Estaba cantado y, como ocurre con lo que está cantado, al final termina produciéndose. Este jueves se conoció que el polémico exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz Carlos Garcinuño, entonces en el PP y en el mandato actual, ya forma parte del partido de moda en España, Ciudadanos.

Garcinuño se suma así a la formación política que lidera en las islas la diputada por la provincia tinerfeña Melisa Rodríguez y a la organización en la que ya está desde hace unos meses Víctor Pérez Borrego, durante tanto tiempo cargo electo en las filas de Coalición Canaria y ahora portavoz de Ciudadanos en la isla de Tenerife.

El exconcejal santacrucero, que fue relevado por el que fuera su partido, el PP, como responsable de Urbanismo en Santa Cruz, tras una ardua polémica acerca del ya derribado mamotreto, entre otras cuestiones, había dejado el acta de los populares en el Consistorio en octubre pasado.

Desde ese momento, ya se apuntaba su entrada en las filas de Ciudadanos, algo que en el día de ayer terminó por confirmar la líder de esta formación política en las islas, Melisa Rodríguez.

De esta manera, se confirma el flujo de excargos destacados del PP en Canarias hacia el partido de Albert Rivera, organización con elevadas expectativas electorales y con victoria absoluta en las pasadas elecciones catalanas.

Carlos Garcinuño pensaba dejar el acta de concejal del PP en Santa Cruz unas semanas después de su intervención ante los medios de comunicación del 4 de julio de este año (tras la confirmación de su cese como responsable local de Urbanismo, de fecha 27 de junio), pero esos pocos días previstos hasta decidir acerca de su renuncia luego se convirtieron en prácticamente tres meses. Lo sustituirá el siguiente en la lista: Carlos Tarife, ahora jefe de gabinete de Zaida González, la líder del grupo municipal del PP.

Este jueves la noticia se ha confirmado: Garcinuño abandona el Ayuntamiento de Santa Cruz tras renunciar a su acta de concejal y con ello deja atrás una etapa política en la que estuvo vinculado al PP y además fue responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento capitalino, donde cogobiernan CC y los populares.

Su gestión en ese departamento estuvo en el origen de que su propio partido pidiera al alcalde José Manuel Bermúdez, de CC, que lo destituyera, hecho que se confirmó el martes 27 de junio de este año. Garcinuño, de profesión arquitecto, apoyó la candidatura de Cristina Tavío a la presidencia del PP en Canarias, puesto orgánico para el que resultó elegido su contrincante: el palmero Asier Antona.

Tras ese cese en Urbanismo, muy relacionado con sus actuaciones no compartidas por el grupo de gobierno local en relación con todo lo que olía a la playa de Las Teresitas, de manera especial respecto al derribo obligado por la Justicia del mamotreto (ahora en curso), Garcinuño se puede decir que desapareció del mapa.

Ahora, una vez confirmada su renuncia al acta, se supone que Garcinuño también dejará el PP, si no lo ha hecho ya. También es probable que elija el camino que ya escogieron otros políticos en Tenerife, como es el caso de Víctor Pérez Borrego, ex de CC y ya en el partido Ciudadanos, donde además ejerce de portavoz del comité insular.

1) Consideramos que el principal responsable de que la ejecución de la sentencia firme del derribo del mamotreto se haya dilatado, artificial e intencionadamente, casi tres años, ha sido el alcalde José Manuel Bermúdez. En innumerables ocasiones nuestra plataforma ha denunciado los actos de supuesto sabotaje del alcalde a esa decisión judicial. Bermúdez ha utilizado torticeramente todos los medios de que dispone el Ayuntamiento, incluso dinero público, para mantener en pie el adefesio, un edificio ilegal e ilegalizable convertido en monumento a la corrupción, burlando a la Justicia y al pueblo de Santa Cruz, y coqueteando peligrosamente con el delito de prevaricación.

2) A pesar de que el señor Garcinuño le sirvió en multitud de ocasiones como escudo protector, al asumir las consecuencias de las acciones más arriesgadas y discutidas del grupo de gobierno, protagonizando conflictos de manera un tanto gratuita y vanidosa con funcionarios, vecinos de El Toscal, magistrados y abogados, con nuestra plataforma y con numerosos colectivos que defienden los intereses de las clases populares, José Manuel Bermúdez lo dejaba hacer socarronamente por conveniencia y tacticismo. Pero la última salida de tono del concejal de Urbanismo, al votar en contra de la adjudicación de la obra de demolición del mamotreto, lo condenó. El alcalde de Coalición Canaria y su propio partido -el PP- lo desfenestraron, pues ya no era útil ni como parapeto y acabó revelándose como una fuente de conflictos allí donde intervenía.

3) Contrariamente a lo que ha afirmado en sus últimas manifestaciones, el exconcejal de Urbanismo no ha defendido nunca el interés general ni el dinero ni el patrimonio de los santacruceros. Señor Garcinuño, usted debería saber que la construcción del mamotreto fue un acto delictivo, como dice la sentencia, y lo primordial en estos casos, según el Código Penal, “es la reparación del daño ocasionado por el delito. Algo plenamente dotado de sentido, ya que, de otro modo, la voluntad del infractor prevalecería sobre la de la ley. Así las cosas, la reparación del daño, ahora en la forma de demolición de la construcción ilegal, será, en principio, la regla”. Por lo tanto, el inacabado mamotreto nunca puede considerarse como un elemento del patrimonio municipal. Por otro lado, si fuera verdad que defiende el dinero de los chicharreros, debería haberse abstenido de gastar dinero público en informes absurdos y extemporáneos, dado que la sentencia es firme y ha adquirido la consideración de cosa juzgada con todo lo que ello significa. Al mismo tiempo, en su afán de mantener el mamotreto a toda costa, ha despilfarrado una ingente cantidad de capital humano al depurar, junto al alcalde Bermúdez y al concejal Díaz Estébanez, a unas funcionarias, juristas de contrastado prestigio profesional, porque no avalaban las tesis del grupo de Gobierno municipal, a pesar de las amenazas recibidas y contratando a otras que estuvieran dispuestas a firmar los informes deseados.

Finalmente, su activa campaña de denuncia del Plan Especial de El Toscal, al que ha llegado a calificar temerariamente de fraude a pesar haber votado usted a favor en el pleno en el que se aprobó de manera “definitiva con reparos”, por unanimidad de los grupos municipales, y de contar con el apoyo de los vecinos de ese emblemático barrio, ha puesto al descubierto que su intento de regresar al punto de inicio del citado plan no tiene como objetivo la defensa del interés general de la ciudadanía, sino todo lo contrario: abrir aún más la puerta a la especulación urbanística.

4) En la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción no nos contentamos solo con el cese del concejal Garcinuño y la entrega “en diferido” de su acta de concejal, ya que tardará varias semanas en hacerla efectiva. Seguimos vigilantes pues no nos fiamos del alcalde Bermúdez ni de su grupo de gobierno porque, como decíamos en mayo de 2015: “El derribo del mamotreto pone en cuestión los intereses de los poderes económicos a los que ATI-Coalición Canaria y el Partido Popular han servido fielmente durante todos los años que han detentado el poder en la ciudad; los intereses del capitalismo de amiguetes que hasta ahora no se había encontrado en una situación semejante. El mamotreto no es una infamia urbanística aislada, sino un ejemplo más del maridaje político-económico que durante casi 40 años ha sido la pauta de gobierno en la capital tinerfeña. Es un símbolo de la especulación urbanística y de la corrupción política que ha sido la marca oficial de la ciudad”.

*Declaración remitida por la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción

El exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz Carlos Garcinuño ha explicado esta semana las razones que le hicieron votar en contra de la adjudicación de la obra de demolición del mamotreto. No tienen desperdicio.

Carlos Garcinuño convocó una rueda de prensa donde hubo golpes para todos los gustos. Comenzó agradeciendo a los medios de comunicación el interés mostrado. Esto es algo que los políticos suelen hacer antes de abrir la caja de pandora: hacer guiños a los periodistas nunca está de más. Lo hizo antes de dar paso a las siguientes perlas: “Me han destituido por defender los intereses de los chicharreros”. Seguro que no era su intención, pero esta frase me ha recordado a una muy famosa de Miguel Zerolo, aquella de “la compra de la playa de Las Teresitas se hizo por el bien de los ciudadanos de Santa Cruz”.

Esta no fue la única perla que nos dejó Carlos Garcinuño en referencia al posible edificio de aparcamientos contemplado en el Plan Especial que sustituirá al actual mamotreto. Nos soltó un, “entre el original y la copia, me quedo con el original”, en tono socarrón. Hombre, Garcinuño, si no existiera una sentencia que dice que se debe derribar y que, si no se hace, se incurre en un delito de prevaricación, quizás podríamos quedarnos con el original.

Los dardos iban y venían según la intensidad de las preguntas de los periodistas, hasta el punto que acusó al Ayuntamiento de utilizar el derribo del mamotreto con fines electoralistas. “Mantuvo el expediente en un cajón porque políticamente no le ayudaba a ganar las elecciones”. Punto y minipunto para Bermúdez y Garcinuño

¿Habría dicho esto si no le hubieran cortado la cabeza? Este punto me recordó al conflicto de ámbito nacional entre Soria y Montoro. Al principio eran amigos, hasta que los juegos de poder y los ventiladores ocupan su función en la obra. Tras salir por la puerta de atrás, el exministro acaba contando las traiciones internas y los entresijos que todavía desconocemos en un libro publicado por El Mundo.

Mientras calificaba la adjudicación de la demolición como “insensata” e “ilegal”, le propinó otro golpe al alcalde al señalar que se pretende derribar el mamotreto con el propósito de que Bermúdez se desmarque del mandato de Miguel Zerolo. Resulta paradójico cuando lo que le preocupa a algunos es precisamente lo contrario, que no se desmarque lo suficiente.

Garcinuño nos contó su versión de la ruptura sin pronunciar ni una sola vez la palabra “mamotreto”, como si estuviera jugando al Tabú. Cada vez que quería mencionarlo lo sustituía por “el edificio de aparcamientos”. Lo dijo al principio de la rueda de prensa a los periodistas: “Ya se encargaran ustedes de ponerle un nombre”.

El exconcejal negó que lo ocurrido haya sido fruto de una venganza interna por defender la candidatura de Cristina Tavío como presidenta del PP regional, pero se mostró herido con sus compañeros de partido. El PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz nos ha dado una clase magistral digna de la mafia italiana. Si hay algo más necesario que saber dar puñaladas, es saber recibirlas.

El exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz Carlos Garcinuño, destituido a petición de su partido, el PP, el martes 27 de junio, ha convocado este martes a los medios de comunicación para explicar las que él considera que son las razones reales de su cese como responsable municipal en aquella área.

Garcinuño, que fue muy duro, en general, con los actuales gestores locales, tanto los de CC como los de su propia formación política (en Santa Cruz ambos partidos tienen un pacto de gobierno), aseguró que votó en contra de la adjudicación del proyecto de derribo del mamotreto en la Junta de Gobierno del 26 de junio (lunes) porque en ese acto se realizó “la adjudicación de una obra ilegal”, la que consiste en eliminar un aparcamiento, en alusión a la estructura actual conocida como mamotreto (situado en la cabecera de la playa de Las Teresitas), para colocar otro (este al aire libre) en el mismo lugar, algo a lo que más de una vez se refirió como “complemento” o “añadido”.

Garcinuño, aún concejal popular en Santa Cruz, dejó claro que su voto contrario a tal adjudicación se debió a la consideración personal (es arquitecto de profesión) de que esa fue una decisión “ilegal”. Según la argumentación trasladada por este edil, el área de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Santa Cruz (no Urbanismo), controlada por CC (José Alberto Díaz-Estébanez es el concejal responsable), “incluyó en el expediente el asfaltado” del solar que quedará cuando se limpie toda la zona de escombros, lo que, según lo descrito por Garcinuño, es “ilegal” porque va más allá de lo que establece “la sentencia de derribo”, supone “una carga para los condenados (que deben costear el derribo) que estos no tienen por qué asumir” y, por si fuera poco, el asfaltado que se incluye en la adjudicación, sobre unos 7.000 metros cuadrados, no se puede realizar “por la clasificación que hoy tiene ese suelo” y porque implica “hacer un nuevo aparcamiento”.

Por todas esas razones, Carlos Garcinuño defendió en su intervención pública de este martes que se negó a apoyar el expediente de derribo, aunque antes había propuesto que ese trámite quedara sobre la mesa hasta conocer, a través de la petición de otro informe técnico, que aquel asfaltado final fuera legal en todos sus extremos.

El exconcejal de Urbanismo además avanzó que en las próximas semanas dejará su acta de concejal en el Ayuntamiento (ello dará paso a que entre Carlos Tarife, el siguiente en la lista), y afirmó que lo más probable es que también renuncie a su afiliación al PP. Garcinuño incidió una y otra vez en que siempre “hay que defender la verdad, hay que contarlo todo”, pero sobre todo se deben “anteponer los intereses de todos, de la ciudadanía, a los del partido”.

El concejal destituido aclaró que “nadie del PP se ha puesto en contacto con él”. De ellos, “no sé nada”. “Me enteré de mi cese por la prensa y por la llamada que me realizó el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez”. De la apertura del expediente disciplinario solo “supe algo” a través de los medios de comunicación. Sobre su partido, el concejal sostuvo que “tenía que haber estado a la altura de lo que exige la ciudad”.

En otra parte de su extensa intervención, el concejal que cesó el martes 27 de junio como responsable de Urbanismo volvió a incidir en que el Ayuntamiento de Santa Cruz metió el expediente del derribo del mamotreto “en un cajón porque políticamente no le ayudaba a ganar las elecciones”, y reconoció que las indecisiones acerca de la personación judicial de la Corporación local en este caso respondieron a “intereses políticos”.

Garcinuño inició el monólogo dejando muy claro que “su destitución había sido por defender el dinero de los chicharreros, por la defensa del patrimonio de todos los santacruceros”, en referencia a lo gastado en la construcción a medias del edificio de aparcamientos de Las Teresitas, que costó unos “ocho millones de euros”.

Para el mismo concejal, “el único responsable de esa pérdida patrimonial es el Ayuntamiento, que no ha movido un dedo” para defender el interés municipal, y tampoco ha hecho nada por recuperar los “ocho millones” consumidos en ese proyecto constructivo. Esto, dijo Garcinuño, es “irresponsable, insensato y hasta delictivo”.

El concejal santacrucero también desveló que la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado diligencias para investigar el proceso de tramitación del Plan Especial de Las Teresitas, acción que se produce tras la denuncia cursada en abril de este año por la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción.

El caso mamotreto se cerró hace casi tres años con una sentencia firme que dejaba clara una cosa: el edificio de aparcamientos no terminado conocido como mamotreto debía ser derribado. Tres años y quinientas noches después, esa estructura sigue en el mismo sitio. Pero parece que el alcalde de Santa Cruz ha tomado medidas para encauzar la situación que ha provocado una crisis en el Consistorio local.

Este lunes el grupo de gobierno formado por Coalición Canaria y el Partido Popular tomó la decisión de adjudicar el derribo a la empresa Joca Ingeniería y Construcción, y lo que parecía una buena noticia y un punto positivo ante la opinión pública, pasó a convertirse en un dolor de cabeza.

A pesar del amplio consenso en el grupo de gobierno, el concejal Carlos Garcinuño, del PP, decidió votar en contra de esa adjudicación. Es de sobra conocido que para Garcinuño derribar el mamotreto resulta un error. El ya exconcejal de Urbanismo se ha apoyado hasta la saciedad en el argumento de que no tiene sentido derribarlo y luego querer construir un nuevo edificio de aparcamientos, el contemplado por el futuro Plan Especial de Las Teresitas, ahora en el trámite administrativo.

Para ello ha recurrido a juristas y ha encargado informes que nos han salido alrededor de 16.000 euros, todo ello con el único fin de demostrar que ese edificio es legalizable. Ante eso, el alcalde debió decirle algo así al edil: “Carlos, que no estás contando con la sentencia, que, si no lo derribamos, cometemos prevaricación. Y mira que luego salimos en los medios”. Y así le ha pasado, que ha salido en casi todas las portadas tinerfeñas.

Fue entonces cuando Garcinuño debió discrepar, tanto con sus compañeros de partido como con los de Coalición Canaria, porque los populares le pidieron que se fuera, como cuando los padres le dicen al niño que deje de molestar, “que están hablando cosas de adultos”. Pero Garcinuño ignoró la petición y los populares respondieron con otra puñalada al pedir al alcalde Bermúdez la destitución “inmediata” de aquél en todos sus cargos. Y Bermúdez lo ha hecho. Punto y minipunto para el equipo nacionalista.

Probablemente, Garcinuño no es la única persona que mantiene ese argumentario dentro y fuera del Ayuntamiento de Santa Cruz, de la misma forma que muchos siguen sosteniendo después de tres años y quinientas noches que lo que ocurrió con el mamotreto no fue un caso de corrupción. La diferencia es que el edil de Urbanismo se atreve a verbalizar su opinión, pese a estar en contra del mensaje estipulado. Punto y minipunto para Garcinuño.

El mamotreto y la playa de Las Teresitas prometen seguir contándonos historias interesantes e interminables; mientras, será Zaida González (PP) la que se ocupe del área de Urbanismo. La duda que me asalta es: ahora que no está Garcinuño y que se ha adjudicado el derribo, ¿veremos cómo se produce el milagro? ¿Cuánto tiempo tardará en producirse?

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), ha destituido en la mañana de este martes al que era concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento capitalino, Carlos Garcinuño, un cargo del PP. El cese de Garcinuño se produce con el beneplácito (ha sido a petición del PP) de su partido y se ejecuta tras este votar en contra (y romper la disciplina de partido), en la Junta de Gobierno local celebrada este lunes, del derribo de la estructura de aparcamientos existente en la playa de Las Teresitas, que es la construcción sin terminar conocida como mamotreto, sobre la que pesa una sentencia firme que obliga a su destrucción total. Este lunes la Junta de Gobierno adjudicó de manera definitiva a una empresa privada esa tarea.

Por esa misma causa judicial, la del mamotreto, han sido condenados a penas de cárcel los exconcejales de CC Manuel Parejo y Noberto Plasencia, que ya están en prisión, como también ha ocurrido con la extécnico de Urbanismo Loreto Ariz.

Con la salida del Gobierno municipal de Carlos Garcinuño se puede decir que se matan dos pájaros de un tiro: por un lado, se pone fin a las interminables discrepancias entre el que era titular de esa área y los otros integrantes del gabinete, de manera especial entre Garcinuño y el alcalde, este de CC, y por otro, se saca del grupo popular en esa misma Corporación local a la única persona que apoyó a Cristina Tavío en la reciente disputa a Asier Antona de la presidencia del PP en Canarias.

Con esta última decisión política en Santa Cruz, la limpieza parece que se completa y en el Ayuntamiento capitalino ya solo se queda el grupo afín a Manuel Domínguez, presidente insular del PP, y a Asier Antona, que por ahora son la misma cosa. La tarea de borrar del mapa en Santa Cruz, al menos en los organismos públicos locales, todo aquello que oliera a Tavío se consuma, lo que ya había tenido una fase previa con la salida de Alberto Lemus del gabinete de comunicación en este Ayuntamiento. Lemus era una persona de Cristina Tavío.

Tras esta pseudocrisis municipal, pseudo porque todos los pasos del derribo de cargos y puestos populares se han producido con un consenso exquisito entre PP y CC (los dos partidos que tienen el control en el Ayuntamiento), las aguas ya bajan tranquilas, lo que implica que quizá la paz reine en Santa Cruz hasta el final del mandado, a mediados de 2019.

Todo el poder para Zaida González, hasta ver qué hace el destituido

El área que hasta este martes controlaba Carlos Garcinuño, que de forma oficial se denominaba Planificación del Territorio y Medio Ambiente, pasa ahora a ser competencia de la primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento, Zaida González (PP), según ha informado la Corporación municipal en una nota.

La destitución de Carlos Garcinuño implica que este deje de ser vicepresidente primero y consejero director del Organismo Autónomo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, así como representante municipal en los órganos colegiados de gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que antes participara en nombre del Ayuntamiento.

En el decreto de cese, el alcalde nombra a Zaida González como concejala del área de Planificación del Territorio y Medio Ambiente en el Ayuntamiento y delega en ella las competencias sectoriales en materia de Planeamiento del Territorio y Urbanismo, lo que también incluye su nombramiento como vicepresidenta primera y consejera directora del Organismo Autónomo de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Ahora queda por ver si Carlos Garcinuño renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz o sigue en el pleno, bien como integrante del PP o bien en el grupo mixto. En el caso de que renunciara, la persona siguiente en la lista es Carlos Tarife, una persona que ya tiene funciones en el Ayuntamiento y que forma parte del equipo de confianza de Zaida González.

En el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz se sientan 27 concejales, de los que nueve son de CC y seis, hasta saber qué hace Garcinuño, forman parte del PP. La mayoría absoluta está en 14, lo que significa que la decisión que adopte el ahora destituido no afectará en nada a la estabilidad del Gobierno municipal.

El tercer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Garcinuño (del PP), ha asegurado este lunes que “el único responsable de la caducidad del expediente abierto para determinar si procede exigir el cumplimiento o la resolución parcial del convenio urbanístico suscrito entre la Corporación y la Junta de Compensación del polígono Playa de Las Teresitas es el anterior responsable de este departamento municipal, el socialista José Ángel Martín”.

Así lo ha expresado en un comunicado remitido a los medios horas después de que el propio Martín anunciara en rueda de prensa que su grupo presentará una reclamación civil contra el Ayuntamiento por dejar morir el “arma más importante” con la que contaba el Consistorio para reclamar más de 100 millones de euros a los empresarios de Inversiones Las Teresitas.

Garcinuño ha explicado en el comunicado que fue precisamente durante la época de Martín como concejal de Urbanismo cuando se abrió ese expediente, en concreto en febrero de 2014, y que fue también durante su mandato cuando formalmente caducó, sin que se tomara ninguna decisión expresa.

Solo tras las nuevas peticiones de Inversiones Las Teresitas, el concejal actual de Urbanismo ha debido dictar de oficio una resolución declarando, efectivamente, la caducidad del procedimiento.

Garcinuño subrayó, además, que en aquel momento no se cumplieron las previsiones legales sobre un procedimiento de esas características.

En todo caso, adelanta que la caducidad del citado expediente no impide que se incoe otro procedimiento, esta vez conforme a las determinaciones de los servicios jurídicos de la Gerencia de Urbanismo.

Garcinuño aclara que el silencio administrativo y la caducidad de un expediente son aspectos jurídicamente diferentes, “tanto es así que son incompatibles, algo que debería saber Martín”.

Los integrantes de la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción arremetieron este jueves contra el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), y contra el concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño (PP). Este colectivo sostuvo, según se indica en una nota, que “las últimas” afirmaciones de Garcinuño en relación con la posible legalización de la obra de aparcamientos radicada en la playa de Las Teresitas son “cada vez más amenazantes y disparatadas”.

El mismo grupo de contrarios a la legalización de esa obra señaló que, “si hasta hace muy poco los encargados de sabotear (en la primera fase) el cumplimiento de la resolución judicial de demolición fueron el alcalde Bermúdez y su lugarteniente Díaz Estébanez, en esta ocasión se encarga de ello el concejal Garcinuño, autoproclamado enamorado del mamotreto y preboste que gobierna la Gerencia de Urbanismo como si esta fuera su finca particular, aparte de ser el cargo público que amenaza a la Justicia con mantener en pie esa obra ilegal, para lo que inunda el Juzgado Nº 5 de innumerables informes”.

Según lo que recoge la nota de esta plataforma, Garcinuño “sigue incomprensible y obstinadamente defendiendo lo que a todas luces es un delito, por el que además se ha condenado a seis personas a penas de cárcel. Parece no reconocer que la sentencia del 19 de febrero de 2014 es firme y tiene valor de cosa juzgada”, se subraya.

También añade ese colectivo que, “a pesar de conocerse que conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo una previsible modificación normativa o del planeamiento no es razón para no cumplir con la sentencia en todo su alcance, Garcinuño, con la permisividad de José Manuel Bermúdez, sigue gastando dinero público y utilizando a funcionarios en la redacción de informes que permitan legalizar una obra ilegal e ilegalizable como es el mamotreto”.

A raíz de este argumento central, la plataforma citada solicita al alcalde y al concejal Garcinuño que “dejen de mentir a nuestro pueblo, pues saben perfectamente que el plan especial del frente de la playa no es un instrumento ni constituye norma alguna que permita legalizar una obra que ha sido declarada judicialmente ilegal”, se remata en el comunicado.

Una docena de personas, propietarios y empleados de los quioscos situados en Las Teresitas, se ha concentrado a las 10.00 de este martes frente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para protestar por el cierre de cinco de los establecimientos de la playa el pasado viernes, tras el anuncio de que no se les concedería una licencia provisional que les permitiera seguir abiertos.

El propietario del quiosco T5, Deivi Bello, explicó que el cierre se produjo sin previo aviso, “teniendo incluso las neveras llenas y con clientes dentro”, y que nadie les ha dicho cuándo se procederá a la clausura de los que permanecen abiertos, ya que solo se cerraron cinco de los nueve (Lucas, Carmelo, T5, El Último y El Caracol).

“Nadie nos dice nada”, ha afirmado, tras insistir en que “tenemos todos los papeles, todo está en regla”, pero el Ayuntamiento “no quiere que sigamos allí”. Según su explicación, lo único que el Consistorio les reclama es “el pago de un canon”, pero, cuando intentan pagarlo, “no nos dejan; nos lo impiden”.

Bello ha hecho hincapié en que el cierre afectará a unas 300 personas, porque son muchas las familias que dependen directamente del negocio que generan los nueve quioscos, con una media de unos diez empleados cada uno. “Mucha gente va a ir al paro, y no somos ladrones. Que nos digan qué hemos hecho mal”, añade. “Algunos de los quioscos llevan 40 años en la playa. ¿Por qué cerrarlos ahora? Que nos digan toda la verdad”, ha concluido.

Las concentraciones, ha explicado Bello, seguirán produciéndose cada día a lo largo de esta semana frente al Consistorio, y habrá más protestas, aún por determinar.

El caso mamotreto de la playa de Las Teresitas, sobre el que pesa una sentencia firme de derribo, aún sigue dando vueltas judiciales, en parte gracias a los primeros pasos administrativos dados en la tramitación del Plan Especial de Las Teresitas, del que se encarga el concejal del PP Carlos Garcinuño, responsable de Urbanismo en la Corporación capitalina.

Según informó en su edición de este lunes La Opinión de Tenerife, los condenados por el inicio ilegal de la construcción de esos aparcamientos (el llamado mamotreto) en Santa Cruz, que eran políticos y funcionarios, “han solicitado ante el juzgado la suspensión del procedimiento de demolición (cuyo coste ellos deberían pagar) que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la capital en cumplimiento de la sentencia firme de noviembre de 2014”.

Esta nueva estrategia viene a confirmar de alguna manera las sospechas del PSOE santacrucero de que Urbanismo haría todo lo posible por evitar el derribo de la mencionada obra, lo que sin duda puede contribuir a ponérselo más fácil a los condenados a penas de prisión por ese mismo proyecto inacabado.

Ese fallo declara que el inmueble, que se quedó sin terminar, es ilegal; por ello, fueron condenados a penas de cárcel los exediles nacionalistas Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domínguez, más los exfuncionarios Loreto Ariz, Candelaria Benítez y Epifanio Gómez. Además, todos ellos deberán afrontar el coste del derribo, cuantificado en casi 600.000 euros.

La sentencia señalada también obligó al Ayuntamiento a llevar a cabo la demolición, aunque tengan que ser los condenados los que la costeen. En relación con este extremo, el área de Infraestructuras del Consistorio está a punto de adjudicar la obra de derribo a una empresa, pero la Gerencia Municipal de Urbanismo ahora ha emitido un informe técnico, a raíz de la aprobación inicial del Plan Especial de Ordenación de Las Teresitas, en el que se subraya que el mamotreto es “autorizable” y “compatible” con el parking previsto en dicho documento.

Esta cuestión, introducida por Urbanismo, ha posibilitado que los condenados por el caso mamotreto se apoyen en tal informe de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz para solicitar ante el juzgado la suspensión del procedimiento de demolición, lo que evitaría que tuvieran que pagarlo y no se sabe si incluso la entrada en prisión en los casos que correspondieran.

El partido Sí Se Puede ha afirmado este lunes que el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (del PP), Carlos Garcinuño, ocultó al pleno municipal informes técnicos sobre el trazado del tranvía por la avenida de Los Majuelos que implican la modificación del Plan General de Ordenación (PGO).

En concreto, según ha avanzado el partido Sí Se Puede en un comunicado, el trazado deberá estar “amparado” en el Plan Territorial Especial del Sistema Tranviario del Área Metropolitana -de ámbito insular y con coordinación del Cabildo de Tenerife- y, posteriormente, habría que modificar el Plan General de Ordenación en varios puntos para poder ejecutar ese proyecto.

Estas conclusiones corroboran la postura expresada por el concejal de Sí Se Puede Eligio Hernández Bolaños, quien entiende que la ampliación de la línea 2 del tranvía, entre cuyos trazados propuestos está el que recorre la avenida de Los Majuelos, “es urbanísticamente inviable en estos momentos”.

Ante esta tesitura, añade el edil, es evidente que el Cabildo deberá reconsiderar la planificación del proyecto, pues preveía el inicio de las obras para principios de 2017, al tener que adaptarse previamente la normativa urbanística, tal y como concluye el informe técnico que ocultó al pleno Garcinuño.

Sí Se Puede confía en que esta situación sirva para abrir un proceso participativo que permita a la ciudadanía opinar sobre lo que dicha formación considera “una infraestructura innecesaria”.

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha denunciado, mediante una nota remitida a los medios de comunicación, que al gerente municipal de Urbanismo (cargo de designación política) se le ha subido el sueldo por encima de los 100.000 euros brutos al año, lo que supone un aumento de más de 30.000 euros respecto a su salario actual en doce meses. El proyecto de presupuestos para 2017 en Santa Cruz eleva casi el 4% los gastos en personal, con el 30% de los ingresos previstos destinados a ese fin.

El portavoz del grupo municipal socialista, José Ángel Martín, criticó que “el proyecto de presupuesto del consistorio para 2017 convierta a Roberto Remiro en el funcionario mejor pagado de la casa”.

Los socialistas consideran que “ese aumento de más de 30.000 euros frente a lo que venía cobrando está completamente injustificado, ya que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha visto reducido de manera sensible su carga de trabajo al externalizar los planes especiales”. Martín señaló directamente al concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, como el impulsor de ese importante incremento de sueldo.

“Pese a ser ya uno de los funcionarios mejor pagados en el Ayuntamiento, junto al secretario y al interventor, se le ha subido inexplicablemente el sueldo”, añadió el líder del PSOE en el consistorio capitalino. Martín recuerdó que, “al frente de Urbanismo, los socialistas potenciamos el trabajo de los funcionarios, desatascando planes especiales que llevaban años parados, como el del puerto de la capital o el del Parque Marítimo”. Frente a esto, “el PP aumenta el gasto dando la redacción de los planes a despachos externos y pagando más a los directivos municipales”.

Para José Ángel Martín, “esta situación es todavía más grave cuando tenemos las Unidades de Trabajo Social completamente atascadas y absolutamente necesitadas de todo el presupuesto posible”. Sin embargo, añadió, “el PP ha preferido pagar 30.000 euros más a un solo funcionario en vez de destinarlo a paliar la situación del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS)”, también gestionado por el PP.

El portavoz socialista concluye recordando que “las únicas medidas que se le conocen al concejal de Urbanismo en este tiempo son deshacer el equipo que había al frente de la Gerencia y que había demostrado una capacidad encomiable de trabajo, la externalización de los planes especiales, que vuelven a ser redactados por despachos privados, y este sorprendente aumento de sueldo del gerente” para 2017, ya contemplado en las cuentas de ese ejercicio.

Consultado por este periódico sobre este asunto, el Consistorio capitalino ni confirmó ni desmintió lo denunciado por los socialistas santacruceros.