La Audiencia Nacional ha empezado el macrojuicio del caso Madeja, una supuesta trama de sobornos a funcionarios a cambio de obra pública, con la absolución de 12 acusados tras serles retirada la acusación por haber prescrito el delito, y el anuncio de numerosos acuerdos de conformidad entre la Fiscalía y la gran mayoría de implicados. 

Treintena y seis acusados se sentaban en el banquillo en el segundo juicio de una macrocausa que nació en Sevilla y acabó en 2015 en la Audiencia Nacional, y que gira en torno a la empresa Fitonovo, que presuntamente creó una infraestructura para obtener contratos públicos irregulares y que tenía una contabilidad paralela para financiar sobornos a funcionarios en distintas administraciones, sobre todo de Andalucía, Canarias y Extremadura. 

Pero, a medida que avanzó la primera jornada del juicio días atrás, hasta una docena de acusados han ido abandonando la sala, mientras se oía algún “enhorabuena” de fondo, tras anunciar el tribunal que su “sentencia será necesariamente absolutoria” después de que la Fiscalía haya reconocido que los hechos por los que se les acusaba están prescritos y la Abogacía haya retirado el delito de prevaricación a dos de ellos. 

De esta forma, el paso del tiempo desde que ocurrieran las “prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013)” que se juzgan en este proceso -relativo a la pieza 6 y principal de la macrocausa- ha hecho que en algunos casos delitos como cohecho o falsedad hayan prescrito, obligando así a dictar sentencia absolutoria, según ha admitido el fiscal. 

Entre esos doce futuros absueltos se encuentra Pilar Baro, la pareja de quien fuese dueño de Fitonovo, a quien el fiscal ha retirado la acusación por blanqueo por la que pedía 4 años de prisión. 

De los veinticuatro acusados que han quedado en el banquillo, la gran mayoría han llegado a un acuerdo con la Fiscalía con el que han reconocido los hechos y han visto reducidas notablemente sus peticiones de condena. 

Es el caso de dos de los principales encausados -quien fuera dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, y su hijo José Antonio González Baro-, para quienes el fiscal pedía 19 años y medio de prisión, y que han acabado aceptando dos años y cuatro meses y dos años y medio, respectivamente. 

También los exdirectivos de la empresa Juan Andrés Brugeras y Ángel Manuel Macedo, a quienes el fiscal ha rebajado su petición de 19 años y medio a 2 años y medio y 1 año y 7 meses, respectivamente. 

Devolución del dinero

Según cada caso, la Fiscalía ha tenido en cuenta la concurrencia de atenuantes como confesión, dilaciones indebidas o reparación del daño (han devuelto el dinero) y también se ha pronunciado a favor de que se acaben suspendiendo las futuras condenas, siempre y cuando los acusados no tengan antecedentes penales. 

La Abogacía del Estado se suma en algunos términos a estos acuerdos, si bien ha anunciado que no será hasta la recta final del juicio cuando concrete posibles rebajas en sus peticiones para otros encausados a quienes atribuye un delito de fraude. 

Tras el trámite de las cuestiones previas, todos los acusados que han suscrito un acuerdo con la Fiscalía han ido ratificándolo y reconociendo los hechos ante el tribunal, que esta semana va a interrogar al resto. 

Fitonovo, según el fiscal, tenía “en nómina” a multitud de funcionarios, que habrían recibido contraprestaciones sustanciosas por la adjudicación de contratos públicos, y disponía de una caja B que se nutría de facturación falsa de empresas proveedoras. Así “registraban esas operaciones en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos”.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado a cinco personas en Canarias en la instrucción del caso Fitonovo, dividida en una pieza principal en la que se encuentra entre los 45 investigados el apoderado de la empresa en las Islas, Adolfo José de la Torre García, y en una pieza separada sobre “Administraciones autonómicas e insulares” en la que están los otros cuatro imputados: el exconsejero del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín, el funcionario en excedencia del Cabildo de Gran Canaria Ulises Pérez, y los comerciales Rubens Coba y Gustavo Adolfo Gómez.

Además, en el auto se nombra al exjefe de Carreteras del Gobierno de Canarias José María Maya Cáceres, ya fallecido, por haber recibido 53.000 euros en efectivo y el pago de la mudanza de su hija por parte de De la Torre como contraprestación por su actuación en la adjudicación y ejecución de contratos públicos a favor de la empresa entre 2003 y 2011.

De la Torre García, según el juez De la Mata, era el responsable de Fitonovo en Canarias y el encargado de “todas las contrataciones corruptas” con las que la empresa se hizo en las Islas, es decir, las que tuvieron que ver con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el Cabildo de Gran Canaria. Según recalca De la Mata, Fitonovo creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, “habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos”. Los distintos delitos que aprecia el magistrado a los diferentes procesados en la trama son los de organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude de las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y blanqueo de capitales.

Según recoge el auto, De la Torre habría pagado al por entonces consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín (Coalición Canaria) determinadas dádivas, denominado internamente en la empresa como “impuesto revolucionario”, por su condición de autoridad responsable del departamento donde se producía la adjudicación y dirección de la implementación de contratos que tenía adjudicados Fitonovo. La facturación de la empresa con la Corporación conejera ascendió entre los años 2004 y 2006 a cerca de 700.000 euros. A cambio de estos contratos el consejero Machín recibió 24.000 euros en dos comisiones en metálico, una en 2004 por importe de 6.000 euros, y la otra en 2005 por importe de 18.000 euros.

Mientras, el funcionario en excedencia del Cabildo de Gran Canaria Ulises Pérez era el Coordinador de Obras Públicas en la isla cuando Miguel Jorge Blanco dirigía la Consejería durante el mandato de José Manuel Soria. Según consta en el auto, Pérez habría facilitado la adjudicación y ejecución de determinados contratos públicos en la Corporación insular por valor de 150.000 euros. El primer pago que recibió Pérez de De la Torre tuvo lugar en marzo de 2005 por 5.058 euros a cambio de otorgar la reparación de un muro en la GC-851, un trabajo que la empresa nunca hizo porque el muro ya se había arreglado cuando se adjudicó la obra. El otro pago, de 5.322,90 euros, fue realizado en noviembre de 2005 y correspondía a la parte de Fitonovo de un viaje de despedida de soltero del exfuncionario a Marbella y que también fue sufragado por otras dos empresas, Api y Elsamex. En total el viaje llegó a costar más de 15.900 euros y en él se incluyeron todos los gastos. Las tres empresas volvieron a recobrar esa cantidad mediante certificaciones de obras falsas en el Cabildo de Gran Canaria validadas por Pérez.

Así mismo, el escrito de De la Mata apunta que el 14 de noviembre de 2007, ya durante el mandato en el Cabildo de Gran Canaria del socialista José Miguel Pérez junto a Nueva Canarias, De la Torre realizó un pago de más de 8.284 euros a un funcionario de la Corporación cuya identidad no se ha determinado.

En cuanto a Rubens Coba y Gustavo Adolfo Gómez, comerciales de Api Movilidad y Elsamex, respectivamente, el juez constata que organizaron, participaron y financiaron el viaje a Marbella en consideración de su cargo de funcionario público “y más concretamente porque se ocupaba de dirigir y controlar la ejecución de proyectos adjudicados a estas empresas”. Además, Gómez fue quien ocupó directamente la organización del viaje a un amigo suyo.

Elsamex es una empresa que se dedicaba al mantenimiento de 177 de carreteras en general, de edificios, infraestructuras y construcción y Fitonovo era una subcontratista de ella. Elsamex fue adjudicataria del Cabildo de distintos contratos de obra pública relacionados con mantenimiento de carreteras en los que intervino en distintas fase de su preparación y adjudicación el funcionario del Cabildo Ulises Pérez. Por su parte, Api Movilidad fue adjudicataria de distintos contratos de obra pública relacionados con mantenimiento de carreteras en los que intervino también el funcionario investigado.

La juez María Núñez Bolaños ha confirmado la decisión de su antecesora, Mercedes Alaya, de enviar a la Audiencia Nacional el sumario de la denominada operación Madeja, en la que se encuentra la Jefatura de Conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura entre las administraciones “afectadas”.

La causa cuenta con 88 imputados -40 de los cuales eran funcionarios públicos- y donde se investiga el pago de hasta 4,3 millones de euros en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos a través de una “organización criminal jerarquizada que tendría como centro” a la empresa Fitonovo.

En un auto fechado el 18 de junio, la magistrada rechaza el recurso interpuesto por uno de los imputados en la causa, en concreto el administrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo, contra el auto del 9 de junio en el que Mercedes Alaya decretó “la inhibición del conocimiento de las presentes actuaciones a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción” de la Audiencia Nacional, tal y como le había solicitado la Fiscalía.

Al hilo de ello, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acoge “en su integridad” el argumento sostenido por el Ministerio Público en su escrito de 26 de enero de 2015, ya que “el fraude investigado tiene un notorio alcance, con grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional”, por lo que confirma “en su integridad” el auto de 9 de junio en el que Alaya elevó a la Audiencia Nacional el caso.

En su auto, Alaya asevera que, en virtud de las investigaciones llevadas a cabo por el Juzgado y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, “se puso de manifiesto la existencia de un entramado que giraba en torno a la empresa matriz Fitonovo y a sus directivos Rafael González Palomo, posteriormente a su hijo José Antonio González Baró, quien comienza en el año 2007 a compartir la dirección, asumiéndola en el año 2011, el cuñado del primero y tío del segundo, Juan Andrés Brugueras, encargado de una gran parcela de la contratación de esta empresa con numerosos comerciales a su cargo, y el adjunto a la dirección Ángel Manuel Macedo”.

“Dádivas” y “regalos” a funcionarios públicos

Al hilo de ello, la instructora señala que esta empresa, “a través de medios ilícitos, reconocidos por los anteriores en sus respectivas declaraciones judiciales, obtuvo continuadamente durante años la adjudicación de contratos públicos en distintas administraciones, bien mediante tráfico de influencias, mediante el pago de dádivas o regalos a funcionarios públicos, o bien mediante concurrencias ficticias con otras empresas, bien instrumentales con el conocimiento de los funcionarios encargados, bien ajenas mediante convenios entre ellas para repartirse el mercado, siendo el pago de dádivas el intrumento básico y esencial que los directivos de esta empresa utilizaban para contratar con la Administración”.

“El fraude, además, no solo se encontraba en la concesión sino en la ejecución del contrato, sobre todo cuando Fitonovo concurría, como así sucedía en muchos casos, como subcontratista de otra empresa adjudicataria, pagando comisiones a los representantes de la contratista y a los funcionarios para realizar menos metros de los trabajos pactados”, pone de manifiesto la juez en este auto.

La juez añade que “no se ha podido determinar aún el ilícito beneficio que habría obtenido Fitonovo de dicha contratación y ejecución fraudulenta, si bien en virtud del esfuerzo investigador de la UCO no sólo se han detectado los numerosos cohechos, sino la contratación que habría tenido lugar en virtud de los mismos”, punto en el que señala que “resta, entre otras diligencias, como acertadamente señala el Ministerio Fiscal, practicar una o varias periciales que pueden determinar el beneficio aludido”.

4,3 millones en dádivas entre 1995 y 2013

En este sentido, Alaya explica que, “para el pago de las ilícitas comisiones que se remontan al año 1995, y que alcanzan hasta el año 2013, se articuló en la empresa la creación de una caja B de la que salían las diferentes dádivas que ascendieron aproximadamente a los 4,3 millones de euros, y que se nutría mediante el pago de facturas falsas giradas por un número importante de empresas que a su vez recibían bonificaciones por estos servicios”.

En el auto, Alaya precisa que, “de la organización de la caja B, la cual especifica todos los pagos realizados con el máximo detalle, y de pedir las facturas falsas, se encargaba el hombre de confianza, Ángel Manuel Macedo”.

De este modo, las administraciones públicas “afectadas” fueron el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Sevilla, la Consejería de Obras Públicas de la Junta, el Ministerio de Fomento en las direcciones provinciales de Jaén, Huelva y Cádiz, la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), el Consistorio de La Carolina (Jaén), la Jefatura de Conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura, la empresa pública Adif, en las gerencias de Sevilla, Córdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona, o la Administración autonómica de Canarias.

El número de imputados asciende a 88, de los que 40 “eran funcionarios públicos”, indica la instructora, que añade que, de todo lo expuesto, “puede concluirse que las actuaciones fraudulentas llevadas a cabo, que pueden constituir múltiples ilícitos penales”, como cohecho, prevaricación, malversación, fraude y exacciones ilegales, maquinación para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias, blanqueo de capital, falsedad documental, y asociación ilícita, “han tenido una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, tanto por su extensión geográfica, abarcando múltiples administraciones, como por su continuidad en el tiempo, y por el número de personas implicadas en esta trama”.

Entre estos 88 imputados en la operación 'Madeja', que se inició en el mes de julio de 2013 y que se extendió finalmente a 12 provincias españolas, se encuentran los ex portavoces municipales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García; el exconcejal de Vía Pública en el Ayuntamiento de Sevilla y expresidente de 'Unidad' Manuel Gómez Lobo, o el ex director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento hispalense Joaquín Peña (PP).

La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha elevado a la Audiencia Nacional el sumario de la Operación Madeja, relativa al cobro de comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de servicios y contratos públicos y que acumula 88 imputados, cuarenta de ellos funcionarios.

En un auto dictado este martes, la juez alude a “múltiples” posibles delitos por parte de los acusados y subraya que la actividad continuada durante varios años de todos ellos ha tenido una repercusión “grave” en la seguridad del tráfico mercantil y además afecta a varias administraciones del país.

Aunque aún no se ha podido determinar el beneficio ilícito que habría obtenido Fitonovo, la juez destaca que para el pago de las comisiones confirmadas entre 1995 y 2013, la empresa creó una caja B de la que salían las diferentes dádivas, que ascendieron a 4,3 millones de euros.

Esa caja B se nutría mediante el pago de facturas falsas giradas por un número importante de empresas que a su vez recibían bonificaciones por esos servicios, según la instructora.

Los sobornos afectaron al Ayuntamiento de Sevilla, a las diputaciones de Córdoba y Sevilla, a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, a las direcciones provinciales del Ministerio de Fomento en Jaén, Huelva y Cádiz, y a los ayuntamientos de Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén).

También se vieron afectadas la jefatura de conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura, las gerencias de la empresa pública Adif de Sevilla, Córdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona y a la Administración Autonómica de Canarias, aunque la juez no precisa a qué departamentos de esta comunidad.

Según el auto de inhibición a la Audiencia Nacional, extremo que pidió en febrero la Fiscalía, entre los 88 imputados cometieron los delitos de cohecho, prevaricación, malversación, fraude y exacciones ilegales, maquinación para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias, blanqueo de capital, asociación ilícita y falsedad documental.

Esos delitos “han tenido una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, tanto por su extensión geográfica abarcando múltiples administraciones, como por su continuidad en el tiempo, y por el número de personas implicadas en esta trama”, explica la juez para justificar el envío del sumario a la Audiencia Nacional.

Según Alaya, los directivos de Fitonovo, a través de medios ilícitos que ellos mismos reconocieron en sus declaraciones, obtuvieron durante años la adjudicación de contratos públicos de distintas administraciones mediante tráfico de influencias, pago de dádivas o regalos a funcionarios públicos.

También los lograban a través de concurrencias ficticias con otras empresas, bien instrumentales con el conocimiento de los funcionarios encargados o también ajenas mediante un acuerdo entre las empresas para repartirse el mercado, indica la juez.

Para ello, el pago de dádivas era “el instrumento básico y esencial que los directivos de esta empresa utilizaba para contratar con la Administración”, precisa el auto judicial.

El fraude no estaba solo en la concesión sino en la ejecución del contrato, sobre todo cuando concurría Fitonovo como subcontratista de otra adjudicataria, “pagando comisiones a los representantes de la contratista y a los funcionarios para realizar menos metros de los trabajos pactados”, apunta Alaya.

La juez señala que en las investigaciones del juzgado y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se determinó que la red de soborno la dirigían los directivos Rafael González Palomo, su hijo José Antonio González Baro (que asumió la dirección en 2011), el cuñado del primero y tío del segundo Juan Andrés Bruguera y el adjunto a la dirección Ángel Manuel Macedo, encargado de la caja B.

“Nunca le ha pedido en nombre del PSOE ni le ha ofrecido, ni tampoco lo habría consentido, pago alguno para el partido”. Así consta en la declaración judicial del que fuera concejal de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Gómez Lobo, imputado por la jueza Alaya en las presuntas adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos a cambio de sobornos, que tenía supuestamente como centro la empresa Fitonovo y que se destapó con la reciente Operación Enredadera desarrollada el 11 de noviembre, derivada de la Operación Madeja.

No es el primer responsable político sevillano que pasa por el despacho de Alaya por esta causa. Los dos últimos portavoces de IU en el Consistorio hispalense también están imputados. Incluso José Manuel García se vio forzado a dimitir tras acudir al juzgado junto a su antecesor, Antonio Rodrigo Torrijos, y el propio Gómez Lobo, que este jueves ha declarado a petición propia, después de negarse a ello hace mes y medio.

El exedil ha negado el cobro de comisiones y el hecho de que pudiera haber actuado para favorecer contratos con la citada empresa. La jueza Alaya sostiene que Fitonovo habría pagado comisiones tanto al PSOE como a IU a cambio de la adjudicación de contratos públicos en Sevilla, donde gobernaron en coalición hasta 2011. Concretamente, según la jueza, “como compensación por el incremento importante de Fitonovo en la facturación” con el Ayuntamiento, la empresa pagó entre 2006 y 2009 a los socialistas cantidades “que oscilan entre 30.000 y 60.000 euros”.

En su declaración judicial, el también dirigente de la agrupación socialista Macarena, a quien la jueza imputa un delito continuado de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, y un delito de asociación ilícita, ha argumentado que “Fitonovo era una de las entidades que concurrían a los procesos de concurso del Ayuntamiento y, cuando el informe era favorable, los técnicos le pasaban el informe para la firma”.

Gómez Lobo, que ha aludido a Fitonovo como “la responsable” de parques y jardines de la zona Centro y Macarena (aclarando que así se refería a ella “por los distintos contratos que le fueron adjudicados por la mesa de contratación en ambas zonas”), ha dicho ante Alaya que “esos años firmó cientos de contratos” y que “no tuvo nunca nada que ver en dar ninguna orientación para que se adjudicaran dichos contratos a esta entidad”. Alaya le acusa de favorecer contratos a la empresa por valor de unos 1,5 millones de euros en al menos cuatro expedientes de los investigados en 2004, 2005 y 2006. “Siempre iban con el visto bueno de la comisión de contratación del Ayuntamiento, nunca por decisión propia”, ha añadido.

La jueza también le ha preguntado por las comidas en el establecimiento Langostinos Maera, en cuyas reuniones se abonarían las comisiones al PSOE y cuyo nombre se le daría a la 'caja B' de Fitonovo, según la tesis de Alaya, aludiendo a un encuentro mensual a la que acudirían Gómez Lobo y Rafael González Palomo de Fitonovo. En ese sentido, el exconcejal ha dicho que solo acudió una vez al lugar con Fitonovo pero fue para tratar un tema de naranjos. La jueza considera que, “como compensación por el incremento importante de Fitonovo en la facturación” con el Ayuntamiento “por la adjudicación creciente de contratos”, a requerimiento de Manuel Gómez Lobo “se abonó por Fitonovo al PSOE en fecha 9 de mayo de 2007 la suma de 30.000 euros”.

Ante la prensa a la salida del juzgado, y como expone en su declaración también, ha resaltado que si se hubiera enterado de que Domingo Castaño hubiera cobrado de Fitonovo, lo hubiera denunciado ante la autoridad“ y que él ”jamás firmó un contrato que no fuera con el visto bueno de los técnicos jurídicos del Ayuntamiento de Sevilla“, concluyendo que no recibió a título personal ninguna comisión por parte de Fitonovo” y que lo que recibiera Castaño, que estuvo unos meses en prisión por esta causa, “lo sabrá él”.

La jueza Mercedes Alaya ha solicitado a la Guardia Civil que localice el expediente relativo a las tres empresas de conservación de Canarias por el que presuntamente habrían abonado comisiones al exfuncionario del Cabildo de Gran Canaria José Ulises Pérez González y que se investigue la relación entre la empresa Labiker y el exjefe del área de Carreteras del Gobierno de Canarias, José María Maya Cáceres.

La jueza también libra mandamiento al Cabildo de Lanzarote para que facilite un expediente de jardinería y limpieza por importe de 174.150 euros adjudicado a Fitonovo y otro expediente por 236.088 euros.

Alaya ha citado el 8 de enero de 2015 para que declare como imputado al representante legal de la empresa Fitonovo, a la que acusa, en el marco de la operación Madeja, de formar una “organización criminal jerarquizada” que se extendió por todo el país pagando sobornos a políticos y a técnicos para obtener contratos públicos.

En un auto la jueza imputa al representante legal de Fitonovo los presuntos delitos de corrupción entre particulares, cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita, blanqueo de capitales, un delito contra la Hacienda Pública y otro contra la Seguridad Social.

En el mismo auto en el que la jueza pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la competencia del caso, la instructora cita al representante de la empresa “en virtud de los hechos ya imputados” a su administrador, José Antonio González Baro.

La jueza libra oficio a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que recabe el expediente de podas en la A-92 en las medianas de las provincias de Cádiz, Huelva y Córdoba de la Junta de Andalucía y otro sobre la red de saneamiento del Parque de María Luisa de Sevilla.

A la Junta de Extremadura le pide que facilite un contrato de desbroce por 40.750 euros en el que haya intervenido el jefe de Carreteras de la Junta de Extremadura José María Pizarro Gómez y otros para la zona de Plasencia y Zafra del año 2013 por 50.000 euros cada uno.

También pide que se deduzca testimonio de particulares relativos a las posibles comisiones ilegales abonadas al jefe de Carreteras extremeño por adjudicaciones fraudulentas.

Otra de las peticiones a la UCO incluye las contrataciones de Fitonovo desde 2010 en las que se haya visto beneficiado por la influencia de Manuel Martínez Ocón.

Alaya solicita que se deduzcan testimonio de los particulares relativos a la actuación de los representantes legales de las entidades Aldilop Limpieza Lorca y Bremacons por presunto delito de maquinación para alterar un concurso público con un posible concierto de las dos con Fitonovo en dos lotes de un macrocontrato del Ayuntamiento de Sevilla por valor de 48 millones de euros.

En su resolución, la jueza señala que la documentación sea entregada en presencia de agentes de la UCO, a los que faculta para cualquier ampliación o aclaración de la documentación sin necesidad de emitir un nuevo mandamiento.

Aunque la Guardia Civil destacó que en la Operación Enredadera llevada a cabo el pasado 11 de noviembre la mayoría de las personas implicadas tenían un carácter técnico, un responsables y dos exresponsables políticos del Ayuntamiento de Sevilla se las han tenido que ver este lunes con Alaya. En la presunta “organización criminal” investigada por adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos a cambio de sobornos, que tenía supuestamente como centro la empresa Fitonovo, han salido imputados por fraude y cohecho del despacho de la jueza el portavoz de IU en el Consistorio hispalense, José Manuel García, su antecesor en el cargo y exprimer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, y el exconcejal socialista del área de Vía Pública Manuel Gómez Lobo.

Los tres, que ya tuvieron que acudir ante la Guardia Civil a finales de la pasada semana, han negado ante la jueza los hechos que se les imputan. García, el único con cargo en la actualidad, “debería dimitir” este mismo lunes si toma en consideración lo dicho en ese sentido el pasado viernes por el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo. Torrijos pidió su baja temporal del partido, tras ser procesado en la causa de la venta de los suelos de Mercasevilla, donde la Fiscalía le ha pedido dos años de cárcel y ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de fraudes y exacciones ilegales. También está imputado por las presuntas irregularidades en la Fundación 'DeSevilla'.

García, que ha entrado a declarar un par de horas después de la prefijada por la jueza, ha asegurado ante la prensa a su salida que “no tengo nada que ocultar” y ha mostrado su “absoluta disposición en relación a esclarecer los hechos”, en un caso que aún está bajo secreto de sumario. Cuestionado por si tenía intención de dimitir como le ha conminado su coordinador en Andalucía, ha reiterado varias veces que “eso se tendrá que resolver en el ámbito de la organización”, aseverando que “todos los militantes estamos sujetos” al código ético al que se refirió Maíllo (y que establece que sus militantes y cargos públicos “imputados, procesados o condenados” cesarán “de forma inmediata” de su puesto).

“Este no es el momento”, ha dicho García, apoyado por el consejo local de IU la semana pasada cuando trascendió su declaración ante la Guardia Civil, argumentando que estaba “centrado en la declaración” ante Alaya. “No me tengo que defender con mi organización”, mostrando su “colaboración” para contra “todo lo que yo conozco, todo lo que sé” e insitiendo en que “por suspuesto no he cometido ningún acto ilegal ni irregular”. El actual portavoz de IU en el Ayuntamiento ha ratificado lo dicho ante la Guardia Civil, cuyo contenido no ha trascendido. Maíllo ha insistido este mismo lunes en que García y el consejo local actuarán “en coherencia” con los estatutos del partido.

Torrijos, por su parte, ha comentado que, antes de acogerse a si derecho a no prestar declaración, ha hecho “una breve declaración” ante la jueza en la que “he negado rotundamente los presuntos hechos que se me atribuyen” y que “no tengo nada que ver con el Instituto Municipal de Deportes (IMD)”. Fuentes del caso han comentado a los medios que a José Manuel García, previamente, la jueza le había preguntado por las obras de once campos de fútbol base en Sevilla y por el expediente del centro municipal cuando era gerente del IMD.

Un “tsunami judicial”

Tanto García como Torrijos han mostrado su voluntad, según han hecho constar a la prensa, de declarar pero cuando puedan tener acceso a las actuaciones, una vez se levante el secretario de sumario que pesa sobre esta causa desde hace meses (hay que recordar que este caso procede de la denominada Operación Madeja que trascendió hace más de un año). Fuentes del caso han revelado que dicho secreto podría levantarse en breve para dictaminarse, al tiempo, si la causa debe investigarla la Audiencia Nacional al haberse practicado detenciones y registros en distintas provincias. Torrijos ha denunciado el “tsunami judicial” al que se está viendo sometido después de “construirse un relato”.

Entre los detenidos que fueron puestos en libertad por la jueza a mediados de noviembre se encuentra Antonio Miguel Ruiz Carmona, que desempeñó el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el Ayuntamiento, cuando dicha área era responsabilidad de Torrijos. Según la jueza, este exasesor de IU habría cobrado 155.000 euros en comisiones, 70.000 de ellos en una caja de zapatos antes de las elecciones municipales de 2011.

También han comparecido este lunes ante Alaya, como imputados, un técnico municipal de Algeciras (Cádiz) y el mencionado Manuel Gómez Lobo. Como Torrijos, y tal y como hizo también ante los agentes de la Guardia Civil, el exconcejal socialista se ha acogido a su derecho a no declarar, limitándose a decir ante los medios “no estar de acuerdo con las imputaciones que se le han hecho”.

La juez ha citado para la tarde de este mismo lunes, a fin de ampliar su imputación, a los representantes legales de las empresas Fitonovo y Fiverde: Rafael González Palomo, su hijo José Antonio González, y Ángel Manuel Macedo Gajete.

La Operación Enredadera se saldó con 32 personas detenidas, de las que tres permanecen en prisión, entre ellos Antonio Rodríguez Jurado, exgerente de ADIF en Sevilla que cobró 428.000 euros en 'mordidas' y que podría dejar la prisión si abona una fianza de 90.000 euros, y Enrique José Finch Ramos, directivo de ADIF Córdoba a quien la juez acusa de haber cobrado en comisiones 1.004.624 euros entre los años 2003 y 2012. También permanece en prisión el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras, que podría salir en libertad si paga 180.000 euros.

Nuestros horizontes son verdes, dice el eslogan de Fitonovo. Pero la empresa sevillana visualizó una perspectiva más oscura. Ligada al soborno, según se desprende de la investigación de la Guardia Civil. Habilitó “una red de contactos con funcionarios corruptos” y así lograba contratos públicos, mediante regalos y 'mordidas' camufladas en una contabilidad paralela. De 2003 a 2012 repartió, supuestamente, hasta 2 millones de euros entre trabajadores de distintas administraciones y políticos de todos los colores. ¿Y qué es Fitonovo?Fitonovo

Nadie atiende el teléfono de la empresa con sede en Salteras (Sevilla). La web dice: Esta página está en construcción, pronto estará disponible, disculpe las molestias. El grupo empresarial creado en 1990 está declarado en concurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número uno desde que la jueza Mercedes Alaya ordenara la detención de sus propietarios al hilo de la operación 'Madeja'. “La fidelidad y confianza que sus clientes depositan en esta empresa, reconociendo su capacidad de trabajo, la consolidan como líder en el sector”, vendía la información de la compañía.

Especializada en “ofrecer servicios medioambientales para entidades públicas y privadas”, llegó a tener “un equipo formado por más de 700 profesionales altamente cualificados dotados con la tecnología más avanzada”. Salía al mercado como “referente en el diseño, creación y mantenimiento de parques y jardines”. Está inscrita como empresa, por esto, en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

Contratos a cambio de “dádivas”

Y Fitonovo se convirtió en contratista habitual de numerosas administraciones públicas. A cambio, según la investigación, de “múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza” como dinero o vehículos. Las prácticas ilícitas descubiertas “causaban un grave daño al interés público”. Alaya ha citado en la tercera fase de 'Madeja', la operación 'Enredadera', a los responsables de la sociedad, ya detenidos el pasado año y a quienes amplía los delitos que se les imputan: contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.

La Fiscalía de Sevilla solicita por esto fianzas de responsabilidad civil por valor de 3,5 millones de eurosfianzas de responsabilidad civil por valor de 3,5 millones para los empresarios del grupo sevillano, Rafael González Palomo, dueño, y su hijo y administrador, Juan Antonio González Baró, además del administrador de otra empresa, Fiverde, Ángel Manuel Macedo. Todos están en libertad con cargos. La magistrada ha ordenado el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 180.000 euros para el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, mientras el propio asesor jurídico, Carlos Gamito, ha sido detenido también en el operativo.

En la primera fase de la investigación, el propio administrador confesó la entrega de 700.000 euros en 'mordidas'. Con esto, según la Guardia Civil, la organización criminal inflaba facturas, modificaba pliegos de contratación y asesoraba sobre la forma de ganar concursos licitados. La trama creó además una contabilidad paralela para nutrirse de facturas falsas con las que pagaba sobornos.

La mujer de González Palomo, Pilar Baró, fue detenida con anterioridad. También fueron imputados un trabajador y el responsable de la gestoría que llevó las cuentas de la empresa, Francisco Orozco, que comparecieron en sede judicial y quedaron en libertad sin fianza.

85.000 euros en una caja de zapatos

Los “diversos expedientes de contratación” analizados en el operativo y las concesiones que salpican a administraciones locales, provinciales y regionales han llevado ahora al arresto de 32 personas por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Uno de ellos, Antonio Miguel Ruiz Carmona, recibió 85.000 euros del grupo Fitonovo en una caja de zapatosFitonovo, según la jueza Alaya.

En Jaén fue detenido el segundo teniente de alcalde del ayuntamiento de La Carolina, Cristóbal Pérez, donde agentes de la UCO han incautado información relacionada con la empresa sevillana. Fitonovo ha realizado tres obras para el municipio. En Granada, una antigua empleada del mismo grupo acabó detenida y en Canarias, el delegado de Fitonovo quedó en libertad con cargos tras prestar declaraciónFitonovo y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo, confirmó que la institución tenía tres acuerdos de mantenimiento de carreteras con el mencionado grupo.

El grueso de la investigación, la operación 'Madeja', parte de la relación que Fitonovo tenía con el que fuera director del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla, Domingo Enrique Castaño. Tras el concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla, su patrimonio personal ascendió de manera considerable y sin justificar, según la Guardia Civil. Las pesquisas dedujeron que Castaño había recibido de la sociedad Fitonovo múltiples regalos de distinta naturaleza. En julio del año 2013 se iniciaron los registros y se practicaron las primeras detenciones.

'Mordidas', dinero o regalos a cambio de contratos públicos. Es la base de la trama que adjudicaba concesiones administrativas de manera fraudulenta. El operativo, con registros y 32 detenciones en 13 provincias, implica a empresas que pagaban, unos dos millones de euros en total, y funcionarios que ponían la mano. De 'Madeja' a 'Enredadera', pasando por el caso Mercasevilla, éstas son las 10 claves para entender la organización criminal desarticulada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil este martes.

1- Investigación. El juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, del que es titular la jueza Mercedes Alaya, investiga una supuesta organización criminal urdida entre funcionarios corruptos y empresas que ofrecían 'mordidas' a cambio de la adjudicación irregular de contratos públicos. Los sobornos se habrían ejecutado en comisiones tras modificar pliegos de contratación o inflar facturas, o bien en retribuciones en especie.

2- Operación MadejaOperación Madeja. La causa judicial, abierta en julio de 2013, deriva de la investigación sobre presuntas irregularidades cometidas en el concurso público de enajenación de los suelos de Mercasevilla. El secreto de sumario sobre las diligencias se ha prorrogado hasta en 16 ocasiones.

3- Primera fasePrimera fase. 'Madeja' arranca con adjudicaciones bajo sospecha en el Consistorio sevillano: dádivas por conceder contratos de mantenimiento y servicio a dos empresas. Las pesquisas apuntan presuntos delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito. Cinco detenciones.

4- Segunda faseSegunda fase. El juzgado prorroga el secreto de las actuaciones que acuerda (el 21 de octubre) la intervención de ocho líneas telefónicas utilizadas por funcionarios y directivos y empleados de una de las empresas investigadas. Registros en empresas, cinco detenciones y dos nuevas imputaciones.

5- Operación EnredaderaOperación Enredadera. Tercera fase de 'Madeja'. Operativo para desarticular la trama que implicaría a funcionarios y responsables públicos de varias administraciones y a empresas que acaparaban concesiones administrativas. Agentes de la UCO practican 32 detenciones y registros en 13 provincias.

6- Caso MercasevillaCaso Mercasevilla. Supuesto conglomerado corrupto que originó la investigación de los ERE fraudulentos y mantiene abiertos varios sumarios diversificados en distintas piezas. 'Madeja' es una de las muchas ramificaciones que encajan en el puzle del judicializado caso sobre el mercado central de abastos dependiente del Ayuntamiento de Sevilla.

7- Empresas. La firma sevillana de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo Fitonovoaparece como la gran señalada. Según la Guardia Civil, la dirección creó una infraestructura destinada a ofrecer prebendas a “una red de contactos con funcionarios corruptos” a cambio de contratos públicos irregulares. Una contabilidad paralela nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos. La empresa Fiverde aparece también como receptora de este tipo de contrataciones fraudulentas y otras han sufrido registros policiales en sus sedes, caso de Suministros Agrícolas o Explotaciones Agrícolas Villaflor.

8- Delitos. La dirección general de la Guardia Civil informa de que los nuevos imputados están acusados de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal. Los implicados en la operación 'Enredadera' están relacionados con infraestructuras de carreteras y ferroviarias. Habrían asesorado a empresas sobre cómo presentar ofertas para obtener obras licitadas y aceptado facturaciones por encima de lo permitido.

9- Los detenidos. La mayoría de los últimos 32 detenidos son funcionarios aunque entre los arrestados destacan un concejal del PP en La Carolina (Jaén), el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, el responsable de carreteras de la Diputación de Sevilla, el jefe de servicio de la Diputación de Jaén y un técnico del Ministerio de Fomento en esta provincia. También el asesor jurídico de Fitonovo y un representante de esta empresa en Gran Canaria, según fuentes de la investigación. De las detenciones, 23 se han practicado en Andalucía: once en Sevilla, cuatro en Córdoba, tres en Jaén, tres en Huelva, y una en Granada y Cádiz. Dos personas han sido detenidas en Madrid y otras tantas en Zaragoza, Canarias, Valencia y Badajoz.

Con anterioridad, en julio de 2013, ingresó en prisión el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño y el exconcejal del PP Joaquín Peña, director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Consistorio hispalense, que fue destituido tras hacerse pública su imputación. También fueron detenidos varios funcionarios y empresarios como el el administrador de Fitonovo, Rafael González, su mujer y su hijo, además de otros trabajadores, el responsable de la gestoría que llevó las cuentas de la empresa, Francisco Orozco, o el exadministrador de Fiverde, Ángel Manuel Macedo.

10- Alcance territorial. El operativo desarrollado por agentes de la UCO se extiende a 13 provincias en siete comunidades: Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Badajoz, y Las Palmas (Lanzarota y Gran Canaria). Los registros se han dado en las diputaciones de Sevilla, Jaén y Córdoba, la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, con sede en Mérida, y el Ayuntamiento jiennense de La Carolina.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han presentado esta mañana en la sede de la Consejería de Fomento en Mérida, Badajoz, para recoger documentación relacionada con varios contratos adjudicados en mayo de 2010, y que tienen vinculación con la operación Madeja, de cobro de comisiones entre empresarios y administraciones, ordenada por la jueza de Sevilla Mercedes Alaya.

Los agentes han sido atendidos por varios jefes de servicio de la Consejería, han requerido documentación escrita, y además están procediendo a desmontar, para llevárselos, varios discos duros en ordenadores del servicio de carreteras, y más concretamente en la sección de conservación y explotación.

Según la vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Cristina Teniente, un jefe de sección ha sido detenido y trasladado a Sevilla, una persona que es funcionaria y lleva muchos años en ese puesto en la Administración. Hasta el momento, los agentes han arrestado a 26 personas, en su mayoría funcionarios, aunque también está prevista la detención de algún cargo público de bajo nivel, han indicado las fuentes.

Esta es la tercera fase de la llamada operación Madeja y se ha puesto en marcha este martes por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en Sevilla. Además de en la provincia de Badajoz y en Sevilla, los agentes también están practicando detenciones en Cádiz, Huelva y Jaén. El dispositivo, ordenado por la juez Alaya tras 15 meses de secreto de sumario, trata de desactivar una trama de pago de mordidas de empresarios a políticos y funcionarios públicos a cambio de contratos públicos.

Cinco adjudicaciones por 3,4 millones de euros

Eldiarioex ha podido saber que la investigación en lo que corresponde a Extremadura está relacionada con la adjudicación, en mayo de 2010, de cinco lotes para la conservación de los márgenes de las carreteras extremeñas, por un importe total de 3,4 millones de euros.

Las adjudicaciones se realizaron a cuatro empresas distintas: Fitonovo, Puebla y Estéllez, Atosan Ingeniería y Conservación, y Seanto. Tanto el presidente de aquella mesa de contratación como una persona vinculada a una de esas empresas son actualmente directores generales de la Junta de Extremadura. Según algunas informaciones, la empresa investigada sería Fitonovo.

La juez Mercedes Alaya ha ordenado esta mañana una treintena de detenciones; la operación se centra en funcionarios y técnicos municipales que habrían aceptado prebendas a cambio de adjudicar contratos para cuidado y mantenimiento de zonas verdes. Junto a las detenciones se están produciendo numerosos registros, algunos en la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura y en despachos de la Diputación Provincial de Sevilla, donde se ha producido la primera de las detenciones.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha procedido a la detención de 32 personas en una operación bautizada como 'Enredadera' y que supone la tercera fase de la investigación de la Operación Madeja que se ha desarrollado este martes por orden de la jueza Mercedes Alaya. Los agentes se han personado a primera hora del día para practicar registros en varias dependencias oficiales y no oficiales de hasta 13 provincia provincias españolas, entre ellas la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, en la Diputación de Sevilla, en la de Jaén o en el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén), según han confirmado fuentes de la investigación.

Aunque las fuentes aseguran que la mayoría de los detenido son funcionarios, en el operativo ha sido arrestados el concejal del PP en La Carolina (Jaén) Cristóbal Pérez y el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín. Un total de 23 de las 32 detenciones han tenido lugar en Andalucía (once en Sevilla, cuatro en Córdoba, tres en Jaén y Huelva y una en Cádiz y Granada).

Asimismo han sido detenidos el responsable de carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio, cesado hoy mismo; un funcionario de la Consejería de Fomento extremeña, en concreto un jefe de sección de este departamento que ha sido trasladado a Sevilla; otra persona en Lanzarote y otra en Gran Canaria; cuatro personas en Córdoba, otras tres en Huelva; dos más en Jaén además del edil mencionado; un trabajador y un jubilado de ADIF en Zaragoza; o una exempleada de Fitonovo en Granada. Se trata de una operación que se ha daod ya por concluida y que se ha desarrollado en Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria.

La jueza Mercedes Alaya investiga, entre otras cuestiones, si determinadas personas pudieron recibir prebendas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a empresas sevillanas como Fitonovo y Fiverde. Cabe recordar que la jueza dictaba este mismo lunes un auto para prorrogar nuevamente, y ya es la decimosexta vez, el secreto de sumario que pesa desde julio de 2013 sobre esta operación, donde hay ya 13 imputados. La causa investiga en primera instancia si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño, entre otros, aceptó y recibió dádivas a cambio de conceder a determinados empresarios. Castaño consiguió reunir la fianza de 60.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla para su puesta en libertad en agosto de 2013.

La Guardia Civil ha averiguado que la dirección de Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, “habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos” que les facilitaban dicha contratación. A su vez crearon una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.

A los detenidos e imputados en esta operación se les acusa de haber cometido presuntamente delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal. A juicio de los investigadores, las prácticas ilícitas descubiertas causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas.

Detenido un concejal del PP

Entre los detenidos hay tres personas en la provincia de Jaén, entre quienes figura un concejal del PP en La Carolina. Fuentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado han precisado a Europa Press que las personas detenidas son “un teniente de alcalde de La Carolina, un jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación Provincial y un técnico de Fomento”.

Por su parte, el alcalde de La Carolina, Francisco Gallarín (PP), ha precisado que el edil de su equipo de gobierno detenido es el segundo teniente de alcalde y concejal de Servicios, Deportes, Festejos, Turismo, Comercio, Vivienda, Asociaciones No Vecinales, Relaciones Institucionales y Sanidad, Cristóbal Pérez (PP).

Según ha indicado el regidor a Europa Press, no se encontraba en la localidad cuando se ha producido el registro. A la espera de llegar y contar con más detalles, ha apuntado que los agentes “se han llevado expedientes relacionados con Fitonovo” además centrarse en “el ordenador del concejal de Deportes y segundo teniente de alcalde, Cristóbal Pérez Martínez”, que ha sido detenido.

Gallarín ha añadido que el Consistorio carolinense ha tenido tres obras con la referida empresa; una de ella, el césped artificial del campo de fútbol, en el mandato anterior y las otras dos, una pista de pádel y el patio de un colegio, en el actual. Como consecuencia de estas actuaciones, además, se han practicado tres registros; en concreto, en un puesto de trabajo del Ayuntamiento de La Carolina, en otro de la Diputación y en un tercero de dependencias del Ministerio de Fomento en la provincia, según han apuntado las mismas fuentes de la UCO.

En Zaragoza se han detenido a un trabajador del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en Zaragoza, y de otro, ya jubilado. Los detenidos en la capital aragonesa son J.A.G.P., empleado de ADIF, y de M.A.M.T., ya jubilado se ha producido por la supuesta adjudicación de contratos de forma irregular.

Antecedentes, Madeja y Mercasevilla

La jueza Alaya ha ampliado este martes la declaración de tres imputados por medio de un auto que les ha leído de manera conjunta y en el que ha aludido a un supuesto pago de 85.000 euros que Fitonovo habría realizado a Antonio Miguel Carmona, también detenido este martes.

Carmona desempañaba el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el anterior mandato cuando dicha área era responsabilidad del primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU). El pago al que ha hecho referencia Alaya se habría realizado en una caja de zapatos antes de las elecciones municipales de 2011.

La Operación Madeja viene derivada de la investigación en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso público promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla. Desarrollada en dos fases entre julio y diciembre de 2013, la operación se había saldado hasta el momento con nueve detenidos, si bien los que llegaron a ingresar en prisión salieron en libertad bajo fianza.

A Castaño se le atribuyen presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Las diligencias de esta investigación se dirigen también contra su esposa, el administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente 'Fitonovo', Rafael González Palomo, y el exadministrador de la empresa 'Fiverde' Ángel Manuel Macedo.

En diciembre de 2013, la UCO practicó la segunda fase de la Operación Madeja, poniendo a disposición judicial a otras cinco personas. Fueron José Antonio González Baró, hijo del dueño de Fitonovo --Rafael González Palomo, detenido en la primera fase--, y otro trabajador de esta empresa, así como dos funcionarios de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento hispalense y un empresario ajeno incialmente a Fitonovo.

Dentro de esta segunda fase, los agentes de la UCO imputaron a un funcionario municipal y al director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña (PP), que fue destituido de manera fulminante y nada más conocer su imputación por el alcalde, Juan Ignacio Zoido.

Un cartel poco aclaratorio da la bienvenida desde hace casi un mes a los visitantes del Parque Periurbano La Corchuela, en Sevilla. 'Prohibido el paso. Info: Llamen al Ayuntamiento'. La causa que ha provocado el cerrojazo temporal a uno de los pulmones verdes más importantes y cercanos a la capital hispalense es que ninguna empresa tiene encargada la prestación del servicio de seguridad de las instalaciones ¿Por qué? El origen está en la 'Operación Madeja' que investiga la omnipresente jueza Alaya: el que fuera director de La Corchuela y exjefe de servicio de la Delegación del Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores, en la cárcel desde el pasado 19 de diciembre, dejó en el aire la renovación del contato.

Y, ¿cuándo se reabrirá? En el Consistorio hispalense, que participa en un 76% en la gestión del lugar (el resto del porcentaje que dirige el parque lo comparten el Ayuntamiento de Dos Hermanas -10%-, el de Los Palacios -4%- y la Diputación de Sevilla -10%-), no lo saben. “Hasta nuevo aviso”, aciertan a decir desde la Delegación de Parques y Jardines, que tiene como nuevo jefe de servicio a Miguel Cerón desde finales del pasado octubre.

La presidenta del Consorcio del Parque de La Corchuela, Pía Halcón, también delegada del Distrito Nervión de Sevilla, confirma a eldiario.es/andalucia que el motivo del cierre del espacio natural de 54 has es que el nuevo acuerdo para la mantener la seguridad del lugar “se está tramitando”. El pliego de condiciones aún no está del todo concretado y, por tanto, la convocatoria pública de contratación aún no se ha hecho efectiva. El pertinente visto bueno de la mesa de contratación y los procedimientos habituales de este tipo de prestación de servicios no hacen prever que la reapertura de La Corchuela, frecuentado hasta ahora por los habitantes tanto de Sevilla como de los municipios cercanos de Dos Hermanas y Los Palacios, sea especialmente inminente.

Halcón, que afirma que sin contrato de vigilancia y seguridad no se abrirá el parque, apunta que desde el 1 de enero “no había director que pudiera firmar la prórroga del contrato”. La nueva tramitación está “en marcha”. Admite que trasladó recientemente la “urgencia” del asunto al concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez. De hecho, este jueves esta previsto un encuentro para “presentar” al nuevo jefe de servicio de Parques y Jardines, Miguel Cerón, a la sazón máximo responsable del parque, a las instituciones consorciadas.

Cerón sustituyó a finales de octubre al ahora encarcelado Francisco Amores. Ya a mediados de diciembre y tras desencadenarse la segunda fase de la denominada 'Operación Madeja', la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, a instancias del alcalde, Juan Ignacio Zoido, aprobaba la destitución del director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña, después de conocerse su imputación.

La causa judicial investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista durante el Gobierno municipal de Sánchez Monteseirín, Domingo Enrique Castaño, aceptó y recibió dádivas a cambio de conceder a determinados empresarios contratos de servicio del Consistorio hispalense.

Otro de los supuestos implicados en esta trama, Francisco Luis Huertas, jefe obrero de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Sevilla, salió recientemente en libertad provisional después de que su familia abonara la fianza de 60.000 euros que le impuso la jueza Alaya para poder abandonar la cárcel. Sólo permanecen en la cárcel el administrador único de Fitonovo, José Antonio González Baro, y el citado exjefe de servicio de Parques y Jardines Francisco Amores, cuyo abogado recurrió el auto de prisión ante la propia jueza, que lo desestimó.

El también exdirector de La Corchuela habría sido acusado de haber recibido pagos periódicos de unos 500 euros por parte de Fitonovo a cambio de la adjudicación de un contrato de mantenimiento. De hecho, según informó Europa Press, la Guardia Civil le enseñó durante su declaración un supuesto documento con un pago a su nombre, aunque sin su firma, si bien Amores negó ante Alaya todas las acusaciones.

La investigación. La causa judicial correspondiente con la denominada 'Operación Madeja' de la Guardia Civil, que instruye la jueza Mercedes Alaya, investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño durante el Gobierno municipal de Sánchez Monteseirín, Domingo Enrique Castaño, aceptó y recibió dádivas a cambio de conceder a determinados empresarios contratos de servicio del Consistorio hispalense.

La operación viene derivada de la investigación en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla, recientemente enviada a la Audiencia, en el marco de la cual la magistrada pidió a la Guardia Civil que investigara el enriquecimiento sospechoso de Castaño, extremo negado por su defensa.

El principal acusado. Castaño ingresó en prisión sin fianza el pasado 12 de julio por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Después de que la Audiencia Provincial fijara una fianza de 60.000 euros, el exresponsable del área municipal de Vía Pública salió en libertad el pasado 16 de agosto. Alaya le había impuesto, además, una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.

Castaño negó en su declaración judicial los supuestos regalos a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde, como un vehículo marca Audi, teléfonos móviles o un sobre con 30.000 euros “para el PSOE”, según había dicho el administrador de una de las empresas a la jueza.

Cuatro detenidos en la primera fase. Alaya, en el mes de julio, además de Castaño, acordó dejar en libertad con cargos y sin fianza a los dos empresarios que también fueron detenidos por la Guardia Civil junto al asesor socialista y su mujer, como son el administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, Rafael González Palomo, y el exadministrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo.

Además de estos cuatro detenidos, la Guardia Civil imputó a la mujer del administrador de Fitonovo, Pilar Baró, y al responsable de una gestoría que le llevó las cuentas a esta empresa, Francisco Orozco, quienes comparecieron entonces ante la juez y quedaron también en libertad sin fianza.

La segunda fase y la destitución del exconcejal del PP. Alaya precipitaba este lunes la segunda parte de la 'Operación Madeja' con cinco nuevas detenciones y dos nuevas imputaciones, entre ellas la del director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento, el exconcejal del PP Joaquín Peña, quien fue destituido por el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, inmediatamente después de hacerse pública su imputación.

Los cinco nuevos detenidos son José Antonio González Baró, hijo del dueño de Fitonovo (Rafael González Palomo, detenido en la primera fase de la operación), y otro trabajador de esta empresa, así como dos funcionarios de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento hispalense y un empresario ajeno inicialmente a Fitonovo.

Asimismo, la Guardia Civil practicó registros en la sede de la empresa Fitonovo, ubicada en el Parque Empresarial Los Llanos del municipio sevillano de Salteras, y en la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, concretamente en el despacho del propio Joaquín Peña; del jefe de servicio, Francisco de Amores; de su adjunto, Javier Gómez, y del capataz y responsable de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas.

A los registros citados, que fueron llevados a cabo este lunes, se suman otros dos que fueron practicados este martes en la sede de dos empresas, concretamente en Suministros Agrícolas, en La Rinconada, y en Explotaciones Agrícolas Villaflor, en Dos Hermanas.

La segunda fase de la 'Operación Madeja' se ha producido justo después de que Alaya revelara en el auto por el que prorrogó por quinta vez el secreto de las actuaciones que, el pasado 21 de octubre, acordó la intervención de ocho líneas telefónicas utilizadas por directivos y empleados de Fitonovo y por funcionarios del Consistorio hispalense.