La Fiscalía archiva la investigación penal por irregularidades en los accesos al chalé de Xabi Alonso en Donostia

El lunes 12 de enero, el mismo día en que el Real Madrid comunicó a Xabi Alonso su destitución como entrenador del equipo masculino de fútbol, la fiscal de Donostia Lorena Arocena estampó su firma en una resolución de archivo de las diligencias de investigación abiertas en junio del pasado año a raíz de una denuncia de Haritzalde Naturzaleen Elkartea y Ekologistak Martxan por presuntas irregularidades en los accesos a su chalé, ubicado en la zona de Txalin, en Igeldo.

En el escrito que pone fin de las actuaciones, al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía apunta que no se ha apreciado en el Ayuntamiento de Donostia una intención deliberada de bordear la ley, algo esencial para poder probar un delito de prevaricación. Y añade que la jurisdicción penal no puede ser el ámbito para resolver cuestiones de tipo administrativo o urbanístico.

La gran casa del exentrenador del Real Madrid, guipuzcoano de origen, está gestionada a través de una sociedad mercantil llamada Tavaro XXI y ya fue considerada ilegal en un proceso contencioso-administrativo en el que se han sucedido los recursos y sobre el que aún no hay una resolución firme, según el entorno del preparador, que busca evitar la demolición. Además, en los últimos años han ido abriéndose actuaciones penales paralelas. En este caso, los colectivos ecologistas acudieron a la Fiscalía al entender que el Ayuntamiento había hecho dejación de sus funciones al no impedir el uso de unos accesos que no eran de dominio público. El ministerio fiscal, en cambio, no ve indicios de delito y no elevará el asunto a instrucción.

La denuncia penal recordaba como antecedente precisamente que la casa de Alonso y su pareja, Nagore Aranburu, que recibió licencia urbanística en 2018, ya fue considerada ilegal. En aplicación de la ley vasca de 2006 no es posible una reconstrucción de un caserío tradicional sin respetar unos mínimos. En este caso, la casa se levantó a 8 kilómetros del emplazamiento original y con estilo moderno, es decir, sin la “tipología rural típica de la zona”. También se autorizó un sótano de 500 metros cuadrados, muy por encima de lo permitido.

Y se añadía como hechos nuevos una presunta ilegalidad urbanística adicional. Haritzalde Naturzaleen Elkartea y Ekologistak Martxan exponían que la vivienda de Txalin está cerca de un depósito de agua y que hay un camino desde allí hasta la carretera de Igeldo, una zona de curvas de unos 300 metros. Pero es una vía que “no es de uso público” y que por ello “estaba cerrado con una cadena”. Admitían que Tavaro XXI recibió una licencia temporal de uso del camino, cuya legalidad discuten igualmente, pero ponían el foco especialmente en que el plazo se había agotado en 2025, aunque seguía estando en uso como acceso. En octubre formularon una ampliación de la denuncia con más datos.

“La situación descrita —persistencia de un uso discutido del dominio público tras la expiración de una autorización, coexistente con la tramitación de un expediente de mutación demanial [para prorrogar la licencia]— se inscribe en el ámbito propio de la gestión administrativa del dominio público y de la interpretación de sus efectos jurídicos, sin que conste la concurrencia de elementos que permitan inferir una actuación dolosa, arbitraria o conscientemente injusta en los términos exigidos por el derecho penal”, argumenta la fiscal Arocena en el decreto de archivo. Y añade: “Desde la perspectiva estrictamente penal, los hechos descritos no evidencian, en el estado actual de la investigación, la concurrencia de elementos fácticos que permitan afirmar la existencia de una actuación penalmente relevante, entendida esta como una conducta dolosa, arbitraria y conscientemente contraria a la legalidad en los términos exigidos por la jurisprudencia penal”.

La Fiscalía no niega que pueda haber irregularidades con los accesos, pero entiende que existen otros foros diferentes a la vía penal para determinarlo. Una actuación administrativa “discutible” no es automáticamente “relevante” para ser un delito. “La mera persistencia de una situación administrativa controvertida, la existencia de interpretaciones jurídicas discrepantes o incluso la eventual irregularidad de determinadas decisiones administrativas no determinan, por sí solas, la apertura de la vía penal, que debe reservarse a los supuestos más graves y claramente delimitados”, sostiene Arocena.

En estos meses de investigación se ha solicitado un informe al Ayuntamiento. Fue “evacuado” justo unos días antes de la salida de Eneko Goia, el anterior alcalde. “En el presente caso, la controversia planteada encuentra cauces adecuados de tratamiento fuera del ámbito penal, por lo que la apertura o prolongación de una investigación penal resultaría contraria a dicho principio [de intervención mínima de esta jurisdicción]”, argumenta la Fiscalía, que recuerda que, en todo caso, los denunciantes tienen pleno derecho a presentar una denuncia en su propio nombre ante una sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Donostia si están disconformes con esta resolución.

Allí, en concreto en la plaza número 2 (el antiguo juzgado de Instrucción 2), a cuyo frente está la magistrada María José Rúa Pinto, estaba formalmente abierta otra investigación en torno al chalé de Alonso. Se trata de una denuncia lanzada por un particular en 2023 contra el arquitecto municipal, Haritz Orruño, que fue cerrada inicialmente sin que se realizara ninguna actuación y reabierta dos años después por orden de la Audiencia Provincial.