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Enresa fulminó a su jefe jurídico tres días después de que cuestionase los pagos al presidente

El directivo advirtió al presidente, Gil-Ortega, de que sus ceses como secretario general y del consejo eran "ilegales a todos los efectos"

También le comunicó que no asistiría al Comité de Adjudicaciones que preparaba la licitación de la obra principal del ATC, la mayor obra pública de este año

"Hago reserva expresa de las acciones judiciales que en derecho me asisten, y ante todas las jurisdicciones", avisó en su despedida

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Francisco Gil-Ortega y María Dolores de Cospedal, en una visita a las obras del futuro ATC. Foto: Enresa

Francisco Gil-Ortega y María Dolores de Cospedal, en una visita a las obras del futuro ATC. Foto: Enresa

Tres días. Es lo que tardó la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en destituir a su hasta entonces máximo responsable jurídico, Jesús Moreno, después de que el directivo avisara en un informe interno del 15 de julio del posible "enriquecimiento injusto" en el que había incurrido el presidente, Francisco Gil-Ortega,  por el cobro de gastos de viaje cargados a su tarjeta de crédito que no había justificado con las correspondientes facturas.

La destitución de Moreno fue comunicada al interesado por el presidente de la empresa el 18 de julio, coincidiendo con los trabajos de Enresa para sacar a concurso antes de las vacaciones de agosto el mayor contrato licitado hasta ahora para construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), el proyecto más importante de la historia de Enresa.

Así se recoge en una carta remitida el 21 de julio por Moreno a Gil-Ortega, que da idea del desencuentro existente entre ambos. En ella, el primero le indica que toma conocimiento de "sus escritos de fecha 18 de julio de 2014 por los que decide de forma sorpresiva e injustificada mi cese como Secretario General de la empresa desde ese día, y desde el 28 de julio como Secretario del Consejo de Administración", e insta a Gil-Ortega a dirigirle "de forma escrita" a partir de entonces "todas las instrucciones que en adelante necesite".

En esa nota, a la que ha tenido acceso eldiario.es, Moreno avisó al exalcalde de Ciudad Real y exsenador del PP de que sus destituciones eran a su juicio "ilegales a todos los efectos" y amenazó incluso con acudir a los tribunales. "Hago reserva expresa de las acciones judiciales que en derecho me asisten, y ante todas las jurisdicciones, en defensa de mis intereses si ello fuera preciso", dice en la misiva.

Contrato de 263,5 millones de euros

Moreno informó a Gil-Ortega de que seguiría ejerciendo sus funciones de asesoramiento legal hasta su cese efectivo, "y más dado el importante momento en que se encuentra la empresa", pero que, "para evitar tensiones innecesarias hasta el día 28 próximo no asistiré, salvo instrucciones en contra expresas suyas, al Comité de Adjudicaciones del día 21", destinado a preparar la licitación de la obra principal del ATC. Este contrato, que asciende a 263,5 millones de euros (impuestos excluidos), es la mayor obra pública que ha salido a concurso este año en España.

Enresa decidió ponerla en marcha en julio, pese a que ya en septiembre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) advirtió a la empresa de múltiples "deficiencias" en la documentación presentada al regulador atómico para obtener su visto bueno al proyecto, sobre cuyo emplazamiento, tal y como adelantó eldiario.es la semana pasada, el organismo ha expresado "dudas", aspecto del que los críticos con el proyecto llevan tiempo advirtiendo.

En su informe del 15 de julio, Moreno también advirtió de la "incompatibilidad" entre el abono de esos gastos a Gil-Ortega y la percepción de dietas por parte del expolítico, por suponer un incumplimiento del contrato que había firmado con Enresa a finales de 2012.

Moreno, cuyo puesto en Enresa ocupa desde septiembre otra abogada del Estado, Fabiola Caballero, se incorporó el mes pasado a otra empresa de la órbita de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Defex, también como secretario del Consejo y director de los Servicios Jurídicos.

Se trata de un destino incómodo, ya que Defex, dedicada a fomentar la exportación de armamento y de la que la SEPI tiene un 51%, es objeto de una investigación del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por una operación fraudulenta de venta de material policial a Angola por importe de 152,9 millones de euros.

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