La Plataforma por el Agua Pública de Daimiel ha vuelto a convocar una “votación ciudadada” para que los vecinos de esta localidad de Ciudad Real puedan expresar su opinión sobre la gestión del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración y evitar su privatización.

Ya lo hicieron el pasado mes de enero, aunque en aquella ocasión la iniciativa tuvo que posponerse para analizar las cuestiones legales derivadas de la consulta popular. Ahora, la nueva convocatoria está prevista para el próximo 30 de marzo, a las 12.30 horas, en la plaza de España de la localidad.

El Ayuntamiento de Daimiel “sigue adelante con la privatización del servicio por 25 años”, lamentan desde la plataforma ciudadana, con un presupuesto de más de 72 millones de euros. Ya se ha publicado la adjudicación tras licitarse el servicio.

La plataforma cree que el Ayuntamiento de Daimiel “no ha estudiado cual sería el mejor modelo de gestión” y lamentan que se haya limitado “a hacer aseveraciones como que no tiene recursos o que no salen las cuentas”. En su opinión, si a una empresa privada le salen las cuentas, también le saldrían a un ayuntamiento “que no tiene que obtener beneficios”.

Hay más de 700 firmas que apoyan recuperar la gestión pública del servicio. “Sin obtener respuesta alguna”. En opinión de la plataforma, el Consistorio “no ha establecido cauces de participación suficientes para que los daimieleños expresen su opinión sobre este asunto tan importante”, así que el del próximo domingo será “un acto simbólico” en el que se anima a la participación ciudadana.

La Plataforma por el Agua Pública de Daimiel ha pospuesto la “votación ciudadana” que había convocado para este domingo, 12 de enero, para conocer la opinión vecinal sobre la continuidad de la gestión privada del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración del agua en el municipio ciudadrealeño durante los próximos 25 años.

Según ha trasladado la Plataforma a través de sus redes sociales, han decidido suspender esta iniciativa para analizar sus “términos legalmente establecidos”, después de que el Ayuntamiento señalara que solo tenía constancia de que se había pedido permiso para instalar una mesa iformativa a nombre de un particular.

El acto estaba previsto llevarse a cabo a partir de las 12.30 horas de este domingo, pero han optado por cancelarlo “ante la información publicada por el Ayuntamiento de Daimiel en los medios”. “Tenemos el firme convencimiento de que en la decisión de privatizar la gestión del agua tiene que participar la ciudadanía y este acto simbólico quiere evidenciar este convencimiento”, agrega la Plataforma.

“No es una consulta popular, pero habrá una mesa informativa y una urna”, explicó antes de que anunciar la suspensión de la misma Fernando Morales, miembro de la plataforma ciudadana que nació a finales de 2023. “El PP no había dicho nada de esto en su programa electoral, pero pretende una nueva privatización y queremos que sepa lo que piensan los vecinos”, porque, asegura, en el pueblo hay “enfado” y “preocupación”.

Por su parte, el Ayuntamiento indicó en un comunicado que “solo tiene constancia de una solicitud registrada en nombre de un particular para una mesa informativa” en la plaza de España en horario de 12:00 a 15:00 horas, que había sido autorizada. Además, mostró su “más rotundo respeto” a manifestaciones públicas, “en los términos legalmente establecidos”.

En cuanto a la gestión del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua en Daimiel, desde el equipo de Gobierno se comunica que el proceso se “ajusta a la normativa” y está siendo “transparente”, pudiendo seguirse en la Plataforma de contratación del sector público.

El PSOE reclama “un análisis público e independiente” de las ofertas presentadas

De su lado, el nuevo portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pepe Jiménez, alude a “irregularidades, prisas y falta de transparencia” y pide paralizar la adjudicación del contrato, valorado inicialmente en más de 65 millones de euros y cuyo plazo de licitación ya terminó.

Según su tramitación, la empresa FCC Aqualia podría convertirse en adjudicataria tras obtener 33,50 puntos como empresa licitadora, por delante de los 32,50 de Aquona, Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U. que es la actual empresa gestora del servicio.

No obstante, el PSOE pide que la valoración de la oferta presentada por FCC Aqualia se “haga con un análisis público e independiente” y no con el asesoramiento externo de la empresa Ingeagua. Esta oferta, dice Jiménez, ha obtenido la mayor puntuación en la baremación por su oferta económica, pero fue declarada “anormalmente alta” por su porcentaje de mejora sobre el pliego.

El portavoz socialista apuntaba que este asesoramiento externo está contemplado en la ley de Contratos de Sector Público, pero subraya que se “deja claro que debe ser excepcional”. Así las cosas, Jimenez se pregunta la necesidad de recurrir a esta empresa “cuando hay técnicos municipales perfectamente capacitados”. A su juicio, “además de ser un gasto extraordinario”, el asesoramiento de Ingeagua “cuestiona la independencia de proceso”.

Para Jiménez, la actuación del equipo de Gobierno en este contrato está “condicionada por otro motivo que nada tiene que ver” con la gestión de la red. “El Ejecutivo municipal está deseando que esto se haga rápido para conseguir financiación de la obra de la Plaza de España, prevista en los presupuestos municipales de 2025. Un dinero que llegaría por el canon que la empresa adjudicataria tiene que pagar el primer año de contrato”, recalca el edil socialista.

Por todo ello, exige “la paralización inmediata del proceso de adjudicación hasta que se garantice su transparencia”, así como “un análisis público e independiente de todas las ofertas presentadas, incluyendo el de un modelo público de gestión directa”. A estas dos pretensiones unía además la de la puesta en marcha de una mesa diálogo entre partidos políticos, técnicos municipales y ciudadanía “para garantizar un proceso participativo”.

En este sentido, el portavoz socialista mostró el apoyo de su partido a la Plataforma por el Agua Pública de Daimiel y a “la votación popular” que pretendían llevar a cabo este domingo en la plaza de España para “simbolizar su oposición al contrato referido y la viabilidad de un modelo de gestión directa”.

Una “votación ciudadana” para saber qué opinan los vecinos y vecinas de Daimiel de que el Ayuntamiento vaya a seguir con el servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración del agua en manos de una empresa privada durante 25 años más.

La Plataforma por el Agua Pública de Daimiel ha organizado este acto simbólico e informativo para protestar contra la decisión del alcalde Leopoldo Sierra, del PP, que lleva cuatro legislaturas consecutivas gobernando este pueblo de Ciudad Real, con mayoría absoluta.

El acto está previsto este domingo 12 enero, a partir de las 12.30 horas, en la plaza de España de Daimiel. “No es una consulta popular, pero habrá una mesa informativa y una urna”, aclara Fernando Morales, miembro de la plataforma ciudadana que nació a finales de 2023. “El PP no había dicho nada de esto en su programa electoral, pero pretende una nueva privatización y queremos que sepa lo que piensan los vecinos”, porque, asegura, en el pueblo hay “enfado” y “preocupación”.

Daimiel cuenta con más de 10.000 abonados al servicio de abastecimiento de agua que lleva 30 años gestionado por una empresa ajena al Ayuntamiento. Ahora, el alcalde apuesta por que siga siendo así, aunque incorporando “mejoras”.

Así consta en el pliego de condiciones para hacerse con el nuevo contrato, valorado inicialmente en más de 65 millones de euros, cuyo plazo de licitación ya terminó.

La empresa FCC Aqualia podría convertirse en adjudicataria tras obtener 33,50 puntos como empresa licitadora, por delante de los 32,50 de Aquona, Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U. que es la actual empresa gestora del servicio.

“Esperamos que el ayuntamiento repiense su decisión. Vamos a difundir información porque apenas la hay y desde luego no se fomenta en absoluto la participación ciudadana”, lamenta Fernando Morales quien sostiene “que esta cuestión no entiende de colores políticos sino de eficiencia, de mejor servicio y de controlar públicamente un servicio básico”.

¿Cómo lo justifica el Ayuntamiento?

El Ayuntamiento de Daimiel justifica la necesidad de mantener en manos de una empresa privada la gestión de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración con una amplia batería de argumentos basados en el informe de una consultora externa.

En el pliego de condiciones sostiene que se garantizarán criterios de “calidad, eficiencia energética y económica”. También se dice que el ayuntamiento “no dispone de los medios personales y materiales mínimos necesarios, para garantizar una buena gestión del servicio”.

Incluso se asegura que “la capacidad de endeudamiento para dotar al servicio de mayores inversiones es mayor que en el caso del contrato de servicios y, por supuesto, que, en el caso de la gestión directa”.

O que “la contratación y gestión del personal no tiene que seguir los procedimientos encorsetados de la administración pública” y presenta “una mayor flexibilidad en la dedicación de medios humanos al servicio”. Un eufemismo para desligarse de salarios y otras condiciones laborales de los empleados.

En opinión de quienes gobiernan en Daimiel es mejor “el saber hacer de los gestores privados”, frente a una gestión pública, aunque matizan: “Sin descuidar que el Ayuntamiento es el que mantiene la titularidad del servicio y la propiedad de las instalaciones y por lo tanto se reserva para sí las decisiones estratégicas”.

La Plataforma por el Agua Pública de Daimiel no comparte los argumentos. El pasado mes de noviembre celebraron una jornada con la participación de varios expertos. “Hay datos para afirmar que la gestión pública del agua es mejor que la gestión privada como quedó patente en las jornadas”.

Fernando Morales sugiere que el ayuntamiento no ha estudiado en realidad cuál es el mejor modelo para Daimiel. “Solo dice que no tiene recursos o que no le salen las cuentas”, pero en la plataforma creen que “si salen las cuentas para una empresa, como su estudio de viabilidad dice, saldrían las cuentas para el Ayuntamiento”.

“30 años de privatización con una red en mal estado y pérdidas del 50%”

Fernando Morales cuenta que la plataforma presentó alegaciones “a todos los documentos” relacionados con el proceso para adjudicar el nuevo contrato. No ha servido de nada. Tampoco la reunión mantenida con Leopoldo Sierra a finales de 2023. “El ayuntamiento se jacta de que no ha tenido en cuenta ninguna”.

“Sigue adelante a pesar de que la actual privatización de 30 años ha dejado una red en mal estado con unas pérdidas de más del 50%”, aseguran desde la plataforma ciudadana.

De hecho, así lo reconoce el propio estudio de viabilidad económica encargado por el Ayuntamiento a una consultora malagueña, consultado por elDiarioclm.es. “El rendimiento del sistema de agua potable fue solo del 53,44%”, señala dicho estudio.

“El municipio de Daimiel se abastece principalmente de la captación de agua de los Ojos del Guadiana”, apunta la consultora. De ahí se sacan 2.556.545 m3 -según datos de 2022- pero por el camino se pierden más de 271.000 m3 de agua.

A partir de ahí, a la red de abastecimiento solo llegan 1.221.109 m3, es decir, el rendimiento del sistema de agua potable se reduce casi a la mitad. “Esto es lo habitual cuando una empresa de estas características asume el servicio”, subraya Morales.

Por eso, el estudio encargado por el Ayuntamiento sostiene que firmar un nuevo contrato es necesario, entre otras cosas, para “aumentar el rendimiento del 53,44% al 70% a lo largo de los cinco primeros años, manteniéndose constante en el 70% hasta final del contrato”.

Más de 700 firmas en contra

La Plataforma por el Agua Pública de Daimiel ha entregado más de 500 firmas apoyando la paralización de la privatización y la recuperación de la gestión pública del servicio. “Hay más de 700 si tenemos en cuenta las recogidas online”, comenta Fernando Morales, quien también critica que el Consistorio tampoco tuviese en cuenta su sugerencia para consultar opciones con la Asociación Española de Gestores Públicos de Agua.

Ahora darán un paso más en el intento de frenar la nueva privatización con esta iniciativa de “votación ciudadana” y mirando el ejemplo de Alcázar de San Juan. Allí, los vecinos lograron remunicipalizar el servicio de agua en el año 2021, aunque les costó ocho años de lucha.

En Daimiel también se miran en el espejo de El Toboso y Manzanares, poblaciones del entorno que también vivieron su propio proceso para recuperar la gestión pública del agua, como quedó constancia en la jornada del pasado noviembre. 

“Ya que no ha querido tener en cuenta las alegaciones esperamos que con la votación ciudadana el alcalde vea lo que piensa el pueblo”. La Plataforma por el Agua Pública de Daimiel anima a los vecinos y vecinas a participar.

También invita a sumarse a la iniciativa a través de las redes sociales, no solo vía Youtube, sino en Facebook. “En 2011 el Tribunal de Cuentas ya puso de manifiesto que la gestión pública del agua es más barata y más eficiente en municipios con menos de 20.000 habitantes”.

Fernando Morales también cita los argumentos del relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, el profesor emérito de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo. “En sus informes, también lo hizo su antecesor, ya se deja claro que la gestión directa de este servicio en concreto es mejor de forma pública que privada, porque de forma privada genera monopolios que se reparten el pastel”.

El Ayuntamiento explica que “solo tiene constancia de una mesa informativa”

Sobre la votación ciudadana convocada, el Ayuntamiento de Daimiel ha resaltado en un comunicado que “solo tiene constancia de una solicitud registrada en nombre de un particular para una mesa informativa” en la plaza de España en horario de 12:00 a 15:00 horas, que ha sido autorizada. Además, han querido mostrar su “más rotundo respeto” a manifestaciones públicas, “en los términos legalmente establecidos”.

En cuanto a la gestión del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua en Daimiel, desde el equipo de Gobierno se comunica que el proceso se “ajusta a la normativa” y está siendo “transparente”, pudiendo seguirse en la Plataforma de contratación del sector público.

De este modo, han recordado que “la gestión indirecta” se realizó por “otros ejecutivos anteriores en 1991”. En la actualidad, se sigue el mismo formato, explican, pero “intentando mejorar las condiciones de la licitación, en favor de los ciudadanos”. Además, han recalcado que tienen el “compromiso” de renovar la red de abastecimiento y saneamiento “para evitar pérdidas de agua” actuando de forma progresiva en distintos barrios.

Hubo un tiempo en que las compañías privadas de agua en Reino Unido eran tan impopulares como ahora. Durante el tórrido verano de 1995, el director general de Yorkshire Water, Trevor Newton, ganó notoriedad cuando instó a los clientes a reducir su consumo del producto de su empresa con un mensaje inspirador: “Yo personalmente llevo tres meses sin tomar un baño ni ducharme”.

Tras una ronda de chistes sobre los “asquerosamente ricos” -porque los sueldos multimillonarios de los jefes de las compañías de agua también eran noticia en aquellos días-, Newton invitó a la prensa a ver cómo se aseaba utilizando una toallita y una palangana. Más tarde se supo que había estado yendo y viniendo de Yorkshire para bañarse en casa de sus padres o de sus suegros.

El aspecto serio de la farsa era que, al igual que ahora, el público estaba indignado por la disparidad entre las ganancias de los inversores y el pésimo servicio prestado por una empresa privatizada. Yorkshire Water acababa de pagar un dividendo de 50 millones de libras a sus accionistas y, sin embargo, la ciudad de Bradford corría el riesgo de quedarse sin agua. La apertura de una nueva red de suministro llevaba retraso y la empresa se veía obligada a transportar el agua en camiones cisterna a través de los valles conocidos como Yorkshire Dales. “La ira pública estalló”, recuerda Sir Ian Byatt, el primer director de la Oficina de Servicios de Agua (OFWAT, por sus siglas en inglés), el organismo regulador creado con la privatización en 1989.

La saga también puso de manifiesto el deplorable estado de la infraestructura hidráulica, el cual había sido en un principio la razón aducida para la privatización. Reino Unido era considerado el “hombre sucio de Europa” por la contaminación de sus playas y ríos. Desde mediados de los años setenta hasta mediados de los ochenta, las inversiones en la renovación de las alcantarillas y las depuradoras habían ido en descenso, y Reino Unido ahora debía cumplir con las nuevas normativas de la Comunidad Europea en materia de contaminación.

El Gobierno de Margaret Thatcher, que ya había privatizado el gas y las telecomunicaciones, decidió que sólo el capital privado y el mercado de valores podrían aportar mejoras. “Se dijeron muchas cosas absurdas, del estilo de ‘miren a la primera ministra, va a privatizar hasta la lluvia que cae del cielo’”, escribió Thatcher en sus memorias. “Yo solía replicar que puede ser que la lluvia provenga del Todopoderoso pero que Él no enviaba las tuberías, ni los grifos ni la ingeniería para aprovecharla”.

Más de tres décadas después, esa misma infraestructura requiere hoy una gran actualización, y las facturas se dispararán cuando la OFWAT presente el jueves el régimen tarifario para los próximos cinco años. Mientras tanto, las 10 empresas inglesas y galesas de agua y saneamiento llevan pagados 78.000 millones de libras en dividendos desde 1989, con una deuda acumulada de 60.000 millones. Mientras tanto, la más grande de todas, Thames Water, corre el riesgo de ser reestatizada temporalmente. Sólo tres de las 10 siguen cotizando en bolsa. Entretanto, tras una serie de derrames de aguas residuales, fugas de agua y cuantiosas multas que han suscitado la indignación de la opinión pública, el sector se ha convertido en sinónimo de mala gestión, avaricia empresarial y contaminación. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto?

En rebajas

Para llevar a cabo la privatización en diciembre de 1989 -un mes después de la caída del Muro de Berlín-, el Gobierno canceló toda la deuda a largo plazo de las anteriores autoridades del agua e inyectó dinero en efectivo en las nuevas empresas, a modo de “dote verde”. Así, los ingresos netos para el Tesoro, incluso tras haber vendido las empresas por un total de 7.600 millones de libras, fueron prácticamente nulos.

Sin embargo, los inversores en la bolsa obtuvieron sus habituales ganancias rápidas: en el transcurso de un mes, las acciones de las 10 empresas subieron un 20% de media. La mitad de los pequeños inversores, animados a comprar con el eslogan “Usted podría ser un H2Owner [dueño del H2O]”, recogieron sus beneficios y vendieron sus acciones en menos de un año. Fue un periodo de exuberancia empresarial, satirizado por el personaje “Loadsamoney”, interpretado por el comediante Harry Enfield.

Pero los gastos adicionales no tardaron en llegar. En los cuatro años siguientes a la privatización, la inversión se duplicó, pasando de 3.000 millones de libras anuales a 6.000 millones. Los partidarios de la privatización podrían argumentar que la disciplina impuesta por la cotización en bolsa, además de la bofetada de parte de un regulador independiente, los obligó a mejorar los malos resultados. Tras el desastre de Yorkshire Water en 1995, la OFWAT envió inspectores, lo que resultó en que los directivos fueran desplazados. A finales de la década, la empresa tenía los mejores rendimientos. Byatt también propuso que Yorkshire devolviera 40 millones de libras a los clientes en forma de recortes de precios y “tras algunas discusiones, aceptaron hacerlo”.

Pero enseguida se hizo evidente que las empresas habían sido vendidas a precios excesivamente bajos. Las facturas de los clientes aumentaron un tercio en los primeros cinco años, ya que, en el momento de la venta, se suponía que las empresas necesitarían acceso inmediato al dinero que financiaría el aumento de las inversiones en infraestructura. En un principio, se creía que los niveles de endeudamiento comprenderían un máximo de sólo el 35% del valor de los activos (es decir, el ratio de apalancamiento, que calcula la capacidad de utilizar deuda para financiar una operación). Pero el mercado de bonos estaba dispuesto a prestar sumas mucho mayores a empresas monopolísticas con clientes cautivos.

Y, por extraño que parezca, la oficina reguladora estaba muy interesada en que el apalancamiento financiero aumentara. El razonamiento era que el ahorro resultante de la disminución de los costes de financiación se trasladaría a los clientes en forma de facturas más bajas. La primera revisión quinquenal de precios de la OFWAT, en 1994, frenó las subidas de factura previstas en la privatización; la segunda, en 1999, redujo las facturas una media del 12%.

Las compañías se prestaron felices al juego de la deuda. Con la subida del precio de las acciones y el acceso a capital barato, a algunas de ellas incluso les picó el gusanillo de la diversificación en los prósperos años noventa. Thames logró obtener contratos para gestionar redes hidráulicas en países tan lejanos como Indonesia y Chile. Welsh Water despilfarró comprando hoteles y clubes de campo. En 2000, Anglian Water se hizo con una empresa de construcción.

Fusiones y adquisiciones

El juego de las adquisiciones comenzó en 1995, cuando el Gobierno canceló sus acciones de oro en las 10 compañías de agua. La francesa Lyonnaise des Eaux compró Northumbrian Water. Scottish Power compró Southern Water. La estadounidense Enron, antes de su escandalosa quiebra en 2001, compró Wessex Water. Las compañías de agua no podían comprarse unas a otras, pero algunas adoptaron el concepto de “multiservicios”, de moda en aquel entonces, y adquirieron proveedores regionales de electricidad, que habían sido privatizados en 1990. North West Water compró su proveedor local y se convirtió en United Utilities, mientras que Welsh Water hizo lo suyo con South Wales Electricity y pasó a llamarse Hyder.

Nada de esto se vio detenido por el sorpresivo impuesto sobre los servicios públicos privatizados, incluida el agua, establecido en 1997 por el Gobierno laborista entrante. Thames, por ejemplo, se vendió por 922 millones de libras en la privatización, pero en julio de 1997 su cotización en bolsa alcanzaba los 2.900 millones de libras. Asimismo, el valor de Severn Trent había pasado de 849 millones de libras a 3.000 millones en el mismo plazo.

Hacia el final de esa primera década después de las privatizaciones, el sector del agua estaba tan cambiado que resultaba irreconocible. Un artículo de The Guardian publicado en 1999 reflexionaba sobre “los efectos mixtos de la privatización del agua”. Por un lado, una parte demasiado grande de las ganancias extraordinarias se había “disipado en diversificaciones poco aconsejables, dividendos excesivos y megaincrementos injustificados de las retribuciones de los directivos de las empresas”, aunque “se invirtió mucho dinero en mejorar las infraestructuras, de modo que ahora el agua potable es mucho mejor”.

Los acuerdos siguieron llevándose a cabo. Thames fue comprada en 2000 por la alemana RWE, que pagó 4.300 millones de libras en efectivo y asumió 2.500 millones de deuda. El precio de compra, 12,15 libras por acción, quintuplicaba los 240 peniques por los que las 10 compañías de agua habían sido vendidas en 1989. Las empresas de servicios públicos de Reino Unido continuaban atrayendo capitales extranjeros y, a tono con el espíritu de aquellos tiempos, eso era considerado algo excelente. El Nuevo laborismo no alteraría el modelo.

Estaciones de pánico

Lo que siguió fue un punto de inflexión crítico. A principios de la década de 2000, Railtrack, tras una serie de accidentes mortales en los ferrocarriles, se vio obligada a declararse en bancarrota y se convirtió en Network Rail. A continuación, British Energy, propietaria de la mayor parte de las centrales nucleares del país, tuvo que ser rescatada.

Ambos acontecimientos provocaron el pánico político, y la City (el barrio londinense donde se encuentra el principal distrito financiero de la ciudad) hizo todo lo posible por avivar el miedo a que el capital extranjero se evaporaría si se veía que los propietarios de las empresas se veían perjudicados por la acción del Gobierno (acusación inmerecida en el caso de Railtrack). Entre bastidores, el sector del agua continuaba quejándose de que la revisión de los precios de las tarifas, realizada por la OFWAT en 1999, le dejaba sin incentivos suficientes para invertir.

El resultado fueron dos medidas que, en retrospectiva, aceleraron la toma de riesgos financieros. En primer lugar, en 2002, la OFWAT prorrogó las licencias de explotación de las compañías de agua, que expiraban en 2014. En su lugar, se concedieron licencias renovables de 25 años. “Un plazo de aviso más largo permitirá a las empresas y a sus inversores planificar con mayor seguridad”, dijo Philip Fletcher, el entonces director de la OFWAT. Más allá de aquella esperanza, la reforma también protegió a las empresas con peor rendimiento de cualquier amenaza de ser sustituidas en el mediano plazo.

La siguiente revisión quinquenal de precios fue ampliamente considerada como un obsequio para las empresas: en 2004, las facturas aumentaron un 20%. El agua se volvía así aún más atractiva para los inversores.

Fue en ese momento que las adquisiciones se dispararon. Los nuevos compradores no eran otras empresas de servicios públicos, sino entidades financieras: bancos de inversión, fondos de infraestructuras, fondos de pensiones. En 2006, Macquarie compró Thames a RWE por 8.000 millones de libras. Lo mismo ocurrió con la adquisición de la matriz de Anglian por un grupo de fondos de pensiones canadienses y australianos. En 2007, Southern Water cayó en manos de un consorcio que incluía a JP Morgan Asset Management tras una pugna con el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs. Kelda Group, propietaria de Yorkshire Water, fue comprada por un consorcio que incluía a Citigroup y HSBC.

Antiguos funcionarios de la OFWAT señalan este periodo como uno en el que cambiaron las reglas del juego. Byatt escribió en su libro A Regulator's Sign Off: Changing the Taps in Britain: “El capital privado para obras de infraestructura mostró la cara más dura del capitalismo, con compras apalancadas y políticas cortoplacistas, es decir, préstamos elevados y dividendos altos, lo que mereció críticas generalizadas por la falta de transparencia y por su ingeniería financiera”.

Jonson Cox, que fue director tanto de Yorkshire como de Anglian antes de presidir la OFWAT de 2012 a 2022, declaró ante una comisión de la Cámara de los Lores poco después de dejar el ente regulador: “En la década de 2000, los bancos de inversión empezaron a darse cuenta de que existía la oportunidad de adquirir los activos de las compañías de agua y de aumentar significativamente el apalancamiento financiero en esas estructuras de capital. Yo no formaba parte de la OFWAT en ese momento. He estado en desacuerdo con esa metodología y considero muy desafortunado que haya ocurrido”.

Cox sostuvo que los bancos de inversión crearon incentivos sesgados y “la predisposición de considerar las empresas de agua como activos financieros”.

Ingeniería financiera a lo loco

En 2007, poco después de ser adquirida por Macquarie, Thames se embarcó en una “titulización corporativa” (whole business securitization), una captación de fondos cuyo nombre banal contradecía lo agresivo de su propuesta. Un hasta entonces anodino negocio de tuberías y plantas de tratamiento de aguas residuales fue reformulado en una compleja estructura corporativa, con ocho niveles de propiedad, incluida una filial en las Islas Caimán, que permitía acumular deuda sobre deuda, como los pisos de un pastel de bodas.

De repente, ratios de apalancamiento del 50% o 60% pasaron a ser superiores al 80% en algunas empresas retiradas de la bolsa de valores. Como explicó Thames en 2018, esta estructura corporativa bizantina le permitía endeudarse más, con el visto bueno de las agencias de calificación crediticia: “Un mayor nivel de apalancamiento es posible con una calificación de grado de inversión”.

Macquarie ha defendido el uso de la titulización corporativa en Thames, aduciendo que era “muy común” en aquella época. “Era un producto de servicios de agua de Reino Unido inventado, asesorado y construido por bancos de Reino Unido”, dijo el año pasado Martin Bradley, director de infraestructura de la compañía, a la revista Infrastructure Investor.

Bradley señaló que los inversores en fondos de Macquarie, a través de una venta escalonada de Thames en 2017, obtuvieron rendimientos brutos anuales entre un 12% y un 13%, que, según sostuvo, estaban al mismo nivel que los del cumplimiento normativo del período 2005-09. “No hay nada en nuestras ganancias de lo que me avergüence”, aseguró.

El banco australiano también ha defendido su gestión de Thames, afirmando que la empresa “emprendió niveles récord de inversión a pesar de la reducción en los rendimientos permitidos por la OFWAT”.

Pero el legado del festín de deuda tomada por el sector a mediados de la década de 2000 sigue vivo. Southern Water, que adoptó la titulización corporativa en 2003, tuvo que ser rescatada en 2021 en lo que hoy puede ser vista como una versión en miniatura de la crisis financiera en la que Thames está sumida. El comprador de Southern fue Macquarie, que inyectó 1.000 millones de libras para revalorizar la empresa.

La OFWAT tardó en darse cuenta de los peligros del endeudamiento excesivo. Apenas el año pasado se introdujeron facultades para la suspensión del pago de dividendos que pusieran en peligro la solvencia financiera de la empresa.

Una pregunta central sobre los efectos de la privatización es si la transición de empresas públicas con un capital razonable en el mercado de valores a entidades privadas fuertemente apalancadas ha contribuido al lamentable historial medioambiental del sector.

¿Es, por ejemplo, una coincidencia que las dos empresas más multadas a lo largo de los años -Thames y Southern- sean también las dos con las estructuras de financiamiento más agresivas?

La deuda, hay que decirlo, también ha sido utilizada para su propósito original de acelerar las inversiones, como complemento de la parte financiada con las facturas pagadas por los usuarios. Las inversiones posteriores a la privatización ascienden a un total de 190.000 millones de libras, pero resulta innegable que el uso del apalancamiento financiero, con el objetivo de maximizar el rendimiento para los accionistas, ha sido excesivo.

El actual director ejecutivo de la OFWAT, David Black, abordó esta cuestión el año pasado, cuando la crisis financiera de Thames se agudizó: “Para la mayoría de las empresas, el endeudamiento ha sido una fuente de financiación prudente y de bajo coste, con tipos de interés bajos y fijos a largo plazo. Sin embargo, algunas empresas se endeudaron demasiado, siendo el de Thames Water el caso más evidente. Los riesgos que ello conlleva -y los de corregirlo- son responsabilidad de la empresa y sus accionistas”.

Es allí donde radica una enorme tensión en el centro de la reciente decisión de la OFWAT respecto a los planes de negocio de las empresas para los próximos cinco años. La inversión es necesaria a gran escala y las facturas de los clientes van a subir sustancialmente, pase lo que pase. Pero, ¿se encargará la oficina reguladora de que los peores adictos a las deudas paguen por sus atracones de préstamos?

Traducción de Julián Cnochaert.

“Los ricos y sus actividades de ocio que despilfarran recursos esenciales son un lujo que no nos podemos permitir”, con esas palabras de denuncia, activistas de Extinction Rebellion y Jauzi Ekosoziala se han colado en los campos de golf de Neguri en Bizkaia y Gorraiz, en Navarra, para plantar verduras. “En plena emergencia climática, ese tesoro que es el agua se derrocha en juguetes de ricos”, han criticado en un vídeo en el que se ve a varias personas entrando por la noche en los campos de golf y con azadas plantando cebollas y berenjenas.

Se trata de una acción que los activistas han realizado en Euskadi y Navarra, pero también en Madrid, Barcelona, Valencia e Ibiza, donde, han llevado a cabo otras medidas en diez campos de golf como bloquear los hoyos con cemento o desplegar pancartas que decían “El agua es un bien común” o “¡Alerta: sequía! Golf clausurado por justicia climática”.

En el caso concreto de Navarra, zona especialmente seca durante el verano, los activistas han denunciado que hay “cerca de 40.000 hectáreas afectadas por la escasez de agua”. La situación es tan grave que muchos agricultores deciden, como solución última frente a la sequía, sustituir cultivos como el maíz o la verdura por otros que requieren un menor consumo de agua como son el trigo, la cebada o el girasol. Aun así, en muchas zonas de la comunidad foral la falta de agua es tal que ni siquiera está garantizado que lleguen a cosechar.

Miembros de Extinction Rebellion y Jauzi Ekosoziala de forma conjunta se adentraron al campo de golf de Gorraiz, donde “de forma simbólica” plantaron 12 plantones de berenjena. “En algunos sitios directamente los activistas han puesto cemento en los hoyos, aquí hemos creado un pequeño huerto para exigir de forma simbólica, que el agua se utilice para cuestiones importantes. Puede que un campo de golf no gaste mucha agua en comparación con otras actividades, pero se trata de un gasto de agua para el disfrute de muy pocas personas, mientras hay restricciones en la agricultura y en el consumo de agua. ¿Si todas las personas jugáramos al golf cuánta agua nos haría falta?”, se pregunta uno de los activistas que ha participado en la acción y que no ha querido revelar su identidad a este periódico por las posibles represalias.

La intención en Neguri, Bizkaia, también era realizar un acto simbólico en el campo de golf, donde cubrieron varios hoyos con tierra. “No queríamos destrozar los hoyos, pero sí poner un pequeño huerto porque consideramos importante hacer ver que el gasto del agua cuando se riegan esos campos podría ser beneficioso para usarlo en la agricultura”, asegura uno de los activistas que se adentró al campo de golf de Neguri, una acción que llevaban planeando varias semanas.

“Tan solo un hoyo de un campo de golf engulle más de 100.000 litros de agua al día para mantener el césped que lo rodea. Es insoportable el cinismo de seguir permitiendo este tipo de ocio elitista mientras el mundo rural sufre pérdidas millonarias por la falta de agua en sus cosechas”, han lamentado desde Extinction Rebellion.

Los activistas, además, han manifestado que en todo el país “se riegan cada día 437 campos de golf”. “La cifra supone un consumo de agua superior al de las poblaciones de Madrid y Barcelona sumadas, para un entretenimiento que disfruta apenas un 0,6 % de la población”, han alertado, tras exigir “una planificación democrática del uso del agua de forma inmediata, y la utilización de herramientas verdaderamente democráticas y participativas para decidir sobre nuestros recursos”.

Se denomina Mancha Húmeda a una serie de lagunas naturales existentes en La Mancha, en las provincias de Albacete, Cuenca y Ciudad Real, entre las que destacaba por su gran extensión las Tablas de Daimiel, en la confluencia de los ríos Cigüela y Guadiana. Este complejo lagunar albergaba una fauna rica y variada, especialmente de aves ligadas a los humedales. Y de hecho las Tablas de Daimiel eran visitadas hace más de un siglo por el rey Alfonso XIII para cazar aves acuáticas.

Con el fin de garantizar la protección de sus valores naturales, en 1973 se declaró el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Sin embargo, entre la segunda mitad de los 70 y los 80, se produjo un gran desarrollo y expansión del regadío en La Mancha, que obtenía mayormente el agua del subsuelo mediante pozos.

A consecuencia de ello, bajó ostensiblemente el nivel del agua en el acuífero, y una buena parte de las lagunas que conformaban la Mancha Húmeda se secaron, y las propias Tablas de Daimiel quedaron reducidas a la mínima expresión, con el consiguiente impacto sobre la gran población de aves acuáticas que la poblaban. Resultaba escandaloso que un parque nacional, a los 10 años de su declaración, se destruyese de esa manera a causa de la acción humana, pues la bajada del nivel freático se produjo de forma brusca, en tan solo unos pocos años. Por ello, la administración central ha intentado solucionarlo, pero con muy poco éxito, al no conseguir reducir los regadíos ya existentes, y que eran la principal causa del desastre ecológico que se había producido. En los años más secos optaron por añadir agua a las Tablas de Daimiel, procedente del trasvase Tajo-Segura. Pero esta medida, aparte de la evidente artificialización que ello supone, transformando las Tablas en poco más que un estanque, tampoco resultó eficaz, pues se sigue extrayendo la misma o más agua de los pozos, de forma legal o ilegal, y por tanto se sigue afectando al nivel freático del acuífero. De hecho, el agua del trasvase que se le ha aportado, de manera indirecta ha ido a parar a los regadíos de su entorno, que se abastecen de agua del subsuelo a través de pozos.

Cuando entró en funcionamiento la depuradora de aguas residuales (EDAR) del municipio de Daimiel, ésta vertía sus aguas a la laguna de Navaseca. Esta laguna, de tan sólo unas cuantas hectáreas de superficie, mantenía el agua de manera permanente gracias a la depuradora. En su entorno y orillas empezó a crecer vegetación arbustiva propia de humedales, y poco a poco numerosas especies de aves empezaron a poblarla. En la segunda década del presente siglo pasó a ser una de las lagunas de mayor interés ornitológico de lo que quedaba de la Mancha Húmeda. Albergaba gran cantidad y variedad de especies de aves, contando con la presencia de algunas especialmente escasas en nuestro país, como el porrón pardo o la malvasía. En cuanto al primero, fue uno de los pocos lugares de España donde criaba, y en lo que a la malvasía se refiere, llegó a albergar concentraciones de más de un centenar de individuos. También habitaban otras especies de bastante interés, como el calamón, rascón, flamenco, morito, fumarel cariblanco, zampullín cuellinegro, tarro blanco, bigotudo, buscarla unicolor, pájaro moscón, carricerín real, carricero común, carricero tordal, aguilucho lagunero, limícolas de diferentes especies, y otras muchas más aves propias de humedales. Además, acudían a beber con regularidad algunas aves esteparias especialmente interesantes, como son las gangas.

De hecho, no era raro cuando visitabas la laguna el observar más de cincuenta especies distintas en tan sólo un par de horas. La laguna se convirtió en unos años en un auténtico paraíso para las aves, sustituyendo a pequeña escala lo que algunas décadas atrás habían sido las Tablas de Daimiel.

El Ayuntamiento de Daimiel fue consciente de ello, y mantuvo la limpieza en la laguna, estableciendo un camino perimetral, así como varios observatorios de aves con paneles informativos, facilitando así su uso y disfrute por parte de los visitantes.

Sin embargo, este paraíso para las aves parece que sólo va a durar unos pocos años. En su entorno se han abierto numerosos pozos de donde se saca gran cantidad de agua para el riego de viñedos y olivares en intensivo. Dichos pozos captan del subsuelo el agua que va a parar a la laguna procedente de la depuradora de aguas residuales. A consecuencia de ello, el nivel de agua de este humedal ha bajado, manteniéndose inundada en esta primavera tan sólo el 20% del vaso de la laguna. Y ello no es debido a la falta de lluvias, pues el aporte de agua de la depuradora se produce de manera constante, con independencia del régimen de precipitaciones. Dichos pozos están literalmente “absorbiendo” el agua de la laguna de Navaseca.

A consecuencia de ello, una buena parte de las aves que habitaban en la laguna han tenido que abandonarla, en busca de otros humedales donde poder vivir. Y aunque todavía cuenta con bastantes aves, su número y variedad de especies disminuye mes a mes. Mucho nos tememos que la tendencia va a continuar, y que en muy poco tiempo el paraíso para las aves que era Navaseca, pase a ser un simple recuerdo.

La historia en este caso desgraciadamente se repite. Está ocurriendo a menor escala lo que pasó en las Tablas de Daimiel. La causa, la voracidad de un regadío que no para de crecer, con el apoyo explícito del Gobierno de Castilla-La Mancha, un ejecutivo desarrollista y carente de cualquier tipo de sensibilidad ambiental, que considera al agua tan solo como una simple materia prima. Y que para el medio natural no dejan ni siquiera las aguas residuales.

La organización de consumidores FACUA-Consumidores en Acción (Facua) ha realizado un estudio a lo largo de 2022 sobre el precio del consumo de agua doméstica en 57 ciudades españolas: incluyendo a todas las capitales de provincia, capitales de comunidades cuando no coincidan con las primeras (Santiago y Mérida), ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) y Gijón, Jerez de la Frontera y Vigo, ya que tienen mayor población que sus capitales.

En el estudio se ha analizado durante un año el coste de los consumos en una vivienda modelo de tres habitaciones por dos rangos: 9 m³ y 13 m³, debido a que se pagan distintos cánones impositivos según rangos de consumo.

Por otro lado, se ha tenido en cuenta si el contador es de 13 milímetros (mm) o de 15 mm, pues a pesar de que los fabricantes de contadores, informes técnicos del Canal de Isabel II y varios dictámenes de la consejería de Industria de la Junta de Andalucía aseguran que no implica diferencias de consumo, las ciudades de Albacete, Castellón, Girona, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Madrid, Valencia y Santa Cruz de Tenerife, sí discriminan facturas e importes según el tipo de contador.

Las ciudades más caras

Con enormes diferencias según se trate de una ciudad u otra (hasta un 434,8% entre la más cara y la más barata), el informe destaca que Valencia (modelo mixto de gestión) es la ciudad más cara “de las 57 analizadas en el caso de los contadores de 13 milímetros, sin importar el consumo: 29,01 euros para 9m³ y 36,51 en el caso de 13 m^3”.

Las siguientes son, para un consumo de 9 m³:

Si el consumo es de 13 m³:

Si el calibre del contador es de 15 milímetros, Ceuta (con gestión pública) pasa a ser la ciudad más cara y relega a Valencia al segundo puesto, y lo hace tanto para consumos de 9 m³ (33,38 euros ) como para consumos de 13 m³ (38,66 euros).

Por detrás de Ceuta, en 9 m³:

En el caso de un consumo de 13 m³:

Las ciudades más baratas

En cuanto a las ciudades que presenta facturas menos caras, lidera la tabla León con un modelo de gestión mixta del agua, tanto en consumos de 9 como 13 m³.

En concreto, tiene un precio de 6,24 euros para un consumo de agua de 9m³ cúbicos al mes, con independencia de si el calibre es de 13 o 15 mm. La tarifa pasa a ser de 8,77 euros si el consumo sube a 13m³.

Para un consumo de 9 m³, independientemente del calibre del contador, le siguen:

Para un consumo de 13 m³:

*Según el calibre del contador sea de 13 o 15 mm.

Reivindicaciones de Facua

Facua reclama que los ayuntamientos y entidades gestoras “den participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar las tarifas y aprobarlas”. Por otro lado, también pide una norma marco que regule aspectos básicos del servicio como son “estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio, reclamaciones, contratación y participación”.

La organización también lamenta la inexistencia de “un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes, de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa”.

Facua reclama que en los impuestos aplicados por tramos de consumo se refleje el número de habitantes de cada hogar para ponderar el consumo por habitante y así poner en claro el despilfarro de hogares con pocos habitantes y un alto consumo por habitante.

“Un precio unitario, sin considerar el número de personas por domicilio, impide conocer quién está realmente ahorrando en el consumo”, valora la entidad con sede central en Sevilla.

Finalmente, pide que se incluya en la estructura tarifaria tarifas de carácter social que tengan en consideración colectivos desfavorecidos y denuncia que “aún son pocos los municipios que no realizan cortes de suministro a aquellos hogares que no pueden afrontar el pago del recibo por no contar con recursos económicos suficientes”.

En este sentido Facua reivindica un “suministro mínimo vital que garantice el acceso al agua corriente a todos los hogares”.

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado devolver a Aigües Ter Llobregat (ATLL) más de 304 millones de euros por la anulación del contrato de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat.

Este jueves el tribunal ha dictado tres sentencias consultadas por Europa Press que responden a recursos de ATLL en su litigio contra la Generalitat, y la primera reconoce su derecho a obtener esta cantidad por los conceptos de canon no amortizado, inversiones realizadas no amortizadas y costes de licitación y constitución.

La segunda sentencia publicada este jueves reconoce a la empresa el derecho a ser retribuida por la prestación de servicio que hizo entre enero y febrero de 2019, y la tercera ordena que se le devuelva la garantía definitiva y resarcirla de los gastos de mantenimiento del aval desde que debió producirse la devolución hasta su definitiva cancelación.

Estas tres sentencias corresponden a recursos de ATLL tras la anulación de la adjudicación del contrato, que fue avalada por TSJC y confirmada por el Tribunal Supremo (TS).

Una vez la justicia hizo firme la anulación del contrato, la ejecutó y declaró que el contrato de abastecimiento de agua con ATLL había quedado anulado y entraba en fase de liquidación.

El origen del conflicto se remonta a finales de 2012, cuando la Generalitat encontró en la privatización de ATLL la única manera de cuadrar las cuentas. El consorcio formado por Acciona, el banco de inversión brasileño BTG Pactual y las familias Rodés y Godia-Torreblanca resultó el ganador de la mayor privatización de la historia de la Generalitat: 1.000 millones de euros, de los cuales se abonaron inicialmente cerca de 300. La privatización permitió a la Generalitat reducir 0,5 puntos el déficit de ese año y evitar que superase el límite del 2%.

Pero rápidamente Agbar, la empresa que competía con Acciona por ATLL, llevó la adjudicación al Organismo de Recursos Contractuales de la Generalitat (OARCC) alegando que la oferta de Acciona no cumplía el pliego de condiciones. En enero de 2013, el OARCC dio la razón a Agbar y decidió excluir a Acciona del procedimiento, lo que desencadenó una sucesion de medidas cautelares y recursos por parte de Acciona, Agbar y la propia Generalitat.

Acciona reclamaba que su contrato seguía vigente, mientras que Agbar consideraba que la Generalitat tenía que dejar a Acciona directamente fuera de ATLL y adjudicarle la gestión de la empresa. En junio de 2015 el TSJC anuló todo el procedimiento llevado a cabo por la Generalitat para privatizar ATLL. La razón principal era que unas obras que figuraban en las bases del concurso primero como orientativas al final se consideraron obligatorias.

Es evidente que no corren los mejores tiempos para el despilfarro energético, tampoco para el de recursos limitados como el del agua. Con la sequía que estamos pasando, con una inflación del 7,5 en febrero y con una guerra en Europa oriental que afecta a uno de los principales proveedores de energía a Occidente, es más que probable que la escalada de precios en nuestras facturas sea importante en los próximos meses, si no en los próximos años.

Es por ello que debemos empezar a acostumbrarnos a ejercer prácticas de ahorro domésticas, tanto de hábitos como de estrategias que puedan hackear nuestras fuentes de suministro: en este caso algo tan sencillo como añadir un ahorrador de agua a los grifos del baño y la cocina, puede ser una excelente idea.

En esencia, lo que hacen estos dispositivos es mezclar el agua con el aire con el fin de aumentar la presión de salida de agua por el caño, de modo que tenga un mayor impacto físico en la limpieza y dilución de la suciedad, así como en la impregnación de superficies, pero se haga utilizando menos agua.

Adicionalmente también disponen de distintos sistemas de dispersión del agua, ya sea en forma de ducha, en chorro directo u otros. El objetivo final no es otro que el ahorro al emplear menos agua para conseguir los mismos efectos.

También algunos modelos añaden capacidad de orientación del chorro en la dirección deseada, de modo que se pueda aplicar este con mayor eficiencia a su función final, y por tanto con menos desperdicio de agua.

Por otro lado, los ahorradores de agua no tienen un precio elevado, ni son en exceso aparatosos, y se colocan en la rosca del extremo del caño del grifo sin mayores complicaciones. A continuación detallamos tres modelos interesantes.

Mijia 360° Giratorio Aireador de Grifo

Este aireador ahorrador está equipado con un adaptador de cinco boquillas, adecuado para grifos tradicionales en el mercado. Se puede ajustar a dos modos de flujo de agua diferentes: flujo de burbujas suaves o rociado fuerte en ducha. Simplemente hay que girar la sección de la boquilla para ajustar el flujo de agua desde el modo de flujo de burbujas suaves al modo de ducha.

El cuerpo principal del aireador de grifo está hecho de cobre de alta calidad antimicrobiano, por lo que impide el crecimiento de bacterias y es resistente al desgaste. Se combina con anillos de sellado de goma y no pierde agua, gracias a 22 capas galvánicas que resisten la corrosión.

Qoosea Aireador

Hecho de ABS y material plástico, que no es fácil de oxidar, es especialmente adecuado para lavar los platos a mano, pero también evita que el agua a alta presión salpique a la persona que usa el fregadero.

Con un cabezal de pulverización de doble función, puede ajustar el agua entre la corriente aireada y el potente pulverizador, con lo que se puede ahorrar un 30% más de agua. Tiene dos botones para cambiar de tipo de chorro.

Esufeir aireador 720º

Grifo universal con filtro antisalpicaduras que nos permite ajustar el ángulo libremente para lavar fácilmente la cara o enjuagarnos la boca. Es una pieza ideal tanto para grifos de cocina como de baño. 

Cuidado: el aireador se adapta a la mayoría de los grifos de fregadero con un diámetro interior de 24 mm o un diámetro exterior de 22 mm, pero no a todos, por lo que es necesario comprobar el tamaño y el tipo del grifo antes de ordenar.

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En 1967 se creó el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia tras la unión de diecinueve municipios vizcaínos y la desaparecida Corporación Administrativa Gran Bilbao. Con los años, distintos municipios se han ido sumando hasta que 97 de los 112 pueblos existentes forman parte de él. Los últimos en unirse -desde el inicio de 2022- han sido los 16 municipios del Consorcio de Aguas de Busturialdea, tras una fusión que ha generado rivalidades entre los ayuntamientos a favor, gestionados por el PNV y los que se han posicionado en contra, como Ea, Muxika y Ajangiz, de EH Bildu. Carranza es uno de los pocos municipios que no se abastece del agua gestionada por el Consorcio. En su lugar, gestiona con sus propios medios las redes de abastecimiento y saneamiento de agua, algo que, según denuncia su alcalde independiente Raúl Palacio, hace que la Diputación de Bizkaia no destine el mismo dinero público a su ayuntamiento que a los que sí que conforman el Consorcio de Aguas.

Un documental de la productora independiente Ecoperiodismo revela los entresijos de las operaciones que han tenido lugar en los últimos años para crear “el monopolio del negocio del agua en Bizkaia”. “Monopolia”, como se titula la película, está dirigida por el periodista especializado en medio ambiente, Ricardo Gamaza, y, en ella, participan alcaldes como Palacio, la alcaldesa de Ea, Iratxe Arriola, expertos como el profesor e investigador de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) David Hoyos, el catedrático también de la UPV/EHU Iñaki Antigüedad y ecologistas como Alfonso Caño, entre otros. Según denuncia Gamaza con su documental, el interés del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia con hacerse con la gestión del agua radica en un intento de tener “un control político y económico” de todo el territorio.

“El Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia, que a pesar de tener titularidad pública tiene un comportamiento de empresa privada, tiene dos objetivos con estas operaciones. Por un lado, el control político. Le cortan el grifo de las subvenciones económicas a todos los ayuntamientos que no tienen el color político del PNV. Como controlan la Diputación, el Gobierno vasco y la Agencia Vasca del Agua (URA), presionan a los ayuntamientos a entrar al Consorcio porque si no, no reciben ningún dinero público. Esto roza la prevaricación porque están utilizando una institución pública para usos partidistas. Por otro lado está el control económico. Más de la mitad del dinero del Consorcio va a parar a subcontratas que la mayoría son multinacionales del agua”, explica a este periódico Gamaza.

El documental propone 'la diversificación de las fuentes de abastecimiento a nivel local' frente a las grandes infraestructuras

Su documental también critica que, desde el punto de vista medioambiental, el hecho de que el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia -el cual se rige por una asamblea general en la que están representados todos los ayuntamientos que lo integran, además de la Diputación de Bizkaia y el Gobierno vasco- dependa en un 70% de embalses del Zadorra, como el pantano de Ullibarri-Ganboa, puede llegar a tener “consecuencias ambientales negativas”. “Una de las cuestiones claves que marca la Directiva Marco del Agua es que la unidad de gestión es la cuenca. En Bizkaia prácticamente las cuencas coinciden con las comarcas, la gestión que se hace entonces, es por cuencas hidrográficas. Lo que quiere hacer el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia es saltarse ese concepto, que es esencial para la gestión del agua. Eso tiene consecuencias ambientales. Ellos lo que plantean es traerse la mayoría del agua del Zadorra desde el embalse de Ullibarri-Ganboa, que pertenece a la cuenca hidrográfica del Ebro. Ambientalmente el problema es que si te tienes que traer el agua desde lejos eso obliga a crear nuevas infraestructuras y aumentar el coste energético para poder moverla de un sitio a otro. Las canalizaciones, en el caso por ejemplo de Busturialdea, van a tener que tocar un espacio que es reserva de la biosfera. Otro problema todavía peor es el abandono de los recursos propios, por eso la Directiva Marco de Agua recomienda que se tienda a la cercanía del recurso. Si tienes el recurso, úsalo. Hay que potenciar los pequeños recursos del territorio”, señala el periodista que como solución propone “la diversificación de las fuentes de abastecimiento a nivel local y la protección de las cuencas vertientes a embalses”.

Según publica la Agencia Vasca del Agua (URA) Zadorra está compuesto por los embalses alaveses de Ulibarri-Ganboa, Urrunaga y Albina. Se trata de la mayor reserva de agua dulce de Euskadi y cuenta con con una capacidad de almacenamiento de 220 hm³ de agua, con lo que abastece de agua a la mitad de la población vasca. Tanto Vitoria como lo que se conoce como Gran Bilbao (que incluye una veintena de municipios que se encuentran a los lados del río Nervión) se abastecen del agua que se sustrae de esos embalses. Estos últimos también reciben agua del embalse de Undurraga, en Zeanuri.

Gamaza, en su documental denuncia que los costes económicos de llevar el agua desde Álava hasta Bizkaia mediante un trasvase obligando a crear grandes infraestructuras dotadas de largas canalizaciones, se perciben en las facturas que le llegan a la ciudadanía. Según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que se menciona en el documental, “la factura del agua en Bilbao es un 66% más cara que en Donostia y un 55% más cara que en Vitoria. Una diferencia que va a más cada año porque la factura del agua en la capital vizcaína fue del 9,9% desde 2016, mientras que en ese tiempo la alavesa subió solo un 1,7% y en la guipuzcoana se redujo un 3,5%”.

La 'aventura americana' del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

Más allá de las operaciones realizadas en los últimos años para tener el control de las aguas en Bizkaia, el documental viaja hasta el pasado del Consorcio, cuando en 1999 se hizo cargo a través de la empresa Uragua, compuesta por el Consorcio, Iberdrola y BBK, del saneamiento y abastecimiento de las aguas de 1,7 millones de personas de Buenos Aires en Argentina y de otros 375.000 habitantes de Punta del Este, Maldonado y Piriápolis, en Uruguay. En 2004 se aprobó un referéndum en Uruguay con el que el 60% de los uruguayos respaldó la llamada Reforma Constitucional en Defensa del agua, que consideraba el agua como un derecho humano, para que su gestión se realizase a partir de ese momento exclusivamente de forma “pública, participativa y sustentable”. A raíz de eso y de que el propio Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia admitiese que Uragua era inviable “económica y financieramente” en un informe publicado por El País en 2003, la conocida popularmente como 'aventura americana' vizcaína acabó.

En Uruguay privatizaron el agua, pero hubo un movimiento social muy activo que terminó en un referéndum con el que incluyeron el derecho al agua dentro de su Constitución

“Nos sorprendió mucho descubrir cómo Aguas de Bilbao se coaligaba con Iberdrola para montar una empresa privada en Uruguay para privatizar el agua de los uruguayos y uruguayas. ¿Qué pinta una empresa pública de aguas de Bilbao en Uruguay? Esto se ha contado poco. Nosotros localizamos en Uruguay a la activista que luchó por la defensa del agua, Adriana Marquisio, y nos contó que jamás pensaron que se tratara de una empresa pública, puesto que su comportamiento era de privada. A ellos les privatizaron el agua, pero hubo un movimiento social muy activo que terminó en un referéndum con el que incluyeron el derecho al agua dentro de su Constitución”, indica Gamaza.

Por ello, uno de los objetivos de este documental es “que la gente sepa cómo le afecta que el control del agua se lleve a cabo con criterios mercantiles”. A pesar del resultado de su investigación, Gamaza no busca plantear un panorama “desalentador” al público, sino “de esperanza” porque “se puede revertir la situación”. Como ejemplo de ello, además del de Uruguay, pone los casos de París o Valladolid. “París, que tenía el agua privada, hizo un proceso de remunicipalización y la gestión volvió a ser pública. Aquí, en España, ha pasado en Valladolid, que es el ejemplo de cómo se ha conseguido revertir la situación. Cuando el agua ha vuelto a ser pública, su precio ha bajado porque dejas de pagar cuestiones como las subcontratas”, señala el periodista.

Tras el estreno este martes en Bilbao de “Monopolia”, la película se proyectará en las próximas semanas en Gernika y Bermeo y viajará próximamente a Madrid, Sevilla y Montevideo, en Uruguay. El documental forma parte de una serie titulada ‘Cloacas: los negocios sucios del agua’, que comenzó en 2018 con la película ‘Trileros del agua’. Según confirma Gamaza, la serie la compondrán un total de seis documentales entre los que incluirá uno centrado en la gestión del las aguas de Canal de Isabel II y otro sobre el agua embotellada.

El debate sobre la privatización de servicios básicos, como los de agua y saneamiento, más allá de lo ideológico, es un debate de coherencia, eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos marcados. Y ello sin pretender difuminar la trascendencia del necesario debate ideológico, distinguiendo, eso sí, ideología de dogmatismo. 

En materia de agua hablamos de servicios vinculados a derechos humanos y ciudadanos que, por su naturaleza, deben estar garantizados para todo el mundo, lo que obliga a que tales servicios sean de acceso universal. Conviene recordar que Naciones Unidas en 2010 estableció como derechos humanos tanto el acceso al agua potable como a servicios de saneamiento. El debate por tanto debería partir de si la herramienta del mercado es o no la adecuada para gestionar este tipo de derechos y si es coherente tratar a la ciudadanía como simple clientela a la hora de gestionarlos. La respuesta, a nuestro entender, más allá de diferencias ideológicas, resulta evidente. Quizás por eso, sectores importantes de la derecha europea, como ocurre en Holanda o incluso en el País Vasco, rechaza la privatización de estos servicios.  

Otra cuestión clave a debate está en los pretendidos incentivos de eficiencia que genera la competencia por el mercado, que es la que, en el mejor de los casos, se da cuando se privatiza la gestión de estos servicios. Así como nadie niega la eficacia que puede llegar a tener la competencia en el mercado a la hora de incentivar la eficiencia, bajo adecuadas condiciones, la competencia por el mercado en absoluto genera tales incentivos. En este caso, al tratarse de un monopolio natural, tan sólo se puede establecer un proceso de competencia en el momento del concurso público; luego, una vez adjudicada la gestión, generalmente por largos periodos de hasta 40 años, no existe competencia alguna. 

El modelo de privatización que se impone es el conocido como modelo “francés” o “europeo”, diseñado por los grandes operadores galos que dominan el escenario global en este frente. No se trata de privatizar el recurso en sí mismo, como establece la ley chilena de aguas, aprobada por Pinochet, que luego se encargó de perpetuar vinculándola a la Constitución al negociar la transición a la democracia; ni de privatizar las infraestructuras de agua y saneamiento, como hizo Margaret Thatcher en Gran Bretaña. El modelo francés busca privatizar la gestión, ofreciendo incluso la creación de empresas público-privadas en las que las instituciones públicas pueden tener una mayoría accionarial (generalmente un 51%). La clave está en las cláusulas que establecen, en nombre del know how o del savoir faire, que la gestión quede en manos del socio minoritario, por ser quien se supone tiene las capacidades pertinentes. El control de la empresa queda así en manos del socio minoritario, a través del monopolio efectivo de la información, mientras el Ayuntamiento, la Diputación o el Gobierno Autónomo, según casos, suele exhibir su mayoría accionarial de cara a la galería política. Otra cláusula suele amarrar lo que se denomina el “blindaje del mercado de inputs secundarios”, al establecer que sea la dirección de la empresa mixta quien decida sobre compras, contrataciones y subcontrataciones, sin pasar por concursos públicos. De esta forma, en nombre de la libre competencia, desaparece la competencia en esos concursos durante décadas, y los contratos se adjudican directamente a empresas asociadas, dependientes del concesionario. Ello supone un encarecimiento de compras y contrataciones, pero sin riesgos para la empresa, en la medida que otra cláusula prevé cargar los costes en la tarifa que pagan los ciudadanos. Así, la mayor parte de los beneficios del grupo empresarial, no emergen en el capítulo de beneficios de la empresa mixta, sino que se esconden en su apartado de costes.  

Los contratos suelen firmarse por largos periodos, de hasta 40 y 50 años. De esta forma, más allá de garantizar el negocio por más tiempo, se asegura la irreversibilidad de la operación. Si una futura corporación pretendiera recuperar la gestión del servicio, el concesionario no sólo podría exigir la reversión de las inversiones realizadas, con sus intereses, lo que es natural y justo, sino que tendría derecho a demandar el “lucro esperado” en todo el periodo de concesión, lo que suele suponer indemnizaciones impagables. 

La última clave del modelo, y al tiempo la más decisiva e inmoral, es el llamado canon concesional; una importante suma de dinero, de libre disposición para la Alcaldía, que el concesionario adelanta, a modo de crédito, a recuperar en la tarifa durante el periodo de concesión. Y todo ello en el marco, aún vigente, de anorexización de las finanzas municipales, impuesto desde las llamadas estrategias de austeridad. En este contexto, inversiones tan ineludibles como construir una planta de saneamiento, que cualquier banco financiaría con el aval de las tarifas del servicio, quedan bloqueadas por ley. Sin embargo, sí se permite que el Ayuntamiento encomiende la construcción y gestión de la planta a un concesionario privado que, además, pasa a ejercer funciones de banquero, con el canon concesional y otros préstamos o deudas consentidas, a cambio de esa privatización. 

Hoy, en torno al 60% de la población en España tiene sus servicios de agua y saneamiento privatizados. Tales procesos de privatización nunca fueron propuestas electorales, ni se sometieron a consulta popular alguna. Simplemente, una vez ganada la alcaldía, se decidieron como forma de aliviar las finanzas municipales, en el mejor de los casos. Y decimos en el mejor de los casos porque los escándalos de presunta corrupción han estallado por todo el país en torno a estas operaciones de privatización, poniendo en cuestión no sólo la honestidad de decenas de alcaldes y concejales de diversos partidos, sino también la de empresas tan importantes como Aguas de Barcelona, Aguas de Valencia..., en procesos judiciales de una enorme envergadura, como el destapado por la operación POKEMON. Mientras, en Francia, país en el que se diseñó esta estrategia privatizadora, la nueva ley anticorrupción ha ilegalizado el canon concesional al considerar que genera prácticas oscuras que favorecen la corrupción. 

Tras el estallido de la pandemia, el poderoso grupo de presión de esos concesionarios privados ha abierto una ambiciosa operación de lobby sobre el Gobierno central Gobiernos Autónomos y Ayuntamientos, reclamando compensaciones económicas por el descenso del consumo (al cerrar bares, restaurantes…) y prórrogas de los tiempos de concesión. La patronal de la sanidad privada realiza movimientos similares, reclamando parte de los fondos europeos que se anuncian; pero lo hace de forma sumamente discreta, en la medida que siente la presión social en pro de la sanidad pública, como servicio de interés general, accesible a todos y sin ánimo de lucro.  

Llegados a este punto, la pregunta es: ¿no deberíamos considerar los servicios de agua y saneamiento como pieza clave del sistema público de salud, y darles el tratamiento que reivindicamos para nuestra sanidad pública? La pandemia ha destapado la insensatez que supone hacer del cuidado de nuestros mayores un simple espacio de negocio, en el que incluso las residencias públicas, en su mayoría, son gestionadas por empresas privadas que concursan a la baja y luego rebajan costes, degradando la calidad del servicio y las condiciones laborales de quienes allí trabajan. Hoy, la dolorosa catástrofe que han supuesto las decenas de miles de muertos por la COVID-19 en las residencias, está abriendo el debate sobre si el cuidado de nuestros mayores debe gestionarse bajo la lógica del mercado o no. Sin embargo, en la medida que este virus se transmite por vía respiratoria, el debate sobre la privatización de los servicios de agua y saneamiento es menos relevante. ¿Tendremos que esperar a que la siguiente pandemia se transmita por vía digestiva para afrontar la cuestión?

El Ayuntamiento de Seseña ha aprobado en pleno extraordinario la adjudicación del contrato de la concesión del abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración en el municipio, a la empresa de GS Inima Environment S.A. La adjudicataria se encargará del servicio durante 25 años. Al pleno no asistió la oposición en el Ayuntamiento, lo que el Ayuntamiento ha considerado como falta de “responsabilidad y coherencia”.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida anunció que no asistirían al pleno, por estar en desacuerdo con el punto del orden del día. Alegaron que la decisión de privatizar el servicio de suministro de agua potable, alcantarillado y depuración fue adoptada por el equipo del gobierno del PP y “los tres tránsfugas” sin tener en cuenta la opinión de los grupos municipales de la oposición y también sin informar a los vecinos de la localidad. Señalan que son pliegos con cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas “inapropiados”, que fueron votados en contra por IU y el resto de la oposición.

“El único interés que ha prevalecido en el procedimiento de contratación ha sido el económico, como lo demuestra el hecho de que la empresa adjudicataria de la concesión ha sido la segunda peor calificada de las doce presentadas según los criterios de juicio de valor que tienen que ver con la capacitación, eficacia y fiabilidad empresarial, muy lejos en puntuación de las mejores valoradas”, aseguran. “Ha quedado patente que 'don dinero' ha prevalecido en la decisión del alcalde para privatizar durante 25 años el Ciclo Integral del Agua del municipio. La realidad es que ninguna empresa privada regala nada”, afirman.

Por su parte, el Ayuntamiento defiende que el nuevo contrato “da respuesta”a las necesidades del municipio e incorpora “mejoras muy importantes”, y se incrementa el control del ayuntamiento sobre la empresa concesionaria. Por otro lado, explican que se asegura la financiación para realizar las obras hidráulicas necesarias, que no pueden demorarse, para mejorar el suministro con total seguridad y también para acometer inversiones importantes en la red que son imprescindibles evitar problemas a los vecinos derivados de la necesidad de renovación de la red en distintos puntos de Seseña, Seseña Nuevo y Vallegrande.

El PP de Aragón está en contra del trasvase del Ebro. La presidenta autonómica, Luisa Fernanda Rudi, lo ha dejado claro. Aguas abajo, sus colegas de partido le llevan la contraria de forma pública. “Sí o sí, el trasvase del Ebro es una apuesta necesaria para el Partido Popular de la Comunitat Valenciana”, contesta el presidente del PP en la provincia de Alicante, José Císcar, quien ha hecho campaña en Tarragona visitando con regantes la zona de la posible toma de su ansiado trasvase.

La guerra del agua, que protagonizó enfrentamientos, manifestaciones, portadas y decenas de noticias a principios de siglo con la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional (PHN) por parte del Gobierno de José María Aznar y que incluía un trasvase del Ebro, ha renacido en las últimas semanas marcando la agenda electoral.

“Aprobaremos un Plan Hidrológico Nacional en el que el trasvase del Ebro pueda resolver el déficit hídrico estructural de la Comunitat Valenciana. Defenderemos el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura en los términos de la Ley del Memorándum, y la consolidación definitiva del Trasvase Júcar-Vinalopó”. El Programa Electoral del PP en esta Comunidad para las elecciones del próximo domingo es contundente.

Ante el órdago lanzado desde Valencia y Murcia, donde incluso cuestionan la gestión del actual Gobierno central de Mariano Rajoy por no haber aprovechado su mayoría absoluta para aprobar un plan hidrológico para todo el Estado que incluya los trasvases entre cuencas, Rudi responde contundente. Recomienda a sus homólogos que lean el programa marco autonómico del PP, “que ellos mismos han aprobado”, y en el que no aparece este proyecto.

El PSOE de Murcia no habla del Ebro, pero sí del Tajo

Los ejemplos de falta de consenso interno, de posturas contradictorias, también son patentes en las filas socialistas. Sobre todo cuando el trasvase del que se debate es el del Tajo-Segura. “Defenderemos a ultranza el Trasvase Tajo-Segura, que tanta riqueza ha aportado a nuestra región y al conjunto del país”, recoge el programa del PSOE de Murcia, que en cambio no dice nada del Ebro. En este caso la réplica llega de sus colegas manchegos: “Pedimos el final del trasvase”, ha afirmado en rueda de prensa el secretario general en Talavera de la Reina (Toledo), Javier Gutiérrez.

Captar (o no perder) votos parece el objetivo de esta polaridad de versiones internas. “La instrumentalización que los partidos políticos han hecho de las emociones y valores vinculados al agua, especialmente en las provincias de Murcia y Valencia, evidencia que determinados discursos son decisivos a la hora de ganar o perder elecciones. Pocas personas y menos partidos políticos han tenido la valentía de decir la verdad en esas regiones; que ante perspectivas de cambio climático y en el actual marco legislativo y socioeconómico vigente, el trasvase Tajo-Segura tiene los días contados y el trasvase del Ebro es absolutamente inviable desde perspectivas tanto económicas, como sociopolíticas y medioambientales”, explica Nuria Hernández-Mora, investigadora de la Universidad de Sevilla y de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Izquierda Unida modera el discurso en Murcia

El término puede sumar o restar votos según en qué coordenada geográfica se pronuncie. Y no solo si el apellido es el Ebro. El Tajo también mueve voluntades y matiza posturas. Desde Izquierda Unida reconocen a eldiario.es que aunque la postura del partido es contraria a los trasvases deben moderar el discurso en Murcia, donde dicen es complicado posicionarse en contra. En el programa electoral de esta región abogan por “la continuidad del Acueducto Tajo Segura en la medida que su eliminación supondría un grave perjuicio para la economía y el empleo”.

Desde Castilla-La Mancha, IU afirma que no existe ningún otro partido tan coordinado en materia de agua: “Es lamentable cómo han manejado el tema PP y PSOE; se ha caldeado tanto que la población piensa que sin trasvase no van a tener agua para beber y eso no es cierto. Se ha manipulado y tergiversado de una forma mezquina”, define por teléfono la responsable de Medio Ambiente manchega, Rosa Prieto.

UPyD quiere “interconexión de cuencas”

La hemeroteca de algunos medios regionales sirve para detectar que el agua se está convirtiendo en un arma arrojadiza de gran calado en esta campaña electoral. Y más cuando el bipartidismo que ha imperado en los últimos años está en jaque y son varias las siglas con opciones de entrar en las asambleas autonómicas convirtiéndose en una llave maestra para nuevas coaliciones de gobierno.

“PP y PSOE llevan décadas practicando una política victimista, utilizando el agua como arma arrojadiza de manera irresponsable, defendiendo políticas radicalmente distintas en cada Comunidad Autónoma”, denuncia el programa de UPyD murciano. Dicho documento añade que UPyD “es el único partido que aboga con coherencia por una política de Estado, con un imprescindible Plan Hidrológico Nacional”.

Según el candidato de la formación magenta en Murcia, César Nebot, ese Plan Hidrológico Nacional y esa política de Estado implican la “interconexión de cuencas” en lenguaje técnico, lo que serían pequeños trasvases evitando los eufemismos. Pero el candidato en Aragón, José Luis Lajara, se ha mostrado en contra del trasvase del Ebro y de “cualquier otra forma de lenguaje político que intente falsear esta realidad”, remarcando que “la naturaleza nunca ha generado un trasvase de manera natural, tenemos que aprovechar los recursos que tenemos”.

Ciudadanos y Podemos

Ciudadanos se muestra a favor de los trasvases, pero en el caso del Ebro añaden en una especie de letra pequeña que el caudal mínimo que requiere ecológicamente es “intocable”. Lo ha afirmado el europarlamentario Javier Nart en Zaragoza, donde añadió: “Decimos lo que nos parece razonable, lo mismo en Aragón que en Cataluña, no tenemos un lenguaje esquizofrénico, hay partidos que no dicen lo mismo”.

Fue Podemos quien encendió la mecha del asunto hace tres meses. El agua, los trasvases, los planes hidrológicos, los eufemismos, los ríos, los regantes empezaron la campaña en febrero, cuando el secretario general de Podemos en Aragón, Pablo Echenique, explicó en un programa de radio que su formación no quería repetir “la confrontación de regiones que ha habido hasta ahora” en relación al trasvase del Ebro. La “guerra del agua” había comenzado. “Los regantes tenemos claro a quién no votar”, respondió inmediatamente el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver. Este colectivo juega un papel básico en este complicado puzle hídrico. Suelen ser escuchados.

1.600 millones en infraestructuras

La directora general del Agua del Ministerio, Liana Ardiles, ha cifrado en 1.595 millones de euros las inversiones previstas en infraestructuras hidráulicas para 2015. Actualmente hay una veintena de presas en construcción. Aunque Pablo Echenique enfadó a los regantes, sus críticas estaban centradas en las obras faraónicas que inevitablemente implican los trasvases y la regulación de ríos. “Hay maneras más democráticas y menos agresivas con el medio ambiente para poder distribuir el agua que hacer obras faraónicas”, apuntó.

Menos hormigón es la postura de Podemos respecto al agua: “El fomento de los trasvases y presas es el negocio de las grandes constructoras del Ibex 35, asociadas a los bancos, a los que el PP y PSOE les deben muchos millones de euros, y a medios de comunicación. Y el que paga manda. No interesa que los ciudadanos tengan acceso directo al agua porque se acabaría el negocio del ”lobby del hormigón“ y de las multinacionales del agua municipal privatizada”, explica a eldiario.es Francisco Turrión, geólogo de la Confederación Hidrográfica del Segura, ahora en Podemos Murcia.

De momento, Podemos tiene como primera prioridad el mantenimiento y consolidación de los regadíos del Trasvase Tajo-Segura en Murcia, lo que ha despertado muchas críticas entre sus simpatizantes y colectivos ecologistas. La segunda apuesta pasa por “buscar que esos regadíos puedan ser autosuficientes mediante el empleo del agua subterránea, desalobrada y desalada propia con un coste por metro cúbico igual o inferior al actual precio del agua del trasvase”, explica Turrión.

Su voz y sus análisis siempre resuenan en cualquier foro local o internacional que aborde el tema del agua. Enlace habitual entre la sociedad civil y las instituciones, Pedro Arrojo aplica una óptica económica para analizar la situación del vital líquido en sus múltiples dimensiones. Los cálculos de este profesor emérito en la Universidad de Zaragoza, que en 2003 se convirtió en el primer español en recibir el Premio Goldman de Medioambiente en la categoría de Europa, ayudaron a demostrar la inviabilidad del trasvase del Ebro. Ahora destapa con argumentos las actuales consecuencias y opacidades de la privatización de los suministros urbanos.

2015 es año electoral y el debate sobre el agua, pública o privada, está ya en la agenda de los partidos políticos. ¿Este hecho va a suponer un antes y un después para la situación del agua y el saneamiento?en la agenda de los partidos políticos

Probablemente, sí. No tanto por el hecho electoral sino porque coincide con un momento de mayor conciencia social, de mayor cabreo, con un nivel de conciencia sobre lo que significan los actuales modelos de privatización.

Se da la paradoja de que el discurso de la no privatización ha sido abrazado por partidos que han privatizado en algunos municipios o, cuanto menos, no han apoyado el empuje ciudadano.

Los actuales modelos de privatización son sofisticados y han hecho que entraran sectores de la izquierda, presionados por la anorexia financiera de la Administración. Lo primero que hace falta es ser consciente, más que culpar a nadie de traidor. El modelo de privatización es sofisticado y el debate ha requerido un nivel de información técnica, social y política que muchas veces los dirigentes políticos no tenían. Pero tampoco pretendo disculparles, pues hay mucha gente que no puede alegar que no sepa. Por ejemplo, se suelen hacer empresas mixtas, pero siempre con una cláusula en la que, en nombre del know how y de mutuo acuerdo, las partes acuerdan que el socio minoritario queda a cargo de la gestión.

En segundo lugar, siempre hay otra cláusula que amarra la cuestión económica: compras, contrataciones y subcontrataciones son decididas también en nombre del know how privado. La paradoja es que, en nombre del libre mercado, se colapsa el mercado. Cuando necesitan hacer compras o adjudicaciones lo hacen dentro de su grupo. Lo que se consigue es que, aun si un alcalde o una institución pública quisieran controlar el negocio, no tendrían información suficiente ni tampoco capacidades de decisión, pues previamente se ha firmado que las toma el privado. Calculo que, de los beneficios de los grupos empresariales, cuando no hay corrupción, más de la mitad está subsumido legalmente en esas adjudicaciones directas, sin concurso público. La tercera clave es otra cláusula que alarga estos contratos por un mínimo de 20 años. No solamente para asegurar el negocio a largo plazo, sino para asegurar la irreversibilidad de una decisión política. Así, hay alcaldes y presidentes de comunidades autónomas que tienen mandatos por cuatro años pero que toman decisiones por 40.

En todo caso, ¿es posible parar dicha “sofisticación” privatizadora? ¿Cómo?

Primero, tiene que aparecer en el compromiso electoral. Y aparte, tiene que haber un referéndum, pues se está hipotecando la capacidad de decisión de los siguientes alcaldes. Esto no lo harán nunca porque todas las consultas en esta materia han sido ganadas por entre el 70 y el 90% de los planteamientos en contra de la privatización. Ahora ya se ha incorporado a la conciencia de la gente, en su cabreo. Y también en el nivel de información de los dirigentes, en una situación en donde, al haber crecido mucho las opciones políticas emergentes que amenazan con barrer a otros, todo el mundo ha sido mucho más sensible. Bienvenidos. Éste no debe ser un patrimonio de unos pocos. En algunos países europeos el discurso antiprivatización es también patrimonio de la derecha. Las votaciones que se dan en el Parlamento Europeo al respecto incluyen por eso a un sector de la derecha centroeuropea que sistemáticamente vota en contra de la privatización del agua.

Los problemas por el agua aumentan ya no exclusivamente en el Sur, sino también en países como España, donde el agua provoca los desahucios más silenciosos. ¿Qué ha supuesto en términos prácticos que Naciones Unidas reconociera, en 2010, el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos?el agua provoca los desahucios más silenciosos

Durante años el lobby privado se ha opuesto a que se hablara de 'derecho humano'. Prefería hablar de 'derecho fundamental'. Rehuyeron del término 'derecho humano' hasta que ya no han tenido más remedio que aceptarlo. Se trata de un término tipificado en la legislación internacional, de manera que, una vez incorporado por Naciones Unidas, y cuando se tipifique, lo que todavía se está haciendo en el Consejo de Derechos Humanos a iniciativa de Alemania y de España en tiempos de Zapatero, será una obligación internacional y se podrá denunciar a un Gobierno frente a un tribunal internacional por incumplimiento de derechos humanos. Lo temen.

La situación actual es difícil de revertir y lo que está haciendo el lobby privado es irse a las alternativas que le quedan, que son feas. Por ejemplo, decir que los derechos humanos se van a gestionar desde el mercado. Afirma que son buenos gestores de derechos humanos, preguntan quién se lo paga, y miran al Estado o suben las tarifas. Porque ellos tienen que tener beneficios. Tomar el derecho humano como una visión que asegura que no todo se compra y se vende en el mercado ha sido una muy buena estrategia del movimiento anti-privatización.

¿Qué implica hablar del agua y el saneamiento como un derecho humano?

No toda el agua es derecho humano. Estamos hablando de unas cuotas básicas, de unos servicios básicos. Derecho humano implica que a una familia en vulnerabilidad o en pobreza no se le puede cortar el agua. Es como si mañana nos hicieran pagar por el aire y, al que no pudiera pagar, le pusieran una pinza en las narices y le ahogaran. No puede ser.

¿Se trata entonces de una cantidad fija por encima de la cual ya puede operar el mercado?

Alrededor del derecho humano están los servicios de agua y saneamiento en su conjunto, no solamente los 30-40 litros por persona y día básicos. Ese conjunto, tener por ejemplo 24 horas al día agua de calidad en casa, debe ser un derecho de ciudadanía, es decir, de acceso universal, bajo una lógica de gestión pública y no de negocio.

A diferencia de los humanos, los derechos de ciudadanía tienen deberes recíprocos. Por ejemplo, de orden tarifario: vamos a pagar el agua, sí, pero de forma que quien no pueda, no tenga que hacerlo por lo básico. Consiste en organizar los derechos de ciudadanía como norma de acceso universal. Y eso tampoco lo garantiza el mercado, que garantiza derechos de clientes, no de ciudadanos. Los procesos de privatización transforman la ciudadanía en clientela y cuando la clientela es pobre, es expulsada.

¿Eso implica que lo privado debería estar excluido per se del derecho humano al agua? La postura de la primera relatora de Naciones Unidas en esta área, Catarina de Albuquerque, quien dejó hace poco el cargo, sí admite la presencia privada, aunque bajo determinadas condiciones.per se

Teóricamente puedes contratar el trabajo de un privado y tenerlo controlado. Pero en la práctica no está siendo así; controlar a un monstruo que es 100 veces más grande que la institución pública que lo contrata es imposible y menos a través de contratos que ya están modulados para que en la práctica no sean controlables. Aun así podría ser, pero entonces los contratos tendrían que ser por cuatro años, reversibles, transparentes, decididos democráticamente… tantos condicionantes que, al final, sale más caro el control del privado que la gestión pública participativa.

El agua tiene que ser una cuestión municipalista. Siempre ha estado cerca de los ciudadanos: no hay ni un solo pueblo del mundo que no se haya instalado al lado de una fuente de agua. Es de las cosas más locales que hay y eso es lo que debe llevar a una visión de democracia municipalista, en donde hagamos sencillo el control de lo próximo, en donde la democracia sea lo más barato y lo más eficaz.

La primera Iniciativa Ciudadana Europea con éxito reunió cerca de dos millones de firmas a favor de la gestión pública. Ahora la estudia la Comisión Europea, que ha puesto trabas a pesar de que la aceptó en un principio. ¿Ha sido una victoria diluida?

Es una victoria pero no definitiva; es parcial. La primera gran victoria es que los grandes sindicatos europeos se lanzan a este territorio, cosa que no había sucedido antes. Y lo hacen arriesgando, poniendo 80.000 euros por delante para llevar a cabo la Iniciativa. Se arrastró además a la socialdemocracia alemana, al SPD. Segundo, dos millones de firmas no cambian el eje de giro pero sí fuerzan el debate europeo, es decir, el Parlamento Europeo pasa a debatirlo, lo que significa visibilidad pública, prensa… de repente es un problema, entra en la agenda. Y tercero, lo hace al calor de realidades ya nacionales como la italiana, ahora la griega, y puede que la española.

Sin embargo y pese a este empuje ciudadano que se vive en el continente, al agua todavía le cuesta cuajar con la fuerza que arrastran movimientos como el de la sanidad pública y el de la educación pública.

Muchas veces la gente, mientras el agua llegue a casa y sea de calidad, mientras no se envenenen los críos o acaben en el hospital, mientras pueda pagarla, no se levanta en alerta. Aunque a la ciudadanía le parece mal si alguien propone la privatización. Pero la señal de alerta es más difícil. Ahora está pasando lo mismo que con la electricidad, que antes podíamos pagarla con cierta facilidad y, de repente, a mucha gente se la cortan. En el agua empieza a suceder, sobre todo cuando llega el saneamiento, que duplica el recibo. Y entonces la gente, aunque lo pueda pagar, se pregunta. Y a partir de ahí viene la alerta sobre lo privado. Por eso la crisis ha añadido una mayor sensibilidad.

Cambiando de tercio, Europa está preocupada por los planes que el Gobierno reserva a los ríos españoles. ¿Espera que finalmente la Comisión Europea haga un balance crítico y que los planes se revisen?

Los planes hidrológicos, en rigor, están fuera de la ley. Lo que ocurre con la legislación europea es que tardamos diez años en hacerla efectiva, porque los Gobiernos no se responsabilizan de la ejecución de la ley más que en la formalidad. Así acaba habiendo impugnaciones legales que son exitosas pero tardan una década sentar jurisprudencia.

Las aguas del Canal de Isabel II no sólo surten a los grifos de los hogares madrileños, también lavan las cuentas de 111 Ayuntamientos y de la propia Comunidad de Madrid, todos ellos accionistas de Canal Isabel II Gestión, la sociedad pública y anónima que se creó el 1 de julio de 2012, tras el fallido intento de privatización. Desde entonces, el reparto de dividendos, es decir, de liquidez, ha sido una constante. Aunque encontrar cifras es tarea complicada, los cálculos apuntan a que el Gobierno regional se ha embolsado en estos años más de 260 millones de euros.

El análisis económico realizado por la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II indica que, entre julio de 2012 y diciembre de 2013, el Canal ha logrado 368,9 millones de euros en beneficios, de los que 280 millones se han repartido como dividendos. Atendiendo a las notas de prensa de la compañía, la suma de los réditos en el mismo periodo es de 317,8 millones (118,3 del ejercicio 2012 y 159,6 de 2013). Por su parte, la empresa no aclara esta diferencia ni tampoco especifica la cantidad que ha cobrado cada Consistorio.

En cualquier caso, más del 80% del beneficio obtenido por la empresa se reparte entre el accionariado. El dinero beneficia principalmente a la Comunidad, que cuenta con el 82,4% de las acciones. Hechas las cuentas, la región ha ingresado alrededor de 260 millones de euros, correspondiendo el 17,6% restante a los municipios. El propio presidente de Canal Gestión y consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, reconoce en el Informe Anual 2013 que esos millones de euros son “una contribución a los Ayuntamientos en momentos muy difíciles para su financiación”.

Estas cifras, porcentajes y declaraciones cobran relevancia ante la próxima emisión de 500 millones de euros en bonos, que probablemente aprobará la Junta de Accionistas del día 3 de diciembre por “necesidades de financiación”. Todo parece indicar que se busca dinero fuera cuando el que genera el propio Canal por su actividad huye para regar actividades ajenas.

Se busca financiación pese a los beneficios

“Esto quiere decir que independientemente de que los accionistas sean en la actualidad públicos se ha detraído un porcentaje muy alto de los beneficios de Canal Gestión para fines ajenos al ciclo integral del agua y a la propia sostenibilidad de la sociedad. ¿Cómo es posible que se estén dando dividendos multimillonarios, cuando por otro lado se busca financiación para la propia sociedad anónima?”, se preguntan tanto la plataforma ciudadana como la marea azul, colectivos que ya han anunciado una manifestación el 30 de noviembre a las 12 de la mañana en la Puerta del Sol, además de una concentración durante la Junta de Accionistas.

Esta opinión también es compartida por los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, IU y UPyD). “El Canal no necesita ese dinero, por lo que creemos que se usa la emisión de bonos para tener liquidez vía reparto de dividendos, y así quedan bien con los Ayuntamientos, se oculta el déficit estructural de los mismos y de la Comunidad y se genera liquidez para tapar huecos que en mayo quedarían descubiertos”, explica la diputada de UPyD en la Asamblea madrileña Elvira García.

Desde Izquierda Unida, Carmen Villares también comparte que uno de los objetivos de esta operación financiera está en el reparto de dividendos, pero no tanto a los municipios sino al propio Ejecutivo regional. “Es una liquidez que se puede usar en otros asuntos que no tienen nada que ver con el fin del Canal, que es el ciclo integral del agua. Se detrae todo el mantenimiento de algo vital”, añade Villares.

La utilización del Canal como fuente de liquidez para limpiar las cuentas públicas no es nueva. La deuda actual, que alcanza los 1.168 millones de euros, nació en el año 2006, cuando la Comunidad obligó al Canal a comprar al Ayuntamiento de la capital los derechos de saneamiento, depuración y reutilización de aguas depuradas, por los que pagó 1.223 millones. “Se hizo para dar liquidez al consistorio, que pasaba uno de sus peores momentos económicos”, comparte Elvira García.

Sin noticias de los bonos

La emisión de los bonos ocupó más de una hora de debate en la Asamblea regional del pasado jueves, en la que Salvador Victoria compareció a petición de UPyD. La falta de datos ante la operación financiera anunciada preocupaba a los tres grupos de la oposición. Las dudas continuaron después de las intervenciones políticas.

El consejero informó que la cuantía de los bonos será de 500 millones de euros (100 millones menos que lo publicado), pero no aclaró si es la cantidad total o únicamente la de la primera emisión (se han previsto varias); tampoco quiso confirmar ni el tipo de interés ni los plazos. El consejero sólo indicó que esos 500 millones están destinados a “cubrir por completo el vencimiento de préstamos del ejercicio 2015 sin acudir a más créditos bancarios que, sin duda, se otorgan a un tipo de interés superior, más caro, para el Canal de Isabel II. De esta forma se logra una refinanciación de préstamos con un menor coste financiero”.

“El objetivo es cerrar el 2015 con un endeudamiento ligeramente inferior del que se prevé al cierre de este ejercicio, y es que la estimación de la utilización de este nuevo instrumento financiero puede suponer para la empresa unos ahorros de entre 5 y 10 millones de euros anuales”, concluyó Victoria, quien también añadió que no habrá un incremento en el nivel de endeudamiento de la empresa y que los bonos no serán convertibles, es decir, no podrán ser acciones.

Esta última afirmación levanta todas las sospechas. “Siempre hay formas jurídicas que permite convertirlos en acciones”, adelanta Carmen Villares. “¿A quién beneficia esta operación de entrar en el mercado de la deuda, sino a las multinacionales del sector y a los fondos buitre?”, se preguntan los colectivos ciudadanos.

Un sueldo para los políticos en el consejo

En la Junta de Accionistas de la próxima semana también se aprobará el poder retribuir a los miembros del Consejo de Administración, muchos de ellos cercanos al Partido Popular, como denuncian desde Izquierda Unida e identifican desde la Plataforma Contra la Privatización: José Manuel Serra Peris, imputado como consejero de Bankia; José de Cevallos Aguarón, vinculado a la empresa privada Hidroser Servicios Integrales del Agua S.A.; Antonio de Guindos, imputado por el caso Madrid-Arena; y David Pérez, adalid del proyecto Eurovegas y alcalde de Alcorcón, entre otros. Mientras ellos entraban, la representación sindical era expulsada del consejo de dirección. Hasta 2012, los consejeros no tenían retribución económica. A partir de entonces, en 2013, se aprobó el cobro de dietas para Canal de Isabel II Gestión en los casos “en los que no concurre causa de incompatibilidad”.

La Plataforma ha puesto una queja a la Defensora del Pueblo por la falta de información y transparencia de la Comunidad respecto a la gestión del agua. Hasta 65 peticiones de información ha realizado este colectivo ciudadano, obteniendo el silencio por respuesta en todas ellas. En el escrito advierten además de que “pende sobre la sociedad anónima” Canal de Isabel II Gestión un recurso de carácter constitucional, interpuesto el 30 de marzo de 2012 por el PSOE, que, si es admitido por el Tribunal Constitucional, dejaría sin base jurídica el fundamento normativo que posibilitó la creación de la sociedad anónima.

El Canal de Isabel II, en manos de la Comunidad de Madrid y de 111 Ayuntamientos de la región, coquetea una vez más con los mercados para financiar su deuda, que asciende a 1.168 millones de euros. Donde la compañía sólo ve “pura y dura financiación”, las voces críticas temen el último intento para dar entrada al capital privado, hipotético proceso que el Partido Popular sólo podría completar si mantienen el poder tras las elecciones autonómicas y municipales previstas para mayo.

El orden del día de la Junta General extraordinaria, convocada para el miércoles 3 de diciembre, incluye “el establecimiento del programa de emisión de valores negociables de renta fija” y la aprobación de “la primera emisión de valores”, es decir, de bonos, un instrumento financiero de deuda que permite financiarse a cambio de devolver dicha cuantía más los intereses. “Tenemos unas necesidades de financiación, como cualquier empresa y Administración y, según está ahora mismo el mercado, el mejor interés no lo dan los bancos sino los bonos”, explican a eldiario.es desde la compañía.

Los repetidos intentos anteriores de privatización han puesto en alerta máxima a los críticos, quienes consideran que este movimiento abre una puerta de entrada a los inversores, facilitando así una posterior venta de acciones: “Los posibles compradores son los mismos que más adelante podrían hacerse con las acciones para quedarse con el Canal”, aseguran.

La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II quiere devolver el agua a la agenda pública y ha convocado una manifestación para el mediodía del domingo 30 de noviembre en la Puerta del Sol. Este colectivo entiende que la nueva estrategia supondría “un endeudamiento insoportable y una profundización en el proceso de privatización”. La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) va en la misma dirección: “Se sigue con un proceso de mercantilización que, sin duda, acabará con subidas en las tarifas y con una ausencia total de control por parte de los ciudadanos”.

El Canal de Isabel II Gestión S.A. trata de calmar los ánimos con el argumento contrario: “¿Es malo querer pagar menos intereses cuando necesitas dinero para financiarte? No es cuestión de versiones, la realidad es que no es ningún intento de privatización. No son bonos convertibles que luego puedan transformarse en acciones. El accionariado no se toca: es público al cien por cien”.

Más allá del recorrido de los bonos, la Plataforma denuncia la opacidad del proceso y que ningún partido opositor de la Asamblea de Madrid (IU, PSOE y UPyD) tenga información al respecto. “Dicen que no contestan porque son una sociedad anónima”, indican fuentes de la Plataforma, que dejan muchas preguntas para la reflexión: “¿Para qué son los bonos?, ¿qué características tendrán?, ¿qué intereses?, ¿qué quieren financiar?”. De momento sólo se sabe que en una primera convocatoria se emitirán 600 millones de euros.

Otra de las sorpresas que deja el orden del día de la Junta General es que, por primera vez, se propone una modificación del estatuto de la entidad, que pasará a poder retribuir a los miembros del Consejo de Administración, siempre que no tengan incompatibilidades. En definitiva, dinero que sale fuera de forma paralela a la emisión de bonos y a la reducción en gastos de personal.

Giro hacia el mercado

La empresa cerró el último ejercicio con unos beneficios de 210 millones de euros, que fueron repartidos entre los accionistas, principalmente la Comunidad de Madrid, con el 82,4% de su capital. Desde 2011 los rendimientos han aumentado el 43% mientras que, según los datos que pone encima de la mesa la Plataforma, las inversiones han caído el 56%. Entre una y otra cifra, aseguran, una disminución en recursos humanos del 12,5%.

Sus análisis económicos indican que el superávit logrado por el Canal se transforma en dividendos para los accionistas, en lugar de reducir la deuda, hacer inversiones o paliar gastos de explotación. “Desde 2008 han logrado 850 millones que no se han invertido en nada. Y en sus dos últimas memorias afirman que el objetivo es la 'valoración hacia el accionariado'; cualquier economista sabe lo que esto significa: que la empresa saque beneficios y sea interesante para la compra de bonos o de cara a una futura privatización”, subrayan fuentes internas de la Plataforma.

Unas cuentas muy diferentes a las que maneja la gestora, que habla de unas inversiones que “se mantienen constantes en los últimos 20 años, entre los 200 y los 300 millones de euros, siendo una de las empresas de agua que mayor ratio de inversiones hace anualmente”.

La opacidad de la gestión, insisten desde la Plataforma, es lo que genera todas estas dudas. Por ello están trabajando en lograr un acuerdo político y social por una gestión cien por cien pública, transparente y participativa. Tachan a la sociedad anónima actual de ser una “entidad de carácter privado, opaca, que mantiene en secreto sus acuerdos y decisiones, ajena al control parlamentario y a la rendición de cuentas, además de estar patrimonializada por el PP”. Califican asimismo de “arbitrarias” algunas decisiones, como la adquisición de la concesión del Servicio de Aguas de Lanzarote, por la que el Canal pagará 105 millones de euros en cinco años.

Intentos de privatización

Empresa pública desde su fundación en 1851, no es la primera vez que el Canal coquetea con el capital privado. Los primeros intentos se remontan a 2004, cuando Miguel Blesa, por aquel entonces presidente de Caja Madrid y hoy investigado judicialmente por irregularidades durante su gestión, proponía, en un correo interno revelado por Infolibre, una privatización “no convencional”.

Cuatro años más tarde, la nueva Ley de Medidas Fiscales y Administrativas posibilitaba el acceso privado al 49% de las acciones de la futura sociedad anónima, proceso que cuajó en 2011, poco después de que el PP revalidara su mayoría absoluta en la Comunidad. A los pocos meses, el Decreto 68/2102 aprobaba los mimbres que harían posible la privatización.

Todo estaba hecho, pero de forma paralela había crecido la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, impulsada inicialmente por ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana). El empuje de la ciudadanía –pero sobre todo los complicados momentos por los que atravesaban los mercados (los inversores no mostraron la interés previsto y apenas hubo sobre la mesa tres ofertas, las de Agbar, Acciona y FCC)– dieron al traste con la pretendida salida a Bolsa.

Hoy la compañía pública sigue siendo rentable y los vientos parecen soplar más frescos. Ignacio González, vicepresidente con Esperanza Aguirre y actualmente al frente de la Comunidad de Madrid, ha decidido aprovechar la oportunidad, en lo que a tenor de las encuestas parece ser el último tren seguro para los intereses populares, que pierden apoyos de cara a las autonómicas y municipales. “Qué más da que se produzca a escasos meses de unas autonómicas. No estamos pensando en las elecciones sino en la financiación que necesitamos, al menor interés posible”, justifican desde la compañía.

La lógica del mercado aprieta al suministro de agua en España. Según los datos de la patronal de las empresas del sector (AEAS), el 45% de la población española es abastecida por empresas privadas o participadas por sociedades privadas. Son, a día de hoy, más de 20 millones de personas. AEAS ha pedido que se suba la tarifa a los ciudadanos. “Es de las más bajas en la Unión Europea”, aseguran en un documento presentado este miércoles junto a la Asociación Española de Empresas Gestoras de Servicios de Agua a Poblaciones (AGA).

“Es un sector desregularizado que supone un refugio de negocio y beneficio para las grandes empresas”, contrapone Luis Babiano, de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). Entre los operadores privados más potentes se encuentran Aqualia (de FCC), Valoriza Agua (Sacyr) o Acciona. Esta última requirió un informe en febrero de este año a la consultora Price Waterhouse Coopers (PWC) sobre la gestión del agua en España. En la presentación, PWC reseñaba que a este sector le falta una unidad de mercado y un “incremento de inversiones” de unos “15.700 millones de euros”. Inversiones que, con la legislación actual, deberían hacer las administraciones y no las empresas.

La idea de aumentar el campo de acción privado en el suministro de este bien público toma velocidad a base de empujones público-privados. En el mismo acto en el que Acciona desmenuzaba su estudio, Arcadio Mateo del Puerto, un representante del Ministerio de Agricultura, dejaba sentada su postura a favor, asegurando que “lo privado, en la gestión de algo público como el agua, va hacer también que sea más eficiente, no hay duda”. Mateo del Puerto es el director general de Acuamed, la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S. A., cuyo objetivo es ser “el principal instrumento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el desarrollo del Programa de Actuaciones en las cuencas”.

Le contestaba Roque Gistau, en ese momento presidente de AEAS, que lo que ellos pedían es que hubiera “una seguridad jurídica en la colaboración público-privada”, a la par que reclamaba “unidades de gestión grandes para hacer economías de escala”. Es decir, sociedades de gran tamaño. Sólo Acciona asegura que abastece a más de 7 millones de personas en 180 municipios, y Aqualia cifra en 850 poblaciones donde tiene responsabilidad en el ciclo del agua.

Poca agua y muy barata

El caso es que la patronal considera que se paga poco “siendo uno de los países con mayor escasez de recursos hídricos” y que no se cubren los “gastos operativos” de llevar el líquido hasta los grifos de las casas. Babiano contrapone que se encarece cuando se está “consumiendo menos”. De hecho, en los dos últimos años, los hogares han ahorrado su consumo un 10% y se colocan en los 112 litros por habitante y día. “La factura no cubre costes y debería incrementarse para evitar el deterioro en el servicio y garantizar su sostenibilidad”, insiste AEAS.

Las empresas privadas acceden a dar este servicio “mediante una concesión con un canon anual que paga la empresa a los ayuntamientos prolongado durante 25, 30 o 40 años”, explica el portavoz de AEOPAS. “El dinero se utiliza para cualquier cosa. Sobre todo para enjugar las cuentas locales”, asegura.

Según su análisis, “el negocio es atractivo porque la tarifa baja todavía es susceptible de subirse y, además, tienes unos clientes que están cautivos porque el agua es una primera necesidad”.

Para abundar en su idea de elevar el precio a los clientes, las asociaciones de operadores privados cuentan que “el gasto del agua en los presupuestos familiares representa un 0,8%”. Y subrayan que está por debajo de la electricidad o la telefonía. “Lo que omiten– responden los suministradores públicos– es que hace cuatro años estaba en 0,5%”. Desde 2009, el precio del agua ha subido cerca de un 26% en las principales ciudades del Estado. Y hasta un 65% en capitales como Barcelona. Lo que deja a cientos de miles de familias sin agua por no poder pagar.

“La pobreza hídrica no es de aplicación directa a la sociedad española”, ya que “el sector dispone de mecanismos de acción social que aseguran el cumplimiento del derecho humano al agua”, defiende el presidente de AEAS, Fernando Morcillo. Para Luis Babiano, la privatización convierte ese derecho en “producto de mercado”, lo cual se nota “en los apremios de las empresas a los clientes que no pueden afrontar algún pago, las amenazas y los cortes de suministro”.

Ellos calculan que al año hay 500.000 avisos de cortes y que 9.200.000 personas “tienen dificultades para garantizarse este bien”. El presidente del grupo Agbar, Ángel Simón, ha admitido que “cada mes se hacen 12.000 cortes” sólo en su corporación. Pero llama a estos deudores “personas que cometen fraude”, como aseguró en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona.

“La red se deteriora”

En el ciclo integral del agua que va desde el almacenamiento en los embalses hasta el consumo final, pasando por su conducción y tratamiento, hay mucho dinero tanto en el pago del servicio como en las infraestructuras que mantienen ese ciclo. Sólo en 2014, según contaba el exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, “se han comprometido 156 millones de euros para depuradoras y otros 1.400 para los planes hidrológicos”. Pero los empresarios quieren más, y pretenden que esas infraestructuras se paguen a través de la tarifa de los consumidores –que ellos cobran–. “La red se deteriora”, justifican. Y culpan de los estropicios a “la falta de inversión pública”. Según sus cálculos, las pérdidas reales de agua son un 10% de lo que se capta, mientras que un 14% corresponde al consumo no autorizado.

Babiano resume que “la patronal niega que haya un debate entre los modelos de gestión”. Y lo equipara a los procesos de cesión a empresas de la dirección, por ejemplo, de hospitales públicos. “La situación es como si las constructoras hubieran redactado los planes generales de urbanismo de los municipios”, avisa Babiano. De hecho, la patronal del agua firmó un documento de “recomendaciones técnicas” para el suministro urbano, asumido por la Federación Española de Municipios. A su expresidente, Roque Gistau, se le atribuye la frase “el modelo de gestión es indiferente, lo que hace falta es que sea bueno”. Recuerda al mantra del que fuera consejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, sobre la privatización sanitaria: “A la gente no le importa quién dirija el hospital”.

Un mismo municipio, una misma calle y dos facturas del agua completamente diferentes: una de ellas un 20% más barata. Por definición. Esto comenzará a ocurrir en Jerez de la Frontera en unos días, cuando las pedanías jerezanas de Guadalcacín, Torrecera y Estella reciban el servicio de agua de la empresa pública Agua Sierra de Cádiz.

Ante la privatización del suministro aprobada por el Ayuntamiento –80 millones de euros de canon mediante y una concesión a 25 años–, un grupo de ciudadanos ha luchado por evitar poner el agua de sus grifos en manos del mercado, logrando una pequeña victoria que da esperanzas a los defensores del agua pública. “Fue imposible bloquear el proyecto porque el PP tenía mayoría absoluta, pero conseguimos que tres de las siete pedanías que tiene Jerez no se acogieran a la privatización por una competencia que tenían aprobada”, explica Francisco López, de la plataforma Marea Azul del Sur.

La defensa de la gestión pública del agua urbana es uno de los movimientos ciudadanos que suma más movilizaciones en los últimos años. Quizás el caso del Canal de Isabel II de Madrid sea el que tuvo más eco mediático, pero el mapa por el agua pública cada vez se expande más. “Hace tres años, cuando empezamos este proceso, éramos cuatro gatos. Pero el movimiento ha crecido y cada vez somos más colectivos”, añade López, que ha pasado de trabajar en la empresa pública Aguas de Jerez a estar en nómina de la privada Aqualia.

Un pacto social por el agua pública es la última iniciativa del movimiento, que incluye a mareas ciudadanas, asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas y de consumidores, sindicatos, fundaciones e incluso cuenta con el apoyo de algunos grupos políticos. Tras su puesta en marcha en Andalucía, la propuesta buscará adhesiones en distintos puntos del país –este viernes se presenta en Murcia– hasta tejer una tupida red, que incluya a la mayor cantidad de municipios posibles.

Parten desde una actitud crítica: “Las empresas públicas necesitan ser regeneradas, tenemos el reto de ser socialmente sostenibles”, explica Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). Transparencia, democratización, rendición de cuentas, eficacia, y derecho humano al agua. “Es posible un modelo diferente”, añade.

El movimiento adquirió fuerza global con la aprobación de la Asamblea General de Naciones Unidas del derecho humano al agua en 2010. El Foro Mundial del Agua en Marsella y su encuentro paralelo alternativo, celebrado en 2012 en la ciudad francesa, mostraron la fuerza de una 'marea' que tenía un peso y una lucha global. El entonces ministro español de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, recibió en ese encuentro en Francia una propuesta de Ecologistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras sobre dos modificaciones de la Ley de Aguas: garantizar la titularidad pública de los abastecimientos urbanos de agua y que la legislación nacional reconozca de manera explícita el derecho humano al agua, garantizando un suministro mínimo de 80 litros al día por habitante.

Y su respuesta no pudo ser más clara: “En la gestión del agua hay que buscar la interacción del sector público y del privado. No podemos limitar a los sectores públicos la infraestructura y la gestión de los servicios de agua. En un futuro de enorme austeridad presupuestaria tenemos que buscar la coparticipación de ambos sectores”.

Mientras los datos globales indican que tan solo el 10% de la gestión mundial del agua está en manos privadas, la tendencia en España es la contraria: en 1996 el 63% de la población española estaba abastecida por servicios públicos, porcentaje que ha bajado a menos del 50%. En plena crisis económica, la entrada de dinero fresco a través del canon concesional que pagan las empresas se ha convertido en un flujo de dinero fresco para las endeudadas economías municipales.

Con estos datos y estos precedentes, el objetivo del pacto público no es involucrar al Gobierno –“escepticismo al respecto es poco”, explica Babiano–, sino que trabajan de cara a las elecciones locales, para “conseguir pactos y compromisos, que sea una tendencia sólida”, apunta Babiano.

Prohibir los cortes de suministro

“El derecho humano al agua debe estar en el ADN del sistema”, subraya el gerente de Aeopas, una de las organizaciones que ha liderado el pacto. Pero, ¿qué significa que el agua sea un derecho humano? Que todo el mundo tenga un acceso mínimo garantizado a agua de calidad, una cifra que puede variar entre los 60 y los 100 litros por persona y día. “Las empresas privadas no van a garantizar el acceso a la gente”, explica la relatora especial de las Naciones Unidas por el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, Catarina de Alburquerque.

La experta portuguesa apunta que es el Estado quien debe ser el garante de los derechos y debe adoptar un marco regulador que dictamine cuáles son las reglas: tarifas sociales, mecanismos de subsidio, así como de participación y de información. Es decir, que nadie se quede sin acceso al vital líquido.

Esto no se está cumpliendo en el Estado español (donde no hay siquiera un regulador), a pesar de que fue uno de los 122 países (hubo 22 abstenciones y ningún voto en contra) que apoyó la apuesta de la ONU por este derecho humano, en una postura que define parte de su política exterior. Unos 300.000 abonados sufren cortes cada año en el país por falta de pago y se calcula que alrededor de nueve millones de personas tienen problemas para hacer frente las facturas. “Es una aberración y una traición al pueblo”, opina Francisco López. Por ello, desde el pacto social proponen prohibir los cortes de suministro.

París como ejemplo

La vuelta a lo público se está convirtiendo en tendencia. Más de un centenar de ciudades en el mundo ha remunicipalizado su servicio de abastecimiento y saneamiento en los primeros 14 años del siglo: Atlanta e Indianapolis, en Estados Unidos; París, Berlín o Budapest, en Europa; o Buenos Aires, La Paz, Johannesburgo, Dar-es-Salam, Accra, Almaty o Kuala Lumpur, en los países del Sur, son algunos ejemplos significativos.

“Tras unos años en los que la privatización y la subcontratación han sido los procesos dominantes en los servicios públicos, resulta cada vez más evidente que la tendencia empieza a cambiar, en especial en el sector municipal, agua y energía incluidas”, confirma la Universidad de Greenwich en un estudio para la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos.

De todos estos casos, el de París es que quizás el más emblemático y en el que se fijan desde el pacto social por el agua pública. “Muestra una nueva imagen de ciudad, donde el agua tiene una percepción integradora y de derecho humano, como algo colectivo”, explica Babiano. En la capital francesa –sede por otro lado de las dos principales multinacionales del sector, Suez y Veolia–, el recibo bajó un 8% durante el primer año y se obtuvieron beneficios de 35 millones de euros. Además, no están permitidos los cortes de agua para las familias que no puedan pagar, se han creado nuevos servicios y se ha logrado una gestión más democrática y participativa.

Torrelavega (Cantabria), Ermua (País Vasco), Arenys de Munt (Cataluña), Arteixo (Galicia), Cazorla, Medina Sidonia, Lucena y 22 pueblos de la provincia de Sevilla asociados en Aguas del Huesna (Andalucía) son los ejemplos en el Estado español. En Lucena, por ejemplo, en seis meses la empresa municipal ha conseguido 285.000 euros de beneficios, un 25% más de los declarados por la empresa privada en su último año como concesionaria. Francisco López, que lleva tres años luchando contra la privatización en Jerez, finaliza: “A los ciudadanos nos han convertido en consumidores, hay que apostar por un modelo nuevo y desde lo público se puede y se debe”.

Aqualia, la sociedad de la constructora FCC que se dedica a gestionar el servicio público de agua en decenas de municipios españoles, está realizando cortes de suministro a familias con pocos recursos de San Pedro del Pinatar (Murcia) que han dejado de pagar tan solo un recibo. Así lo denuncian la Asamblea Agua Pública 100% Región de Murcia y el círculo de Podemos de la localidad, que junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Mar Menor están indagando sobre el número de familias afectadas y preparan varias medidas de protesta.

El Ayuntamiento y la concesionaria defienden la legalidad de los cortes amparándose en la ordenanza reguladora del servicio, redactada en 1981. UPyD presentará una moción en el Pleno municipal para redactar una nueva norma. Sin embargo el PP, que gobierna con mayoría absoluta, pretende adelantarse y modificar el texto. “En el Ayuntamiento no tenían ni idea de dónde estaba la ordenanza cuando nuestro grupo decidió plantear la moción. Queremos evitar la injusticia de los cortes de agua a personas en riesgo de exclusión social”, explica a eldiario.es José Luis Ros, portavoz de UPyD.

Aqualia inicia el proceso del corte de agua en San Pedro del Pinatar con el envío de una carta certificada en la que se avisa del impago, se recuerda el importe adeudado, se anuncia un plazo para efectuar el abono y se advierte de que, en caso de no pagar, la posterior reconexión conllevará un coste de 38,55 euros, además de la liquidación del importe pendiente y de los intereses de demora. Sin embargo, el pasado mes de agosto algunos vecinos afirmaron haber sufrido el corte sin esa notificación.

Fuentes municipales creen que “se está intentando ver fantasmas donde no los hay”, y tanto el Ayuntamiento como Aqualia recuerdan que existen bonificaciones para las familias sin recursos. Aqualia alega también que la ordenanza municipal autoriza a cortar el servicio y rescindir el contrato cuando se acumulen dos recibos bimestrales impagados, mientras que sus avisos de corte se refieren al impago de un recibo trimestral. Además, defienden que “el plazo transcurrido entre el impago y el corte es siempre superior a dos meses”.

Sin embargo, la Asamblea Agua Pública cita la Observación General de 2002 de la ONU, en la que se afirma que cuando se quiera cortar el suministro “porque una persona adeuda el pago del agua, deberá tenerse en cuenta su capacidad de pago”, y que “en ninguna circunstancia deberá privarse a una persona del mínimo indispensable de agua”.

“¿En manos de quién estamos?”

El primer caso que saltó a la luz pública en San Pedro del Pinatar, a mediados del mes de agosto, fue el de una vecina prejubilada por enfermedad que cobra una pensión mínima y tiene un hijo menor a su cargo: “Cuando recibí la carta en la que Aqualia me apremiaba a pagar, la fecha de envío era de unos días atrás, pero en ese momento disponía de 48 horas o me cortaban el agua. Pregunté a la empresa y su respuesta fue que sacara el dinero de donde fuera, que no había otra posibilidad que pagar y que contaban con respaldo legal”, explica la afectada a eldiario.es.

“Después pregunté al ayuntamiento si era legal que cortaran el suministro a familias en riesgo de exclusión social por el impago de una sola factura, como es mi caso, y me dijeron que si Aqualia lo había hecho así, sería porque podía hacerlo”.“Me quedé perpleja y pensé, ¿en manos de quién estamos?”, reflexiona la mujer.

Con las ONG del pueblo cerradas por vacaciones, sabiendo que Asuntos Sociales no podría aprobar el pago de su recibo en tan poco tiempo, y desechando la opción de fraccionarlo –“sólo se puede hacer si es superior a 200 euros”, aclara–, la afectada recurrió al círculo de Podemos: “Fue a los últimos a los que recurrí, pensaba que no me podrían ayudar”, explica. Esa misma tarde se hizo una colecta a través de WhatsApp y le facilitaron el importe. Sin embargo, añade que “lo ideal es no necesitar ayuda de nadie, sino que las condiciones sean más justas”.

Derecho humano al agua

Miguel Ángel Alzamora, miembro de la Asamblea Agua Pública 100% Región de Murcia, explica que “cortar el agua no es legal, por mucho que lo diga una ordenanza municipal”. “Con ello se están saltando las normas internacionales que defienden el derecho al agua como un bien esencial para la vida. Lo que pasa es que esas normas suscritas por España aún no han pasado a nuestra legislación”, matiza.

Según Alzamora, “normalmente los ayuntamientos intentan revestir de legalidad el corte de agua en sus reglamentos; por ejemplo, en la ciudad de Murcia se permite con el impago de dos recibos”. Sin embargo, recuerda el éxito de la movilización ciudadana hace tres años en la capital autonómica: “Gracias a las asambleas de barrio logramos crear un fondo social del que se están beneficiando unas 3.000 familias”.

Alzamora cree que lo que Aqualia pone en práctica son “medidas de coacción” que podrían ser constitutivas de delito. “Son prácticas habituales en ésta y otras empresas, que tratan como clientes a los usuarios de un derecho vital”, reflexiona. Y prosigue: “Todo esto tiene mucho que ver con la ola privatizadora del agua que venimos sufriendo y cuyas consecuencias son nefastas, pero en paralelo está creciendo otra corriente de 'remunicipalización' que, gracias los movimientos sociales, ha cambiado la situación en lugares como Huesca, Medina Sidonia o incluso en París. Allí la factura ha bajado un 8% y además, las arcas municipales consiguen beneficios que revierten en toda la sociedad”.

En opinión de Alzamora, “es muy importante que la gente denuncie” estos abusos. “En el asunto del agua estamos aún en una primera fase, como sucedió con los desahucios. La gente aún tiene complejo porque creen que son la personificación de un fracaso. Desde la Asamblea queremos asesorarles y acompañarles para que se sientan fuertes, y para que se den cuenta de que no se trata de un fracaso personal, sino que su situación es fruto del abuso y de la injusticia”, concluye.

Se calcula que unas 300.000 personas se quedan sin agua en España cada año, y más de un millón en toda Europa. Por ese motivo, una iniciativa ciudadana llevó casi dos millones de firmas al Parlamento Europeo a principios de año exigiendo que las legislaciones recojan los compromisos internacionales en materia de suministro de agua, y solicitando una cantidad mínima y gratuita de agua por persona y día de entre 60 y 100 litros.

Una concentración que empezó con 50 personas, a las que se han unido consejales de iniciativas políticas como el PSOE o Izquierda Unida y se han unido más y más ciudadanos durante el día, es la respuesta de una comunidad en contra de la privatización del agua. La Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar de San Juan comenzó la iniciativa para exigir la convocatoria de una Consulta Popular, avalada por más de 11 mil firmas, para cambiar la gestión de la empresa municipal Aguas de Alcázar. La continuidad de las negativas por parte de la oficina municipal, en la que se negaron iniciativas como la convocatoria de un Pleno Extraordinario el jueves 20 de febrero para alcanzar un acuerdo respecto a la gestión de las aguas, ha llevado a esta organización a proclamar un encierro que durará, por lo menos hasta el viernes.

El alcalde y miembros del Ayuntamiento como el Concejal de Seguridad Ciudadana han hecho un llamado para que los alojantes evacúen el edificio, pero los ciudadanos han desoído las órdenes, si bien sólo una treintena de representantes de la Plataforma pasará la noche en el edificio oficial. Izquierda Unida de Alcázar de San Juan ha hecho público a través de Facebook como la Policía rodea el edificio para evitar que más ciudadanos se unan a la concentración durante la noche. La iniciativa política ha llamado a los ciudadanos a que se acerquen al Ayuntamiento a partir de las 9 de la mañana del miércoles para seguir con la concentración ciudadana y conseguir que el consistorio reaccione ante las peticiones ciudadanas por el manejo del agua. Personalidades políticas como Rosa Melchor del PSOE han hecho público su apoyo ante la concentración, y su oposición ante la gestión municipal del problema, aclarando que se hará todo lo posible para que las aguas sigan siendo un bien 100% público.

La Plataforma surge en la localidad ante el estudio del cambio de gestión de las aguas de pública a capital público-privado, en el que el socio privado pasaría a controlar el 52% de las personas, comunicado en julio de 2013. Ante esta situación, los ciudadanos se unieron en este movimiento para asegurar que el agua de la localidad se mantenga pública, y que su gestión sea transparente e impedir así cualquier manipulación por parte de cualquier partido político.