El Ayuntamiento paga por el alquiler del local de San Antonio casi el doble del precio de compra
El Ayuntamiento de Vitoria debe pagar en 20 años por el alquiler del local de San Antonio casi el doble del precio que abonó su propietario por su compra. El dueño del inmueble desembolsó 2,7 millones de euros por la adquisición del local en 2006 y el Ayuntamiento debe pagarle en total por 20 años de arrendamiento casi 6 millones de euros. Estas cifras las presentaban los grupos de la oposición para evidenciar el abusivo acuerdo cerrado entre ambas partes y que las formaciones consideran totalmente contrario al interés general de la ciudad. “Se demuestra de nuevo la incapacidad del PP para obrar en defensa del interés público. Solo actua en defensa del interés privado. Debe hacer autocrítica y reconocer lo que han hecho mal”, denuncia el portavoz del PNV, Gorka Urtarán.
Los dudas sobre los términos del contrato y lo gravoso que resulta para Vitoria provocaron la apertura de una investigación que ha desarrollado una comisión municipal durante algo más de tres meses. Se pone en entredicho la actuación del alcalde y el equipo que respaldó ese contrato con un precio de alquiler del inmueble, 600.000 euros anuales, una cláusula de blindaje por 20 años inédita hasta el momento y la regulación de las revisiones del IPC. Dado que el actual portavoz del Congreso en el PP, Alfonso Alonso, autorizó la operación y el actual acalde, también del PP, Javier Maroto, la supervisó al ser entonces concejal delegado de Hacienda, ambos representantes han comparecido en la comisión, junta a otros cargos políticos y técnicos vinculados al caso. De las conclusiones, presentadas por los grupos ante la prensa, se extraen esas cuentas y la crítica unánime hacia la operación de la que los grupos responsabilizan directamente a los dos dirigentes populares, Alonso y Maroto.
El representante del grupo socialista, Patxi Lazcoz, ha ido más allá de las críticas y ha reclamado al PP una nueva renegociación del contrato con el objetivo de que se elimine la inclusión de la cláusula de blindaje por veinte años. Esta exigencia, que obliga a la institución municipal a pagar y disponer del local durante dos décadas, “aunque no lo necesite”, sigue vigente en el contrato renegociado por el actual alcalde Javier Maroto. El edil popular consiguió una rebaja en el precio del local tras mantener conversaciones con su propietario una vez iniciada la comisión de investigación. Pero a los socialistas, pese a la mejora, no les convence el segundo acuerdo alcanzado. A su juicio, sigue siendo muy perjudicial para Vitoria. “Vamos a solicitar de forma inmediata una nueva renegociación con la propiedad que suponga la eliminación de al menos la cláusula de blindaje, de tal forma que permita al Ayuntamiento decidir si es conveniente o no continuar con la vigencia del contrato”, ha explicado el portavoz socialista Patxi Lazcoz, que insistía en que el alcalde se decidió a renegociar el contrato “obligado por la presión”.
PP: “No ha habido ninguna ilegalidad”
Además de las críticas sobre los términos fijados en el contrato las formaciones se han referido a las contradicciones detectadas entre los comparecientes en las diferentes sesiones de la comisión. Para el PSE esas discrepancias entre las declaraciones de Alfonso Alonso, actual portavoz del PP en el Congreso y excalde de Vitoria que firmó el contrato y Javier Maroto, actual alcalde de la ciudad y entonces concejal de Hacienda, esconden algo. “Han tratado de ocultar su responsabilidad política en la negociación y firma del contrato de San Antonio”, asegura Lazcoz.
Los grupos de la oposición no descartan ninguna vía para esclarecer las responsabilidades políticas de este contrato, incluida la presentación de los hechos ante la Fiscalía.
Por su parte, el Partido Popular sostiene que no ha habido ninguna ilegalidad y que las intenciones manifestadas por algunos grupos de llevar el caso a Fiscalía responden a intereses partidistas y a la “búsqueda de un titular fácil y sin base jurídica”. Ainhoa Domaica ha afirmado que tras las averiguaciones se puede concluir que ese contrato, “por aquel entonces, defendía el interés general, ya que los precios que se manejaban en plena burbuja inmobiliaria eran más altos. Y ahora, con la nueva actualización lograda por el alcalde Javier Maroto, también”, concluye la teniente de alcalde.
