El Fondo de Garantía Salarial en La Rioja se encuentra actualmente en una situación crítica. Los sindicatos CCOO y UGT han advertido de la falta de personal que está atravesando, con actualmente solo dos personas trabajanod de las cinco que deben formar la plantilla. “Una situación complicada que se agravará en unas semanas al quedarse una sola persona en plantilla”, añaden.

Desde FOGASA, aseguran ser “conscientes de la situación en La Rioja” y han explicado que se debe a la resolución del concurso de traslados, con la que los trabajadores se han ido a otros organismos. Además, ha apuntado que la plantilla “se va se va a reforzar con dos interinos de forma inmediata y otras 2 plazas se cubrirán a través de Oferta Pública de Empleo”.

Para los sindicatos, esta merma de la plantilla significa que “no se van a poder atender las funciones del organismo, provocando una situación de desprotección a las personas y empresas afectadas por situaciones de insolvencia o quiebra”.

El Fondo de Garantía Salarial tiene varias funciones, entre ellas la más importante es asegurar el pago de salarios e indemnizaciones a las personas trabajadoras en caso de que la empresa no pueda hacer frente a sus obligaciones económicas, especialmente en situaciones de insolvencia o quiebra.

El FOGASA actúa como un mecanismo de protección para los derechos laborales, asegurando que las personas trabajadoras no queden desamparadas en situaciones de crisis empresarial. También el fondo puede financiar ciertas prestaciones relacionadas con la seguridad social, contribuyendo a la estabilidad económica de las personas afectadas. 

En 2024 el FOGASA en La Rioja, tramitó 247 expedientes de personas trabajadoras de 88 empresas, y que supusieron un total de 2.033.000€ entre salarios e indemnizaciones. 

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha denunciado a una empleada de UGT Madrid que presuntamente desvió dos millones de euros procedentes del sindicato a su marido y tres allegadas, contra los que también interpone la denuncia por un delito de estafa continuada y falsedad en documento mercantil.

Esta denuncia se remite ahora al juez como consecuencia de las diligencias de investigación que incoó en enero la Fiscalía por una supuesta trama de corrupción en el sindicato UGT sobre la gestión del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), tras dos denuncias presentadas en este sentido por el propio sindicato y por el exsecretario de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, quien dimitió tras destaparse el caso.

Ahora la Fiscalía de Madrid interpone denuncia contra la trabajadora de UGT Madrid M. C. T. L. y otras cuatro personas, a quienes imputa un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento mercantil, según ha informado este miércoles el Ministerio Público.

En concreto, el represente del Ministerio Público sostiene que la empleada del sindicato desvió 2.099.680 euros procedentes de fondos transferidos a la organización gremial para abonar las indemnizaciones de trabajadores despedidos y que sin embargo fueron a parar a manos de su marido y de tres amigas.

Cheques alterados para personas de su entorno

Detalla que M. C. T. L. tenía funciones administrativas entre las que figuraba la de librar cheques para el pago de indemnizaciones por despido a trabajadores. Así, durante un periodo comprendido “al menos” entre el año 2019 y 2021, “bajo la apariencia de librar cheques en favor de diversos trabajadores que habían sido despedidos y que habían encargado a UGT Madrid que tramitaran su correspondiente indemnización”, presentó para su firma a los responsables del sindicato diversos cheques cuyo importe iba a ser abonado con cargo a fondos previamente transferidos al Fogasa.

En los mismos, puso como beneficiarios el nombre y apellidos de diversos médicos y maestros que habían superado una fase de oposición y que “aleatoriamente” escogía entre diversos listados publicados en internet, sin que tuvieran ninguna relación con UGT Madrid ni hubieran solicitado sus servicios para el cobro o tramitación de indemnizaciones, relata la Fiscalía.

Una vez firmados dichos cheques por los responsables, la persona denunciada “simulaba” la firma de los supuestos beneficiarios en el recibí del cheque y posteriormente, procedía a borrar “con una goma que borra tinta”, el nombre del beneficiario elegido aleatoriamente y lo sustituía por el de diversas personas de su entorno, como su marido y tres amigas que actuaban en connivencia con ella y que le ayudaban a apoderarse de los fondos de UGT Madrid.

Incluso en algunas ocasiones, además de modificar la identidad del beneficiario, también alteraba el importe a cobrar.

En resumen, según la investigación de la Fiscalía, en 2019, M. C. T. L. libró 71 cheques fraudulentos por importe de 372.660,53 euros; en 2020 libró otros 67 cheques fraudulentos por importe de 407.936,99 euros y un año más tarde otros 40 cheques por importe de 1.319.082,50 euros.

Fe de errores: Una versión anterior de esta noticia establecía que los fondos provenían del Fondo de Garantía Social (Fogasa), pero UGT afirma que el dinero provenía del propio sindicato.

Los tribunales han dado un nuevo revés al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que unifica doctrina y en la que constata que el organismo debe pagar todas aquellas solicitudes que no haya resuelto en los tres meses que fija la ley. La sentencia puede impulsar una ola de reclamaciones: las de aquellas personas a las que el organismo les deniegue su solicitud tras haber pasado ese periodo. En la mayoría de las provincias el plazo medio de pago supera los tres meses y en algunas como Madrid, Barcelona, Valencia o Murcia llega a ser de un año.

Varias fuentes consultadas aseguran que se trata de una decisión que puede agudizar aún más la situación del Fogasa, colapsado de expedientes y con una gestión puesta en duda por el propio Tribunal de Cuentas. “La solicitud del caso que llega al Supremo estaba denegada. Sin embargo, como pasaron más de tres meses, el silencio es positivo y la Administración tiene que pagar. Es decir, puede que se tengan que pagar solicitudes que, de haberse tramitado en tiempo, se hubieran tirado para atrás. Habrá que pagar también lo que esa persona haya pedido en su demanda, y no lo que haya calculado el Fogasa”, dice una fuente próxima al organismo.

José Miguel Andrés Collar es el abogado que interpuso en el Supremo el recurso de casación para la unificación de doctrina, ya que había fallos de signos contrarios sobre el mismo aspecto. “Hasta ahora el Supremo venía diciendo que, a pesar del silencio administrativo, no se podían adquirir derechos por esa vía. Ahora reconoce que, con independencia de eso, si el silencio es positivo, es positivo”, afirma.

En su sentencia, el Supremo considera que el silencio administrativo debe ser “la garantía que impida que los derechos de particulares se vacíen de contenido cuando la Administración no atiende eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado”. Lo único que podría impedir su funcionamiento, dice la sentencia, es que exista “norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario que prevea para el caso el efecto negativo del silencio”, algo que no sucede en este caso.

“Al ser unificación de doctrina es un tema cerrado, ya no cabe otra interpretación jurídica que no sea esa”, explica Fabián Valero, abogado laboralista del bufete Zeres. “Pasados los tres meses, ya no cabe otra resolución que no sea estimatoria”, continúa.

El letrado señala que es más que probable que el organismo siga denegando solicitudes pasados los tres meses, por lo que las personas afectadas deberían, primero, agotar la vía administrativa alegando la nueva doctrina del Supremo. “Si aun así se empeñan en denegarla, habría que ir a la vía judicial. Para las demandas que ya estén interpuestas, lo mejor sería ampliarlas y aportar la decisión del Tribunal. Todas las demandas van a tener que ser estimadas”, subraya.

Para Andrés Collar, la decisión del Supremo deja la puerta abierta a que, si esa solicitud hubiera sido denegada en función de los criterios del Fogasa, el organismo pueda recurrir y reclamar luego el dinero al trabajador. “Pero solo en caso de que esa causa de denegación fuera imputable al trabajador; es decir, que, por ejemplo, no hubiera entregado una documentación que se le hubiera requerido. Si la causa es imputable a la empresa, entonces el Supremo deja claro que al trabajador hay que pagarle. Otra cosa es que el Fogasa quiera luego actuar contra la empresa”, cuenta.

Pago de intereses

A principios de año, un juzgado de lo social de Valencia condenó al Fogasa a pagar intereses por la demora en la resolución de un expediente, como adelantó eldiario.es. El caso se remontaba a 2010, cuando una empresa dedicada al diseño y producción informática de Valencia despidió a varios trabajadores, que recurrieron al Fogasa para cobrar parte de su indemnización. El organismo se la denegó en noviembre de 2011, y los trabajadores demandaron al fondo por entender que sí tenían derecho a ella. Finalmente, tras la demanda y antes del juicio, el Fogasa les reconoció el derecho a percibir su indemnización.

Sin embargo, la demanda siguió su curso, puesto que el abogado reclamó el derecho a cobrar intereses de demora, una reclamación que la jueza estimó. “El organismo demandado ha de abonar los intereses moratorios hasta la fecha del dictado de la presente resolución”, sentenció la jueza, que fija esos intereses en el 4% –el interés legal del dinero– de la cantidad devengada. A esta sentencia ya se ha sumado otra con el mismo sentido dictada en Barcelona.

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) dice haber resuelto el colapso de expedientes. Fue la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la que hizo esta afirmación durante una sesión del control del Gobierno en el Congreso el 10 de diciembre. Entonces, el Ministerio presumió de haber solucionado a la empresa pública Tragsatec, mediante una encomienda de gestión, un atasco que saturaba el organismo e impedía a miles de trabajadores cobrar.

Las cifras, sin embargo, desmienten a la ministra: según los cálculos de los propios trabajadores, el Fogasa acumula actualmente al menos 100.000 expedientes sin resolver, más un número importante de reclamaciones ocasionadas por la deficiente gestión de Tragsatec, criticada incluso por el Tribunal de Cuentas.

A finales de 2013, Empleo aprobó la externalización de la bolsa de expedientes atrasados a Tragsatec. El Tribunal de Cuentas señalaba en su informe que finalmente el Fogasa, el fondo que abona las nóminas e indemnizaciones de los trabajadores de empresas en quiebra, remitió 148.260 expedientes a esa sociedad estatal. Según la información aportada por Báñez, a finales de octubre, cuando concluyó la encomienda de gestión a Tragsatec, se pagaron 113.081 expedientes. La empresa pública habría dejado, por tanto, unos 35.000 sin resolver. “No tenemos información oficial sobre qué ha hecho Tragsa. Todo indica que se han dejado expedientes sin resolver, pero Empleo no da datos”, dicen fuentes sindicales.

A esa cifra se suman los expedientes que las oficinas del Fogasa, saturadas, han sido incapaces de atender durante 2014. No hay información al respecto, pero los trabajadores cifran esa bolsa en cerca de 100.000 expedientes. La mayoría se concentra en Madrid, Barcelona y Valencia. “En estas tres oficinas se acumulan fácilmente 60.000 casos”, señalan. Los empleados del organismo lidian también con las reclamaciones que, aseguran, han aumentado tras la labor de Tragsatec. “En la oficina de Madrid tenemos cerca de 400 expedientes reclamados solo de uno o dos meses”, dice un trabajador.

Un portavoz del Ministerio de Empleo niega por completo esta situación. “No hay atasco. No hay que confundir la bolsa de atrasos con los expedientes que se van gestionando, y no hay acumulación. El Fogasa está al día dentro de lo que cabe en su situación y con el margen de que hay de tres meses para pagar”.

Errores y expedientes denegados

Fuentes internas del organismo ofrecen una versión completamente distinta. “Hay mucha gente a la que le faltaba algún documento para completar su expediente y lo aportaban al tiempo. Nos traían esa información y nosotros se la enviábamos a Tragsa. Hay una serie de expedientes en los que el plazo para presentar documentación aún estaba abierto, pero Tragsa les denegaba su petición directamente, por confusión o porque ya acababa la encomienda de gestión y tenían que cerrar muchos expedientes. Por eso hay gente que ha recibido una resolución diciendo que se deniega su petición por falta de documentación, aunque es probable que muchos de ellos en realidad tuvieran derecho a resolución favorable”, resume un trabajador.

El abogado Antonio Valenciano, presidente de la Asociación para la Defensa Efectiva del Trabajador, asegura que acumula al menos una docena de casos en los que se ha producido una denegación injustificada. Uno de ellos afecta a diez trabajadores de la misma empresa: el Fogasa ha aprobado los expedientes de nueve de ellos, mientras que a una trabajadora se lo ha denegado, a pesar de que todos están exactamente en las mismas circunstancias. No solo eso, una consulta a su expediente en la web del Fogasa permite ver que está aprobado. “Resolución aprobatoria de la prestación”, dice un mensaje bajo su nombre. “Es una situación muy grave, da la sensación de que Tragsa ha querido cerrar expedientes a toda costa para conseguir unos efectos estadísticos y políticos”, denuncia Valenciano.

El portavoz del Ministerio de Empleo asegura que las reclamaciones no han aumentado. “Tragsa en ningún caso ha pagado expedientes, solo los ha preparado”, señala. Sin embargo, el propio Tribunal de Cuentas en su informe de 2013 sobre el Fogasa afirmaba que existían indicios de que el personal de Tragsatec se “extralimita” en sus funciones y que llevó a cabo tareas que vulneran “la legalidad vigente”, como instruir expedientes. Es más, el organismo fiscalizador apuntaba que todos los casos resueltos por la empresa pública podrían acabar en “una declaración de nulidad”.

Por el despacho del abogado laboralista Ernest Hernández también pasan decenas de expedientes denegados. “Desde que encomendaron la labor a Tragsatec, el servicio se ha resentido. En muchas ocasiones te deniegan el expediente porque dicen que no cumple con el artículo 7 de la ley, pero sin especificar con cuál de sus siete apartados. Te ves abocado a demandar en lo Social y cuando llegas al juicio te encuentras en una situación de auténtica indefensión porque es allí cuando te dan las razones”, explica.

Los trabajadores del Fogasa y abogados consultados aseguran que también ha sucedido lo contrario y que el organismo ha hecho en muchas ocasiones pagos incorrectos: “Hay expedientes que se han pagado por duplicado, otros en los que se han pagado cantidades muy superiores a las debidas. Esto es un pozo negro”.

Sin contrato, sin alta en la Seguridad Social y, finalmente, sin sueldo. Así se quedaron los actores que trabajaron durante varios meses en el musical Pretty woman my love en 2012, tanto en Madrid, en el teatro Nuevo Apolo, como en Barcelona, en el Arteria Paral·lel. El productor, Eliseo Peris, fue demandado por varios de ellos –hay cerca de treinta artistas afectados- en febrero de 2013. En abril de 2014 se celebró el juicio oral al que no se presentó.

La sentencia del juzgado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminó en mayo del año pasado que Peris debía pagar 18.399,83 euros. Su jugada, no obstante, fue la esperada por muchos: se declaró insolvente y la paga de los actores pasó a ser responsabilidad del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial). Es decir, el Estado.

Por este motivo, varios actores se concentraron el pasado miércoles frente al Compac de Gran Vía de Madrid durante el estreno de Nino Bravo, el musical, el montaje de Peris que gira por toda España y que según los datos que ofrecen desde la productora Elite Producciones ya han visto más de 100.000 espectadores. No es mala cifra. La pancarta que portaban era cristalina: “Este productor no paga”. No había aún mucho público, pero algunos, extrañados, comentaban que de haberlo sabido no hubieran ido a ver la obra.

“En esta historia todo empezó mal desde el principio. No nos hizo contrato y aunque se lo pedíamos nos contestaba que ya nos lo haría. Después nos ofreció pagarnos por debajo del convenio de actores. Nos decía que la taquilla iba mal, pero que confiáramos en él. Nunca nos pagó”, relata ahora Jazmín Abuin Janeiro, actriz que participó en Pretty woman, y que espera que la sentencia sea ejecutada.

Pagos en sobres

Pagos en sobresPeris lleva más de una década produciendo musicales. Es un veterano en el sector y parece conocérselas todas. “Y ya ha dejado varios cadáveres por el camino. Está afectada la gente de Pretty Woman, pero también de The Beatles, La leyenda. Siempre paga por debajo del convenio y deja cantidades a deber, cuando no la totalidad”, afirma Iñaki Guevara, presidente de la Unión de Actores, el sindicato que animó a los artistas a poner las denuncias.

Abuin Janeiro lo ratifica: “Sí, yo volví a trabajar con él en The Beatles y tampoco nos pagó. Y en esta ocasión el teatro, que era el Coliseum en Madrid, sí que se llenaba. Ganó mucho dinero, pero los actores no vimos un duro”.

Además de la demanda de varios actores, otros, como Silvia Parejo, que ahora trabaja en Los miserables, decidieron denunciar por su cuenta. “Gané también, pero al igual que ellos, también fue el Fogasa el que se encargó. Me pagaron 1.000 euros, aunque se me debía algo más”, sostiene.

Hubo otros actores que, sin embargo, no llegaron a poner la demanda. Peris también tenía otras prácticas. “Yo no llegué a denunciar, pero él me iba a dando 300 euros de vez en cuando. Lo hace con mucha gente”, reconoce la actriz Tari Barceló. Es la perversión de la precarización. “Al final, como no te llega ni para el alquiler, vas cogiendo el dinero”, asume Barceló.

Pero aún hay más. “Sabemos que a muchos actores los paga con sobres, en negro, claro. Y da gracias de que te da el sobre”, admite Abuin Janeiro. “Ahora a nosotros nos gustaría que con Nino Bravo le embargaran la taquilla para que pague lo que debe, pero va a ser complicado”, añade desde la impotencia.

Productoras piratas

Productoras piratasComo explica Guevara, a pesar de que Elite Producciones sea la empresa principal, el productor va creando nuevas empresas y cambiando su titular. De hecho, la productora del montaje sobre Nino Bravo es En Pie Producciones, creada en marzo de 2013. Al frente está su mujer, la actriz María Marín, que a su vez es protagonista del musical. “Esta es una empresa que no tiene deudas, que no ha cometido ningún fraude por lo que por ahí es difícil”, reconoce.

Peris está en el punto de mira de muchos artistas, pero estos confiesan que no es el único productor que realiza las mismas prácticas. “Hay muchas que tardan en pagarte, otras directamente no te pagan. Juegan contigo y con tu vocación. Te dicen que estarás en un teatro y con eso parece servir”, confiesa Abuin Janeiro. “Es una práctica habitual en productoras de musicales. Hay muchas piratas. Luego hay otras, entre ellas, Stage [la productora de El Rey León, entre otras], que pagan correctamente y con sueldos aceptables”, indica Guevara.

Los actores continuarán con su lucha contra este productor que, pese a los impagos, sigue montando nuevos musicales.

¿Quién es Eliseo Peris?

¿Quién es Eliseo Peris?Antes de ser productor y manager, el valenciano Eliseo Peris (Alzamora, 1949) paseó palmito yeyé por aquel añejo Festival de Benidorm. Primero fue en 1969 con su grupo Los D-2, que quedaron segundos con la canción Don José, y después, en 1971, ya en solitario, consiguió el primer premio con el single Mi rincón. Entonces se hacía llamar Ely Forcada y pertenecía a aquella estirpe de cantantes de música romántica como el idolatrado Nino Bravo, Camilo Sesto, Miguel Gallardo o Lorenzo Santamaría.

Con la caída de aquellos primeros mitos de la Superpop –su primer número fue en 1977– y la llegada de la Movida, Peris cambió el escenario por los negocios. Creó la empresa Elite Producciones y se convirtió en manager de grupos como Azul y Negro y aquellas bandas de los noventa como Tennesee o Amistades Peligrosas que, pese a todo, convirtió en grandes booms comerciales.

A finales de esta década vio un nuevo caladero: los musicales. Por aquel entonces empezaban a hacer furor en España con El hombre de la Mancha, producido por Luis Ramírez. Él fue quien puso en marcha Grease Tour en 1998, aunque después, por cuestiones de derechos, tuviera que cambiarle el nombre por Brillantina, y después por Gomina. Pero vio que el dinero estaba en la nostalgia. ¿Por qué no montar musicales sobre las películas románticas más taquilleras? ¿Por qué no revivir a los cantantes de los sesenta y setenta? Y así fue como llegaron The Beatles, la leyenda; Pretty Woman, my love; Algo de mí (sobre Camilo Sesto) o Nino Bravo, el musical, estrenados todos en teatros privados (y muchos de ellos de la red Arteria, de la SGAE). Mucho sentimiento, pero, por las denuncias recibidas, poca consideración hacia los artistas.

Documento completo de la sentencia

Hace apenas dos semanas, el Tribunal de Cuentas constató el caos que arrastra el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa): mala gestión, decisiones de dudosa legalidad, retrasos en los pagos que llegan a los dos años, errores en los expedientes... Ahora, una sentencia dictada por el juzgado de lo social número 17 de Valencia respalda el derecho de los trabajadores a cobrar intereses por esa demora en la resolución de su expediente. Se trata de una decisión que abre la puerta a que otros jueces de lo social condenen al organismo al pago de estas compensiones por el retraso en su trabajo.

El caso se remonta a 2010, cuando una empresa dedicada al diseño y producción informática de Valencia despidió a varios trabajadores, que recurrieron al Fogasa para cobrar parte de su indemnización. El organismo se la denegó en noviembre de 2011, y los trabajadores demandaron al fondo por entender que sí tenían derecho a ella. Finalmente, tras la demanda y antes del juicio, el Fogasa les reconoció el derecho a percibir su indemnización.

Sin embargo, la demanda siguió su curso, puesto que el abogado reclamó el derecho a cobrar intereses de demora, una reclamación que la jueza estimó. “El organismo demandado ha de abonar los intereses moratorios hasta la fecha del dictado de la presente resolución”, sentencia la jueza, que fija esos intereses en el 4% -el interés legal del dinero- de la cantidad devengada.

La clave no solo es el reconocimiento del pago de los intereses, sino que es la jurisdicción social la que se declara competente para decidir sobre ello. “Hasta ahora, cuando alguien reclamaba los intereses en un juicio, el Fogasa argumentaba que el asunto tenía que dirimirse en los juzgados de lo contencioso administrativo, y el juez así lo estimaba. Los juicios se alargaban, hay que pagar tasas y para procedimientos de poca cuantía no merecía la pena. Ahora es la jurisdicción social la que puede decidir sobre ello, y los trabajadores no tendrán que pagar tasas”, explica Ricardo Cano, el abogado que ha llevado el caso.

Otras fuentes consultadas también destacan que el hecho de que sean los juzgados de lo social los que sean competentes para decidir si el Fogasa debe pagar intereses de demora puede incentivar las reclamaciones de trabajadores. “El hecho de que un abogado pida esos intereses es decisivo. Muchos jueces de lo social concederían ese pago pero es algo que los abogados no suelen pedir. Esto puede servir para que empiecen a solicitarse y, por tanto, a concederse”, asegura un magistrado de lo social.

El mismo juez asegura que podrían reclamarse, incluso, otros daños y perjuicios derivados del retraso en el pago. En ese caso, sin embargo, la jurisdicción competente sería la contenciosa administrativa -donde conseguir una sentencia contra la administración es más complicado-, puesto que la reclamación excedería el pago de intereses de demora.

Según el informe del Tribunal de Cuentas, a 31 de diciembre de 2013, el Fogasa acumulaba 221.384 expedientes por resolver, un 67% más que a finales del año anterior. Entre 2007 y 2013, el número de expedientes acumulados se incrementó un 295%, mientras que la plantilla creció un 0,07% en ese mismo periodo. El plazo medio de tramitación de los expedientes fue de 201,5 días en 2013. Un plazo aún más elevado en las tres unidades más colapsadas: Barcelona (395 días de media), Madrid (379) y Valencia (354).

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) no vive su mejor momento: el organismo encargado de abonar prestaciones e indemnizaciones a trabajadores cuyas empresas han quebrado o se han declarado insolventes atraviesa una crisis de gestión que dura años.

Con sus cuentas de 2013 rechazadas por la Intervención General del Estado y un informe del Tribunal de Cuentas que pone en duda incluso la legalidad y la idoneidad de alguna de sus decisiones, el organismo ha permanecido descabezado durante semanas. El anterior secretario general, Juan Carlos Arce (su máximo responsable), abandonó su puesto en noviembre, y hasta finales de diciembre la nueva encargada del organismo, Gloria Redondo Rincón, no tomó posesión de su cargo.

Hace un año, Arce fue imputado por un delito de prevaricación: el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia admitió a trámite una querella criminal que le acusaba como responsable último del Fogasa por una resolución errónea que emitió el organismo en 2013 en la que denegaba la indemnización a diez trabajadores de una pequeña empresa. El Ministerio de Empleo reconoció que se trataba de una resolución errónea y corrigió el error. Preguntado sobre este asunto, el departamento de Fátima Báñez dice desconocer los motivos de la marcha de Arce y no precisan la fecha exacta de la incorporación de su sustituta. Según el Ministerio, se trata de un “relevo normal”.

No obstante, Arce no ha quedado fuera del organigrama del Ministerio de Empleo. Según una resolución publicada en el BOE el 15 de diciembre, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social le nombró subdirector general. Se trataba de un puesto de libre designación que la secretaría convocó el 3 de noviembre.

La nueva secretaria general del organismo procede del Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social. Su puesto es de libre designación, pero el concurso tiene que ser publicado en el BOE, algo que hasta el momento no se ha producido.

Plantilla insuficiente

Los sindicatos con representación en el Fogasa aseguran que hace al menos seis meses que no mantienen ninguna reunión con la dirección del organismo o la secretaria de Estado de Empleo. Sí hubo un encuentro con el Consejo Rector del Fogasa a final de año para comunicar la concesión por parte de Hacienda de un crédito de 940 millones de euros que permitiera sacar a flote una bolsa de expedientes acumulados que ya estaban resueltos pero que el organismo no pagaba por falta de fondos.

Ese es uno de los reproches que el Tribunal de Cuentas ha hecho al Fogasa en su informe sobre 2013: la falta de un presupuesto suficiente desde comienzos de año, aun a sabiendas de que el fijado en los Presupuestos Generales era claramente insuficiente para atender la demanda. Eso hacía que Hacienda tuviera que aprobar con posterioridad créditos extraordinarios que permitieran pagar los expedientes.

Otra de las críticas del Tribunal era la falta de personal. En noviembre, la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados debatió una iniciativa pactada entre BNG, PSOE y UPyD en la que se instaba al Gobierno a aumentar la plantilla del Fogasa para que atendiera adecuadamente los expedientes. El PP rechazó la iniciativa porque aseguró que la externalización de la bolsa de retrasos a Tragsatec ya estaba solucionando el problema, algo que contradice el informe del Tribunal de Cuentas.

El grupo popular defendió también que Empleo estaba tomando medidas adicionales, como la incorporación de nuevos trabajadores interinos. Los sindicatos, sin embargo, aseguran que apenas se han producido la mitad de las cerca de cien incorporaciones que Empleo prometió.

Mala gestión y servicio, descontrol sobre fondos públicos y decisiones de dudosa legalidad. El Tribunal de Cuentas acaba de publicar su informe fiscalizador sobre el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de 2013, un documento demoledor que critica con mucha dureza la gestión del organismo. El informe cuestiona incluso la legalidad de la externalización que el Fogasa hizo de la bolsa de expedientes por resolver a finales de 2013, una tarea que recayó en la empresa pública Tragsatec mediante una encomienda de gestión y que costó 3,5 millones de euros al Ministerio de Empleo. El Tribunal concluye que esta encomienda ha resultado “antieconómica” para los fondos públicos que gestiona el Fogasa, dependiente del departamento de Fátima Báñez.

El informe destaca que las actividades realizadas por Tragsatec se encuentran “muy alejadas” de la actividad administrativa propia del Fogasa, “lo que induce a considerar que no debió aceptarse, desde el punto de vista de la legalidad vigente, como encomendable la contratación y realización de la citada encomienda de gestión”. No solo eso, el Tribunal asegura que hay indicios de que esta empresa se “extralimita” en sus funciones y de que sus trabajadores llevan a cabo tareas que vulneran “la legalidad vigente”, como instruir expedientes.

Así, la labor de los trabajadores de Tragsatec “podría vulnerar” la Ley de Protección de Datos: tienen acceso a las aplicaciones informáticas de la Tesorería General de la Seguridad Social para consultar vidas laborales pese a que el modelo de solicitudes de las prestaciones del Fogasa no menciona la posibilidad de que los datos personales contenidos en ellas pueda ser cedidos a otras entidades distintas del organismo. La instrucción por parte de “personas no competentes para ello”, dice el informe, supone un riesgo de que “no se cumplan todos los requisitos legales”.

El Tribunal de Cuentas también pone en cuestión que Tragsatec haya cumplido con el trabajo encomendado. Entre el 1 de octubre de 2013 y el 31 de diciembre de 2014, la empresa debía resolver 148.260 expedientes atrasados. Sin embargo, a 7 de abril de 2014, el número total de expedientes por resolver había aumentado un 11% (hasta 245.242) respecto a finales de 2013. “El número medio mensual de expedientes aprobados por el Fondo de Garantía Salarial en el ejercicio de 2013 sin la colaboración de la citada empresa pública fue un 22% superior a la media de expedientes aprobados en los seis primeros meses del ejercicio 2014 cuando ya estaba actuando esta empresa pública”, señala el informe.

Las dudas se extienden al coste que supone la externalización a Tragsatec, unos 21,78 euros por expediente resuelto. El Tribunal compara este importe con el que abonó el organismo a los funcionarios que se acogieron voluntariamente a instruir expedientes fuera de su horario laboral: 1,85 euros brutos de media por expediente. La diferencia del coste medio entre el primer caso y el segundo es del 1.077%. Según cálculos del Tribunal, si la ejecución de los expedientes hubiera sido realizada por el propio personal del Fogasa hubiera costado 274.281 euros frente a los 3.267.000 que ha supuesto la encomienda a Tragsatec. El informe añade, además, que el coste final será aún más elevado, puesto que hay que añadir otros gastos, como la formación de los empleados de la empresa pública.

Falta de control sobre fondos públicos

No es ni mucho menos la única crítica que el Tribunal de Cuentas hace al organismo que depende del Ministerio de Empleo. Su informe hace hincapié en la falta de personal, que supone “un importante riesgo de extravío de documentación, además de originar defectos y demoras en la tramitación” de la misma.

Esta falta de personal conlleva, además, un descontrol en los fondos públicos. En el caso de los letrados, que deben asistir a todos los juicios en los que el Fogasa es parte interesada para garantizar que las prestaciones que el organismo paga son las adecuadas y los casos se ajustan a la ley, su número es insuficiente para asistir a todos los casos en los que el organismo está implicado. En los ejercicios 2012 y 2013, los letrados solo acudieron a cerca de un 30% del total de juicios. De ellos, el 56% acabó con sentencia favorable al organismo, lo que a juicio del Tribunal denota que la asistencia a estos procesos “es un instrumento eficaz para una más eficiente gestión de los recursos públicos”.

El informe detecta ausencia de datos de asistencia de letrados en varias provincias, lo que califica como “un riesgo en la gestión de fondos públicos, ya que la incomparecencia del organismo al juicio directo puede suponer, sin más, la aceptación de las pretensiones del trabajador por parte del juez”. El Tribunal asume que la falta de letrados podría estar ocasionando el pago de “prestaciones fraudulentas” y una “escasa recuperación de deuda”.

Un 300% más de expedientes por resolver

El Tribunal da algunas cifras sobre el estado del organismo. A 31 de diciembre de 2013, el Fogasa acumulaba 221.384 expedientes por resolver, un 67% más que a finales del año anterior. El impacto de la crisis ha sido decisivo en el aumento de la carga de trabajo: entre 2007 y 2013, el número de expedientes por resolver se incrementó un 295%, mientras que la plantilla creció un 0,07% en ese mismo periodo.

Esta saturación se ha notado en el plazo medio de tramitación de los expedientes, que fue de 201,5 días en 2013. Un plazo aún más elevado en las tres unidades más colapsadas: Barcelona (395 días de media), Madrid (379) y Valencia (354). El Tribunal detalla que esta situación no es consecuencia de un hecho concreto, sino de una tendencia que lleva años produciéndose y que denota “una falta de previsión del organismo, que debería haber adoptado medidas urgentes y extraordinarias para paliar los efectos del progresivo y predecible aumento de solicitudes de prestaciones”.

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ha pagado en los últimos cinco días a 158.181 trabajadores que tenían salarios o indemnizaciones pendientes por la entrada de sus empresas en concurso de acreedores o insolvencia.

En Navarra, se han abonado 10,5 millones de euros que han llegado a las manos de 1.150 trabajadores.

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ha pagado en los últimos cinco días a 158.181 trabajadores que tenían salarios o indemnizaciones pendientes por la entrada de sus empresas en concurso de acreedores o insolvencia, y todos los expedientes que había atascados de años anteriores estarán resueltos antes de que acabe el año. En Navarra se han pagado 10,5 millones a 1.150 trabajadores.

Así lo ha asegurado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ante el Pleno del Congreso durante una interpelación de la portavoz socialista en el Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, relativa a la situación de la Seguridad Social y del fondo de reserva de las pensiones.

“También nos preocupamos por los trabajadores que van a ser pensionistas mañana, y hablo del Fogasa, al que (el PSOE) no dedicó tiempo cuando gobernaba. Hemos hecho, con los interlocutores sociales, un programa extraordinario para acabar de una vez con el atasco de expedientes acumulados entre 2007 y 2011”, ha recordado la ministra.

De hecho, según datos aportados por el Ministerio en una nota de prensa, en ese periodo los expedientes se incrementaron un 1.631,31% “sin que se tomara ninguna medida ni para aumentar la plantilla ni de otro tipo” y a pesar de que “los tiempos medios de tramitación y el resto de indicadores señalaban ya claramente el colapso” desde 2008.

Créditos de 940 millones

Para hacer frente a esta situación, con expedientes que acumulaban retrasos superiores incluso al año, el Ministerio encargó a Tragsatec parte de la gestión y además aprobó un suplemento de crédito de 940,6 millones de euros el pasado mes de noviembre, con lo que el presupuesto total del Fogasa en este ejercicio supera en casi mil millones el del año pasado.

Esto ha permitido que en lo que va de 2014 se hayan resuelto 292.754 expedientes, que superarán los 300.000 antes de fin de año, según la ministra; cifras que contrastan con los 166.788 resueltos en 2013, lo que supone que se han duplicado los ritmos habituales de resolución y se ha eliminado el atasco.

Gracias a ambas medidas, en los últimos cinco días se ha podido pagar las prestaciones de 158.181 trabajadores en 113.081 expedientes. “Esto es compromiso, pagar las facturas pendientes y poner al día el Fogasa. Un ejemplo más de que nos preocupan los trabajadores y los pensionistas de hoy, y también los de mañana”, ha añadido la ministra.

Datos por Comunidades

Según las cifras de Empleo, la comunidad autónoma donde se han abonado más indemnizaciones y salarios con el suplemento de crédito es Cataluña, con casi 198 millones de euros para pagar a 34.231 trabajadores incluidos en 24.202 expedientes; seguida por la Comunitat Valenciana, donde se han pagado 145 millones a 24.049 trabajadores por 18.237 expedientes; y por Andalucía, donde los 15.946 trabajadores incluidos en 12.496 expedientes han visto satisfechas deudas por valor de casi 101,11 millones.

A continuación se sitúan la Comunidad de Madrid, donde 14.352 trabajadores se han repartido 85,73 millones de euros a resultas de 10.214 expedientes; Galicia, con 66,14 millones para 10.650 trabajadores incursos en 8.047 expedientes; y Castilla y León, donde 8.687 trabajadores afectados por 6.034 expedientes se han llevado 50,56 millones.

Más de 44 millones se han llevado los 7.797 trabajadores de Aragón, los 7.545 de la Región de Murcia, y los 7.248 del País Vasco. Mientras que los 6.710 trabajadores afectados en Canarias se han repartido 42,71 millones. Les siguen en el listado los 5.532 trabajadores asturianos, que han recibido 32,54 millones; los 3.821 castellano-manchegos, que se han repartido casi 29 millones; los 4.678 baleares, con 25,6 millones; y los 2.627 extremeños, con casi 16,9 millones.

Cierran el listado los 10,69 millones repartidos entre los 1.413 trabajadores de Cantabria; los 10,5 millones que afectan a 1.510 trabajadores de Navarra; los 6,17 millones para 1.271 trabajadores de La Rioja y los 297.817 euros que beneficiarán a 84 trabajadores de Ceuta y Melilla.

En cuanto a los pagos totales realizados por el Fogasa hasta finales de noviembre, el Ministerio de Empleo los cifra casi 2.238,24 millones de euros para abonar los salarios e indemnizaciones pendientes de 409.436 trabajadores que se han visto afectados por 292.754 expedientes.

El Grupo Parlamentario Socialista pedirá al Gobierno de España, en el pleno previsto para esta semana en la Cámara regional, que dote el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de más recursos y de una plantilla suficiente para atender todos los procedimientos bloqueados, así como que mantenga e incluso incremente, en la medida de lo posible, las partidas presupuestarias destinadas a esa herramienta.

Así lo ha comunicado la portavoz de Empleo del PSOE, Gloria Gutiérrez, quien recuerda la eficacia en situaciones de crisis como la actual de un fondo público para garantizar la percepción de salarios adecuados e indemnizaciones insatisfechas por causas derivadas del desequilibrio patrimonial de las empresas se ha revelado.

“Sin embargo, desde la llegada del Partido Popular al Gobierno de España, parece que el objetivo último de este fondo no está entre las prioridades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por cuanto, a pesar del incremento de la demanda por los trabajadores motivada por la crisis económica y la reforma laboral, los recursos destinados a la gestión y cobro con cargo al fondo se han visto mermados considerablemente”, protestó Gutiérrez.

La portavoz señala que esta situación ha traído como consecuencia que la media para cobrar salarios atrasados del Fogasa se sitúe en los dos años. En Canarias, “solo hasta septiembre de 2014, 6.138 familias están esperando a que se les dé curso a su expediente, llegando a agotar su prestación por desempleo y no pudiendo acceder a unos salarios que les corresponden en el ejercicio legítimo de sus derechos laborales”.

Pese a esta situación, desde el PSOE aseguran que el Gobierno del PP, “una vez más, coloca a la clase trabajadora entre las últimas de sus prioridades, y en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 prevé un nuevo recorte del 23%  en su aportación al Fogasa, mientras incrementa partidas como las relacionadas con los gastos de personal y alta dirección o prevé inversiones millonarias en el AVE y la industria armamentística”.

Gloria Gutiérrez también defenderá en este pleno otra proposición no de ley por la que se insta al Gobierno de Canarias, mediante la colaboración de la Consejería de Sanidad y el Instituto Canario de Salud Laboral (Icasel), a poner en marcha un conjunto de medidas para la correcta detección de las enfermedades profesionales.

Entre esas medidas, propone que se estudie la posibilidad de introducir en el sistema informático Drago de Atención Primaria una herramienta informática consistente en alertas que avisen al introducir los síntomas de los pacientes en su historia clínica si éstos coinciden con los relacionados habitualmente con determinadas enfermedades profesionales.

La puesta en marcha una campaña de información y formación sobre patologías de origen laboral dirigida a los médicos de Atención Primaria o el establecimiento de un protocolo de notificaciones en virtud del cual, ante la sospecha de una posible enfermedad profesional, el Servicio Canario de la Salud lo notifique a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y a los órganos competentes en materia de salud laboral del Gobierno de Canarias y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, son otras de las medidas que plantea el PSOE.

En el marco de las preguntas, el PSOE lleva a este pleno el bloqueo por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la garantía juvenil, así como el trato “arbitrario” que recibe Canarias por el Gobierno de España, la construcción del centro de salud de Antigua y las repercusiones en el deporte canario del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, entre otras.

En agosto de 2011, la provincia de Las Palmas se encontraba entre las seis con más atraso de España en la resolución de los expedientes presentados por los desempleados en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). En el conjunto de Canarias, existían 3.550 denuncias sin resolver. Tres años después esa cifra ha superado el doble, rozando los 8.000 expedientes atascados.

Unos 12.000 canarios, aproximadamente, que vieron cómo sus empresas se declaraban insolventes desde el año 2012 tras acumular meses sin abonarles los salarios, y ni mucho menos una indemnización cuando quebraron, aún no han cobrado en las Islas lo que por derecho les pertenece.

Muchos de ellos, además, ya no perciben ninguna prestación por desempleo, han cronificado su situación de parado y han transitado por los peores años de sus dos crisis (la propia y personal y la del conjunto de la economía) sin tener el colchón de los miles de euros que sus empresas les adeudan.

Una deuda que, de media, ronda los 5.000 euros por trabajador (aunque en ocasiones duplica y triplica esta cantidad) y que podría haber servido de ayuda a los asalariados para afrontar la necesidad de dar un giro a su vida profesional tras la quiebra de las empresas en las que trabajaban.

Jugar con la esperanza

Ese es el objetivo del Fogasa, que sin embargo se ha convertido en un circo burocrático donde se juega con la esperanza de quienes menos culpa tuvieron de la entrada en quiebra e insolvencia de sus patronos.

Y esa realidad provoca un doble desamparo en una Comunidad Autónoma donde la tasa de desempleo, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), es del 32,7%, y más de 600.000 canarios se encuentran bajo el umbral de la pobreza, el 28,4% de la población de las Islas.

Muchas de esas 12.000 personas que aún no han cobrado su 'garantía salarial' dependían de ella para cubrir sus necesidades básicas y han quedado desamparadas.

El propio Ministerio reconocía en mayo en el Congreso de los Diputados que aunque la antigüedad media de los expedientes no resueltos era de 216 días, existían muchos datados en 2012 e, incluso de años anteriores.

Lo cierto es que los retrasos se han ido acumulando y aumentando año a año y, así, en diciembre de 2013 afectaba a 6.126 expedientes de Las Palmas, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el atraso impidió el cobro de las prestaciones a 2.615 trabajadores.

El Fogasa pagó el año pasado en Canarias 47,13 millones de euros, siendo la prestación media de 5.853 euros, 149 euros menos que en 2012. En el caso de los salarios se situó en los 3.663,4 euros (347 euros menos) y en el de las indemnizaciones, en los 5.417,4 euros (5,4 euros más).

Imprevisión

La imprevisión del Ministerio de Empleo sobre los efectos de la reforma laboral, a los que se unía el cierre acumulado de empresas anteriores a 2011, ha sido manifiesta. No consideró conveniente incrementar la plantilla del organismo y, cuando lo hizo, fue tarde y precaria.

Después sacó del Fogasa por decreto a las pequeñas empresas con menos de 20 trabajadores, esperando que la menor carga de trabajo permitiera agilizar la tramitación de los salarios pendientes, pero los datos siguen demostrando que los trabajadores despedidos siguen sufriendo los retrasos de un organismo que se financia con sus propias cotizaciones.

Ni siquiera la decisión que más le gusta al PP, que es privatizar la gestión, ha servido para nada, sino que ha empeorado la situación.

En septiembre de 2013 el Fogasa decidió privatizar la gestión de un total de 180.000 expedientes de toda España que entonces estaban a la espera de resolver. En marzo de este año, con un coste de más de 3,5 millones de euros, no se habían resuelto ni 3.000 expedientes.

Además de la ineficacia, las centrales sindicales denunciaron que la privatización genera numerosos problemas jurídicos relacionados con la protección de datos, la propia competencia para resolverlos y la imposibilidad material de hacer un seguimiento de la situación de cada uno de los expedientes.

De nuevo, la maquinaria burocrática y la ideología del PP ha sido nefasta para los derechos salariales de trabajadores que han sido despedidos por quiebra o concurso de acreedores de las empresas, sin ingresos para subsistir porque tenían sueldos pendientes y liquidaciones.

El Fondo de Garantía Salarial era su tabla de salvación, pero se ha convertido en el peso que los ha hundido aún más en el océano de la exclusión social.

Reclamar ante el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) es ahora más difícil que hace solo unos meses, aunque solo aparentemente. Las resoluciones que reciben ahora los trabajadores les comunican que, en caso de querer reclamar la cuantía de sus indemnizaciones, deben dirigirse directamente a los juzgados de lo social. Es un cambio respecto a lo que sucedía antes, cuando se les informaba de que tenían un año para reclamar primero ante el Fogasa y, después, otros ocho años para acudir a los tribunales de lo social.

Hasta ahora, el Fogasa comunicaba a los trabajadores la resolución de su expediente. Al final de la hoja, el organismo les informaba de que tenían la posibilidad de reclamar (en caso de que no estuviesen conformes o consideraran que se había cometido algún error): para ello, tenían el plazo de un año para acudir a una oficina del Fogasa y, una vez presentada esa reclamación, otros ocho para acudir a la vía judicial.

Sin embargo, las resoluciones han eliminado ahora la parte que informa a los trabajadores de que tienen la posibilidad de reclamar ante las oficinas del Fogasa. Les informa, directamente, de que contra la resolución puede interponerse “demanda ante el Juzgado de lo Social competente en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación”, según una resolución fechada en enero procedente de una unidad administrativa a la que ha accedido eldiario.es. Los juzgados de lo social están, además, colapsados ante la avalancha de casos y la falta de medios.

“En las oficinas se siguen aceptando reclamaciones, porque no pueden cambiar la norma así porque sí. Lo que sí hay es una decisión que pretende que la gente vaya directamente a los juzgados de lo social a dirimir sus conflictos laborales. En la resolución hay una orientación clara: no se menciona la posibilidad de que la gente reclame directamente ante el Fogasa, ocultan esa opción aunque sigue existiendo”, afirma el secretario general de la Sección Sindical Estatal de CCOO en el Ministerio de Empleo, Josetxo Gándara.

Hay, además, un recorte de los plazos: si antes cualquier persona que quisiera reclamar ante el organismo tenía un año para hacerlo, ahora solo tiene dos meses para acudir a los tribunales. “Muchas veces, las personas que llegan al Fogasa ya están desvinculadas de la empresa, necesitan tiempo para asesorarse o buscar una segunda opinión”, señala Gándara.

El Fogasa es un organismo público que depende del Ministerio de Empleo y que se encarga de gestionar los expedientes y sufragar las indemnizaciones y los salarios de los trabajadores de empresas que se hayan declarado insolventes o en concurso de acreedores. En septiembre, Empleo externalizó los 180.000 expedientes atrasados que acumulaba el organismo a la empresa pública Tragsatec por un importe de 3,5 millones de euros, una decisión muy criticada por los sindicatos, que llevan años reclamando más medios.

Varios meses sin cobrar, una situación en la que viven cada vez más trabajadores y trabajadoras atrapados en un laberinto angustioso del que salir es más difícil de lo que parece. No perciben su salario pero no pueden dejar de ir al trabajo, no pueden irse de la empresa ya que perderían “sus derechos” no podrían cobrar ni siquiera el desempleo, se consideraría una baja voluntaria.

Una realidad que ya tiene nombre “trabajadores zombis” que ni cobran ni pueden dejar de ir al trabajo. Cientos de empleados en esta región que se ven atrapados en un túnel angustioso.

La empresa no les paga, pero tampoco les despide, tienen que acudir cada día a trabajar a la espera de que el empresario quiera resolver la situación o que una sentencia judicial o un ERE dicte la extinción de la relación laboral. Pero los juzgados de lo social son lentos, están colapsados, pueden seguir acumulándose meses de deuda.

Mientras esperan, viven angustiosamente, esperando una salida a su situación, teniendo que levantarse cada mañana para acudir a su puesto para sumar un día más a la abultada deuda que la empresa mantiene con ellos y que suele ser de varios meses, cinco, seis, ocho, según los casos, deuda que no saben si llegarán a cobrar alguna vez.

No hay estadísticas, pero es una historia que se repite cada día en más empresas de nuestra región, algunos trabajadores lo denuncian públicamente y sabemos de su calvario por las páginas de los periódicos: Cerámica la Oliva en el Toledano pueblo de Pantoja, El grupo Vilar, Rubicar , Socialmancha también en Toledo, los empleados de Seguridad Huécar Ciudad Real , AVICU en Guadalajara, Asprona Laboral en Albacete, COCEMFE, Colectivo Europeo de Transportes S.L en Cuenca y así un largo etc, de otros no tenemos noticias pero están ahí, por toda la geografía regional y nacional, es la nueva realidad que siembra la reforma laboral y la crisis.

Detrás de cada trabajador, familias angustiadas que viven la presión de tener que hacer frente a los pagos cuando no hay ingresos, porque estos no se paralizan como sus salarios. Si no pagan la luz el gas o el comedor escolar se lo cortan, les desahucian si no cumplen puntualmente con el abono de la hipoteca o el alquiler. A ellos sí les exigen cumplir puntualmente y tienen que acudir a sus escasos ahorros mientras les quedan, luego, cuando estos se terminan sólo pueden recurrir a la solidaridad de familiares y allegados en el mejor de los casos.

Después, incluso cuando ya logran una sentencia que zanje la relación laboral o un ERE que les mande al paro, tienen que seguir esperando, la deuda que la empresa contrajo con ellos pasa a asumirla el fondo de garantía salarial porque seguramente la empresa se declarará insolvente. Un nuevo calvario, el fondo de garantía salarial solo paga una parte de la deuda, 4 meses de salarios adeudados con el tope del duplo del salario mínimo interprofesional que hoy está en 645 euros y tardará en pagar, tardará mucho, casi dos años.

El Fondo de Garantía Salarial está colapsado, en Castilla la Mancha se están produciendo retrasos en el pago de hasta dos años y hay más de 7.000 expedientes esperando ser tramitados según denunciaban estos días las organizaciones sindicales, es un suma y sigue cuando ya parece que se ve el final del túnel.

En el caso de las subcontratas de las administraciones, el origen del impago de nóminas es su morosidad, la administración regional que gobierna Cospedal ha puesto a muchas subcontratas contra las cuerdas, y a sus trabajadores y trabajadoras en situaciones límite.

Antes las deudas salariales de los trabajadores eran sagradas, gozaban de preferencia frente a otras deudas, hoy tras las reformas laborales (que no ha sido una si no unas cuantas) ya no es así.

Esta dramática realidad social queda en zona invisible, como en otros casos no hay una estadística que nos permita percibir la dimensión real de este problema y visibilizarla de forma clara, si hay algunos datos oficiales en cambio que prestada la atención pertinente nos deberían alertar de lo que está pasando.

La estadística oficial de FOGASA es absolutamente elocuente, si comparamos lo que el fondo de garantía asumió por salarios dejados de pagar por las empresas a sus trabajadores en Castilla–La Mancha en 2013 y lo comparamos con el mismo dato antes del inicio “oficial” de la crisis por ejemplo en 2007, veremos el brutal giro y las dimensiones escandalosas de esta nueva situación, que a partir del 2008 se dispara de forma exponencial: en 2013 el FOGASA en la región abonó 21 millones 381 mil euros en concepto de salarios adeudados a 13.287 trabajadores y trabajadoras de 4.810 empresas. En 2007 estas cifras eran infinitamente más pequeñas 4 millones 697 mil euros, 2.574 trabajadores de 715 empresas. Es decir que el problema es hoy cinco veces más grande que antes de las reformas laborales y del inicio de la crisis.

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) sigue colapsado: la externalización en septiembre de la bolsa de expedientes atrasados que acumulaba el organismo no ha evitado que el atasco siga aumentando. Si en septiembre el retraso se cifraba en unos 180.000 casos por resolver, ahora los expedientes acumulados son ya 214.000.

Los sindicatos denuncian que la contratación de la empresa pública Tragsatec (filial del grupo Tragsa), que costó al Ministerio de Empleo 3,5 millones de euros, solo ha servido para resolver entre 2.500 y 3.000 expedientes en cerca de cuatro meses. Las centrales han convocado para mañana jueves movilizaciones frente a todos los centros de trabajo provinciales del Fogasa.

En septiembre, Empleo externalizó los 180.000 expedientes que en ese momento estaban por resolver. De esa forma, Tragsatech se encargaría de gestionar la bolsa de atrasos y las oficinas del Fogasa resolverían los nuevos casos que fueran llegando. Sin embargo, la cantidad de nuevos expedientes ha vuelto a superar la capacidad del organismo, que cuenta con una plantilla de 326 personas repartidas por todas las provincias. “Se han vuelto a ver los déficits estructurales que tenemos y que nos impiden responder adecuadamente al trabajo que nos llega. Estamos produciendo atraso permanentemente”, dice el secretario general de CCOO en el Ministerio de Empleo, Josetxo Gándara. En Madrid y Barcelona, el plazo medio de resolución de un expediente es de 18 meses.

La 180.000 expedientes atrasados viajaron desde 23 unidades provinciales hasta la sede de Tragsatec en Madrid, donde la empresa iba a centralizar el proyecto. Aunque son los trabajadores de Tragsatec los que se encargan de tramitar el expediente y hacer el cálculo de cantidades, es la Secretaría General del Fogasa la que finalmente da el visto bueno final al caso. Según fuentes consultadas, sólo son dos los letrados encargados de dar ese aprobado final: “Si lo que quieren es acabar con el atasco de expedientes y sólo hay dos personas para dar el visto bueno final, hay que pensar que la mayoría los aprobarán sin casi mirarlos”.

El Ministerio de Empleo asegura que el trabajo de Tragsatec se está llevando a cabo “con la mayor celeridad posible” y que esperan que el ritmo de resolución crezca con rapidez. Un portavoz niega que sólo haya dos personas para hacer la verificación final de los expedientes. “Se dedica a ello todo el personal posible”, dice.

Plan de choque

Los sindicatos piden la puesta en marcha de un plan de choque para afrontar esta sobrecarga de trabajo, además de otras medidas estructurales que permitan mejorar la eficiencia del Fogasa. “Las deficiencias de personal son extremadamente graves”, subrayan, algo que, dicen, debe solucionarse con contratación de personal propio para normalizar el funcionamiento del organismo. El Ministerio accedió el año pasado a incorporar a 136 personas interinas durante cinco meses para agilizar la gestión de expedientes, pero la mayoría de estos contratos ya ha expirado.

En cualquier caso, la principal característica de este proceso es la opacidad. Tragsatec ha firmado con los trabajadores un acuerdo de confidencialidad sobre el trabajo llevado a cabo para el Fogasa. Fuentes sindicales aseguran que en otras ocasiones se han firmado pactos similares. “Cuando se hacen proyectos en los que se maneja información sensible suelen registrarse estos acuerdos. Al fin y al cabo, funcionamos como una prolongación de la Administración”, explican.

Además, el Ministerio de Empleo encargó este trabajo a Tragsa mediante una encomienda de gestión, lo que evitó que el proyecto saliera a concurso y que se pudieran conocer algunas de sus condiciones como, por ejemplo, el número exacto y el perfil de los trabajadores encargados de tramitar los expedientes.

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), el organismo estatal que paga los salarios o indemnizaciones de empresas quebradas o insolventes que no pueden atender sus obligaciones con los trabajadores.acaba de despedir a 8 de sus administrativos en Valencia, trabajadores eventuales, pese al colapso de su oficina en la ciudad.

La entidad pública justifica los despidos, efectivos desde el 31 de diciembre, por la externalización del servicio, subcontratado a Tragsa,la empresa pública utilizada, por ejemplo, para limpiar las calles de Madrid con motivo de la huelga de limpieza de noviembre de 2013. Esta decisión ha conllevado el traslado de miles de expedientes desde la oficina de Valencia y otras –por ejemplo, la de Alicante- a Madrid.

En la Comunidad Valenciana hay pendientes de pago cerca de 300 millones de euros a 80.000 trabajadores, normalmente personal despedido sin las compensaciones pertinentes por falta de fondos en su anterior empresa. Aunque en otras partes de España los expedientes se resuelven en 6 meses, en la Comunidad Valenciana este proceso –muchas veces vital para que gente sin trabajo tenga ingresos- se alarga hasta tres veces más.

Según las cifras facilitadas por el Fogasa a los sindicatos, Valencia es el lugar, inmediatamente por delante de Madrid y Barcelona, donde con más lentitud resuelve el Fogasa los expedientes, informaCinco Días. En julio, un juzgado de lo social de la ciudad condenó a la entidad por su retraso en resolver la petición de dos trabajadores: tardó 10 meses en contestar pese a que tiene un plazo legal de 90 días.

En 2012, el Fogasa tramitó en la Comunidad Valenciana expedientes que afectaban a cerca de 10.000 empresas y más de 30.000 trabajadores y por los que pagó 186 millones de euros. Sólo Cataluña superó esa cifra. El colapso del Fogasa, consecuencia de la magnitud de la crisis, se está intentando resolver reforzando a los funcionarios con los servicios de una empresa pública estatal, Tragsatec, que está gestionando parte de los expedientes atascados.

El secretario general del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Juan Carlos Arce Gómez, tendrá que declarar a comienzos de febrero como imputado por prevaricación en un juzgado de Valencia. El Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad ha admitido a trámite una querella criminal que le acusa como responsable último del organismo de un delito de prevaricación de funcionario público por una resolución errónea que emitió el Fogasa en 2013 en la que denegaba la indemnización a diez trabajadores de una pequeña empresa.

Los querellantes eran empleados de una pyme que les despidió por causas económicas. Parte de su indemnización tenía que ser sufragada por el Fogasa. Sin embargo, tras presentar la solicitud, el organismo les denegó el pago porque aseguraba que este ya había tenido lugar con anterioridad. “Dicha resolución es aberrante y está dictada con clarísima y plena mala fe, y con el único objetivo de retrasar y dilatar los derechos de los trabajadores. Nunca se ha abonado a los trabajadores de esta empresa ninguna cantidad en concepto de prestaciones por parte del Fogasa. De hecho, ni siquiera se indica en qué expediente se ha efectuado el pago”, dice la querella.

Fue entonces cuando el abogado Ricardo Cano presentó en nombre de los trabajadores una denuncia en los juzgados de lo social y también una querella penal contra el secretario general del Fogasa “o cualquier funcionario que pudiera ser responsable de delito”. Una vez el Fogasa tuvo notificación de la querella, revisó el caso y pagó a los trabajadores. No obstante, Cano mantiene la denuncia: “El delito existe, aunque luego se repare en parte el error”, asegura. También sigue adelante el juicio laboral, ya que los trabajadores aseguran que el Fogasa no les abonó toda la cantidad de la indemnización que les debía.

El Ministerio de Empleo reconoce el error, pero subraya que Juan Carlos Arce está imputado por ser el máximo dirigente del Fogasa y no por una decisión personal que motivara el caso. “En cuanto se tuvo conocimiento de la querella se revisó el expediente y se subsanó el error”, afirman. Un portavoz explica que se produjo una duplicidad de expedientes, pero que los trabajadores hubieran acabado cobrando. En cuanto a las cantidades abonadas, Empleo asegura que se pagaron en función de los cálculos hechos por la unidad que el organismo tiene en Valencia.

En una providencia a la que ha tenido acceso eldiario.es, el magistrado Francisco Silla requiere al Fogasa que presente el expediente administrativo íntegro y cita a declarar a Juan Carlos Arce “con objeto de recibir declaración en calidad de imputado”.

El abogado Ricardo Cano ha puesto en marcha la Asociación por la Defensa de las Libertades y Derechos Sociales y Civiles, que en un mes ha interpuesto cerca de quince denuncias contra el Fogasa por incumplir el plazo de tres meses para resolver los expedientes y vulnerar el silencio administrativo, según el cual todo caso que no obtenga respuesta en el periodo fijado será considerado aceptado. Cano denuncia también la pérdida de calidad del servicio y la privatización de la bolsa de expedientes atrasados a la empresa Tragsatec, filial de Tragsa.

La Comunidad Valenciana lidera los atrasos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), el organismo estatal que paga los salarios o indemnizaciones de empresas quebradas o insolventes que no pueden atender sus obligaciones con los trabajadores. La magnitud del colapso de esta entidad es tal que en Valencia el pago de la prestación se está demorando incluso hasta año y medio.

En la Comunidad Valenciana hay pendientes de pago cerca de 300 millones de euros a 80.000 trabajadores, normalmente personal despedido sin las compensaciones pertinentes por falta de fondos en su anterior empresa. Aunque en otras partes de España los expedientes se resuelven en 6 meses, en la Comunidad Valenciana este proceso –muchas veces vital para que gente sin trabajo tenga ingresos- se alarga hasta tres veces más.

Según las cifras facilitadas por el Fogasa a los sindicatos, Valencia es el lugar, inmediatamente por delante de Madrid y Barcelona, donde con más lentitud resuelve el Fogasa los expedientes, informa Cinco Días. En julio, un juzgado de lo social de la ciudad condenó a la entidad por su retraso en resolver la petición de dos trabajadores: tardó 10 meses en contestar pese a que tiene un plazo legal de 90 días.

En 2012, el Fogasa tramitó en la Comunidad Valenciana expedientes que afectaban a cerca de 10.000 empresas y más de 30.000 trabajadores y por los que pagó 186 millones de euros. Sólo Cataluña superó esa cifra. El colapso del Fogasa, consecuencia de la magnitud de la crisis, se está intentando resolver reforzando a los funcionarios con los servicios de una empresa pública estatal, Tragsatec, que está gestionando parte de los expedientes atascados.

En los últimos dos años, el sector público ha destruido 374.800 puestos de trabajo. Los recortes encontraron pronto una aliada: la última reforma laboral, que abrió la puerta a que las administraciones públicas llevaran a cabo expedientes de regulación de empleo de su personal laboral por causas económicas. Sin embargo, año y medio después se desconoce el número de ERE que Administración y empresas públicas han ejecutado, ya que las estadísticas no los recogen como tal.

Tragsa ha sido la última empresa pública en caer: el grupo ha presentado un ERE para 1.639 trabajadores y ha manifestado su intención de amortizar 3.695 puestos de trabajo eventuales. En total, supondría la eliminación de más de 5.000 empleos, la mayor reducción de personal llevada a cabo en una empresa pública en años. Actualmente, la empresa tiene unos 11.500 trabajadores.

El impacto de la reforma laboral es innegable: en 2011, solo hubo 48 personas despedidas bajo esta modalidad, una cifra que ascendió a 1.767 en 2012. Solo en los tres primeros meses de 2013, las personas despedidas ascienden ya a 983, lo que hace temer a los sindicatos que a lo largo de este año se superen con creces los datos del año pasado. Se trata, además, de datos muy sesgados. “No incluyen a sectores como la educación o la sanidad, ni tampoco a las empresas públicas”, matiza Paco Casado, miembro del gabinete técnico de la Federación de Servicios de UGT.

De hecho, los despidos hechos por grandes empresas públicas en el último año superan claramente esa cifra. Solo los expedientes de regulación de Aena, Paradores, Ineco y Renfe suman 2.290 despidos. “Se han abierto muchísimos despidos colectivos en empresas públicas de ayuntamientos: en escuelas de música, de deporte, en empresas de limpieza... Lo que se llama la administración instrumental. Es un goteo constante”, explica Casado. No hay aún, sin embargo, datos fiables sobre este goteo disperso que esconde el desmantelamiento de los servicios públicos.

Tragsa contrata a personal externo

El grupo, que forma parte de la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI), se dedica a labores administrativas, prestación de servicios de emergencia, e ingeniería y asistencia técnica, entre otros. Precisamente, en los últimos meses Tragsatech (filial de Tragsa) ha logrado al menos dos significativos contratos procedentes de la Administración Pública: la gestión de la bolsa de expedientes atrasados del Fogasa y la adjudicación de becas del Ministerio de Educación. De los 1.639 despidos que planea el grupo, 803 se ejecutarán en Tragsatech y 830 en Tragsa.

En el caso de la externalización del Fogasa, el Ministerio de Empleo pagará cerca de 3,5 millones de euros a Tragsatech para que gestione los 180.000 expedientes atrasados. Para justificar el ERE, sin embargo, la empresa alega caída de la producción y pérdidas.

El sindicato CSIF denuncia que el grupo ha contratado a personal externo para llevar a cabo estos trabajos, en lugar de emplear a la propia plantilla. “Esa búsqueda de trabajadores choca con que poco después la empresa presente un ERE, sobre todo cuando el personal que buscan es administrativo y el ERE va a afectar a muchos administrativos”, afirma Rafael Fernández, delegado de CSIF.

La negociación del ERE ha comenzado este jueves: a partir de ahora, sindicatos y empresa tienen un mes para tratar de llegar a un acuerdo. “Trataremos a toda costa de mantener el empleo”, dice Pilar Navarra, delegada de UGT en Tragsa. Para Rafael Fernández es inexplicable que el grupo haya decidido presentar el ERE antes de buscar otras soluciones: “Vamos a comenzar a negociar el convenio en diciembre, ¿no tiene más sentido buscar primero soluciones internas y ver después si además hacen falta despidos?”.

La reforma laboral impide que las administraciones públicas aprueben expedientes de suspensión o reducción de la jornada –una posibilidad que sí tienen las empresas privadas–, es decir, solo les deja la posibilidad de extinguir directamente los contratos. No sucede así con las empresas públicas, como Tragsa, que sí pueden aprobar otro tipo de expedientes.

El Ministerio de Empleo ha externalizado a una empresa pública la gestión de los 181.000 expedientes atrasados que acumula el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). La empresa en cuestión es Tragsatec, filial del Grupo Tragsa, que percibirá entre 3 y 3,5 millones de euros por llevar a cabo esta tarea.

La carga de trabajo del Fogasa, que se encarga de gestionar los expedientes y sufragar las indemnizaciones y los salarios de los trabajadores de empresas que se hayan declarado insolventes o en concurso de acreedores, se ha triplicado en los últimos años mientras su plantilla se reducía. El pasado febrero, la dirección del organismo propuso a los sindicatos poner en marcha un plan para reducir la bolsa de expedientes atrasados que incluía encargar esta labor a una empresa externa.

Finalmente, Empleo ha encargado esta labor a Tragsatec, mediante una encomienda de gestión. De esta forma, ha evitado otras fórmulas, como un concurso o una licitación a la que se hubieran tenido que presentarse varias ofertas. Según fuentes sindicales, a la empresa se le pagarán cerca de 20 euros por cada expediente que resuelva. Cabe destacar que el personal de esta empresa no es funcionario.

El ministerio asegura que no se trata de una externalización, “pues se trata de una empresa pública”. Según Empleo, Tragsa no resolverá expedientes sino que solo los tramitará y aportará “mejoras técnicas”.

Son 23 provincias las que externalizan su bolsa de expedientes, entre las que están Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla o Asturias. La plantilla de estas oficinas está ahora preparando los expedientes a la empresa, que centralizará su trabajo en Madrid.

Fuentes sindicales alertan de que es probable que Tragsatec no pueda empezar a tramitar los expedientes hasta comienzos de enero de 2014. “Aún no se ha mandado la documentación, hay que formar a la plantilla de Tragsatec y hasta noviembre no hay formador”, aseguran. Serán unos 80 trabajadores de la empresa los que se encarguen de resolver los expedientes, pero su perfil se desconoce. “Al no ser un concurso, desconocemos las obligaciones y compromisos de la empresa, y no sabemos qué perfil tendrán los trabajadores que se hagan cargo de esto”, dicen.

Más barato reforzar la plantilla

Otras fuentes aseguran que resultaría más barato reforzar la plantilla del Fogasa para que afrontara este volumen de trabajo y denuncian “la apuesta por privatizar y externalizar” del Gobierno. Tanto CCOO como UGT llevan meses pidiendo la puesta en marcha de un plan de emergencia para sacar al Fogasa del colapso. El ministerio ha aceptado incorporar a 136 trabajadores interinos, pero solo hasta el 31 de diciembre, un periodo insuficiente a ojos de los sindicatos, que temen que esta externalización haga aumentar los errores y reclamaciones.

Las mismas fuentes explican que puede darse la paradoja de que las oficinas resuelvan ahora expedientes recientes, mientras que otros que llevan más de un año en cartera sigan retrasándose hasta que Tragsa se ponga en marcha el año que viene. “De momento no hemos podido empezar a resolver los expedientes que nos están llegando estos días porque estamos preparando la documentación para la empresa, así que ya estamos acumulando retraso otra vez. Pero si resolviéramos ahora rápidamente expedientes nuevos se produciría un agravio comparativo con la gente que lleva meses, e incluso año y medio, esperando para cobrar”, dice un trabajador.

“Lo que no hay es dinero para pagar todos los expedientes. Aunque Tragsatec resolviera toda la bolsa acumulada, el Fogasa no tiene dinero para hacer frente a esos pagos”, denuncian desde un sindicato.

Las fuentes consultadas cuestionan también que Empleo no esté vulnerando la Ley de Protección de Datos al proporcionar expedientes con información personal a una empresa. “En las solicitudes hay todo tipo de información, el DNI, el número de cuenta..., y los expedientes no incluyen una cláusula de cesión de datos”, afirman.

Desde mediados de septiembre, la gestión de los 154.000 expedientes atrasados del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) será tarea de una empresa privada. El Ministerio de Empleo ultima la privatización de parte de la gestión del organismo, cuya carga de trabajo prácticamente se ha triplicado en cuatro años mientras su personal se reducía. Para ello, sopesa varias empresas: suenan con fuerza Tragsa, empresa participada por la SEPI, y KPMG, según ha podido saber eldiario.es.

El pasado febrero, la dirección del organismo ya propuso la externalización de parte del trabajo del Fogasa a través de un programa para reducir la bolsa de expedientes acumulados. “Se trata de contratar la realización de las actividades necesarias para el trámite de los expedientes pendientes. Esta acción es temporal, transitoria”, se decía en un documento. La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, mantuvo el martes una reunión con algunos representantes sindicales en la que confirmó que esta externalización está en marcha, algo que los sindicatos rechazan.

“No es privatizar, es agilizar los expedientes”, dicen fuentes de Empleo, que insisten en que “no hay ningún plan cerrado” y que “no necesariamente se hará con una empresa privada”. Las fuentes aseguran que la empresa no tramitará de la misma forma los expedientes y tampoco podrá dar órdenes para que se ejecute.

Esta externalización traería consigo dos inconvenientes. Por un lado, si la tramitación de expedientes se agiliza podría darse el caso de que, a pesar de que estén resueltos, no haya dinero para pagarlos en la caja del Fogasa. Según fuentes sindicales, los expedientes retrasados supondrían un desembolso de unos mil millones de euros, una cantidad que supera los cerca de 843 millones de euros de presupuesto del organismo solo para este año.

Por otro, si una empresa acelerara la aprobación de los expedientes acumulados, el personal ordinario del Fogasa se dedicaría a tramitar los casos que les llegaran día a día. Esto podría dar lugar a que una persona que reclame el pago de su indemnización o de algunos salarios en septiembre de este año cobre antes que alguien que lleva esperando su cobro más de un año. Los sindicatos recelan también de que una empresa privada acceda a datos personales de trabajadores y de otras empresas.

Otra de las soluciones que la dirección del organismo planteó en febrero fue la contratación de abogados externos “en régimen de arrendamiento de servicios” para poder acudir a todos los procesos judiciales en los que el Fogasa es parte interesada. Sin embargo, Empleo ha descartado finalmente esta opción y tratará de reforzar su plantilla de letrados con personal de otras administraciones públicas, pero en ningún caso con incorporaciones que supongan un incremento definitivo de sus trabajadores.

De las 87.262 vistas que tuvieron lugar en los juzgados de lo social en 2012 y en las que debería haber estado presente el organismo, sus abogados solo pudieron acudir a 27.279. Es decir, sus letrados solo pudieron estar presentes en un tercio de los procedimientos en los que sus intereses estaban en juego.

El Fogasa es un organismo público que depende del Ministerio de Empleo y que se encarga de gestionar los expedientes y sufragar las indemnizaciones y los salarios de los trabajadores de empresas que se hayan declarado insolventes o en concurso de acreedores. Debe velar por que efectivamente la situación de la empresa requiera la intervención del organismo, que se cumplan todos los requisitos y que los pagos se hagan conforme a la ley, algo que sus escasos recursos le impiden hacer ahora. Los sindicatos han reclamado desde hace meses la incorporación urgente de más personal.