El presidente de Enresa dimite tras las dudas sobre el almacén nuclear
El presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Francisco Gil-Ortega, ha comunicado su dimisión al organismo y al Ministerio de Industria. Aunque Gil-Ortega ha argumentado su decisión por “razones personales”, la dimisión se produce poco después de la destitución del director de Administración de Enresa, adelantada por eldiario.es el mes pasado.
Fuentes internas relacionaban la salida del presidente de Enresa con las prisas de Gil-Ortega por dar luz verde a la obra civil del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos en Villar de Cañas (Cuenca), un contrato por valor de 263,5 millones de euros al que optaban, entre otras, la constructora ACS. La dimisión, avanzada por Vozpópuli, que la vincula con una decisión de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se hará efectiva una vez pase el plazo de preaviso dispuesto en el contrato mercantil, según Europa Press.
Tras su nombramiento, la primera acción de Francisco Gil-Ortega fue presentar oficialmente el proyecto del ATC en Villar de Cañas, ubicación elegida por el Gobierno del PP una semana después de llegar al poder, en una decisión política atribuida a la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal (la localidad conquense era la peor candidata desde el punto de vista geológico).
Precisamente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cuestionó en noviembre “la idoneidad del emplazamiento” del Almacén Temporal Centralizado en un informe, adelantado por eldiario.es, en el que advertía de múltiples “carencias” en la documentación presentada por la empresa pública para la solicitud de la imprescindible autorización previa de la instalación por parte del organismo.
Las “deficiencias” detectadas en la documentación presentada por Enresa, que ya estaba embarcada en un rosario de licitaciones multimillonarias para acelerar la construcción del almacén, eran múltiples. En el informe, un documento interno firmado por el director técnico de Seguridad Nuclear del regulador, Antonio Munuera, el CSN remitió a Enresa un extenso catálogo de “propuestas” e “iniciativas que pueden contribuir significativamente”, dice, a “resolver las dudas existentes sobre la idoneidad del emplazamiento del ATC”.
A pesar del rechazo que el ATC generó entre plataformas ecologistas y ciudadanas, Gil-Ortega afirmó ante EFE que el conflicto político era “más duro” que el rechazo social y que se “estaba logrando quitar la razón a los más críticos”. El PSOE ha exigido la paralización de las obras, dado que el CSN todavía no ha dado su visto bueno a la infraestructura, que también requiere la luz verde del Ministerio de Agricultura a través de la preceptiva declaración de impacto ambiental.
Gastos sin justificar
Por otro lado, tal y como informó este diario, una auditoría interna destapó que Gil-Ortega cobró de la empresa pública gastos cargados previamente a su tarjeta de crédito Visa en viajes “tanto nacionales como al extranjero” sin presentar las correspondientes facturas, una conducta que supuso un incumplimiento de su contrato y que el entonces máximo responsable jurídico de la compañía, Jesús Moreno, calificó de posible “enriquecimiento injusto” en un informe interno que desveló eldiario.es.
Tras redactar ese informe el 15 de julio, que avisaba de la “incompatibilidad” entre el cobro de dietas por parte de Gil-Ortega y el abono de esos gastos, Moreno, que en ese momento era uno de los siete miembros del Comité de Dirección de Enresa, fue destituido de forma fulminante.
Gil-Ortega, que fue alcalde de Ciudad Real, senador y vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, es una persona que carecía de experiencia en el sector nuclear en el momento de su designación. Fue nombrado en junio de 2012 al frente de Enresa, que promueve contra reloj el ATC, la mayor obra pública de la presente legislatura. Tras el escándalo sobre sus gastos, los grupos de la oposición han planteado una batería de preguntas sobre este asunto y su gestión del ATC. De momento, el Gobierno no ha contestado ninguna.
