Focos

El Tribunal de Cuentas cuestiona la legalidad de la externalización del Fogasa

En su informe de fiscalización de 2013, asegura que la operación ha resultado "antieconómica" para los fondos públicos y alerta de que la empresa contratada está "extralimitándose" en sus funciones

Critica que la falta de personal puede estar propiciando el pago de "prestaciones fraudulentas" y una "escasa recuperación de deuda"

Durante la crisis, los expedientes acumulados han crecido un 295%, mientras que la plantilla del organismo lo ha hecho un 0,07%

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(Ampl.) Fogasa paga en los últimos 5 días a 158.181 trabajadores son salarios o indemnizaciones pendientes

La ministra de Empleo, Fátima Báñez. EUROPA PRESS

Mala gestión y servicio, descontrol sobre fondos públicos y decisiones de dudosa legalidad. El Tribunal de Cuentas acaba de publicar su informe fiscalizador sobre el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de 2013, un documento demoledor que critica con mucha dureza la gestión del organismo. El informe cuestiona incluso la legalidad de la externalización que el Fogasa hizo de la bolsa de expedientes por resolver a finales de 2013, una tarea que recayó en la empresa pública Tragsatec mediante una encomienda de gestión y que costó 3,5 millones de euros al Ministerio de Empleo. El Tribunal concluye que esta encomienda ha resultado "antieconómica" para los fondos públicos que gestiona el Fogasa, dependiente del departamento de Fátima Báñez.

El informe destaca que las actividades realizadas por Tragsatec se encuentran "muy alejadas" de la actividad administrativa propia del Fogasa, "lo que induce a considerar que no debió aceptarse, desde el punto de vista de la legalidad vigente, como encomendable la contratación y realización de la citada encomienda de gestión". No solo eso, el Tribunal asegura que hay indicios de que esta empresa se "extralimita" en sus funciones y de que sus trabajadores llevan a cabo tareas que vulneran "la legalidad vigente", como instruir expedientes.

Así, la labor de los trabajadores de Tragsatec "podría vulnerar" la Ley de Protección de Datos: tienen acceso a las aplicaciones informáticas de la Tesorería General de la Seguridad Social para consultar vidas laborales pese a que el modelo de solicitudes de las prestaciones del Fogasa no menciona la posibilidad de que los datos personales contenidos en ellas pueda ser cedidos a otras entidades distintas del organismo. La instrucción por parte de "personas no competentes para ello", dice el informe, supone un riesgo de que "no se cumplan todos los requisitos legales".

El Tribunal de Cuentas también pone en cuestión que Tragsatec haya cumplido con el trabajo encomendado. Entre el 1 de octubre de 2013 y el 31 de diciembre de 2014, la empresa debía resolver 148.260 expedientes atrasados. Sin embargo, a 7 de abril de 2014, el número total de expedientes por resolver había aumentado un 11% (hasta 245.242) respecto a finales de 2013. "El número medio mensual de expedientes aprobados por el Fondo de Garantía Salarial en el ejercicio de 2013 sin la colaboración de la citada empresa pública fue un 22% superior a la media de expedientes aprobados en los seis primeros meses del ejercicio 2014 cuando ya estaba actuando esta empresa pública", señala el informe.

Las dudas se extienden al coste que supone la externalización a Tragsatec, unos 21,78 euros por expediente resuelto. El Tribunal compara este importe con el que abonó el organismo a los funcionarios que se acogieron voluntariamente a instruir expedientes fuera de su horario laboral: 1,85 euros brutos de media por expediente. La diferencia del coste medio entre el primer caso y el segundo es del 1.077%. Según cálculos del Tribunal, si la ejecución de los expedientes hubiera sido realizada por el propio personal del Fogasa hubiera costado 274.281 euros frente a los 3.267.000 que ha supuesto la encomienda a Tragsatec. El informe añade, además, que el coste final será aún más elevado, puesto que hay que añadir otros gastos, como la formación de los empleados de la empresa pública.

Falta de control sobre fondos públicos

No es ni mucho menos la única crítica que el Tribunal de Cuentas hace al organismo que depende del Ministerio de Empleo. Su informe hace hincapié en la falta de personal, que supone "un importante riesgo de extravío de documentación, además de originar defectos y demoras en la tramitación" de la misma.

Esta falta de personal conlleva, además, un descontrol en los fondos públicos. En el caso de los letrados, que deben asistir a todos los juicios en los que el Fogasa es parte interesada para garantizar que las prestaciones que el organismo paga son las adecuadas y los casos se ajustan a la ley, su número es insuficiente para asistir a todos los casos en los que el organismo está implicado. En los ejercicios 2012 y 2013, los letrados solo acudieron a cerca de un 30% del total de juicios. De ellos, el 56% acabó con sentencia favorable al organismo, lo que a juicio del Tribunal denota que la asistencia a estos procesos "es un instrumento eficaz para una más eficiente gestión de los recursos públicos".

El informe detecta ausencia de datos de asistencia de letrados en varias provincias, lo que califica como "un riesgo en la gestión de fondos públicos, ya que la incomparecencia del organismo al juicio directo puede suponer, sin más, la aceptación de las pretensiones del trabajador por parte del juez". El Tribunal asume que la falta de letrados podría estar ocasionando el pago de "prestaciones fraudulentas" y una "escasa recuperación de deuda".

Un 300% más de expedientes por resolver

El Tribunal da algunas cifras sobre el estado del organismo. A 31 de diciembre de 2013, el Fogasa acumulaba 221.384 expedientes por resolver, un 67% más que a finales del año anterior. El impacto de la crisis ha sido decisivo en el aumento de la carga de trabajo: entre 2007 y 2013, el número de expedientes por resolver se incrementó un 295%, mientras que la plantilla creció un 0,07% en ese mismo periodo.

Esta saturación se ha notado en el plazo medio de tramitación de los expedientes, que fue de 201,5 días en 2013. Un plazo aún más elevado en las tres unidades más colapsadas: Barcelona (395 días de media), Madrid (379) y Valencia (354). El Tribunal detalla que esta situación no es consecuencia de un hecho concreto, sino de una tendencia que lleva años produciéndose y que denota "una falta de previsión del organismo, que debería haber adoptado medidas urgentes y extraordinarias para paliar los efectos del progresivo y predecible aumento de solicitudes de prestaciones".

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