La Fiscalía del Tribunal de Cuentas del Estado aprecia una posible “responsabilidad contable” en el abono durante el ejercicio 2014 de 820.846 euros por parte del Ayuntamiento de Vitoria a la empresa gestora de la contrata de la limpieza de la ciudad (FCC) aparentemente por servicios no prestados por la potente compañía que en 2015 volvió a resultar adjudicataria del servicio, si bien ahora en UTE con Viuda de Sainz (GMSM). En ciudades como Barcelona o Badalona sus respectivos Ayuntamientos ya han denunciado también que FCC había cobrado cantidades elevadas por servicios no ejecutados y han abierto investigaciones internas.

Por el momento, en el caso de Vitoria no existe una investigación formal abierta en el Tribunal de Cuentas, un órgano con sección de enjuiciamiento y que tiene potestad para reclamar a los responsables públicos de una mala gestión el reintegro del dinero perdido. El fiscal, Miguel Ángel Torres, según han informado 'El Correo' y 'Europa Press', entiende que la auditoría de Vitoria del ejercicio 2014 elaborada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas puede dar lugar a una apertura de diligencias ya que aludía a que “no había constancia de que dichas prestaciones [por valor de 820.846 euros] se hayan ejecutado finalmente” a pesar de que en 2015 se dio por liquidado el contrato con FCC para dar paso a uno nuevo con la UTE de FCC y GMSM. Es más, Torres reseña de refilón que Vitoria no sólo pagó a FCC por servicios no prestados, sino que además fue modificando la contrata de tal manera que lo que inicialmente fue una adjudicación de 20,5 millones anuales (2006) acabó en 25,6 (2014).

FCC aterrizó como contratista de la limpieza de Vitoria en 2006, con el 'popular' Alfonso Alonso como alcalde, en una adjudicación sobre la que pesa la sombra de la corrupción. En 2014, el año de las presuntas irregularidades, el regidor era Javier Maroto, igualmente del PP. En 2015, la edil Leticia Comerón explicó que la nueva contrata incluiría mecanismos de control no existentes hasta entonces, un reconocimiento implícito de que FCC había cobrado por servicios no prestados: “Los medios de control que tendremos en esta contrata ni tan siquiera están puestos actualmente”. “Se va a pagar en función de los servicios que se presten”, apostilló la técnico Blanca Díaz de Durana en la misma rueda de prensa en que Comerón presentó las nuevas cláusulas técnicas del servicio de limpieza.

Los locales de San Antonio

En el Tribunal de Cuentas, el expediente ha recaído en la consejera María Antonio Lozano. Se da la circunstancia de que fue la impulsora de la investigación contra los propios Alonso y Maroto por el polémico alquiler de unos locales al expresidente del Deportivo Alavés y empresario Gonzalo Antón en la calle de San Antonio en el tramo final del mandato de Alonso (alcalde entre 1999 y 2007). El caso quedó archivado en segunda instancia -tras una condena inicial- y con la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante como ponente.

El Ayuntamiento de Vitoria entregará este miércoles un informe jurídico en torno al planteamiento del fiscal Torres. El alcalde, el peneuvista Gorka Urtaran, se encuentra inmerso en un debate en torno precisamente al servicio de limpieza. Hace unos meses desactivó 'in extremis' una amenaza de huelga de los operarios tras varios despidos y algunas voces en la oposición reclaman o la municipalización de la gestión de residuos (EH Bildu), o rescindir la contrata con FCC (y Viuda de Sainz), que ahora ingresan anualmente 22,8 millones, cuando por contrato prestan más servicios que los que antes costaban 25,6 a las arcas públicas.

La corrupción, la mala gestión pública, el pretendido “oasis vasco” o “paraíso” terrenal en el que supuestamente vive la ciudadanía vasca siguen muy vivos en el debate de esta campaña electoral. El candidato a lehendakari por el PP, Alfonso Alonso, se ha adentrado en ese charco electoral, no ya apelando a la presunción de inocencia ante la sucesión de casos de corrupción y nepotismo que afectan al corazón de su partido, sino sacando pecho. Y repartiendo invectivas contra los demás partidos, sobre todo al PNV.

En un tono categórico, Alonso ha subrayado que “el Partido Popular jamás ha tenido un caso de corrupción en Euskadi” al tiempo que ha destacado la “limpieza” de su partido, que ha gestionado entre otras instituciones tan destacadas como el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz -él mismo fue alcalde de la capital vitoriana- o la Diputación de Álava.

La aseveración realizada durante su intervención a primera hora de este primer lunes de campaña electoral en el desayuno informativo Fórum Nueva Economía fue inmediatamente contestada en las redes con los casos que la oposición ha utilizado en estos últimos años para castigar al PP por ese flanco también en Euskadi. Los seguidores de Twitter colocaron titulares como este “El PP pagó su sede en Bilbao con donativos hechos para proteger de ETA a sus concejales” o informaciones en las que se apuntaba de qué manera pagó con dinero negro el tesorero Luis Bárcenas la sede del PP en la capital vizcaína. 

“Para llevar a cabo un control de la operación financiación de la compra y acondicionamiento de la sede del PP en Vizcaya, Luis Bárcenas creó una cuenta específica denominada ”Sede Vizcaya“ con las mismas características que el resto de la contabilidad B, de cuya llevanza era el responsable”, resumía un informe policial de 145 páginas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEP). Los pagos se produjeron entre los periodos del 11 de noviembre de 1999 y el 16 de noviembre de 2005, periodo en el que el PP estuvo dirigido por Carlos Iturgaiz (cinco años) y por María San Gil (el último año).

Los adversarios políticos de Alfonso Alonso le han criticado también -y a su sucesor en la alcaldía de Vitoria, Javier Maroto- por estar “inhabilitado” para la gestión después del escándalo del denominado 'caso San Antonio. El Tribunal de Cuentas del Estado condenó, en mayo pasado, al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y al vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, al pago de 393.862,31 euros por los perjuicios ocasionados en los fondos públicos en el alquiler de unos locales en la calle San Antonio de la capital alavesa.

El PP, desde el minuto cero, ha negado que ese caso, que está recurrido, esté ligado con la corrupción y siempre ha destacado que es una condena administrativa y no penal. Pero desde el alcalde de Vitoria, el peneuvista Gorka Urtaran, hasta la líder de EH Bildu, Miren Larrion, han aprovechado esa condena para señalar que Alonso y Maroto están “inhabilitados” para la gestión pública.

Ajeno a todos estos casos, lo que sí ha aprovechado Alfonso Alonso este lunes es para criticar al Gobierno vasco y al partido que los sustenta, el PNV, por su incapacidad para “adelgazar la Administración” en Euskadi. Alonso ha puesto el ejemplo realizado en este tema por el Gobierno de Mariano Rajoy, y de su vicepresidenta -presente esta mañana en el desayuno de Bilbao. Y ha censurado que el PNV, lejos de “adelgazar la Administración”, se dedica a crear “chiringuitos, entes donde suele haber gente colocada”. 

Nadie podrá decir nunca que Alfonso Alonso no ha estado allá donde el Partido Popular ha reclamado su concurso, en Madrid o en Euskadi, en el Congreso de los Diputados defendiendo la labor del Ejecutivo o apagando los fuegos ministeriales generados por la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato. Y en Euskadi: el cabeza de lista del PP vasco por Álava tuvo que echarse a la espalda en 24 horas el partido en Euskadi, tras la 'espantada' de su anterior líder, Arantza Quiroga, que dimitió el 14 de octubre del pasado año.

Viajó a Vitoria de manera meteórica, y esa misma noche Alonso se reunió en torno a una mesa con sus más afines en la formación vasca -Javier Maroto (al que cedió el bastón de la alcaldía de Vitoria para hacer carrera política en la capital de España y con el que ahora comparte sentencia condenatoria del Tribunal de Cuentas español por el caso de los locales de San Antonio), Javier de Andrés, 'número tres' del PP vasco y su lazarillo en Euskadi, Iñaki Oyarzabal- y se echó el partido a la espalda, junto a la mochila ministerial. Literal. Era la doble jornada de la que habló entonces la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Solo por eso tiene el apoyo de los populares vascos en la decisión que tome sobre su futuro político. Mantuvo a la vizcaína Nerea Llanos como secretaria general -uno de los problemas en el congreso que entronizó a Quiroga en el Kursaal, en marzo de 2014, fue la decisión de la entonces lideresa de apartar a Oyarzabal de la secretaria general- y, en el día a día, se apoya en otro dirigente alavés, Iñaki Oyarzabal, 'factotum' del partido conservador y con ascendencia en Génova. “Es cierto que el día a día del partido no lo lleva”, apunta una de las personas que está en el 'núcleo duro' del PP vasco, “pero tome la decisión que tome tiene grandes capacidades, tanto para ministro como para ser nuestro candidato a lehendakari. Si finalmente decide optar a la Lehendakaritza se va a poner en 'modo candidato' en un pis pas”, asegura la misma fuente.

¿Puede el 'caso San Antonio' ser un lastre en su futuro político inmediato? Desde luego en Génova y en el núcleo de los 'sorayistas' -Alonso fue portavoz adjunto del grupo parlamentario y 'mano derecha' de Sáenz de Santamaría- tienen claro que este caso “no tiene nada que ver con la corrupción” que ha anidado en el partido en las últimas décadas. Y que el 'caso San Antonio' no mancha políticamente.

El Tribunal de Cuentas español condenó recientemente al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al secretario sectorial de PP, Javier Maroto, a abonar 393.862 euros por la firma en 2007 del alquiler gravoso de unas oficinas en unos locales en San Antonio, en Vitoria, cuando los populares gobernaban la capital alavesa. Es lo que se conoce como 'caso San Antonio'. Entre otros reproches, la sentencia, de carácter administrativo y no penal y que ha sido recurrida, afea la conducta de Alonso y Maroto por no hacerse caso de las recomendaciones de los técnicos municipales y pactar condiciones más gravosas y “lesivas” para el patrimonio público sin ningún tipo de “justificación”. Ahora, ambos dirigentes deberán hacer frente al pago de la sanción de manera conjunta con el resto del equipo de gobierno municipal (íntegramente del PP) que entre 2003 y 2007 dirigía el Ayuntamiento de Vitoria, con Alfonso Alonso como cabeza visible. Alonso fue alcalde de Vitoria-Gasteiz entre 1999 y 2007.

Sin embargo, toda la oposición considera que tanto Alonso como Maroto están de alguna manera “inhabilitados” para seguir en política y en la gestión de la cosa pública, algo que el ministro en funciones rechaza de plano. En esta campaña, en alguna ocasión el líder de los populares vascos ha tenido la tentación de responder a los innumerables casos de corrupción que el resto de candidatos le han restregado por la cara advirtiéndole al PNV que nadie está libre de pecado. Y para desenmascarar la teoría del Oasis vasco -Euskadi como un territorio libre de episodios de corrupción-, ha señalado el 'caso De Miguel', la presunta red corrupta tejida, entre otros, por el que fuera 'número dos' peneuvista en Álava, Alfredo de Miguel, Txitxo.

Alonso, casado y con cuatro hijos, es licenciado en Derecho y en Filología Románica y ejerció como abogado antes de entrar en política. Por el momento no ha dado pistas públicas de por dónde quiere tirar a partir del 26J. En esta campaña ha multiplicado sus actos en el País Vasco, pero no ha abandonado el foco nacional en ningún momento. “Ha estado en Galicia, Huesca, Algeciras, Huelva, Cádiz..., pero fundamentalmente ha estado haciendo campaña aquí. Igual un día a la mañana tenía un acto en Vitoria y por la tarde se marchaba a Galicia y en medio día se recorría Orense, Pontevedra, etc”, explica su gente de campaña en el PP vasco.

Esta tarde, se ha desplazado a hacer campaña a Getxo, un municipio de Bizkaia amable para los populares. Sin papeles, con ese verbo tranquilo, sin alterarse, pero con una letanía clara en contra de los “extremismos y populismos” que a su juicio representan Unidos Podemos y Pablo Iglesias, Alonso ha pedido el voto para continuar con las “políticas sociales” del PP y ha pedido expresamente “agrupar el voto” para que no se pierda ninguna papeleta porque si no “lo que puede venir es muy preocupante”. Y lo ha hecho con la fábula de la casa y las llaves que ya empleó en la campaña de diciembre, pero con adaptaciones. Ya saben, ese hombre que deja las llaves de su casa a Pablo Iglesias y cuando vuelve el dueño a su domicilio está llena de 'okupas'. No puede entrar, claro, se tiene que ir a vivir debajo de un puente y encima debe seguir pagando la luz, las facturas... Luego le deja las llaves a Pedro Sánchez, que va y las pierde. Pero como el dueño es listo y previsor, al final tiene otras llaves y en esta ocasión se las da a Albert Rivera. “Que se las da a Pedro Sánchez y las vuelve a perder”. En resumen, “las llaves, a Mariano Rajoy”, ha proclamado Alonso.

Le acompañaban en el mitin el candidato por Bizkaia, Leopoldo Barreda, y la secretaria general, Nerea Llanos, quien en plena tormenta interna tras la espantada de Quiroga, tomó las riendas del partido y envió un mensaje claro tras dirigir la última reunión del Comité de Dirección en Vitoria de la etapa Quiroga a la que no acudió la entonces presidenta: “El PP está por encima de las cosas y de las personas y tiene que seguir funcionando”, dando a entender que los populares vascos estaban también preparados por si su líder tiraba la toalla, como finalmente ocurrió. La máxima de Llanos valdrá también en el caso de si Alonso, como muchos piensan, quiere seguir haciendo política en Madrid y si Rajoy, como muchos prevén, descuelga el teléfono para que vuelva a Madrid. Pero antes hay que salvar varios escollos: entre otros, no solo ganar las elecciones el 26J, sino que Rajoy o en su defecto otro candidato salga victorioso también de la futura sesión de investidura.

En el PP vasco confían en que, a diferencia del 20D, esta vez la investidura y la formación del próximo Gobierno vayan rápidas. En todo caso, los populares vascos quieren dejar cerrada la cuestión de su candidato a lehendakari antes de irse de vacaciones en agosto, según la dirección, porque las elecciones autonómicas están previstas para otoño. Pero saben que todo depende de si Mariano Rajoy continúa en La Moncloa o, al menos, de si los populares siguen controlando el Ejecutivo español. Y para saber eso con exactitud hay que conocer los dígitos que arrojan las urnas y que ejes de pacto pueden llegar a buen puerto.

Para el vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, la mejor defensa es un buen ataque. Por eso, ante la condena del Tribunal de Cuentas por el 'caso San Antonio' ha afirmado que la sentencia “no habla de corrupción, ni siquiera de algo ilícito o penal” y ha acusado al alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), de “difamar” al PP cuando compara la forma de actuar del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y del propio Maroto con los casos del PP de Valencia o Madrid. “El PNV estaría mejor callado porque cuentan en Vitoria con ”seis imputados por corrupción por cobro de comisiones“ por el denominado 'caso De Miguel'.

Maroto se ha pronunciado así en la red social Twitter, tres días después de que el Tribunal de Cuentas del Estado haya condenado al ministro de Sanidad en funciones, y al propio Javier Maroto, por causar un perjuicio económico de 393.000 euros a las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato público de alquiler de uns locales con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado.

Lejos de asumir algún tipo de culpa, Maroto ha destacado que el fallo fue dictado por la consejera “nombrada en el Tribunal de Cuentas a propuesta de Izquierda Unida” y que él se limitó a tomar la decisión que los técnicos le recomendaron y siempre “hemos defendido su profesionalidad”.

El contrato, firmado por el Gobierno municipal en el que Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.

El PP recuerda que el Tribunal de Cuentas es una jurisdicción administrativa, no judicial, y que quien firma la sentencia contra Alfonso Alonso y Javier Maroto es una "consejera, no jueza, designada directamente por el PSOE a propuesta de IU".

El PP ha recordado que el Tribunal de Cuentas es una jurisdicción administrativa, no judicial, y que quien firma la sentencia contra Alfonso Alonso y Javier Maroto es una “consejera, no jueza, designada directamente por el PSOE a propuesta de IU”.El Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad en funciones y actual presidente del PP de Euskadi, Alfonso Alonso, y al secretario sectorial de Partido Popular, Javier Maroto, a abonar 393.862 euros, junto con el resto del equipo de Gobierno de Vitoria en 2007, por firmar ese año un alquiler gravoso para unas oficinas municipales.

Los populares han enfatizado que no se trata de un caso en el ámbito penal, que “no existe ningún tipo de corrupción y que, por tanto, no hay responsabilidad penal alguna”. “Este asunto”, añaden, “fue archivado en 2015 por la Fiscalía de Álava al no haber quedar acreditada la existencia de ilícito penal alguno”.

Según el alcalde de Vitoria, queda demostrado que la actuación de Alonso y Maroto fue "muy perjudicial para el interés público y para las arcas del Ayuntamiento"

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), ha considerado un hecho “muy grave” la condena al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, por el denominado 'caso San Antonio' y ha dicho que, “desgraciadamente, el PP de Vitoria y Álava no es nada diferente a la peor versión del PP de Valencia o Madrid”. El Tribunal de Cuentas ha condenado a Alonso y Maroto a abonar 393.862 euros, junto con el resto del equipo de Gobierno municipal de Vitoria en 2007, por firmar ese año un alquiler gravoso para unas oficinas municipales.

Con esta sentencia, según el alcalde de Vitoria, queda demostrado que la actuación de Alonso y Maroto fue “muy perjudicial para el interés público y para las arcas del Ayuntamiento”, por lo que deberán pagar “de su propio bolsillo” los casi 400.000 euros. Urtaran ha lamentado que en 2013 el PP se negara a renegociar el contrato con el propietario en los términos que planteaban los grupos de la oposición, por lo que “no dejó otra vía que acudir al Tribunal del Cuentas para defender a la ciudad”.

“Hoy, después de casi tres años, el Tribunal nos ha dado la razón, no solo al PNV y PSE, sino a la mayoría de vitorianos que desde un principio hemos considerado este contrato muy perjudicial para los intereses de Vitoria”, ha concluido

El Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al secretario sectorial de PP, Javier Maroto, a abonar 393.862 euros por la firma en 2007 del alquiler gravoso de unas oficinas en Vitoria cuando los populares gobernaban la capital alavesa. Es lo que se conoce como 'caso San Antonio'. Entre otros reproches, el Tribunal afea la conducta de Alonso y Maroto por no hacerse caso de las recomendaciones de los técnicos municipales y pactar condiciones más gravosas y “lesivas” para el patrimonio público sin ningún tipo de “justificación”. Ahora, ambos dirigentes deberán hacer frente al pago de la sanción de manera conjunta con el resto del equipo de gobierno municipal (íntegramente del PP) que entre 2003 y 2007 dirigía el Ayuntamiento de Vitoria, con Alonso a la cabeza. Aunque el PP ya ha anunciado que recurrirá el fallo, el daño político ya está hecho.

El órgano fiscalizador ha estimado de manera parcial la demanda interpuesta por la nueva corporación municipal que dirige Gorka Urtaran (PNV), el PSE-EE y el PNV, y considera que Alonso, Maroto y los otros siete acusados cometieron una “negligencia grave” y son responsables contables directos de haber ocasionado un “perjuicio” en los fondos públicos municipales por este alquiler.

La historia arranca cuando el Ayuntamiento de Vitoria alquiló un local a un empresario privado por 20 años para albergar unas oficinas municipales siendo alcalde Alfonso Alonso. En ese momento, Javier Maroto era el concejal de Hacienda. Ambos pactaron con el dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, una renta superior a la recomendada en un informe técnico municipal. El tribunal recuerda ahora que ese informe, fechado el 12 de enero de 2007, recomendaba una renta de 10.168 euros más IVA al mes, así como una actualización en base al IPC interanual y que los gastos de comunidad corrieran por cuenta del propietario.

Sin embargo, el acuerdo que adoptó la Junta de Gobierno municipal en febrero de 2007 estableció una renta de 12.500 euros al mes más IVA, con una actualización anual en base al IPC más una serie de puntos de incremento dependiendo del año, así como que los gastos de la comunidad fueran a cuenta del arrendatario, además del IBI y basuras, y una cláusula de blindaje por 10 años.

Más blindaje

El contrato que finalmente firmó el consistorio con la empresa Sbayre, del empresario Gonzalo Antón, mantuvo las condiciones del acuerdo de la Junta de Gobierno municipal y aumentó a 20 años la cláusula de blindaje. El Tribunal de Cuentas reconoce que el informe técnico municipal no era vinculante para la Junta de Gobierno, pero advierte de que una cosa es que no exista un deber legal para ajustar el contenido del contrato a sus conclusiones y “otra bien distinta” es “separarse” de dichas recomendaciones para “incluir en el contratos cláusulas de peor condición para el Ayuntamiento” sin una “justificación adecuada y suficiente”.

El Tribunal considera que el informe técnico “era lo suficientemente solvente para” ser una “referencia” en el contrato, del que solo se debería haber apartado el Consistorio de haber mediado alguna causa “relevante” que lo justificara, cosa que no se estima acreditado en este caso. En su sentencia, el órgano afirma que se incluyeron en el contrato unas cláusulas “lesivas para el patrimonio” del Ayuntamiento “porque le vinculaban a hacer frente a obligaciones contractuales injustificadamente gravosas en comparación con las prestaciones a recibir”, como el pago de los gastos de la comunidad.

La sentencia concluye que la adopción por los demandados de un “acuerdo lesivo” para el erario público ha supuesto una decisión que “ha infringido la normativa aplicable al contrato suscrito, pues ha incorporado al mismo, sin justificación acreditada, estipulaciones lesivas para el patrimonio público”. Así, el “daño” ocasionado al Ayuntamiento ha sido “real y efectivo”. “Los demandados incurrieron en una negligencia grave y relevante como para atribuirles una responsabilidad contable”.

El Tribunal de Cuentas del Estado ha condenado al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y al vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, al pago de 393.862,31 euros por los perjuicios ocasionados en los fondos públicos en el alquiler de unos locales propiedad del empresario vitoriano Gonzalo Antón. Es lo que se conoce como el 'caso San Antonio', llamado así por el alquiler que hizo el Ayuntamiento de Vitoria (cuando era dirigido por Alonso y Maroto) en una calle con este nombre cuando era alcalde Alfonso Alonso. En el caso 'San Antonio', el Tribunal de Cuentas ha investigado a Alonso y Maroto  por el perjuicio causado a las arcas públicas al firmar, en la etapa de ambos en el Gobierno municipal de Vitoria, un contrato a precio muy superior al de mercado. El Tribunal ha condenado a ambos exalcaldes de Vitoria, además de al resto de concejales que formaban parte del Gobierno municipal en 2007, todos del PP.

La firma del contrato por parte de Alonso y Maroto se hizo sin tener en cuenta un informe de la Unidad Técnica de Valoración del Departamento de Urbanismo. Los técnicos del Consistorio calcularon una renta máxima mensual de 10.168 euros para los locales del empresario Gonzalo Antón en la calle San Antonio, pero se acordó con el expresidente del Alavés una de 12.000 euros, más la actualización del Índice de Precios al Consumo (IPC). Así, el citado contrato obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros a Antón durante los 20 años que duraba el alquiler. A cambio de esta suma, el Consistorio alquilaba un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros. El órgano fiscalizador estimó que se pudo causar un “perjuicio” económico a las arcas municipales por el precio del alquiler, que se pactó por una renta 2.332 euros superior a la recomendada por los técnicos municipales.

Blindaje

El alquiler incluyó además una “cláusula penal” que señalaba que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de 20 años tenía que pagar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final, cuando los técnicos municipales fijaron esa obligación únicamente para 10 años.

El 'caso San Antonio' se inició en el propio Ayuntamiento de Vitoria después de que en 2014 una comisión de investigación concluyera, con los votos en contra del PP -entonces al frente del Gobierno del municipio- que Alonso y Maroto tuvieron una “responsabilidad directa” en la firma de este contrato, que “fue claramente contrario al interés público”. De ahí el caso pasó al Tribunal de Cuentas y también derivó a la Fiscalía de Álava, que en marzo del pasado año acordó archivar las diligencias abiertas al estimar que no existía “ilícito penal alguno”.

El Tribunal de Cuentas ha dejado visto para sentencia el juicio contable contra el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, el secretario Sectorial del PP, Javier Maroto, y los miembros del equipo de gobierno municipal de Vitoria entre 2003 y 2007 por el alquiler de unas oficinas, un caso en el que no acusa la Fiscalía. El máximo responsable del PP en Euskadi, Alfonso Alonso, ha reconocido en una entrevista en ETB la situación de “incomodidad” por el citado juicio y espera un desenlace cuanto antes mejor. La Fiscalía finalmente se retiró por sorpresa y no acusa en este proceso que se ventila fuera de la jurisdicción ordinaria.

Este tribunal ha estado investigando el alquiler por 20 años de un local de unos 900 metros cuadrados, situado en la vitoriana calle de San Antonio, para albergar oficinas municipales, y este lunes ha acogido la vista oral, a la que no han asistido ni Alonso -entonces alcalde- ni Maroto -que era concejal de Hacienda-, a quienes acusan los grupos municipales del PNV y del PSE, así como la nueva corporación municipal que dirige Gorka Urtaran (PNV).

El contrato obligaba al consistorio de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de 20 años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros. El alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros. Además, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.

Todas estas condiciones exigidas por el arrendatario convirtieron la firma en una auténtica sangría económica para el Ayuntamiento de la que no puede librarse en años si no es previo pago de esa cuantiosa penalización. Según las acusaciones, en ese arrendamiento podría haber una “responsabilidad contable” por parte del entonces gobierno local, por entender que pactó con el dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, una renta superior a la recomendada en un informe redactado por el técnico municipal.

En la vista se han escuchado las grabaciones de algunos altos funcionarios del Ayuntamiento que testificaron en la comisión de investigación creada por el consistorio en 2013, como el que era director de Hacienda en aquella época, Iñaki Díez Unzueta, quien argumentaba que las oficinas de San Antonio eran idóneas para unificar el servicio de atención al ciudadano y la Oficina Municipal de Turismo, ya que el local donde se ubicaba esta última había finalizado el contrato de alquiler.

Sin embargo, los abogados que ejercen la acusación en nombre del Ayuntamiento y del PNV y el PSE-EE se han amparado en los dos años largos de obras en esas oficinas para negar la urgencia.

La Fiscalía no acusa

La defensa de los demandados, en cambio, ha insistido en que no hubo ni infracción presupuestaria ni negligencia, ha subrayado que se firmó un contrato privado de arrendamiento y ha incidido en que se acordó un precio acorde al mercado, no sin antes recordar que quienes ahora acusan estuvieron gobernando entre 2007 y 2011 y no dijeron nada.

Y ha indicado que el caso podría estar prescrito porque han transcurrido casi diez años desde que se formalizó el contrato.

El Tribunal de Cuentas celebró el 15 de febrero una audiencia previa en la que el Ministerio Fiscal anunció que no iba a formular demanda en este procedimiento al no apreciar responsabilidad contable, a pesar de que inicialmente estimó que el daño al erario municipal rondó el medio millón de euros y, por eso, en marzo del año pasado se impuso una fianza conjunta por ese importe a los nueve miembros del equipo de gobierno de Vitoria de aquella época.

El alto tribunal deberá ratificar lo que ha quedado probado durante la fase de instrucción, ese supuesto quebranto económico a la ciudad y la responsabilidad contable de Alonso y Maroto o si finalmente quedan absueltos de los cargos.

El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, y el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, están ante su 'hora de la verdad' en el conocido como 'caso San Antonio'. El Tribunal de Cuentas del Estado comienza a juzgarles por el presunto “perjuicio” causado a las arcas públicas del Ayuntamiento de Vitoria al firmar, durante su etapa al frente del Consistorio un contrato con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado. Ese contrato ya es conocido en Vitoria como el “peor” que ha sucrito el Ayuntamiento en su historia. Ni el ministro ni Maroto tendrán que testificar directamente ante la jueza.

En esta vista, que se celebrará a las once de la mañana en la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid, se tratarán de determinar las responsabilidades derivadas de la firma de un contrato firmado en 2007, con Alonso como alcalde y Maroto como concejal de Hacienda de Vitoria, con el empresario Gonzalo Antón. En su investigación, el órgano fiscalizador ha advertido una posible irregularidad contable por el elevado precio del alquiler y ha considerado que la cláusula penal en caso de rescisión incluida por valor de seis millones de euros, supone “un menoscabo de los caudales públicos”.

El contrato obligaba al Consistorio de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de 20 años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros. El alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros. Además, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.Todas estas condiciones exigidas por el arrendatario convirtieron la firma en una auténtica sangría económica para el Ayuntamiento de la que no puede librarse en años si no es previo pago de esa cuantiosa penalización. Antes estas evidencias nadie duda ya en considerar la jugada como “pésima” para el Ayuntamiento y redonda para el empresario. Según las estimaciones manejadas por la oposición, el Ayuntamiento paga por el alquiler casi el doble del precio que abonó su propietario por su compra. El propietario del inmueble desembolsó 2,7 millones de euros por la adquisición del local en 2006 y el Ayuntamiento debe pagarle en total por 20 años de arrendamiento casi 6 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas ya ha impuesto una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de ediles de aquel Gobierno -también investigados en esta causa- por el presunto “perjuicio” causado a las arcas públicas con este contrato.

Sorpresa en la audiencia previa celebrada este lunes en el Tribunal de  Cuentas sobre el conocido como caso 'San Antonio' en el que están implicados los dos exalcaldes populares de Vitoria, el actual ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y el vicesecretario de Acción Sectorial del PP. La Fiscalía ha anunciado que se retira de la acusación cuando se personó como parte, identificó el supuesto quebrando económico al Ayuntamiento de Vitoria por el que se juzga a Alonso y Maroto y nunca sugirió que se archivará el caso, al menos, hasta ahora, justo en la fecha en que se decide que finalmente habrá juicio.  Pese a ese inesperado giro del Ministerio Fiscal, el Tribunal de Cuentas del Estado juzgará el 11 de abril ambos dirigentes populares por el presunto “perjuicio” causado a las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato público con un empresario- Gonzalo Antón, expresidente del club deprotivo alavés- a un precio considerado muy superior al de mercado.

La Fiscalía ya ha anunciado que no formulará demanda en el procedimiento pero el resto de partes demandantes sí lo mantienen. El propio Ayuntamiento de Vitoria se personó en la causa y el PNV y el PSE-EE, que lo hicieron de forma conjunta, también. Así que el proceso sigue adelante. El alto tribunal deberá ratificar lo que ha quedado probado durante la fase de instrucción, ese supuesto quebranto económico a la ciudad y la responsabilidad contable de Alonso y Maroto o si finalmente quedan absueltos.

El contrato que se investiga fue firmado en 2007 por el Gobierno municipal, en el que Alonso era alcalde y Maroto, concejal de Hacienda. Se trata de un alquiler a un precio muy superior al de compra. En concreto se cerró la operación con un coste de 7,6 millones de euros para el Ayuntamiento y con una cláusula penal incorporada para que en caso de rescisión se abonen otros 6 millones de euros. El contrato ya fue declarado por una comisión de investigación desarrollada en el Ayuntamiento como “el peor contrato de la historia de la ciudad” por la sangría económica que supone para las arcas públicas.

El órgano fiscalizador ya impusó una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de ediles por el presunto “perjuicio” causado a las arcas públicas.

El colectivo ADI! estudia recurrir a la vía penal

Por su parte, un colectivo anticorrupción estudia denunciar a Alonso y Maroto por “trato de favor” al empresario con el que firmaron dicho contrato de alquiler.

El colectivo anticorrupción ADI! ha advertido de la necesidad de “desenmascarar” al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, por lo que ha anunciado que, al margen del juicio en el Tribunal de Cuentas, no descarta recurrir a la vía penal para esclarecer su presunto “trato de favor” a Gonzalo Antón. 

El colectivo anticorrupción ha recordado que esto se debe a que el Tribunal de Cuentas “no va a entrar en el fondo de la cuestión” ni va a “poner en cuestión” la firma del referido contrato, sino que “se va limitar a resolver si una vez firmado el acuerdo de alquiler, el Ayuntamiento ha sido escrupuloso en los pagos de las rentas”. De todas formas, ha destacado que todos los indicios “apuntan que no ha sido así”.

Por todo ello, ha advertido de que no se “conformará” con esta investigación en el órgano fiscalizador del Estado. Esta asociación ha anunciado que pondrá todo su “empeño” en que se aclare este “trato de favor a un particular” que ha supuesto un “perjuicio” para el resto. “No descartamos ninguna vía para el esclarecimiento de los hechos y que sus responsables asuman lo que les corresponda”, ha avisado. ADI! ha recordado que la vía penal “no está ni mucho menos cerrada en este asunto”. Esto se debe a que aunque en su día la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava descartó entrar a estudiar este asunto, lo hizo porque ya estaba siendo investigado por el Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, tal y como se apuntó desde el propio Ministerio Público, esto no implica que ante la eventual presentación de una denuncia penal fundamentada, no pueda a abrirse una investigación penal. “El camino no es fácil, pero a la sociedad civil sólo nos queda organizarnos y trabajar para desenmascarar a los políticos que entorpecen con medios públicos el control de su gestión por la ciudadanía”, ha afirmado esta asociación.

El Tribunal de Cuentas celebra este lunes la audiencia previa del “caso San Antonio”, llamado así porque analiza el alquiler que hizo el Ayuntamiento de Vitoria en una calle con este nombre cuando era alcalde Alfonso Alonso. En el caso 'San Antonio' se investiga al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, por el “perjuicio” causado a las arcas públicas al firmar, en la etapa de ambos en el Gobierno municipal de Vitoria, un contrato a precio muy superior al de mercado.

En esta audiencia se estudiarán los asuntos procesales y qué pruebas propuestas por los demandados y demandantes se admiten para el juicio público que tendrá lugar en una fecha sin determinar todavía, aunque podría comenzar en un mes. La cita es al mediodía en las instalaciones del Tribunal de Cuentas de España en Madrid y a ella sólo tienen el deber de asistir los abogados de las partes -en el caso están personados el consistorio de Vitoria, el PNV y el PSE-EE- y la Fiscalía.

El pasado octubre el citado tribunal acordó celebrar juicio contra Alonso y otros ocho miembros de su equipo municipal de Vitoria en 2007, entre ellos el actual secretario sectorial del PP Javier Maroto, que era el concejal de Hacienda, al apreciar una posible “responsabilidad contable” en el alquiler gravoso de unos locales para albergar unas oficinas municipales.

El Tribunal de Cuentas ya impuso una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria que en 2007 firmaron el contrato municipal de alquiler con el empresario Gonzalo Antón. Se les había fijado en concepto de la “responsabilidad contable” derivada de un contrato de alquiler de unos locales para albergar servicios municipales suscrito cuando Alonso era alcalde de Vitoria y Maroto, concejal de Hacienda.

El citado contrato obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros al empresario Gonzalo Antón. A cambio de esta suma, el Consistorio alquilaba por un periodo de veinte años un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros. El órgano fiscalizador estimó que se pudo causar un “perjuicio” económico a las arcas municipales por el precio del alquiler, que se pactó por una renta 2.332 euros superior a la recomendada por los técnicos municipales.

Comisión de investigación

El alquiler incluyó además una “cláusula penal” que señalaba que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de 20 años tenía que pagar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final, cuando los técnicos municipales fijaron esa obligación únicamente para 10 años.

El denominado 'caso San Antonio' se inició en el propio Ayuntamiento de Vitoria después de que en 2014 una comisión de investigación concluyera, con los votos en contra del PP -entonces al frente del Gobierno del municipio- que Alonso y Maroto tuvieron una “responsabilidad directa” en la firma de este contrato, que “fue claramente contrario al interés público”. De ahí el caso pasó al Tribunal de Cuentas y también derivó a la Fiscalía de Álava, que en marzo del pasado año acordó archivar las diligencias abiertas al estimar que no existía “ilícito penal alguno”.

El fiscal jefe de Álava recuerda que el Tribunal de Cuentas ya está estudiando el caso y si detectara "algún hecho que pudiera ser constitutivo de ilícito penal" le remitiría los datos para que iniciase una investigación al respecto.

La Fiscalía de Álava ha archivado las diligencias que había abierto por el alquiler en 2007 de unos locales de la calle San Antonio por parte del Ayuntamiento de Vitoria, al no haber quedado acreditado “la existencia de ilícito penal alguno”.

La Fiscalía de Álava había iniciado estas diligencias tras recibir la petición del pleno municipal de la capital alavesa, que el pasado 27 de febrero acordó pedir al fiscal que investigara este asunto “teniendo en cuenta los nuevos datos existentes derivados de actuaciones que está desarrollando sobre este tema el Tribunal de Cuentas” de España.

El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha hecho llegar un decreto a las partes en las que ordena el archivo de las diligencias porque “con los datos aportados con el escrito” del pleno, no se acredita ningún delito.

Izaguirre explica además que se trata de un tema que ya estudia el Tribunal de Cuentas y que el “principio de unidad de actuación” del Ministerio Fiscal “exige que no se produzcan actuaciones cuando se tiene conocimiento de que otro (fiscal) está llevando a cabo actuaciones sobre los mismos hechos”.

Recuerda además que en caso de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas detecte “algún hecho que pudiera ser constitutivo de ilícito penal” le remitiría los datos para que iniciase una investigación al respecto.

En 2007 el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria, encabezado entonces por el actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso (PP), firmó un contrato de alquiler para unas oficinas municipales que resultó gravoso para las arcas municipales y que ahora está siendo analizado por el Tribunal de Cuentas del Estado.

Nuestro alcalde es una de esas personas. El Tribunal de Cuentas le ha impuesto una multa de medio millón de euros a él y a los nueve concejales que componían la corporación a la que pertenecía en 2007 y lideraba Alfonso Alonso, y otra menor a cada uno de los tres últimos concejales municipales de Hacienda, entre los que se encuentra de nuevo él mismo, la socialista Marian Gutiérrez y el actual, también popular, Manu Uriarte, por el misterioso caso de los locales de la calle San Antonio. Y Javier Maroto, tan contento. Asegura nuestro alcalde que no es para tanto hombre, que no se ha cometido ningún delito y que tampoco hay por qué exagerar. Me imagino que tendrá el apoyo de su compañero de partido y exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, con quien mantendrá animadas charlas sobre lo bien que lo hicieron en su día.

El asunto en su conjunto, como diría mi abuelo, es para mear y no echar gota. Es como si ya tuviéramos asumido que hay determinadas personas, como es el caso de Gonzalo Antón, que se llevan el gato al agua simplemente por ser quienes son, a las que nunca se les cuestiona y que reciben el apoyo político e institucional hagan lo que hagan y encima sin posibilidad de réplica. Porque este señor no hizo otra cosa que pedir. Y ya se sabe, pedid y se os dará. Y sólo entonces la responsabilidad pasa a ser del que calla y otorga.

La cosa fue más o menos así. Gonzalo Antón es propietario de un edificio que compró por dos millones de euros. En 2007, el gobierno de Alfonso Alonso firmó con el empresario de éxito y prohombre alavés un contrato de alquiler de este inmueble en el que se compromete a rehabilitarlo, lo que le cuesta 7 millones de euros, y a pagarle todos los meses durante 20 años un recibo que supera con creces el precio aconsejado en un informe solicitado por el propio Alonso a los técnicos municipales. El contrato, además, nació blindado de tal forma que el Consistorio debía pagar a Antón un pastizal en caso de que se le ocurriera rescindirlo. Nótese que todo esto gira alrededor de un inmueble que nunca sería propiedad municipal. ¡¡Negociaco!!

No se sabe muy bien por qué, una vez más, la profesionalidad de los técnicos se quedó en agua de borrajas. Porque, además de una mensualidad superior a la estipulada, las revisiones del IPC también se hicieron al alza, a veces hasta nueve puntos por encima de lo estipulado por ley. Nadie cuestionó entonces por qué a Gonzalo Antón se le dieron unas condiciones tan ventajosas. Ahora que lo pienso, Antón parecía tocado por la varita mágica de la buena suerte porque tampoco se sabe por qué las instituciones llegaron a darle 300.000 euros en años pasados para montarse, por ejemplo, unas jornadas gastronómicas de lujo cuya entrada costaba 200€ y en la que siempre salía en las fotos la misma 'élite vitoriana' degustando esferificaciones a dos carrillos. Aunque ése es otro tema.

El caso provoca una comisión de investigación que después de mucho tiempo llega hasta el Tribunal de Cuentas. El ahora alcalde, Javier Maroto, y su compi Alfonso Alonso consideran que no tienen por qué personarse en ninguna vista, me imagino que la proximidad de las elecciones tiene algo que ver, y mandan a un representante. Su defensa consistió en sostener que este caso había prescrito. Sn embargo, la jueza instructora les recordó que seguimos soltando el parné mensualmente a día de hoy y que eso convierte a este tema en un asunto vivito y coleando. La sentencia es clara y concisa: hubo una “responsabilidad contable” por parte de la junta de gobierno de Alonso, hubo un “perjuicio” económico a las arcas municipales, es decir, a su bolsillo y al mío.

Y entonces toda la oposición, en cántico unánime, reclama que este caso se reabra por la vía penal para depurar responsabilidades y que sea el propio Ayuntamiento el que dé el paso. Como no lo consiguen, PNV y PSE juntitos de la mano y EH Bildu a su bola anuncian que lo harán. Porque un asunto como éste aporta más réditos electorales que cualquier cosa que puedan imaginar. De nuevo, Javier Maroto llama a la calma, asegura que ya se están poniendo los medios para pagar esa fianza, que no es otra cosa que avalar el dinero con los bienes de cada uno de los “condenados”, y que bueno, con eso ya hemos cumplido ¿no?

Por el momento, el Ayuntamiento ya ha modificado el contrato de arrendamiento con Antón y con ello nos ahorraremos 2,5 millones hasta 2026. Supongo que este cambio le dolerá mucho a quien los políticos siempre han tenido en palmitas. Pero también imagino que este hombre mirará todo este asunto desde el reojo de quien pidió y obtuvo. En realidad, él no hizo otra cosa, aparentemente.

Lo que asusta es el cocido que tenemos en el Ayuntamiento, desde los gobernantes hasta la oposición. Desde ese alcalde que intenta primero encubrir y después quitar hierro a un asunto que nos ha costado millones de euros en tiempos de crisis (escuchar a Maroto defender lo indefendible me hace preguntarme si a nuestros políticos les entrenan para tergiversar la realidad o si es que realmente acaban creyéndose sus propias palabras), hasta una oposición tan hipócrita como para poner el grito en el cielo sobre un tema en el que no movieron ni un solo dedo durante años. ¿Dónde estaba la ética de todos esos opositores cada mes que llegaba un recibo de 12.500€ más IVA?

Uno de los grandes errores de la clase política es su empeño en tratarnos como si fuéramos imbéciles. Porque, en definitiva, resulta que esa multa abarca a prácticamente todo el abanico municipal. Y quienes se han salvado quizá fue porque no gobernaron. Nunca lo sabremos.

PNV, PSE y EH Bildu reclaman el abono del "perjuicio" causado a las arcas públicas.

El pleno del Ayuntamiento de Vitoria, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, ha adoptado un acuerdo ejecutivo para pedir al Tribunal de Cuentas del Estado que abra un juicio contable contra el exalcalde y ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y el actual regidor, Javier Maroto, por el perjuicio a las arcas públicas causado por el contrato de la calle 'San Antonio', por el que el órgano fiscalizador ya ha impuesto una fianza a ambos dirigentes 'populares'.

La iniciativa -sobre la que el PP asegura que no puede tener carácter ejecutivo ni vinculante- ha salido adelante gracias a la mayoría que suman el PNV, el PSE-EE y EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria, mientras que el Partido Popular, que gobierna en minoría, se ha abstenido.

El Tribunal de Cuentas del Estado ya ha impuesto una fianza de 500.000 euros a Maroto, Alonso y al resto de miembros del Gobierno municipal del PP que en 2007 firmaron el contrato de alquiler de la calle San Antonio, por el “perjuicio” que este expediente ha generado a las arcas municipales.

Aquel documento se suscribió cuando Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, y consiste en el alquiler de unos locales al empresario Gonzalo Antón. A través de este documento, el Ayuntamiento arrendó a Antón unos locales en la calle San Antonio por un precio final de 7,6 millones de euros y un periodo de veinte años, cuando las lonjas habían sido compradas un año antes por 2,7 millones de euros. El Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza de 500.000 euros a Maroto, Alonso y al resto de concejales del PP de Vitoria que sellaron aquel contrato, al considerar que causaron un “perjuicio” a las arcas municipales.

Ante esta situación, el pleno del Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado este miércoles una resolución “de naturaleza ejecutiva” para solicitar al Tribunal de Cuentas del Estado que abra un procedimiento jurisdiccional contable en relación a este asunto. Además, como parte perjudicada, solicitan personarse en dicho proceso, así como exigir “el reintegro de los daños y el abono de los perjuicios originados” por el alquiler a las arcas municipales.

Maroto no se “arrepiente”

Previamente al debate en el pleno, el actual alcalde del Partido Popular ha asegurado que no tiene “nada de lo que arrepentirse” por el contrato de San Antonio, ya que este alquiler se firmó en defensa del “interés general”.

Ya en la sesión plenaria, la oposición y el PP se han enzarzado en un cruce de reproches que ha trascendido del 'caso San Antonio' para alcanzar a diversas prácticas corruptas de unas y otras formaciones.

“Dinero negro” y sede PP

El portavoz municipal del PNV, Gorka Urtaran, ha defendido la necesidad de seguir adelante con el proceso para esclarecer lo ocurrido con el alquiler de San Antonio. Además, ha destacado que “el PP es el partido con más casos de corrupción de España”, tras lo que ha recordado la existencia de informes policiales y judiciales sobre la presunta utilización de “dinero negro” y de aportaciones ciudadanas para la protección de concejales amenazados por ETA  en el pago de la sede del PP de Euskadi.

El portavoz municipal de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, ha reprochado al Partido Popular que no tenga interés en esclarecer lo ocurrido con este polémico contrato, y ha reclamado “tolerancia cero” con la corrupción.

Alonso y 'el bigotes'

Desde el PSE, Patxi Lazcoz ha censurado el “perjuicio” generado a las arcas públicas por la gestión municipal de Alonso y Maroto. Además, aludido a la existencia de un video de un acto del PP que demostraría -a su juicio-- que el actual ministro de Sanidad conocía a 'El Bigotes', el supuesto 'número dos' de la trama corrupta 'Gürtel'. Desde el PSE se ha facilitado a los medios de comunicación una imagen en la que se ve a Alonso en primer plano, en su época de alcalde de Vitoria, mientras que una persona que parece ser Álvaro Pérez 'El Bigotes' se encuentra detrás de él.

La concejal del PP Ainhoa Domaica ha asegurado que “no es competencia” del pleno solicitar la apertura de juicio contable por este asunto. Además, ha respondido a las críticas del PNV aludiendo al 'caso De Miguel', en el que están imputados varios exdirigentes del PNV. “El PP de Álava no tiene a ningún cargo o excargo en tramas de corrupción”, ha asegurado.