Josep Lluís Trapero empezó desde abajo y ascendió a lo más alto de la cúpula de los Mossos d’Esquadra sin buscar ni deber favores políticos. Criado en un barrio obrero de Santa Coloma de Gramenet, los que le conocen bien destacan su tozudez y la costumbre de hablar claro. Un mando que atiende a cualquier agente que le requiera, tenga o no galones. En el 2013 fue elegido jefe de los Mossos por el entonces conseller de Interior, Ramon Espadaler, un político procedente de Unió que ni era ni es independentista. A Trapero se le escogió solo porque se consideró que podía hacerlo mejor que otros comisarios que aspiraban a ese mismo ascenso. Era algo que se sabía dentro y fuera de los Mossos y que ahora también queda recogido en la sentencia de la Audiencia Nacional que lo ha absuelto. El ascenso de Trapero, subrayan los magistrados, fue “un reconocimiento personal sin vinculación con el proyecto independentista”. 

Trapero siempre ha sido solo un policía que quería hacer de policía, al que algunos quisieron encumbrar a la categoría de héroe y otros presentar como un traidor. Su gestión en los atentados de agosto del 2017 lo convirtió en un icono hasta el punto de que su cara acabó estampada en camisetas. Su “Bueno, pues molt bé, pues adiós” como respuesta a un periodista que se quejó de que el major contestase en catalán a una pregunta formulada en esta misma lengua llegó a ser trending topic mundial en Twitter esa tarde del 22 de agosto. En actos públicos o en reuniones privadas se comporta igual. Si le preguntan en castellano, responde en castellano. Si lo hacen en catalán, contesta en catalán. Con comparecencias como esa se ganó muchos fans pero también detractores en algunos medios de comunicación.

Antes de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, una parte del independentismo recelaba de él por considerarlo como una persona de orden del que costaba imaginar que estuviese dispuesto a desobedecer órdenes para favorecer la causa independentista. Hay que situarse en esas semanas de finales de verano y el otoño del 2017 para entender cómo la Policía catalana y, sin buscarlo, sus máximos responsables, acabaron formando parte de la bronca política.

En el Govern, casi de manera secreta, algunos altos cargos se llegaron a plantear la posibilidad de relevar a Trapero y buscar un mando policial que sí estuviese dispuesto a hacer lo que hiciese falta para que el secesionismo lograse su propósito. Al final los planes se truncaron, el major siguió al frente de los Mossos y, del mismo modo que plantó cara a más de un político, hizo lo propio con el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, a quien se encargó la coordinación de todos los cuerpos policiales con presencia en Catalunya para el 1-O.

Trapero defendió su autoridad y la autonomía de la Policía autonómica y alertó de que su intención era cumplir las instrucciones de la jueza cuando esta pidió que el día del referéndum se actuase con proporcionalidad. La magistrada Mercedes Armas reclamó a todos los mandos policiales, incluido Pérez de los Cobos, tener “paciencia” y actuar con contención durante esa jornada. El coronel de la Guardia Civil, con un carácter como mínimo igual de fuerte que Trapero, no perdonó que el major reivindicase el papel de los Mossos y, tras la actuación de varios agentes de la Policía Nacional y después de escuchar sus declaraciones en sede judicial, es evidente que el concepto que ambos tenían de lo que debía ser una actuación proporcionada no fue la misma.  

Tanto Pérez de los Cobos como el autor de la mayoría de atestados de las causas relativas al proceso soberanista, el teniente coronel Daniel Baena, transformaron sus “percepciones personales” de lo que vivieron en declaraciones inculpatorias ya en sede judicial. Primero en el Supremo y después en la Audiencia Nacional. Baena se esforzó y no poco en presentar a Trapero como uno de los responsables de la estrategia independentista. En la sentencia conocida este miércoles, los jueces desaprueban que este mando de la Guardia Civil se dedicase a acusar sin pruebas. “Lejos de inferir a partir de hechos o circunstancias que funcionen como premisas [...] se parte de la conclusión a la que se quiere llegar”. 

Pocos días después del 1-O, Puigdemont le hizo llegar una carta de agradecimiento que Trapero ni contestó. Ambos sabían que no veían las cosas igual y que la situación podría complicarse todavía más. Es lo que pasó, los dos fueron destituidos en base a la aplicación del artículo 155 y mientras el primero siguió, ya desde Waterloo, buscando y obteniendo protagonismo, Trapero optó por la máxima discreción. No quiso ni escuchar a los que por vía indirecta le hicieron llegar la posibilidad de integrarse en la lista electoral de Puigdemont. En esos momentos era difícil encontrar a alguien más hastiado de los políticos.

Durante estos tres años ha estado alejado de cualquier foco mediático, centrado en su familia y en preparar su defensa. Un tiempo en el que ha seguido trabajando y recibiendo cartas a diario. La periodista Mayka Navarro explicó hace unos meses en un artículo que aunque el major trata de responderlas todas a mano, no termina de leer aquellas que le tratan como un héroe. Porque era y es solo un policía. 

La sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve al major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, a la intendente Teresa Laplana y a los exaltos cargos de la conselleria de Interior Cèsar Puig y Pere Soler supone un varapalo a las tesis de la Fiscalía, a su vez sustentadas en dos testigos de cargo que también fueron muy relevantes en el juicio del procés: el coronel de la Guardia Civil y coordinador del dispositivo policial del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, y el autor de la mayoría de atestados de las causas relativas al proceso soberanista, el teniente coronel Daniel Baena.

Solo la magistrada de la Audiencia Nacional Concepción Espejel avala plenamente lo declarado por Pérez de los Cobos y Baena, y por ello ha formulado un voto particular partidario de condenar a los acusados por sedición. Esto es lo que dijeron Pérez de los Cobos y Baena durante el juicio y la respuesta que reciben del tribunal sobre los grandes ejes de la sentencia.

El supuesto acuerdo entre Puigdemont y Trapero

Pérez de los Cobos: “El señor Trapero estuvo alineado con los planteamientos del señor Puigdemont y mantuvo los mismos argumentos que los representantes de la Generalitat. En ningún caso ninguno de los representantes de la Generalitat en la reunión [la Junta de Seguridad del 28 de septiembre], incluido Trapero, habló de impedir el referéndum”.

El tribunal recuerda que el propio Pérez de los Cobos, a preguntas de la defensa de Trapero, reconoció que esta frase se trataba de una “percepción personal”, lo que a juicio de los togados “pone de manifiesto su debilidad para sustentar un hecho como la existencia de un acuerdo, explícito o implícito, del Major con el president del Govern respecto a la celebración del referéndum”. Indica además la sentencia que incluso un miembro del entonces Gobierno del PP, secretario general técnico de Interior, Juan Antonio Puigserver desmintió a Pérez de los Cobos al afirmar que no percibió que el major “se manifestara en línea con el president”.

El ascenso de Trapero a major

Baena: “El liderazgo de Trapero y su nombramiento como major en 2016 fue fundamental para garantizar el buen fin del referéndum”.

En base a estos dos testigos, la Fiscalía concluyó que Trapero “aceptó un ascenso” que le comprometía a favorecer el referéndum. Pero la sentencia concluye que los tres datos incriminatorios aportados por Baena “no se corresponden con la realidad”. Recuerdan los togados que Trapero fue nombrado major en abril de 2017 a propuesta del entonces secretario de la conselleria, Albert Batlle –hoy teniente de alcaldía de Barcelona por el PSC–Units per Avançar–, quien “desmontó la elocubración” de la supuesta vinculación entre el procés y el nombramiento de Trapero como major. El ascenso de Trapero, zanjan los togados, fue “un reconocimiento personal sin vinculación con el proyecto independentista”.

La supuesta reunión “secreta” con Puigdemont que no fue

Baena: “Trapero se reunió en secreto con Puigdemont y éste le agradeció su actuación el 1 de octubre”.

“No hay elemento probatorio alguno de que el major Trapero se reuniera en secreto con Puigdemont, como afirma el Teniente Coronel de la Policía Judicial”, zanjan los magistrados sobre la segunda acusación de Baena, que había esgrimido una carta que Puigdemont escribió al major Trapero en octubre de 2017, una vez el major ya estaba imputado, como supuesta prueba de una reunión secreta. “El contenido del mensaje no respalda” la tesis de Baena, apostilla el tribunal.

Trapero y el comité estratégico del procés en el que no estaba

Baena: “Trapero formaba indudablemente parte del comité ejecutivo” del procés en base al documento Enfocats y la agenda Moleskine del exnúmero dos de Junqueras, Josep Maria Jové.

Respecto al power-point 'Enfocats', de caudal importancia para Baena, el tribunal indica que se trata de un documento de autor desconocido “que no citaba ni contenía alusión alguna a la policía autonómica”, por lo que no muestra ningún acuerdo entre Trapero y Puigdemont. Tampoco la agenda Moleskine que, de hecho, aclaran los magistrados, muestra en todo caso el enfrentamiento de Trapero con el Govern ya que en una de sus anotaciones Jové constata que los Mossos “harán siempre lo que les digan los jueces”. Esa frase es la percepción de Puigdemont que anotó Jové después de que el president sondeara a Trapero a través del secretario del Govern y el major se cuadrara frente a los planes independentistas y avisara de que la policía autonómica actuaría conforme a la legalidad..

Por todo ello los magistrados lanzan un duro reproche a Baena, al que acusan de “argumentar de un modo que parece alejado de los parámetros del razonamiento probatorio indiciario, en la medida que lejos de inferir a partir de hechos o circunstancias que funcionen como premisas [...] se parte de la conclusión a la que se quiere llegar”. En otras palabras, que tenía una idea preconcebida sobre la alineación de Trapero con el independentismo sin importarle las pruebas de descargo.

El dispositivo “ineficaz” de los Mossos el 1-O

Pérez de los Cobos:“El operativo del 1-O de los Mossos fue insuficiente ineficaz y perverso: acompañaron a los consellers a una actividad ilegal. Es como si les acompañan a comprar droga”; Puigdemont y Trapero “compartieron los mismos argumentos sobre la necesidad de conciliar el dispositivo para impedir el referéndum con la convivencia ciudadana”; “el sistema de petición de refuerzos de los Mossos fue absolutamente laberíntico e ineficaz y se movieron entre la pasividad y el obstruccionismo”.

De ese supuesto acuerdo entre Puigdemont y Trapero, concluían los dos mandos de la Guardia Civil y la Fiscalía, nació el dispositivo de los Mossos el 1-O formado en una primera intervención por dos agentes en cada colegio. La pareja de agentes, que para la acusación fue sinónimo de una “ineficacia” del dispositivo “planificada” por Trapero, es en cambio para el tribunal una muestra de la “congruencia, oportunidad y proporcionalidad” del dispositivo de los Mossos el 1-O, algo que siempre defendió Trapero.

Si bien los jueces no descartan que los independentistas “se pudieran aprovechar” del modelo policial de los Mossos de “gestión negociada” de los conflictos de masas, el tribunal concluye que ello no implica que Trapero desatendiera el mandato judicial de impedir el referéndum. “La actuación de los Mossos no puede calificarse como de colaboración, ni siquiera por omisión, con quienes desobedecieron las resoluciones judiciales y pretendían que no se cumplieran”, remarcan los togados, que añaden que el plan diseñado por Trapero buscó “minimizar daños” a las personas y al mobiliario público.

Las desavenencias entre Trapero y Pérez de los Cobos

Pérez de los Cobos: “Trapero ponía permanentemente palos en las ruedas en la coordinación del dispositivo” del 1-O.

Según Pérez de los Cobos y la Fiscalía, las abiertas discrepancias entre Trapero y el coordinador del dispositivo del 1-O, que ya se pusieron de manifiesto durante el juicio del Supremo, respondían a la voluntad del major de facilitar el referéndum. El tribunal niega la mayor: “Discrepar no es incumplir”.

Las divergencias entre el major y su némesis de la Guardia Civil respondían a una concepción opuesta sobre la función policial: Trapero ponía en la misma balanza impedir el referéndum y a su vez minimizar los daños a las personas con una intervención de las unidades antidisturbios, mientras que Pérez de los Cobos apostaba por cumplir al precio que fuera la orden judicial de impedir la votación.

El tribunal constata que las “desconfianzas mutuas” entre los cuerpos y sus jefes llevaron al “fracaso de la coordinación” entre Mossos, Policía y Guardia Civil, pero no obstante avala las tesis del major: “El jefe policial no debía poner como única finalidad de su actuación impedir a toda costa el referéndum”. Es más, destaca que Trapero y los Mossos actuaron con la “prudencia, paciencia y contención” que les había pedido la jueza del TSJC al ordenarles frenar el 1-O.

Censura de la violencia contra votantes del 1-O

Pérez de los Cobos: “Las intervenciones policiales fueron rápidas y eficaces. A partir de un determinado momento se incrementa la violencia y las actuaciones fueron más prolongadas en el tiempo y más costosas”; “cada vez hay menos locales donde actuar sin daños irreparables”.

El fallo de la Audiencia Nacional no solo se muestra comprensivo con la actitud de Trapero sino que la despenaliza plenamente, incluso aunque esta supusiera permitir por omisión que se votase el 1-O. “La prudencia ante una situación tan extraordinaria, aunque posibilitara la celebración del referéndum ilegal y favoreciera la estrategia independentista, no puede ser considerada como una cooperación a la sedición o como una desobediencia a los mandatos judiciales”, asegura la sentencia.

A partir de aquí, la argumentación de la Audiencia Nacional entra incluso a calificar algunas de las actuaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional en aquella jornada de votación, cuando dice: “El uso de la fuerza contra ciudadanos indefensos, contra personas mayores, contra familias enteras, no podía ser, en esta situación, la solución para imponer el acatamiento al ordenamiento jurídico, aunque fuera legítimo. En un sistema democrático avanzado como el nuestro, el ordenamiento jurídico tiene resortes suficientes para afrontar todos los incumplimientos legales y judiciales, incluso cuando provienen de las más altas autoridades de una Comunidad Autónoma”.

De hecho, el tribunal destaca que Policía y Guardia Civil “observaron” los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad “cuando tuvieron que desistir en muchas de las intervenciones de orden público el día 1 de octubre”.

Los supuestos “seguimientos” de los Mossos

Pérez de los Cobos: “Los mandos sobre el terreno me trasladaron que pudieron observar seguimientos de mossos a agentes de las fuerzas de seguridad del Estado”.

La Audiencia Nacional rechaza la teoría que sacaron a colación varios mandos de Policía y Guardia Civil que testificaron en el juicio y que la Fiscalía recogió para concluir que los Mossos “realizaron seguimientos a otros cuerpos para entorpecer su labor” el 1-O debido a que estaban “al servicio de la organización y fines independentistas. Los jueces niegan lo descartan por completo. ”No hay elemento probatorio alguno que lo respalde“, afirman, para a renglón seguido indicar que ni Trapero ni la prefectura de los Mossos actuaron para ”neutralizar la labor“ de Policía y Guardia Civil.

La incineradora

La Fiscalía, en base a los informes del Instituto Armado, sostenía que la interceptación de furgonetas con informes de los Mossos en una incineradora de Sant Adrià del Besòs “evidenciaba las verdaderas intenciones de los mandos de no impedir el referéndum y colaborar con los líderes independentistas en el desarrollo y culminación del proceso que habría de concluir con la independencia de Cataluña”.

El tribunal afea a la acusación no haber identificado los documentos “que avalarían tan grave imputación, no solo dirigida contra el acusado Sr. Trapero sino contra todos los mandos del cuerpo”. Destacan además que los documentos que se iban a destruir era copias de originales ya entregadas a los jueces y que en cualquier caso figuraban en los archivos digitales del cuerpo.

Aplicación del 155 antes del referéndum

Los jueces abundan en esa última idea sobre que el ordenamiento jurídico tiene “resortes suficientes” para conseguir sus objetivos sin emplear una fuerza excesiva, y pasan a detallar las opciones que tenían las instituciones del Estado para evitar llegar a la situación del 1-O.

“Desde la declaración del estado de alarma o excepción contemplado en el artículo 116 de la Constitución, hasta la adopción de las medidas necesarias para que una Comunidad Autónoma cumpla con las obligaciones que le imponen la Constitución y la ley o cuando actúe de forma que atente gravemente al interés general de España, a través del mecanismo previsto en el artículo 155 de la Constitución”, enumera la sentencia.

Ninguno de estos instrumentos fue usado por el Gobierno antes del 1-O, una decisión que la sentencia viene a censurar o, como mínimo, resalta como contradictoria ante la actuación policial que estaba a punto de acometerse por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

“El hecho de que no se hubiera puesto en marcha este remedio constitucional ante la convocatoria, primero, y la celebración, después, de un referéndum ilegal que trataba de ser prolegómeno de la declaración de independencia de una parte del territorio español no justificaba, siempre y en todo caso, que el acatamiento de la legalidad y de las decisiones de los tribunales tuviera que pasar por la producción de graves daños a las personas y por una alteración generalizada del orden público”, afirman los magistrados en su fallo.

Ciudadanos ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para exigir explicaciones al Gobierno en el Congreso por “el procedimiento” para seleccionar a una jueza homófoba con el CV falseado, María Elósegui.

Elósegui formó parte de la terna de magistrados seleccionados por el Gobierno para aspirar a una plaza en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. “Ante la polémica causada por la elección de María Elósegui como representante española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, afirma el partido de Albert Rivera, “Ciudadanos quiere conocer los motivos por los que esta candidata, sospechosa de haber falseado su currículum, y a la que se atribuyen declaraciones homófobas y contrarias a la igualdad, ha llegado a la terna propuesta por el Gobierno”.

Ciudadanos votó al candidato recomendado por la Comisión interparlamentaria, Pérez de Nanclares, explica el partido. “La elección de una candidata bajo sospecha como Elósegui, así como la presencia en la terna de otro candidato que también ha sido objeto de controversia por su deficiente dominio de los idiomas requeridos, han empañado la elección de un juez español para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por primera vez”.

Así, Ciudadanos ha registrado las siguientes preguntas:

El fracaso del Gobierno al empeñarse en que el magistrado Francisco Pérez de los Cobos y no otro fuera el representante español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha propiciado que finalmente se haga con la plaza la aspirante de la terna con menos posibilidades. Ahora, al revés por no colocar a su candidato, el Ejecutivo debe sumar la responsabilidad de haber preseleccionado a María Elósegui, autora durante veinte años de escritos teñidos de homofobia y que, como ha revelado eldiario.es, falseó el currículum que visó el Ejecutivo y en el que se basaron los miembros del Consejo de Europa para votarla mayoritariamente.

En el caso de que María Elósegui no acceda a las peticiones de dentro y fuera de España para que no tome posesión dentro de tres meses, la catedrática que se inventó haber redactado la Ley de Igualdad de Zapatero y que ha escrito que “la homosexualidad produce patologías” será la representante española en la máxima instancia judicial en Derechos Humanos hasta 2026.

Minutos antes de las siete de la tarde del martes pasado, los miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa fueron informados del resultado de la votación que habían celebrado por la mañana. Un total de 114 de ellos, la mitad más uno de los que habían participado, votaron a la catedrática de Filosofía del Derecho María Elósegui Ichaso. El jefe Asuntos Jurídicos de Exteriores, José Martín y Pérez de Nanclares, quedaba en segundo lugar con 76 votos, a pesar de haber sido el recomendado a la Asamblea por el panel de juristas que habían examinado a los tres aspirantes españoles. El expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, solo conseguía 37 apoyos.

El jueves por la mañana, eldiario.es recopilaba en una información textos publicados por Elósegui durante dos décadas con posiciones homófobas y transfóbicas. El sábado, llegaba la noticia del currículo falso. En 60 horas el Gobierno había pasado de fracasar en su intento de colocar a su candidato en el TEDH a ser cuestionado por haber incluido en la terna de candidatos seleccionada por Presidencia, Justicia y Asuntos Exteriores a alguien que piensa que el preservativo “puede fomentar los abusos sexuales” y que ha mentido en su currículum.

Lo que sigue es el plan del Ejecutivo de Mariano Rajoy para que Pérez de los Cobos accediera en alfombra roja al Tribunal de Estrasburgo y cómo el expresidente del Constitucional acabó tropezando por el tapiz, lo que María Elósegui aprovehó para convertirse en la sustituta de Luis López Guerra en el Tribunal de Estrasburgo. 

1. Un juez para contener el procès desde Estrasburgo

Para llegar hasta la elección de Elósegui hay que retroceder un año atrás. El 31 de 2017 se cumplía el periodo máximo de nueve años en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para el español Luis López Guerra, antiguo secretario de Estado de Justicia con el PSOE. El Gobierno, sin embargo, había retrasado la apertura del proceso de selección hasta 11 días antes de que se cumpliera su mandato. En ámbitos jurídicos y políticos circulaba ya que el candidato de Moncloa para Estrasburgo era el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos. Pero éste no dejaba el sillón del tribunal hasta marzo. Con los plazos impuestos por el Gobierno, Pérez de los Cobos estaba a tiempo de optar a la plaza de Estrasburgo.

Pero el plan del Ejecutivo se comenzó a torcer pronto. El 9 de marzo, la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia presentaba un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando la nulidad del Acuerdo del Gobierno. Este imponía un límite de 61 años para acceder al puesto de juez del TEDH, con el argumento de que la jubilación del organismo es a los 70 años. En su recurso, la asociación de jueces alegaba que se producía “una discriminación por razón de la edad y una vulneración del derecho fundamental a la igualdad”. Alegaban los progresistas que el acceso de las mujeres a la Judicatura se había producido en España mucho más tarde y que ese límite de edad suponía una traba extra para ellas. En verano, tras un intenso debate, el Tribunal Supremo falló a favor del recurso de Juezas y Jueces para la Democracia y anuló el Acuerdo del Consejo de Gobierno.

En los mentideros jurídicos, además, era conocida la intención de la expresidenta del Tribunal Constitucional y magistrada progresista María Emilia Casas de optar a la plaza de Estrasburgo. El Acuerdo del Gobierno de Rajoy, sin embargo, la dejaba fuera al tener entonces 66 años. El magistrado que debía ser sustituido era Luis López Guerra, quien ejerció como secretario de Estado de Justicia del Gobierno de Zapatero entre 2004 y 2007. Ese mismo año, López Guerra comenzó su periodo de nueve años en el TEDH.

En 2013 López Guera participó en las resoluciones del tribunal que tumbaron la ‘doctrina Parot’. La aplicación del mandato de Estrasburgo provocó un incendio en el seno de la derecha española, con las asociaciones mayoritarias de víctimas yel  sector más reaccionario de los votantes del PP enfrentados al Gobierno de Rajoy, al que acusaban de no haber hecho nada por impedir la excarcelación de presos de ETA, una vez hecho el cálculo de reducción de condenas que impuso Estrasburgo. El nuevo juez español podrá participar, directamente o a través de su influencia en otros miembros del tribunal, en los recursos presentados ya y los que lleguen contra las decisiones de la justicia española respecto al proceso soberanista en Catalunya.

2. Operación Alfombra Roja (para Pérez de los Cobos)

En julio, un nuevo Acuerdo de Gobierno reabría el proceso de selección de juez del TEDH, ya sin el límite de edad. Para entonces, María Emilia Casas había renunciado a aspirar a la plaza, coinciden fuentes jurídicas. Un total de 17 aspirantes concurrieron, de ellas, dos mujeres. El Consejo de Europa imponía condiciones: un nivel alto de inglés o francés y “pasivo” del otro. Se trata de los dos idiomas en el que trabaja y falla el Tribunal. Además, una de los tres candidatos españoles debería ser mujer.

Tras la retirada de dos de los aspirantes, un comité de expertos entrevistó y examinó los currículum de los 15 restantes. El Gobierno había establecido que compondrían ese comité el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro López, en calidad de presidente, y que lo acompañarían la número dos del Ministerio de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés; la subsecretaria de ese mismo departamento, Aurea Roldán; el subsecretario del Ministerio de Presidencia y Administración Territorial, José María Jover; y el agente para la representación de España ante el TEDH, Rafael Andrés León, en calidad de secretario.

Asistidos de dos intérpretes de Exteriores, el comité entrevistó a los quince candidatos en inglés o francés, los dos idiomas que Estrasburgo utiliza, entre el 9 y el 23 de septiembre. Todos menos fueron considerados válidos y al llegar a la elección de tres de ellos no hubo sorpresas, uno era el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos. Junto a él integrarían la terna española un subdirector general de Exteriores, José Martín y Pérez de Nanclares, y la catedrática de Filosofía del Derecho María Elósegui, los tres elegidos por unanimidad.

Entre la documentación remitida a Estrasburgo desde Madrid el 1 de noviembre figuraba el currículum de los tres candidatos. En el de Elósegui, redactado en tercera persona, se puede leer que “preparó el anteproyecto de la Ley Orgánica de Igualdad entre mujeres y hombres 3/2007, actualmente en vigor, a propuesta del Ministerio de Trabajo”.

El pasado viernes, eldiario.es publicó que tres de los máximos responsables políticos de aquella Ley, integrantes del Gobierno de Zapatero, desmienten tajantemente aportación alguna de Elósegui al texto. La catedrática había ayudado a un juez gallego, Fernando Lousada, a elaborar junto a otros dos expertos un trabajo que el Instituto de la Mujer había requerido al magistrado y que finalmente no fue tenido en cuenta. La “cuidadosa evaluación” del Gobierno español nunca detectó el fraude.

3. El plan se tuerce al salir de España: cero apoyos de los expertos 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa está compuesta por 648 representantes (324 representantes y otros tantos suplentes) de los 47 países miembros. Un panel de expertos pertenecientes a la Asamblea entrevistó el pasado 12 de enero a los tres candidatos españoles. Entre ellos estaba el diputado del PDeCAT Jordi Xuclá. Las entrevistas se hicieron en inglés y francés y versaron sobre distintos asuntos de actualidad, jurisprudencia del TEDH y supuestos prácticos.

Una web española publicó que Pérez de los Cobos no supo expresarse en inglés ni francés y que pidió ser entrevistado en español. No fue así. El expresidente del Tribunal Constitucional leyó una introducción en inglés y respondió a las preguntas de los expertos en un francés “bastante correcto”, según fuentes del Consejo de Europa.

Tras las entrevistas, de alrededor de una hora, el panel de expertos se retiró a deliberar y acordó que los tres aspirantes eran válidos para convertirse en jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con tal de que uno de los candidatos hubiera sido considerado no apto, la terna entera se hubiera devuelto al país de origen, como ha ocurrido en varias ocasiones.

El diputado Xuclá se retiró a la hora de la votación y dejó su puesto a otro jurista no español. De los diez expertos, siete consideraron que el más cualificado de los aspirantes era Martín y Pérez de Nanclares. Otros tres votaron a Elósegui. Pérez de los Cobos, el candidato del Gobierno y con la única experiencia en Derechos Humanos que el contacto institucional del Constitucional español con el TEDH, según su currículum, no fue elegido por ninguno de los diez miembros del comité evaluador.

4. Campaña fantasma de María Elósegui y campanada final

María Elósegui había comenzado una campaña a finales de noviembre con el envío masivo de correos electrónicos a los miembros de la Asamblea Parlamentaria. Según las fuentes consultadas, también viajó por distintos países para exponer su candidatura. El hecho de que la catedrática no cuente con apoyo público de organización alguna ha levantado suspicacias en el seno del Consejo de Europa sobre cómo pudo sufragar esa campaña, en algunos aspectos muy agresiva.

Así lo atestiguan algunos de esos correos electrónicos, que Elósegui envió a los parlamentarios de los que detectó no tenían decidido su voto hasta horas antes del pleno de la Asamblea. “¿Nunca es momento para una mujer solo porque cuenta con sus propios apoyos y no trabaja en un Ministerio?”, se preguntaba en uno de esos mensajes, en referencia al cargo de subdirector general de Asuntos Jurídicos de Exteriores que desempeña Martín y Pérez de Nanclares, el favorito del panel de expertos.

Y así se llegó al jueves pasado. La votación comenzó a las 10 de la mañana, pero los resultados no se conocieron hasta poco antes de las siete de la tarde. Elósegui se había impuesto al candidato del Gobierno español y al recomendado por el propio Consejo de Europa por mayoría absoluta y en primera ronda.

La inclusión de su falsa colaboración con el Gobierno de Zapatero en una Ley de Igualdad no ha supesto un asunto menor en la explicación de por qué Elósegui consiguió el apoyo mayoritario de la Asamblea Parlamentaria. Fuentes del Consejo de Europa aseguran que la catedrática de Filosofía del Derecho ha sido votada por representantes tanto de la derecha como de la izquierda europea, entre estos últimos la única parlamentaria de Podemos, según confirmaron fuentes de la propia formación.

La toma de posesión de Elósegui está prevista para marzo. Una vez elegida por la Asamblea parece imposible que pueda evitarse que llegue al TEDH, con el reglamento en la mano. Esta redacción lleva desde el miércoles intentando ponerse en contacto con la catedrática, que no atiende a las peticiones. En una entrevista ha dicho que no piensa renunciar por el contenido homófobo de sus publicaciones. Fue antes de que eldiario.es publicara que había mentido en su currículum.

La elección de María Elósegui como jueza española en el Tribunal de Estrasburgo es fruto de una intensa campaña, sin precedentes en el Consejo de Europa, que ha incluido el envío masivo de mensajes por parte de la candidata a los parlamentarios hasta horas antes de la votación y en los que intentaba desacreditar a su principal oponente. “Soy imparcial y neutral. El candidato recomendado por la comisión trabaja para el Gobierno”, afirma en los correos electrónicos a los que ha accedido eldiario.es.

Con la anterior expresión, Elósegui se refiere a José Martín y Pérez de Nanclares, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores y el miembro de la terna española que había recibido más votos de la comisión especializada de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Esa comisión propuso a la Asamblea el nombre de Martín y Pérez de Nanclares como el más adecuado en un informe no vinculante.

Elósegui comenzó a enviar correos a los parlamentarios que deberían pronunciarse entre los tres candidatos españoles hace más de dos meses y endureció su mensaje después de que siete de los 10 miembros de la comisión experta votaran a Martín y Pérez de Nanclares, frente a los 3 que creyeron que ella era la mejor candidata. El expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos no fue el más valorado por ninguno de esos diez parlamentarios.

Las posiciones de María Elósegui sobre homosexualidad, transexualidad, aborto o uso de anticonceptivos, que reveló este jueves eldiario.es, no eran recogidos en esos mensajes. La candidata apela, por el contrario, a su condición de mujer y la enfrenta a que su principal oponente no lo sea y además se desempeñe como director general en un Ministerio. “¿Nunca es momento para una mujer solo porque cuenta con sus propios apoyos y no trabaja en un Ministerio?”, se pregunta en otro mensaje Elósegui, defensora de una particular concepción de la igualdad entre sexos, que incluye entre los destinatarios de sus correos a los miembros de la Subcomisión de Igualdad de la Asamblea Parlamentaria.

Fuentes del Consejo de Europa admiten que el reglamento no impide expresamente que un candidato a juez del TEDH haga campaña, si bien reconocen que jamás se habían encontrado ante una actuación igual. La incomodidad que ha provocado esta situación entre algunos parlamentarios, que aprecian la necesidad de regularlo de cara al futuro, ya ha sido planteada al presidente de la Asamblea Parlamentaria, Michelle Nicoletti, sustituto del dimitido senador del PP Pedro Agramunt. Esas mismas fuentes admiten que con el reglamento en la mano es imposible evitar la toma de posesión de Elósegui, prevista para el próximo mes de marzo, a menos que ella renuncie antes.

María Elósegui, habitual de publicaciones cercanas al Opus Dei, ha viajado a diversos países para contactar con parlamentarios que luego han participado en su elección, según las mismas fuentes. Esos viajes y su financiación, en una candidata sin apoyo público de organización alguna, han provocado suspicacias en el seno del Consejo de Europa.

eldiario.es ha intentado recabar sin éxito la versión de Elósegui sobre su campaña y los textos de los que es autora, en los que habla de patologías derivadas de la homosexualidad o alerta sobre el posible aumento de agresiones sexuales por el fomento del preservativo. La catedrática ha exigido las preguntas por escrito y ha advertido de que responderá cuando considere y si lo estima oportuno.

Apoyos en la izquierda

Elósegui consiguió el martes 114 votos, mayoría absoluta de los 227 emitidos. Entre sus apoyos hay parlamentarios de partidos de la izquierda europea, incluido Podemos. La formación liderada por Pablo Iglesias cuenta con uno de los doce representantes españoles en la Asamblea Parlamentaria. Su apoyo a Elósegui responde a una política de descartes, esto es, Pérez de los Cobos no fue votado por ningún experto de la comisión y Martín y Pérez de Nanclares es alto cargo de Exteriores, lo que le resta “independencia”, según fuentes de la formación morada.

Elósegui, la única mujer, les pareció “la opción menos mala, según la información de su trayectoria profesional recogida en el currículum publicado por el Consejo de Europa con motivo de su candidatura”. “Es miembro de la ECRI [un comité antirracismo del Consejo de Europa] y ha escrito numerosos artículos en defensa del interculturalismo, colaboró en la ley de igualdad del PSOE, etcétera”, argumentan. Podemos solicitó ayer la dimisión de Elósegui tras conocer el contenido de sus articulos.

En noviembre, varios parlamentarios consultados por eldiario.es, recibieron un correo de Elósegui en el que destacaba su experiencia en Derechos Humanos y su trabajo en la Comisión contra el Racismo y la Intoleracióna en el propio Consejo de Europa. “Por todo ello desearía dar a conocer mi candidatura, teniendo en cuenta que por mi perfil académico sea quizá la candidata menos conocida”, trasladaba ya Elósegui. Los detractores de la catedrática destacan que su especialidad no es el Derecho, aunque se doctorara hace unos años, y que nunca ha ganado una oposición o ejercido de juez.

La elección de Elósegui ha supuesto un varapalo para el Gobierno y el Partido Popular que habían apostado por el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos para integrar un TEDH que resolverá, entre otros, los recursos contra los fallos judiciales que afectan al proceso soberanista de Catalunya. El Gobierno retrasó en un año el proceso de renovación del juez español con tal de que Pérez de los Cobos llegara a tiempo tras su paso por el Constitucional.

En enero de 2017, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo que dejaba sin posibilidades a María Emilia Casas, también expresidenta del Constitucional y de la que se conocía su interés por trabajar en Estrasburgo. El Gobierno puso como condición para aspirar a la plaza tener menos de 61 años. Jueces para la Democracia llevó al Supremo el acuerdo y la Sala de lo Contencioso-Administrativo lo tumbó. Casas ya no concretó su voluntad de optar y el camino se ensanchó para las dos únicas mujeres de los 17 candidatos que optaron, ya que al menos uno de los miembros de la terna que España enviaría a Estrasburgo debería ser mujer, según indicación del Consejo de Europa. Una de ellas era María Elósegui.

El corte en España correspondió a una comisión compuesta por altos cargos de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia y Presidencia del Gobierno. De ahí salieron los nombres de la terna. A pesar de su nula experiencia en Derechos Humanos, el Gobierno confiaba en que un expresidente del Tribunal Constitucional se impusiera a los otros dos candidatos. Pero el camino de Pérez de los Cobos hacia Estrasburgo se empezó a torcer el 12 de enero, cuando ningún miembro del panel de expertos juristas de la Asamblea lo escogió. La recomendación del panel para Martín y Pérez de Nanclares hacía presagiar que el director general de Exteriores se haría con la plaza, hasta que la votación evidenció el éxito de la campaña de Elósegui.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha fracasado en su intento por colocar al magistrado Francisco Pérez de los Cobos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hasta 2026. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa votó este martes por mayoría absoluta a la catedrática María Elósegui, desbaratando definitivamente las maniobras que el Ejecutivo había puesto en marcha cuando Pérez de los Cobos era todavía presidente del Tribunal Constitucional. El tribunal que ya no integrará el expresidente del Constitucional será el encargado de examinar todos los recursos que se están presentando contra los fallos judiciales que afectan al proceso soberanista en Catalunya, entre otras cuestiones.

Pérez de los Cobos era el candidato del Gobierno, al menos hasta las últimas semanas. El 12 de enero pasado, una comisión de miembros de la Asamblea del Consejo de Europa entrevistó a los tres candidatos españoles, un número de aspirantes que los Ejecutivos de cada país miembro están obligados a presentar. El resultado fue demoledor para las aspiraciones del Gobierno español: su candidato, Pérez de los Cobos, fue calificado con cero puntos. La comisión otorgó siete puntos de los 10 en juego a José Martín y Pérez de Nanclares, y tres a María Elósegui. La evaluación, en cualquier caso, no era vinculante.

En los últimos días, el Ministerio de Asuntos Exteriores comunicó a los candidatos que iba a defender la opción de Martín y Pérez de Nanclares, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, según informan a eldiario.es fuentes próximas a la terna. Esa decisión se produjo después de que Pérez de los Cobos sacara un cero en la prueba oral. Finalmente, tampoco la ‘opción b’ del Gobierno ha conseguido convertirse en el magistrado español del TEDH, que por primera vez contará con una mujer española entre sus 47 miembros.

La Asamblea del Consejo de Europa está compuesta por 324 representantes y otros 324 suplentes que se reparten en siete grupos, en los que se integran los partidos políticos con representación de cada país. España tiene 12 representantes y otros tantos suplentes, entre diputados y senadores. De los representantes con derecho a voto, la mitad pertenecen al Partido Popular, tres al PSOE, uno a Unidos Podemos, otro a Ciudadanos y uno más al PNV. Entre los suplentes figura Jordi Xuclà, el único de los representantes del Estado español que integró la comisión que calificó a los tres candidatos.

El empeño, primero con Pérez de los Cobos y luego con Martín y Pérez de Nanclares, triunfaría por tanto según la habilidad del Partido Popular para tejer alianzas en la Asamblea Parlamentaria. La votación de este martes demostró que los esfuerzos fueron inútiles. eldiario.es ha podido saber que la representante de Podemos, Miren Gorrochategi, apoyó a la ganadora de la votación, María Elósegui, y que la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, dio su voto a Martín y Pérez de Nanclares. Al final, Elósegui consiguió los 114 votos que le dan la mayoría absoluta. La nueva jueza del TEDH, de orientación conservadora, es catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza.

Maniobra en Moncloa y revés en el Supremo

El Gobierno retrasó la elección del sustituto de Luis López Guerra, elegido en tiempos de Zapatero, para que Pérez de los Cobos pudiera aspirar a la plaza una vez abandonara el Tribunal Constitucional, en marzo de 2017. En enero, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo que provocó que el sector progresista de la judicatura pusiera el grito en el cielo.

Con el supuesto objetivo de “evitar la discrecionalidad y potenciar la transparencia en un procedimiento tasado y objetivo”, el Gobierno unía a los criterios establecidos por el Consejo de Europa otro consistente en que ningún candidato podía rebasar los 61 años, con la justificación de que son nueve años máximo de mandato y la jubilación en el TEDH está en los 70.

Fuentes jurídicas atribuyen esa modificación a sacar de la pugna a María Emilia Casas, también expresidenta del Tribunal Constitucional y con aspiraciones en aquel momento a integrar el TEDH. La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia recurrió el acuerdo ante el Tribunal Supremo por motivos de discriminación -no solo de edad, también de género, ya que las mujeres habían tenido acceso a la judicatura más tarde que los hombres en España-, y la sección de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal le dio la razón, anulando dicho acuerdo. Para cuando el Tribunal falló, María Emilia Casas había decidido no concurrir a la plaza y el camino parecía quedar despejado para Pérez de los Cobos.

Fallos de Pérez de los Cobos sobre Catalunya

Bajo la presidencia de Pérez de los Cobos, el Tribunal Constitucional ha dictado relevantes fallos que afectan al proceso soberanista en Catalunya. Ocurrió al estimar el recurso presentado en 2013 por el Gobierno contra la declaración soberanista de Catalunya que definía al pueblo catalán como “un sujeto político y jurídico soberano” y establecía el derecho a decidir.

En febrero de 2015, y también por unanimidad del Pleno, el Tribunal anuló el decreto con el que el presidente de la Generalitat de Catalunya había convocado la celebración, el 9 de noviembre de 2014, de una consulta popular no referendaria sobre el futuro político de la comunidad autónoma. El mismo día, el Tribunal anuló dos artículos de la Ley del Parlamento de Catalunya sobre consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana.

El 2 de diciembre de 2015, y de nuevo por unanimidad, el Pleno del Tribunal anuló la resolución con la que el Parlamento de Catalunya había declarado formalmente el inicio de un proceso constituyente hacia una república catalana.

De haber accedido al Tribunal de Estrasburgo, Pérez de los Cobos se habría enfrentado de nuevo a decisiones sobre el proceso soberanista. Su voto es casi irrelevante entre los 47 miembros, uno por cada país miembro del Consejo de Europa, pero no así la influencia a ejercer. Los fallos del TEDH, a fin de cuentas, absuelven o condenan al Estado miembro. Luis López Guerra, el antecesor de Elósegui, fue señalado por las asociaciones de víctimas y otros sectores conservadores cuando Estrasburgo tumbó la doctrina Parot.

Hasta ahora, varias demandas han sido presentadas ante el TEDH por protagonistas del proceso soberanista en Catalunya. Una de ellas lleva la firma de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresident Carles Puigdemont y otros 74 antiguos parlamentarios por supuesta vulneración de los derechos de libertad de expresión y reunión en relación con la suspensión del pleno del 9 de octubre, en el que se iban a valorar los resultados y efectos del 1-O.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha elegido a la catedrática María Elósegui nuevo miembro español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la votación de la terna española, Elósegui ha conseguido mayoría absoluta, por delante de José Martín y Pérez de Nanclares y el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos, quien ha conseguido peor puntuación de los tres, han informado a eldiario.es fuentes del Consejo de Europa.

El Gobierno español estaba obligado a presentar una terna obligatoria y expuso como candidatos al director de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Martín y Pérez de Nanclares (114 votos), y a la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, María Elósegui (76), así como al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos (47).

Los tres fueron evaluados previamente por una comisión y Martín y Pérez de Nanclares fue finalmente el recomendado al conseguir siete de los 10 votos en juego. Los otros tres fueron para Elósegui, por lo que Pérez de los Cobos se quedó con cero votos. Su recomendación, no vinculante, ha sido ignorada finalmente por la mayoría de los miembros de la Asamblea.

La Asamblea del Consejo de Europa está compuesta por 324 miembros y otros 324 suplentes que se reparten en siete grupos políticos que aglutinan a partidos de distintos países. España tiene 12 representantes y otros tantos suplentes, entre diputados y senadores. De los representantes, la mitad pertenecen al Partido Popular, tres al PSOE, uno a Unidos Podemos, otro a Ciudadanos y uno más al PNV. Entre los suplentes figura Jordi Xuclà, el único de los representantes del Estado español que integró la comisión que calificó a los tres candidatos.

María Elósegui sustituye a Luis López Guerra y es la primera mujer que aporta España al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Gobierno del PP fracasa así en su intento por ubicar a Pérez de los Cobos en el TEDH, una pretensión que se remontaba a enero del pasado año. Fue entonces cuando el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo en el que establecía tres requisitos previos: ostentar la nacionalidad española, acreditar un elevado conocimiento de uno de los dos idiomas oficiales del tribunal (inglés y francés) y “al menos suficiente conocimiento pasivo del otro y no superar los 61 años.

El objetivo, según explicó el Ejecutivo entonces, era “evitar la discrecionalidad y potenciar la transparencia en un procedimiento tasado y objetivo”. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es atribuyen esa modificación a sacar de la pugna a María Emilia Casas, también expresidenta del Tribunal Constitucional y con aspiraciones en aquel momento a integrar el TEDH.

El argumento para ubicar ese límite de edad era que los magistrados pueden estar un máximo de nueve años en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que la jubilación que establece éste se sitúa en los 70. Pero Jueces para la Democracia recurrió el acuerdo ante el Tribunal Supremo por motivos de discriminación -no solo de edad, también de género, ya que las mujeres habían tenido acceso a la judicatura más tarde que los hombres en España-, y el Alto Tribunal acabó por tumbar la decisión del Consejo de Ministros.

Para cuando el Tribunal falló, María Emilia Casas había decidido no concurrir a la plaza y el camino quedaba despejado para Pérez de los Cobos, que se ha visto acompañado por dos candidatos con un currículum sobresaliente, pero siempre menos destacado que el del expresidente del tribunal que interpreta la norma fundamental española.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos está compuesto por un representante de cada uno de los estados miembros del Consejo de Europa, 47 en total. Se trata de la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa.

El expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos es el candidato menos idóneo de la terna presentada por España para aportar un nuevo miembro al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Así lo ha valorado una comisión de diez miembros del Consejo de Europa que entrevistó a los tres candidatos españoles y que calificó con un cero a Pérez de los Cobos, han informado a eldiario.es fuentes del organismo europeo.

Este informe de la comisión especializada no es vinculante para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que elige este martes en pleno al español que sustituirá a Luis López Guerra y que integrará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta 2026.

Junto a Pérez de los Cobos, España ha presentado en una terna obligatoria al director de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Martín y Pérez de Nanclares, y a la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, María Elósegui. Martín y Pérez de Nanclares ha sido el más valorado, obteniendo siete votos; mientras que Elósegui se hizo con los tres restantes, de los 10 en juego.

La calificación de Pérez de los Cobos, militante del PP entre 2008 y 2011, supone un revés para las aspiraciones del Gobierno de Mariano Rajoy, que aupó al magistrado conservador a presidente del Tribunal Constitucional, un puesto que ocupó hasta el año pasado.

Fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es consideran a los otros dos aspirantes como “candidatos de paja” que no podrían competir ante los miembros del Consejo de Europa con todo un expresidente del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la calificación de Pérez de los Cobos ante la comisión deja en el aire el apoyo parlamentario de la Asamblea y lo fía todo a la capacidad del PP para maniobrar en su seno a favor de un candidato con 0 votos de valoración.

Pérez de los Cobos, en un francés “bastante correcto”

La comisión de diez miembros entrevistó el 12 de enero a los tres candidatos y después emitió sus calificaciones, de las que ha informado al presidente de cada grupo para que sus miembros las tengan en consideración. Pérez de los Cobos se expresó en un francés “bastante correcto” durante la prueba del tribunal.

La Asamblea del Consejo de Europa está compuesta por 324 miembros y otros 324 suplentes que se reparten en siete grupos políticos. España tiene 12 representantes y otros tantos suplentes, entre diputados y senadores. De los representantes, la mitad pertenecen al Partido Popular, tres al PSOE, uno a Unidos Podemos, otro a Ciudadanos y uno más al PNV. Entre los suplentes figura Jordi Xuclà, el único de los representantes del Estado español que integró la comisión que calificó a los tres candidatos.

El empeño del Gobierno del PP por ubicar a Pérez de los Cobos en el TEDH se remonta a enero del pasado año, según fuentes progresistas de la judicatura. Fue entonces cuando el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que establecía en 61 años el máximo de edad para aspirar a la plaza española en el Tribunal Europeo. Las mismas fuentes atribuyen esa modificación a sacar de la pugna a María Emilia Casas, también expresidenta del Tribunal Constitucional y con aspiraciones en aquel momento a integrar el TEDH.

El argumento para ubicar ese límite de edad era que los magistrados pueden estar un máximo de nueve años en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que la jubilación que establece éste se sitúa en los 70. Pero Jueces para la Democracia recurrió el acuerdo ante el Tribunal Supremo por motivos de discriminación -no solo de edad, también de género, ya que las mujeres habían tenido acceso a la judicatura más tarde que los hombres en España-, y la sección de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal le dio la razón, anulando dicho acuerdo.

Para cuando el Tribunal falló, María Emilia Casas había decidido no concurrir a la plaza y el camino quedaba despejado para Pérez de los Cobos, que se ha visto acompañado por dos candidatos con un currículum sobresaliente, pero siempre menos destacado que el del expresidente del tribunal que interpreta la norma fundamental española.

Mariano Rajoy seguirá cobrando 78.185,04 euros anuales un año más. El presidente del Gobierno tiene congelado el sueldo desde mayo de 2010, cuando José Luis Rodríguez Zapatero lo recortó un 15% en medio de la presión de Bruselas y los mercados por la crisis. Esa rebaja de los sueldos de los altos cargos se ha mantenido congelada desde entonces hasta los Presupuestos Generales del Estado que Cristóbal Montoro ha llevado este martes al Congreso.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, es la autoridad mejor pagada: 130.152,62 euros. Le sigue el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, con una retribución anual de 129.271,46 euros.

A Rajoy, cuyo salario bruto se queda en torno a los 6.500 euros anuales, le sigue de cerca en el Gobierno la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con 73.486,32 euros al año. Los ministros tienen un salario de 68.981,88 euros anuales.

Volviendo al ámbito judicial, los vocales del CGPJ mantienen su sueldo de 112.249,60 euros, y el secretario general de este organismo seguirá cobrando los mismos 109.662 euros al año.

Además de los presidentes del CGPJ y del Constitucional, otros altos cargos que ganarán más que el jefe del Ejecutivo son el vicepresidente del alto tribunal (121.865,78 euros) y los presidentes de secciones del Constitucional (116.192,9). Los magistrados de este organismos seguirán cobrando 110.520,02 euros.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda García, cobrará 112.578,34 euros y su homólogo en el Consejo Económico y Social tendrá un sueldo de 85.004,28 euros.

Y ante este práctico y generalizado ejercicio ¿qué hace el PSOE para combatirlo? Mi respuesta es: nada. Nada de nada. O lo que es peor, encubre las malas artes en esta historia quizá consciente de que ha hecho cosas muy parecidas cuando ha tenido la responsabilidad de gobernar y de que volverá a las andadas allá cuando tenga la oportunidad de recuperar de nuevo el poder.

Estoy pensando en un ejemplo muy reciente como el que nos brinda ese poder tan esencial en una democracia como es el Poder Judicial. Me resulta sumamente difícil entender que los socialistas, que se rasgaban las vestiduras hace apenas unos meses por el hecho de que el Gobierno de Mariano Rajoy aupara a la presidencia del Tribunal Constitucional a un militante del PP como Francisco Pérez de los Cobos, entren ahora a un pacto discreto y silencioso sobre la cabeza del recién nombrado Consejo General del Poder Judicial.

Sí puedo llegar a explicarme que consideren conveniente participar en el diálogo para asegurar un mayor equilibrio en los nombramientos. Eso está dentro de lo normal en política. Pero no encuentro justificación a que lo hagan de forma casi vergonzante con un apoyo de hecho a Carlos Lesmes -que desarrolló un cargo político en el Ejecutivo de José María Aznar- y sin decir ni pío sobre la continuidad de Pérez de los Cobos al frente de jefe de un órgano clave en el sistema institucional que va a tener que tomar decisiones muy importantes sobre la Reforma Laboral o la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo.

Han sido tan opacas las circunstancias del acuerdo para el CGPJ que cunde la impresión de que el episodio no ayudará a que los ciudadanos puedan mejorar su percepción de la justicia y, tampoco de paso, a una más positiva valoración de lo partidos. Se puede pensar que, una vez más, el PP y el PSOE han caído en la tentación de pensar que el futuro es cosa de dos. Además y a pesar de los tremendos discursos de portavoces de la primera fuerza de la oposición (eso si), parece que en un pispás son capaces de olvidar que el Gobierno ha despreciado la búsqueda de un entendimiento mínimo en una ley que debiera ser exponente de consenso como es la de Educación.

Y es cierto que los acuerdos con convenientes, pero todos sabemos que no a cualquier precio. Y muy a menudo, con las cosas que están sucediendo en los ámbitos de la política, se multiplican las razones para pensar que a los profesionales los han puesto de saldo; que lo que cotiza hoy, y bien cotiza, son los 'hoolingans'.

Cuando el Constitucional tenga que dirimir sobre el recurso que el Gobierno del Partido Popular presentó ante él por la declaración soberanista del Parlament de Catalunya, el presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, tendrá voz y voto, a pesar de haber pagado la cuota de militante del partido de Rajoy entre 2008 y 2011. Esta es una de las consecuencias de la decisión que adoptó hoy el pleno del Tribunal Constitucional, por la que se rechaza la recusación presentada por el Govern y la cámara catalana contra Pérez de los Cobos. Nueve magistrados han votado en contra y dos a favor, informaron fuentes del tribunal.

La Generalitat basaba su recusación en los 24 recursos planteados por el Gobierno central en contra de decretos de la Generalitat, entre los que figuran los depósitos bancarios o la norma sobre horarios comerciales. Por parte del Parlament, la recusación afectaba a resoluciones consecuencia de recursos presentados por el Partido Popular o el Gobierno en la época en que Pérez de los Cobos tenía carnet del PP. Entre estos, la Declaración de Soberanía aprobada por el Parlament y la Ley de Educación de Catalunya.

La decisión adoptada hoy por el Pleno cierra la puerta a futuras recusaciones, como la planteada ya por el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, y su mano derecha, Rafa Díez Usabiaga. Ambos fueron condenados por el ‘caso Bateragune’, cuya condena está recurrida ante el Tribunal Constitucional.

La renovación el pasado verano de la composición del Constitucional propició un cambio en la mayoría ideológica, que se decantó por 7-5 a favor de los conservadores. Si en alguna ocasión, los sectores progresista y conservador no votan en bloque y se produce un empate, el presidente del Constitucional podrá deshacerlo ejerciendo su voto de calidad.

Pérez de los Cobos se ha ausentado del pleno cada vez que éste ha abordado su recusación a lo largo de dos jornadas. Por tanto, solo han votado 11 de los 12 magistrados que componen el pleno. El hecho de que nueve de ellos hayan votado en contra de la recusación de su presidente supone que tres del sector progresista han avalado la participación de Pérez de los Cobos en los fallos que afecten a recursos del PP.

Finalmente, han sido Fernando Valdés Del-Ré y Luis Ignacio Ortega Álvarez los que anunciaron un voto particular. Los tres magistrados propuestos por el PSOE que se han alineado con los conservadores para rechazar la recusación del presidente son Encarnación Roca i Trias, Juan Antonio Xiol Ríos y Adela Asua, ésta última ponente del fallo. Ortega Álvarez ya expuso su intención de emitir un voto particular la pasada semana y a él se ha unido hoy Valdés Del-Ré, quien alegó cuestiones procesales. En los próximos días, el Tribunal Constitucional dará a conocer el contenido íntegro del auto y de los votos particulares.

Preguntado por las recusaciones recientemente, el presidente del Tribunal Constitucional aseguró: “No tengan duda de que voy a seguir en mi puesto”. El tribunal que preside hizo pública una nota en julio aclarando que los magistrados miembros se rigen por una Ley Orgánica propia que les permite militar en los partidos siempre que no cobren de ellos o desempeñen un cargo de dirección.

Ayer, Pérez de los Cobos se mostró dolido por haber sido tachado de “anticatalán” y en conversación con los periodistas que acudieron a la Apertura del Año Judicial declaró su amor por la lengua y la cultura catalanas. Según publicó 'El País', Pérez de los Cobos escribió en 2006 un libro de aforismos, ajeno al Derecho, que recoge frases como “no hay en Cataluña acto político que se precie sin una o varias manifestaciones de onanismo”.

La petición de recusación que se estudia esta semana sobre el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, militante del PP hasta 2011, no atenderá a los asuntos que tengan que ver con Andalucía (más de una veintena). La Junta, que había anunciado elevar al Alto Tribunal formalmente su queja y una petición expresa de que se inhibiera en los asuntos relativos a la comunidad autónoma, no ha hecho aún los deberes y no ha presentado informes en ese sentido. “La Junta no ha presentado nada”, indican fuentes del TC.

De este modo, al Alto Tribunal solo han llegado las recusaciones formuladas por Cataluña (Generalitat y Parlament), abordando la recusación de Pérez de los Cobos en la sesión plenaria que ha sido convocada para tres días y que ha comenzado este martes. Dichos escritos de recusación deberá resolverlos el Pleno, del que, lógicamente se ausentará el presidente, añadieron las fuentes.

El caso es que, según confirman fuentes de la Oficina del Portavoz del Gobierno de la Junta, una vez estudiado el asunto antes del verano, se desechó la idea de afrontar una “recusación global” y que sería cada consejería la que “caso por caso” interpondría su informe jurídico si así lo estimase oportuno, pero que no se había elaborado uno general por parte del gabinete jurídico que solicitara la abstención de De Los Cobos para todos los asuntos por resolver entre ambas administraciones. El portavoz, Miguel Ángel Vázquez, negó entonces discrepancias entre el PSOE e IU en este sentido, ya que se trató de una tesis mantenida por el vicepresidente, Diego Valderas, uno de los consejeros de IU del Ejecutivo andaluz.

Fuentes de IU han añadido en esa línea que cada departamento del Gobierno debiera plantear tal posibilidad ya que “no tenía encaje de manera global” y que, en concreto, la Consejería de Fomento y Vivienda estaba preparando un informe acerca del decreto 'antidesahucios', recurrido por el Gobierno central ante el TC. Dicha Consejería, hasta el pasado martes en funciones, no ha sabido confirmar este extremo. Asturias, por su parte, prepara su recusación contra el presidente del TC por siete litigios pendientes con el Gobierno.

Por ahora, lo único cierto es que ni Pérez de los Cobos ni el partido en el que ha sido cotizante muestran la más mínima intención de admitir lo que para todos los demás, y digo todos, supone cuando menos una vergüenza mayúscula. Porque, sin entrar en interpretaciones jurídicas que pueden tener su propio camino, no hay otra forma de definir el hecho de que el Gobierno designara presidente del Tribunal Constitucional a quien ha sido militante del Partido Popular. Tampoco hay otra manera de calificar que éste conspicuo seguidor popular ocultara esa afiliación a sabiendas cuando tuvo que contar en el Senado su trayectoria.

Además, no pasa un día sin que conozcamos nuevas facetas de quien pasaba por ser un Catedrático de Derecho del Trabajo. Así, ayer supimos que ha intervenido como asesor del PP en varias ocasiones durante veinte años; hoy nos enteramos que tuvo su propia empresita o que escribió un minilibro con en el que dejar constancia de sus fobias hacia determinados grupos de personas, especialmente hacia los vecinos de Catalunya, y… ¿Mañana? ¿Qué se descubrirá mañana que haga aún más impresentable la continuidad de Pérez de los Cobos en la presidencia del Tribunal Constitucional

Porque por mucho que se empeñen en que la legalidad está a favor del aludido no se ha inventado aún el modo de justificar que mientras jueces y magistrados tienen expresamente prohibida la militancia en partido o formación política alguna, si puede hacerlo quien preside la más alta instancia como lo es el TC. Y es que más allá de interpretaciones literales sobre lo que dice el texto que rige la vida y funcionamiento de este Tribunal está lo que el mundo llama sentido común. Ese sentido que, entre otras muchas cosas, dice que uno no puede ser juez y parte a la vez o que malamente puede autotitularse como imparcial quien se ha alineado a pies juntillas y hasta con cuota de 37,14 euros por año (la mínima, eso sí) a un determinado partido.

También atina la sabiduría popular cuando alude a la famosa frase del Divino Cayo Julio Cesar respecto a su mujer para recalcar la importancia de no sólo ser (honrado u honesto según las versiones), sino también parecer. Pues bien, Pérez de los Cobos “no parece” ni tan siquiera un poquito neutral como para que ahora su voto, que puede llegar a ser decisivo, merezca el respeto de una notable proporción de ciudadanos de este país. Da pavor pensar que tiene ya una posición predeterminada quien debe decidir sobre temas tan esenciales como lo es la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy o leyes como la que regula la interrupción del embarazo.

Y todo esto ocurre sin que el presidente del TC se sienta obligado a comparecer ante los ciudadanos (en el Congreso por ejemplo) y sin que el partido que le ha venido avalando, el PP, perciba que la democracia se resiente ante situaciones como la que su actitud propicia. Comprendo que hablar hoy, en pleno caso Bárcenas, sobre virtudes cívicas o sobre comportamientos éticos puede sonar a sarcasmo, pero confiar -como parece hacer Rajoy- en que un cálido agosto rebaje nuestro enfado es pura ilusión. Nos estamos hartando. Más bien…¡¡Estamos hartos!!

La Junta tendrá encima de la mesa este martes la propuesta de su vicepresidente, Diego Valderas, de recusar al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, militante del PP hasta 2011, para que se aparte de los asuntos que tengan relación con Andalucía.

Valderas, que se ha mostrado bastante inquieto respecto a este tema el pasado fin de semana en su cuenta de Twitter, trasladará dicha intención durante la reunión semanal del Consejo de Gobierno al objeto de que sea éste el que solicite formalmente un análisis a los servicios jurídicos para que valoren dicha posibilidad.

Si la Junta decide recusar al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, militante del PP hasta 2011, respecto a los asuntos que tengan que ver con Andalucía (un total de 21) tiene que saber que detendrá la resolución de los mismos hasta que sea el propio TC el que resuelva dichas recusaciones. Además, la Junta tendrá que plantear incidentes de recusación por separado “dentro de cada procedimiento”. Deberá, además, justificar cada una de las recusaciones con las pruebas y los motivos en los que se basa para decir que el magistrado no puede pronunciarse.

Así lo han explicado a eldiario.es/andalucia fuentes del TC, que añaden que las partes personadas pueden plantear este tipo de incidente “si así lo entienden” o si intuyen parcialidad en alguno de los magistrados, según permite la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que es la que rige la cuestión de las abstenciones y recusaciones. Las mismas fuentes destacan que, en esos casos, las causas abiertas en el TC a las que aluda la Junta “se pararían” hasta que se resuelva cada una de las recusaciones. Los tiempos de resolución son “variables”, pero pueden ser importantes en cuestiones como la del decreto de función social de la vivienda, suspendido temporalmente por un máximo de cinco meses hasta que se pronuncie el alto tribunal.

“El carácter de imparcialidad no sólo se le tiene que suponer, sino que se tiene que demostrar”, dijo ayer el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, que va a proponer al Consejo de Gobierno este próximo martes que se solicite un informe a los servicios jurídicos para que valoren la posibilidad de recusarlo “en todos y cada uno” de los temas relacionados con la región, si bien primero propondrían su inhibición voluntaria, informan fuentes de la Administración autonómica.

Esto último parece poco probable después de que el TC defienda que la militancia en el PP de su presidente no es incompatible con el cargo. La figura del presidente del TC, en esta ocasión el posible recusado, es importante ya que su voto doble, uno de ellos de calidad, puede hacer inclinar la resolución hacia uno u otro lado.

La competencia para resolver las recusaciones corresponde al Pleno del TC, según el Artículo 10.1 k de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Sin embargo, tal y como establece el artículo 80 de la misma ley, para determinar las causas de recusación hay que ir a la LOPJ y, en concreto, al artículo 219, que es el que enumera los supuestos. Son causas de abstención o de recusación, por ejemplo, “tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”, “haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia” o haber ocupado un puesto con ocasión del cual haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito.

El Artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, vigente hasta el 22 de Julio de 2014, señala que “la recusación deberá proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite”, añadiendo que dicha recusación “se propondrá por escrito y deberá expresar concreta y claramente la causa legal y los motivos en que se funde, acompañando un principio de prueba sobre los mismos”.

Por otro lado, fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es/andalucia apuntan que las causas de recusación son tasadas, es decir, no prosperan recusaciones que denuncien situaciones que no encajan en uno de los 16 supuestos que prevé el Artículo 219 de la LOPJ. El criterio del TC en materia de recusaciones siempre ha sido restrictivo porque, a diferencia de lo que ocurre en la justicia ordinaria, la ley no prevé un mecanismo de sustitución dentro del TC.

Al respecto, ejemplifican estas fuentes en que, por ejemplo, si se recusa a la jueza Alaya del caso de los ERE, se hará cargo otro juez porque hay un mecanismo de sustitución previsto para ello. Pero si se recusa a un magistrado del TC y éste tiene que apartarse del asunto en cuestión, nadie lo puede sustituir.