Entidades vecinales, miembros de huertos comunitarios y diferentes colectivos conservacionistas de toda la ciudad saldrán este sábado 6 de abril a la calle a reclamar una capital más verde y habitable. Más de 30 organizaciones encabezadas por la Red de Huertos Urbanos de Madrid marcharán en defensa de mejores cuidados y por una renaturalización urbana, así como por una gestión responsable de los espacios públicos verdes, de la movilidad y de los residuos urbanos.

En el manifiesto que da origen a la movilización denuncian “el desprecio de las administraciones por la sostenibilidad medioambiental y el abandono del bienestar y la salud colectivas”. La decisión de manifestarse viene precedida por la reciente salida del Ayuntamiento de Madrid de la Red Española para el Desarrollo Sostenible y de la Red de Municipios por la Agroecología o las más de 600 talas de árboles ejecutadas por la ampliación de la Línea 11 de Metro. Una cifra que se suma a la pérdida de más de 36.000 árboles en toda la ciudad desde 2019. Además de la postergación de la creación de una red ciclista en 2025.

Las entidades promotoras de la manifestación, que saldrá a las 12.00 de la plaza de Cibeles y finalizará en el parque de la Cornisa, reivindican el papel de la agricultura urbana como un mecanismo para “equilibrar las desigualdades, facilitando el acceso a espacios verdes y a alimentos saludables y sostenibles que además pueden abastecer a comedores públicos, bancos y despensas solidarias de alimentos”. 

También piden aumentar de forma equilibrada e integrada el patrimonio verde público de proximidad hasta alcanzar los 10 metros cuadrados aconsejados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y acciones efectivas en la renaturalización de patios, entornos escolares y residencias públicas para paliar las altas temperaturas y como recurso de bienestar ante las desigualdades sociales. A su vez, reclaman el impulso efectivo de los huertos urbanos comunitarios y denuncian “el ataque al que se están viendo sometidos algunos, como el huerto de Las Vías de Arganzuela”.

El pasacalles arrancará a mediodía en Cibeles y cruzará la calle Alcalá, la plaza Mayor, el barrio de La Latina y la calle del Rosario hasta llegar al parque de la Cornisa.

Habrá una segunda alternativa de recorrido para aquellos que participen en bicicleta. La Asociación Pedalibre ha ideado una ruta alternativa que también dará comienzo a las 12.00 desde Cibeles y pasará por la calle Alcalá, Sol, la plaza Mayor, la calle Toledo, el barrio de La Latina y la carrera de San Fernando hasta la calle del Rosario, donde tendrá lugar el encuentro con el resto de participantes a pie.

Acció Ecologista-Agró ha presentado una denuncia ante la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica por la destrucción parcial de la población de teucrium edetanum en el paraje de la Torreta del Pirata, en la localidad valenciana de Godella, por el Programa de Actuación Integrada (PAI) del sector 31-32, conocido como Canyada de Trilles. Se solicita una multa de 200.000 euros para los impulsores de este PAI (el Consistorio y el agente urbanizador), así como la paralización de las obras como medida provisional para salvaguardar la población de esta planta catalogada como “vigilada”.

El pasado 6 de octubre, el Ayuntamiento de Godella aprobó en un pleno extraordinario la prórroga del PAI de la Canyada de Trilles y la modificación del convenio urbanístico para este proyecto, que implica la “destrucción” del paraje natural de la Torreta del Pirata y la construcción de 447 viviendas.

Esta aprobación, aseguran los ecologistas, se produjo sin la necesaria autorización expresa de la Conselleria responsable en materia de Medio Ambiente, ya que conlleva la destrucción de la población de una especie vegetal, teucrium edetanum, presente en esa zona y que está incluido en el anexo III del Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada.

Como especie catalogada como “vigilada”, advierten desde Agró, esta prohibida su recolección, tala, mutilación o destrucción, aunque la norma posibilita un levantamiento excepcional de estas prohibiciones mediante una autorización expresa de la Conselleria, “tal y como advertimos al Ayuntamiento durante el proceso de información pública de este proyecto”.

Sin embargo, lamentan, tanto el Consistorio como el agente urbanizador “obviaron esta advertencia, iniciando las obras de urbanización del sector”. Así, recuerdan los ecologistas que el 15 de noviembre, a petición de Acció Ecologista, técnicos del servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 de la Conselleria se desplazaron hasta la zona de la Torreta del Pirata y, pese a que las obras comenzaron el 17 de octubre, “todavía pudieron localizar diferentes ejemplares de teucrium edetanum”.

De hecho, prosiguen, la Conselleria comunicó al Ayuntamiento de Godella que, para urbanizar la zona en la que está presente esta especie dentro del PAI, deberían pedir la autorización expresa, según regula el Decreto del Consell 70/2009, de 22 de mayo, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada, tal y como advirtió Agró.

No obstante, la Generalitat no abrió ningún expediente sancionador de oficio ni paralizó las obras porque “no pudo constatar la presencia anterior del teucrium edetanum en las zonas ya alteradas por los trabajos de urbanización”. Sin embargo, en la denuncia que ahora presenta la organización ecologista “sí que aportamos pruebas que confirmaron la existencia previa de esta especie 'vigilada' en terrenos que ya han sido alterados por las obras”.

En colaboración con la asociación 'Salvem la Torreta. Pulmó verd de Godella', los ecologistas consiguieron fotografías geolocalizadas de ejemplares de teucrium edetanum que “demostrarían la destrucción de núcleos de esta especie endémica en la zona a urbanizar por parte del agente urbanizador, sin la correspondiente autorización expresa de la Conselleria”.

Estos hechos, tal y como se ha argumentado en la denuncia, podrían suponer una infracción administrativa tipificada como grave en la ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con multa de entre 2.001 y 200.000 euros -Agró ha solicitado a la Administración autonómica que abra un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Godella y el agente urbanizador-.

De igual modo, han solicitado la paralización de las actuaciones como medida provisional para proteger los ejemplares de teucrium edetanum que todavía perviven en la Torreta del Pirata hasta que se tramite la correspondiente autorización y se apliquen las medidas compensatorias y correctoras que dicta la ley. Y, en el caso de que se deniegue la autorización, que se repare el daño ocasionado.

Además, los ecologistas han planteado a la Generalitat que la sanción sea la máxima posible, 200.000 euros, ya que el Consistorio y el agente urbanizador fueron alertados de la presencia de esta especie “vigilada”, tanto por Acció Ecologista-Agró como por decenas de vecinos, durante la fase de alegaciones al proyecto. “Y como sucede habitualmente con este consistorio, hicieron caso omiso a las aportaciones y las advertencias de la ciudadanía en materia de defensa del medio ambiente”, concluyen desde la organización ecologista.

Desde la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica han confirmado a elDiario.es que, en efecto, se trata de una especie 'vigilada' y que todavía no tienen constancia de la denuncia realizada por Agró. No obstante, apuntan que en el momento en que reciban el escrito, procederán a realizar una inspección 'in situ' para comprobar la situación de este ejemplar de flora sobre el terreno y, en consecuencia, adoptar las medidas que correspondan.

En el marc del projecte Territori Emys, Acció Ecologista-Agró ha impulsat amb l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, el Servei de Vida Silvestre de la Conselleria de Medi Ambient i el Parc Natural de l’Albufera de València la restauració ambiental dels Ullals de la Senillera. El repte d'aquesta iniciativa és consolidar una nova població de tortuga d’estany europea (Emys orbicularis) en aquest racó de l’Albufera de València.

La cita arrancarà aquest dilluns a les 16:30 hores al Centre Dotacional d’Albalat de la Ribera. Ignacio Lacomba, membre del Servei de Vida Silvestre de la Conselleria, explicarà quina és la situació de la tortuga d’estany europea al País Valencià, mentre Paloma Mateache, directora-conservadora del Parc Natural, parlarà de la importància dels ullals d’Albalat de la Ribera per a la conservació de l’Albufera.

Acció Ecologista-Agró serà l'encarregada de presentar el Projecte Emys i també el Territori Emys, iniciativa que enguany es desenvolupa amb la Fundació Emys de Girona i el GOB (Grup Ornitològic i de Defensa de la Naturalesa) de Menorca i compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad (Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient).

Finalment, la jornada conclourà als Ullals de la Senillera, on s'alliberaran exemplars d’Emys orbicularis equipats amb ràdio-transmissors i s'explicarà com es realitza el ràdio-seguiment de les tortugues. L’objectiu és formar i capacitar un grup de voluntaris locals per al seguiment d’esta nova població d’Emys orbicularis.

El Ayuntamiento de Dénia no va a dejar pasar más tiempo del estrictamente necesario que marcan los plazos legales para garantizar el cumplimiento de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara definitivamente ilegal un chalé construido en la zona de la antigua colonia agrícola en el parque natural del Montgó.

La organización que denunció aquellas obras el año 2003, Acció Ecologista-Agró, ya le ha solicitado de hecho al consistorio la ejecución de la sentencia, que implica que la construcción deberá derribarse. Y el alcalde, Vicent Grimalt, ha dado ya instrucciones para atender esa solicitud.

No obstante, para que se produzca el derribo hay que cumplir con los procedimientos previstos por la ley. No puede ir mañana el ayuntamiento con la pala.

De hecho, no es al consistorio, sino al infractor, el propietario de la casa, a quien le corresponde cumplir con la sentencia y proceder a la demolición.

Si lo hace por su propia iniciativa, no será necesaria la intervención municipal. Sólo en el caso de que no lo haga sería el ayuntamiento quien se hiciera cargo por la vía subsidiaria. Es decir, llevaría a cabo el derribo y le pasaría la factura al propietario, que es el presidente de la asociación de las colonias del Montgó, Ximo Mompó.

Según ha explicado el alcalde, Vicent Grimalt, el ayuntamiento hará cumplir la sentencia. Requerirá a propietario para que proceda al derribo y, vencidos los plazos legales, demolerá las obras si no lo ha hecho. “Igual que cumplimos las sentencias urbanísticas que nos condenan a pagar 10 millones de euros por errores del pasado, también tenemos que velar por que se cumpla esta”, ha comentado.

El Tribunal Suprem (TS) ha donat “llum verda” al primer enderrocament d'un xalet de luxe en el parc natural del Montgó, a Alacant. Així ho assegura Acció Ecologista-Agró, que ha fet pública la resolució de l'alt tribunal desestimant el recurs de cassació interposat pels propietaris contra la resolució del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que fa uns mesos va fallar en favor del col·lectiu ecologista ratificant l'ordre d'enderrocament d'aquesta construcció.

El Suprem també condemna als propietaris de l'immoble a pagar 1.000 euros en concepte de costes judicials a Agró, que va denunciar els fets en 2003. El col·lectiu ecologista ha sol·licitat l'execució de la sentència a l'Ajuntament de Dénia. Quan es faça efectiva, aquest xalet “es convertirà en la primera construcció il·legal que és derrocada en el parc natural del Montgó”.

Des de 2003, el col·lectiu ecologista de la Marina ve denunciant l'ampliació il·legal d'un habitatge en el terme municipal de Dénia, i en 2010 els tribunals ja els van donar la raó i van sol·licitar la demolició de les obres efectuades i la restauració de la legalitat urbanística.

Llavors, els propietaris de l'immoble, un xalet de luxe edificat en terrenys no urbanitzables, van presentar un recurs de reposició (juny de 2011) que va desestimar el Jutjat del Contenciós-Administratiu nombre 4 d'Alacant. Posteriorment, el passat 22 de desembre, va ser desestimat per la Sala contenciosa administrativa del TSJ valencià, ratificant així la primera sentència que dictaminava la demolició de l'immoble.

Origen de la denúncia

L'1 d'abril de 2003, després de la denúncia presentada, “les autoritats van constatar la irregularitat de les obres, que disposaven d'una llicència per a 'reparació de coberta sense tocar estructura, condicionament de cuina i reparació de façana i pintura exterior', però que realment consistien en l'ampliació i renovació completa de l'habitatge”. A més, insisteixen, amb el “agreujant” que les actuacions van tenir lloc dins de l'àrea de protecció del Montgó, sobre sòl no urbanitzable tal com estableix el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del parc natural.

Així, en 2003 es va dictar una resolució administrativa per mitjà de la qual s'ordenava la suspensió immediata de les obres, un mandat que els propietaris “van vulnerar”, per la qual cosa a l'octubre d'aqueix mateix any l'ajuntament de Dénia va reiterar l'ordre de paralització “i fins i tot les obres van ser precintades per la Policia Local”. Malgrat l'actuació de la Policia Local, “la desobediència i l'absolut menyspreu a l'autoritat i a la legalitat per part dels propietaris de l'habitatge va continuar”, denuncien des de AE-Agró La Marina, que apunten que aquests “van violentar el precinte i van prosseguir amb les obres fins a la seua finalització en 2007, transformant 10.000 metres quadrats de terra de cultiu en una piscina, un nou camí, un galliner de grans dimensions i una casa de major grandària”.

Els ecologistes destaquen que el propietari del xalet, representant dels veïns de la Colònia Agrícola del Montgó en la Junta Rectora del parc natural, “ha defensat en aquest òrgan la flexibilització del PORN i, per tant, la reducció de la protecció del Montgó contra il·legalitats urbanístiques, com la que ell mateix està cometent i com les que anima a perpetrar a la resta de propietaris”.

El Tribunal Supremo (TS) ha dado “luz verde” al primer derribo de un chalet de lujo en el parque natural del Montgó, en Alicante. Así lo asegura Acció Ecologista-Agró, que ha hecho pública la resolución del alto tribunal desestimando el recurso de casación interpuesto por los propietarios contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que hace unos meses falló en favor del colectivo ecologista ratificando la orden de derribo de esta construcción.

El Supremo también condena a los dueños del inmueble a pagar 1.000 euros en concepto de costas judiciales a Agró, que denunció los hechos en 2003. El colectivo ecologista ha solicitado la ejecución de la sentencia al Ayuntamiento de Dénia. Cuando se haga efectiva, este chalet “se convertirá en la primera construcción ilegal que es derribada en el parque natural del Montgó”.

Desde 2003, el colectivo ecologista de La Marina viene denunciando la ampliación ilegal de una vivienda en el término municipal de Dénia, y en 2010 los tribunales ya les dieron la razón y solicitaron la demolición de las obras efectuadas y la restauración de la legalidad urbanística.

Entonces, los propietarios del inmueble, un chalet de lujo edificado en terrenos no urbanizables, presentaron un recurso de reposición (junio de 2011) que desestimó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante. Posteriormente, el pasado 22 de diciembre, fue desestimado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano, ratificando así la primera sentencia que dictaminaba la demolición del inmueble.

Origen de la denuncia

El 1 de abril de 2003, tras la denuncia presentada, “las autoridades constataron la irregularidad de las obras, que disponían de una licencia para 'reparación de cubierta sin tocar estructura, acondicionamiento de cocina y reparación de fachada y pintura exterior', pero que realmente consistían en la ampliación y renovación completa de la vivienda”. Además, insisten, con el “agravante” de que las actuaciones tuvieron lugar dentro del área de protección del Montgó, sobre suelo no urbanizable tal y como establece el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque natural.

Así, en 2003 se dictó una resolución administrativa por medio de la cual se ordenaba la suspensión inmediata de las obras, un mandato que los propietarios “vulneraron”, por lo que en octubre de ese mismo año el ayuntamiento de Dénia reiteró la orden de paralización “e incluso las obras fueron precintadas por la Policía Local”. Pese a la actuación de la Policía Local, “la desobediencia y el absoluto desprecio a la autoridad y a la legalidad por parte de los propietarios de la vivienda continuó”, denuncian desde AE-Agró La Marina, que apuntan que éstos “violentaron el precinto y prosiguieron con las obras hasta su finalización en 2007, transformando 10.000 metros cuadrados de tierra de cultivo en una piscina, un nuevo camino, un gallinero de grandes dimensiones y una casa de mayor tamaño”.

Los ecologistas destacan que el propietario del chalet, representante de los vecinos de la Colònia Agrícola del Montgó en la Junta Rectora del parque natural, “ha defendido en este órgano la flexibilización del PORN y, por tanto, la reducción de la protección del Montgó contra ilegalidades urbanístiques, como la que él mismo está cometiendo y como las que anima a perpetrar al resto de propietarios”.

No és cap secret que estem en una època crítica per a les nuclears. El que succeïsca en els pròxims anys determinarà el futur de la indústria nuclear i, per extensió, del sistema elèctric espanyol. D'una banda, la gran majoria de la societat civil i de les forces polítiques representades en el Parlament aposten per liquidar les nuclears quan vencen les seues actuals llicències de funcionament i realitzar una transició ràpida i ordenada a un sistema elèctric 100 % renovable, tal com ja estan fent un ampli grup de països (Alemanya, Suïssa, Bèlgica, Taiwan…). En l'altre bàndol, l'oligopoli elèctric i el govern del PP, que actua al dictat de les grans companyies elèctriques i que pretén prolongar el funcionament d'un parc nuclear envellit i cada vegada més perillós en contra dels interessos generals de la ciutadania a la qual hauria de representar.

En esta línia s'inscriu la recent decisió del ple del CSN, dominat per consellers nomenats pel PP, de permetre que les empreses demanen la pròrroga de les actuals llicències només un any abans de la seua finalització, mentre que la revisió tècnica porta tres anys. És un autèntic despropòsit que va contra el més elemental criteri tècnic o el simple sentit comú, ja que obligarà els treballadors del CSN a revisar ingents quantitats de documentació durant un parell d'anys. Treball que després pot ser inútil si alguna central no renova la seua llicència. Açò constituïx una autèntica malversació de mitjans públics per a afavorir el marge de maniobra de les empreses nuclears, com ha denunciat ASTECSN, l'associació de tècnics del CSN que no són precisament sospitosos de ser antinuclears.

És possible que al final no es demanen estes renovacions perquè, a més a més del perill que suposa el seu funcionament i el problema irresoluble de la gestió de les milers de tones de residus (altament radioactius durant els pròxims mil·lennis), estes centrals no poden competir econòmicament en un autèntic mercat lliure. La realitat és que, a pesar dels 60 anys d'experiència de l'energia nuclear, o siga, una tecnologia ja madura, els costos de les nuclears són cada vegada majors, mentre que els de les energies renovables, especialment l'eòlica i la fotovoltaica, estan en caiguda lliure i són ja més barates que la nuclear. Almenys, on el mercat no està manegat. Les renovables ja estan guanyant, sense subvencions, subhastes de nova potència elèctrica en diferents països. I, a Espanya, s'han adjudicat recentment 3.500 MW renovables nous a prima zero.

En realitat, l'energia nuclear porta temps en declivi. La seua màxima producció mundial data de 2006 i des de la catàstrofe de Fukushima el seu ocàs encara s'ha accelerat més. En els últims anys, als Estats Units, país bressol i amb el nombre més gran de nuclears, han tancat per motius econòmics 6 i altres 15 han anunciat el seu pròxim tancament, llevat que s'atorguen subvencions multimilionàries a càrrec del butxaca dels consumidors. L'última a anunciar-ho ha sigut Three Mils Island, d'infaust record. És il·lustratiu també que Westinhouse, l'empresa que està construint 4 noves nuclears als Estats Units, haja fet fallida pels sobrecostos en estes construccions. A Europa ocorre una cosa semblant. AREVA, l'empresa constructora de 2 noves nuclears a França i Finlàndia, si no fóra una empresa estatal, també hauria fet fallida ja, amb sobrecostos que han triplicat allò pressupostat.

Ni tan sols és viable, a mitjà termini, un sistema mixt de nuclears i renovables. De fet, l'experiència demostra que les nuclears actuen de tap per a la instal·lació de més renovables. Fem, per tant, un bon negoci mediambiental i econòmic: abandonem ja les nuclears i construïm un sistema elèctric 100% renovable del qual ens puguem sentir orgullosos.

*Jose Juan Sanchis Serrano, membre d'Acció Ecologista-Agró i portaveu de la plataforma Tanquem Cofrents

No es ningún secreto que estamos en una época crítica para las nucleares. Lo que suceda en los próximos años determinará el futuro de la industria nuclear y, por extensión, del sistema eléctrico español. Por un lado, la gran mayoría de la sociedad civil y de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento apuestan por finiquitar las nucleares cuando venzan sus actuales licencias de funcionamiento y realizar una transición rápida y ordenada a un sistema eléctrico 100 % renovable, tal y como ya están haciendo un amplio grupo de países (Alemania, Suiza, Bélgica, Taiwán…). En el otro bando, el oligopolio eléctrico y el gobierno del PP, que actúa al dictado de las grandes compañías eléctricas y que pretende prolongar el funcionamiento de un parque nuclear envejecido y cada vez más peligroso en contra de los intereses generales de la ciudadanía a la que debería representar.

En esta línea se inscribe la reciente decisión del pleno del CSN, dominado por consejeros nombrados por el PP, de permitir que las empresas pidan la prórroga de las actuales licencias sólo un año antes de su finalización, mientras que la revisión técnica lleva tres años. Es un auténtico despropósito que va contra el más elemental criterio técnico o el simple sentido común, ya que obligará a los trabajadores del CSN a revisar ingentes cantidades de documentación durante un par de años. Trabajo que después puede ser inútil si alguna central no renueva su licencia. Esto constituye una auténtica malversación de medios públicos para favorecer el margen de maniobra de las empresas nucleares, como ha denunciado ASTECSN, la asociación de técnicos del CSN que no son precisamente sospechosos de ser antinucleares.

Es posible que al final no se pidan estas renovaciones porqué, además del peligro que supone su funcionamiento y el problema irresoluble de la gestión de las miles de toneladas de residuos (altamente radioactivos durante los próximos milenios), estas centrales no pueden competir económicamente en un auténtico mercado libre. La realidad es que, a pesar de los 60 años de experiencia de la energía nuclear, o sea, una tecnología ya madura, los costes de las nucleares son cada vez mayores, mientras que los de las energías renovables, especialmente la eólica y la fotovoltaica, están en caída libre y son ya más baratas que la nuclear. Al menos, donde el mercado no está amañado. Las renovables ya están ganando, sin subvenciones, subastas de nueva potencia eléctrica en diferentes países. Y, en España, se han adjudicado recientemente 3.500 MW renovables nuevos a prima cero.

En realidad, la energía nuclear lleva tiempo en declive. Su máxima producción mundial data de 2006 y desde la catástrofe de Fukushima su ocaso aún se ha acelerado más. En los últimos años, en Estados Unidos, país cuna y con el mayor número de nucleares, han cerrado por motivos económicos 6 y otras 15 han anunciado su próximo cierre, a no ser que se les otorguen subvenciones multimillonarias a cargo del bolsillo de los consumidores. La última en anunciarlo ha sido Three Miles Island, de infausto recuerdo. Es ilustrativo también que Westinhouse, la empresa que está construyendo 4 nuevas nucleares en Estados Unidos, haya quebrado por los sobrecostes en estas construcciones. En Europa ocurre algo similar. AREVA, la empresa constructora de 2 nuevas nucleares en Francia y Finlandia, si no fuera una empresa estatal, también habría quebrado ya, con sobrecostes que han triplicado lo presupuestado.

Ni siquiera es viable, a medio plazo, un sistema mixto de nucleares y renovables. De hecho, la experiencia demuestra que las nucleares actúan de tapón para la instalación de más renovables. Hagamos, por tanto, un buen negocio medioambiental y económico: abandonemos ya las nucleares y construyamos un sistema eléctrico 100% renovable del que nos podamos sentir orgullosos.

*Jose Juan Sanchis Serrano, miembro de Acció Ecologista-Agró y portavoz de la plataforma Tanquem Cofrents

Activistas de Acció Ecologista-Agró han ocupado simbólicamente el antiguo hotel Sidi-Saler, donde han colgado pancartas este sábado en las que se pedía la demolición del edificio, que han calificado como “el Algarrobico valenciano”, en referencia a la construcción ilegal en una playa del parque natural del Cabo de Gata, en Carboneras (Almería).

“Este edificio es uno de los símbolos de la desafortunada urbanización de la Devesa y supone un lamentable residuo de hormigón, que condiciona la recuperación de una extensa área dunar del Parque Natural de L'Albufera”, ha señalado la organización ecologista en un comunicado.

“Llevamos años reivindicando su demolición”, ha añadido Acción-Ecologista-Agró. “El Algarrobico valenciano, además de tener un impacto negativo en el proceso de erosión litoral que sufre la Albufera, se encuentra construido en la zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre, dentro de un parque natural y, para más inri, en unos terrenos que han sido declarados fuera de ordenación por el Ayuntamiento de Valencia”.

Los ecologistas, que han recordat en una de las pancartas donde se podía leer “Todo el Saler para el pueblo”, un famoso eslogan del movimiento que consiguió salvar de ser urbanizado este parque natural, han explicado: “Desde AE-Agró apostamos por la recuperación ambiental de toda la Devesa del Saler. Por eso, además de la demolición del Sidi, pedimos también la demolición del resto de edificios y construcciones que se encuentran fuera de ordenación en la Devesa del Saler. Sólo así se podrá completar la restauración ambiental del litoral del Parque Natural de L'Albufera”.

Activistes d'Acció ecologista-Agró han ocupat simbòlicament l'antic hotel Sidi-Saler, on han penjat pancartes aquest dissabte en les quals es demanava la demolició de l'edifici, que han qualificat com “l'Algarrobico valencià”, en referència a la construcció il·legal en una platja del parc del Cap de Gata, en Carboneras (Almeria).

“Aquest edifici és un dels símbols de la desafortunada urbanització de la Devesa i suposa un lamentable residu de formigó, que condiciona la recuperació d'una extensa àrea dunar del Parc Natural de l'Albufera”, ha assenyalat l'organització ecologista en un comunicat.

“Portem anys reivindicant la seua demolició”, ha afegit Acció-Ecologista-Agró. “L'Algarrobico valencià, a més a més de tindre un impacte negatiu en el procés d'erosió litoral que pateix l'Albufera, es troba construït en la zona de Domini Públic Marítim-Terrestre, dins d'un parc natural i, per a més inri, en uns terrenys que han sigut declarats fora d'ordenació per l'Ajuntament de València”.

Els ecologistes, que han recordat en una de les pancartes, on es podia llegir “Tot el Saler per al poble”, un famós eslogan del moviment que va aconseguir salvar de ser urbanitzat aquest parc natural, han explicat: “Des d'AE-Agró apostem per a la recuperació ambiental de tota la Devesa del Saler. Per això, a més a més de la demolició del Sidi, demanem també la demolició de la resta d'edificis i construccions que es troben fora d'ordenació en la Devesa del Saler. Només així es podrà completar la restauració ambiental del litoral del Parc Natural de l'Albufera”.

Casualitats de la vida, els temporals marítims d'enguany i les destrosses que han ocasionat al litoral del País Valencià han coincidit amb el llançament de la Conselleria de Territori del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL). Dos temes que han generat una bona bronca i que tenen difícil solució. Bon embolic per a l'administració, que té en peu de guerra a molta gent que viu i té interessos en la costa.

I després estem nosaltres, els ecologistes, dient-li a l'administració que siga més ambiciosa i accelere la protecció de la costa de l'urbanisme i del formigó, en contra d'eixa moltíssima gent. I no ho diem per dir-ho, sinó que portem repetint que la situació actual és insostenible, que la mar reclama terres i guanya terreny, deixant les platges cada vegada pitjor i les cases e infraestructures de primera línia més amenaçades encara.

Davant d'esta situació, l'administració fa sempre el mateix: reconstruir passejos i més espigons i transvasaments de sorra allà on l'arriba el pressupost, i ho fa de forma improvisada i urgent per a callar a veïns i alcaldes... I així fins al pròxim temporal. Els únics beneficiats, les empreses de la construcció, que s'embutxaquen uns bons diners públics com si se'ls emportara la mar. En aquest país sempre guanyen els mateixos.

Aquesta situació no pot ser eterna. Cal aplicar solucions a llarg termini i parlar amb franquesa. Hem de confessar que no som capaços de mantindre la línia de costa, està retrocedint i la mar, tard o d'hora, acaba engolint platges i cases en molts llocs. Necessitem un pla de veritat per a afrontar esta complexa situació o acabarem amb quasi tota la costa convertida en una escullera, les platges i les dunes desaparegudes i el turisme arruïnat.

Del Govern central poc podem esperar després de retallar la Llei de Costes. Només les efímeres intervencions de sempre amb les empreses de sempre. Ara bé, el PATIVEL, al qual Acció Ecologista-Agró ha al·legat, podria ser una bona oportunitat per a començar a ordenar el litoral. Però, manca d'ambició i ni tan sols tracta el tema. Una llàstima, perquè el PATIVEL podria ser la ferramenta per a planificar de manera ordenada una retirada gradual de les construccions en primera línia i també l'eina per a protegir de veritat els pocs espais lliures d'edificació que queden al litoral, ja siguen agrícoles, urbanitzables o zones humides.

Els poblats marítims, les urbanitzacions, les infraestructures, els passejos i fins i tot els horts que estan protegides amb esculleres cada dia són més i les esculleres més grans. I al final, no es podran mantindre, perquè la mar se les engolirà i ens gastarem fortunes refent esculleres. Cal plantejar-se el contrari: Retirar-se i alliberar la costa. I fer-ho ja, i no quan siga tard. Ara, encara estem a temps de retirar-nos de manera ordenada i no traumàtica, compensant a la gent damnificada i no malbaratant els diners públics en obres inútils amb data de caducitat: el pròxim temporal.

Hem d'alliberar les platges, engolides per la mar d'una banda i pel formigó per l'altra, i, a mig i llarg termini, necessitem estratègies per a recuperar l'aportació dels sediments atrapats en els embasaments, solucionar les afeccions portuàries, restaurar la protecció natural de dunes litorals i praderies submarines i, per descomptat, lluitar de veritat contra el Canvi Climàtic, tant al País Valencià com a la resta del Planeta. Però, sobretot, cal explicar bé i amb franquesa el problema a la gent i afrontar-lo amb valentia. Perquè la memòria és curta i la mar massa obstinada.

*Jorge Mateos, Acció Ecologista-Agró

I això és important perquè afecta al fet de si cal o no indemnitzar els usuaris per reduir els volums de les seues concessions administratives per a poder recuperar sistemes hídrics sobreexplotats, com és el cas de l'Albufera de València. Disposar d'una concessió no garantix la total disponibilitat, a voluntat i en tot moment, dels cabals concedits. I molt menys si esta disponibilitat afecta a l'interés general en un moment determinat, com per exemple va ocórrer la passada tardor a l'Albufera, quan el nivell de la llacuna va patir un alarmant descens. Totes les concessions s'han d'adaptar a la disponibilitat, o no, dels recursos en cada moment.

Per tant, resulta evident que cal revisar les concessions d'aigua existents, independentment de quan foren establertes, per a resoldre i evitar més situacions de dèficit hídric a l'Albufera. I també a la resta de masses d'aigua, tant superficials com subterrànies. Perquè, malauradament, s'han estat aprovant concessions que han repartit aigua per damunt, no ja de les disponibilitats del sistema una vegada descomptades les necessitats ambientals, sinó sobrepassant amb escreix la totalitat del recursos dels sistemes, afectant clarament a l'interés general.

Tant si són històriques com no, caldrà revisar totes les concessions per a comprovar, entre altres, si s'ajusten a les condicions inicials. I, com a primer pas, declarar la caducitat de les concessions que només existixen en el paper, atés que el seu ús real s'ha extingit ja fa temps. Per exemple, per la transformació de territoris de cultius en zones urbanitzades, que ja no justifiquen els usos associats a elles. No pot ser que eixes concessions, històriques o no, es mantinguen vives. La seua actual vigència només s'explica per interessos purament particulars de persones o entitats que obtenen avantatjosos beneficis, aprofitant-se d'un recurs que és de tota la societat i que es troba sobreexplotat: l'aigua.

Si volem garantir la pervivència i viabilitat del sistema hídric i, per tant, el nostre futur, cal assegurar les necessitats ambientals de l'Albufera i de la resta de masses d'aigua. I, cal insistir, no es tracta de considerar-les com a demandes. No ho són. Són restriccions prèvies al sistema que representen l'interés general i la defensa i manteniment del domini públic. No són interessos particulars, ni assimilables als processos de concessió administrativa. Això és intentar canviar les regles del joc, de forma totalment interessada, a meitat de partida.

Són els interessos particulars els que s'han de supeditar a l'interés general. No a l'inrevés. I no val argüir als fets consumats o a la complexitat de la situació de facto. És l'interés general i la sustentabilitat ambiental els que s'han vulnerat i cal restaurar. I quant abans, millor.

*William Colom, membre d’Acció Ecologista-Agró, biòleg i enginyer d’investigació a la Universitat d’Uppsala (Suècia)

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado la razó a Acció Ecologista-Agró en la denuncia presentada en 2003 contra la edificación de un chalet de lujo en la antigua Colònia Agrícola del parque natural del Montgó. El pasado 22 de diciembre, el alto tribunal valenciano desestimó el recurso de apelación de los propietarios de la vivienda, ratificando de este modo la orden de demolición de las obras realizadas entre 2003 y 2007, tal y como solicitan los ecologistas.

“El primer derribo de una construcción ilegal de una edificación ilegal en el parque natural del Montgó está cada vez más cerca”, se congratulan desde AE-Agró, quienes apuntan que “sólo falta que la Justicia resuelva el recurso de casación que los propietarios todavía pueden interponer”, ya que la sentencia no es firme.

Desde 2003, el colectivo ecologista de La Marina viene denunciando la ampliación ilegal de una vivienda en el término municipal de Dénia, y en 2010 los tribunales ya les dieron la razón y solicitaron la demolición de las obras efectuadas y la restauración de la legalidad urbanística.

Entonces, los propietarios del inmueble, un chalet de lujo edificado en terrenos no urbanizable, presentaron un recurso de reposición (junio de 2011) que desestimó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante. Posteriormente, el pasado 22 de diciembre, fue desestimado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano, ratificando así la primera sentencia que dictaminaba la demolición del inmueble.

Origen de la denuncia

Según explican los ecologistas, el 1 de abril de 2003, tras la denuncia presentada, “las autoridades constataron la irregularidad de las obras, que disponían de una licencia para 'reparación de cubierta sin tocar estructura, acondicionamiento de cocina y reparación de fachada y pintura exterior', pero que realmente consistían en la ampliación y renovación completa de la vivienda”. Además, insisten, con el “agravante” de que las actuaciones tuvieron lugar dentro del área de protección del Montgó, sobre suelo no urbanizable tal y como establece el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque natural.

Así, en 2003 se dictó una resolución administrativa por medio de la cual se ordenaba la suspensión inmediata de las obras, un mandato que los propietarios “vulneraron”, por lo que en octubre de ese mismo año el ayuntamiento de Dénia reiteró la orden de paralización “e incluso las obras fueron precintadas por la Policía Local”. Pese a la actuación de la Policía Local, “la desobediencia y el absoluto desprecio a la autoridad y a la legalidad por parte de los propietarios de la vivienda continuó”, denuncian desde AE-Agró La Marina, que apuntan que éstos “volentaron el precinto y prosiguieron con las obras hasta su finalización en 2007, transformando 10.000 metros cuadrados de tierra de cultivo en una piscina, un nuevo camino, un gallinero de grandes dimensiones y una casa de mayor tamaño”.

Los ecologistas destacan que el propietario del chalet, representante de los vecinos de la Colònia Agrícola del Montgó en la Junta Rectora del parque natural, “ha defendido en este órgano la flexibilización del PORN y, por tanto, la reducción de la protección del Montgó contra ilegalidades urbanístiques, como la que él mismo está cometiendo y como las que anima a perpetrar al resto de propietarios”.

Por séptimo año consecutivo, Acció Ecologista-Agró ha desarrollado durante 2016 el Proyecto Emys, un proyecto ambiental dirigido a proteger y conservar poblaciones de tortugas autóctonas en el que han participado 288 voluntarios. Esta iniciativa de ciencia ciudadana ha viajado a nuevos ecosistemas acuáticos de la Comunitat Valenciana (el Clot de Bailón, la Finca de Peña, el Cercat de la Pipa, los ríos Albaida, Júcar y Canyoles, el barranco del Pelós y la marjal de Rafalell y Vistabella-Massamagrell) en los que se han censado 81 tortugas autóctonas.

Desde junio hasta octubre, los 288 voluntarios que se han sumado al Proyecto Emys han censado 73 tortugas de agua ibéricas (Mauremys leprosa) y 8 tortugas de estanque europeas (Emys orbicularis). Las Mauremys leprosa se han localizado al Clot de Bailón de Torrent (2), el Río Canyoles a su paso por Moixent (4) y Vallada (36), el Barranco del Pelós de Chiva (20) y el Río Júcar a su paso por Jalance (11). Por su parte, las Emys orbicualris han sido censadas en el Cercat de la Pipa de la Albufera de Valencia (6), la Finca de Peña de la Marjal de Almardà-Almenara (1) y la Marjal de Rafalell y Vistabella-Massamagrell (1).

Además de constatar la presencia de tortugas autóctonas en todos estos ecosistemas acuáticos, el Proyecto Emys ha retirado este año una quincena de tortugas exóticas. Concretamente 13 Trachemys scripta (1 en el Clot de Bailón, 4 en el Río Albaida a su paso por Xàtiva, 5 en el Barranco del Pelós y 3 en el Río Canyoles a su paso por Vallada ) y 2 Mauremys sinensis (Barranco de Pelós).

Voluntariado y erradicación de tortugas exóticas

El Informe 2016 del Proyecto Emys se presentó en el Cercat de la Pipa en un seminario sobre voluntariado y erradicación de tortugas exóticas, organizado por la Conselleria de Medio Ambiente el pasado 3 de diciembre. AE-Agró aprovechó esta cita para transmitir a la Conselleria una serie de reivindicaciones para mejorar el estado de conservación de las poblaciones de Emys orbicularis y Mauremys leprosa, así como de los ecosistemas acuáticos donde viven.

En primer lugar, desde AE-Agró exigen la prohibición de vender tortugas de cualquier especie exótica, independientemente de si está catalogada como invasora o no, porque el mercado “ha sustituido las Trachemys scripta por otras especies que ya empiezan a invadir nuestros ríos, humedales y barrancos”, explican los ecologistas, que añaden: “Y, si la administración no está dispuesta a prohibir su venta, como mínimo tendrían que grabar con un impuesto o tasa su comercialización para hacer frente a los gastos que origina el abandono de estas tortugas en el medio natural”.

Precisamente, la segunda reivindicación de AE-Agró fue que la administración aumente los recursos que actualmente dedica a la conservación de tortugas autóctonas y a la eliminación de las exóticas. “Y, si no dispone de presupuesto, que aplique ya la tasa que exigimos para la venta de las especies exóticas. No puede ser que el sector de importación y venta de animales, en este caso concreto de tortugas, no se haga cargo del impacto medioambiental de su negocio”.

Finalmente, la tercera demanda se centró en la conservación de los ecosistemas acuáticos donde habitan tortugas autóctonas. Concretamente, los ecologistas exigen un caudal ecológico mínimo para los ríos, barrancos y humedales. “Este año, por ejemplo, el Proyecto Emys no se ha podido desarrollar en el Pont Sec del barranco del Carraixet, donde existe una población de Mauremys leprosa. Esta valiosa zona del Carraixet se ha quedado sin agua por la sequía, pero también por la sobreexplotación agrícola que sufre. Así que ha resultado imposible hacer el seguimiento de su población de tortugas de agua ibéricas”, apuntan desde Agró, quienes confían en que la conselleria atienda sus propuestas.

Acció Ecologista-Agró ha entregado en el Parlamento Europeo una denuncia contra la Generalitat Valenciana por los abusos en la extracción de biomasa forestal y el “escandaloso reparto” de las subvenciones europeas destinadas a este sector. Los ecologistas consideran que la administración valenciana ha infringido la normativa comunitaria, concretamente en el uso de Fondos Feader que sirven para financiar actuaciones de extracción de biomasa forestal con un gran impacto medioambiental en los bosques valencianos.

Esta denuncia, en la que han colaborado colectivos conservacionistas valencianos agrupados en la plataforma Bosc Viu, recoge las argumentaciones legales y documentos e informes sobre cómo se realiza la extracción y cómo se reparten las ayudas. Todo ello incluido en un anexo de más de un centenar de páginas, una documentación que los ecologistas también han puesto en conocimiento de los grupos parlamentarios valencianos, así como de la conselleria de Territorio y Medio Ambiente, “que ha recibido las denuncias y, en teoría, supervisa el proceso”.

Así, el colectivo ecologista ha insistido en que la extracción de biomasa se ha realizado, al menos en los casos detectados e informados, de forma “muy agresiva” con el medio ambiente, “incluso en lugares que forman parte de espacios naturales protegidos o en zonas calcinadas recientemente”. Por tanto, han denunciado que se ha vulnerado la ley forestal, las recomendaciones de la conselleria y el ministerio, así como las indicaciones de carácter científico y técnico de las universidades y centros de investigación“.

Todo ello, advierten, resulta “impensable” en unas actuaciones que “deben estar autorizadas y supervisadas por la conselleria que son posibles gracias a los fondos europeos con finalidad ambiental y de promoción del desarrollo rural. Se presenta la ironía que el objetivo es la sostenibilidad ambiental y la lucha contra la desertificación cuando lo que resulta es un desastre ambiental”.

Ayudas que “benefician sólo a unos pocos”

Por otro lado, las ayudas concedidas -de las que Conselleria aporta un “insignificante” 0,51%, pero reparte las subvenciones, las regula y las supervisa- se han otorgado “de forma muy desigual y benefician sólo a una pocas empresas que copan la mayoría de las ayudas y a unos cuantos grandes propietarios”.

En este sentido, han censurado que más del 75% de estas ayudas van a parar a ocho empresas y territorialmente se concentran en unas pocas comarcas, “de las 12 demarcaciones forestales, dos acumulan el 50% del dinero concedido”, ante lo que “sorprendentemente, desde la conselleria afirman que normal y correcto, pese a las evidencias en contra”.

Peticiones de los ecologistas

Por ello, conselleria ha solicitado a las autoridades europeas que comprueben estas denuncias sobre la extracción de biomasa forestal y que no apruebe más ayudas para esta actividad, “promocionada por el Consell”, mientras no se cumplan de forma demostrable y fiable requisitos como: que la biomasa forestal extraída sea realmente residual y su extracción sea selectiva; que no dejen suelo forestal desprotegido y sin una adecuada cobertura vegetal; que no se dañe suelo forestal con la utilización de maquinaria y vehículos pesados para la apertura de pistas y caminos.

Así mismo, reclaman que no se dañe la biodiversidad de los ecosistemas forestales valencianos; que no afecte a espacios protegidos ni a la regeneración de los ecosistemas calcinados; que exista una estricta y clara reglamentación en relación con las cautelas ambientales a adoptar; que se cumplan estricatamente las condiciones establecidas en la Directiva Europea de Energías Renovables y que exista una supervisión independiente de los efectos ambientales reales, sobre el terreno, originados por la aplicación de las ayudas a la extracción de biomasa... “hasta el momento todos estos requisitos no se están cumpliendo”.

No obstante, Agró aclara que no se opone a la utilización de la biomasa forestal, “siempre que sea realmente residual y que su extracción sea selectiva y efectuada con respeto al medio ambiente”, así como tampoco se oponen a las ayudas europeas, “pero queremos que se destinen a un desarrollo rural real, sostenible y equitativo y que favorezca al medio ambiente y no sirva para destruirlo”.

La comisión forestal de Acció Ecologista Agró ha alegado esta misma semana contra la modificación del Plan de Actuación Territorial Forestal (Patfor) que está tramitando la Generalitat Valenciana para permitir el lanzamiento de fuegos artificiales en terrenos forestales. Para los ecologistas, este cambio legislativo, que implica no aplicar la normativa de prevención de incendios en zonas determinadas, no tiene ninguna justificación y en contra del interés general.

Así, han denunciado que en lugar de aumentar las cautelas ambientales para evitar incendios, como el que se produjo el año pasado en Cullera -cuando el alcalde, que resultó imputado, autorizó el espectáculo pirotécnico que provocó un incendio forestal pese a la prohibición expresa de los bomberos-, la administración valenciana “pretende reducir la protección en espacios forestales legalizando las negligencias pirotécnicas”.

En este sentido, han advertido que a pesar del riesgo de incendio que implican las actividades pirotécnicas “para la conservación de nuestro patrimonio foestal”, el Consell está tramitando la modificación del Patfor, de forma que en determinadas zonas forestales no se aplique la legislación vigente en cuanto a la normativa de prevención de incendios para permitir así el disparo de fuegos artificiales y 'mascletás'.

A juicio de Agró, este cambio legal representa “un desbarajuste sin justificación, y menos después del incendio de Cullera que, por desgracia, no es el único que han sufrido nuestras sierras y montañas como consecuencia de actividades pirotécnicas asociadas a actos festivos”. Por ejemplo, recuerdan que en 2006, en la localidad valenciana de Nàquera, también se produjo un incendió que afectó al parque natural de la Sierra Calderona como consecuencia de un castillo de fuegos artificiales.

Así, los ecologistas han explicado que un tercio de los incendios, con causa conocida, tienen como origen del fuego una negligencia o imprudencia humana. Por ello, “resulta escandaloso que, en lugar de luchar contra estas situaciones, la administración reduzca las cautelas ambientales en lo que respecta a la prevención de incendios forestales”.

Por ello, AE-Agró, en sus alegaciones, ha sugerido a la conselleria de Territorio y Medio Ambiente que cualquier excepcionalidad a las normas de prevención de incendios incluyan el máximo número de precauciones para evitar cualquier riesgo imprevisto, “más aún cuando estamos hablando de actividades festivas y no de cuestiones de interés general”.

La pasada semana, el fuego golpeaba de nuevo duramente el parque natural del Montgó (Xàbia), calcinando 444 hectáreas en lo que es el peor incendio que ha sufrido este espacio desde finales del siglo XX. Según han denunciado desde Acció Ecologista-Agró, estamos ante una “tragedia anunciada”, ya que se ha producido en un contexto de continuos recortes medioambientales por parte de la Generalitat Valenciana.

Ahora, “que el mal ya está hecho”, los ecologistas insisten en que es necesario el sentido común y “confiar en la capacidad rebrotadora de la vegetación mediterránea, evitando actuaciones indecuadas sobre el terreno quemado y, especialmente, apostar por una verdadera política de conservación y defensa del medio ambiente. Sólo así el Montgó volverá a recuperar su esplendor”.

En Agró recuerdan que se tardará décadas en recuperar los valores medioambientales de este emblemático parque natural, “y eso si se toman las medidas adecuadas, aunque ahora mismo, lo mejor es no hacer nada. Tenemos que confiar en la capacidad de la vegetación mediterránea para recuperarse por sí sola tras sufrir el devastador paso del fuego, y evitar actuaciones inadecuadas que dañan el territorio calcinado, como por ejemplo la entrada de gente, vehículos, maquinaria pesada...”.

Flora adaptada

La flora, apuntan, está adaptada a las catástrofes ecológicas de los incendios, y en general, las diferentes especies del bosque mediterráneo “poseen mecanismos para resurgir de sus cenizas”. Por eso, “pese a la buena voluntad de los miles de ciudadanos que querrán poner su granito de arena para reforestar el Montgó, no es el momento de llevar a cabo ninguna campaña de plantación ni nada parecido”, ya que consideran que cualquier intervención sobre la zona quemada puede poner en riesgo o interrumpir la propia capacidad de la vegetación autóctona para rebrotar y “volver a pintar de verde el Montgó”.

Hasta dentro de un par de años “no será necesario intervenir, pero siempre en función de informes técnicos y en lugares puntuales donde la vegetación no ha sido capaz de recuperarse sola”, ya que ahora las actuaciones deben ser “extremadamente respetuosas” con el territorio quemado para evitar una mayor degradación del ecosistema.

Agró ha explicado que lo que hay que hacer, “se debería haber hecho antes”, es “prepararse de verdad contra los incendios forestales y poner en marcha diferentes medidas, como planes de autoprotección en las múltiples urbanizaciones que salpican las faldas y acantilados del Montgó, o reducir el tiempo de intervención de los equipos de extinción con la creación de una brigada de emergencia en el parque, así como recuperar los servicios de vigilancia, prevención y gestión del parque que la conselleria ha suprimido”.

Acció Ecologista-Agró, entidad que forma parte de la junta rectora del Parque Natural del Montgó, lleva años exigiendo éstas y otras actuaciones para “evitar que el fuego volviera a quemar este maravilloso y único rincón de nuestro territorio”, y denuncian que entonces sus reclamaciones no fueron escuchadas, “esperemos que ahora sí para evitar nuevas catástrofes medioambientales”.

La conselleria de Territorio y Medio Ambiente ha presentado a exposición pública tres nuevos plantes de prevención de incendios (Vall d'Alba, Requena y Crevillent) que apuestan por los cortafuegos y, según denuncia Acció Ecologista-Agró, con un fuerte impacto sobre el medio. De igual forma, lamentan que estos tres planes mantienen la política de “recortes en vigilancia y disuasión”, es decir, Conselleria “sigue descuidando la verdadera prevención”.

En conjunto, Medio Ambiente prevé destinar unos 75 millones de euros en la apertura y mantenimiento de cerca de 10.000 kilómetros de cortafuegos, “mientras las inversiones en la prevención de las causas de los incendios y en vigilancia son muy inferiores”, según indicaban los ecologistas.

Precisamente, Acció Ecologista Agró presentó alegaciones a los tres nuevos planes de prevención de incendios diseñados por Conselleria. Así, denuncian que Medio Ambiente dedica las mayores inversiones a la realización de cortafuegos y la eliminación de vegetación, “con un gran impacto y con una discutida y no demostrada efecacia”. Mientras, apuntan, “se recorta la normativa de protección ambiental y los efectivos destinados a la vigilancia y verdadera prevención”.

Proyecto en Requena

En la demarcación de Requena se pretenden invertir 62 millones de euros en un periodo de quince años para abrir y mantener alrededor de 7.000 kilómetros de cortafuegos, lo que implica el 65% de las inversiones que prevé el plan, con actuaciones intensivas en maquinaria que “resultan destructivas para los ecosistemas que pretenden proteger.

Los ecologistas subrayan que los cortafuegos no son actuaciones preventivas, y que su eficacia es cada vez más discutida por científicos y técnicos forestales, “no evitan el fuego ni, en muchas ocasiones, lo paran, mientras que por el contrario ”eliminan gran cantidad de vegetación natural, afectan negativamente a la fauna, dañan el suelo fértil e incrementan la erosión y el riesgo de desertificación“, ya que las formaciones vegetales resultantes ”son más inflamables, más degradadas y con menor capacidad de respuesta post-incendio“.

Sin embargo, censuran que Conselleria sigue abriendo “enormes” cortafuegos, “ignorando sus impactos negativos y pese a que los artículos de la Ley Forestal con los que se pretenden justificar estas actuaciones, conocidas como ZAU (Zonas de Actuación Urgente), ni siquiera mencionan los cortafuegos, ni directa ni indirectamente”.

Recortes

Agró apunta que la mayoría de incendios tienen causas humanas, especialmente negligencias y accidentes, “y aquí la vigilancia y la disuación son las que fallan”, mientras que las partidas destinadas a la verdadera prevención son “insuficientes” y cada vez “se recorta más en efectivos”.

En los últimos meses, el ERE de Vaersa ha acabado con tres cuartas partes de los técnicos de los parques naturales, que también hacían parte de la función de vigilancia, “se ha recortado en normativa protectora de los espacios protegidos y de los ecosistemas en general, y continúan reduciéndose los efectivos destinados a prevención”.

Así, recuerdan que recientemente se ha anunciado el cierre de un punto de vigilancia de Santa Bárbara, en Pina de Montalgrao, “incluido en el continuo goteo de desprotección del bosque y desmontaje de la prevención”, mientras insisten en la necesidad de incrementar los esfuerzos y las dotaciones para vigilancia y disuasión.

Esta “errónea” política, critican, hace que el número de incendios no disminuya y sea muy elevado, “al nivel de los años 70-80”, por lo que Agró reclama un cambio urgente en la política de prevención de incendios, así como solicitará a Conselleria por los “intereses que hay tras la construcción de cortafuegos y el uso intensivo de maquinaria pesada en el bosque”.

El colectivo Acció Ecologista-Agró ha denunciado las “graves” actuaciones que realiza la conselleria de Territorio y Medio Ambiente, con “efectos perniciosos” sobre el entorno en parajes naturales como los parques naturales de la Calderona o Espadán y el río Turia. Los ecologistas han advertido de esta situación a La Caixa, ya que estas actuaciones se realizan con financiación de esta entidad bancaria.

Por este motivo, un representante de la organización ecologista hizo entrega de una carta al director del banco para darle a conocer esta situación, ya que consideran que La Caixa “debería exigir unas mayores garantías sobre la calidad y el tipo de acutaciones realizadas por Conselleria, así como realizar un seguimiento de los resultados reales de estas intervenciones”.

Así, miembros de Acció Ecologista-Agró, acompañados de biólogos especializados en ecología y botánica, así como técnicos y expertos forestales, han acudido a algunas de las actuaciones financiadas por La Caixa en espacios protegidos valencianos para constatar sobre el terreno la “gravedad” de las actuaciones realizadas a cuenta de las subvenciones de esta entidad bancaria.

Incendio como causa

Según explican los ecologistas, en el Turia, a causa de las “inadecuadas” condiciones de trabajo “se originó un incendio forestal en pleno paraje protegido que, si se llega a extender todavía más, hubiera constituido un desastre ideológico de grandes dimensiones provocado por estas lamentables intervenciones”.

En este sentido, uno de estos proyectos, en la sierra Calderona, que pretendía restaurar la cubierta vegetal de la zona, mejorar la biodiversidad, ajudar a la regeneración natural y a repoblación forestal, “realmente consiste en la eliminación de enormes cantidades de vegetación natural valiosa, destruyendo más del 90% de la cubierta vegetal, dejando desprotegido el suelo forestal y alterado por la maquinaria empleada, incrementanto el riesgo erosivo, un peligro que representa el problema ecológico más grave. Un desastre, apuntan, en el que se invirtieron cerca de 100.000 euros, en 12 hectáreas de bosque que quedaron arrasadas por el empleo de maquinaria pesada.

Dudas sobre las subvenciones

Agró también critica que existen “dudas razonables” sobre el destino concreto de las subvenciones, dado que las cantidades empleadas “no acaban de corresponderse con el tipo de intervención”, por lo que instan a La Caixa a fiscalizar si los precios que se pagan por la maquinaria “responden exactamente a lo presupuestado o si existen intermediarios o sobrecostes no explicitados”.

Pregunta a Bonig

El portavoz adjunto de Compromís en Les Corts, Juan Ponce, ha anunciado la presentación de una batería de iniciativas parlamentarias para que la Consellera de Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, explique la “nefasta actuación” realizada por su departamento en los parques naturales valencianos utilizando fondos otorgados por la Obra Social La Caixa y la Fundación la Caixa.

Ponce ha asegurado que “nos hemos enterado de estas actuaciones inadecuadas en espacios protegidos gracias a Acció Ecologista-Agró, que están realizando una campaña para llamar la atención sobre las graves actuaciones efectuadas por la Conselleria de Medio Ambiente con financiación de esta entidad bancaria”.