El Gobierno ultima la privatización parcial del Fogasa
Desde mediados de septiembre, la gestión de los 154.000 expedientes atrasados del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) será tarea de una empresa privada. El Ministerio de Empleo ultima la privatización de parte de la gestión del organismo, cuya carga de trabajo prácticamente se ha triplicado en cuatro años mientras su personal se reducía. Para ello, sopesa varias empresas: suenan con fuerza Tragsa, empresa participada por la SEPI, y KPMG, según ha podido saber eldiario.es.
El pasado febrero, la dirección del organismo ya propuso la externalización de parte del trabajo del Fogasa a través de un programa para reducir la bolsa de expedientes acumulados. “Se trata de contratar la realización de las actividades necesarias para el trámite de los expedientes pendientes. Esta acción es temporal, transitoria”, se decía en un documento. La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, mantuvo el martes una reunión con algunos representantes sindicales en la que confirmó que esta externalización está en marcha, algo que los sindicatos rechazan.
“No es privatizar, es agilizar los expedientes”, dicen fuentes de Empleo, que insisten en que “no hay ningún plan cerrado” y que “no necesariamente se hará con una empresa privada”. Las fuentes aseguran que la empresa no tramitará de la misma forma los expedientes y tampoco podrá dar órdenes para que se ejecute.
Esta externalización traería consigo dos inconvenientes. Por un lado, si la tramitación de expedientes se agiliza podría darse el caso de que, a pesar de que estén resueltos, no haya dinero para pagarlos en la caja del Fogasa. Según fuentes sindicales, los expedientes retrasados supondrían un desembolso de unos mil millones de euros, una cantidad que supera los cerca de 843 millones de euros de presupuesto del organismo solo para este año.
Por otro, si una empresa acelerara la aprobación de los expedientes acumulados, el personal ordinario del Fogasa se dedicaría a tramitar los casos que les llegaran día a día. Esto podría dar lugar a que una persona que reclame el pago de su indemnización o de algunos salarios en septiembre de este año cobre antes que alguien que lleva esperando su cobro más de un año. Los sindicatos recelan también de que una empresa privada acceda a datos personales de trabajadores y de otras empresas.
Otra de las soluciones que la dirección del organismo planteó en febrero fue la contratación de abogados externos “en régimen de arrendamiento de servicios” para poder acudir a todos los procesos judiciales en los que el Fogasa es parte interesada. Sin embargo, Empleo ha descartado finalmente esta opción y tratará de reforzar su plantilla de letrados con personal de otras administraciones públicas, pero en ningún caso con incorporaciones que supongan un incremento definitivo de sus trabajadores.
De las 87.262 vistas que tuvieron lugar en los juzgados de lo social en 2012 y en las que debería haber estado presente el organismo, sus abogados solo pudieron acudir a 27.279. Es decir, sus letrados solo pudieron estar presentes en un tercio de los procedimientos en los que sus intereses estaban en juego.
El Fogasa es un organismo público que depende del Ministerio de Empleo y que se encarga de gestionar los expedientes y sufragar las indemnizaciones y los salarios de los trabajadores de empresas que se hayan declarado insolventes o en concurso de acreedores. Debe velar por que efectivamente la situación de la empresa requiera la intervención del organismo, que se cumplan todos los requisitos y que los pagos se hagan conforme a la ley, algo que sus escasos recursos le impiden hacer ahora. Los sindicatos han reclamado desde hace meses la incorporación urgente de más personal.
