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Alaya imputa fraude y cohecho a Torrijos y García (IU) y a Gómez Lobo (PSOE) en 'Enredadera'

José Manuel García, actual portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, dice que si tiene o no tiene que dimitir "se tendrá que resolver en el ámbito de la organización".

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El portavoz de IU en Sevilla imputado en el caso Enredadera dice que el partido decidirá su futuro

José Manuel García, segundo por la derecha, saliendo este lunes de los juzgados de Sevilla / EFE.

Aunque la Guardia Civil destacó que en la  Operación Enredadera llevada a cabo el pasado 11 de noviembre la mayoría de las personas implicadas tenían un carácter técnico, un responsables y dos exresponsables políticos del Ayuntamiento de Sevilla se las han tenido que ver este lunes con Alaya. En la presunta "organización criminal" investigada por adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos a cambio de sobornos, que tenía supuestamente como centro la empresa Fitonovo, han salido imputados por fraude y cohecho del despacho de la jueza el portavoz de IU en el Consistorio hispalense, José Manuel García, su antecesor en el cargo y exprimer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, y el exconcejal socialista del área de Vía Pública Manuel Gómez Lobo.

Los tres, que ya tuvieron que acudir ante la Guardia Civil a finales de la pasada semana, han negado ante la jueza los hechos que se les imputan. García, el único con cargo en la actualidad, "debería dimitir" este mismo lunes si toma en consideración lo dicho en ese sentido el pasado viernes por el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo. Torrijos pidió su baja temporal del partido, tras ser procesado en la causa de la venta de los suelos de Mercasevilla, donde  la Fiscalía le ha pedido dos años de cárcel y ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de fraudes y exacciones ilegales. También está imputado por las presuntas irregularidades en la Fundación 'DeSevilla'.

García, que ha entrado a declarar un par de horas después de la prefijada por la jueza, ha asegurado ante la prensa a su salida que "no tengo nada que ocultar" y ha mostrado su "absoluta disposición en relación a esclarecer los hechos", en un caso que aún está bajo secreto de sumario. Cuestionado por si tenía intención de dimitir como le ha conminado su coordinador en Andalucía, ha reiterado varias veces que "eso se tendrá que resolver en el ámbito de la organización", aseverando que "todos los militantes estamos sujetos" al código ético al que se refirió Maíllo ( y que establece que sus militantes y cargos públicos "imputados, procesados o condenados" cesarán "de forma inmediata" de su puesto).

"Este no es el momento", ha dicho García,  apoyado por el consejo local de IU la semana pasada cuando trascendió su declaración ante la Guardia Civil, argumentando que estaba "centrado en la declaración" ante Alaya. "No me tengo que defender con mi organización", mostrando su "colaboración" para contra "todo lo que yo conozco, todo lo que sé" e insitiendo en que "por suspuesto no he cometido ningún acto ilegal ni irregular". El actual portavoz de IU en el Ayuntamiento ha ratificado lo dicho ante la Guardia Civil, cuyo contenido no ha trascendido. Maíllo ha insistido este mismo lunes en que  García y el consejo local actuarán "en coherencia" con los estatutos del partido.

Torrijos, por su parte, ha comentado que, antes de acogerse a si derecho a no prestar declaración, ha hecho "una breve declaración" ante la jueza en la que "he negado rotundamente los presuntos hechos que se me atribuyen" y que "no tengo nada que ver con el Instituto Municipal de Deportes (IMD)". Fuentes del caso han comentado a los medios que a José Manuel García, previamente, la jueza le había preguntado por las obras de once campos de fútbol base en Sevilla y por el expediente del centro municipal cuando era gerente del IMD.

Un "tsunami judicial"

Tanto García como Torrijos han mostrado su voluntad, según han hecho constar a la prensa, de declarar pero cuando puedan tener acceso a las actuaciones, una vez se levante el secretario de sumario que pesa sobre esta causa desde hace meses (hay que recordar que este caso procede de la denominada Operación Madeja que trascendió hace más de un año). Fuentes del caso han revelado que dicho secreto podría levantarse en breve para dictaminarse, al tiempo, si la causa debe investigarla la Audiencia Nacional al haberse practicado detenciones y registros en distintas provincias. Torrijos ha denunciado el "tsunami judicial" al que se está viendo sometido después de "construirse un relato".

Entre los detenidos que fueron puestos en libertad por la jueza a mediados de noviembre se encuentra Antonio Miguel Ruiz Carmona, que desempeñó el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el Ayuntamiento, cuando dicha área era responsabilidad de Torrijos. Según la jueza, este exasesor de IU habría cobrado 155.000 euros en comisiones, 70.000 de ellos en una caja de zapatos antes de las elecciones municipales de 2011.

También han comparecido este lunes ante Alaya, como imputados, un técnico municipal de Algeciras (Cádiz) y el mencionado Manuel Gómez Lobo. Como Torrijos, y tal y como hizo también ante los agentes de la Guardia Civil, el exconcejal socialista se ha acogido a su derecho a no declarar, limitándose a decir ante los medios "no estar de acuerdo con las imputaciones que se le han hecho".

La juez ha citado para la tarde de este mismo lunes, a fin de ampliar su imputación, a los representantes legales de las empresas Fitonovo y Fiverde: Rafael González Palomo, su hijo José Antonio González, y Ángel Manuel Macedo Gajete.

La Operación Enredadera se saldó con 32 personas detenidas, de las que tres permanecen en prisión, entre ellos Antonio Rodríguez Jurado, exgerente de ADIF en Sevilla que cobró 428.000 euros en 'mordidas' y que podría dejar la prisión si abona una fianza de 90.000 euros, y Enrique José Finch Ramos, directivo de ADIF Córdoba a quien la juez acusa de haber cobrado en comisiones 1.004.624 euros entre los años 2003 y 2012. También permanece en prisión el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras, que podría salir en libertad si paga 180.000 euros.

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