La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) procedió este martes a ejecutar la demolición de la vivienda de Josefa Hernández, conocida como la abuela de Fuerteventura, en Betancuria. El inmueble tenía orden judicial de derribo ya que una parte se encontraba en zona protegida.

La demolición de la vivienda de Josefa se llevó a cabo este martes por la mañana y en la zona se desplegó un operativo de agentes de la Guardia Civil.

El caso de Josefa alcanzó gran relevancia después de que llegara a ingresar en la prisión de Tahíche (Lanzarote), en agosto de 2015, por no derribar unas obras declaradas ilegales en su casa.

Hernández fue declarada culpable de un delito contra el medio ambiente por haber construido su casa en un paraje protegido, el Parque Rural de Betancuria, y condenada a seis meses de cárcel, 700 euros de multa y el derribo de la ampliación de su vivienda.

La mujer pagó la multa, pero no derribó la casa porque aseguraba no tenía otro lugar al que irse a vivir con los cinco familiares que dependían de ella, entre ellos una hija con discapacidad y tres nietos menores.

Un Juzgado de Puerto del Rosario ordenó que cumpliera la pena de prisión, que inicialmente había quedado en suspenso pero la Audiencia Provincial revocó la medida, después de que incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había anunciado que sería indultada.

Tras su salida de la prisión de Tahíche, Josefa y la familia a su cargo residen en una casa de protección oficial en Puerto del Rosario.

La vivienda de Josefa se encuentra en la zona de Campo Viejo. La Apmun recibió vía libre para acceder al inmueble para llevar a cabo la demolición, que se materializó este martes.

Las obras fueron denunciadas hace una década por la Guardia Civil al haberse ejecutado sin licencia y el Juzgado determinó la restauración de la realidad física alterada.

Josefa Hernández y sus hijos no han asistido al derribo de la vivienda, que se produjo pasadas las diez de la mañana de este martes ante fuertes medidas de seguridad, con un amplio despliegue policial y de responsables de la Apmun.

El Gobierno de Canarias cedió una vivienda a Josefa Hernández en Puerto del Rosario, la capital de la isla, donde vive junto a su hija y sus nietos, aunque reconoce a la Agencia Efe que el estar alejada del lugar donde vivió durante años “no es forma de vivir”.

Teme que un día llamen a su puerta y le digan que “la casa fue prestada por un tiempo” y le pongan en la tesitura de pagar un alquiler (ahora no paga) o irse a la calle, que es lo que cree que le va a pasar.

Josefa se muestra dolida e indignada con que hayan conseguido tirar su casas “mientras siguen en pie los hoteles y chalets ilegales”. “Yo que no tengo ni para comer y me tiran la casa”.

Su hija Minerva Zerpa también se ha mostrado este martes molesta y ha denunciado que la sentencia solo contemplaba el derribo de la parte que fue ampliada “aunque más tarde se ordenó el derribo de la parte antigua”.

Sin embargo, se ha mostrado sorprendida al conocer que se vaya a derribar la casa de madera anexa pues, “salió un juicio que supuestamente decía que no se tenía que tirar”.

“Ahora nos dicen que también hay que tirar un aljibe al que llegaba el agua del pozo y una caseta que teníamos en una gavia con herramientas”, ha criticado su hija.

La historia de Josefa comenzó en 1995 cuando regresó a su isla natal, Fuerteventura, desde Gran Canaria junto a sus hijos para vivir en una casa que sus padres le habían dejado en herencia en la zona de Campo Viejo, en Betancuria.

Josefa amplió la vivienda alegando que tenía que acoger a su hija discapacitada y a sus tres nietos, entre otros motivos, para que Asuntos Sociales no le retirara la custodia pero en 2007 fue denunciada por ampliar la casa.

Tras el juicio oral en marzo de 2012, Josefa fue condenada por un delito contra la ordenación del territorio.

La conocida como abuela de Fuerteventura, Josefa Hernández, que el pasado mes de agosto ingresó en prisión por haber edificado parte de su vivienda en un espacio natural protegido del municipio de Betancuria está más cerca de saldar sus problemas con la justicia. Y es que, la magistrada del Juzgado de Instrucción número seis de Puerto del Rosario, Cristina Sber Pinilla, ha decretado el archivo provisional por los delitos de desobediencia y vulneración de la ordenación del territorio. Así lo ha confirmado este domingo el abogado de la afectada, José De León, que asegura que aún no podido notificar a su cliente de estas novedades, de la que tuvo conocimiento este fin de semana. 

De León ha explicado a Canarias Ahora que en octubre de 2015 pidió el archivo de estos dos delitos que se le imputaron a la sexagenaria porque entendía que no se había producido tal desobediencia. “Las obras estaban ya hechas cuando se dictó sentencia”, apunta el abogado. Y es que, el mismo día que se acordó la denegación de suspensión de condena, el pasado 29 de julio, la jueza de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario dictó una providencia en base a informes del Seprona de la Guardia Civil en los que se constataba que no solo no había derribado la parte ilegal de la vivienda sino que había construido una dependencia de madera anexa a la casa.

El abogado explica que se han presentado nuevos informes del Seprona que certifican que dicha habitación de madera ya estaba edificada. Además, insiste en que “no se ha producido desobediencia” ya que no ha derrumbado esta parte por falta de recursos para hacerlo, como ya ha reiterado su familia en ocasiones a este medio. 

La obligación de demoler la parte de la casa que se encuentra en el Parque natural protegido de Betancuria se mantiene firme. Sin embargo, a pesar de que el plazo se cumplía el pasado 28 de febrero, aún no ha podido proceder a ello. El Cabildo de la Isla ya ha redactado un informe para proceder a acatar esta sentencia y su presidente, Marcial Morales, ha asegurado que está dispuesto a ayudar en lo que sea posible a la familia. 

De León asegura que la noticia del archivo provisional supone un avance en el caso y que fue notificado de ello el pasado viernes por la tarde, aunque no tuvo constancia hasta el sábado por la mañana. Este domingo, al ver que La Provincia se hacía eco de ello, ha señalado que se pondrá en contacto con su clienta. 

La sexagenaria, que tiene cinco personas a su cargo (una hija con discapacidad, un hijo desempleado y tres nietos), se encuentra residiendo en una vivienda facilitada por el Ejecutivo canario de manera temporal en la capital de la isla, en Puerto del Rosario. Este hecho se produjo después de que la Audiencia de Las Palmas se adelantara al indulto del Gobierno y la pusiera en libertad a finales de agosto.

Su hija Minerva Zerpa ha llegado a asegurar que su madre, aunque se siente agradecida, tiene ansias de volver a su vivienda con su familia. Asimismo, se encuentran “intranquilos” ya que la casa tendrá que ser rehabilitada para poder vivir en ella. 

Zerpa aclaró a este medio que la parte de la vivienda que quedaría intacta tras la demolición de la zona ilegal cuenta con 70 metros cuadrados, pero que carece de baño y que los techos están en mal estado, puesto que el invierno de 2007 causó desperfectos en él. Fue por este motivo por el que se construyó el anexo de madera, que sin saberlo en aquel momento, se asentaba sobre ese lugar protegido, explica la hija de Hernández. 

Nueve meses de su ingreso en prisión

Cabe recordar que una sentencia firme obligó a 'la abuela de Fuerteventura' a demoler esta habitación y a pagar 700 euros de multa. La mujer pagó este dinero, pero llegó a alegar que no había podido derribar su casa por carecer de otro lugar donde vivir y por no tener posibilidades de pagar un alquiler. De hecho, la familia ha expresado que vive con un total de 740 euros al mes; la pensión de esta mujer de 63 años, que es de 320 euros, y la prestación por desempleo de uno de sus hijos, que suponen 420 euros. 

En agosto de 2015, tras la noticia de que se iba a producir su entrada en prisión Josefa Hernández efectuó una huelga de hambre, que tuvo que suspender por problemas de salud. 

Este caso provocó una gran indignación en Fuerteventura y a su lucha por impedir ingresar en la cárcel se unieron miles de personas a través de la plataforma change.org y por medio de diferentes manifestaciones que se convocaron en la isla. El caso, de gran repercusión mediática, también movilizó a distintos miembros de la política. 

La conocida como abuela de Fuerteventura, Josefa Hernández, que el pasado mes de agosto ingresó en prisión por haber edificado parte de su vivienda en un espacio natural protegido del municipio de Betancuria, está obligada a demoler esta ampliación de su casa antes del próximo 28 de febrero. Sin embargo, aunque su intención es cumplir con la sentencia, su abogado, José De León, ya ha informado y presentado al juzgado los recibos que muestran que carece de recursos para derribarla. 

La sexagenaria, que tiene cinco personas a su cargo (una hija con discapacidad, un hijo desempleado y tres nietos), se encuentra residiendo en una vivienda facilitada por el Ejecutivo canario de manera temporal en la capital de la isla, en Puerto del Rosario. Este hecho se produjo después de que la Audiencia de Las Palmas se adelantara al indulto del Gobierno y la pusiera en libertad a finales de agosto. Josefa Hernández, aunque se siente agradecida con que le hayan buscado esta solución tiene ansias por volver a su casa y a su municipio, relata su hija Minerva Zerpa. No obstante, asegura que los miembros de esta familia están “intranquilos”, ya que la zona del domicilio que quede en pie necesitará ser rehabilitada para poder vivir. 

El presidente del Cabildo de la isla, Marcial Morales, señala que los técnicos elaboraron y entregaron el pasado mes de enero un proyecto que ha resultado muy “laborioso”, en el que se ha tenido en cuenta no sólo el derribo en sí de un ala de la vivienda sino que el lado que no invade el espacio natural pueda ser habitable y quede reforzado. Además, asegura que desde el Gobierno insular están dispuestos a colaborar en lo que puedan con el Ayuntamiento de Betancuria. 

Zerpa aclara que esta parte que quedaría intacta cuenta con 70 metros cuadrados, pero que carece de baño y que los techos están en mal estado, puesto que el invierno de 2007 causó desperfectos en él. Fue por este motivo por el que se construyó el anexo de madera, que sin saberlo en aquel momento, se asentaba sobre ese lugar protegido, explica la hija de Hernández. 

Una sentencia firme obligó a Josefa Hernández a demoler esta habitación y a pagar 700 euros de multa. La mujer pagó este dinero, pero llegó a alegar que no había podido derribar su casa por carecer de otro lugar donde vivir y por no tener posibilidades de pagar un alquiler. De hecho, cabe recordar que la familia vive con un total de 740 euros al mes; la pensión de esta anciana que es de 320 euros y la prestación por desempleo de uno de sus hijos, que suponen 420 euros. 

Su abogado espera que, tras haber transmitido de manera oficial al juzgado que la mujer apenas cuenta con medios económicos, la justicia inste al Ayuntamiento de Betancuria o al Cabildo de Fuerteventura a que proceda a la demolición de dicha zona del domicilio. “Ahora toca esperar”, apunta De León, que añade que primero se debe valorar que el informe de derribo es correcto y después se conocerá la decisión del juez. Con ello buscan que al menos Josefa Hernández pueda saldar cuentas con la justicia y que “acabe esta pesadilla para ella”, afirma. 

“Mi madre lo ha pasado muy mal”, insiste Minerva, que espera que pronto acaben todos los trámites jurídicos para cerrar este episodio y, a partir de ahí, poder pensar en buscar financiación para rehabilitar la casa.

Desde que viven en Puerto del Rosario, se le ha facilitado una ayuda a los nietos de Josefa Hernández para que puedan seguir acudiendo a su centro escolar habitual, ya que que se encuentra en otro municipio y el transporte resulta costoso. 

Según ha narrado la propia mujer, de 62 años, su vida no ha sido “nada fácil”. Hace 30 años se divorció y tuvo que sacar adelante a sus siete hijos y dos hermanos pequeños sola. Por este motivo, decidió edificar sobre unos terrenos que había heredado de sus padres. Su economía nunca mejoró para buscar otro sitio donde vivir o acondicionar esta vivienda. 

Ante la noticia de que se iba a producir su entrada en prisión el pasado mes de agosto Josefa Hernández efectuó una huelga de hambre, que tuvo que suspender por problemas de salud. 

A su lucha por impedir entrar en prisión se unieron miles de personas a través de la plataforma change.org y por medio de diferentes manifestaciones que se convocaron en la isla. El caso, de gran repercusión mediática, también movilizó a distintos miembros de la política. 

El presidente del Cabildo de la isla cuenta que en esos momentos se volcaron en ayudarla porque consideraron que la orden de ingresar en prisión era “desproporcionada” tratándose de una mujer sin recursos económicos y con personas a su cargo. No obstante, su abogado expresa que la sentencia “está para cumplirse” y que así lo hará pero espera que se comprenda que, a pesar de su voluntad, no dispone de medios para hacerlo. 

Josefa Hernández, la conocida como abuela de Fuerteventura obtendrá una solución para su casa en las próximas semanas. Un comité técnico baraja la posibilidad de derribar tan sólo la parte de la vivienda que se encuentra edificada sobre el paraje natural protegido de Betancuria y que el resto se mantenga en pie. Además, valoran que la familia pueda continuar viviendo en la zona que quede sin demoler, siempre y cuando concluyan que es habitable para los seis miembros.

El presidente del Cabildo de esta isla, Marcial Morales, apunta que el proyecto aún no está del todo elaborado, pues los técnicos están considerando varias posibilidades antes de que quede finalizado. No obstante, prevé que en unas dos semanas esté listo y se le pueda dar una solución formal a esta familia. 

Cabe recordar que tras la puesta en libertad de Josefa Hernández, quien fue condenada por edificar en un espacio natural protegido a seis meses de prisión, una multa de 720 euros y a derribar su casa, el Gobierno de Canarias le ofreció una vivienda de renta libre en Puerto del Rosario para que ella y las cinco personas que tiene a su cargo - tres nietos, una hija con discapacidad y un hijo desempleado - pudieran vivir hasta que se solucionara su situación. 

Y es que, la Audiencia de Las Palmas, que se adelantó a la petición de indulto para Josefa Hernández, condicionó el pasado mes de agosto la decisión de ponerla en libertad a la orden de derribo de la casa. Además, en el indulto publicado en el BOE el día 28 de agosto se expresa que este se concede siempre y cuando no vuelva a cometer un delito en el período de dos años. 

En cualquier caso, como ha señalado a Canarias Ahora el abogado de la abuela de Fuerteventura, José De León, esta mujer se encuentra obligada a demoler la parte de la casa que se encuentra en el paraje natural protegido. Por ello, espera que los resultados del proyecto lleguen pronto para cumplir con esta condición.

Josefa Hernández llegó a explicar que no había podido derribar su casa por carecer de otro lugar donde vivir y por no tener posibilidades de pagar un alquiler. La familia vive con un total de 740 euros al mes; la pensión de esta anciana que es de 320 euros y la prestación por desempleo de su uno de sus hijos, que suponen 420 euros. 

Josefa volverá a declarar en los juzgados

El abogado José de León ha asegurado que el próximo 14 de octubre Josefa Hernández tendrá que comparecer en el Juzgado de Instrucción número 6 de Puerto del Rosario por un presunto delito de quebrantamiento de condena y de otro contra la ordenación del territorio.

Según explica, esto se debe a la providencia de la juez de 28 de julio donde se señala que esta mujer no sólo no ha derribado su casa sino que la ha ampliado, construyendo una habitación de madera y se basa, para ello, en informes del Seprona. 

El abogado apunta que en estos momentos se encuentran en una fase de investigación, recopilando los hechos, ya que pretenden demostrar que el cuarto de madera estaba edificado antes de que se dictaminara la sentencia. Asimismo, Josefa Hernández llegó a explicar que esta habitación se realizó porque el invierno de 2007 causó desperfectos en el techo de su casa y no tenía recursos económicos para hacerlo de otra forma. 

La vida de esta sexagenaria no ha sido “nada fácil”, según sus propias palabras. Hace 30 años se divorció y tuvo que sacar adelante a sus siete hijos y dos hermanos pequeños sola. Por este motivo, decidió edificar sobre unos terrenos que había heredado de sus padres. Su economía nunca mejoró para buscar otro sitio donde vivir o acondicionar esta vivienda. 

Tras la inminente entrada en prisión de Josefa Hernández, efectuó una huelga de hambre, que tuvo que suspender por problemas de salud. A su reivindicación se unieron miles de personas a través de la plataforma change.org y por medio de diferentes manifestaciones que se convocaron en la isla. El caso, de gran repercusión mediática, también movilizó a distintos sectores de la política. 

Josefa Hernández, conocida como la abuela de Fuerteventura, tendrá que comparecer de nuevo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Puerto del Rosario el próximo 15 de octubre, acusada de un presunto delito de quebrantamiento de condena y de otro contra la ordenación del territorio.

Tal y como adelanta el periódico La Provincia, en esta ocasión, el delito contra la ordenación del territorio se debe a la construcción de una caseta de madera levantada junto a la vivienda y después de que una sentencia de 2012 del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario ordenara el derribo de parte de la casa por estar construido en suelo protegido del Parque Rural de Betancuria, pagar 720 euros de multa y seis meses de prisión.

El abogado de la defensa, José de León, ha explicado a Efe que el mismo día que se acordó la denegación de suspensión de condena, el pasado 29 de julio, la jueza de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario dictó una providencia en base a informes del Seprona de la Guardia Civil en los que se constataba que no solo no había derribado la parte ilegal de la vivienda sino que había construido una dependencia de madera anexa a la casa.

En base a ello, la jueza dictó una providencia para que se deduzca testimonio al juzgado y se investigue el asunto por estos presuntos delitos.

El caso de Josefa saltó a la luz pública el pasado mes de agosto después de que la mujer tuviera que ingresar en la prisión de Tahíche, en Lanzarote por no haber cumplido la sentencia de 2012.

La conocida como abuela de Fuerteventura, al que el Gobierno central concedió el indulto días después de entrar en la cárcel, alegó en todo momento no haber cumplido la sentencia por no tener un techo en el que alojar a sus dos hijos, uno de ellos con discapacidad mental, y a los tres nietos que tiene a su cargo.

Un golpe seco estremece a Josefa Hernández. Le recuerda el sonido que hacía la puerta de su celda cada vez que se cerraba de forma automática. A pesar de su corta estancia en el Centro Penitenciario de Preventivos de Tahíche, en el municipio lanzaroteño de Teguise, aún sueña con lo que vivió allí. Fueron cuatro días en los que su mayor miedo era perder a sus nietos. Su delito, según cuenta, “querer cumplir con el mandato judicial pero no tener dinero para hacerlo”.

La historia de Josefa es la de una mujer que ha luchado durante toda su vida por el bienestar de su familia. Su empeño por cumplir con el rol de matriarca hizo que se diera de bruces con la justicia.

Sobre unos terrenos heredados de sus padres, en una colina a la que se accede a través de una red de caminos estrechos y serpenteantes, se levanta la vivienda que llevó a esta mujer de 62 años a prisión. La parte antigua es una edificación humilde, con paredes de madera repletas de grietas, que a buen seguro hacen que el frío de las noches de Fuerteventura le cale en sus huesos. La casa, situada en una zona conocida como Campo Viejo en el Parque Rural de Betancuria y declarado como zona protegida, da cobijo a Josefa, a su hija con un 39 por ciento de discapacidad, a un hijo desempleado y tres nietos menores a su cargo.

La vida de Josefa no ha sido fácil. Se divorció hace 30 años, quedándose sola a cargo de sus siete hijos y dos hermanos pequeños. La única solución que encontró para salir adelante fue dejar Gran Canaria y trasladarse a Fuerteventura con toda su familia. Asegura que crió a sus hijos como mejor pudo a pesar de no recibir la ayuda de su exmarido. “La única pena que me queda es no haberle podido dar estudios a mis hijos”, reflexiona en voz alta con cierta tristeza en su mirada.

Durante todo este tiempo, la economía familiar nunca les permitió buscar un lugar mejor, por lo que se las arreglaron como pudieron para vivir en aquella maltrecha casa. Con los años y el deterioro lógico provocado por el paso del tiempo, Josefa se ve en la necesidad de proporcionar a sus nietos un techo digno y evitar que los servicios sociales pudieran llevárselos de su lado. Fue entonces cuando decidió hacer una ampliación que garantizara la calidad de vida de los menores.

Quince años de pleitos después, la determinación de Josefa por proteger a su familia por encima de todo, cambió el discurrir de su vida.

Notificación del ingreso en prisión

Josefa tenía conocimiento desde 2012 de la sentencia firme del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario que le condenaba a pagar una multa de 700 euros, demoler la ampliación de la vivienda y cumplir seis meses de prisión.

En el juicio, la popularmente conocida como abuela de Fuerteventura, advirtió al magistrado la imposibilidad de hacer frente al coste que supondría derribar parte de la vivienda, pero se mostró siempre dispuesta a hacerlo para cumplir con la ley, como así hizo con la multa que satisfizo gracias a la posibilidad de fraccionar los pagos.

Pasados tres años de aquella sentencia y a través de una notificación, se requiere la presencia de Josefa en los Juzgados de Puerto del Rosario. Allí le informan de la decisión de la jueza de ordenar su ingreso en prisión en un plazo máximo de 10 días. Una medida que no esperaba, por carecer de antecedentes penales. “No soy capaz de comprender qué es lo que no entiende la jueza. Nunca me he negado a derruir mi casa, les he explicado que no puedo permitírmelo, ni tampoco el mudarme a una casa que me permita proteger a mis nietos y a pesar de todo ordenan mi ingreso en prisión” y añade molesta, “lo único que me da rabia de todo esto es que ella piensa que lo he hecho por rebeldía, pero lo cierto es que no he podido hacerlo y no han querido escucharme. Me han tratado como a una criminal llevándome a la cárcel”.

Esos diez días fueron una auténtica locura en la vida de la familia. A pesar de haber solicitado un indulto desde abril de este mismo año, se encuentran con una decisión judicial en pleno mes de agosto que terminaría con Josefa Hernández entre rejas. Sin posibilidad de poner en marcha nuevos recursos que retrasaran su ingreso en prisión, la única salida fue recurrir a los medios de comunicación, para tratar de hacer público un asunto que traspasó las fronteras del Archipiélago; y de forma paralela, iniciar una huelga de hambre que a buen seguro agravaría su diabetes.

El alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, reconoce que es la primera vez que se tiene que enfrentar a un caso de esta naturaleza, “todo lo que sucedió aquellos días nos tenía desconcertados, el ingreso en prisión nos parecía desproporcionado. Teníamos que apoyar a nuestra vecina, sobre todo por humanidad, porque hablamos de una persona con muy pocos recursos, una familia que ha construido su vivienda en un terreno de miles de metros cuadrados en los que nadie pensó que se estaba cometiendo una infracción urbanística. Por suerte, el apoyo de instituciones, partidos políticos y particulares fue importantísimo. Josefa nunca pensó que la gente la respaldara de aquella manera, y hoy por hoy sabe que no está sola”.

La ola de solidaridad comenzó a inundar la prensa escrita, radios y televisiones, pero fueron las redes sociales y una campaña con la que se recogieron 130.000 firmas en la plataforma digital Charge.org las que hicieron más ruido para tratar de evitar su ingreso en el centro penitenciario de Lanzarote. El consejero del Cabildo de Fuerteventura por Podemos, Andrés Briansó, explicó que “aquellos días tuvimos mucho trabajo, nos encontramos con unas personas completamente desorientadas y desinformadas, no sabían a quién tenían que acudir y no eran conscientes de la gravedad del problema. Lo primero que hicimos fue hablar con ellos para que tomaran conciencia de lo que estaba pasando y que mantenerse en la decisión de no derribar la parte afectada de la casa les acarrearía más problemas. En ese punto y ante la desproporción de la sentencia, lo único que nos quedaba era lograr la movilización social”.

Una campaña en la que “los medios de comunicación tuvieron mucho que ver”, recuerda Cerdeña, “gracias a ellos y las redes sociales todo el mundo se volcó con esta familia mostrándose contrarios a la medida de privación de libertad”. Josefa había dejado de sentirse invisible y empezaba a notar el apoyo de la sociedad y la clase política.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, destaca que este caso “ha activado el músculo solidario que hay en esta sociedad y no ha sido tanto por la vivienda, sino por la injusticia de que Josefa acabara en prisión”. Morales cree que “ha habido unidad social y política, sin colores. Todos han entendido que se trata de una persona que ha luchado por mantener a su familia aunque para ello haya tenido que cometer una actuación que parcialmente no es legal”.

El viernes 21 de agosto se produce el primer intento de traslado a prisión de Josefa. “Recuerdo el camino hacia Corralejo en el coche y ver como a mi hija y a Marcelino Cerdeña les caían las lágrimas. Yo estaba sentada detrás y me quedé bloqueada. Tengo claustrofobia y solo podía pensar en que iba a estar encerrada en un espacio muy pequeño. De pronto no podía respirar y el cuerpo se me quedó muerto”, relata mientras juega con un paquete de tabaco. Fueron los momentos más angustiosos para la familia y para la propia Josefa, que podía escuchar todo lo que sucedía a su alrededor pero era incapaz de comunicarse con normalidad. En su estado, con una subida de tensión y de azúcar, fue necesario su traslado a un centro de salud de Corralejo y posteriormente al Hospital General de Fuerteventura donde esa misma tarde le dieron el alta.

Corta estancia en prisión

El fin de semana sirvió para que la abuela majorera sumiera su destino. “El lunes estaba mucho más tranquila, mis hijos se habían mentalizado y yo solo quería que acabara este sufrimiento”, y continúa Josefa, “pensaba que iba a ser mucho más difícil entrar en Tahíche pero tanto las internas como los funcionarios me lo hicieron todo más fácil”.

Hasta las puertas del Centro Penitenciario de Lanzarote, Josefa llegó acompañada de Marcial Morales y Marcelino Cerdeña. Morales explicó a Canarias Ahora que su presencia allí “estuvo motivada por la desproporción de esta condena. Se trata de una familia de otras tantas, gente pobre pero con valores que ha peleado por su familia. Si ha cometido esta irregularidad es porque ha peleado por los suyos”.

Ha pasado poco tiempo y Josefa narra con mucha tranquilidad lo que vivió durante los cuatro días que duró su estancia en Lanzarote, como si realmente no hubiese conseguido digerirlo todo. Su rostro refleja algo de sorpresa, pareciera que todo aquello se alejara de lo que su mente habría creído que sucedería; y su relato, más parecido a una historia que pasará de generación en generación, como aquellas que nos contaban nuestros abuelos.

Cuando Josefa entró por la puerta del Centro Penitenciario de Tahíche se dio cuenta que aquella era su nueva realidad, “no podía tapar el sol con un dedo y decidí vivirlo de la mejor manera que pudiera”. La primera impresión de los funcionarios del centro fue de sorpresa al ver que Josefa no lloraba, según cuenta, le dijeron que era la primera mujer que no entraba entre lágrimas. Tal vez, producto de su carácter positivo que consigue mantener incluso en los momentos más difíciles.

“La primera noche estaba todavía en una burbuja. Recuerdo que subimos a la celda, y de pronto la puerta se cerró con un sonido estremecedor. Estaba muy asustada y mi compañera me insistía en que mirara por la ventana; tenía que evitar venirme abajo y que apareciera la claustrofobia que sufro cuando estoy en espacios tan pequeños. Por la mañana, fui realmente consciente de lo que estaba pasando y empecé a convencerme de que ese sería el lugar en el que permanecería durante al menos tres meses. Cuando pasadas unas horas lo asumí, las rejas dejaron de importarme; solo pensaba en mis niños porque no quería que se quedaran sin techo”, cuenta Josefa.

Josefa continúa describiendo su experiencia entre buche y buche de café, precisamente lo que más compraba en el economato con una tarjeta que le dieron a su entrada en Tahíche. “Reconozco que entré con miedo porque no sabía lo que me iba a encontrar allí. Y no es solo que te hayan privado de tu libertad. No puedes hacer nada que se salga de lo que ellos te tienen establecido, y es completamente normal porque estás en una prisión y no en un patio de recreo. Todos esos límites son los que realmente te hacen sentir que coartan tu libertad, pero a pesar de todo eso, los funcionarios y las compañeras te hacen sentir bien”, y mientras lo cuenta, una enorme sonrisa ilumina su cara.

Ese gesto es inequívoco, recuerda una vez más a su compañera Estela, la presa de confianza con la que compartía celda y que le hizo tan fáciles las primeras horas de encierro. “Es un amor de niña, te habla, te da cariño y confianza, es una persona muy abierta y educada, y siempre se preocupa porque estés bien”, pero no fue solo Estela quien le hizo sentir cómoda esos cuatro días. Al poco de ingresar en el módulo de mujeres se encontró con el cariño de 21 compañeras, que sin conocerla, la llamaban Mami, porque habían vivido toda su odisea a través de la televisión.

La personalidad dicharachera de Josefa hizo que desde el primer momento se fuera ganando a las otras presas, “yo me sentaba con ellas en el patio, les decía que después de Tahíche había vida, que no se la desgraciaran de esa manera y que aprendieran de sus errores”. Incluso los presos del módulo cuatro le hacían llegar cartas en las que le mostraban su cariño y lo incomprensible de la presencia de Josefa entre aquellos muros.

Casi sin tiempo de poder conocer bien a sus compañeras y creyendo que estaría allí más tiempo, Josefa recibió la notificación de la Audiencia Provincial de Las Palmas en la que se decretaba su puesta en libertad inmediata. Pronto, la alegría se apoderó del módulo de mujeres del Centro Penitenciario de Preventivos de Arrecife de Lanzarote, que Josefa abandonó entre abrazos y muestras de afecto de las internas y funcionarios.

Una estancia en prisión que según Morales, se produjo porque “alguien se cebó con ella, ya que no era reincidente, ni había sido condenada a una pena superior a dos años, tampoco se negó a pagar la multa, ni tiene desarraigo. En definitiva, se daban varias condiciones para que no entrara en prisión y es lo que provocó todo el revuelo. En ese sentido, la gran ola de solidaridad hizo que, primero el poder judicial la sacara de prisión, y luego el Consejo de Ministros, terminara por indultarla”.

De vuelta a la realidad

La salida de prisión de Josefa Hernández fue una auténtica locura. Una montaña rusa de sensaciones para ella y su familia, a los que costó mucho gestionar la atención mediática que suscitó su caso.

Las ofertas de diferentes televisiones para acudir a sus programas y las luchas de éstos por conseguir la mejor entrevista empezaron a pasar factura a la abuela majorera, que decidió declinar todas las invitaciones que recibía. Una medida que no sentó muy bien en algunas cadenas, que no dudaron en mostrarle su malestar después de haber dado amplia cobertura a su caso.

Briansó, que estuvo apoyando a la familia desde que tuvo conocimiento de su situación, recomendó a Josefa mantenerse alejada de los medios. “Sabíamos que el caso se merecía toda la atención mediática porque reunía todos los requisitos para que así fuera, aunque hubiésemos preferido evitar toda esa exposición a la familia. Es cierto que no podemos olvidar que todo aquello propició la anulación de la ejecución de la sentencia por parte de la Audiencia Provincial de Las Palmas y estamos muy agradecidos; pero no podíamos dejar que Josefa siguiera inmersa en todo aquel foco mediático. Le recomendamos que descansara y estuviera con sus hijos y sus nietos”.

Una recomendación que Josefa ha seguido porque sabe que es lo mejor para ella. Su semblante se torna triste cuando habla del tema, se siente mal por las presiones a las que se vio sometida, “espero que todas las televisiones que me han llamado para que participe en sus programas entiendan que si no acepto, no lo hago de mala fe, lo hago porque le debo un respeto a toda la gente que me ha apoyado. No estoy en Tahíche gracias al pueblo y no voy a poner precio a la poquita dignidad que aún me queda”.

Desde que el Ayuntamiento de Betancuria tuvo constancia de los problemas que se avecinaban para la familia, Cerdeña siempre ha estado pendiente de ellos y vivió muy de cerca no solo el ingreso y posterior puesta en libertad de Josefa, también estuvo con ellos los primeros días fuera de Tahíche. “Al principio todo era una alegría tremenda, tenían ganas de celebrar y olvidar lo que había sucedido; pero al mismo tiempo sentían tristeza porque saben que tendrán que derribar la parte de la casa que tiene más habitabilidad”, explicó el alcalde.

Josefa se siente animada porque el Gobierno de Canarias le ha concedido de forma provisional un techo para ella y su familia. La vivienda, que aún no ha recibido, es propiedad de una empresa pública de promoción privada, de esta forma las familias que aún esperan por una casa no se verán afectadas por la decisión del Ejecutivo canario de ayudar, en primera instancia, a la familia de Josefa. “Desde las instituciones seguiremos preocupados por que las familias en estado de necesidad reciban el apoyo para que puedan vivir con dignidad. En Fuerteventura hay más familias en situaciones similares y por eso se intenta dar respuesta a todas ellas”, afirmó Morales, “para nosotros ha sido un alivio saber que no hay una persona injustamente en prisión”. El presidente insular recordó que el Cabildo de Fuerteventura mantiene el compromiso para que todas las personas que necesiten apoyo institucional puedan recibirlo de manera ordinaria.

El futuro de esta familia pasa por mudarse a Puerto del Rosario, a 25 kilómetros de su actual vivienda. La imposibilidad de acceder a una vivienda social en Betancuria hace necesario un traslado que provocará un cambio de centro escolar para los menores. Los técnicos del Cabildo y el Ayuntamiento estudian la viabilidad de una demolición parcial que a buen seguro pondrá en peligro la parte antigua de la vivienda, motivo por el que tendrán que asegurarla. “Lo que intentaremos será mantener la parte de la vivienda que no está afectada por la sentencia y que pudiera ser en el futuro su vivienda habitual”, explicó Cerdeña, “es necesario hacer un proyecto de demolición en el que se contemple el refuerzo de la parte que no hay que demoler. Y una vez ejecutado el proyecto de demolición, espero que la parte que quede en pie pueda quedar como primera vivienda para la familia”.

Los días han ido pasando y Josefa empieza a ver aquellos momentos desde un nuevo prisma. Reconoce haber entrado en prisión sintiéndose una criminal pero gracias a su fortaleza mental consiguió superar el revés que le había deparado la Justicia. Una fuerza que ha tenido que emplear en muchos momentos de su vida y que tendrá que seguir utilizando mientras no termine de solucionarse la situación de su vivienda.

Tiene la sensación de que su entrada en prisión no ha servido de nada, porque el problema sigue estando ahí y piensa que todo el esfuerzo que hicieron sus padres para poder dejarle esos terrenos ha sido en balde. “No pondré esta experiencia como algo negativo en mi vida, esto no me va a detener para seguir luchando por mis hijos y mis nietos. Por lo único por lo que no voy a seguir luchando es por mi casa de Campo Viejo, y no porque no me duela la casa, sino porque me duele que nos echen de la tierra que nos dejaron nuestros abuelos”, sentenció Josefa.

El Cabildo de Fuerteventura prevé tener finalizado en unas semanas el proyecto de derribo y reforzamiento de la vivienda de Josefa Hernández, la vecina de Fuerteventura condenada a demoler parte de su casa por construirla en el espacio protegido del Parque Rural de Betancuria.

El Cabildo y el Ayuntamiento de Betancuria se comprometieron la semana pasada a redactar el proyecto de demolición de la parte de la vivienda afectada por la sentencia y a reforzar el resto, con el objetivo de que Josefa, sus dos hijos y los tres nietos que residen con ella puedan volver a vivir en esa casa de Cercado Viejo.

Marcial Morales ha recordado a los periodistas el compromiso de ambas instituciones para ayudar a esta familia, “ante la falta de recursos”, también en dar cumplimiento a la sentencia.

Pero al mismo tiempo, se estudiará la habitabilidad de la vivienda para que Josefa y su familia puedan seguir “donde quieren y deben estar, que es en el municipio de Betancuria”.

El presidente del Cabildo ha adelantado que este mismo lunes empiezan “a fondo los técnicos a trabajar y, en los próximos días o semanas, estará disponible el proyecto de actuación y el visto bueno de la administración competente”.

De esta manera, ha añadido, se concluye este proceso que “nunca debió haber pasado por prisión -Josefa Hernández estuvo tres días y medio en el penal de Lanzarote- y que ”acaba garantizando el bienestar para la familia y el cumplimiento a la legalidad“.

Morales no ha querido especular con la fecha en la que se llevaría a cabo la demolición de la parte de la vivienda afectada por la sentencia y ha insistido en que el plazo “ahora es lo de menos, lo importante es que sea en un plazo de tiempo razonable, se hagan las cosas bien y se haga cumplimiento a la sentencia”.

Cabe recordar que el indulto concedido el pasado viernes en el Consejo de Ministros ha sido publicado este lunes en Boletín Oficial del Estado (BOE), pero en él no se obliga a Josefa Hernández al derribo de su vivienda.

En los próximos días la familia tendrá a su disposición la casa de renta libre que el Gobierno de Canarias les ha cedido de forma temporal en el municipio de Puerto del Rosario.

Marcelino Cerdeña ha aclarado a los periodistas que, en un principio, la familia no ha acogido “con total satisfacción” su traslado temporal a una casa de Puerto del Rosario, ya que a ellos “les gustaría seguir viviendo en el entorno en el que llevan haciéndolo muchos años”.

La conocida como “abuela de Fuerteventura” manifestó, poco después de salir de prisión, el pasado jueves, cierta preocupación por cómo podía afectar el traslado de sus nietos a otro colegio.

El alcalde de Betancuria ha concretado que, efectivamente, los alumnos empezarán el curso escolar en otro centro, en este caso, en uno de la capital Puerto del Rosario.

Una sentencia de marzo de 2012 del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario condenó a Josefa Hernández a seis meses de prisión, 720 euros de multa y a demoler la parte ilegal de su casa.

El pasado lunes, esta vecina ingresó en la prisión de Tahíche, donde estuvo hasta que el jueves la Audiencia de Las Palmas decretó su puesta en libertad. Un día después, el viernes 28 de agosto, el Consejo de Ministros concedió a Josefa el indulto.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el indulto a Josefa Hernández, la abuela de Fuerteventura que tuvo que ingresar en prisión por construir su casa en un espacio protegido de la isla, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La portavoz del Gobierno ha precisado en rueda de prensa que se trata de un indulto “parcial” que sólo afecta a la pena privativa de libertad, pero, ha añadido, la casa tendrá que derribarse porque “el Gobierno tiene que cumplir la legislación”.

Por ello, ha instado al Gobierno canario a que ponga a disposición de Josefa Hernández, que salió este jueves de prisión, una vivienda adecuada para que se pueda cumplir la parte de la sentencia que no es susceptible del indulto, como es el derribo de la construcción ilegal.

Sáenz de Santamaría ha mostrado el deseo del Ejecutivo de que pueda darse un solución adecuada a la “difícil situación familiar” a la que se enfrenta la anciana.

Josefa Hernández, conocida como la Abuela de Fuerteventura y con nietos a su cargo, fue condenada el 30 de marzo de 2012 a seis meses de cárcel, 720 euros de multa y el derribo de su vivienda por un delito contra la ordenación del territorio.

La vecina de Fuerteventura Josefa Hernández se ha preguntado este viernes si había que llegar a esta situación para que el ministro de Justicia “escuchara” su petición de indulto y si era necesaria la movilización de toda España para que “por una vez se hiciera Justicia a un pobre”.

La conocida como Abuela de Fuerteventura salió este jueves por la tarde del penal de Lanzarote después de que la Audiencia de Las Palmas revocara el auto de la juez que ordenó su ingreso en prisión para cumplir sus seis meses de condena por un delito contra la ordenación del territorio, consistente en haber ampliado sin permiso su casa, ubicada en el espacio protegido del Parque Rural de Betancuria.

La Audiencia se adelantaba así al indulto que Josefa solicitó el pasado abril y que este viernes le ha concedido el Consejo de Ministros, conforme había anunciado el presidente Mariano Rajoy.

La lucha de Josefa Hernández para denunciar la injusticia que, en su opinión, se estaba cometiendo con ella la ha hecho pasar por una huelga de hambre y varios ingresos hospitalarios, antes de terminar en la prisión de Tahíche, donde ha vivido los últimos tres días y medio. Recuperada la libertad, su cara refleja el cansancio de los últimos días, un agotamiento que tomó sentido tras llegar a su casa y poder abrazar de nuevo a los suyos.

En declaraciones a los periodistas, la conocida como abuela de Fuerteventura ha reconocido que ella pensaba que la condena “iba a durar más y no salir tan pronto”.

Tras reencontrarse con sus nietos, la matriarca de la familia Zerpa Hernández ha vuelto a llenarse de fuerza. “He dicho: aquí estoy yo, soy la que tengo que tirar del carro y voy a dar la cara, porque esto es lo que me ha tocado vivir”, recalca.

La libertad de la que goza Josefa desde este jueves está condicionada por la Audiencia Provincial a que no cometa delito alguno en los próximos cinco años y a que derribe lo construido ilegalmente en su vivienda en un plazo de seis meses. Josefa ha prometido que cumplirá la sentencia “desde que tenga un techo”.

El Gobierno canario le ofreció el pasado miércoles una vivienda de renta libre en Puerto del Rosario en la que realojarse temporalmente con los dos hijos y tres nietos que tiene a su cargo mientras se produce la demolición y reforzamiento de la vivienda.

Si los informes técnicos son favorables y demuestran que la vivienda reúne las condiciones de habitabilidad, la familia podría volver a vivir en la construcción que no está afectada por la sentencia dictada en 2012 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario, el que la envió a prisión.

Su excarcelación tiene un sabor agridulce, ya que la abuela majorera se muestra ahora preocupada por la ubicación de la nueva vivienda en Puerto del Rosario, a unos 25 kilómetros del municipio donde residen los suyos, Betancuria.

También se pregunta cómo puede afectar el cambio a los tres nietos menores que tiene a su cargo la escolarización en un nuevo centro, alejados del que ha sido hasta ahora su entorno escolar.

“Me preocupa cómo puede afectar psicológicamente el traslado”, apunta Josefa, quien teme cómo pueden responder los pequeños al llegar a un entorno “donde no conocen a nadie y sin amigos”.

“A mí me da igual dónde sea, pero tengo que pensar en los niños, que están protegidos por los Servicios Sociales. Y, sobre todo, el de 13 años que recibe apoyo psicológico en su colegio”, añade.

Tras llegar anoche a su vivienda, Hernández tuvo que dar explicaciones de lo sucedido en los últimos días a su nieto de 13 años. A pesar de que la familia ha intentado mantener a los pequeños alejados del revuelo mediático, las redes sociales han impedido que el joven se mantuviera ajeno a la situación de su abuela.

Según la mujer, de 62 años, su nieto no paraba de repetirle: “Por favor abuela, si tienes que tirar la casa, tírala, y nos vamos debajo de un puente, pero que no te lleven más a Tahíche”.

Josefa Hernández fue condenada en marzo de 2012 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario a pagar una multa de 720 euros, demoler la parte de la vivienda que está construida de forma ilegal y a ingresar en prisión durante un plazo de seis meses.

Para Josefa, “lo más justo” sería no tener que demoler la casa, ya que en la zona hay otras viviendas. “Pero si soy la cabeza de turco, tendré que aceptarlo”, asegura.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales (CC), ha expresado este jueves su alegría por la liberación de Josefa Hernández después de tres días y medio recluida en la prisión de Tahíche, en Lanzarote, por “una injusticia que nunca más debería repetirse”.

“Ha sido un alegrón poder compartir este momento de felicidad después de tres días de injusta prisión, provocada por una decisión absolutamente injustificable que no podemos olvidar, porque este no es el Poder Judicial que tenemos ni que queremos”, ha manifestado Morales, en unas declaraciones difundidas por el Cabildo.

El presidente de la Corporación insular, que el lunes acompañó a Hernández hasta la puerta de la prisión, ha precisado que “ahora toca continuar adelante y concretar ya un techo digno provisional para la familia de Josefa”.

En este sentido, ha anunciado que el alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, y él mismo acudirán el próximo lunes a la casa de Josefa Hernández para analizar con los técnicos qué partes de la vivienda hay que derribar para cumplir la sentencia.

Al mismo tiempo, se estudiarán que trabajos se pueden realizar dentro de la ley (la zona ahora está declarada espacio natural protegido) para que “quede una vivienda habitable”.

“La vida va a continuar para esta familia. Esto va a quedar como un mal recuerdo. Entre todos tenemos que trabajar para que nunca más se repita una injusticia así”, ha defendido Morales.

La vecina de Fuerteventura Josefa Hernández ha abandonado a las 17.25 horas la cárcel de Tahíche, en Lanzarote, donde ha pasado los últimos tres días y medio, después de que la Audiencia de Las Palmas decidiera volver a dejar en suspenso su condena por construir una vivienda ilegal.

“Estoy superfeliz y muy, muy agradecida”, ha señalado Hernández, de 62 años, a las numerosas personas que la aguardaban a la salida del penal, entre ellas sus hijas, varios parientes y el alcalde de su pueblo, Betancuria, Marcelino Cerdeña (independiente).

La ya conocida como abuela de Fuerteventura ingresó en la prisión de Tahíche el pasado lunes por orden del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario (Fuerteventura), el mismo que la condenó hace tres años por un delito contra la ordenación del territorio por haber hecho obras ilegales de ampliación de su vivienda en un paraje protegido: el Parque Rural de Betancuria.

La juez entendió que Hernández no merecía seguir disfrutando de una suspensión de la condena, porque no solo había cumplido una parte fundamental de la sentencia (el derribo de lo ilegalmente construido), sino que además había mostrado una “actitud rebelde” y había seguido realizando obras sin permiso en ese mismo lugar.

Sin embargo, la Audiencia de Las Palmas ha corregido hoy esa decisión y ha aceptado volver a dejar en suspenso su condena con dos condiciones: que derribe la parte ilegal de su vivienda en un plazo de seis meses y que no cometa delito alguno durante cinco años.

Josefa Hernández, que tiene a dos hijos y tres nietos menores a su cargo, queda en libertad 24 horas antes de que el Consejo de Ministros le conceda el indulto, en una decisión que el martes adelantó en el Congreso el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que considera “absurda” la situación por la que ha pasado.

“Les agradezco a todos tanta felicidad. No tengo palabras para agradecer la felicidad de poder volver con mis nietos”, ha señalado, emocionada, la matriarca de los Hernández, rodeada por sus hijas.

A las puertas de la prisión, pero ya libre, la “abuela de Fuerteventura” ha querido dejar testimonio de lo bien que la han tratado tanto los funcionarios del penal, como las demás reclusas.

Josefa Hernández dice que estos tres días en prisión se ha sentido “bien” y “muy apoyada” y que, incluso, ha recibido “firmas de apoyo” que le enviaban “los presos de otros módulos”.

El encuentro de la ya exreclusa con las personas que la esperaban en la calle ha sido intenso, pero muy breve, porque Josefa tenía prisa por coger el primer barco a Fuerteventura: “Lo primero, me voy a mi casa a ver a mis nietos... y muy contenta”, se disculpaba.

La Sala de Vacaciones de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha revocado la resolución que decretó el ingreso en prisión de Josefa Hernández, la abuela de Fuerteventura condenada a 6 meses de cárcel por un delito de ordenación del territorio al construir su vivienda en una zona protegida del municipio de Betancuria.

Josefa Hernández ha abandonado a las 17.25 horas la cárcel de Tahíche, en Lanzarote, donde ha pasado los últimos tres días y medio,“Estoy superfeliz y muy, muy agradecida”, ha señalado Hernández, de 62 años, a las numerosas personas que la aguardaban a la salida del penal, entre ellas sus hijas, varios parientes y el alcalde de su pueblo, Betancuria, Marcelino Cerdeña (independiente).

El auto, del que es ponente Miguel Ángel Parramón, magistrado de la sección Primera de la Audiencia Provincial, condiciona la suspensión al derribo en un periodo de seis meses de la parte de la vivienda ilegal y a que Josefa no delinca en los próximos cinco años.

La Audiencia de Las Palmas se adelanta así al indulto anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Según  manifestó el jefe del Ejecutivo el pasado martes, el Consejo de Ministros concederá en su reunión de este viernes la medida de gracia a Josefa, que ingresó en prisión el pasado lunes a pesar de que el Ministerio de Justicia recibió la documentación para llevar a cabo el indulto el 2 de julio.

La Sala considera que los argumentos de la magistrada para denegar la suspensión de la pena de prisión, el pasado 29 de julio, fueron válidos en tanto que Josefa Hernández no sólo no derribó la parte de la casa ilegalmente construida, sino que pudo haber realizado una ampliación de la vivienda con posterioridad a la condena. Por este motivo, también aprecia una actitud “rebelde” y “nada compatible” con la concesión del beneficio.

No obstante, la Audiencia recoge en este auto que no se puede obviar que esta mujer carece de antecedentes penales y, a su vez, deben tenerse en cuenta la circunstancias personales de Josefa Hernández - aunque matiza que esto “no justifica la pasividad mostrada en su deber de reparar el daño causado”-. Sin embargo, la Sala estima que ahora sí que existe una predisposición por parte de esta anciana de cumplir con la orden de demolición.

Además, añade que la escasa peligrosidad de Josefa Hernández y el pronóstico favorable a que no vuelva a delinquir también han sido tenidos en cuenta a la hora de estimar la suspensión de su estancia en prisión. 

Los seis meses concedidos para que se ejecute la demolición de la vivienda son considerados “suficientes” para conseguir los medios económicos así como las ayudas administrativas que necesite. 

Asimismo, el tribunal se distancia de las alegaciones presentadas por la defensa, puesto que entiende que la culpa de la denegación de la suspensión de libertad se sitúa en que esta mujer no mostró interés en reparar el daño causado tras la sentencia de 2012. 

La Sala también ha tenido en cuenta para estimar este recurso el informe favorable de Ministerio Fiscal del pasado 25 de agosto, donde manifestaba que no se oponía a la concesión del beneficio de suspender su ingreso en prisión, siempre y cuando se comprometiera a la demolición de las obras ilegalmente construidas. 

DOCUMENTO: El auto de la sentencia que suspende la condena de Josefa Hernández

La llorada falta de recursos, la desproporción de denuncias y demandas, muchas de ellas carentes de fundamentos, y el agobio de tanto trabajo por resolver y carencia de medios, sirven de renombrada excusa para dormir en los laureles del tiempo a la señora de los ojos vendados y de balanza de tiendas de aceite y vinagre.

La faz más dura que castiga a los “robagallinas”,- ahora en versión “espacioprotegido”-, se muestra “aparentemente” inclemente sin ceder un ápice a la consideración de las circunstancias penosas que rodean cualquier caso, y concretamente éste de la majorera doña Josefa.

La percepción de cualquier ciudadano desprovisto de camisetas partidistas es que hay sentencias infumables, faltade sentido común, en las que se niega el criterio de concordancia, de la justa proporción y de la congruencia, retrasos inmisericordes,- y a veces convenientes y convenidos-, en el tiempo, y un largo etcétera.

No sólo se trata de trabajo acumulado o de falta de medios sino que además existe el manejo de la dimensión del espacio. Manos perversas que colocan los expedientes en el nivel que convenga a bastardos intereses y/o pérdidas de los mismos.¿ Los burros vuelan? ¡Vaya que si !

Y cuando no es Juana es la hermana. Lo mismo debe ser abrir un procedimiento contra doña Josefa que contra los mares del poder. Cuando un juez es justo aplica la ley interpretándola libre e independientemente de cualquier atisbo de presión. La autoría de las leyes emana del parlamento, poder legislativo.

Sorprende que los propios jueces admitan publicamente que existen presiones sobre ellos, llamadas por altas, medias y bajas instancias a fin de obtener el beneficio del amiguismo. Evidentemente, lo uno no significa cesión a esos recaditos,- que es lo otro-.

¿Cómo se podría explicar la entrada en la cárcel de Josefa “espacioprotegido” y la dilación extraordinaria para su entrada en tan penosa institución de otros demandados que navegan por mares procelosos?

La capacidad de cesión de tan elevada dignidad a la presión de intereses espurios es personal e intransferible. Lo que hay que tener es madera de la mejor para cuadrar con cajones el armario de impresentables “primos, amigos y demás familia”.

La imagen de un Juez intocable y rocoso, independiente e imperturbable ante insoportables y bastardas presiones debe ser el paradigma de una sociedad que ama la Justicia y que se apoya en ella como un pilar fundamental para la convivencia democrática.

La generosidad y la clemencia es labor de otras instancias, léase indulto.

El presidente de gobierno, en estado hipomaníaco,-politicamente hablando-, afirma que la sentencia del Caso Josefa le parece “profundamente injusta”.

Me encantaría escucharle si está ajustada a Derecho, y si es capaz de reafirmar que “la ley es igual para todos”. No podría negar ninguna de estas afirmaciones.

Cosa bien distinta es la aplicación de esa misma ley que, tal y como queda demostrado, no es igual para todos. Ni soñando ni despierto, ni con reyes ni con Josefas. Siempre se hacen consideraciones.

Esa es la gracia de la maleabilidad del derecho y la humana interpretación.

Letra y música están escritas pero claramente, cada cual la canta a su manera y especiales circunstancias.

Josefa Hernández no habría entrado en prisión si el Consejo de Ministros hubiera aprobado su indulto cuando Justicia recibió la petición. Fuentes del Ministerio de Rafael Catalá han confirmado a eldiario.es que los informes preceptivos para aprobar el perdón de la mujer canaria acusada de no demoler su casa en un paraje protegido se recibieron el 2 de julio. Su caso no se analizó en el Consejo de Ministros celebrado el 10 de julio, fecha en la que se aprobaron los indultos de otras siete personas, porque admiten que no se llegó a tiempo de esa reunión.

La petición de amnistiar a Hernández, condenada a 6 meses de prisión por un delito de ordenación del territorio, la solicitó su abogado y se recibió en Justicia el pasado 31 de marzo. El Ministerio estudió el caso, pero no pidió el informe del tribunal que la sentenció hasta el 19 de mayo. Los informes contrarios del tribunal y de la Fiscalía, que pedía la suspensión de la condena pero era contraria al indulto, se recibieron en la división de Derechos de Gracia del Ministerio de Justicia el 2 de julio.

El caso no se vio en la siguiente reunión del gabinete, donde el día 10 se concedieron otros cuatro indultos y tres conmutaciones de pena. Los delitos que habían cometido los afectados eran contrabando, estafa, detención ilegal, contra la salud pública, robo con fuerza y atentado contra la autoridad.

El Ejecutivo no estudia las peticiones de indulto y conmutaciones de pena en cada Consejo de Ministros que celebra, sino que los acumula para verlos todos una vez al mes. Justicia explica que los plazos y los procedimientos son exactamente iguales en todos los casos y que la intención del Gobierno es reducir el plazo a cuatro meses desde que se solicita. En el caso de Josefa Hernández podría haberse ahorrado el ingreso en la cárcel de Tahíche (Lanzarote) este lunes. Aunque estaba previsto que lo hiciera el viernes anterior, un desmayo aplazó el ingreso hasta el lunes. 

Ante el movimiento de solidaridad que suscitó el caso, fue el propio presidente del Gobierno quien quiso anunciar la noticia de la amnistía aunque los informes sean contrarios. Mariano Rajoy aprovechó el debate de totalidad sobre los Presupuestos para explicar que se trataba de un caso “con circunstancias muy difíciles”, en referencia a la edad de la afectada y al hecho de que acoge en su casa a dos hijos, uno de ellos discapacitado, y tres nietos. 

El Juzgado que condenó a Josefa Hernández a seis meses de cárcel por construir su casa en un espacio protegido ha informado al Gobierno en contra de que le den el indulto y lo mismo ha hecho la Fiscalía, aunque esta última se opone a que se ejecute la condena y recomienda su suspensión.

La ley que regula el indulto en España establece que, antes conceder esta medida de gracia, el Gobierno tiene que escuchar la opinión del tribunal que dictó la condena y del Ministerio Fiscal, cuyos informes son preceptivos, pero no vinculan al Consejo de Ministros.

Josefa Hernández fue condenada el 30 de marzo de 2012 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario a seis meses de cárcel, 720 euros de multa y el derribo de su vivienda por un delito contra la ordenación del territorio, una sentencia que después fue confirmada y declarada firme por la Audiencia de Las Palmas.

La conocida como Abuela de Fuerteventura solicitó personalmente el indulto el pasado 25 de marzo, con el apoyo del Ayuntamiento de Betancuria, donde reside, según consta en un informe del fiscal.

Salvo sorpresas de última hora, Hernández recibirá el indulto en el Consejo de Ministros de este mismo viernes, como adelantó este martes en los pasillos del Congreso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que llegó a calificar de “absurda” la situación de esta mujer.

Sin embargo, su defensa ha confirmado que el informe que la juez de lo Penal Número 2 de Puerto del Rosario, María Isabel Quintero, es desfavorable a la medida de gracia

Las razones de la juez para desaconsejar el indulto no han transcendido, pero sí se conocen los motivos que le llevaron el viernes pasado a ingresar el inmediato ingreso en prisión de Hernández, con dos hijos y tres nietos a su cargo, retirándole la suspensión de la condena que hasta entonces la mantenía en libertad.

En el auto que dictó el viernes pasado, sin pedir siquiera la opinión del Ministerio Fiscal, la juez argumenta que no considera “suficientemente justificadas” las razones que esgrimía la defensa para demandar que Hernández, de 62 años, sin más condenas que esta, no ingresara en la cárcel de Tahíche (Lanzarote).

“La conducta de la condenada tras la firmeza de la sentencia obedece a una actitud desafiante frente a los requerimientos que se le han realizado para dar cumplimiento a la resolución firme”, es decir, a la orden de derribo de la vivienda que levantó ilegalmente en Aguas Verdes, dentro del Parque Rural de Betancuria, alega la juez, en un auto.

En el mismo sentido se había pronunciado ya en otro auto el 29 de julio. En esa resolución, explica que deniega a Josefa Hernández la suspensión de la pena de prisión porque esta, “lejos de reparar el daño causado, al construir en una zona protegida, no solo no ha demolido la construcción ilegal (...), sino que ha terminado de construir la edificación, además de levantar un cuarto de 12 metros cuadrados de superficie y dos metros de altura”.

Todo ello, continúa, “revela una actitud rebelde al cumplimiento de la sentencia firme y que en ningún caso le hacen merecedora del otorgamiento de beneficio alguno en cuanto a la ejecución de la pena de prisión impuesta, ya que en ningún momento ha mostrado intención alguna de cumplir lo acordado en sentencia firme”.

La Fiscalía de Las Palmas comparte en lo sustancial estos argumentos respecto a la conducta de Josefa, ha indicado Guillermo García Panasco, su fiscal jefe, y por eso se opone al indulto, pero discrepa de la juez en que esta vecina de Betancuria deba ingresar en prisión. De hecho, el Ministerio Público ha tildado de “arriesgada y precipitada” la decisión de la juez, la ha recurrido y ha pedido la puesta en libertad de Josefa.

El Ministerio Fiscal cree que Hernández no debe ser indultada porque ha seguido construyendo en el lugar que motivó su condena y porque todas sus circunstancias personales ya se tuvieron en cuenta en el momento de dictar sentencia, imponiéndole la pena mínima.

Josefa Hernández alega que siguió haciendo obras en su casa por indicación de los Servicios Sociales, ante la inminente declaración de los nietos que conviven con ella como menores “en riesgo”.

El fiscal replica que no es eso lo que dicen los hechos probados en la sentencia. En el juicio, recuerda el Ministerio Público en uno de sus últimos informes, las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Betancuria coincidieron en declarar que la vivienda de Hernández “no reunía condiciones de habilitabilidad, fundamentalmente porque los techos se encontraban en mal estado”, pero aclararon “no tuvieron intervención en nada relacionado con las obras”.

Es más, continúa el fiscal, precisaron que “no recomendaron la ampliación de la vivienda, porque no les correspondí hacerlo y, además, tenían conocimiento de que la vivienda podía ser ilegal”.

Aunque no quiere el indulto, la Fiscalía recomienda que Josefa Hernández siga libre, siempre que se comprometa a cumplir el derribo de su casa, mientras los servicios sociales le buscan otra vivienda.

La situación de riesgo con la que los asistentes sociales han calificado las condiciones de vida de Josefa Hernández, la abuela de Fuerteventura condenada a seis meses de prisión por edificar su casa en un paraje protegido, ha sido este viernes valorada por el Gobierno de Canarias, que propone que esta familia se mude a una vivienda de renta libre de Visocan, en el municipio de Puerto del Rosario.

La viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Isabel Mena asegura que si la familia acepta esta condición, se podrán mudar en cuestión de días, una vez salga Josefa Hernández del Centro Penitenciario de Tahíche, en Lanzarote.  Así lo ha expresado este miércoles al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales y al alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña.

Mena aseguró a Canarias Ahora, que se trata de una “solución transitoria”, en lo que se procede a la ejecución de la orden de demolición que pesa sobre una parte de la casa de Josefa Hernández en Campo Viejo, en Betancuria. Además, la viceconsejera aclaró que será este ayuntamiento quien lo pondrá en conocimiento de esta abuela “ya que la familia ahora tiene que valorar si quieren cambiar por un tiempo de municipio” pero, según puntualizó “la idea es que puedan volver pronto a Betancuria”.

Mena destacó que el Gobierno de Canarias lleva días coordinándose con el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Betancuria para “garantizar que, en ningún caso, la familia de Josefa quede en situación de desamparo” cuando le llegue el indulto.

Asimismo, la viceconsejera resaltó que esta medida no afectará a las familias que se encuentren a la espera de un alquiler social. “No se está dando privilegio a Josefa Hernández”, apuntó Mena, quien recordó que se trata de un caso excepcional puesto que esta abuela es el pilar de la familia. Y es que esta anciana  tiene cinco personas a su cargo, tres nietos, una hija con discapacidad y un hijo desempleado. Además, los ingresos que entran en esta familia no superan los 750 euros mensuales.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, aseguró que está dialogando con el alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, sobre la posibilidad de demoler “una parte” de la vivienda construida por esta sexagenaria. No obstante, ambos aplauden la inciativa del Gobierno de Canarias de alojar a la familia en esta vivienda, a espera de que se solucione su caso.

Josefa Hernández, la abuela de Fuerteventura que ingresó en prisión por no haber derribado la casa que construyó hace más de una década en un espacio protegido, saldrá previsiblemente de la cárcel la próxima semana, según ha estimado este miércoles el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

En una rueda de prensa tras reunirse con el consejero del ramo de La Rioja, Conrado Escobar, el titular de Justicia ha afirmado que la notificación del ingreso en prisión a la anciana, que tiene nietos a cargo, ha sido el detonante para la concesión del indulto, que, según ha añadido, llevaba meses tramitándose.

Ayer, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, anunció que en el Consejo de Ministros del próximo viernes se aprobará el real decreto por el que se concede el indulto a Josefa Hernández y que le permitirá salir de prisión.

Catalá ha precisado que el impacto social que ha generado este asunto y la sensibilidad social que conlleva también han sido hechos determinantes para la concesión de dicha gracia.

De este modo, después de la aprobación del real decreto, la administración tendrá que notificar a Prisiones la decisión del Gobierno y completar una serie de trámites, tras los cuales la anciana podrá salir de prisión, algo que el ministro calcula que ocurrirá la semana que viene, aunque no ha precisado una fecha concreta.

Josefa Hernández entró en prisión este lunes al negarse a derribar la vivienda en la que residía junto a dos de sus hijos, uno desempleado y la otra discapacitada, y tres nietos menores de edad, acatando así una sentencia firme del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario que le condenaba por haber realizado un delito medioambiental a pagar 700 euros, demoler la casa y cumplir seis meses de prisión.

Aunque este mismo martes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que el Consejo de Ministros de este viernes le concedería el indulto que le permitirá salir de la prisión lanzaroteña de Tahíche, son numerosos los casos de hoteles que fueron edificados en el Archipiélago, bien en un paraje natural, bien incumpliendo la Ley de Costas, algunos con sentencias que demuestran su ilegalidad pero que a pesar de ello siguen funcionando, como advirtió el pasado viernes el portavoz de Podemos en el Cabildo de Lanzarote, Carlos Meca.

El caso más flagrante en el Archipiélago es el del Sandos Papagayo Beach Resort, en Playa Blanca, un complejo de cuatro estrellas en la playa de Afe que limita con el Monumento Natural de Los Ajaches. Su construcción, como recoge Diario de Lanzarote, estuvo marcada por la polémica e incluso llegó a paralizarse por orden de la Dirección General de Costas porque invadía una parte del dominio público. La instalación, con capacidad para 747 camas turísticas, levantó sus 12 plantas de altura en primera línea de la playa amparándose en dos licencias urbanísticas otorgadas por el alcalde de Yaiza en las parcelas 1 y 2 del Plan Las Coloradas, que eran contrarias a la ordenación territorial y urbanística.

Aparte, este complejo hotelero incumple la normativa del Plan Insular, su propio plan parcial y la autorización turística. Supera el número máximo de plazas que se podían aprobar, incumple la altura y el número de plantas, ocupa 20.000 metros construidos de más e invade una zona verde y un viario protegido por Costas que sirve de acceso a la playa con la que colinda. Precisamente por este acceso en 2006 el Ministerio de Medio Ambiente inició el expediente de declaración de utilidad pública que debía culminar en la expropiación forzosa del hotel para demolerlo y restaurar el paisaje, pero el proceso no se terminó.

En Puerto del Carmen, también en Lanzarote, está el hotel Las Costas, con 18.700 metros cuadrados en la playa de Los Pocillos. Durante su construcción, a finales de los 80 quedó una de las imágenes más destacadas de César Manrique, artista conocido en las Islas por la defensa a ultranza de los valores medioambientales de Lanzarote, en la que se le podía ver encabezando una manifestación contra la construcción del hotel. El deslinde de la playa está en tramitación desde 1998, e incluso en 2008 Medio Ambiente elaboró una “estrategia para la sostenibilidad de la costa” que contemplaba la “eliminación de ocupaciones del dominio público” en Lanzarote y, en concreto, “la demolición del Hotel Las Costas”, aunque por el momento solo son intenciones y nada en concreto.

Hoteles en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo

En el norte de Fuerteventura, en el municipio de La Oliva, la cadena RIU construyó dos hoteles encima de las Dunas de Corralejo, el Club Hotel Riu Oliva Beach Resort y el RIU Palace Tres Islas. Ambos complejos fueron levantados en los 70 con una concesión administrativa del Estado por 30 años. Sin embargo, en 1982 las dunas fueron declaradas espacio protegido con la categoría de Parque Natural y diez años más tarde la Dirección General de Costas realizó el deslinde que demuestra que los dos hoteles están dentro del dominio marítimo-terrestre. Ante esto, tanto RIU como el Consistorio del norte majorero recurrieron la sentencia, pero en 2003 Costas, antes del fallo del Supremo, concedió una concesión a la cadena hotelera por 60 años.

Posteriormente, en 2005, Medio Ambiente emitió un listado de edificios que, en orden de cumplir la Ley de Costas, debieran ser demolidos, entre ellos estos dos de Fuerteventura. Ya en 2007 Riu logró, a través de un acuerdo con el Gobierno de España, un hotel con licencia para 10 años y otro para 30 años. A cambio, cedía al Estado la titularidad del islote de Lobos, que era en parte propiedad de la cadena hotelera. Así, con este acuerdo, el más pequeño de los dos hoteles, el Oliva Beach, culminaba su concesión en 2017, pero la ley de Costas aprobada por el PP en 2013 permite una renovación casi automática de las concesiones por 75 años.

Una veintena de hoteles ilegales en Lanzarote

Volviendo a Lanzarote destaca la veintena de hoteles ilegales en Yaiza y Teguise, entre ellos el Hotel Volcán en el que ha veraneado los últimos cuatro años el ministro de Energía, Industria y Turismo, José Manuel Soria. Los edificios fueron declarados ilegales en sentencia firme por la justicia española después de un largo proceso contencioso-administrativo promovido por el Cabildo Insular de la isla en sucesivas denuncias.

Todo comenzó en 1991 cuando se revisó el plan de ordenación insular y continuó nueve años más tarde cuando Lanzarote limitó el número de plazas turísticas que se podían construir. Aquí entra en juego los dos consistorios ya que se saltaron esta moratoria y permitieron la construcción de miles de plazas turísticas más. Uno de los culpables fue el exalcalde de Yaiza, el independiente José Francisco Reyes, que cumple prisión en estos momentos por varios casos de corrupción, y que se enfrenta a una petición del Ministerio Fiscal de otros 25 de años de prisión, con petición judicial de ocho millones de euros de fianza, por la concesión masiva de estas licencias urbanísticas ilegales.

No relacionado con hoteles pero sí con construcción en suelo no permitido con ello tiene que ver la mansión del arquitecto Carlos Morales, marido de la prima de Felipe VI Alexia de Grecia. El Juzgado Número 5 de Arrecife archivó la causa penal que le imputaba en marzo de 2013 después de haber construido en suelo rústico una vivienda de 1.511 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y piscina. La justicia decretó que las obras eran “claramente ilegales” y que “nunca” se debió autorizar la construcción, aunque le libró porque determinó que la actuación de Morales no alcanzaba “la infracción penal sino la administrativa”. El por entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, admitió que prevaricó para dar esta licencia.

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha celebrado que el Gobierno vaya a aprobar este viernes el indulto a Josefa Hernández, pero cree que “llega tarde” porque, “con tres nietos y una hija discapacitada”, entró este lunes en la cárcel.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Ana Oramas ha avisado al Ejecutivo de que “su Código Penal” preveía que Josefa no entrara en prisión. “Hay un nuevo Código Penal, que nosotros no apoyamos, pero sí tenía una medida que el Gobierno ha apoyado: que en determinadas condiciones, personas que no tienen antecedentes penales y que (...)no necesitan reinserción, automáticamente queda suspendida su entrada en prisión”, ha explicado.

La ya conocida como abuela de Fuerteventura entró este lunes en prisión tras ser condenada en 2012 a seis meses de cárcel por no derribar su casa, construida en un espacio natural protegido en el municipio de Betancuria (Fuerteventura), esta sentencia la ratificó en el año 2014 la Audiencia Provincial.