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Un municipio de 2.000 habitantes con 1,2 millones de euros de ‘facturas en el cajón’

El Ayuntamiento de Noja, gobernado por el Partido Popular desde hace 27 años, ha contratado servicios a empresas externas sin tener consignación presupuestaria, según denuncia la oposición.

El alcalde y el exsecretario municipal han sido citados a declarar como imputados por un supuesto delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

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Jesús Díaz, alcalde de Noja, durante un mitin electoral.

Jesús Díaz, alcalde de Noja, durante un mitin electoral.

“Efectivamente, así es". Al otro lado del teléfono, Miguel Arasti, gerente de Arasti Barca S.L. confirma que el Ayuntamiento de Noja adeuda a su empresa varios de los servicios prestados. La firma es una de las empresas a las que el alcalde de Noja, Jesús Díaz, contrató servicios supuestamente sin tener consignación presupuestaria para ello. Así lo afirma una denuncia formulada por los cinco concejales del Partido Regionalista Cántabro –presidido por el ‘televisivo’ Miguel Ángel Revilla- ante el Tribunal de Cuentas.

Arasti no recuerda la cantidad exacta porque "ese cliente lo lleva mi socia" pero apunta que es un impago "bastante elevado". Se trata de 16 facturas que en su conjunto suman algo más de 7.250 euros, según ha sabido este diario. "Sí, puede ser. Estaba entorno a los 5.000 o 6.000 euros", responde.  Esta sociedad radicada en Burgos realizó cursos de inglés para el Ayuntamiento entre el 30 de agosto del año 2008 y el 30 de junio de 2010, y casi cinco años después aún no ha cobrado.

No es, ni mucho menos, el único caso. De hecho, los regionalistas del PRC acusan al alcalde de este municipio cántabro de 2.000 habitantes de contratar durante años servicios obviando los procedimientos de adjudicación y "sin tener presupuesto", acumulando en el cajón facturas por valor de 1.247.000 euros.

En total, desde la oposición denuncian que son unas 500 facturas pendientes de abono y sin contabilizar en el presupuesto municipal, que este año es de 9,6 millones de euros. Una docena de impagos se retrotraen a los años 2001 y 2002, aunque la inmensa mayoría de las facturas están fechadas entre 2008 y 2014, con importes que van desde 80.000 hasta tres euros.

En esa lista de proveedores impagados, entre otros muchos, figura Pirotecnia Zaragozana S.A, que facturó 8.700 euros por una sesión de fuegos artificiales en verano de 2013. El departamento de Administración de esta empresa no sólo confirma la deuda en conversación telefónica con  eldiario.es Cantabria sino que, tras consultar los registros en el ordenador, añade otras tres facturas más: una relativa a ese mismo año y otras dos en 2014, lo que eleva la deuda del Consistorio hasta los 15.721 euros.  

Los proveedores son mayoritariamente pequeñas y medianas empresas de Cantabria, que han prestado servicios de todo tipo, desde pequeñas obras y trabajos de mantenimiento hasta la organización de eventos, redacción de proyectos o asesorías, así como suministro de materiales.  

Esos servicios prestados y no cobrados suponen en la actual coyuntura de crisis un coste añadido para las empresas, que tienen que adelantar el salario a las personas que contratan para prestar el servicio, darlas de alta en la Seguridad Social, pagarles el finiquito, las vacaciones... como manifiestan desde Sport Studio, una compañía del País Vasco que confirma que el Ayuntamiento de Noja también les adeuda facturas. En este caso, 10.102 euros por tres trabajos de dinamización deportiva prestados en verano de 2013.

'Canjes' de deuda

Teodoro Zurita Parbayón trabajó para el Ayuntamiento durante años como subcontratado para gestionar el cobro de impuestos y tasas municipales. Atesora cerca de una cuarta parte del importe total de esta deuda. En declaraciones a este diario, explica que ha llegado a un "acuerdo" con el Consistorio, que le está abonando mensualmente las facturas, con lo que el Ayuntamiento podría saldar su deuda el próximo mes de abril.

A otro entendimiento han llegado con otra empresa deportiva de Cantabria, según señala Esteban Nanfro, uno de sus responsables. Esta compañía dispuso de las instalaciones deportivas de Noja a cambio de condonar una deuda de 2.391 euros contraída por el suministro de camisetas y trofeos. 

El Grupo Municipal Regionalista, dirigido por Míchel Ruiz, cifra en más de seis millones de euros el presupuesto sin fiscalizar por la oposición como consecuencia de las maniobras del alcalde, que ya en 2012 solicitó cerca de 2,2 millones de euros para pagar a proveedores a través del mecanismo puesto en marcha por el Ministerio de Cristobal Montoro. 

Imputados

El 'frente' del PRC contra la gestión de Jesús Díaz, alcalde de Noja durante 27 años de forma ininterrumpida, no sólo está abierto en el Tribunal de Cuentas sino también en los Juzgados. Los regionalistas presentaron en julio de 2014 una querella ante el Juzgado de Guardia de Santoña en la que acusan al regidor del PP de haber contratado servicios por otros 800.000 euros a pesar de las advertencias que en más de 50 reparos han realizado los Servicios de Intervención.

Para poder saltarse estos reparos motivados por la aprobación de gastos sin dotación económica y también por adjudicaciones verbales y sin expediente de contratación, Díaz recurría a resoluciones directas de Alcaldía, y ello en connivencia con el exsecretario municipal, José Luis Sáenz Messia, según relata la querella.  

A consecuencia de esta denuncia, el alcalde y el exsecretario tendrán que declarar como imputados el próximo día 9 de abril por posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y un delito contra las garantías constitucionales.

Una manera de actuar "constante"

El Ayuntamiento de Noja ya acumula varias sentencias judiciales en contra que, a juicio de los regionalistas, reflejan que la contratación sin fondos es "una manera de actuar constante".

Entre ellas, citan el caso de Ambulancias Mompía, en el que existe un fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santander que "reconoce que no se ha pagado el servicio por haberse producido reparos de intervención por no existir consignación presupuestaria, no haberse realizado adjudicación ni haberse formalizado ningún tipo de contratación". Esa condena supuso un gasto de 350.000 euros para la Administración local.

Esta empresa ha seguido y sigue prestando sus servicios al Ayuntamiento, "sin contrato aún después de la sentencia, lo que supone un ánimo defraudatorio evidente de las partes", subrayan en la oposición.

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