El Juzgado nº 1 de Santoña ha desestimado el recurso del exalcalde de Noja, Jesús Díaz (PP), contra el auto de noviembre que le imputa un presunto delito continuado de prevaricación administrativa por “retrasar” la concesión a Promociones Nocanor de las licencias para la construcción de 184 viviendas en la finca Socaire, con la finalidad de “perjudicar económicamente” a la empresa familiar del actual alcalde, Miguel Angel Ruiz Lavín (PRC-.

El auto de imputación sigue sin ser firme puesto que también se puede recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial. El magistrado Guillermo Martínez señala en su resolución, fechada el 15 de enero, que el recurso no puede prosperar porque “los hechos indiciarios recogidos en el auto recurrido no son una mera descripción cronológica del procedimiento administrativo que dio lugar a la presente denuncia”.

Por el contrario, señala que “en dicha descripción se revela que el señor Díaz (junto al otro investigado), aprovechando su condición de alcalde y con la intención de perjudicar económicamente a la entidad Nocanor, dictó a sabiendas diversas resoluciones administrativas que contradecían frontalmente la legislación vigente y que reflejan la voluntad del mismo de retrasar lo más posible la concesión de las licencias necesarias para el desarrollo de la promoción inmobiliaria”.

La desestimación del recurso de Díaz ante el juez instructor ha sido difundida por el propio Ayuntamiento de Noja en un comunicado de prensa en el que habla de un “nuevo revés judicial” al que fuera alcalde durante 27 años, y señala que el recurso de apelación ante la Audiencia será “la última oportunidad” de Jesús Díaz “para evitar este nuevo proceso judicial”.

En el auto de imputación, el juez aprecia “indicios racionales de criminalidad” en la forma de proceder del exalcalde y del entonces secretario municipal, cuya actitud tacha de “obstruccionista”, y considera que dictaron “a sabiendas” diversas resoluciones contrarias a la legislación administrativa vigente para “perjudicar económicamente” a una constructora que había adquirido un terreno que él también quería adquirir.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santoña ha imputado al exalcalde de Noja, Jesús Díaz (PP), al observar indicios de un delito continuado de prevaricación administrativa por impedir deliberadamente el desarrollo urbanístico de una parcela de la promotora Nocanor -propiedad del entonces líder de la oposición y actual regidor de la villa, Miguel Ángel Ruiz (PRC)-.

Según relata el auto judicial, al que ha tenido acceso eldiario.es, Nocanor, a través de la mediación de Ruiz, adquirió en el año 2006 una finca de 12.800 metros cuadrados sobre la que proyectó la construcción de 184 viviendas, locales y garajes distribuidos en siete edificios. Así, la sociedad inició los trámites administrativos para obtener del Ayuntamiento la concesión de la licencia municipal de obras.

Sin embargo, a pesar de que el proyecto cumplía los requisitos establecidos por ley, Díaz y el secretario de la Corporación municipal, José Luis Sainz Messía, que también ha sido imputado, “con la finalidad de perjudicar económicamente a Nocanor y retrasar la concesión de las licencias necesarias dictaron a sabiendas diversas resoluciones contrarias a la legislación”.

En este sentido, el auto emitido el 10 de noviembre por el magistrado Guillermo Martínez señala que el exalcalde de Noja mantuvo conversaciones con el primer propietario del terreno porque también estaba interesado en su compra y en una de ellas, mantenida a finales de 2005, Díaz le advirtió que él era quien concedía las licencias urbanísticas, “dándole a entener que el procedimiento de obtención de las mismas se iba a ver dificultado si no accedía a venderle la finca”.

De este modo, el juez resalta varios hitos fundamentales del procedimiento administrativo en los que se revela la “actitud obstruccionista” de los investigados, que durante años frenaron la construcción de las viviendas con diversas artimañas, como el requerimiento reiterativo de trámites innecesarios, la cesión gratuita del 10% del aprovechamiento urbanístico o el abono de 60.520 euros por la tala de encinas, cantidad que Nocanor recurrió y ganó en los tribunales.

Destaca que uno de los informes por los que el Consistorio decidió denegar la licencia de obras se tomó con base a un informe técnico elaborado en 2006 por el exconsejero Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo y actual senador del PP, Javier Fernández. Esta resolución municipal, emitida en octubre de 2007, fue recurrida por la promotora urbanística, a la cual el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Santander terminaría dando la razón en diciembre de 2010 y un año más tarde también el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Además de imputar a Jesús Díaz y a José Luis Sainz Messía, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander no aprecia indicios de participación en los hechos por parte de María Jesús Portilla, mujer del exalcalde. Tampoco aprecia que se hubiera beneficiado de tales decisiones “a pesar de constarle la titularidad de numerosas empresas inmobiliarias”, por lo que acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra esta persona. La investigación ha sido abierta a raíz de la denuncia presentada por Nocanor y en la que también participa como parte perjudicada el Ayuntamiento, en manos de los regionalistas desde las elecciones municipales de 2015.

“Me ha querido arruinar”

No es la primera causa que se instruye en los juzgados por este mismo asunto. En septiembre de 2015, al poco de hacerse con el bastón de mando, la promotora de Ruiz reclamó al Ayuntamiento una indemnización de 13 millones de euros por la paralización por parte del anterior equipo de Gobierno del PP del proyecto urbanístico.

Según la versión del actual alcalde, su rival político hizo “todo lo posible” desde la Alcaldía para impedir su edificación a través de distintos retrasos en la concesión de las licencias de obra con el objetivo de “arruinarme”.

Unos meses más tarde, el juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Santander desestimó la demanda de Nocanor al entender que la responsabilidad patrimonial había quedado prescrita.

Díaz, acorralado

Tampoco es la primera denuncia que se cruzan los máximos dirigentes de PP y PRC de Noja. De hecho, Díaz se sentará en el banquillo de los acusados para declarar por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos cometidos entre los años 2009 y 2014 después de que los miembros del grupo regionalista lo denunciaran al detectar más de 200 facturas de pagos a proveedores “sin consignación presupuestaria ni autorización legal del gasto”.

El Pleno del Ayuntamiento de Noja ha acordado por unanimidad en una sesión extraordinaria y urgente resolver dos contratos suscritos por el anterior equipo de Gobierno del PP atendiendo a sendos dictámenes del Consejo de Estado en los que censura el proceder del exalcalde, Jesús Díaz (PP), por lo que propone incoar un expediente contra él para determinar “si ha incurrido en responsabilidad por dolo, culpa o negligencias graves”.

Para el actual equipo de Gobierno (PRC-PSOE), estos dictámenes del supremo órgano consultivo del Gobierno de España no vienen sino a confirmar que “Díaz ha actuado de un modo continuado de forma irregular durante su etapa al frente del Consistorio, con contratos a dedo de los que ni los técnicos municipales conocían su existencia, por lo que difícilmente éstos podían exponer algún tipo de reparo”.

Asimismo, han censurado el “cinismo” del Partido Popular en Noja, al que acusan de “seguir manteniendo al exalcalde en sus filas y de votar a favor de la resolución de unos contratos que ellos mismos promovieron de forma manifiestamente irregular, tal y como ahora resuelve el Consejo de Estado”.

Además, el PRC-PSOE, ha recalcado el “hastío” que el propio Consejo de Estado refleja en uno de sus dictámenes por recibir nuevos expedientes sobre contratos suscritos por el anterior equipo de Gobierno del PP, asuntos todos ellos que el órgano consultivo reconoce “han resultado lesivos” para las arcas municipales.

En concreto, las resoluciones de estos contratos aprobadas por el Pleno se refieren al suministro de copiadoras multifuncionales y a la consultoría y asistencia técnica para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

En el primero de ellos, este órgano dictamina que procede “la declaración de nulidad de pleno derecho del decreto de Alcaldía, de fecha 9 de abril de 2014, por el que se adjudica a una empresa el contrato de suministro de copiadoras multifuncionales, así como la nulidad del contrato mismo”.

Además de proceder a liquidar el contrato e indemnizar a la adjudicataria por los daños sufridos en relación con la adjudicación, este órgano también resuelve que “procede incoar expediente a los efectos de determinar si el entonces alcalde, Jesús Díaz, y el secretario accidental, han incurrido en responsabilidad por dolo, culpa o negligencias graves”.

En las consideraciones previas a este dictamen, este órgano plantea textualmente que “este es el cuarto expediente de revisión de oficio de actos de adjudicación relativos a contratos suscrito por el Ayuntamiento de Noja que se recibe en este Consejo de Estado”.

Tras enumerar los asuntos a los que hacen referencia los otros tres contratos –servicio de ambulancia, obras de estructura metálica en la Casona del Carmen y obras y remodelación de la Oficina de Turismo–, el Consejo de Estado dice a continuación que “todos estos contratos se adjudicaron en la misma época y todos han resultado lesivos para el interés público y los intereses generales”. “A todos ellos  ha seguido una acción de responsabilidad patrimonial cuyas consecuencias han recaído sobre los caudales públicos”, recalca además.

Redacción del PGOU

En el segundo de ellos, relativo a la adjudicación para la redacción del PGOU, este órgano presidido por José Manuel Romay Beccaría, exministro de Sanidad y Consumo en el Gobierno de José María Aznar, indica que “resulta irregular adjudicar un contrato en el año 2005 sin fijar el plazo de ejecución y más irregular todavía prorrogarlo en el año 2010”, si se tiene en cuenta que, alega en su escrito, “la ley establece que un contrato de este tipo tenía como plazo máximo cuatro años, incluidas las prórrogas”.

En consecuencia, el Consejo de Estado dictamina que “procede resolver el contrato adjudicado por el Ayuntamiento de Noja, así como la devolución de la garantía definitiva en cuanto la empresa contratista no ha incurrido en incumplimiento culpable”.

Asimismo, afirma que igualmente “procede pagar a la adjudicataria la cantidad de 46.200 euros en relación con los trabajos desarrollados en la ejecución del contrato y entregados a la Administración”.

El exalcalde de Noja, Jesús Díaz (PP), se sentará en el banquillo de los acusados para declarar por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos cometidos entre los años 2009 y 2014, después de que la Audiencia Provincial de Cantabria haya rechazado el recurso que presentó contra su imputación.

En un auto fechado el 1 de marzo, al que ha tenido acceso eldiario.es, la Audiencia ratifica “en su integridad” lo dictaminado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santoña y rechaza que en el proceso judicial abierto se haya vulnerado su derecho de defensa, como esgrimía el dirigente popular.

Contra este auto no cabe un nuevo recurso, por lo que el caso volverá al Juzgado de Instrucción, que deberá determinar ahora la fecha para la apertura de juicio oral.

El exalcalde de Noja; el exprimer teniente de alcalde, Manuel María Alonso Torre; el exconcejal de Medio Ambiente, Emilio Gándara Gavín, y el exsecretario municipal, José Luis Sáenz Messía, fueron imputados en febrero de 2015 a raíz de varias demandas interpuestas por los cinco concejales del PRC, que entonces estaban en la oposición.

La primera de ellas fue registrada en junio de 2014 a consecuencia de la “pasividad” del equipo de gobierno ante las “actividades sin licencia” de un negocio de hostelería propiedad del entonces concejal de Obras, y que tuvo alquilado a un hijo del edil de Medio Ambiente, contra el que no se ejerció medida alguna pese a que su “ilegalidad” fue confirmada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, que llegó incluso a condenar al Ayuntamiento de Noja por “inacción y dejación de funciones”.

Pocos días después, los ediles del PRC, encabezados por Michel Ruiz -actual alcalde de la villa- ampliaron la denuncia al detectar más de 200 facturas de pagos a proveedores “sin consignación presupuestaria ni autorización legal del gasto”. En total, más de seis millones de euros del presupuesto sin fiscalizar por la oposición como consecuencia de las maniobras de Jesús Díaz.

Según advirtió el Grupo Regionalista, había duplicidades en las facturas, servicios facturados sin consignación presupuestaria, adjudicaciones verbales sin contrato o fraccionamientos para eludir la normativa. Tal y como adelantó eldiario.es, estas denuncias llegaron incluso al Tribunal de Cuentas.

Además, dos de las empresas contratadas de forma “irregular” pertenecen a un familiar del secretario municipal y una tercera al exconcejal de Obras.

Desde las filas regionalistas también llevaron a los tribunales una posible prevaricación al permitir la apertura sin licencia de un bar propiedad de una de las empresas del primer teniente alcalde y a su vez arrendado por el concejal de Medio Ambiente.

La magistrada Raquel García, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santoña, decidió 'fusionar' los dos procedimientos penales abiertos contra el exalcalde y los máximos responsables del Ayuntamiento de Noja tras las denuncias de los miembros del Grupo Municipal Regionalista.

El Pleno del Ayuntamiento de Noja que se celebra este jueves deberá pronunciarse, dentro de su orden del día, sobre un asunto de gran calado para las arcas públicas: los concejales deberán decidir sobre la reclamación patrimonial formulada por la empresa familiar del actual alcalde, Miguel Ángel Ruiz (PRC), que solicita cinco millones de euros al Consistorio como consecuencia de un conflicto entre la constructora y el anterior equipo de Gobierno liderado por Jesús Díaz (PP).

Esta indemnización millonaria se suma a otra similar por algo más de 13 millones de euros, que fue rechazada por la Corporación municipal y que ha sido recurrida ante los tribunales. En total, la promotora del alcalde regionalista exige casi 19 millones por la paralización de una promoción de viviendas entre los años 2006 y 2009 para “beneficiar a la esposa del que fuera alcalde durante los últimos 27 años”. Ruiz y su familia denuncian que su antecesor en el cargo “intentó arruinarle”.

Las disputas entre el PRC y el PP en Noja han sido muy sonadas durante los últimos años y están inmersas en varios procesos judiciales cruzados. En este caso, arrancan cuando Nocanor Promociones, la empresa familiar de la que Miguel Ángel Ruiz ha sido gerente, promovió la construcción de 184 viviendas y 229 garajes en la ciudad costera.

Según la versión del actual alcalde, su rival político hizo “todo lo posible” desde la Alcaldía para impedir su edificación a través de distintos retrasos en la concesión de las licencias de obra. Además, sostiene que este hecho está relacionado con la actividad empresarial de la mujer del entonces regidor 'popular', que encabeza un entramado de empresas que compiten directamente con Nocanor Promociones.

Voto negativo del PP

En conversación con eldiario.es, Jesús Díaz ha anunciado que el Grupo Municipal Popular “votará no” a la reclamación patrimonial de cinco millones de euros que presenta la empresa familiar del alcalde regionalista “conforme a los informes tanto del abogado como de la secretaria municipal por no ajustarse a derecho en absoluto y por intento de abuso de poder y aprovechamiento del cargo”.

A su juicio, las denuncias presentadas “se basan en conjeturas e hipótesis sin argumentación ninguna”, al tiempo que solicitan “intereses que no justifican”. “Miguel Ángel Ruiz luchó con todo tipo de armas durante las elecciones para llegar a la Alcaldía y sacar adelante esta petición millonaria a los vecinos de Noja”, recalca.

“Es curioso que una de las primeras cuestiones que presentan el PRC y el PSOE en el Pleno sea la reclamación de esta cuantía millonaria que pone de manifiesto las verdaderas intenciones de este alcalde, junto con la subida de sueldo de todos los concejales. El saqueo a las arcas municipales Pleno a Pleno continúa”, manifiesta el líder del PP local.

El alcalde, obligado a inhibirse

Después de 27 años consecutivos con Jesús Díaz como alcalde y con repetidas mayorías absolutas a sus espaldas, las últimas elecciones municipales dejaron un escenario mucho más fragmentado en Noja. El PRC, con Miguel Ángel Ruiz como cabeza de lista, ganó los comicios locales al PP por apenas diez votos. Esta ventaja mínima propició un empate a cinco en el número de concejales entre regionalistas y populares, que se resolvió a favor de los primeros en la investidura tras alcanzar un pacto de Gobierno con el único edil del PSOE.

En la votación que se celebrará este jueves a partir de las 12.30 horas en el Ayuntamiento de Noja no podrá participar el alcalde, obligado a inhibirse dada su implicación personal en la empresa que reclama los cinco millones de euros. Según ha confirmado a eldiario.es, se ausentará del Pleno durante el debate al ser un asunto que le atañe.

Ruiz asegura también que desconoce lo que votará el equipo de Gobierno local (PRC-PSOE) sobre esta cuestión, si bien ha considerado que el sentido del voto estará “a favor de los intereses del Ayuntamiento” y en función de los informes elaborados por los funcionarios del Consistorio.

El alcalde de Noja, Jesús Díaz (PP), evitará temporalmente sentarse en el banquillo de los acusados. El máximo responsable del Consistorio durante casi tres décadas ha conseguido aplazar su declaración como imputado junto al teniente alcalde y concejal de Obras, Manuel María Alonso; el edil de Medio Ambiente, Emilio Gándara, y el exsecretario municipal, José Luis Sáenz Messia, por posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos y caudales públicos, así como un delito contra las garantías constitucionales que estaba previsto para este jueves.

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santoña, Raquel García, decidió 'fusionar' los dos procedimientos penales abiertos contra el alcalde y los máximos responsables del Ayuntamiento de Noja tras las denuncias de los miembros del Grupo Municipal Regionalista y acordó la declaración de los cuatro imputados para cerrar las diligencias previas y decidir si abre juicio oral.

Tal y como adelantó eldiario.es Cantabria, los cinco ediles del PRC -únicos miembros de la oposición en el pleno municipal- pusieron en conocimiento de la autoridad judicial la existencia de “numerosas irregularidades” en los procedimientos de contratación y adjudicación de los servicios municipales por parte del alcalde y de algunos de sus hombres de confianza. Además, alertaron de más de 200 facturas de pagos a proveedores “sin consignación presupuestaria ni autorización legal del gasto” y cifraron en más de seis millones de euros el presupuesto sin fiscalizar por la oposición como consecuencia de las maniobras de Jesús Díaz.

La causa también incluye una denuncia a consecuencia de la “pasividad” del equipo de Gobierno ante las “actividades sin licencia” de un negocio de hostelería propiedad del concejal de Obras, y que tuvo alquilado un hijo del edil de Medio Ambiente, contra el que no ejerció medida alguna pese a que su “ilegalidad” fue confirmada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, que llegó incluso a condenar al Ayuntamiento de Noja por “inacción y dejación de funciones”.

Tintes electoralistas

El alcalde, sin embargo, rechazó las acusaciones y aseguró a eldiario.es que “siempre ha sido muy transparente”. “No tengo nada que contar al respecto. Yo siempre cumplo la ley. Lo que pasa es que estamos en elecciones”, subrayó el primer edil a este periódico cuando se conoció la denuncia, al tiempo que insistió en que la labor de la oposición en el Consistorio está “perfectamente reglada”.

La admisión del recurso de apelación presentado por Jesús Díaz implica que habrá de ser resuelto por la Audiencia Provincial de Cantabria, lo que hace prever que no se pronuncie hasta después del verano. Según ha explicado el PP de Noja a través de su página web, las denuncias presentadas por la oposición tienen “evidentes tintes electoralistas” y la defensa insiste en que “no solamente ha comprometido la posición procesal de Jesús Díaz, sino que ha contaminado el resto de la causa”.

Ante tales argumentos, el Juzgado ha acordado, como se le pedía por la defensa del alcalde, la inmediata suspensión de las declaraciones que estaban acordadas para este jueves a partir de las 9.45 horas, “por el evidente temor de que quedaran contaminadas como el resto de la causa”, subrayan los 'populares' de Noja. Jesús Díaz ha manifestado su “satisfacción” porque hayan sido reconocidas sus alegaciones, si bien ha mostrado su pesar “por no poder contestar todas y cada una de las falsedades denunciadas por la oposición”.

Conflicto de intereses

La oposición regionalista considera que este aplazamiento es una consecuencia de las maniobras del alcalde, que “lo único que pretende es dilatar el proceso y esquivar su declaración para pasar de puntillas en vísperas electorales”. Además, insisten desde el PRC en que “estas artimañas demuestran que Jesús Díaz tiene muchas cosas que ocultar”.

En esta misma dirección apunta la magistrada Raquel García Hernández, que en una providencia fechada el 25 de marzo deniega la personación del Ayuntamiento de Noja como perjudicado en la causa porque “no resulta acreditada la existencia de un acuerdo del pleno que determine el ejercicio de las acciones judiciales”, tal y como exige la normativa vigente.

“Dicha petición de personación no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos al efecto en a Ley de Bases de Régimen Local”, señala el texto al que ha tenido acceso este periódico, que subraya el “evidente conflicto de intereses” al presentar el Consistorio un escrito que defiende las tesis de los acusados, por lo que resulta “incongruente” con su alegada condición de perjudicado.

Candidatura pendiente

Además de sus posibles implicaciones penales, lo que está en juego para Jesús Díaz es su designación como candidato a la Alcaldía de Noja, donde ocupa el sillón principal desde hace casi tres décadas. El Partido Popular de Cantabria no ha hecho oficial todavía sus candidaturas para las elecciones autonómicas y municipales, con la salvedad de sus cabezas de lista al Parlamento, donde repetirá Ignacio Diego, y al Ayuntamiento de Santander, que tendrá a Íñigo de la Serna como baza fundamental por tercera ocasión consecutiva.

Será el Comité Electoral Regional el que decida finalmente sobre la idoneidad de que Jesús Díaz lidere el proyecto del PP en la villa costera, una candidatura que, en estos momentos, “se está estudiando”. Según apuntan desde la formación 'popular', no existe una fecha definitiva para presentar a sus cabezas de lista, aunque el líder del partido conservador señaló en una reciente entrevista en Onda Cero Cantabria que a lo largo del mes de abril se despejarían las incógnitas.

Ignacio Diego también minimizó la imputación del alcalde de Noja y aseguró que el término imputado “se ha pervertido” hasta parecer como “condenado por algo” cuando, en su opinión, “en absoluto” es así porque“ todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia”. En este sentido, dijo desconocer los detalles de la acusación y condicionó la inclusión en las listas de Jesús Díaz al “contenido” de la imputación.

Por tanto, y ante el aplazamiento de la declaración en los tribunales del regidor municipal y de parte de su equipo de Gobierno, será el Comité Electoral Regional del PP el que decida sobre su futuro político. El órgano competente para nombrar a los candidatos del PP está presidido por el consejero Francisco Javier Rodriguez Argüeso e integrado por un secretario y seis vocales, así como por un representante de Nuevas Generaciones.

Remite la denuncia presentada por los concejales del Grupo Municipal Regionalista a la Fiscalía Superior de Cantabria al considerar que se trata del organismo territorialmente competente para investigar los hechos.

El Tribunal de Cuentas ha detectado “ilícitos penales” en la gestión económica del Ayuntamiento de Noja y ha decidido remitir la denuncia presentada por los cinco concejales del Grupo Municipal Regionalista a la Fiscalía Superior de Cantabria, al considerar que se trata del organismo territorialmente competente para investigar “facturas en el cajón” y “gastos injustificados” por valor superior a los seis millones de euros.

En un texto con fecha del 18 de febrero de 2015 al que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González Soler, comunica a los denunciantes esta decisión tras las diligencias practicadas en este organismo.

Los ediles del PRC habían presentado un escrito en el que advertían de posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos y caudales públicos, así como un delito contra las garantías constitucionales cometidos por el alcalde, Jesús Díaz (PP), y el exsecretario municipal, José Luiz Sáenz Messía, jubilado desde 2014.

El escrito fue presentado el pasado 6 de febrero de 2015 por parte del Grupo Municipal Regionalista y está firmado por los cinco ediles que integran la oposición en estos momentos. En el informe ponen en conocimiento del Tribunal de Cuentas la existencia de “numerosas irregularidades” y cuestionan una “actitud permanente” de obviar los procedimientos de contratación y adjudicación de los servicios municipales por parte del alcalde con el consentimiento del secretario.

Apoyados en una extensa documentación y sentencias previas sobre los hechos denunciados, los regionalistas alertan de más de 200 facturas de pagos a proveedores “sin consignación presupuestaria ni autorización legal del gasto” y cifran en más de seis millones de euros el presupuesto sin fiscalizar por la oposición como consecuencia de las maniobras de Jesús Díaz.

Además, a través del análisis de la documentación oficial y de los procesos judiciales abiertos, la oposición valora “la existencia de numerosas irregularidades que superan por su reiteración y volumen el simple error o defecto administrativo” y considera que pueden entrar en el campo de la comisión de delitos. Entre ellas, resalta la presencia de “más de 200 facturas sin consignación presupuestaria ni autorización legal del gasto” por una cantidad global superior a los 800.000 euros.

El portavoz regionalista, Michel Ruiz, pone en cuestión el detalle de las facturas y el desarrollo del Plan de Pagos a Proveedores al que se acogió el Ayuntamiento en 2012, que asciende a 2,1 millones de euros, y la liquidación de las cuentas del Plan de Competitividad Turística, con cargo al cual se han gastado más de 3 millones. “En total, hay gastos por importe de 6 millones de euros realizados sin ningún tipo de control”, destaca.

Ruiz espera por ello que la intervención de la Fiscalía de la comunidad autónoma “sirva para esclarecer la oscura gestión económica del equipo de Gobierno de Noja” y para “depurar las responsabilidades que procedan si, como todo parece apuntar, se confirma que se ha vulnerado la legalidad vigente”. Además, a través de un comunicado condena “el oscurantismo y la falta de transparencia que el alcalde ha impuesto y que obliga a la oposición a acudir a los tribunales para poder cumplir con su obligación de controlar la acción del Gobierno”.

Imputados

A esta ofensiva judicial contra el alcalde de Noja por parte del PRC se suma la reciente imputación de Jesús Díaz, que tendrá que declarar como imputado el próximo día 9 de abril, junto a parte de su equipo de Gobierno, ya que el teniente alcalde y concejal de Obras, Manuel María Alonso; el edil de Medio Ambiente, Emilio Gándara, y el exsecretario municipal, José Luis Sáenz Messia, que han sido citados también en la misma causa.

La magistrada Raquel García, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santoña, decidió 'fusionar' los dos procedimientos penales abiertos contra el alcalde y los máximos responsables del Ayuntamiento de Noja tras las denuncias de los miembros del Grupo Municipal Regionalista en este órgano, unos hechos que también cuestiona ahora el Tribunal de Cuentas.

Hace unos días, en una conversación telefónica con eldiario.es Cantabria, el alcalde de Noja rechazó las acusaciones vertidas por la oposición y aseguró que “siempre ha sido muy transparente”. “No tengo nada que contar al respecto. Yo siempre cumplo la ley. Lo que pasa es que estamos en elecciones”, subrayó Jesús Díaz, que emplazó a esperar a que se pronuncien los tribunales antes de valorar los hechos.

Sin embargo, su nominación como candidato a la Alcadía de Noja en las próximas elecciones municipales podría complicarse. El presidente de Cantabria y del PP a nivel autonómico, Ignacio Diego, declinó pronunciarse sobre la imputación de Jesús Díaz por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos porque “no conoce” el contenido de la misma y condicionó su presencia en las listas a el desarrollo del caso. El regidor municipal es el máximo responsable del Consistorio desde hace más de 27 años.

“Efectivamente, así es”. Al otro lado del teléfono, Miguel Arasti, gerente de Arasti Barca S.L. confirma que el Ayuntamiento de Noja adeuda a su empresa varios de los servicios prestados. La firma es una de las empresas a las que el alcalde de Noja, Jesús Díaz, contrató servicios supuestamente sin tener consignación presupuestaria para ello. Así lo afirma una denuncia formulada por los cinco concejales del Partido Regionalista Cántabro –presidido por el ‘televisivo’ Miguel Ángel Revilla- ante el Tribunal de Cuentas.

Arasti no recuerda la cantidad exacta porque “ese cliente lo lleva mi socia” pero apunta que es un impago “bastante elevado”. Se trata de 16 facturas que en su conjunto suman algo más de 7.250 euros, según ha sabido este diario. “Sí, puede ser. Estaba entorno a los 5.000 o 6.000 euros”, responde.  Esta sociedad radicada en Burgos realizó cursos de inglés para el Ayuntamiento entre el 30 de agosto del año 2008 y el 30 de junio de 2010, y casi cinco años después aún no ha cobrado.

No es, ni mucho menos, el único caso. De hecho, los regionalistas del PRC acusan al alcalde de este municipio cántabro de 2.000 habitantes de contratar durante años servicios obviando los procedimientos de adjudicación y “sin tener presupuesto”, acumulando en el cajón facturas por valor de 1.247.000 euros.

En total, desde la oposición denuncian que son unas 500 facturas pendientes de abono y sin contabilizar en el presupuesto municipal, que este año es de 9,6 millones de euros. Una docena de impagos se retrotraen a los años 2001 y 2002, aunque la inmensa mayoría de las facturas están fechadas entre 2008 y 2014, con importes que van desde 80.000 hasta tres euros.

En esa lista de proveedores impagados, entre otros muchos, figura Pirotecnia Zaragozana S.A, que facturó 8.700 euros por una sesión de fuegos artificiales en verano de 2013. El departamento de Administración de esta empresa no sólo confirma la deuda en conversación telefónica con eldiario.es Cantabria sino que, tras consultar los registros en el ordenador, añade otras tres facturas más: una relativa a ese mismo año y otras dos en 2014, lo que eleva la deuda del Consistorio hasta los 15.721 euros.  

Los proveedores son mayoritariamente pequeñas y medianas empresas de Cantabria, que han prestado servicios de todo tipo, desde pequeñas obras y trabajos de mantenimiento hasta la organización de eventos, redacción de proyectos o asesorías, así como suministro de materiales.  

Esos servicios prestados y no cobrados suponen en la actual coyuntura de crisis un coste añadido para las empresas, que tienen que adelantar el salario a las personas que contratan para prestar el servicio, darlas de alta en la Seguridad Social, pagarles el finiquito, las vacaciones... como manifiestan desde Sport Studio, una compañía del País Vasco que confirma que el Ayuntamiento de Noja también les adeuda facturas. En este caso, 10.102 euros por tres trabajos de dinamización deportiva prestados en verano de 2013.

'Canjes' de deuda

'Canjes' de deudaTeodoro Zurita Parbayón trabajó para el Ayuntamiento durante años como subcontratado para gestionar el cobro de impuestos y tasas municipales. Atesora cerca de una cuarta parte del importe total de esta deuda. En declaraciones a este diario, explica que ha llegado a un “acuerdo” con el Consistorio, que le está abonando mensualmente las facturas, con lo que el Ayuntamiento podría saldar su deuda el próximo mes de abril.

A otro entendimiento han llegado con otra empresa deportiva de Cantabria, según señala Esteban Nanfro, uno de sus responsables. Esta compañía dispuso de las instalaciones deportivas de Noja a cambio de condonar una deuda de 2.391 euros contraída por el suministro de camisetas y trofeos. 

El Grupo Municipal Regionalista, dirigido por Míchel Ruiz, cifra en más de seis millones de euros el presupuesto sin fiscalizar por la oposición como consecuencia de las maniobras del alcalde, que ya en 2012 solicitó cerca de 2,2 millones de euros para pagar a proveedores a través del mecanismo puesto en marcha por el Ministerio de Cristobal Montoro. 

Imputados

ImputadosEl 'frente' del PRC contra la gestión de Jesús Díaz, alcalde de Noja durante 27 años de forma ininterrumpida, no sólo está abierto en el Tribunal de Cuentas sino también en los Juzgados. Los regionalistas presentaron en julio de 2014 una querella ante el Juzgado de Guardia de Santoña en la que acusan al regidor del PP de haber contratado servicios por otros 800.000 euros a pesar de las advertencias que en más de 50 reparos han realizado los Servicios de Intervención.

Para poder saltarse estos reparos motivados por la aprobación de gastos sin dotación económica y también por adjudicaciones verbales y sin expediente de contratación, Díaz recurría a resoluciones directas de Alcaldía, y ello en connivencia con el exsecretario municipal, José Luis Sáenz Messia, según relata la querella.  

A consecuencia de esta denuncia, el alcalde y el exsecretario tendrán que declarar como imputados el próximo día 9 de abril por posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y un delito contra las garantías constitucionales.

Una manera de actuar “constante”

Una manera de actuar “constante”El Ayuntamiento de Noja ya acumula varias sentencias judiciales en contra que, a juicio de los regionalistas, reflejan que la contratación sin fondos es “una manera de actuar constante”.

Entre ellas, citan el caso de Ambulancias Mompía, en el que existe un fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santander que “reconoce que no se ha pagado el servicio por haberse producido reparos de intervención por no existir consignación presupuestaria, no haberse realizado adjudicación ni haberse formalizado ningún tipo de contratación”. Esa condena supuso un gasto de 350.000 euros para la Administración local.

Esta empresa ha seguido y sigue prestando sus servicios al Ayuntamiento, “sin contrato aún después de la sentencia, lo que supone un ánimo defraudatorio evidente de las partes”, subrayan en la oposición.

El presidente de Cantabria y del PP a nivel regional, Ignacio Diego, ha declinado pronunciarse sobre la imputación del alcalde 'popular' de Noja, Jesús Díaz, por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos porque “no conoce” el contenido de la misma, del que “depende” su presencia o no en las listas en las próximas elecciones.

“Mientras no conozca de dónde proviene y cuáles son las razones que lo fundamentan no puedo dar otra opinión”, ha aclarado Diego, quien ha subrayado que la imputación “lo único que supone” es poder ejercer el derecho a defenderse.

En declaraciones a los medios de comunicación, Diego ha opinado que el término imputado “se ha pervertido” hasta parecer ya como “condenado por algo” cuando “en absoluto” es así por lo que “a priori” todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia.

Además, ha lamentado la “tendencia a judicializar la política” que, a su juicio, existe “desgraciadamente” en la actualidad y que ha achacado a las “circunstancias políticas y la tensión que existe”.

Prevaricación y malversación

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santoña ha citado a declarar como imputados al alcalde de Noja, Jesús Díaz (PP), y a los los concejales de Obras y Medio Ambiente, Manuel Alonso y Emilio Gándara, respectivamente, y el exsecretario municipal José Luis Sáinz (actualmente jubilado), por posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

La declaración está programada para el próximo 9 de abril, a las 9.45 horas, y es consecuencia de dos denuncias presentadas por los concejales del PRC por el funcionamiento de un local de hostelería sin licencia, la gestión de servicios públicos sin contrato y la realización de pagos sin consignación presupuestaria.

El alcalde de Noja, Jesús Díaz (PP), tendrá que declarar como imputado el próximo día 9 de abril por posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Y lo hará junto a parte de su equipo de Gobierno, ya que el teniente alcalde y concejal de Obras, Manuel María Alonso; el edil de Medio Ambiente, Emilio Gándara, y el exsecretario municipal, José Luis Sáenz Messia, han sido citados también en la misma causa.

La magistrada Raquel García, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santoña, ha decidido 'fusionar' los dos procedimientos penales abiertos contra el alcalde y los máximos responsables del Ayuntamiento de Noja tras las denuncias de los miembros del Grupo Municipal Regionalista. En su escrito, fechado el 12 de febrero y ante el que cabe imponer recurso en el plazo de tres días desde la notificación, acuerda la declaración de los cuatro imputados para cerrar las diligencias previas y decidir si abre juicio oral.

Las dos demandas presentadas por los cinco ediles regionalistas -únicos miembros de la oposición en el pleno municipal- solicitan que se abra una investigación por posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos y caudales públicos, así como un delito contra las garantías constitucionales al impedir su tarea de fiscalización sobre las cuentas del Ayuntamiento.

El PRC ha recordado este martes que la primera denuncia la interpuso el pasado junio, a consecuencia de la “pasividad” del equipo de gobierno ante las “actividades sin licencia” de un negocio de hostelería propiedad del concejal de Obras, y que tuvo alquilado un hijo del edil de Medio Ambiente, contra el que no ejerció medida alguna pese a que su “ilegalidad” fue confirmada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, que llegó incluso a condenar al Ayuntamiento de Noja por “inacción y dejación de funciones”.

Tal y como adelantó eldiario.es Cantabria, estas denuncias han llegado incluso al Tribunal de Cuentas. En la documentación que aportan los demandantes, a la que ha tenido acceso este periódico, se pone también en conocimiento del órgano judicial la existencia de “numerosas irregularidades” en los procedimientos de contratación y adjudicación de los servicios municipales por parte del alcalde y de algunos de sus hombres de confianza.

El PRC de Noja alerta de más de 200 facturas de pagos a proveedores “sin consignación presupuestaria ni autorización legal del gasto” y cifra en más de seis millones de euros el presupuesto sin fiscalizar por la oposición como consecuencia de las maniobras de Jesús Díaz. La denuncia advierte de duplicidades en las facturas, servicios facturados sin consignación presupuestaria, adjudicaciones verbales sin contrato o fraccionamientos para eludir la normativa.

Los cinco ediles de la oposición registraron en el Juzgado de Guardia de Santoña el pasado 31 de julio de 2014 un escrito que, entre otros aspectos, cuestiona que dos de las empresas contratadas de forma “irregular” pertenecen a un familiar del secretario municipal y una tercera al concejal de Obras. 

En la denuncia relatan que para saltarse los reparos de Intervención motivados por la aprobación de gastos sin consignación presupuestaria, adjudicaciones verbales y sin expediente de contratación, Jesús Díaz recurría a resoluciones directas de Alcaldía. Un 'modus operandi' que, a juicio de los regionalistas, supone un “evidente conocimiento de lo ilegal de la situación” y “una muestra de su voluntad de incumplir la ley”.

Los regionalistas señalan que esta situación no evitó que las empresas afectadas continuaran trabajando para el Consistorio, por lo que el PRC “sospecha de una posible connivencia para asumir la ilegalidad y continuar prestando los servicios”, dado que además las “beneficiarias” de tales irregularidades “se repiten de manera casi permanente”.

Apertura sin licencia

Además de lo expuesto, el Grupo Municipal Regionalista ha llevado también a los tribunales una posible prevaricación al permitir la apertura sin licencia de un bar propiedad de una de las empresas del primer teniente alcalde y a su vez arrendado por el concejal de Medio Ambiente. 

En esta denuncia, fundida ahora en el mismo procedimiento penal que la anterior, los ediles del PRC explican que el local permaneció funcionando con normalidad entre noviembre de 2013 hasta junio de 2014 existiendo una resolución del alcalde en la que se establecía el cierre y clausura del establecimiento tras reiteradas acciones judiciales por parte de un vecino de la localidad.

El Grupo Municipal Regionalista, dirigido por Michel Ruiz, decidió acudir al Juzgado tras constatar “numerosas irregularidades administrativas” en el funcionamiento de dicho negocio, desde el año 2009, cuando comenzó a ejercer la actividad de restaurante en una zona del casco tradicional del Noja donde no estaba permitida la actividad hostelera.

Aunque el Ayuntamiento puso en marcha en aquel momento una modificación puntual de las Normas Subsidiarias para legalizar dicha actividad, la Comisión Regional de Urbanismo la informó desfavorablemente, por lo que el equipo de Gobierno optó por reformar la Ordenanza Reguladora de Establecimientos Comerciales e Industriales y Equipamientos Comunitarios, con la que finalmente facilitó la instalación de establecimientos hosteleros y la ampliación de los horarios de apertura, a juicio del PRC, “con el objetivo inequívoco de favorecer al concejal propietario del local”.

A pesar de que finalmente obtuvo licencia como restaurante, el PRC ha indicado que el establecimiento no se limitó a esa actividad, sino que también ofreció servicios de bar, cafetería y pub en horario nocturno, con terraza exterior, actividades lúdicas y todo tipo de actuaciones musicales y de entretenimiento, lo cual motivó la denuncia de varios vecinos en 2012 ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, que confirmó la “ilegalidad” e incluso condenó al Ayuntamiento por no tomar medidas.

“La realidad es clara y obstinada. Si tenemos en cuenta que la distancia entre las oficinas municipales y el local en cuestión no supera los 500 metros y para la notificación se han tardado ocho meses, solo cabe entender que el retraso ha sido evidentemente voluntario y doloso, derivado de la condición de concejales de los dueños y de las personas que explotaban comercialmente el local”, insisten los denunciantes.

La semana pasada, en una conversación telefónica con eldiario.es Cantabria, el alcalde de Noja rechazó las acusaciones vertidas por la oposición y aseguró que “siempre ha sido muy transparente”. “No tengo nada que contar al respecto. Yo siempre cumplo la ley. Lo que pasa es que estamos en elecciones”, subrayó Jesús Díaz, que emplazó a esperar a que se pronuncien los tribunales antes de valorar los hechos.

La oposición denuncia la "falta de control" del Plan de Competitividad Turística del municipio, en el que se han invertido más de 3,2 millones de euros en los últimos cuatro años.

El escrito presentado por el Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Noja ante el Tribunal de Cuentas, y que vino precedido por una denuncia en el Juzgado de Guardia de Santoña, pone en la diana el Plan de Competitividad Turística de la villa, en el que se han invertido más de 3,2 millones de euros en los últimos cuatro años “sin una mínima fiscalización” por parte de los concejales que integran la oposición.

La iniciativa bautizada como 'Noja Escapada', que cuenta con el apoyo económico del Ministerio de Turismo del Gobierno de España, la Consejería de Turismo del Ejecutivo autonómico y el Instituto de Turismo de España, ha sido objeto de la polémica en el Consistorio nojeño. “El alcalde de la villa, Jesús Díaz, no nos proporciona ningún tipo de información sobre los criterios, las estrategias o la planificación de un plan que supone un gran desembolso para el Ayuntamiento”, asegura a eldiario.es Cantabria el portavoz del PRC, Miguel Ángel Ruiz.

Por este motivo, los cinco concejales regionalistas han firmado un escrito dirigido a todos los organismos públicos relacionados con 'Noja Escapada' en el que afirman que “se han utilizado fondos del Plan de Competitividad Turística para fines totalmente ajenos a lo que es propiamente la promoción del turismo, enmascarando gastos de promoción del equipo de Gobierno local como gastos propios”.

Por este motivo, y más allá del recorrido jurídico que tenga en los tribunales, solicitan que se proporcione la información necesaria para la fiscalización de este Plan de Competitividad del Ayuntamiento de Noja. En el pleno celebrado el pasado mes de diciembre, desde el PRC acusaron al alcalde de “atentar contra la democracia” y “vulnerar los derechos constitucionales” al negarse a dar explicaciones sobre las “facturas en el cajón”.

La denuncia presentada por los ediles regionalistas en el Juzgado de Santoña denuncia que dos empresas contratadas de forma "irregular" pertenecen a un familiar del secretario municipal y una tercera al concejal de Obras.

Al margen del extenso informe presentado ante el Tribunal de Cuentas, los concejales del Grupo Municipal Regionalista del Ayuntamiento de Noja mantienen abierta, de forma paralela, la vía judicial. El pasado 31 de julio de 2014, los cinco ediles de la oposición registraron en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Santoña una denuncia contra el alcalde de la villa, Jesús Díaz, y contra el exsecretario municipal, José Luis Sáenz Messía.

En la denuncia, que se encuentra en fase de instrucción, relatan que para saltarse los reparos de Intervención motivados por la aprobación de gastos sin consignación presupuestaria, adjudicaciones verbales y sin expediente de contratación, Jesús Díaz recurría a resoluciones directas de Alcaldía. Un 'modus operandi' que, a juicio de los regionalistas, supone un “evidente conocimiento de lo ilegal de la situación” y “una muestra de su voluntad de incumplir la ley”.

En este sentido, la querella cita diversos ejemplos, como los “continuos y reiterados” reparos de intervención desde el año 2009 y hasta la actualidad en la contratación trimestral del Igualatorio Quirúrgico Médico Colegial. “Es decir, existe un conocimiento claro por parte del alcalde y del funcionario de la ilegalidad que se está cometiendo y, pese a ello, continúa con el proceso de prestación ilegal de los servicios”, aseveran en las filas del PRC, que cifran en más de 130.000 euros el coste de esta “ilegalidad”.  

En el caso de la mercantil Ambulancias Mompía S.L. existe una sentencia en la que la Administración local reconoce que no siguió el procedimiento legal de contratación, lo que derivó en una condena contra el Ayuntamiento de Noja de 250.000 euros más intereses de demora y las costas del proceso.  

La oposición resalta que este caso es “más grave” porque la empresa ha seguido y sigue prestando sus servicios al Ayuntamiento, “sin contrato aún después de la sentencia, lo que supone un ánimo defraudatorio evidente de las partes implicadas”. Al respecto, señalan que las empresas beneficiarias “se repiten de manera casi permanente” año tras año y apuntan a una “posible connivencia” con algunas de estas sociedades mercantiles. 

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Noja también ha sido condenado por la contratación de Limpiezas Sistemas y Procesos Mecanizados y Limpiezas Santander S.L., lo que ha supuesto un desembolso para las arcas municipales de más de 100.000 euros.

Además, la querella regionalista destaca que dos de las empresas con contrataciones irregulares pertenecen a un familiar del secretario municipal y una tercera está registrada a nombre del concejal de Obras y primer teniente alcalde, José María Alonso.  

Finalmente, reseña la existencia de otra multitud de empresas con las que se ha venido “actuando al margen de los reparos continuados del interventor”. Entre ellas, citan a De la Fuente Producciones, con servicios por más de 200.000 euros o TAESA S.L., con casi 30.000 euros.

El Tribunal de Cuentas tiene sobre la mesa un documento que denuncia posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos y caudales públicos, así como un delito contra las garantías constitucionales cometidos por el alcalde de Noja desde hace más de 27 años, Jesús Díaz (PP), y el que ha sido el secretario municipal en el Ayuntamiento hasta su reciente prejubilación, José Luis Sáenz Messía. 

El escrito fue presentado el pasado 6 de febrero de 2015 por parte del Grupo Municipal Regionalista y está firmado por los cinco ediles que integran la oposición en estos momentos. En el informe, al que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria, ponen en conocimiento del Tribunal de Cuentas la existencia de “numerosas irregularidades” y cuestionan una “actitud permanente” de obviar los procedimientos de contratación y adjudicación de los servicios municipales por parte del alcalde con el consentimiento del secretario.

Apoyado en una extensa documentación y sentencias previas sobre los hechos denunciados, el PRC de Noja alerta de más de 200 facturas de pagos a proveedores “sin consignación presupuestaria ni autorización legal del gasto” y cifra en más de seis millones de euros el presupuesto sin fiscalizar por la oposición como consecuencia de las maniobras de Jesús Díaz.

Los ediles regionalistas explican en la denuncia que han remitido al Tribunal de Cuentas que los hechos se han cometido entre los años 2009 y 2013 y podrían ser “constitutivos de varios delitos”, por lo que solicitan a este organismo que adopte las medidas oportunas a efectos de determinar si es necesario tomar acciones legales contra Díaz y Sáenz Messía o contra todos aquellos que puedan estar implicados en estos hechos.

“Se han venido detectando en el proceder de la gestión del Ayuntamiento de Noja numerosas irregularidades administrativas, que han sido recogidas en los continuos informes de reparo de los servicios municipales de Intervención desde el año 2009 hasta el mismo ejercicio de 2013”, aseguran en el escrito.

Una copia de estos informes ha sido solicitada de manera reiterada desde el PRC local, con “nulos resultados”. Aportan como prueba dos sentencias a su favor en las que se condena al Ayuntamiento de Noja por “obstaculizar” la labor de la oposición, dado que el alcalde no ha entregado copias íntegras pese al mandato judicial. Los reparos de intervención, las solicitudes de pagos o los contratos con las empresas bajo sospecha no fueron incluidos en el expediente.

Así, el Grupo Municipal Regionalista considera que se ha vulnerado la posibilidad de ejercer un derecho constitucional y tachan esta decisión del alcalde y del secretario de “evidente ilegalidad”. De ser considerado así por un órgano competente, el Código Penal señala una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de uno a cuatro años para la autoridad o funcionario público sancionado.

Facturas sospechosas

Además, a través del análisis de la documentación oficial y de los procesos judiciales abiertos, la oposición valora “la existencia de numerosas irregularidades que superan por su reiteración y volumen el simple error o defecto administrativo” y considera que pueden entrar en el campo de la comisión de delitos. Entre ellas, resalta la presencia de “más de 200 facturas sin consignación presupuestaria ni autorización legal del gasto” por una cantidad global superior a los 800.000 euros.

Según su versión, “todos los pagos reseñados con más de 50 reparos de Intervención carecen de sustento presupuestario y fueron avisados de la ilegalidad por los servicios municipales”. Por este motivo, muchas de las empresas implicadas acabaron recurriendo a los tribunales para hacer efectivas las deudas del Ayuntamiento por unos servicios -dice el escrito- “prestados pero no contratados”.

Los firmantes de la denuncia llaman la atención sobre una “posible connivencia” entre las sociedades mercantiles y la Administración, ya que “siguen prestando los servicios sin contrato asumiendo la ilegalidad tras haberse dictado sentencia al respecto”. También insisten en que las empresas beneficiarias “se repiten de manera casi permanente” año tras año.

De todas ellas, señalan al Igualatorio Médico Quirúrgico Colegial, Ambulancias Mompía, Limpiezas Sistemas y Procesos Mecanizados, Limpiezas Santander, De la Fuente Producciones Artísticas, Taesa 2000, Prediscal y Varanasi Gestión, cuyos pagos cuentan con abundantes informes de reparo por “vulnerar” los procedimientos de contratación previstos en la legislación.

El informe que está analizando el Tribunal de Cuentas alerta de duplicidades en las facturas, servicios facturados sin consignación presupuestaria, adjudicaciones verbales sin contrato o fraccionamientos para eludir la adjudicación que dicta la normativa que debe cumplir el Ayuntamiento.

Falta de transparencia

La oposición critica la falta de transparencia de Jesús Díaz y su equipo de Gobierno en otras cuestiones muy gravosas para el municipio, como las subvenciones concedidas desde el Ayuntamiento a la Sociedad Deportiva Noja, el club de fútbol de la localidad que milita actualmente en Regional Preferente y que “ha recibido cerca de dos millones de euros en los últimos diez años”, un hecho que no ha impedido que incurra en un déficit presupuestario de más de 600.000 euros y sufra graves problemas económicos.

En esta misma línea de opacidad, cuestionan la aprobación de facturas en las cuentas de 2013 por un importe de más de 1,2 millones de euros o el desarrollo del plan de pagos a proveedores al que se acogió el Ayuntamiento en 2012 por cerca de 2,2 millones.

El Grupo Municipal Regionalista incluso ha llegado a solicitar un pleno extraordinario para que se aportara información relativa a todos estos pagos, así como de la liquidación de cuentas del Plan de Competitividad Turística del Ayuntamiento de Noja, en el que se han invertido 3,2 millones en cuatro años sin la “mínima fiscalización” por parte de los concejales de la oposición.

Ahora corresponde al Tribunal de Cuentas -el órgano competente según la Constitución española para realizar las tareas de fiscalización del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable- decidir si la gestión de Jesús Díaz al frente del Ayuntamiento de Noja merece reproche y da lugar a una posible investigación judicial que dirima las responsabilidades. Mientras, el PRC también ha abierto la vía judicial y ha denunciado ante el Juzgado de Guardia de Santoña todos estos hechos.