Familiares, vecinos y autoridades han dado este miércoles un último adiós al que fuera alcalde de Ciudad Real desde 1995 a 2007, el popular Francisco Gil-Ortega, quien falleció de manera repentina este martes a los 73 años de edad.

Al funeral, celebrado este miércoles en la parroquia de San Pablo de Ciudad Real, han acudido numerosos representantes políticos de distintos partidos políticos y etapas, entre los que se encontraban el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; la secretaria general del PP regional, Carolina Agudo, o el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares.

También han estado presentes la delegada provincial del Gobierno regional en Ciudad Real, Blanca Fernández; la exalcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y otros miembros del PSOE que compartieron corporación con Gil-Ortega, como Nicolás Clavero y Ángel Amador.

Al sepelio también han acudido representantes de diferentes organizaciones sociales de la provincia de Ciudad Real como Asaja, Afammer o Fecir.

Francisco Gil Ortega fue alcalde de Ciudad Real entre los años 1995 y 2007. Además, ha ostentado numerosos cargos como presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) entre 2012 y 2015. Anteriormente fue presidente del PP de Ciudad Real entre 1993 y 1996, senador de 1989 a 2004 y diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha entre 2007 y 2012.

Luto en Ciudad Real

Tras trascender la noticia del fallecimiento de Gil-Ortega, el Ayuntamiento de Ciudad Real celebró un pleno extraordinario durante la tarde del martes para decretar un día de luto oficial.

Numerosos representantes políticos y de partidos políticos tuvieron palabras de recuerdo al primer alcalde de Ciudad Real de la democracia que fallece. Entre ellos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien expresaba a través de las redes sociales sus condolencias a la familia y amigos del exalcalde.

También el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, lamentaron el fallecimiento de Gil-Ortega, a quien Paco Núñez lo definió como “toda una institución en el Partido Popular”.

El exalcalde de Ciudad Real Francisco Gil-Ortega ha fallecido este martes, según han informado a Europa Press en fuentes del Partido Popular. El Ayuntamiento tiene previsto celebrar a las 19.00 horas un pleno extraordinario.

Gil-Ortega fue alcalde de la capital ciudadrealeña entre 1995 y 2007, vicepresidente primero de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha y presidente de Enresa entre 2012 y 2015.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado el fallecimiento de Gil-Ortega, a quien ha definido como “toda una institución en el Partido Popular, que desempeñó varios cargos”.

A través de su cuenta de X, Paco Núñez ha señalado que en el PP lo recordarán “por su carácter afable y por ser un gran alcalde de Ciudad Real”. “Mi pésame a familia, amigos y a toda la familia del PP de Ciudad Real”.

El Ayuntamiento de Ciudad Real reunido en sesión de pleno extraordinario ha decretado, a través de su alcalde, Francisco Cañizares, la declaración de un día de luto oficial por este fallecimiento. Desde las 19.00 horas del día 29 de agosto de 2023 hasta las 19.00 horas del día 30 agosto, las banderas, ubicadas en el exterior de todos los edificios municipales, ondearán a media asta, prendiendo en las banderas que ondeen en el interior de dichos edificios un crespón negro como señal de luto. 

Asimismo, el Ayuntamiento traslada su más sentido pésame a la mujer, hijos, nietos, familiares y amigos de Gil-Ortega, se suspenden todos los actos públicos oficiales organizados del Consistorio a través de cualquiera de sus Delegaciones o Servicios, durante el tiempo que perdure el luto oficial decretado, “en señal de respeto y condolencia”.

Greenpeace ha lanzado la campaña “Villanos del clima”, un proyecto que pretende poner rostro a las personas que están detrás del cambio climático, ya sea por las decisiones que toman desde sus cargos públicos o desde su actividad empresarial. En su versión digital, se ha llevado la campaña al terreno del cómic clásico y, con un toque de “humor e ironía” se han seleccionado cuatro personajes, dos de ficción como Darth Vader y el maléfico Joker, y dos reales, como Donald Trump y Mariano Rajoy.

Pero más allá de los cuatro personajes “bandera” de la campaña, la organización ecologista ha querido recopilar a personas reales del país, encabezados por el propio Rajoy. También se presenta a Donald Trump quien, a pesar de no ser de España, “ha logrado un lugar en este proyecto por la magnitud de sus decisiones a nivel global”.

La lista comprende un primer grupo de once personas (sin contar a Donald Trump), responsables políticos (actuales o del pasado) y empresarios cuya influencia abarca todo el Estado, que con sus decisiones “han contribuido a empeorar la situación del clima en España”.

Junto al presidente del Gobierno, cuyas decisiones contrarias a las renovables, según Greenpeace,  han agravado el problema del clima en nuestro país, se encuentran varios de sus ministros y exministros, como Álvaro Nadal, José Manuel Soria o Rodrigo Rato. “Todos ellos integran la lista por apoyar las energías sucias e ir en contra de las soluciones que representan las energías renovables”. A este grupo y por las mismas razones, se une también el exministro socialista Miguel Sebastián.

En el ámbito autonómico, Greenpeace ha situado al expresidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, quien también fuera alcalde de Ciudad Real desde 1995 hasta el año 2007, entre los 'Villanos del clima' por haber defendido “por todos los medios” que la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares se llevase a cabo en el municipio conquense de Villar de Cañas.

Según ha indicado Greenpeace la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, “puso a Gil-Ortega al frente de Enresa, la empresa pública de gestión de residuos radiactivos, a pesar de su falta de conocimiento sobre el área”. En este sentido, la organización afirma que la energía nuclear es “un tapón para las renovables, por lo que solo a alguien a quien le importe entre poco y nada el clima, puede defenderla”.

A pesar de que la campaña tiene “un tono de humor e ironía”, con esta campaña Greenpeace asegura que “pone sobre la mesa la magnitud del problema del cambio climático y señala a los 'villanos del clima', que con sus actos y decisiones, están perjudicando al planeta y a las personas”.

A finales del 2011, Villar de Cañas fue elegida como la localización del Almacén Temporal Centralizado para residuos nucleares de alta actividad de España, tras la deliberación de sólo dos Consejos de Ministros que solucionaron un problema pendiente de largo. Pero nunca fue el candidato favorito, y tenía localidades como Ascó, en Tarragona y Zarra, la preferida por Industria en Valencia. También se descartó Yebra, un pueblo de Guadalajara, cuyo alcalde fue expedientado por el PP. El pueblo conquense no tenía experiencia nuclear a su favor, pero sí estaba cerca de Madrid aunque no tenía un tren, algo con lo que sí contaba Ascó.

Incluso María Dolores de Cospedal declaró en 2010 que el PP de Castilla-La Mancha consideraba que no debía instalarse un almacén nuclear “temporal o no, o cementerio, en ninguna de sus provincias, en ninguno de sus municipios”, según recogen medios como Público o El País. Más allá de la elección en el último momento, y básicamente por descarte, las principales dudas de las plataformas contrarias al llamado ‘basurero nuclear’ vinieron con las relaciones de la infraestructura con el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López de Hierro.

Como un ejemplo, se puede señalar la adjudicación de los concursos de ingeniería para la construcción del Almacén Temporal Centralizado por 23,7 millones de euros a diversas empresas, entre las que se encuentra Iberdrola Ingeniería y Construcción (IBERINCO), en la que participa Ignacio López de Hierro primero como parte de su Consejo de Administración y luego también como miembro de la Comisión Ejecutiva, a la que fue ascendida en febrero de 2013.IBERINCO se adjudicó parte de dos de los lotes que se adjudicaron en dicho concurso, que se referían a la Ingeniería del Módulo del Almacén de bultos de Residuos de Media Actividad y también a la Ingeniería del Almacén de Espera de Contenedores.

El nombre de Francisco Gil-Ortega, antiguo presidente del Consejo de Adminstración de Enresa, también ha estado fuertemente ligado a María Dolores de Cospedal, ya que carecía de experiencia en el sector y su elección como cabeza de la empresa pública ha sido señalada por haber sido puramente política, al igual que la elección del emplazamiento de Villar de Cañas para el almacén nuclear. Ecologistas en Acción se hizo eco también de las denuncias de los propios empleados, porque las decisiones de Gil-Ortega no se basaban en directrices técnicas. De hecho, una de sus primeras decisiones fue comprar terrenos para implantar el ATC sin conocer si eran idóneos para el proyecto, algo que todavía seguía en duda hasta que el Consejo de Seguridad Nuclear dio el visto bueno a la primera autorización esta semana.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado también que volverá a estudiar el Plan de Ordenación Municipal de la localidad conquense de Villar de Cañas, al “llamar la atención” la aprobación del mismo en apenas 48 horas, según anunció el ahora Vicepresidente de Gobierno, José Luis Martínez Guijarro. Guijarro también ha recordado que la opción de Villar de Cañas era la cuarta, afirmando que su elección final fue un “acuerdo político” cerrado entre María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy “sin tener en cuenta estos informes [técnicos]”.

La Plataforma contra el cementerio nuclear en Cuenca había denunciado ya que la convocatoria de la Comisión Provincial de Urbanismo de Cuenca en la que se incluyó la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas era un hecho “sin precedentes” y que sólo se había llevado a cabo al ser un instrumento “imprescindible” para el proyecto. Esta convocatoria se llevó a cabo mientras el anterior Gobierno del PP se encontraba en funciones, inmediatamente después de que los diputados regionales tomasen posesión.

Cinco meses después de que eldiario.es adelantara la existencia de una auditoría interna que alertaba del posible “enriquecimiento injusto” del entonces presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha reconocido este miércoles en el Congreso que el exalcalde de Ciudad Real cobró gastos que “no estaban adecuadamente justificados”, aunque posteriormente esta circunstancia quedó “subsanada”. Gil-Ortega dimitió en febrero pasado alegando “razones personales”.

Según explicó Soria en su comparecencia en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso, en junio de 2014, la dirección de Auditoría de Enresa, creada por el propio Gil-Ortega, emitió “un informe relativo a los gastos de representación del ejercicio 2013” en el que “se pone de relieve que algunos de tales gastos no estaban adecuadamente justificados”.

En la reunión de la Comisión de Auditoría y Control del Consejo de Administración de Enresa del 23 de julio, ese órgano requirió “la subsanación de las facturas cuando resultara posible, así como la devolución de las cantidades indebidamente percibidas o justificadas”.

“De acuerdo con la información recabada en noviembre del 2014 en lo que respecta a los gastos del anterior presidente, esta información ha sido subsanada” y “no existe ningún cargo en su tarjeta de crédito sin justificar”, explicó Soria, en contestación a una pregunta del diputado socialista Luis Carlos Sauquillo. La tarjeta fue “utilizada exclusivamente para el pago de los gastos de representación”.

Gil-Ortega dimitió en febrero pasado tras empeñarse en adjudicar la obra civil del almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas, más de 217 millones de euros, sin contar con los permisos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Según Soria, “no consta en Industria con toda la información que ha sido aportada por parte de la empresa ninguna irregularidad” en su gestión, “de acuerdo a toda información de la que disponemos y que ha sido remitida a las Cortes”.

Tras la dimisión de Francisco Gil-Ortega, el posible sucesor al mando de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos es el actual Director General de Paradores, Juan José Zaballa. Así lo afirma el medio nacional El País, quien lo señala como “hombre de confianza” del ministro de Industria José Manuel Soria. Las mismas fuentes aseguran que el Gobierno ha anunciado que será competencia del nuevo presidente la decisión de seguir adelante, o no, con las obras del Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañas.

La salida de Francisco Gil-Ortega se ha relacionado con las prisas en finalizar la adjudicación de la obra civil del llamado “Cementerio Nuclear” en un contrato de más de 260 millones de euros, a pesar de las dudas que existían alrededor del emplazamiento de las obras. El mismo Consejo de Seguridad Nuclear había cuestionado ya si la localidad era la mejor decisión, al advertirse ciertas “carencias” en la documentación presentada por Enresa para pedir la autorización de las instalaciones.  El CSN remitió diversas propuestas e iniciativas para poder resolver estas deficiencias detectadas.

Juan José Zaballa es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con un  máster en Administración de Empresas, y ha ocupado diversos puestos en la Administración. Actualmente es el director general de Paradores. Estando en este cargo, Paradores adjudicó en enero de 2014 el stand de FITUR a la empresa de su mujer, MARVA S.L en un contrato de 120.000 euros. A raíz de estos hechos, el PSOE pidió la comparecencia de José Manuel Soria, quien, a la vez, exigió a la dirección de Paradores que explicase los hechos junto a la redacción de un informe que detallase el contrato de adjudicación. 

El anuncio de la dimisión por “razones personales” del presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, abre más incertidumbres sobre el futuro del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, infraestructura multimillonaria que el Gobierno de Mariano Rajoy se empeñó en ubicar en Villar de Cañas (Cuenca) en una decisión política de María Dolores de Cospedal que el exalcalde de Ciudad Real recibió el encargo de ejecutar. 

Gil-Ortega habría cumplido en junio tres años al frente de la empresa pública. Tres años perdidos, si de lo que se trataba era de sacar adelante esta infraestructura, fundamental para garantizar la seguridad de los residuos atómicos en España. Estas son algunas de las claves que explican su salida.

Pérdida de confianza

Pérdida de confianzaNi Moncloa, ni la vicepresidenta del Gobierno, ni el propio ministro de Industria confiaban ya en la capacidad de Gil-Ortega, con nula experiencia en el sector nuclear antes de su nombramiento, para sacar adelante el proyecto más importante de la historia de Enresa, que este año cumple treinta años de andadura. El manchego se empeñaba estos días en adjudicar la obra principal del ATC (217 millones, sin contar el IVA) –un caramelo que se disputaban constructoras como ACS y FCC– sin contar con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al proyecto.

En pleno año electoral, el ATC se está convirtiendo en una cuestión incómoda para el Ejecutivo. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ya tuvo que contestar hace unas semanas en el Congreso las preguntas de la oposición sobre la infraestructura y José Manuel Soria (de cuyo Ministerio depende la tutela de Enresa) también ha visto cómo se le acumulan las peticiones de explicaciones. Aunque se ha cuidado mucho en ofrecerlas, ha dejado caer a Gil-Ortega, cuya salida se venía fraguando desde la destitución, el mes pasado, del hasta entonces director de Administración, Álvaro Alejandre.

Adjudicaciones en entredicho

Adjudicaciones en entredichoA las prisas por adjudicar la gran obra del ATC se suman los contratos encomendados por Enresa a consorcios participados por Iberdrola Ingeniería, por un importe cercano a los 30 millones de euros. La filial de ingeniería de la eléctrica tiene como consejero y miembro de su comisión ejecutiva al empresario Ignacio López del Hierro, marido de la presidenta castellano-manchega.

Gil-Ortega, que está considerado cercano a Cospedal, se va pero de momento se queda, porque su salida de Enresa sólo se hará efectiva transcurrido el plazo de preaviso de quince días que establece su contrato. Entretanto, tiene vía libre para adjudicar, de manera unipersonal, contratos por un importe de hasta un millón de euros, frente al tope de 220.000 que tenía estipulado su antecesor.

Las dudas sobre la ubicación

Las dudas sobre la ubicaciónEs el principal impedimento que afrontaba Gil-Ortega y ha acabado por enterrarle. El propio presidente de Enresa reconoció, en una comparecencia a puerta cerrada en el Congreso en noviembre de 2012, que no sabía si los terrenos serían adecuados para albergar el ATC, un temor que no se ha disipado con el paso del tiempo. Al contrario.

Como adelantó eldiario.es en noviembre, el CSN trasladó a Enresa en septiembre sus “dudas” sobre la idoneidad de los terrenos en un durísimo informe en el que advertía de múltiples “deficiencias” en la documentación presentada por la empresa pública y solicitaba “aclaraciones e información adicional” sobre 124 aspectos; entre otras cosas, el regulador atómico decía que no hay “un conocimiento suficiente para garantizar el comportamiento seguro” de los edificios, reclamaba “parámetros más realistas” en las mediciones del potencial de inundación de la parcela y advertía de que el acuífero que la atraviesa es “muy relevante”.

El gran riesgo, explican fuentes del sector, no es que los terrenos del ATC no sean viables, sino que el presupuesto de la obra se dispare exponencialmente por la necesidad de reforzar las cimentaciones de tan sensible infraestructura.

El elevado coste de un retraso

El elevado coste de un retrasoA la espera del visto bueno del CSN y del Ministerio de Medio Ambiente (que tiene que emitir declaración de impacto medioambiental favorable al silo nuclear), en el calendario de Enresa hay una fecha marcada en rojo: junio de 2017, fecha a partir de la cual España empezará a pagar una penalización de 70.000 euros diarios (más de 2 millones de euros al mes) a la francesa Areva por los residuos que custodia, procedentes de la antigua central de Vandellòs I, por incumplimiento de contrato.

Con el ATC atascado desde hace tiempo, las eléctricas se han lanzado a promover almacenes temporales independientes en torno a sus centrales para no tener que pararlas ante la próxima saturación de sus piscinas de residuos, una solución más barata que el ATC pero también más insegura.

Colocaciones a dedo

Colocaciones a dedoEn septiembre, Gil-Ortega pedía por carta a Hacienda que agilizase los trámites para contratar a 28 personas, en un procedimiento que, según fuentes internas, abría la puerta a la colocación a dedo de esos candidatos, que se sumarían a otros 40 contratados que ya habían entrado en la empresa por una vía similar bajo su mandato. La excusa, su “extraordinaria preocupación” por un posible retraso en la construcción del ATC.

Unos meses antes, una auditoría interna destapó que Gil-Ortega, que en 2013 cobró 160.000 euros brutos, había cobrado gastos de viaje sin aportar las correspondientes facturas, como exigía su contrato, lo que fue calificado de posible “enriquecimiento injusto” por el entonces responsable jurídico de la empresa, Jesús Moreno, ante la “incompatibilidad” entre el cobro de dietas y el abono de esos gastos “de difícil justificación”. Moreno, firmante del informe, fue despedido tres días después.

Otro informe también referido al ejercicio 2013 daba cuenta de los 9.388,71 euros que Gil-Ortega cargó a la empresa pública en 65 “comidas de empresa” realizadas en ese ejercicio. Su director de Comunicación, el periodista Carlos Dávila (ilocalizable este martes), cargó otros 6.447,33 euros en otros 50 “eventos”.

Carrusel de ceses

Carrusel de cesesGil-Ortega, que se ha encargado de hipertrofiar la alta dirección (en 2013, sus miembros cobraron 681.000 euros, frente a 214.000 un año antes, tras pasar el número de miembros de su comité de dirección de tres a siete), ha fulminado luego a todo aquel que ha osado criticar su polémica gestión en la empresa estatal. En enero pasado cayó Alejandre, hasta entonces director de Administración, procedente del Banco de España, responsable de compras de la empresa y persona de confianza de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Obsesionado con la gestión del multimillonario fondo con el que Enresa financia su actividad (costeado por los consumidores durante años vía tarifa de la luz y, ahora, por las propias empresas eléctricas), Nadal no era partidario de continuar con las adjudicaciones sin saber qué condiciones impondrá el CSN dentro de unos meses.

A la salida de Alejandre se suman, entre otros, las del responsable jurídico, el de recursos humanos y, según algunas fuentes, otra de última hora: la del director de Auditoría Interna, Diego Valle, exconsejero del Gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha al que Gil-Ortega habría remitido este mismo martes, horas antes de presentar su dimisión al comité de dirección, un burofax comunicándole su despido. Además, Enresa podría quedarse en breve sin otra pieza clave, su director técnico, Álvaro Rodríguez-Beceiro, que lleva media vida en la empresa y, aseguran diversas fuentes, ha pedido la jubilación.

El presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Francisco Gil-Ortega, ha comunicado su dimisión al organismo y al Ministerio de Industria. Aunque Gil-Ortega ha argumentado su decisión por “razones personales”, la dimisión se produce poco después de la destitución del director de Administración de Enresa, adelantada por eldiario.es el mes pasado.

Fuentes internas relacionaban la salida del presidente de Enresa con las prisas de Gil-Ortega por dar luz verde a la obra civil del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos en Villar de Cañas (Cuenca), un contrato por valor de 263,5 millones de euros al que optaban, entre otras, la constructora ACS. La dimisión, avanzada por Vozpópuli, que la vincula con una decisión de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se hará efectiva una vez pase el plazo de preaviso dispuesto en el contrato mercantil, según Europa Press.

Tras su nombramiento, la primera acción de Francisco Gil-Ortega fue presentar oficialmente el proyecto del ATC en Villar de Cañas, ubicación elegida por el Gobierno del PP una semana después de llegar al poder, en una decisión política atribuida a la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal (la localidad conquense era la peor candidata desde el punto de vista geológico).

Precisamente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cuestionó en noviembre “la idoneidad del emplazamiento” del Almacén Temporal Centralizado en un informe, adelantado por eldiario.es, en el que advertía de múltiples “carencias” en la documentación presentada por la empresa pública para la solicitud de la imprescindible autorización previa de la instalación por parte del organismo.

Las “deficiencias” detectadas en la documentación presentada por Enresa, que ya estaba embarcada en un rosario de licitaciones multimillonarias para acelerar la construcción del almacén, eran múltiples. En el informe, un documento interno firmado por el director técnico de Seguridad Nuclear del regulador, Antonio Munuera, el CSN remitió a Enresa un extenso catálogo de “propuestas” e “iniciativas que pueden contribuir significativamente”, dice, a “resolver las dudas existentes sobre la idoneidad del emplazamiento del ATC”.

A pesar del rechazo que el ATC generó entre plataformas ecologistas y ciudadanas, Gil-Ortega afirmó ante EFE que el conflicto político era “más duro” que el rechazo social y que se “estaba logrando quitar la razón a los más críticos”. El PSOE ha exigido la paralización de las obras, dado que el CSN todavía no ha dado su visto bueno a la infraestructura, que también requiere la luz verde del Ministerio de Agricultura a través de la preceptiva declaración de impacto ambiental.

Gastos sin justificar

Por otro lado, tal y como informó este diario, una auditoría interna destapó que Gil-Ortega cobró de la empresa pública gastos cargados previamente a su tarjeta de crédito Visa en viajes “tanto nacionales como al extranjero” sin presentar las correspondientes facturas, una conducta que supuso un incumplimiento de su contrato y que el entonces máximo responsable jurídico de la compañía, Jesús Moreno, calificó de posible “enriquecimiento injusto” en un informe interno que desveló eldiario.es.

Tras redactar ese informe el 15 de julio, que avisaba de la “incompatibilidad” entre el cobro de dietas por parte de Gil-Ortega y el abono de esos gastos, Moreno, que en ese momento era uno de los siete miembros del Comité de Dirección de Enresa, fue destituido de forma fulminante.

Gil-Ortega, que fue alcalde de Ciudad Real, senador y vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, es una persona que carecía de experiencia en el sector nuclear en el momento de su designación. Fue nombrado en junio de 2012 al frente de Enresa, que promueve contra reloj el ATC, la mayor obra pública de la presente legislatura. Tras el escándalo sobre sus gastos, los grupos de la oposición han planteado una batería de preguntas sobre este asunto y su gestión del ATC. De momento, el Gobierno no ha contestado ninguna.

Tras conocer las dudas del Ministerio de Industria por dar el visto bueno a la adjudicación del proyecto principal del llamado Cementerio Nuclear en la localidad conquense de Villar de Cañas, el PSOE regional ha reaccionado de manera enfática ante el proyecto. La portavoz del partido socialista, Cristina Maestre, ha señalado que “se le notan mucho las prisas a Cospedal” por adjudicar el proyecto del Almacén Temporal Centralizado, incluso cuando desde el Gobierno nacional existen dudas al respecto.

“Es una barbaridad que alguien se plantee seguir adelante cuando existen serias dudas sobre la viabilidad de los terrenos”, señalaba Maestre en nota de prensa. Los informes desde el Ministerio de Industria ponen en cuestión, al igual que los documentos presentados por otras organizaciones, como Ecologistas en Acción, que los terrenos elegidos para el emplace de la infraestructura garanticen las medidas de seguridad que requiere una instalación de las características del ATC.

De este modo, la socialista señala que lo que existe tras las “prisas” por adjudicar los terrenos del ATC es un “enorme negocio” que significa más de 900 millones de euros para la empresa adjudicada. “Con este dinero se podían haber acabado todos los hospitales públicos de Castilla-La Mancha”, asegura Maestre. Desde el PSOE acusan así al Gobierno regional de querer “dejar atado” el negocio antes de las elecciones.

El “calvario” para muchos comenzaba el 30 de diciembre de 2011. Aquel día cuatro localidades de España competían por ver cuál construiría el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, un “cementerio nuclear” con una esperanza algo menor de un siglo de vida que albergaría todos los desechos de las plantas nucleares españolas. Villar de Cañas, en Cuenca, fue la localidad elegida para su emplazamiento a pesar de que fue la peor valorada de todas las candidatas por los aspectos técnicos y geológicos. La localidad valenciana de Zarra fue la mejor valorada y era donde, a priori, se haría el ATC. Ascó (Tarragona) fue la siguiente en puntuación prácticamente empatada con la valenciana (un pueblo además con planta nuclear y experiencia en el ámbito). La alcarreña Yebra fue tercera y, lejos de todas las demás, Villar de Cañas. Por eso cuando el Ministerio anunció que la localidad con los peores informes sería su emplazamiento la sorpresa fue mayúscula.

Hablamos de una obra que tiene presupuestados 263 millones de euros, muy golosa para todas las constructoras del país. Pero que se ha enfrentado a multitud de oposición pública y social, así como a los informes técnicos posteriores que han reafirmado lo dictado por los primeros (que Villar de Cañas no es seguro para el ATC) y a un plazo electoral que le da al presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, cuatro meses para adjudicar la obra, ya que es muy probable que el siguiente gobierno la paralice.

Por ello desde Enresa ha empezado a correr el reloj. La adjudicación de la obra principal del complejo se quiere dar ya a pesar de que no hay autorizaciones, no hay informes positivos y de las dudas de las cuentas de la propia empresa pública. Y para adjudicarla no se duda en llevarse por delante en Enresa a quien sea necesario, como ha sido el caso de ya tres altos cargos en seis meses. En julio caía el secretario general de Administración de Enresa por denunciar gastos desmedidos e injustificados por parte de Gil-Ortega y de su encargado de comunicación, Carlos Dávila. El segundo era el encargado de organización de recursos humanos: su error, oponerse a que Gil-Ortega contratara “a dedo” a 28 personas en Enresa (como informaron algunos medios).

El tercero en caer ha sido esta misma semana el director de administración y responsable de compras y contrataciones de Enresa, sin conocerse el motivo. Tres altos cargos que se ha llevado por delante Gil-Ortega.

En primer lugar se anunció que la adjudicación de la obra civil, el grueso de la operación, se haría en septiembre de 2014, quedando retrasado en su momento. El propio Gil-Ortega señaló que se adjudicaría en los próximos días, a principios de febrero, y la pregunta que existe ahora es qué pasará estos días, y si se adjudicará una obra que no cuenta con las autorizaciones de emplazamiento, construcción, puesta en marcha ni con la Declaración de Impacto Ambiental, es decir, que no tiene prácticamente nada de papeleo y que necesita autorizaciones de hasta dos ministerios distintos para poder empezar la obra. Ni el Consejo de Seguridad Nuclear ha dado permisos para poder efectuar la obra tampoco. Los técnicos siguen valorando el terreno y emitiendo informes en el 90% negativos y advirtiendo que o bien falta información que aclare más determinados puntos clave como los sismológicos o los hidrológicos, o directamente lo obtenido desaconseja construirlo ahí (estabilidad del suelo). Puntos que parece no escuchar la empresa pública.

Basta pasar por Villar de Cañas para ver lo que es el complejo a hoy día: un edificio recientemente construido como laboratorio y un vivero de empresas que no obstante inauguró la propia Cospedal y pagados en su mayoría por dinero municipal. Lo demás no deja de ser una parcela enorme donde las constructoras se intentan repartir el pastel de cualquier obra, desde el propio ATC hasta asfaltar un camino.

Otra pregunta en el aire es qué pasaría si se concede y se empieza la obra y luego, como afirman todos los informes, no es segura. No solo por las repercusiones sanitarias en la comarca y en Castilla-La Mancha, sino por las económicas. Algo que se puede comprobar en el proyecto Castor, en las costas de Castellón y Tarragona: una plataforma subacuática almacenadora de gas que ha provocado terremotos en esas provincias. Como en ese caso fallaron los informes, para paralizar la obra (está claro que por causas de fuerza mayor) hubo que pagar a ACS, empresa de Florentino Pérez, 1.400 millones de euros de dinero público para que cesada la actividad: más de 600 euros por cada español consumidor.

De la misma forma que Francisco Gil-Ortega llegó a Enresa es de la forma de la que podría salir. Hay que recordar el historial del presidente de la empresa para atar algunos cabos: ex-alcalde de Ciudad Real desde 1995 a 2007 por el Partido Popular, vicepresidente de las Cortes castellano-manchegas y ahora metido a empresario nuclear, a pesar de no tener ninguna experiencia en el sector. Fue uno de los impulsores del “pufo” que ha acabado siendo el aeropuerto de Ciudad Real. Se dice que fue colocado a presidir Enresa directamente por la propia María Dolores de Cospedal, y así llegó el proyecto a Castilla-La Mancha. Sobre por qué no se hizo en Yebra (Guadalajara) y sí en Villar de Cañas, la respuesta es fácil; Guadalajara es la provincia cuyo reparto de escaños en las elecciones autonómicas es un número impar (que es por lo que Cospedal gobierna actualmente en la región) y ubicarlo en esa provincia podría levantar críticas y rechazos hasta el punto de que allí el PSOE fuese el partido más votado y le arrebatara el escaño que le hace ser presidenta. Cuenca, al tener un reparto de diputados par, corre menos peligro de dañar a Cospedal en las elecciones puesto que es muy difícil romper el bipartidismo.

El proyecto Castor se ha cerrado (al menos temporalmente) imputando a 18 personas entre miembros de constructoras, evaluadores ambientales, técnicos que hicieron las pruebas previas, miembros de los ministerios y encargados de valorar los riesgos por deficiencias en su trabajo, amén del pago de la millonaria indemnización con dinero público. Y el ATC, con más “pinta de Castor” que nunca, puede llevar el mismo camino por la precipitación de concederlo antes de las elecciones.

“Todo lo que he cobrado estaba perfectamente validado por los servicios jurídicos de la casa mediante un informe con fecha 5 de diciembre de 2012. El criterio sobre la percepción de dichos gastos cambió en un nuevo informe de los servicios de la casa con fecha 15 de julio de 2014. Quiero que quede claro, que desde esa fecha, dejé de percibir los ya mencionados gastos de bolsillo, cumpliendo, como siempre, las indicaciones de los jurídicos de la casa”.

En estos términos se expresa el presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Francisco Gil-Ortega Rincón, con respecto a la polémica por los gastos de bolsillo que cargó con su tarjeta sin la debida justificación. En una nota remitida a la plantilla hace unas semanas, el directivo agradece su dedicación a sus empleados. En concreto, “vuestro entero compromiso con la empresa y la dedicación y entereza que estáis mostrando frente a los últimos acontecimientos provocados a raíz de la publicación en medios de supuestas irregularidades cometidas por mi persona”.

Respecto al informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que expresa serias dudas sobre la idoneidad de los terrenos elegidos para el basurero nuclear de Villar de Cañas, “desgraciadamente también filtrado a la prensa” y adelantado por el diario.es, “se trata de un informe enmarcado dentro de uno de los procedimientos habituales en los procesos de las instalaciones donde se solicita a Enresa información complementaria o adicional”, se limita a señalar. Cada vez parece más evidente que la elección del municipio conquense no fue la adecuada y el PSOE, que hasta hace poco apoyaba sin fisuras la construcción del almacén, ha pedido ya la paralización de las obras.

En la carta, Gil-Ortega dice que quiere trasladar “la realidad acerca de todo lo escrito estos días en prensa tras la filtración del Informe de Auditoría interna” sobre gastos de representación de la casa durante el ejercicio 2013 con fecha de junio de 2014“. ”El 1 de agosto de este mismo año, solicité a la Dirección Financiera la realización de un Informe de Alegaciones al Informe de Auditoría, alegaciones que no se tuvo ocasión de formular con anterioridad“ y que ”deberían haberse incluido en el Informe final de Auditoría, en caso de haberlas recibido el auditor“. El responsable de ese informe, el entonces secretario general de Enresa, Jesús Moreno, había publicado su informe el pasado 15 de julio y Gil-Ortega le despidió tres días después.

160.000 euros de sueldo anual

En su misiva, el exalcalde de Ciudad Real dice que ha observado un control “escrupuloso” de su contrato pese a que una auditoría interna advirtió en julio del posible “enriquecimiento injusto” del presidente de Enresa por el cobro de gastos sin justificar, como informó eldiario.es. “Todas las cantidades percibidas por mí, se encuentran dentro del más estricto marco de legalidad”, escribe Gil-Ortega, cuyo sueldo bruto fue en 2013 de 160.000 euros, según publicó hace dos semanas la empresa tras la entrada en vigor de la Ley de transparencia. La cifra, no obstante, no incluye los gastos de representación: esos 160.000 euros incluyen 80.000 euros de retribución básica, 32.000 de complemento de puesto y un complemento variable de 48.000 euros.

El directivo insiste en que “la totalidad de los gastos satisfechos con cargo a mi tarjeta como Presidente de Enresa, así como los gastos del resto de las direcciones de la casa, han sido perfectamente justificados y documentados. Dichos gastos corresponden a comidas institucionales, con alcaldes del entorno de nuestras instalaciones, con periodistas y correspondientes a viajes de trabajo al extranjero”. Tal y como informó eldiario.es a principios de noviembre, Gil-Ortega cargó en 2013 a la empresa pública 9.388,71 euros en 65 comidas de empresa, a una media de 144 euros por evento. Su director de Comunicación, Carlos Dávila, cargó otros 6.447,33 euros en otras 50 comidas, a una media de 128,9 euros por cada una de ellas.

“Siempre he cumplido con las normas”

“Quiero recalcar que el único interés que han perseguido esos gastos ha sido el de favorecer exclusivamente a Enresa y sus cometidos”, dice Gil-Ortega, que recalca que desde diciembre pasado “se prohíbe la inclusión de licores destilados y de tabaco” en esos gastos, “además de reducir por primera vez en la historia de la casa el límite de gasto por comida. Como es lógico, siempre he cumplido con las normas internas de la casa y, por supuesto, he sido coherente en todas y cada una de las que yo mismo he sido impulsor, cumpliéndolas al 100%”.

Gil-Ortega también presume de que ha decidido “restringir” el número de tarjetas visa de Enresa, desde las 49 que había en diciembre de 2012, “repartidas en todas las áreas de la casa”, a nueve: una para él, dos para el departamento de Relaciones Internacionales, otras dos para el de la Unidad Técnica de Protección Radiológica, tres para los transportistas que se encargan de la retirada de residuos y otra “no nominativa, custodiada por la Dirección Financiera y que solo puede utilizarse en casos puntuales debidamente justificados”.

Gil-Ortega también alude a la carta que remitió en septiembre a la secretaria de Estado de Hacienda, Marta Fernández Currás, “en la que solicito la rápida respuesta en cuanto a la contratación del personal necesario para el proyecto ATC” (27 personas). “De todos es de sobra conocido el problema de falta de personal que desde hace muchos meses arrastra esta casa. 17 de esos puestos de trabajo están directamente relacionados con el ATC” y los otros 11 “corresponden a las diferentes áreas de la casa”. “Huelga decir que carece de sentido pedir contrataciones a dedo en un documento oficial”, argumenta.

“Sé que la ilusión con la que trabajáis en los proyectos de Enresa se ha visto mermada debido a las dificultades que estamos viviendo en estos momentos, pero también sé que una empresa con profesionales de vuestra categoría siempre se mantendrá en pie gracias al trabajo diario de todos y cada uno de vosotros”, concluye Gil-Ortega, que se compromete a hacer todo lo que esté en su mano “para que todos los cometidos de Enresa salgan adelante. No os quepa duda”.

El Grupo Parlamentario Socialista ha planteado una batería de iniciativas en el Congreso tras las revelaciones de eldiario.es sobre la gestión del presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), el exalcalde de Ciudad Real y exsenador del PP Francisco Gil-Ortega.

Los socialistas registraron este miércoles una petición de comparecencia del ministro José Manuel Soria en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, “para dar explicaciones en relación con las informaciones aparecidas en eldiario.es sobre la auditoría interna realizada a Enresa de la que se desprende incumplimiento de contrato e irregularidades de gastos realizados por su presidente”. Enresa pertenece a la SEPI (20% del capital) y al organismo público Ciemat (adscrito a Economía), pero su tutela efectiva depende del ministro canario.

Isabel Rodríguez García, Alejandro Alonso y Luis Carlos Sahuquillo, diputados socialistas por Ciudad Real, Toledo y Cuenca, respectivamente, también han pedido al Ministerio diversa documentación: la auditoría realizada a Enresa con fecha 3 de junio sobre los gastos de representación de Gil-Ortega, adelantada por este diario; el informe interno del entonces responsable jurídico de Enresa “en el que se califican de enriquecimiento injusto los cobros que el presidente de ese organismo recibió” por “gastos que previamente habría cargado en su tarjeta de crédito”; “los contratos de personal realizados por Enresa vinculados al proyecto del ATC [Almacén Temporal Centralizado] en Villar de Cañas (Cuenca)”; la carta remitida por el presidente de Enresa a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos el pasado 24 de septiembre, en la que le solicita su visto bueno para contratar más personal; así como “documentación y contratos disponibles en relación con los gastos de Publicidad y Marketing de Enresa durante el año 2013”.

Los tres parlamentarios socialistas también han planteado doce preguntas relativas a este asunto para su contestación por escrito. Entre ellas, “qué decisiones adoptará el Gobierno en relación a Gil-Ortega” y si el Ejecutivo asume “su responsabilidad al haber nombrado como presidente de Enresa en un asunto tan sensible a una persona sin ninguna experiencia previa en el sector nuclear y cuyo mérito parece ser la vinculación de confianza con la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal”.

También piden al Gobierno que aclare si Gil-Ortega cobró “gastos que previamente había cargado a su tarjeta de crédito en concepto de viajes nacionales y al extranjero sin haber presentado la correspondiente factura” y si esto supuso “un incumplimiento de contrato”.

Además, preguntan por los motivos del cese del entonces responsable jurídico de Enresa y si “tiene alguna relación con el informe interno que realizó poniendo en duda la legalidad de alguno de los gastos de viajes, comidas o la necesidad de identificar comensales”.

También quieren saber “la relación de gastos de representación abonados en 2013 al presidente de Enresa”; cuál es su retribución oficial total, “tanto fija como variable”; “cuál es la relación y cuantía de los gastos en ”comida de empresa“, tanto del presidente de Enresa como del director de Comunicación”, el periodista Carlos Dávila; y si “es cierto que en el informe interno se hace constar gastos en bebidas alcohólicas (whiskys, gin tónic, y otros destilados) que estaban expresamente prohibidos”.

Los tres diputados manchegos también preguntan por la valoración del Gobierno sobre la inversión de Enresa en gastos de publicidad y marketing; cuántos contratos y de qué tipo se han realizado vinculados al proyecto ATC y si el Ejecutivo cree “necesario ampliar la plantilla por la vía que ha propuesto el presidente de Enresa a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos”. Asimismo, interrogan sobre los perfiles profesionales que necesita el futuro almacén nuclear y sus condiciones de contratación.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha cuestionado “la idoneidad del emplazamiento” del Almacén Temporal Centralizado (ATC) que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) promueve en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), en un informe en el que advierte de múltiples “carencias” en la documentación presentada por la empresa pública para la solicitud de la imprescindible autorización previa de la instalación por parte del organismo.

En el informe, un documento interno firmado por el director técnico de Seguridad Nuclear del regulador, Antonio Munuera, al que ha tenido acceso eldiario.es, el CSN remite a Enresa un extenso catálogo de “propuestas” e “iniciativas que pueden contribuir significativamente”, dice, a “resolver las dudas existentes sobre la idoneidad del emplazamiento del ATC”.

Entre otras cosas, el documento, remitido al director de la División Técnica de Enresa, Álvaro Rodríguez Beceiro, el 17 de septiembre, solicita “aclaraciones e información adicional” sobre 124 aspectos relacionados con la documentación de la solicitud de autorización previa del almacén de residuos nucleares de alta actividad: geología y geoquímica del terreno, geotecnia, prospección geofísica, sismología, hidrogeología, hidroquímica e hidrogeología superficial y meteorología. También adjunta 49 “propuestas de iniciativas” que “pueden contribuir significativamente a la valoración integrada de información y a resolver las dudas existentes sobre la idoneidad del emplazamiento”.

Las “deficiencias” detectadas en la documentación presentada por Enresa, que ya está embarcada en un rosario de licitaciones multimillonarias para acelerar la construcción del almacén, son múltiples.

En lo que respecta al área de “Geotecnia”, el director Técnico de Seguridad Nuclear del CSN advierte de que “la definición de las condiciones de cimentación de los diferentes edificios y servicios del ATC carecería de un conocimiento suficiente para garantizar el comportamiento seguro de los mismos”.

“No se ha hecho un análisis de sensibilidad correcto”

En lo referente a la posible inundación de las redes de transporte y comunicación, por ejemplo, “no se ha hecho un análisis de sensibilidad correcto”, señala. “En el estudio hidráulico se han observado deficiencias significativas tanto en los datos empleados como en las hipótesis realizadas para obtener los niveles de agua en la zona inundable que, en la mayoría de los casos, se refieren al empleo de valores o hipótesis no conservadoras cuya variación podría implicar niveles de inundación superiores a los calculados. Deben contemplarse otros parámetros más realistas”, añade.

En el apartado de “hidrología superficial y meteorología”, también critica que, para calcular la Precipitación Máxima Probable en el emplazamiento “se utilizan únicamente 5 tormentas, que se han seleccionando exclusivamente buscando las que dieron precipitaciones máximas elevadas, lo que podría excluir situaciones desfavorables de duraciones diferentes”. La normativa, recuerda, “recomienda trabajar si es posible con 24 tormentas y, si no es posible alcanzar este número, trasponiendo tormentas más alejadas”.

“En lo relativo a la inundación por falta de drenaje local, no se hace referencia a la necesidad de construir y mantener correctamente un sistema adecuado de drenaje de la parcela del ATC que impida su encharcamiento”. Respecto al sistema de alerta de inundación, “es necesario asegurarse” de que “no se producen problemas ante la presencia de algún fenómeno extraordinario. En los estudios realizados no se han encontrado referencias a la necesidad de contar con un sistema de alarma de lluvias o caudales extraordinarios que permitan poner en marcha los protocolos de emergencia con la máxima antelación”.

Un aspecto “de máxima importancia”

En el capítulo de “hidrogeología”, señala que “sin más información que la aportada es imposible establecer el funcionamiento hidrogeológico local”. También “impide establecer condiciones de borde que limiten las condiciones de flujo y que definan la zona de interacción del agua subterránea con la zona de ubicación de las instalaciones del ATC, aspecto de máxima importancia de cara a establecer la seguridad del emplazamiento en cuanto a su estabilidad (interacción agua/terreno) y en cuanto al hipotético transporte de contaminantes desde la instalación”.

Respecto al acuífero ubicado en el subsuelo del ATC, Enresa ha asegurado en sus análisis previos que “todo hace pensar que se trata de una formación acuífera superficial de poca entidad”. Sin embargo, el informe señala que “debe justificarse esta afirmación por cuanto una formación que aporta caudales de 12,5 l/s es muy relevante en el marco de un conjunto de materiales que se valora globalmente como de baja permeabilidad”.

También destaca que “el apartado de recopilación bibliográfica es insuficiente”: la unidad hidrogeológica y posterior masa de agua subterránea de Sierra de Altomira (donde se ubica Villar de Cañas) “han sido objeto de numerosos estudios hidrogeológicos desde los años 90, de los que no hay constancia que hayan sido consultados”.

En el apartado de “sismología”, subraya que, “en cuanto al potencial de fallas activas de la comarca, el que no estén en el catálogo QAFI [Base de Datos de Fallas Activas en el Cuaternario de la Península Ibérica] no significa que no existan fallas en el basamento con características similares a la de Escopete, que sí lo está”. “Que no se hayan publicado o no se observen evidencias de deformación reciente no significa que no sean potencialmente activas”.

También critica que “sólo se han tenido en cuenta las observaciones superficiales y de la geofísica, de escasa penetración desde un punto de vista de la sismicidad” para afirmar, como ha hecho Enresa, que “no existen estructuras potencialmente inestables por respuesta sísmica en el entorno del emplazamiento ni en sus alrededores”.

En lo referente a “Geología y Geoquímica”, advierte de que “faltan datos que permitan dilucidar la interpretación cartográfica y el sentido de movimiento de las fallas” en el emplazamiento y dice que “debe explicarse la relevancia” de una “importante falla” del anticlinal de Zafra de Záncara, a unos 16 kilómetros del emplazamiento.

El CSN solicita tres informes que “deberán contener evidencias y demostrar”, entre otros aspectos, la “estabilidad y competencia del terreno de cimentación, acotando los posibles riesgos de colapso”; un análisis más profundo del comportamiento de las áreas subterráneas; y “una ampliación de los estudios geofísicos destinados básicamente a descartar la presencia actual de oquedades en el terreno”.

Decisión política y calendario en contra

A lo largo de sus 32 páginas, el documento viene a poner en entredicho la decisión política, atribuida a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, de ubicar el ATC en esa localidad, la peor candidata de entre las finalistas a albergar la instalación desde el punto de vista geológico. Una decisión tomada por el Gobierno en tiempo récord (menos de diez días), tras dos décadas de retrasos, y que afecta a una infraestructura vital para garantizar la seguridad de los residuos nucleares, que no ha venido precedida de la misma celeridad para materializar el proyecto.

El presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, un expolítico sin experiencia previa en el sector nuclear, planteó en una carta remitida el 24 de septiembre al Ministerio de Hacienda su “extraordinaria preocupación” ante “cualquier circunstancia” que pueda “comportar una dilación en los plazos previstos para la puesta en marcha” del ATC.

La “primera” de esas circunstancias, decía, es la autorización de un polémico proceso de contratación de personal que, tal y como publicó el diario.es, abre la puerta a la colocación a dedo de 28 personas; pero son los requerimientos del CSN, subrayan fuentes del sector nuclear, los que deberían inquietar a Gil-Ortega.

El tiempo corre en su contra, ya que en junio de 2017 deberían volver los residuos de Vandellòs II que actualmente se almacenan en Francia y que, de quedarse allí pasada esa fecha límite, exigirían el pago de importantes penalizaciones por parte del Estado español. La otra derivada, aparte de un retraso cada vez más probable, es el incremento de costes de una instalación cuyo presupuesto ronda actualmente los 1.000 millones de euros, la mayor obra pública de esta legislatura. Y ante el temor a que no se cumplan los plazos, prácticamente todas las centrales nucleares (sólo falta Cofrentes) tienen o proyectan ya almacenes independientes para poder custodiar sus residuos, ante el previsible llenado de sus piscinas.

La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha señalado la falta de colaboración con la justicia del partido de María Dolores de Cospedal indicando el caso del recurso rechazado por el gerente regional del partido, José Ángel Cañas, imputado por los papeles de Bárcenas, por el que pedía al juez que considerase que el PP había aportado la documentación referente a las obras pagadas en dinero 'negro de la sede de Génova voluntariamente, a pesar de que tuvo que ser la Policía la que incautara 4.500 folios de la sede de Génova que el PP no quiso entregar.

“El mismo gerente que está imputado por este juez por firmar el recibí que Bárcenas aportó en la Audiencia Nacional para denunciar esa presunta mordida de 200.000 euros para la campaña electoral de Cospedal de 2007. Es lamentable que la presidenta y secretaria general del PP en vez de dar explicaciones, maniobre de esta manera a través de su gerente mientras dice que el PP ya ha hecho todo lo que podía contra la corrupción”.

“Todas las semanas, Castilla-La Mancha esté en el foco de los escándalos de corrupción nacionales”. Maestre se refería a los numerosos entramados que han tocado recientemente a la región como dichos papeles de Bárcenas y similares, o tramas que siendo a nivel nacional han acabado teniendo una ramificación también en Castilla-La Mancha. Refiriéndose al recurso de Cañas, ha señalado que “es vergonzoso que Cospedal use al gerente del PP regional para tratar de ocultar que el juez tuvo que registrar e incautarse de más de 5.000 folios de la sede del PP porque ni el partido ni ella en concreto están colaborando con la justicia”.

Además Maestre ha pedido al Ministro de Industria “que tome medidas inmediatas” aprovechando que visita Guadalajara el miércoles 5 sobre el presidente de Enresa, el que fuera alcalde de Ciudad Real Francisco Gil-Ortega. La empresa pública Enresa es la encargada de construir el Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas, una obra millonaria, y Gil-Ortega, según una auditoria interna de la empresa, no justificó el 83% de los gastos de representación, comidas y protocolo que cargó a la empresa. Unos gastos que contemplan por ejemplo comidas por encima de 15.000 euros al año pagados con dinero público.

Según Maestre “ya empezamos a entender por qué quiere construir el ATC en Castilla-La Mancha. Por estas cosas, y por las adjudicaciones que ya se han llevado empresas en cuyos consejos de administración está gente tan cercana a Cospedal como su marido”.

El presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Francisco Gil-Ortega, y su director de Comunicación, el periodista Carlos Dávila, gastaron por cuenta de esa sociedad pública 15.836 euros en 105 “comidas de empresa” en 2013, a una media de 150,8 euros por cada una de ellas. La cifra representa el 54% del gasto total de los trece miembros de la cúpula directiva por este concepto, que fue de 28.800 euros en un total de 235 eventos.

Gil-Ortega cargó a la empresa pública 9.388,71 euros en 65 “eventos”, a una media de 144 euros por cada uno de ellos, mientras que el exdirector de La Gaceta, nombrado director de Comunicación de Enresa hace dos años, cargó 6.447,33 euros en otras 50 comidas, a una media de 128,9 euros por cada una de ellas.

El desglose de gastos consta en una auditoría interna sobre los gastos de representación de Enresa en 2013 a la que ha tenido acceso eldiario.es, que apreció “incidencias reseñables” en la justificación de los gastos de tres de los trece directores de la empresa por no indicar la identidad de los comensales invitados a esos eventos, como establece la normativa interna de la empresa.

Una de esas personas, dice el documento, “no hace constar identidad alguna de los comensales en el 83% de los casos”; otra “hace referencia al Centro Directivo o Institución, sin concretar nada respecto al cargo o persona del mismo, en el 73% de los casos”; y otra “señala sólo el nombre y apellidos, sin referencia a su posición profesional, en el 72% de los eventos”. Los directivos no están identificados, “dada la particularidad del contenido del informe”.

Este destaca que, pese a que “las normas internas de Enresa no contemplan el supuesto de la falta de factura” para reembolsar los gastos, “se han observado cinco supuestos” en los que “en la liquidación del gasto en cuestión, no existe más justificante que el resguardo de pago de la tarjeta VISA, nada más. Ni siquiera memoria justificativa o explicativa de las causas”, que “hubiera dado apariencia de formalidad” a la operación.

En las comidas de empresa en las que estaban identificados los comensales, se sobrepasó la cuantía máxima por persona que fija Enresa (50 euros) en 38 de ellas. Siete de las trece personas del equipo directivo no sobrepasaron nunca ese límite y “de las seis restantes, en la media en que puede calcularse por haber factura, lo han sobrepasado en un 9, 16, 18, 20 y 33% de los eventos”. Además, “doce de esas treinta y seis facturas (31,6%) corresponden a la misma persona”, que también presentó “las de mayor desviación” con respecto a ese tope.

“Wiskis, gin tonics y otros destilados”

Respecto a la naturaleza de los gastos, el informe da cuenta de “supuestos puntuales” en los que “las bebidas alcohólicas como wiskis, gin tonics, y otros destilados”, fueron incluidos como “gastos del evento” pese a estar “expresamente prohibido en las normas internas”. En otro caso, se incluyó el concepto de “regalos o 'cortesía' como dice la justificación del mismo, consistente en tres botellas de vino, por un importe de 82,50 €. Tendría que definirse la política de la empresa respecto de los mismos”.

En total, a la cuenta contable “Comidas de empresa” de Enresa se cargaron en 2013 un total de 82.019,89 euros: los citados 28.800,04 euros de los 235 eventos de los directores y otros 53.219,85 euros correspondientes a 342 comidas “institucionales” de empresa. De las 90 que correspondieron a la Dirección de Administración (como unidad que propuso el gasto), 18 fueron comidas en establecimientos hoteleros, de las que once (cuyo importe no se especifica) fueron “comidas de conductores acompañando al Presidente”.

En sus conclusiones, la auditoría concluye que “la inadecuada justificación del gasto” supone “un incumplimiento de normas o instrucciones de procedimiento” de la empresa; subraya “que en este tipo de gastos hay que dejar constancia de su razón de ser, si no explicitando su causa, al menos dejándola implícitamente mediante la indicación de los partícipes del evento. Ese conocimiento, por obvio, debe presuponerse en los directivos”. “En relación a las cuantías medias por persona, además de los establecidos en la empresa, está el tope que indica la buena administración de los caudales públicos”, recuerda.

Descontrol de gasto en el área de Comunicación

“En general, no hay criterios definidos unívocos de imputación de los gastos, y cuando los hay, no se aplican en todos los casos, lo que conduce a una dispersión de los mismos y a no saber cuál es el coste de los distintos servicios de la empresa. A título de ejemplo, gastos de comunicación, de naturaleza análoga”, si no “idéntica, son imputados a siete grupos distintos, sin que se acierte a encontrar justificación al respecto”, añade el informe, que concluye que, al efecto de “verificar la adecuada justificación de los gastos de representación en cuanto a su naturaleza y finalidad”, como recomienda la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista de Enresa con el 20%, “esta dirección entiende que no hacen falta juicios de valor, los hechos son significativos por sí mismos”.

Sobre la “racionalidad” de esos gastos, el informe tampoco “quiere hacer juicios de valor” pero aporta “un dato”: los gastos de publicidad y marketing, que en una empresa monopolística (como Enresa) son “de un máximo del 0,25%” de la cifra de ventas, ascendieron a 554.243,27 euros, lo que representaría el 1,45% de los ingresos anuales de Enresa, “casi seis veces mayor a ese máximo”.

El informe contiene una “referencia puntual” a los gastos soportados por la Fundación Enresa, relativos a la celebración, en julio de 2013, de un curso sobre Residuos Radiactivos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. “El gasto correspondiente al convenio con la propia universidad, para la celebración de dicho curso, cuyo importe fue de 32.305,38 €, fue soportado por la Fundación de Enresa, como contraparte de dicho convenio. No se entiende muy bien que del mismo evento unos gastos los soporte la fundación y otros análogos, la empresa”, señala.

La auditoría, que tiene fecha 3 de junio, es la misma que reveló que Gil-Ortega había cobrado gastos cargados previamente a su tarjeta de empresa en viajes “tanto nacionales como al extranjero” sin presentar las correspondientes facturas, tal y como adelantó eldiario.es.

Una conducta que implicó un incumplimiento de su contrato y que fue calificada a la postre por el entonces máximo responsable jurídico (despedido poco después) de posible “enriquecimiento injusto” por la “incompatibilidad” entre la percepción de esos gastos de bolsillo y el cobro de dietas. Enresa asegura que desde julio ha eliminado los denominados “gastos de bolsillo” para el presidente y los directivos.

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) eliminó el pasado 22 de julio los “gastos de bolsillo” para su presidente, Francisco Gil-Ortega, y otros directivos, tras el informe de los Servicios Jurídicos adelantado este lunes por eldiario.es que alertó de que el máximo responsable de la empresa podía estar incurriendo en un “enriquecimiento injusto”, dada la “incompatibilidad” entre el cobro de dietas por parte de Gil-Ortega y el abono de esos gastos.

Enresa da cuenta de esa medida en una nota de “réplica” remitida a eldiario.es y firmada por la dirección de Comunicación de Enresa, que encabeza el periodista Carlos Dávila, exdirector de La Gaceta. La empresa no quiso hacer comentarios el viernes sobre los informes en los que el entonces máximo responsable jurídico, Jesús Moreno (despedido poco después) cuestionaba los pagos a Gil-Ortega.

“Todos los gastos satisfechos con cargo a la tarjeta de empresa de Don Francisco Gil-Ortega, presidente de Enresa, están perfectamente justificados y documentados”, dice la nota. Además, “todos los gastos de dicha tarjeta se han realizado en interés exclusivo de las actividades de la empresa”.

Este diario ha publicado hoy que el directivo cobró gastos cargados previamente a su Visa en viajes “tanto nacionales como al extranjero” sin presentar las correspondientes facturas, una conducta detectada en una auditoría de los gastos de viajes del presidente en el ejercicio 2013 y que, tal y como advirtió el entonces máximo responsable jurídico de la empresa, supuso un incumplimiento de su contrato.

La nota de Enresa añade que “los gastos de bolsillo percibidos por los directivos sujetos al Real Decreto 451/2012 de 5 de marzo se han venido pagando con fundamento” en un informe de los servicios jurídicos de 5 de diciembre de 2012. Y concluye que “en ningún caso las cantidades han supuesto rebasar las retribuciones fijadas” en ese decreto, que “se ha cumplido en sus estrictos términos”.

El presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Francisco Gil-Ortega, cobró de la empresa pública gastos cargados previamente a su tarjeta de crédito Visa en viajes “tanto nacionales como al extranjero” sin presentar las correspondientes facturas, una conducta que supuso un incumplimiento de su contrato y que el entonces máximo responsable jurídico de la compañía, Jesús Moreno, calificó de posible “enriquecimiento injusto” en un informe interno al que ha tenido acceso eldiario.es.

Tras redactar ese informe el 15 de julio, que avisaba de la “incompatibilidad” entre el cobro de dietas por parte de Gil-Ortega y el abono de esos gastos, Moreno, que en ese momento era uno de los siete miembros del Comité de Dirección de Enresa, fue destituido de forma fulminante.

Gil-Ortega, que fue alcalde de Ciudad Real, senador y vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, es una persona que carecía de experiencia en el sector nuclear en el momento de su designación. Fue nombrado en junio de 2012 al frente de Enresa, que actualmente promueve a contrarreloj la mayor obra pública de la presente legislatura, el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad de Villar de Cañas (Cuenca).

Es también alguien de la máxima confianza de la presidenta castellano-manchega y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

El documento de Moreno, entonces secretario general y del Consejo de Administración de Enresa y máximo responsable de las direcciones del Servicio Jurídico y Recursos Humanos, fue remitido al director financiero de la empresa, Enrique Cerezo, que le había reclamado un informe jurídico después de que la dirección de Auditoría Interna de Enresa introdujera el 3 de junio una “observación” a su análisis sobre los “gastos de representación” abonados en 2013 a Gil-Ortega.

“Se ha puesto de manifiesto que al Presidente de la empresa se le abonan gastos de bolsillo por los viajes que realizó tanto nacionales como al extranjero”, unos “pagos en especie” de los que, avisaba, el político del PP estaba “excluido, de acuerdo con la normativa vigente”, señaló esa auditoría, que planteó “la duda razonable de si la percepción de ese concepto ha de computarse o no para el importe máximo de retribuciones” que establece la legislación para los directivos de empresas públicas: “Dicho abono está sujeto, como los conceptos retributivos, al IRPF, por lo que su percepción podría conculcar dicho precepto por lo que a importes máximos se refiere”.

La retribución de Gil-Ortega, que no es pública, ronda los 105.000 euros brutos anuales que fija como límite máximo un real decreto de 2012.

El 23 de junio, Jesús Moreno informa al director financiero de la empresa pública de que prepara un informe “sobre la necesidad de identificación de los comensales y/o la motivación o finalidad de las comidas en las facturas de dichos gastos de representación” presentadas por Gil-Ortega, así como la “consistencia y consecuencias de los reintegros de los gastos de representación en los casos que se acredita (se entiende el gasto) sólo a través del resguardo de la tarjeta de crédito VISA”.

Entonces, Moreno ya recuerda que la Ley General Tributaria señala “de forma categórica” que “los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justificarse, de forma prioritaria, mediante la factura entregada”, algo que Gil-Ortega no hizo.

“En caso de no acreditar el gasto contable de compra mediante la correspondiente factura, sino mediante un simple documento de entrega de la mercancía (resguardo VISA) o una fotocopia del correspondiente medio de pago, le corresponderá al sujeto pasivo justificar la no tenencia y conservación de la factura que respalde la correspondiente operación de compra, y la realidad de la operación”.

Gasto “improcedente” y “de difícil justificación”

Moreno, que entendió que ese gasto no era deducible “por improcedente”, añadía que, “dejando de lado el tratamiento fiscal de los gastos de difícil justificación, si se tratara de una mera liberalidad de la empresa o de un gasto en beneficio exclusivo de la persona que ha realizado el gasto, no de la empresa, debería tener el oportuno tratamiento como remuneración del perceptor”. “Cuestión distinta sería que el gasto no estuviera autorizado, ni fuera autorizable, en ningún caso y se hubiera realizado en beneficio exclusivo del perceptor [Gil-Ortega]. En tal caso a nuestro juicio daría lugar a su reintegro so pena de incurrir en un alcance de caudales” en Enresa.

“Para deducir facturas de gastos por comidas hay que contabilizarlo y justificar en alguna medida la vinculación real con la empresa”, resumía Moreno: “Se impone por tanto diligencia –si se quiere que la factura sea deducible– de explicitar al dorso de la factura datos que permitan valorar la utilidad de la misma”.

En su informe final, Moreno acabó concluyendo que “la asignación de gastos de bolsillo no ha de computarse a los efectos del importe máximo de retribuciones” que fija la ley, si bien advirtió de que “existe incompatibilidad entre la percepción de dietas (gastos de bolsillo) y el abono de los gastos en que incurra el máximo responsable” de la empresa “por cuenta de la sociedad para el desempeño de sus funciones”. En el caso de que esos pagos “compensen un mismo concepto”, se estaría “originando un enriquecimiento injusto excepto que se consideren tales como una remuneración o liberalidad”, advertía.

El entonces secretario del consejo, que poco después de redactar su informe fue cesado y sustituido en septiembre por otra abogada del Estado, Fabiola Gallego, consideró “especialmente relevante” lo recogido en el punto IV (retribución total a percibir) del contrato firmado el 9 de octubre de 2012 entre Gil-Ortega y Enresa.

“Literalmente”, ese contrato dispone que “todas aquellas cantidades o gastos, en concepto de dietas, desplazamientos y demás análogos, en que incurra por cuenta de la sociedad para el desempeño de sus funciones” le serán abonados “contra la presentación de las correspondientes facturas”. De lo contrario, “el tratamiento de los gastos como remuneración requeriría el adecuado soporte jurídico que lo reconozca a través de la novación del contrato”, advirtió.

Enresa no ha querido hacer ningún comentario sobre estos informes, que ponen en tela de juicio la legalidad de las retribuciones de su máximo responsable.

El Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha presentado las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado de 2015 para la región y, si bien se produce un incremento respecto del año anterior de un 1% más, llegando a los 570,51 millones, lo cierto es que todavía está lejos de recuperar el nivel de 2012, con 855,4 millones. Es decir en 2015 habrá para Castilla-La Mancha un 33% menos que en 2012.

Como el que no se consuela es porque no quiere, Labrador destaca que en euros por habitante la Comunidad supera la media, con 274,70 euros frente a 209 euros durante el 2014, un 14% más que el año pasado y un 13,38% más respecto a la media nacional. Las partidas de Fomento y Agricultura son las carteras más destacadas. La inversión de Fomento destinará 299 millones de euros a la región, un incremento del 2,2% en relación a 2014, y en carreteras se destinarán 210 millones. Cabe destacar que 2,5 millones se utilizarán para la compensación de la autopista AP-41 entre Madrid y Toledo, según la decisión del Tribunal Supremo en el 2011.

Por su parte, Agricultura destinará en Castilla-La Mancha 94,16 millones de euros, que se repartirán principalmente a las Confederaciones Hidrográficas de la región, que llegan a recibir un 250% más en relación al 2014, como es el caso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La Confederación del Tajo dispondrá de 18 millones de euros para los proyectos desde Aranjuez hasta Toledo. Estas inversiones han sido calificadas por Jesús Labrador, el delegado de Gobierno en Castilla-La Mancha, como unas partidas que “afianzan la recuperación de la economía y la creación de empleo”, además de ser “coherentes con las políticas que ha llevado a cabo el Gobierno”.

El proyecto más destacado sin embargo es, un año más, el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad que se prevé construir en Cuenca, y sus instalaciones accesorias, al que se destinan 190 millones de euros. El 4 de septiembre, la Empresa Nacional de Residuos, Enresa, aprobó los pliegos que sacaban a concurso la obra civil principal del ATC, a pesar de que las autorizaciones necesarias siguen sin concretarse, y una decisión negativa obligaría, eventualmente, a indemnizar al adjudicatario con hasta un 6% del presupuesto de licitación. La duración de la obra principal se ha planteado por una duración aproximada de 58 meses desde que se firma el acta de inicio y comprobación del replanteo, siempre que se obtenga la licencia municipal de obras y la autorización previa y de construcción del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Castilla y León con una inversión de 1.744,26 millones (15,5% del total), Galicia con 1.385,78 millones (12,3%) y Cataluña, donde el Estado invertirá en 2015 1.072,29 millones, un 9,5% del total, son las comunidades que más fondos recibirán del Estado. Castilla-La Mancha se lleva tan sólo el 5,1% del total de la inversión estatal, lejos de las comunidades más beneficiadas.

En la última visita oficial de María Dolores de Cospedal y su equipo a las obras del laboratorio y el vivero de empresas asociados al Almacén Temporal Centralizado de residuos de alta actividad (ATC), la Plataforma en Contra del Cementerio Nuclear y el PSOE de Cuenca criticaron que se presentase como un proyecto avanzado cuando las citadas instalaciones no forman parte estricta del ATC y éste continúa tramitando sus autorizaciones ante el Ministerio de Industria y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

A 4 de septiembre, la Empresa Nacional de Residuos, Enresa, ha aprobado los pliegos para sacar a concurso la ‘obra civil principal’ del ATC, mientras las autorizaciones necesarias siguen sin concretarse, por lo que una eventual decisión negativa obligaría a indemnizar al adjudicatario con hasta un 6 % del presupuesto de licitación, tal como regula la normativa de contratos del sector público.

Los datos publicados por la empresa apuntan a un presupuesto máximo de licitación de 217'7 millones de euros, con un plazo para presentar ofertas hasta el 27 de octubre de este año. No sólo la ‘obra civil principal’ entra dentro del concurso, sino también las instalaciones auxiliares necesarias para el proyecto, con excepción del edificio de oficinas. Entre ellas se cuentan la recepción de residuos, los módulos de almacenamiento, el laboratorio de combustible gastado y residuos radioactivos, entre muchas otras.

La duración de la obra principal se ha planteado por una duración aproximada de 58 meses desde que se firma el acta de inicio y comprobación del replanteo, siempre que se obtenga la licencia municipal de obras y la Autorización previa y de construcción del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

El CSN, órgano regulador encargado de la supervisión de este tipo de instalaciones, adjudicó a finales de julio la contratación de una asesoría externa para evaluar la idoneidad del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado, con una labor prevista para un año. Sin embargo, Enresa prevé según una nota de prensa que la formalización del contrato del ATC se realizará el 1 de febrero de 2015, es decir apenas 7 meses desde que se adjudicase la realización de los estudios necesarios para la “evaluación e inspección de los estudios de emplazamiento de la Solicitud de Autorización Previa y de Construcción del ATC”.

Por su parte, organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace o SEO/BirdLife han criticado el anuncio de Enresa, pidiendo diálogo con la ciudadanía a lo largo del proceso, ya que las alrededor de 2.600 alegaciones presentadas tampoco han recibido respuesta por parte de Enresa. Estas decisiones, según ha declarado Paco Castejón de Ecologistas en Acción a Europa Press, son el “cúmulo de desatinos” que han marcado el proyecto entero del “Cementerio Nuclear”, y persiste en afirmar que la elección de Villar de Cañas como emplazamiento del ATC se debe a “motivaciones políticas” y no técnicas.

La Plataforma en Contra del Cementerio Nuclear viene denunciando que se ha creado una “red clientelar” alrededor del proyecto, formada por la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Mª Dolores de Cospedal, su marido Ignacio López del Hierro por su participación en una de las empresas beneficiarias de adjudicaciones del ATC y el político “popular” Francisco Gil-Ortega, actual director de Enresa, y de la máxima confianza de Cospedal.

Francisco Gil Ortega no coincide con la visión de la Plataforma ciudadana en contra del llamado Cementerio Nuclear, que aseguró, en el momento de registrar las más de 2.500 alegaciones en la Delegación de Gobierno de Cuenca, que se trataba de una muestra clara del rechazo ciudadano al anunciado proyecto del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas. El presidente de Enresa, por su parte, asegura que esta es una cifra “no excesiva”, además de que muchas de las alegaciones están repetidas“, lo que le ha dado pie a señalar que el 99,9% de la población comparte un proyecto que ha definido ”de Estado“.

Gil Ortega ha señalado además que el Consejo de Administración de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos aprobará el próximo lunes 28 de julio el pliego de condiciones que se destinará a la obra principal del ATC, entre lo que se cuentan las ingenierías, o los proyectos de vigilancia y control, entre otros, por un importe de 300 millones de euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta septiembre, y las adjudicaciones tendrán lugar en diciembre, según lo que ha detallado. Así, la empresa calcula que tendrá la autorización previa de construcción en febrero o en marzo del año que viene, y la definitiva en septiembre del mismo para comenzar las obras de la parte nuclear del proyecto.

Además de esto, Gil Ortega ha rechazado las críticas de grupos entre los que se encuentran Izquierda Unida o la Plataforma en contra del Cementerio Nuclear, sobre breve del plazo que se presentó para estudiar el texto de evaluación ambiental, acerca del cual se presentaron las alegaciones, recientemente. “”Hemos respetado el plazo reglamentario e incluso hemos esperado algún día más“, ha afirmado el presidente. Además, ha recordado incluso que no hay ninguna alegación de algún ayuntamiento, convencido de que esto es una muestra que la sociedad española y castellanomanchega cree que el ”ATC es necesario“.

Por su parte, en el momento de presentar las 2.500 alegaciones, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca señaló que la campaña de recogida de alegaciones se podía considerar como un éxito, además de desmentir el argumento de consenso social que tanto se ha promovido desde el Gobierno regional y desde los encargados de Enresa. Además, los portavoces del movimiento ciudadano aseguraron que la sociedad regional es consciente de que el Gobierno ha intentado confundir la opinión pública, asegurando que las obras están iniciadas, a pesar de no estar concedidos los permisos pertinentes.