el auto, además de los imputados, se apunta a una serie de investigados a los que aún no se ha citado a declarar. Estos son todos los nombres señalados:

Ignacio González: expresidente madrileño y mano derecha de Esperanza Aguirre. El juez decretó prisión sin fianza por considerarle uno de los cerebros del desfalco del Canal de Isabel II. La Operación Lezo ha revelado que sacó un millón de euros de la Comunidad de Madrid para “sanear” las cuentas del PP y el juez también le atribuye el cobro de una comisión de 1,4 millones pagada por OHL a cambio de la adjudicación del tren de Navalcarnero y la distracción de dinero de las filiales del Canal en Latinoamérica.

Juan Miguel Villar Mir:Juan Miguel Villar Mir empresario y dueño de la constructora OHL que fue registrada en el marco de la operación Lezo. Villar Mir fue imputado en la pieza separada de los papeles de Bárcenas, aunque finalmente el juez levantó su imputación, como hizo con el resto de empresarios. Según Velasco, su constructora pagó una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González para hacerse con el contrato del tren de Navalcarnero.

Alberto López Viejo: Alberto López Viejo:imputado en el caso Gürtel por ordenar el fraccionamiento de contratos para otorgarlos a dedo a las empresas de Francisco Correa. Ha ocupado cargos en la administración desde hace más de 20 años. Desde 2003 hasta 2009 fue diputado en la Asamblea de Madrid. En 2004 fue nombrado viceconsejero de Presidencia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en 2007 Consejero de Deportes. El juez no le ha imputado aún, pero le investiga por los negocios de Mercasa.

Pablo Manuel González:Pablo Manuel González hermano del expresidente madrileño, también se encuentra imputado por la Operación Trajano, con importantes vínculos con la Operación Lezo. Está acusado de reproducir el saqueo del Canal de Isabel II en Mercasa, la empresa pública dependiente de la SEPI, que gestiona los mercados madrileños y de la que Pablo González era director de Operaciones. Como su hermano Ignacio, se encuentra en la prisión de Soto del Real, de la que solo podrá salir si reúne cuatro millones de euros para la fianza.

Pablo González Liberal:Pablo González Liberal padre de Ignacio González, el juez de la Operación Lezo cree que ayudó a su hijo a blanquear dinero mediante préstamos ficticios.

Beltrán Gutiérrez Moliner: Beltrán Gutiérrez Moliner:exgerente del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Fue condenado en las black y está imputado en la pieza sobre la financiación irregular del PP de Madrid en la operación Púnica.

Eduardo Ameijide Montenegro: Eduardo Ameijide Montenegro:expresidente de la empresa pública Mercasa y, por tanto, jefe de Pablo González en la compañía. Presentó su dimisión tras la detención del hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid.

José Juan Caballero: José Juan Caballerocuñado de Ignacio González. El juez le considera uno de los beneficiarios del pelotazo del campo de golf de Chamberí. Los investigadores sospechan que se usó ese proyecto para desviar fondos que revirtieron en el clan familiar de los González. El magistrado le envió a prisión bajo fianza de 100.000 euros.

Francisco Javier López Madrid:Francisco Javier López Madrid amigo de los reyes, yerno del empresario Villar Mir e involucrado en varios casos de corrupción. Está condenado por las tarjetas Black e imputado en la Púnica. Esa investigación le señala por haber financiado al PP de Madrid con 1,8 millones de euros en dinero negro. La Operación Lezo también le responsabiliza de pagar 1,4 millones en Suiza a Ignacio González por una adjudicación a OHL, empresa en la que es consejero.

José Antonio Clemente:José Antonio Clemente ingeniero adjudicatario -a través de la empresa Tecnoconcret- de las obras del campo de golf de Chamberí otorgadas por el Canal de Isabel II. Esa adjudicación, por la que intercedió Ignacio González, es una de las piedras angulares de la investigación de la Audiencia Nacional. Clemente es también accionista de otra sociedad, Tamaco 07 Consulting, junto con Pablo González, el hermano del expresidente madrileño, y José Juan Caballero.

Edmundo Rodríguez Sobrino: Edmundo Rodríguez Sobrino:hombre de Ignacio González en Latinoamérica y consejero del diario La Razón. El juez cree que es el principal responsable del desfalco de 25 millones de dólares en la compra de la sociedad brasileña Emissao. En prisión sin fianza, Rodríguez Sobrino fue destituido del Canal de Isabel II cuando apareció en los Papeles de Panamá, vinculado a sociedades en Hong Kong. Además, se acogió a la amnistía fiscal de Mariano Rajoy en 2012.

Clarisa Guerra Soto:Clarisa Guerra Soto secretaria de Edmundo Rodríguez Sobrino. Figura como apoderada en una de las sociedades de su jefe. Fue una de las detenidas en el marco de la Operación Lezo. El juez la dejó en libertad, pero tendrá que acudir al juzgado una vez al mes.

María Fernanda Richmond:María Fernanda Richmond exdirectora financiera del Canal de Isabel II a la que se le ha impuesto una fianza de cuatro millones de euros para eludir la prisión provisional. El juez la vincula con la compra de la sociedad brasileña Emissao, que provocó una pérdida para el Canal de Isabel II de 25 millones de dólares. La exresponsable de finanzas del Canal está casada con el consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, cuyo nombre también está salpicado por las irregularidades por haber simulado pagos a los empresarios de la trama corrupta Púnica a través del Canal, según el juez Velasco.

Adrián Martín López de las Huertas:Adrián Martín López de las Huertas exgerente del Canal de Isabel II. El juez le responsabiliza también dela compra ruinosa de Emissao, la sociedad brasileña que se adquirió por 16 millones de euros más de su valor real. El juez le mandó a prisión con una fianza de 100.000 euros.

Diego Fernando García:Diego Fernando García gerente de gestión corporativa de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II. Sustituyó a Edmundo Rodríguez Sobrino como responsable de la sociedad, según El País. García Arias se negó a acudir a la comisión de investigación sobre la deuda de la Asamblea de Madrid, que abordó el desfalco del Canal.

Ignasi Maestre:Ignasi Maestre abogado relacionado con la evasión fiscal de futbolistas como Xabi Alonso. Aparece como socio de Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica, en una de las sociedades que tenía en Honk Kong, según revelaron los Papeles de Panamá. El juez cree que ayudó a Rodríguez en la operación de compra de Emissao.

José Martínez Nicolás:José Martínez Nicolás consejero delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM). Ya ha sido detenido dos veces, en el marco de la operación Lezo y también en la Púnica. En el desfalco del Canal le responsabilizan de haber hinchado los contratos de ICM para desviarlos al PP y de tener una cuenta de un millón de euros en Liechtenstein. En la Púnica está salpicado por el pago al conseguidor, Alejandro de Pedro, bajo las órdenes de Salvador Victoria. El juez le impuso el pago de una fianza de 100.000 euros antes del 28 de abril para eludir la prisión.

José Manuel Serra Peris:José Manuel Serra Peris abogado del Estado, nombrado presidente del Comité de Auditoría del Canal Isabel II en 2014 cuando ya estaba imputado por la salida a bolsa de Bankia, caso por el que continúa investigado. También fue consejero de Red Eléctrica y secretario de Estado de Industria y Energía con Aznar.

Fernando José de Cevallos Aguarón:Fernando José de Cevallos Aguarón director de la secretaría técnica del Canal de Isabel II -puesto por el que tenía un asiento en el consejo de administración de la empresa pública de gestión del agua- y marido de Regina Plañiol, exconsejera de Presidencia y Justicia de Madrid y hoy diputada de Cristina Cifuentes.

Oriol Serra Ibars: Oriol Serra IbarsAbogado miembro de la sociedad andorrana Igmasa -de Ignasi Maestre- a la que recurrió el Canal para materializar la compra de la sociedad brasileña Emissao. La filial en Latinoamérica del Canal le otorgó a él los poderes.

Luis Vicente Moro Díaz:Luis Vicente Moro Díaz exdelegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, durante la presidencia de José María Aznar. Trató con Ignacio González la necesidad de crear un servicio secreto. Moro es amigo personal de Ignacio González. Ambos habían coincidido durante la etapa en que González era secretario de Estado de Inmigración del Ministerio del Interior y Moro como Delegado del Gobierno en Ceuta.

José Javier Soler Gallego: El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha obtenido también indicios de que la sociedad española Mercasa Incatema habría pagado algún tipo de comisión a este exconsejero del Canal Extensia, lo que podría estar relacionado con contratos de obra pública adjudicada en Haití. Las actas policiales revelan un encargo en enero de 2008 bajo el concepto de 'control laboral'.

Francisco Javier Domínguez Anaya:Francisco Javier Domínguez Anaya Gerente general de Inassa Panamá. “La persona identificada como responsable directo de Inassa en estos ilícitos es el gerente de la filial de Inassa en Panamá Francisco Javier Domínguez Anaya, y ha quedado patente que este informaba sobre estos asuntos a Edmundo Rodríguez Sobrino”, escribe el juez. Velasco también ha descubierto prácticas corruptas de Inassa en la República Dominicana, a través de la sociedad AAA Dominicana, con capital mayoritario de Inassa, que también habría pagado comisiones a cambio de obras en ese país. Ángel Rondón, socio de Inassa en la República Dominicana, es la figura clave en estos pagos, describe Velasco.

Carlos Isidro Bello Vicente:Carlos Isidro Bello Vicente Directivo de la empresa Cleop. Según el juez se encargó de todo lo relacionado “con los contratos y las comisiones a pagar” para conseguir adjudicaciones públicas para el Canal de Isabel II en Panamá.

Carlos Turro Homedes:Carlos Turro Homedes presidente de Cleop, empresa adjudicataria de diversas obras públicas en Valencia. Además, Turró contrajo una deuda de 9,5 millones de euros con la Agencia Tributaria, y hace tres años, la Fiscalía investigó los créditos concedidos a su empresa por el Banco de Valencia.

Sergio Vidal Balaguer: empresario alicantino, hermano de Javier Vidal Balanguer, exedil del PP en Alicante.

Óscar Sánchez Moyano: Administrador único de cuatro empresas investigadas en la Púnica. Se trata de las compañías Formaselect Consulting, Escuela Europea de Dirección de Empresas SL, Sintra Gestión Patrimonial SL y Sintra Consultores SL especializadas, especializadas en consultoría y formación.

Juan Miguel Madoz Echeverría: Juan Miguel Madoz Echeverría:Administrador único de la empresa Swat, una consultora de publicidad organizadora de campañas del PP en distintos lugares de España y proveedor habitual del Gobierno de Aguirre. Según los informes de la Guardia Civil en poder de Eloy Velasco, y tal y como han refrendado varios testigos en la Audiencia Nacional, Swat fue una de las empresas a las que la multinacional Indra -una potente subcontrata del Gobierno regional- debía abonar una factura de 20.000 euros siguiendo órdenes del entonces consejero de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.

José Miguel Alonso Gómez: Fue administrador y luego liquidador de Swat. En la actualidad es el propietario de Strat Map, según Velasco, una de las sociedades interpuestas de las que se sirvió Ignacio González para financiar al PP de Madrid gracias a empresas como Indra.

Jesús Arranz Monje: Jesús Arranz Monje:hijo del empresario burgalés Jesús Arranz Acinas, propietario de la empresa Construcciones Arranz. Según el auto del juez Eloy Velasco, Arranz Monje es propietario de una cuenta en Panamá en la que se ingresaron 545.980,66 euros procedentes de las cuentas en Liechtenstein del antiguo responsable de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás.

Ángeles Monje Gutiérrez: Mujer del constructor Jesús Arranz Acinas. Según el auto del juez Velasco, recibió en una cuenta a su nombre en Suiza más de medio millón de euros procedente de una cuenta en Liechtenstein de José Martínez Nicolás.

Adrián de la Joya Ruiz de Velasco:Adrián de la Joya Ruiz de Velasco denominado empresario de la 'Jet Set'. El juez Eloy Velasco le tomó declaración el pasado jueves en calidad de investigado por su implicación en la trama relacionada con el cobro de una comisión de la multinacional OHL y quedó en libertad sin medidas cautelares.

María del Pilar Olivo Valverde:María del Pilar Olivo Valverde esposa de José Antonio Clemente, socio del hermano y del cuñado de Ignacio González e implicado en la adjudicación del Campo del Gol del Canal de Isabel II.

Dimitris Tsalidis:Dimitris Tsalidis socio de una de las empresas vinculadas a la construcción del Campo de Golf del Canal.

Luis Vicente Moro: Luis Vicente Moro:asesor de Essentium, la compañía de la directiva del FC Barcelona Susana Monje que, según el juez, consiguió un contrato del Canal de Isabel II gracias a la mediación del exdirector general de esta empresa pública, Adrián Martín.

Joaquín Molpeceres Sánchez: la vinculación entre Molpeceres y el PP ha estado más veces entredicho. La UDEF investigó en el marco de la trama Gürtel los pagos que dos de sus empresas, Coarsa y Licuas, habrían efectuado a las compañías controladas por Francisco Correa entre 2002 y 2005. También la Guardia Civil ha investigado al empresario en el marco de la trama Púnica después de que David Marjaliza mencionase la empresa Licuas, también registrada el pasado jueves en el marco de la Operación Lezo.

María Lourdes Cavero:María Lourdes Cavero esposa de Ignacio González, imputada además en el caso del ático de Marbella por el que también se investiga a su marido. Lourdes Cavero fue presidencia de la CEIM, la patronal de empresarios madrileños que preside Arturo Fernández. Actualmente preside Subastas Segre (en cuya directiva se encuentran su hermana Pilar y su íntima Carmen Cafranga).

Miguel Sáiz de la Hoya:Miguel Sáiz de la Hoya director financiero de Saerco, compañía especializada en servicios de navegación aérea, registrada en el marco de la operación Lezo, a la que también está vinculado Ildefonso de Miguel, quien creó la empresa.

Ildefonso de Miguel:Ildefonso de Miguel Director gerente del Canal Isabel II entre 2006 y 2009, es uno de los investigados, y detenidos, en la Operación Lezo junto con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Creador de Saerco, compañía especializada en servicios de navegación aérea.

Fernando Manuel Serrano Fuentes:Fernando Manuel Serrano Fuente socio de la empresa Tecnoconcret, empresa del hermano de Pablo González (hermano de Ignacio González) a la que se le adjudicó las obras del campo de golf del Canal Isabel II.

Pedro Antonio Martín Martín:Pedro Antonio Martín Martín uno de los hombres de confianza de Ignacio González durante su vicepresidencia en la Comunidad de Madrid y ex alto cargo del PP: fue secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes con los Gobiernos de José María Aznar.

Avelino Alfredo Martínez Herrero: dirigió las áreas de Producción y Medio Ambiente, Abastecimiento y Medio Ambiente, Saneamiento y Reutilización, Gestión Hídrica y Abastecimiento de Canal de Isabel II.

Ángel Varona Grande:Ángel Varona Grande abogado. Secretario del Consejo Hispanagua, filial del Canal de Isabel II. Un extrabajador de esta empresa aseguró que se utilizaba para contratar a personas afines al PP.

Jesús Trabada Guijarro:Jesús Trabada Guijarro administrador y propietario de Bustren PM. Fue Consejero delegrado de la empresa pública de transportes MINTRA (Madrid Infraestructuras y Transportes) entre 2003 y 2011. Trabada se describe en su cuenta profesional de Linkedin “máximo responsable de las actuaciones acometidas [en MINTRA] durante las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011”.

Alberto Pérez de la Sal:Alberto Pérez de la Sal empresario vinculado a la inmobiliaria Seinsa, la empresa que vendió a la mujer de González la casa de 450 metros en la que el matrimonio reside en la localidad madrileña de Aravaca. Fue consejero de Cofely, una de las empresas centrales de la trama Púnica.

Carmen Pliar Pazos Bajarano: fundadora de la red de guarderías Mis Pollitos. Según el juez, habrían servido para blanquear dinero de la trama corrupta.

Pino Escudero del Castillo:Pino Escudero del Castillo Consejera de la empresa Emalsa, la empresa mixta de aguas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria

María Teresa de Mingo Azárate:María Teresa de Mingo Azárate consejera del grupo empresarial Chickies, empresa de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.

Rocío y Leticia Bonet Cavero:Rocío y Leticia Bonet Cavero sobrinas de Lourdes Cavero, mujer de Ignacio González, y trabajadoras de su empresa Chickies.

Manuel Martínez Téllez: Director Nacional en S.U en Urbaser, empresa filial de ACS. Las oficinas de Urbaser fueron registradas el pasado jueves en el marco de la operación Lezo.

Jaime Antoñanzas de Toledo: Jaime Antoñanzas de Toledo:Empresario. Fundador de la agencia de márketing Comunica+A, que gestiona y dirige con sus hermanos.

El resto de investigados son Rafael Martín Nicolás, Sebastiao, Cristovam, Patricia Ana Rodríguez Revuelta, Patricia Ana Rodríguez Revueltaabogada, Guido Vicenzini, Álvaro Curiel Fernández, Fernando Sánchez Sánchez, Ibo Kratsmer, José Ángel Martínez Ferreiro, Ivo Kratsmer, Manuel Estrada-Nora, Ángel Ventura Cano, María Jesús Prieto Jiménez, Juan Puertas Hernández, Javier Pardo de Santayana Dubois, Guillerme Taveira Pinto, Luis Hermosilla Ibáñez, Ana María Paloma Ferreiro Ribir.Guido Vicenzini,Álvaro Curiel Fernández,Fernando Sánchez SánchezJosé Ángel Martínez Ferreiro,Ivo Kratsmer,Manuel Estrada-Nora, Ángel Ventura Cano, María Jesús Prieto Jiménez, Juan Puertas HernándezJavier Pardo de Santayana Dubois,Guillerme Taveira Pinto,Luis Hermosilla Ibáñez,Ana María Paloma Ferreiro Ribir.

La familia del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha estado dedicada en cuerpo y alma a la política. Tanto, que la mayoría de sus miembros han ocupado puestos de responsabilidad de la mano del PP. Su padre, Pablo González Liberal, fue director del Instituto Nacional de Consumo en el 79 y de la Administracion Turística Española, ambos organismos dependientes del gobierno de Suárez. En la actualidad, según se ha publicado en prensa (este cargo no consta en ningún documento público) sería asesor del grupo del PP en el Senado. El padre estaría bajo arrestro domiciliario por haber sido utilizado para blanquear dinero en la trama del clan. Tanto el padre como la esposa de González, Lourdes Cavero, han sido imputados en la Operación Lezo.

El presidente madrileño tiene dos hermanos: Isabel Gema y Pablo. Su hermana es diputada popular en la Asamblea de Madrid. La relación entre Esperanza Aguirre e Ignacio González traspasa las barreras familiares: Isabel llegó a coordinar el gabinete de Aguirre cuando ésta era presidenta del Senado. Su marido, José Juan Caballero, es uno de los nombres que con más frecuencia aparecen en los autos de la Operación Lezo. Socio en el pelotazo del parque de Golf de Canal en Chamberí, fue detenido también en la operativa policial y el magistrado Velasco ha pedido para él prisión eludible bajo fianza.

Pero el gran protagonista, junto con Ignacio González, de la Operación Lezo es su hermano Pablo. Él es el nexo de unión de dos operaciones (Trajano que investiga el uso de fondos públicos en Mercasa, la gestora de mercados de abastos) y la del Canal de Isabel II.

Pablo y las empresas públicas

Pablo no se había dejado ver en política pero su carrera profesional ha estado ligada a empresas públicas o próximas al entorno de su hermano. En los noventa se centró en el mundo de los seguros, pero en 2001 logró aterrizar en Sepides, una empresa pública dedicada a la gestión de suelo. Estuvo en el cargo cinco años y además fue presidente en sociedades autonómicas ligadas al sector como Sodiar (Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón) o Sodiex (Sociedad para el Desarrollo Industrial de Extremadura en 2003).

En 2006 da el salto a Caja Madrid, que en aquel momento presidía Miguel Blesa. Consiguió el cargo de director de Inversión en Energía, Tecnología e Infraestructuras, puesto que conservó pese al frustrado intento de su hermano Ignacio de presidir la entidad en 2010. No es hasta 2012 cuando el pequeño de los González abandona la entidad, momento en el que es recastada y nacionalizada.

Pero Pablo González no tuvo problema en volver a encontrar acomodo en el sector público. Tras un intento frustrado de presidir Sepides, le colocan como director de Estructuras Comerciales en Mercasa. El puesto en Mercasa no es solo directivo sino que también le nombran presidente de la filial de la joya de la corona de la sociedad pública: Mercasa Incatema, la sociedad de la que la entidad pública tiene el 50% precisamente desde 2012.

Con Mercasa Incatema la sociedad pública española canaliza sus operaciones en el exterior, precisamente las que persigue la instrucción de De la Mata (la de Mercasa). Aunque González (Pablo) lleva cinco años de consejero de la empresa, es un gran desconocido para los que trabajaban en ella. Los buenos contactos de Pablo le habrían llevado a entrevistarse con el número dos de Interior, José Antonio Nieto, hace apenas dos semanas cuando la operación ya estaba en marcha. Velasco le ha dictado prisión eludible con el pago de cuatro millones de euros.

Las Cavero

Pero él no es el único miembro de la familia González vinculado a la fracasada Bankia. Carmen Cavero Mestre, cuñada del presidente madrileño fallecida en julio de 2013, fue una de las consejeras de la entidad hasta la dimisión en bloque de sus miembros. Pilar, la otra hermana de Lourdes Cavero, es socia del bufete de abogados Cuatrecasas.

Ambas son hermanas de Lourdes Cavero, esposa de González y, en paralelo, vicepresidenta de la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM), bajo la batuta de Arturo Fernández. Además de trabajar para esta entidad, Lourdes preside Subastas Segre, dedicada a la venta de arte y antigüedades, una firma que cuenta entre sus consejeros con Pilar Cavero y Carmen Cafranga Cavestany, presidenta de la Fundación Caja Madrid. Lourdes Cavero está imputada en la Operación Lezo.

Tal y como adelantó Ángel Calleja en 20 minutos, González utilizó los servicios jurídicos públicos para la defensa de una sociedad de Cafranga, cuya licencia había sido revocada por los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) considera en el auto que la comunidad actuó en defensa de un interés “en ningún caso” público, sino “netamente privado”. Además, en 2009 la comunidad de Madrid otorgó una subvención a esa misma sociedad por valor de 300.000 euros en concepto de “saneamiento financiero de Centros Especiales de Empleo”. Cafranga ha sido condenada por el caso de las Tarjetas Black a un año y ocho meses de cárcel. También fue condenado en las black otro de los imputados por este caso, Javier López Madrid.

Ayer se conocía, además, que dos de las hijas de Ignacio González han sido agraciadas con dos pisos de Precio Público que regula la Comunidad de Madrid.

[[ESTE TEXTO SE PUBLICÓ ORIGINALMENTE EN OCTUBRE DE 2013 EN QUIÉN MANDA Y HA SIDO ACTUALIZADO EL 23 DE ABRIL CON DATOS DE ELDIARIO.ES]]

La subasta de joyas y relojes adjudicada en noviembre de 2013 por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a Subastas Segre, empresa presidida por Lourdes Cavero, la esposa de Ignacio González, y participada por ella y por varios de sus familiares, incluyendo al entonces presidente madrileño, no recaudó ni la cuarta parte de lo inicialmente previsto por el organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La operación, cuestionada por el Tribunal de Cuentas, permitió a la Agencia Tributaria ingresar cerca de 127.000 euros, IVA incluido. El importe obtenido (algo menos de 131.000 euros, sin contar la comisión abonada a Subastas Segre) fue un 76% inferior a la valoración inicial de las piezas. Estas tenían un precio de salida de 550.000 euros, según fuentes del organismo.

La comisión cobrada por Subastas Segre fue del 2,85%, con lo que, sumando el IVA, la empresa que preside Lourdes Cavero ingresó 3.850 euros por su intermediación. En lugar de abonar una comisión previa como suele ser habitual en este tipo de operaciones, la Agencia Tributaria pactó con Subastas Segre un porcentaje del precio de adjudicación de las piezas, una “comisión” que el Tribunal de Cuentas ha cuestionado en su último informe sobre las contrataciones de la agencia. La entidad que dirige Santiago Menéndez no precisa qué bienes se subastaron.

Escasa información

La agencia recuerda que cada año realiza “muchísimas subastas”, aunque sólo ha recurrido en dos ocasiones a casas especializadas, ambas en 2013. En la encomendada en junio de ese año a otra empresa del sector, la joyería Yanes, la agencia, cuya directora general era entonces Beatriz Viana (que dimitió unas semanas después), logró vender todos los artículos “con un incremento del 51% sobre el precio de salida”, según informó en un comunicado. Se vendieron todas las piedras preciosas a la venta por 301.000 euros, frente a los 199.446 euros inicialmente previstos. Un éxito sin paliativos. En este caso, la comisión para el intermediario fue muy superior a la obtenida por Subastas Segre: del 5%, con lo que Yanes ingresó 15.000 euros.

En ese caso, la agencia sí anunció, antes y después de la puja, aspectos como la fecha y lugar de celebración, los bienes que se pondrían a la venta, su precio de salida, la empresa responsable de llevarla a cabo y, posteriormente, los resultados. La adjudicada a Segre, celebrada en diciembre de 2013, en plena bronca pública entre Ignacio González y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por el sistema de financiación autonómica, no mereció ninguna difusión. En el caso de la primera subasta, “confiábamos en que el resultado fuese bueno por el tipo de piezas, y porque las casas de subastas saben qué genero tiene más fácil colocación y cuál no”, argumentan en la agencia.

Según una fuente conocedora del proceso, a la subasta que se adjudicó Segre se presentaron otras dos casas madrileñas especializadas: Ansorena y Sala Retiro. Según la Agencia Tributaria, hubo que recurrir a tres rondas de ofertas para adjudicar la puja a Segre, que presentó la mejor propuesta. El contrato se adjudicó por el procedimiento negociado sin publicidad.

En su Informe de Fiscalización de la contratación de la Agencia de los ejercicios 2013 y 2014, el Tribunal de Cuentas ha criticado que la agencia subcontratase estas operaciones, cuando podía haberlas hecho a través de sus medios propios, logrando mayores ingresos para las arcas públicas. 

Fuentes de la Agencia Tributaria reconocen que “el Tribunal de Cuentas parece apuntar que la subasta efectuada con medios propios por la AEAT hubiera sido más eficiente”, pero la entidad “no comparte esta opinión, sino que entendió que se podía obtener un mejor resultado acudiendo a una empresa especializada que efectuando la operación directamente, dado que la AEAT desconoce este mercado”.

El Tribunal de Cuentas ha afeado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la adjudicación de la celebración, en diciembre de 2013, de una subasta de relojes y joyas procedentes del embargo de un contribuyente a la empresa Subastas Segre, presidida por Lourdes Cavero, la esposa de Ignacio González, y participada por ella y por varios de sus familiares, incluyendo al entonces presidente de la Comunidad de Madrid.

En el Informe de Fiscalización de la contratación de la Agencia de los ejercicios 2013 y 2014, publicado este lunes, el Tribunal de Cuentas critica que la AEAT llevase a cabo este procedimiento de forma externa, cuando podía haberlo hecho a través de los medios propios de la entidad, logrando mayores ingresos para las arcas públicas. 

Respecto a esa adjudicación en concreto, otorgada a Subastas Segre por la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid el 15 de noviembre de 2013, “la Agencia señala que no dispone de medios personales ni materiales adecuados, acudiendo a un procedimiento de adjudicación cerrado, el negociado sin publicidad. No se determina ni cuantifica, por su número y características los objetos a subastar, ni consta, dada la especialidad de la operación, que la AEAT haya efectuado un estudio comparativo de costes si efectuase por sí misma esa subasta, con personal propio, en lugar de acudir a la contratación externa”, dice el informe.

Para el Tribunal de Cuentas, haber realizado esa subasta de forma directa habría sido más “coherente” con “la aplicación del principio de economía en el gasto, si se tiene presente que los recursos dinerarios obtenidos con la subasta deberían ingresarse totalmente a favor de la Agencia, evitando así el pago de la respectiva comisión” a Subastas Segre.

Así, en sus conclusiones, el informe del Tribunal de Cuentas insta al organismo que dirige Santiago Menéndez a precisar “con toda nitidez” en las memorias explicativas de sus contrataciones “la naturaleza y extensión de las necesidades a cubrir”, así como la “idoneidad” de las mismas.

“Rentabilizar”

Preguntada por este asunto, la Agencia Tributaria no precisa cuál fue la comisión abonada a la empresa de Lourdes Cavero por esa operación. En sus alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas, el organismo argumenta que se buscó “la mayor rentabilidad posible”. Dada “la singularidad de los bienes a subastar”, se recurrió a una empresa externa “por su experiencia en rentabilizar este tipo de subastas”. También subraya que se incluyó en los expedientes de contratación “la relación detallada de los bienes objeto de subasta, su número y valoración”.

La operación consistió, según informó el diario ABC en diciembre de 2013, en la venta de 98 piezas con un precio de salida de 500.000 euros procedentes, en su mayoría, de los años 80 y 90. “Atención a las piezas que salen a la venta. Una gargantilla de malla en oro blanco y brillantes, con un diseño muy medieval, pero con peso y flexibilidad y un precio de salida de 4.500 euros; otra con un diseño de hojas de parra por 7.600 euros. También, pendientes de brillantes y esmeraldas (4.800 euros), una gargantilla tipo Cartier (5.600) y una sortija con esmeralda central (4.000 euros)”, contaba el rotativo madrileño. 

Subastas Segre se adjudicó el concurso “por ser la oferta económicamente más ventajosa”, según el anuncio de adjudicación, que no aportaba detalles sobre la comisión abonada al intermediario, una comisión que, según la versión de la agencia, “no existió”, ya que se trató de un “precio de adjudicación”. Esas fuentes reconocen que fue la propia agencia la que animó a Subastas Segre a presentarse al concurso, al que, según una persona conocedora del proceso, se presentaron otras dos casas madrileñas de subastas: Ansorena y Sala Retiro. En contra de lo habitual en este tipo de procesos, explica esa fuente, la comisión del adjudicatario no corrió a cargo del vendedor (la agencia), sino del precio final de la subasta.

La empresa, que no ha querido hacer comentarios sobre este asunto, está íntimamente vinculada a la familia Cavero y al propio Ignacio González. En su consejo de administración, además de Lourdes Cavero, se sientan su hermana Pilar Cavero y Federico Bonet, viudo de otra de las hermanas, Carmen, fallecida en julio de 2013. El propio González reveló en 2013, cuando todavía era presidente madrileño y presentó sus declaraciones de la renta y de bienes del ejercicio 2011, que era accionista de Subastas Segre, con 391 acciones.

La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha revocado la imputación que pesaba sobre Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el marco de las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción 5 de Estepona por el conocido ‘caso ático’.

En un auto contra el que no cabe recurso alguno, dictado el pasado 9 de mayo, pero dado a conocer este martes, los tres magistrados que componen la Sala acuerdan estimar en parte los recursos de apelación presentados por la Fiscalía Anticorrupción, el SUP y otras partes personadas. Así pues, queda revocado “parcialmente” el auto de la jueza Mariana Pelegrina emitido el 16 de diciembre de 2013.

“Mantenemos la personación de Coast Investors LCC (sociedad vendedora del ático al matrimonio) y de Lourdes Cavero Mestre, dejando sin efecto su declaración formal como imputadas”, reza el auto de 10 folios de extensión al que ha tenido acceso eldiario.es.

La Sala hace suyos los argumentos del fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, sobre una “prematura imputación” de Cavero, basada en “vagas referencias a unos hipotéticos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública”

Paralelamente, los magistrados Enrique Peralta, Lourdes García Ortíz y Julio Ruiz Rico acuerdan mantener la personación en la causa de Ignacio González “en la forma acordada” por la jueza instructora para garantizar sus derechos -al no poder imputarle en la causa por ser aforado- y dejan sin efecto la inhibición decretada a favor de la Audiencia Nacional.

El auto establece que González y Cavero son “denunciados que merecen participar en la causa y ejercer su derecho de defensa , aunque la investigación esté aún en sus inicios y no se haya concretado una imputación formal contra ellos”.

La Sección Novena invoca el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “La persona denunciada, sea física o jurídica, tiene derecho a estar informada como presunta inculpada y en consecuencia a ejercer su derecho de defensa, tomando conocimiento como partes personadas de las actuaciones en intervenir en todas las diligencias del procedimiento, aunque no se haya producido una resolución judicial de imputación”, reza la resolución judicial.

Así pues, se mantienen como personados en la causa tanto el martimonio como la entidad Coasts Investors LCC, cuya imputación también se rechaza al tratarse de una persona jurídica y no física.

La Audiencia sostiene que la declaración formal de imputados de Cavero y la sociedad radicada en el estado norteamericano de Delaware, que pretendía la juez instructora, “no se ha sustentando por el momento en datos fácticos o indicios de criminalidad concretos, reveladores de su presunta participación en unos delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales”.

No obstante, el tribunal malagueño deja la puerta abierta a la jueza Pelegrina para que, si aprecia indicios de delito contra Ignacio González, eleve una exposición razonada ante el Tribunal Supremo, debido al aforamiento que ostenta, como presidente de la Comunidad de Madrid.

La competencia de la Audiencia Nacional queda rechazada, por el momento, a la espera de las comisiones rotatorias en el extranjero cuyos resultados aún están pendientes. El tribunal malagueño considera que no se dan actualmente los supuestos que puedan determinar la intervención de “distintas audiencias provinciales”.

La Fiscalía Anticorrupción y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han coincidido en sus argumentos este martes al solicitar en sus respectivos recursos, ante la Audiencia de Málaga, que se revoque la imputación de Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el llamado ‘caso ático’. Por el contrario, el PSM, también personado como acusación, ha pedido que se mantenga su condición de imputada.

Durante la vista pública, celebrada ante la Sección Novena del tribunal malagueño, el fiscal Juan Carlos López Caballero, ha reproducido las tesis de su escrito, ya conocidas públicamente, sobre la “falta de motivación” del auto dictado por la juez instructora, Mariana Peregrina, en diciembre de 2013.

En dicha resolución la magistrada, sustituta en el Juzgado 5 de Estepona, resolvió imputar a Cavero, así como a la sociedad vendedora del ático, Coast Investors, radicada en Delaware (EE.UU). Simultáneamente aceptaba la personación de González, a pesar de no estar contemplada y ser aforado ante el Supremo. Peregrina decidía también que el tribunal competente para enjuiciar estos hechos, denunciados por el SUP como presuntos delitos de blanqueo de capitales y de tipo fiscal, entre otros, sería ahora mismo la Audiencia Nacional (AN).

López Caballero ha argumentado que hay “falta de base fáctica” para imputar a Cavero, porque “no se se sabe cómo se ha cometido un delito de elusión fiscal” en el marco de la compraventa del lujoso inmueble radicado en Estepona. Cree el fiscal jefe de la Audiencia de Málaga que “habría que ver cuál es el delito que se imputa a Coast Investors a partir del año 2010”.

Así pues, para el Ministerio Público “no hay indicios de delito ni en Coast ni en los arrendatarios, luego compradores”, ha dicho en alusión al matrimonio González-Cavero, que adquirió el piso en diciembre de 2012, en pleno escándalo mediático y con la juez de Estepona instruyendo la denuncia del SUP.

Anticorrupción no comparte las tesis de la instructora sobre que pueda producirse una personación “de tipo preventivo” de González en el procedimiento: “Soy consciente de de que puede producirse un limbo jurídico”, ha expuesto López Caballero sobre la situación en que quedaría el dirigente del PP y su posible indefensión, invocada por el propio aforado.

En cuanto al “delito cometido en el extranjero” que apreció la juez Pelegrina para trasladar la competencia a la AN, el fiscal, al oponerse, se ha referido sin citarlo al macrosumario del ‘caso ballena blanca’, por blanqueo de capitales, ya sentenciado en firme por el Supremo: “Aquí en Málaga tenemos alguna experiencia sobre sociedades radicadas en Delaware que han podido servir para ocultar la titularidad real de sus propietarios”. Eso no quiere decir-ha acotado- que “todas las sociedades de Delaware sean así”.

Para el acusador público “tendría que establecerse el delito antecedente a la compra-venta del inmueble”, en alusión a un posible cohecho del que hablaron los denunciantes del caso, en relación a un supuesto pago en especie del inmueble al exvicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Para el letrado del SUP, Javier Carnerero, el auto de Peregrina recurrido ante la Audiencia de Málaga es “carente de fundamentación y precipitado”. Cree la acusación particular que “sería ilógico imputar a Cavero y dejar fuera a su marido”.

El sindicato policial ha mantenido desde diciembre que no era el momento oportuno para imputar a la esposa del gobernante madrileño, sin haberse recibido aún el resultado de las diversas diligencias cursadas al extranjero.

“No es normal que estemos esperando una comisión rogatoria año y medio para ver la procedencia del dinero”, ha criticado Carnerero. Acto seguido ha anunciado que cuando se recabe toda la información y pruebas requeridas “pediremos la imputación”.

Desde el Partido Socialista de Madrid (PSM), también personado en la causa como acusación, su letrado, Wilfredo Jurado, ha mantenido una línea totalmente opuesta a las otras dos acusaciones: “Pedimos que el auto se mantenga en su integridad”.

Así pues, el Grupo Parlamentario del PSOE en la Asamblea de Madrid pretende que Cavero continúe imputada, así como que el caso se derive a la AN “mientras el Supremo resuelve las dos querellas presentadas”, ha dicho el abogado Wilfredo Jurado en alusión a las acciones emprendidas contra González por los socialistas, así como por trabajadores de Telemadrid.

El citado letrado sostiene que debería darse por personado al presidente de la Comunidad de Madrid, como pretende la juez instructora, “para garantizar sus derechos”, algo que también ha invocado el abogado Adolfo Prego, sustituido este martes por otra letrada de su bufete, como representante del matrimonio González-Cavero.

Entre un empresario a la antigüa usanza y uno de nuevo corte, aunque empresario, al fin y al cabo. Esta es la decisión que el lunes tendrá que tomar la patronal madrileña que se enfrenta a sus primeras elecciones en las que se presentan dos listas electorales. Una convocada por Arturo Fernández, un empresario de los de toda la vida. La otra encabezada por Hilario Alfaro, empresario toda la vida, pero de otra forma.

Fernández es el actual presidente de la confederación empresarial madrileña (CEIM) y un personaje de sobra conocido. Sobre él se han escrito ríos de tinta. Amigo del rey, amigo de Esperanza Aguirre con la que estudió en el mismo colegio (el Británico), concuñado de Gerardo Díaz Ferrán y amigo íntimo hasta que este ingresó en la cárcel... Fernández ha estado metido en todos los saraos madrileños de las últimas tres décadas. Sino era tomando el gintonic, sirviéndolo, gracias a su extensa red de catering, y de conocidos restaurantes, que ha alimentado a Cándido Méndez en la cantina de UGT y a César Alierta si se pasara por la de Telefónica.

El madrileño lleva ya siete años al frente de la patronal madrileña desde que su otrora amigo Díaz Ferrán dejó el cargo para ascender a la dirección de CEOE. Fernández es también, por gracia de Gerardo, vicepresidente de la CEOE, cargo que le ha mantenido el nuevo presidente, Juan Rosell. Pero además, Fernández se ha extendido como una mancha de aceite y ocupa prácticamente todos los puestos con representación empresarial: desde la Cámara de Comercio, hasta una silla en el consejo de Administración de Bankia, por la que está imputado, pasando por AvalMadrid o Ifema.

Fernández lo ha sido todo en la comunidad regida por políticos que no son solo afines ideológicamente, sino también en lo personal. De sobra es conocida su buena razón con Aguirre que ha continuado con Ignacio González. Tan estrecha es su relación con González que su mujer, Lourdes Cavero, trabajaba hasta hace tres semanas en la dirección de CEIM codo con doco con el ahora candidato. Cavero dimitió hace escasas semanas. Hubo quién lo vio como una intención de la mujer de González de apartarse del escándalo del fraude de los cursos de formación, ya que la renuncia llegó escasos días antes de que empezaran las detenciones. Otros pensaron que era un guiño para distanciar a Fernández del poder político, ya que esa proximidad era la principal debilidad que su contrincante le echaba en cara.

Las Cavero apoyan a Fernández

Ninguno acertó. Contra todo pronóstico Cavero y su hermana se han apuntado en la lista de empresarios con derecho a voto que Arturo Fernández ha congregado para elegirle como presidente. El sistema electoral de la patronal madrileña es farragoso. Esto hace que cada candidato presenta una lista con 200 socios de la patronal que tienen derecho a votar. Esto no supone que estas personas que aparecen en la lista luego vayan a tener un cargo. Pero sí que en caso de salir como la lista más votada, esos 200 serían los encargados de designar al presidente de entre los otros colegas presentes en la lista.

Fernández justifica la decisión de Cavero de marcharse de su trabajo en la CEIM como vicepresidente para dedicarse de forma exclusiva a su empresa, Subastas Segre. Pero con la filiación de Cavero en la lista deja claro que su apoyo, y el de su marido Nacho, también sigue fuerte. Además, hay dos Cavero en este listado ya que su hermana, Pilar también está en el listado por parte del bufete de abogados que representa.

Y, es que, la proximidad y complicidad de Fernández con el presidente de la comunidad de Madrid son innegables. Hasta el punto de que González le ha arropado en actos de campaña, cosa que no ha hecho con su contrincante, Hilario Alfaro. La única presencia de postín del PP madrileño en los actos de Alfaro ha sido Ana Botella. Pero el aspirante al cetro del empresariado madrileño recuerda que él si ha contado con el apoyo de otras formaciones políticas (PSOE y UPyD) y de los sindicatos. “Me tengo que llevar bien con todos”, dice el aspirante que tiene como principal bandera de su programa la independencia política.

Las Cavero no son los únicos nombres con polémica de la lista de Fernández. También hay nombres de Fedecam, la patronal implicada en el fraude de los cursos de formación con nombres próximos al entorno de Alfonso Tezanos. Y para rematar, Fernández ha apuntado a su listado al tercero en discordia: Guillermo Marcos, que amagó con presentarse y ahora se pasa a la lista del restaurador. Se puede dar la paradoja, ya que se vota a una lista y no a un candidato, que la lista le eligiera como presidente en lugar de a Fernández.

Arturo, el campechano

Aunque al ciudadano común le pareza un milagro que Fernández pueda salir elegido, es una posibilidad cierta. Fernández es un tipo encantador. Campechano, afable, sonriente, se para hablar con todo el mundo y responde siempre a la prensa. Aunque parezca difícil que algo así logre compensar los problemas por los que arrastran sus empresas, ya que ha tenido multas por pagos en negro, en la distancia corta y en el cuerpo a cuerpo Fernández se crece. Además, el empresario madrileño, dueño del Club de Tiro de la comunidad, tiene el soporte del aparato. Y la historia demuestra que el candidato del aparato suele ganar. No solo le apoya el Gobierno regional, es que el presidente de la CEOE, solo ha ido a sus actos de campaña y no a los de el aspirante Alfaro.

Con todo, el descontento por el uso de las mamandurrias en la patronal madrileña es muy alto. Fernández se parte y reparte los cargos. Preside la Cámara y además le sirve el cátering. Presta el servicio de Ifema del que también es directivo a través de la Cámara. Prácticamente ha fusionado las dos entidades en una, cuando ni los empresarios que las componen ni la financiación son la misma. Alfaro asegura en el programa que renunciará a este tipo de cargos y que de recibir dinero de alguno por el hecho de estar en CEIM, como le sucedía a Fernández en Caja Madrid, que lo donará a la patronal.

Alfaro busca voto joven

Alfaro trata de fagocitar ese descontento entre el sector más obvio: empresarios más jóvenes, mujeres y todos los cansados de ver cómo la patronal de Madrid no ha tenido una palabra clave en la vida regional. Alfaro tres ausencias claves de la patronal: el 15-M, la huelga de los controladores y la huelga de la limpieza. Ante la pregunta de qué hubiera hecho en el 15-M el candidato explica que negociar, tal y como de hecho hizo. Según Alfaro, se encargó -en representación de los comerciantes- de hablar con los acampados para establecer un límite a las tiendas o despejar la zona de carteles.“El 15-M tuvo un arranque ilusionante que muchos compartíamos pero luego se quedó en otra cosa”, aseguró del movimiento.

La falta de diálogo y el exceso de seguidismo político son las dos principales críticas que el pretendiente esgrime contra Fernández. Pero hay más. “En la patronal al menos seis personas cobran sueldos fuera de mercado”, reconoce. Según confesó Fernández el sueldo más elevado que se paga en estos momentos es de 115.000 euros. Alfaro no asegura que vaya a recortar sueldos, aunque le parecen desproporcionados para las labores de representación que se hacen, pero sí que nada más entrar encargará una auditoría interna del funcionamiento de la institución.

Además, el comerciante pide incorporar a la fundación de la CEIM como un elemento más de la acción social por y para los empresarios. “En este momento solo tiene un proyecto para niños superdotados”, se lamenta Alfaro. Su intención es incorporar programas destinados a jóvenes o a colectivos en riesgo de inclusión.

Con todo, Alfaro es por supuesto un empresario. Y entre sus demandas están también rebajas fiscales, aún más agresivas de las que proponen los expertos al Gobierno que hablan de bajadas del tipo de Sociedades. El comerciante no dejará de representar los intereses “clásicos” de una patronal. Lo que cambiará, si gana, es el estilo.

“Mi obligación es llevarme bien con todo”, concluye Alfaro que asegura que su candidatura es la más integradora porque ha cogido a 200 socios de todas las asociaciones. El lunes, los 1.233 votantes acreditados tendrán la última palabra.

El presidente de CEIM, Arturo Fernández, ha aceptado la dimisión que la vicepresidenta y adjunta al presidente de la Confederación, Lourdes Cavero, presentó por escrito el pasado viernes.

Así consta en un comunicado enviado por CEIM y que precisa que en su escrito Cavero “asegura que a partir de estos momentos afrontará nuevos proyectos profesionales y empresariales”.

La decisión de Cavero se produce después de que fuera imputada por un juzgado de Málaga en relación con las investigaciones sobre un ático adquirido junto a su marido, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

“Soy una convencida de la importancia y la necesidad de las organizaciones empresariales, a las que he dedicado casi 30 años de mi vida profesional”, señala textualmente Cavero, según recoge el comunicado.

Además, Cavero muestra su agradecimiento al presidente, a la Junta Directiva y a todo el personal de CEIM, por el “pleno apoyo” brindado “en todo momento” durante los casi tres años de “dedicación plena a esta casa”.

Lourdes Cavero concluye ofreciendo todo su apoyo al presidente de CEIM, Arturo Fernández, “en los retos y acontecimientos que CEIM debe abordar en los próximos meses”.

Dice que no quiere ser “obstáculo” en el proceso electoral

Fuentes de CEIM han explicado a Europa Press que la también esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha puntualizado que no quería ser “el mínimo obstáculo” ni “excusa” para que el proceso electoral se desarrolle con la máxima limpieza y transparencia.

En un reciente desayuno informativo, el presidente de la patronal madrileña defendió la labor de Cavero, de quien dijo que es “magnífica, muy competente” y una “colaboradora especialmente efectiva para CEIM y la Cámara”. “Está muy bien en CEIM y podrá o no podrá seguir en CEIM según ella decida, yo encantado de que siga colaborando con CEIM y la Cámara”, ha apostillado.

Las próximas elecciones de CEIM, donde por primera vez en la historia de la patronal madrileña habrá más de un candidato a la presidencia, desde hace 36 años, están convocadas para el 24 de marzo.

El fiscal anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de la ciudad la imputación en el caso ático de la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero, que está acusada de delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal.

La decisión tomado por López Caballero estaba cantada, después de que la jueza Mariana Peregrina no le consultase antes de tomar la decisión de imputar a la mujer del presidente de la Comunidad de Madrid. Desde la fiscalía, además, calificaron los razonamientos jurídicos de Peregrina como “endebles”, según informa la Cadena SER.

Las otras decisiones de la magistrada, como inhibirse en favor de la Audiencia Nacional y entregar el contenido de la investigación a Ignacio González, no le han favorecido. De hecho, esta última decisión, justificada por Peregrina con la “indefensión” del presidente de la Comunidad de Madrid por las informaciones de los medios de comunicación sobre el caso, fue tomada en contra del criterio de la fiscalía.

Las razones de la jueza para imputar a Cavero

En un auto fechado el 18 de diciembre, la magistrada acuerdó que “se atribuye la condición de imputada a Lourdes Cavero Mestre”. Previamente recuerda que en la denuncia interpuesta en su día por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se hacía alusión a un “supuesto delito contra la Hacienda Pública”, así como a un “supuesto delito de blanqueo de capitales provenientes de unas supuestas comisiones, producido con anuencia de una entidad extranjera ad hoc”, en alusión a la sociedad Coast Investors, radicada en el estado de Delaware (EE.UU.)

Además, habló de pesquisas sobre una “estructura organizada” y que para la comisión de los presuntos delitos investigados “se ha podido emplear una organización también ad hoc, cuales son sociedades fiduciarias opacas, que pueden ser legales en el país donde tiene su sede, pero que pueden servir expresamente para la comisión del citado delito, cuya comisión se ha materializado en distintas Audiencias Provinciales”. De ahí que decida inhibirse en favor de la Audiencia Nacional.Cita expresamente “la Comunidad de Madrid”, entre las provincias.

Fue a mediados de año cuando la CEOE aprobó un Código Ético y de Buen Gobierno para “dar ejemplo” y mejorar en transparencia. Su expresidente Gerardo Díaz Ferrán estaba ya en la cárcel y uno de sus vicepresidentes –Arturo Fernández– se había visto obligado a regularizar pagos en negro a sus trabajadores.

Seis meses después, la adjunta a la presidencia de CEIM (la patronal madrileña, miembro de la CEOE), Lourdes Cavero, ha sido imputada por la compra de un ático en Marbella junto a su marido, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid. El código ético no ha evitado que tanto Fernández como Cavero sigan ocupando sus puestos.

El código obliga a todas las personas vinculadas a él a comunicar la apertura de cualquier procedimiento judicial penal “con trascendencia empresarial” y a poner a disposición su cargo hasta que el caso quede resuelto. Si se interpreta literalmente este punto, Lourdes Cavero no tendría por qué comunicar siquiera sus condiciones de imputada, ya que su caso no tiene, al menos de momento, “trascendencia empresarial”. Pero sí afectaría a Arturo Fernández, dado que las prácticas irregulares por las que fue sancionado se dieron en su grupo empresarial.

El texto especifica también qué entiende la CEOE por abrir un procedimiento judicial: “Cuando se formule contra el interesado escrito de acusación por el Ministerio Fiscal; o cuando se adopte contra el mismo una medida cautelar de especial importancia e intensidad; o cuando contra el afectado se dicte auto de procesamiento”.

La Junta Directiva de la CEOE tiene la potestad de suspender de su cargo a las personas contra las que se hayan abierto estos procedimientos judiciales o bien proponer a la Asamblea General que se les aparte de sus responsabilidades. Pero la Junta se reserva también la capacidad de adoptar este tipo de medidas “respecto a cualquier persona afectada por este código cuya conducta personal desmerezca gravemente de la honestidad o/e integridad que todos están obligados a respetar, o vulnere gravemente las directrices de este código”.

Aunque es una potestad, y no una obligación, parece claro que la patronal ha decidido no aplicarla en casos como el de Arturo Fernández y, de momento, en el de Lourdes Cavero.

“Todos los afectados por este código deben evitar cualquier conducta que, aun sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación de la CEOE y afectar de manera negativa a sus intereses. Ninguno de ellos colaborará conscientemente con terceros en la violación de ninguna ley, ni participará en ninguna actuación que comprometa el respeto al ordenamiento jurídico vigente”, dice otro de los puntos del documento, que vincula a todos los cargos directivos de la organización, así como a sus empleados y personas y entidades afiliadas.

En el auto en el que la jueza imputa a la adjunta a la presidencia de CEIM, recuerda que el Sindicato Unificado de Policía le atribuía un supuesto delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales “provenientes de unas supuestas comisiones, producido con anuencia de una entidad extranjera ad hoc”.

Sin embargo, un portavoz de CEIM ha asegurado a eldiario.es que la imputación de Cavero no choca con este código de buenas prácticas, ya que es una cuestión puramente “personal”.

De la Cavada, denunciado por acoso

El código ético de la patronal “rechaza” cualquier manifestación “de acoso físico, psicológico, moral, o de abuso de autoridad”, así como cualquier otra conducta “que pueda generar un entorno intimidatorio de trabajo o lesivo con los derechos de las personas”. Precisamente, ayer se conocía que el director de Relaciones Laborales de la patronal, José De la Cavada, abandonaba la CEOE.

De la Cavada fue denunciado en 2010 por sus trabajadores por acoso laboral, un caso que le llevó a juicio y por el que la Inspección de Trabajo le impuso una multa. Sin embargo, no ha sido el código ético el que ha impulsado su marcha, sino una ardua negociación con la patronal que ha acabado en acuerdo económico.

“Todos deben tratarse con respeto, propiciando un entorno de trabajo agradable, saludable y seguro. Todos tienen la obligación recíproca de tratar de forma justa y respetuosa a sus compañeros, a sus superiores y a sus colaboradores”, señala el código.